Propuesta presentada en El Alto

La propuesta fue presentada durante un acto de campaña en El Alto, donde Lara subrayó la importancia de ofrecer igualdad de oportunidades dentro de la institución policial.

“Nosotros queremos que todos tengan la misma oportunidad. Queremos también que algún día el comandante de la Policía Boliviana sea un Mamani, un Condori y un Choque. ¿No ve? Y por eso, vamos a crear academias de policías en los nueve departamentos, y todos los que son sargentos ahora van a ascender al grado de subtenientes con examen de competencia y todos van a tener la oportunidad”, afirmó Lara.

Normativa actual de ascensos

En la actualidad, la carrera policial y los ascensos están regulados por la Ley 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana. Esta ley establece los criterios y procedimientos para la promoción de los efectivos hasta alcanzar el grado de general.

La normativa busca “unificar criterios, garantizar transparencia y promover la eficacia en el desarrollo profesional” dentro de la institución.

Malestar en las filas policiales

No es la primera vez que el expolicía se refiere a la necesidad de una transformación profunda en la institución “verde olivo”. Tras la primera vuelta electoral, el 18 de agosto de 2025, Lara mencionó que “existe un malestar extendido en las filas subalternas por los abusos y extorsiones de los altos mandos”.

“Es increíble cómo los policías subían a las redes sociales, sobre todo los de bajo rango, los que son suboficiales, sargentos, subían la fotografía con su gorra al lado y la papeleta marcada Rodrigo Paz, capitán Lara. Esa es la muestra de que la Policía está cansada, que los altos mandos les vivan extorsionando, les vivan cobrando por destino, les vivan pidiendo rentas. (…) La clase subalterna está con el capitán Lara y los altos mandos están temblando”, declaró en esa ocasión.

Cambios en la Policía Boliviana

El exoficial agregó que, si logra consolidar su victoria en la segunda vuelta, se implementarán cambios en la Ley Orgánica de la Policía y en la estructura institucional. “Acá la cabeza está mal y está corrompida. Dios mediante, si se consolida esta victoria, se vienen cambios estructurales en la Policía Boliviana, cambios en el alto mando, cambios en la ley orgánica, cambios en todo lo que es la conformación de la institución”, anunció.

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 “¡Tenemos Ministerio de Seguridad Pública! Una idea que se discute desde el gobierno del presidente Ricardo Lagos, que ha pasado por distintas administraciones y que ahora vemos materializada gracias a la unidad de distintos sectores políticos”, celebraba el presidente Gabriel Boric el 27 de enero al promulgar la ley. Hoy se ha nombrado un nuevo ministro en esa cartera, ocupando actualmente Chile el tercer lugar en América Latina en cantidad de ministerios, con un total de 25, solo por debajo de Brasil (38) y Venezuela (34).

La creación, modificación o eliminación de ministerios responde claramente a una idea o a componentes ideológicos. En cualquiera de estos cambios, se observa un marco conceptual que identifica y define un problema y, por otro lado, un (re)diseño institucional y burocrático para abordarlo. Reconfigurar un ministerio no solo materializa un conjunto de principios y objetivos de un gobierno o coalición, sino que también refleja un consenso más amplio dentro de la clase política en un contexto democrático. Este proceso responde a una demanda social que, en determinado momento, adquiere relevancia y busca consolidarse como una política de Estado con proyección más allá de una administración en particular.

Un caso ilustrativo del peso de las ideas es el de Hugo Chávez, quien en 2006 renombró todos los ministerios de Venezuela añadiéndoles el adjetivo “del Poder Popular”, en línea con su proyecto ideológico de construir un “Estado Comunal” y promover el socialismo del siglo XXI. También destacan los casos de Dilma Rousseff en Brasil (2015) y Gustavo Petro en Colombia (2023), quienes impulsaron la creación de ministerios de la Mujer o de Equidad de Género como parte de su estrategia para posicionar dichas temáticas en la agenda pública. En Brasil, este ministerio fue fusionado durante el gobierno de Jair Bolsonaro, pero posteriormente restituido por Lula da Silva en 2023.

Por otro lado, la fusión o eliminación de ministerios también responde a componentes ideológicos, principalmente orientados hacia la eficiencia y la reducción del sector público. Un ejemplo de absorción se observa en la administración del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, quien en 1993, en el marco de un programa de reducción del gasto público, eliminó cuatro ministerios (Educación, Cultura, Minería y Energía). Más recientemente, en Brasil, Jair Bolsonaro redujo el número de ministerios de 29 a 15 en 2019, fusionando carteras clave como Hacienda, Planificación e Industria en un único Ministerio de Economía, en consonancia con su discurso de austeridad y enfoque liberal. En Argentina, el presidente Javier Milei cerró 13 ministerios en 2023, despidiendo a miles de empleados públicos bajo el argumento de reducir el tamaño del Estado y contener el gasto, en coherencia con su ideario libertario.

Estos ejemplos muestran que la creación, transformación o eliminación de ministerios tiene implicancias significativas. En primer lugar, envían un mensaje a la ciudadanía sobre la priorización de determinados temas en la agenda pública, ya sea con fines electorales o como expresión de un nuevo marco ideacional sobre un problema social. En segundo lugar, estos cambios pueden reflejar la implementación o el desmantelamiento de ideas defendidas por organizaciones políticas, partidarias o gremiales.

El caso del Ministerio de Seguridad Pública en Chile ilustra bien cómo estas decisiones dependen de circunstancias políticas e ideológicas y requieren una ventana de oportunidad para materializarse. Su discusión comenzó en 2005, como consecuencia de las reformas constitucionales de ese año. Más tarde, la presidenta Michelle Bachelet incluyó su creación en su programa de gobierno y presentó un proyecto de ley en 2006. Sin embargo, durante su tramitación en el Congreso, el proyecto fue modificado, resultando en la transformación del Ministerio del Interior con la incorporación de la dimensión de seguridad, en lugar de la creación de una cartera independiente.

El presidente Sebastián Piñera retomó la idea y presentó un proyecto de ley en el Senado en septiembre de 2021. No obstante, aunque la seguridad fue uno de los ejes de su programa, la creación de un ministerio específico no figuraba entre sus principales medidas. Tampoco fue un tema central en la comisión convocada en marzo de 2021 para tratar la seguridad pública, integrada por parlamentarios, alcaldes, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que dio origen al Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. Aunque Piñera no logró aprobarlo durante su gobierno, el trámite continuó bajo la administración del presidente Boric.

En el programa de Boric, la creación del ministerio se mencionaba en el marco de la reforma policial, proponiendo una “nueva institucionalidad” con una cartera más técnica bajo el nombre de “Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana”. En otras palabras, la idea de separar seguridad del Ministerio del Interior ya se había ido consensuando transversalmente en todos los sectores políticos.

En definitiva, la creación del Ministerio de Seguridad Pública no es una idea nueva, sino una propuesta que ya contaba con un amplio consenso en la clase política chilena. Se podrá debatir sobre los distintos diagnósticos y alcances para abordar la seguridad pública, pero lo cierto es que, desde hace tiempo, existía coincidencia en la necesidad de una repartición burocrática específica para enfrentar este problema. Sin embargo, su aprobación requiere una ventana de oportunidad que cualquier político aprovechará, incluso si los detalles del proyecto no coinciden completamente con sus ideas iniciales.

En estos procesos, más allá de la racionalidad técnica, prima el peso simbólico y el mensaje que se quiere transmitir a la ciudadanía. La seguridad pública, sin buscarlo, se ha convertido en un eje central de la agenda del gobierno de Boric, una problemática que, sin duda, será clave en las elecciones presidenciales de Chile este año. Las ideas importan, sí, pero necesitan su momento para materializarse.

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Las declaraciones realizadas por Arce se dieron en el marco de la posesión del nuevo Comandante de la Policía, el general Orlando Ponce, en la Casa Grande del Pueblo.

El mandatario también pidió al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, trabajar en una reforma dentro de las fuerzas antidrogas.

“Tenemos retos importantes, ministro de Gobierno, tenemos que encarar una profunda reconstrucción de la Felcn o darle una institucionalidad de vida para encarar todo esto que se viene tejiendo en nuestro país”, afirmó Arce.

Además, habló de algunos “malos” jefes policiales que fueron captados por grupos irregulares de narcotraficantes con el objetivo de paralizar operativos antidroga a cambio de beneficiarse de dinero “fácil”.

El Presidente reiteró que los “malos policías” están influyendo a que la población pierda la confianza en la institución del orden.

“Tenemos la urgente necesidad de encarar transformaciones en la institución. Por culpa de algunos malos elementos se va deteriorando la confianza del pueblo en la institución del verde olivo”, argumentó.

En medio de una crisis institucional, el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, dejó el cargo la tarde del viernes y en su lugar fue posesionado el general Orlando Ponce.

Arce designó a la nueva autoridad que tendrá el desafío de avanzar en la reestructuración de la institución que es blanco de una serie de denuncias por vinculación de uniformados con delitos y el narcotráfico.

El general Jhonny Aguilera, agradeció al Presidente el respaldo durante su gestión. Dijo que deja una Policía “fuerte, cohesionada y comprometida con servicio a la población”.

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Posterior a la posesión, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo aprovechó para anunciar una reforma a la Ley de Régimen Disciplinario, argumentando que el actual es utilizado para “criminalizar” a buenos uniformados y no para sancionar a quienes incurren en faltas.

“Tenemos muchas tareas pendientes al interior de la institución verde olivo, tenemos que analizar y reformular la Ley de Régimen Disciplinario, que en muchos casos se ha convertido en un instrumento para criminalizar a buenos efectivos policiales y que no está cumpliendo su objetivo, que era sancionar las malas conductas al interior de la familia verde olivo”, declaró el ministro, según reporte de El Deber.

Durante el acto, Del Castillo también anticipó una norma de carrera de la Policía Boliviana, para la que solicitó propuestas del sector pasivo, activo, jefes, oficiales, suboficiales, sargentos y todos quienes forman parte de esa institución, a la par de comunicar una evaluación de la malla curricular en la Academia Nacional de Policías (Anapol).

“Trabajaremos en una ley de puntaje y evaluación de la Policía Boliviana, para que haya reglas claras en la evaluación en los siguientes años”, informó el titular de esa cartera de Estado, sobre otra norma que se elaborará en las siguientes semanas.

Finalmente, fueron posesionados Wilmer Velasco como director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn); Jhonny Chávez, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc); y Mario Medina Ordóñez, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

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El exfuncionario dijo que Del Castillo le comunicó que por decisión del Presidente Luis Arce, debería presentar su renuncia “de manera tranquila”, a la cual no accedió por ser intempestiva y sin ninguna explicación.

Explicó que hubo diferencias en el estilo de conducción del Ministerio y que el ministro concentraba excesivamente las decisiones y hubo poca coordinación.

“Yo soy más de armar equipos de trabajo de coordinar, de articular. El Ministro tiene otro estilo. Son cuestiones de estilo, de dirección ejecutiva. Se maneja más individualmente, no coordina mucho con los viceministros, por lo menos con este viceministro durante los siete meses hubo muy poca coordinación. Eso creo que puede ser un tema que ha incidido, porque ha dificultado el trabajo”, detalló Rodas, según El Deber.

En relación al proyecto de Ley de Ascensos en la Policías, Rodas indicó que fue trabajado en el despacho del Ministro de Gobierno y que él, a pesar de dirigir el Viceministerio de Régimen Interior y Policía, no fue convocado a las comisiones de debate y participó de manera externa.

Respecto a su futuro, resaltó que es masista y que volverá a Santa Cruz para retomar su lugar en el rol que el instrumento le asigne, pero también trabajará aportando en la gestión de los municipios de la región.

Antes de asumir como viceministro de Régimen Interior, Rodas fue viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, viceministro de Autonomías, oficial mayor de la Cámara de Senadores y director general de Transporte Terrestre Fluvial y Lacustre en el Ministerio de Obras Públicas.

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