Diez años atrás, el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, conocido como 21F, marcó un hito en la democracia boliviana. En esta consulta, la mayoría de los ciudadanos rechazó la modificación de la Constitución Política del Estado que permitiría una nueva candidatura del presidente Evo Morales y su vicejefe.

Reflexiones de líderes políticos

En conmemoración de esta fecha, líderes políticos recordaron el impacto de la consulta popular. El exmandatario Carlos Mesa destacó su importancia al afirmar: “El día de hoy, 21 de febrero, se conmemoran diez años del histórico referendo del 21F. Fue trascendental por la manifestación democrática de los ciudadanos, que le dijeron que no al autoritarismo de Evo Morales”. Según Mesa, ese momento marcó el inicio del cierre de la gestión de Morales y el retroceso irreversible del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Además, enfatizó la necesidad de mantener los límites al poder en un régimen democrático. “Una democracia solo subsiste si se conservan activos los instrumentos que restringen el poder de quienes han sido elegidos para dirigir”, afirmó.

La memoria colectiva y el significado del 21F

Desde Santa Cruz, el gobernador Fernando Camacho también reflexionó sobre el aniversario. En sus palabras, “el 21 de febrero quedó registrado en la memoria de Santa Cruz como el día en que la voluntad de la gente se convirtió en parte de la historia”. Camacho añadió que “el 21F forma parte esencial de nuestra identidad. Es dignidad. Es la convicción de que la democracia se respeta y se practica”.

Resultados del referendo y su contexto

Según datos del Órgano Electoral, el referendo fue convocado mediante una ley aprobada por la Asamblea Legislativa durante la administración de Morales. En esa votación, el “No” obtuvo el 51,3% y el “Sí” alcanzó el 48,7%. El rechazo a la modificación ganó en seis departamentos: Chuquisaca, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. Por otro lado, el “Sí” logró mayoría en La Paz, Cochabamba y Oruro.

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¿Cómo llegó El Salvador a precipitarse por las simas del autoritarismo y la erosión del estado de derecho actuales? ¿Justifica el feudo de la violencia y la behetría política tal resultado? En honor a la verdad, el país nunca fue un remanso de paz. Desde su independencia de España (mediados del siglo XIX), la violencia endémica es parte de su ADN: golpes de estado, represiones militares, levantamientos campesinos y masacres a cargo del Estado.

Los ingredientes, pues, ya flotaban en la sopa primigenia que nos lleva al turbulento siglo XX y al XXI: la desigualdad social y la debilidad de los organismos del Estado coadyuvaron en el ensamblaje de las bases que sintetizaron el gen de la ubicua violencia, siendo la conflagración civil iniciada en 1980 una de las consecuencias.

Tras los Acuerdos de Paz de 1992, El Salvador entró en una posguerra que debía materializarlos. El país fue gobernado por ARENA (1989–2009) y el FMLN (2009–2019). Las metas —desmilitarización, elecciones libres y libertad de expresión— fracasaron: persistieron la impunidad, la desigualdad y la debilidad del poder. No es de extrañar, por consiguiente, que la violencia de las maras, la inseguridad y la desconfianza en las instituciones minaran la fe en la democracia. En este sumidero de credibilidad y justicia emergió el ahora presidente Nayib Bukele, símbolo del agotamiento del sistema de posguerra.

Bukele: ‘outsider, ma non troppo’

Aunque Bukele se presenta como un recién llegado ajeno a la casta política, un hombre moderno, del pueblo, hiperactivo en redes —troll humano a ratos—, lo cierto es que navegó cómodamente en la política tradicional: fue alcalde por el FMLN (nada menos que de la capital) gracias a los vínculos y recursos de su acomodada familia. Su expulsión del partido fue una huida hacia adelante para reinventarse como antisistema, pero en realidad es un hombre del sistema. Bukele ha sabido usar de forma magistral la fachada de independiente para consolidar su poder, con sus propias redes de privilegio, corrupción y clientelismo que han hecho enriquecerse a su familia desde que maneja las riendas del país. Hoy ejerce ese control mediante el sometimiento del poder judicial y la opacidad en el uso de fondos públicos y/o del bitcoin, motivo por el cual ha sido sancionado por Estados Unidos. Después llegó Donald Trump.

El bukelismo, a la búsqueda de etiquetas

Su modelo tiene componentes de lo que llamo el orbanismo (en su vertiente tropical), en referencia a Viktor Orbán, presidente de Hungría, que usa su victoria electoral como una especie de revolución querida por el pueblo, que le da carta blanca para la concentración del poder y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, aunque sin tocar el sistema en sí mismo, mediante el control del poder judicial y legislativo. A esto se suma el punitivismo, basado en la represión y la mano dura contra las pandillas para ganar popularidad, aparentando eficacia en seguridad mientras se mantienen redes de privilegio y se erosionan las libertades civiles. La victoria del bukelismo reside en imponer la dicotomía derechos humanos contra seguridad, presentándola como un hecho consumado, fuera de toda discusión.

La fórmula contiene, del mismo modo, un autoritarismo consistente en regímenes de excepción permanente que justifican masivas y/o arbitrarias detenciones y violaciones sistemáticas de derechos humanos. También se ha dado al bukelismo el apelativo de autoritarismo popular, que enlaza con una tradición de caudillismo que echó raíces y prosperó en la región: votar por él no es algo nuevo.

Unos “logros” con trampa

Bukele presume de haber reducido la violencia con su “mano dura”. Con todo, no es ni original: ya existieron los planes Mano Dura y Súper Mano Dura a principios de siglo. Pero, en realidad, se trata de una mano bajo cuerda, izquierda y blanda: la simple negociación con las maras MS-13 y Barrio 18 (las más importantes, si bien no las únicas). Dos de sus líderes afirmaron que, desde 2014, Bukele pactó con ellos ofreciendo beneficios penitenciarios y dinero a cambio de apoyo electoral, que se materializó mediante el control territorial de las pandillas para coaccionar el voto y reducir temporalmente homicidios, mejorando así la imagen del entonces candidato.

De agentes y Constituciones: la profundización de Bukele en el autoritarismo

Dos hitos han marcado el 2025, un año fecundo en el capítulo del desguace paulatino de las instituciones democráticas: la reforma de la Constitución y la Ley de Agentes Extranjeros.

En cuanto a la reforma constitucional, ya ha sido un recurso habitual en Perú, Colombia, Nicaragua, Venezuela o Hungría, que suponen una tendencia a confundir Constitución con programa electoral.

El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma exprés de la Constitución con tintes muy orbanianos; a saber: uso la de amplia mayoría de Nuevas Ideas ―el partido de Bukele― en el Parlamento como apisonadora, sustrayendo todo debate a la oposición (con eximios plazos) y, por último, confundiendo intencionadamente una carta magna con un programa electoral.

La “Constitución de Bukele” despliega los siguientes jalones: 1) permite la reelección presidencial indefinida; 2) amplía el período presidencial de cinco a seis años; 3) elimina la segunda vuelta electoral, lo que en un sistema presidencialista reduce las garantías de representatividad y legitimidad del presidente electo; 3) se adelanta en dos años el inicio del próximo mandato, al objeto de sincronizar las elecciones generales con las legislativas y municipales de 2027: todo al servicio de Bukele. La reforma supone la virtual fundación de un sistema político nuevo, un golpismo callado que pone en solfa los principios de alternancia y limitación del poder fijados en la Constitución de 1983, refuerza la concentración del poder y mengua la alternancia y los mecanismos de control y equilibrio entre poderes de todo estándar democrático.

El otro acontecimiento jurídico decisivo de 2025 es la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada vía decreto nº 308. La huella de Vladimir Putin es tenaz, con sus leyes de 2012 (modificaciones en 2022 y 2025). La ley georgiana de 2023 prácticamente calca a la rusa y a buen seguro inspiró a Trump a golpe de órdenes ejecutivas.

La ley salvadoreña se llama igual que la rusa y los conspicuos conspiracionistas deben de estar encantados, pues la norma salvadoreña se aprobó el 30 de mayo de 2025 y la modificación rusa, en junio. En cualquier paso, es palmario que las dos coinciden en los mismos objetivos, controlar y estigmatizar a organizaciones que reciben financiamiento extranjero, con una diferencia: que la ley salvadoreña es más agresiva aún que la rusa en el ámbito de sanciones económicas.

La Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador (2025) establece varias medidas que arrasan todo patrón democrático: 1) obliga a las personas y organizaciones que reciban financiación de fuera del país a registrarse como “agentes extranjeros”; 2) grava con un impuesto del 30%  dichos fondos; 3) estipula fuertes sanciones económicas para quienes no cumplan; 4) usa una redacción ambigua que podría dar lugar a aún mayores restricciones de la libertad de asociación y expresión; 5) estigmatiza a las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil (lo que se traduce en persecución y detención de activistas), forzándolas a interrumpir sus actividades. La consecuencia inmediata es que importantes ONG como Cristosal ya no operan desde El Salvador, y lo hacen desde Honduras y Guatemala. Los otros grandes perjudicados son los medios de información. Así, la vieja APES (Asociación de Periodistas de El Salvador), fundada en 1936, o diarios como El Faro han adoptado similares medidas.

La Ley de Agentes Extranjeros ha suscitado una honda preocupación internacional, con la ONU instando a garantizar un entorno seguro para la sociedad civil y el respeto de los derechos humanos. De igual modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Unión Europea (UE) criticaron la ley salvadoreña, lo que provocó la ira de Buekele. En su línea a golpe de (antiguo) tweet, el líder salvadoreño reprocha a la UE ser un bloque envejecido, burocrático, dependiente de la energía y tecnológicamente rezagado que se permite aún dar lecciones al mundo. Es un buen final para este artículo: resume perfectamente el modus operandi discursivo de Bukele, enumerando los defectos de la UE que comparten sus contrapartes de extrema derecha del continente europeo.

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La reforma fue aprobada en un tiempo récord por 57 de los 60 legisladores, todos alineados con el partido Nuevas Ideas. La votación se llevó a cabo durante una segunda sesión plenaria convocada por la noche. En medio de fuegos pirotécnicos en el centro histórico de la capital, los legisladores ratificaron la reforma, que también elimina la segunda vuelta electoral y sincroniza las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

“Gracias por hacer historia, colegas diputados”, expresó el presidente del Legislativo, Ernesto Castro, tras la votación.

Impacto en el mandato presidencial

La reforma acorta el actual mandato presidencial, que debía concluir en 2029, y fija las próximas elecciones generales para marzo de 2027. Esto habilita una nueva postulación de Bukele bajo la nueva norma.

El mandatario fue reelegido en 2024 con el 85% de los votos. Sin embargo, ha enfrentado duras críticas por parte de organismos internacionales y sectores de la oposición. Estos acusan una deriva autoritaria que se disfraza de legitimidad popular. “Este día ha muerto la democracia en El Salvador. Se quitaron las máscaras”, denunció la legisladora opositora Marcela Villatoro.

Contexto de represión y críticas

El oficialismo presentó la reforma en un contexto de detenciones masivas contra activistas y defensores de derechos humanos. La organización Cristosal abandonó recientemente el país tras denunciar una “escalada represiva” por parte del gobierno. Esta represión incluye la aprehensión de figuras como la abogada Ruth López, quien ha sido crítica del manejo gubernamental.

Bajo el régimen de excepción que está vigente desde hace 3 años, cerca de 88,000 personas han sido detenidas, muchas de ellas sin orden judicial. Según ONG como Cristosal y Socorro Jurídico, miles de esos arrestos han sido arbitrarios y al menos 430 personas han fallecido en prisión.

Opiniones sobre la reforma

“Las reformas llevan a un desequilibrio total en la democracia que ya no existe”, afirmó Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos. Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch, comparó el rumbo de El Salvador con el de Venezuela. Ella advirtió que el poder concentrado terminará por consolidar una dictadura.

Desde una parada de buses en San Salvador, el maestro Mauricio Acevedo expresó resignación: “Aunque muchas obras han sido buenas, la tendencia a lo malo irá en aumento. Al final solo nos quedará ser testigos de lo que suceda”.

Reacción del presidente Bukele

Por su parte, Bukele no oculta su desdén ante las críticas. Durante su discurso de aniversario por el primer año de su segundo mandato, aseguró que le tiene “sin cuidado” que lo llamen dictador.

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Los candidatos José Luis Lupo, de la Alianza Unidad; Mariana Prado, de la Alianza Popular; Juan Carlos Medrano, de APB-Súmate; y Juan Pablo Velasco, de la Alianza Libre, también cuestionaron la actual administración del Parlamento. Sin embargo, no lograron establecer un plan claro sobre cómo alcanzar sus propuestas ni cómo llegar a un consenso.

Propuestas de Juan Carlos Medrano

El primero en presentar sus propuestas fue Juan Carlos Medrano. Explicó que su objetivo es llegar a la Asamblea con 5 paquetes de leyes que abordan la reforma de la Constitución, la seguridad, la justicia, el desarrollo y la economía.

Medrano, quien es el acompañante de Manfred Reyes Villa, indicó que buscará “transformar el Estado para volver a la república”. Se comprometió a establecer un estado liberal que apoye a los empresarios. Además, mencionó la necesidad de realizar una reforma judicial, eliminar las leyes incendiarias y reducir impuestos.

Iniciativas de Mariana Prado

Mariana Prado también se refirió a la justicia. Indicó que su plan incluye cesar a los magistrados prorrogados y reencaminar la elección judicial en los departamentos donde no se eligieron representantes en diciembre de 2024.

En cuanto a la crisis económica, la candidata de Andrónico Rodríguez propuso inyectar dólares mediante la reactivación de un crédito de China por 7,000 millones de dólares y el financiamiento del Banco Brics.

Propuestas sobre hidrocarburos

Prado también ofreció aprobar leyes que incrementen los incentivos para la exploración de hidrocarburos, extraer oro para aumentar las reservas internacionales y activar la cadena de litio bajo el modelo promovido por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Por su parte, Lupo y Velasco también se enfocaron en la modificación de la Ley de Hidrocarburos para mejorar los incentivos relacionados con las reservas de gas en el país.

Agenda económica de Samuel Doria Medina

El candidato Samuel Doria Medina se refirió a una “agenda económica de transformación productiva, reforma integral de la justicia y reforma parcial de la Constitución”. Para salir de la crisis, planteó cambiar y modificar leyes que afectan la base productiva, así como revisar la ley del litio.

En relación a la reforma parcial de la Constitución, Doria Medina sugirió realizar un referéndum para prohibir la reelección presidencial.

Propuestas de Juan Pablo Velasco

Finalmente, Juan Pablo Velasco propuso aprobar una ley para “créditos de emergencia de organismos multilaterales” y liberar la importación de combustibles.

Cuando se refirió a los incentivos para la exploración de hidrocarburos, el acompañante de fórmula de Jorge Tuto Quiroga fue más allá y habló sobre la “protección a la inversión extranjera”.

En el marco de su propuesta de “gobernabilidad digital”, Velasco planteó promover la transparencia y la participación ciudadana a través de medios virtuales, asegurando que la población sepa “qué están haciendo con su dinero”.

/KMMN

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Lima ha anunciado que el 31 de julio se dará una posición oficial sobre este asunto. Destacó que la decisión final dependerá de un acuerdo que involucre a todos los actores de la izquierda.

Condiciones para la decisión

Además, Lima mencionó que la condición que ha planteado Morena para considerar su retiro de las elecciones es que se logre un acuerdo en el que participen todos los involucrados. Recientemente, Andrónico Rodríguez, Eduardo Del Castillo y Eva Copa hicieron un llamado a la unidad de la izquierda y abrieron la posibilidad de llevar a cabo un encuentro para consolidar un acuerdo del bloque popular.

Postura sobre la reelección

En este contexto, Lima también agregó que Morena no apoya la reelección. Por lo tanto, están proponiendo una reforma constitucional que impida que las autoridades puedan ser reelectas. “Eva Copa no irá a la reelección, no creemos en la reelección, vamos a plantear que se reforme la Constitución. No podríamos permitir que Evo Morales vaya a la reelección”, manifestó Lima.

Riesgos de no llegar a un acuerdo

Finalmente, Lima concluyó diciendo: “Si logramos que en lugar de quemar ánforas, estas personas se incorporen en las listas de Morena o de la izquierda unida, tendríamos una elección el 17 de agosto; si no logramos esto corremos un grave riesgo”.

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Quiroga expresó: “Estoy absolutamente convencido de que con Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho y otros líderes que se están plegando a esto, como José Gary Áñez, estamos destinados a entendernos y trabajar juntos para salvar Bolivia”. Lamentó las “descalificaciones personales” que Doria Medina habría hecho en su contra, pero extendió la mano para seguir “trabajando juntos” como se propusieron inicialmente.

Convocatoria del TSE

Sobre la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a los actores políticos para el 17 de este mes, Quiroga consideró que los principales puntos a tratar son la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la depuración del padrón. Señaló: “Nosotros vamos a hacer nuestro propio TREP como se hizo en Venezuela”, refiriéndose a las copias de actas presentadas por María Corina Machado y Edmundo González.

Falta de dólares

La falta de dólares es otro tema crítico. Quiroga indicó que el Órgano Electoral no tendría el dinero necesario para pagar al organismo correspondiente. “Se necesitan 7 millones de dólares en verdes, no en bolivianos devaluados, para mandar al extranjero y hacer la elección en el exterior”, agregó.

Al abordar la falta de divisas, también mencionó la suspensión de la exportación de carne de res y la disposición adicional séptima de la Ley Financial, que permite decomisos. Esto lo considera parte de “la crónica de una debacle anunciada” debido al gasto excesivo relacionado con los recursos del gas. Afirmó: “He pasado años diciendo que el MAS se estaba farreando el gas”.

Cambio en legislación

Quiroga propuso construir un puente de estabilidad económica mediante un cambio total en la legislación agropecuaria, hidrocarburos y minería, además de potenciar la producción de litio. “No vamos a sobrevivir si no hacemos un cambio radical”, dijo.

Respecto a las empresas estatales que administran recursos naturales como hierro y litio, su propuesta es realizar “la más grande revolución de propiedad individual”. Explicó: “Esto va a ser de la gente; todo lo que tenga el gobierno entra en un fondo mutuo de inversiones”.

Reforma constitucional

Finalmente, Quiroga abogó por una reforma constitucional hacia un sistema meritocrático en justicia y concluyó que por el tamaño actual de la crisis “se requiere el mandato del pueblo” para llevar a cabo transformaciones necesarias con “los y las mejores profesionales de Bolivia”.

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Objetivo de la reforma

El proyecto tiene como finalidad abordar la “inmensa desigualdad que existe entre los salarios del congresista y lo que percibe la gente del común en Colombia”, según lo explicado por Cepeda. Actualmente, el salario mensual de un congresista supera los 48 millones de pesos (11.200 dólares), mientras que el salario mínimo para 2025 está fijado en 1.423.500 pesos (332 dólares al cambio actual).

Desigualdad salarial

Cepeda destacó que “aquí un congresista gana lo que ganan 100 colombianos que estén en la línea de pobreza”. Además, mencionó que “un salario tan alto ya vicia de alguna manera la relación entre el congresista y el poder Legislativo y Ejecutivo”, refiriéndose a las prácticas de “prebendas” que han estado presentes en el Congreso durante décadas.

Proceso legislativo

La iniciativa deberá pasar por ocho debates, cuatro en cada cámara, para modificar un artículo de la Constitución. Este proyecto cuenta con el respaldo de 56 congresistas de casi todas las bancadas, incluyendo el Pacto Histórico, la Coalición Verde Esperanza, Cambio Radical, Partido Liberal, Fuerza Ciudadana, Partido de la U y Comunes.

Esperanza de unidad

Cepeda expresó su esperanza de que “a este proyecto se una también la oposición política y podamos darle la buena noticia al país de que de manera unificada todos los congresistas de todas las bancadas hemos tomado una decisión democrática”. Esta propuesta surge en un contexto donde el Gobierno busca formas de financiar el presupuesto nacional e impulsar una “política de austeridad”.

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Inicia un nuevo año con el llamado segundo piso de la 4T, que trae nuevos desafíos para Claudia Sheinbaum. Estos desafíos son incluso superiores a los que tuvo el mandato de AMLO y pondrán a prueba la viabilidad estructural de la oferta redistributiva, la capacidad para controlar la violencia criminal que asola a buena parte del territorio nacional o la reducción de la polarización que ha sido el sello de la casa. 

Y es que todos ellos son indispensable para presentar un país unido ante la llegada de Donald Trump y sus amenazas, que, de convertirse en realidad, podrían poner al gobierno en un serio aprieto a la hora de cumplir las políticas públicas relacionadas con el apoyo social a los sectores más vulnerables y desfavorecidos, que tienen un alto costo fiscal.

Claudia Sheinbaum tomó posesión del cargo de presidenta de México con una legitimidad electoral que nadie ha puesto en entredicho: obtuvo 36 de los 60 millones de votos emitidos en los comicios del verano pasado. 

Sin embargo, esa holgura en el triunfo electoral no fue la misma en la integración del Congreso de la Unión, que técnicamente no le dio la mayoría calificada para realizar las reformas constitucionales. Solo obtuvieron el 53 por ciento de los votos, lo que la mayoría de los consejeros y magistrados electorales, encargados de la integración de las dos cámaras, convirtieron, mediante una discutible interpretación del artículo 54 constitucional, en una mayoría calificada primero en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores, mediante la cooptación de miembros de la oposición. Es decir, Morena tiene una supermayoría que no corresponde a los votos emitidos pero que fue capaz de lograr.

Esta composición del Congreso de la Unión le ha permitido hacer las reformas constitucionales y reglamentarias que han provocado un cambio de régimen. Han desaparecido los organismos autónomos que fueron emblema de los pactos legislativos de la llamada transición del autoritarismo priista a la democracia representativa.

Ahora está en marcha un proyecto que si continúa como va —y nada parece que vaya a cambiar en el corto plazo— podríamos estar en la antesala no solo de un sistema de partidos con una oposición testimonial sino de un proceso de regresión democrática que está debilitando al país ante el mundo democrático y acercándolo a las experiencias autoritarias latinoamericanas.

Esta tendencia se refuerza con el control que los poderes ejecutivo y legislativo tendrán sobre el Poder Judicial, que era, hasta las reformas constitucionales, el último contrapeso institucional a esa mayoría exacerbada. 

A partir de septiembre de 2025 el país tendrá jueces, magistrados y ministros surgidos de una tómbola, una tómbola azarosa, una nueva generación de impartidores de justicia que por su compromiso político y leyes ad hoc estará respondiendo a los intereses del grupo gobernante y no a los ciudadanos.

Solo habrá una diferencia de matiz en la forma con el largo periodo autoritario priista. Y eso ha exacerbado la polarización social y política, especialmente expresada en los miles de funcionarios y trabajadores del Poder Judicial que abandonarán sus cargos el próximo verano.

Esto quizá pudiera ser solo un daño colateral previsible en todo cambio de régimen, donde siempre hay ganadores y perdedores; sin embargo, entraña un tema no menor que viene siendo la seguridad jurídica. 

Esto ya ha provocado reacciones adversas en organismos y medios de comunicación supranacionales, instituciones calificadoras de riesgo país y la perspectiva de crecimiento para 2025, que ha devaluado un 25 % el tipo de cambio del peso frente al dólar en los dos primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum.

A pesar de estas tendencias negativas, la postura del gobierno cuatroteísta es indeclinable; incluso hay quienes lo ven más radical, lo que significa que es ya un factor de tensión con los inversionistas extranjeros, los ahorradores en pesos, por unas tasas de interés atractivas que van a la baja, y por la incertidumbre de empresarios nacionales y extranjeros que podrían tomar decisiones financieras temerosas ante este entorno adverso que se potencia con la llegada de Donald Trump a la presidencia de la principal economía del mundo.

¿Qué podría pasar si Trump hace realidad la amenaza con deportaciones masivas y la aplicación de un incremento del 25% de los aranceles a las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense? ¿Y si México no se compromete más en la lucha contra el narcotráfico y la producción de fentanilo o no tiene un mayor control de sus fronteras para contener la migración hacia el país del norte? 

La presidenta Sheinbaum ha minimizado estas posibilidades alegando que las dos naciones se necesitan. Sin embargo, se oyen pasos en la azotea trumpista con la designación de funcionarios duros que atenderán la agenda bilateral y entre los que destaca la figura de Ron Johnson, exagente de la CIA, que en enero tomará las riendas de la embajada estadounidense en México.  

Por lo pronto en esos dos temas ya hay respuesta mexicana, no sabemos si satisfactoria para Trump y los futuros administradores conservadores en la relación bilateral. Ahí están las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, que habla de “atender a los migrantes en el trayecto para que no lleguen a la frontera norte”, y el decomiso de más de una tonelada de fentanilo en Sinaloa, justo donde se vive una guerra entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa que ha costado cientos de vidas, desapariciones forzadas y daños cuantiosos para la economía regional.

En definitiva, la apuesta del cambio de régimen, si bien es satisfactoria y motivo de júbilo en la elite obradorista y sus aliados, provoca una incertidumbre que no se había tenido desde el periodo del gobierno nacionalista de Lázaro Cárdenas (1934-1940). 

Solo con una diferencia: Cárdenas tuvo un gran apoyo popular que le permitió realizar la nacionalización de Pemex, y Sheinbaum tendrá que lidiar con la polarización que han generado las decisiones que le heredó y administra López Obrador desde su retiro en el sureste mexicano.  

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Propuesta de García

García explicó que, según la Constitución actual de Chile, la nacionalidad se otorga a quienes nacen en el territorio chileno. Sin embargo, su propuesta se centra en que la nacionalidad chilena se otorgue únicamente por vínculos de sangre. El alcalde mencionó que ha presentado esta propuesta a las autoridades del gobierno chileno, considerando la fragilidad y el escaso control migratorio que existe en la zona fronteriza.

Como resultado de esta situación, muchas mujeres bolivianas cruzan la frontera solo para dar a luz a sus recién nacidos y así obtener la certificación de nacionalidad chilena. “Le hicimos una propuesta que claramente merece ser definida: una modificación constitucional del artículo 10, numeral 1, en relación a que se le otorgue la nacionalidad a extranjeros solamente invocando el principio jurídico ius sanguinis, no como hoy día se les otorga a través del principio jurídico ius soli”, explicó García.

Objetivo de la reforma

La propuesta tiene como finalidad detener el creciente número de migrantes irregulares que ingresan a Chile con el único propósito de obtener un pasaporte chileno y, posteriormente, emigrar a Estados Unidos o a países europeos. García mencionó que en 2023 se han registrado 35 personas que cruzaron la frontera, principalmente ciudadanas bolivianas, que dieron a luz en su comuna, lo que ha generado un costo para el municipio. Hasta la fecha, ya se han reportado 20 personas que han optado por esta vía.

Marco legal actual

Es relevante señalar que el artículo 10 de la Constitución chilena establece actualmente el principio ius soli como la base para otorgar la nacionalidad. La propuesta de García busca modificar esta norma con el fin de evitar abusos relacionados con el acceso a beneficios migratorios por parte de extranjeros. Esta modificación podría tener un impacto significativo en la forma en que se gestionan los temas migratorios en la región.

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El triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición “Juntos hacemos historia”, vino inesperadamente acompañada de la noticia de que los partidos de la mencionada coalición podrían, sumados, tener la mayoría calificada en ambas cámaras legislativas. Esto significaría que, al menos, en el próximo trienio, no habría contrapesos legislativos al poder presidencial. 

Esto provocó reacciones, un segmento de la oposición social posicionó en redes el hashtag #Megafraude con imágenes de errores e inconsistencias en las actas que no correspondían con el acta PREP y puso en duda los conteos rápidos. Mientras que la oposición política, aglutinada en la coalición “Fuerza y Corazón por México”, tras reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum, exigió la revisión de 80% de las actas, y no el 60% que ofrece el Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar posibles errores e inconsistencias antes de llevar los resultados ante los magistrados del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Estos serán finalmente los encargados de procesar judicialmente los recursos iterpuestos. 

La política de revisión de “voto por voto, casilla por casilla” que se viene practicando desde los comicios de 2009 no ha provocado mayores modificaciones en los resultados electorales. Y dada la diferencia abrumadora de 30 puntos entre la candidata oficialista y la del frente opositor, es probable que el conteo no pase a mayores y se ratifiquen los resultados preliminares dados a conocer por el INE.

Sin embargo, donde sí podría haber cambios es en el Congreso de la Unión, donde la coalición ganadora podría no alcanzar los 84 senadores requeridos para la mayoría calificada. 

¿Qué es la sobrerepresentación?

En la Constitución mexicana, se entiende por sobrerrepresentación, que un partido político obtenga, en función de determinados mecanismos electorales, un porcentaje de curules 8% superior al porcentaje de votos obtenidos. Además, la Constitución establece que ningún partido debe tener más de 300 de los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados.

Sin embargo, los partidos de la coalición ganadora postularon candidatos comunes en muchos de los 300 distritos electorales y transfirieron votos de un partido a otro lo que es inconstitucional. Con esos votos se supera como coalición, y con mucho, el límite de los 300 diputados que, si vale para los partidos, vale para las coaliciones, como sucede en distintas disposiciones del artículo 41. Y es que la Constitución contempla la sobrerrepresentación, más no acumulada, como la que hoy intenta la coalición ganadora que alcanza un 18% y que haciendo justicia al principio de “un voto, un ciudadano” tendrían que ser redistribuidos entre las distintas bancadas.

Ahora, sí la mayoría de los consejeros del INE, haciendo una lectura literal de la Constitución le dan trámite a favor, estarían desechando una interpretación sustantiva del espíritu de la Constitución expresado en el artículo 41. 

De ser así, deberán ser los magistrados del TEPJF quienes resuelvan el dilema entre proceder según el espíritu de la Constitución o según la gramaticalidad de la ley. Se trataría de una decisión histórica debido a lo que significaría para la separación de poderes, los contrapesos necesarios en toda democracia y la salvaguarda de los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Los riesgos de las sobrerepresentación

Si el próximo gobierno llegase a tener el control absoluto del Congreso de la Unión, se podría llegar a correr el riesgo de la consolidación de una visión autocrática del poder. Esto pondría fin a la pluralidad construida en la larga transición a la democracia, que dotó al país de controles al poder político. Y es que con las mayorías que contaría el nuevo gobierno, tendría todo para reescribir la Constitución y las leyes. 

Un país sin contrapesos no implica per se un régimen autoritario. Sin embargo, las 20 reformas constitucionales que AMLO a propuesto, entre ellas el control político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace suponer que de enviarse en septiembre al Congreso de la Unión y votarse con la nueva supermayoría, podría somenter el Poder Judicial al Ejecutivo como lo han hecho gobiernos autoritarios latinoamericanos. Para ello, sin embargo, López Obrador debería contar con el apoyo de Claudia Sheinbaum, quien ya ha adelantado al presidente saliente de la necesidad de abrir el debate en torno a las reformas propuestas.

Más allá de lo que termine decidiendo el oficialismo en torno a estas propuestas de refomas, los contrapesos son esenciales para fortalecer las instituciones y minimizar los riesgos del surgimiento de gobiernos autoritarios. Regímenes como el que ya vivió México durante el largo periodo priista que se mantuvo en el poder durante 71 años hasta que los ciudadanos le pusieron fin en el año 2000 con su voto.

ERNESTO HERNÁNDEZ NORZAGARAY

Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México

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Después de más de tres décadas Perú vuelve a tener un parlamento bicameral. El último fue cerrado por Alberto Fujimori como consecuencia del golpe de Estado de 1992. Pero su necesario retorno ha sido inversamente proporcional a la calidad de los congresistas que lo han aprobado. Su restablecimiento se lleva adelante en medio del alto desprestigio del Congreso. Sólo el 6% de los peruanos aprueban su desempeño. Así, los portadores del cambio constitucional, portan también sus limitaciones y pequeños intereses. La modificación alcanza 53 artículos de la Constitución que, por su número e impacto, es la mayor cambio constitucional de la carta de 1993.

El largo camino al bicameralismo ha supuesto un deterioro del (sub representativo) parlamento unicameral, no solo por la cada vez peor calidad de los representantes, sino también por el abuso de cuestionables leyes aprobadas en tiempo record, exeptuando trámites de comisiones o dobles votaciones. Así como, desde el 2016, someter, acosar y tener en vilo al presidente con la espada de Damocles de una mala interpretación de la figura de la vacancia presidencial.

La desafección de la política y el rechazo viseral de los paruanos hacia el parlamento, los partidos y los políticos es tan alto -ciertamente ganado con todos los méritos- que todo lo que nazca de sus manos, será también rechazado. De eso no se ha salvado la bicameralidad que, el 2018 pasó por un referéndum, como una de las cuatro preguntas impulsadas por Martín Viscarra quien lo propuso, contando con el apoyo de la mayoría de paruanos, pero el cambio de artículos importantes en el Congreso, llevó a que el ex presidente diera marcha atrás y la bicameralidad fuera rechazada por más del 90% de los votantes.

Pero, desde julio del 2021 se ha creado en el Congreso una inédita coalición de extrema derecha y una izquierda conservadora que se ha convertido en un poder arrollador que no cesa en controlar instituciones (Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, SUNEDU), así como denunciar, destituir, inhabilitar o intentar hacerlo, a funcionarios de la Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público y organismos electorales.

Ciertamente hay decenas de congresistas con carpetas fiscales abiertas, otros sumidos en escándalos y muchos defensores de intereses corporativos y también mafiosos. La fuerza de los votos se ha convertido en la dictadura parlamentaria que nadie puede detener ni controlar, menos un gobierno que vive del balón de oxigena puesto desde los escaños parlamentarios. Sin él, no sobrevive. De esta manera, el impulso reformador de la bicameralidad, ha sido más con el claro propósito de reelegirse, que mejorar el edificio parlamentario. En ese tránsito, han rediseñado un sistema político con un claro desbalance a favor del poder legislativo y, al interior de este, a favor del senado.

Hasta 1992 el parlamento estaba compuesto de una cámara de senadores de 60 miembros y una cámara de diputados de 180. Fujimori lo redujo de 240 congresistas a 120, la mitad. Y el Perú, quinto país en población y número de congresistas en América Latina, pasó a ubicarse en el decimocatorse, teniendo desde entonces menos parlamentarios que Bolivia, Ecuador, Chile o Uruguay, países con mucho menos población. Se desarrollaba así una extrema sub representación. Este enorme cambio institucional fue posible por la presencia de un gobierno autoritario, como sucedió cuando Ecuador y Venezuea también cambiaron su diseño parlamentario de bicameral a unicameral.

El cambio de la Constitución conforma un nuevo Poder Legislativo, en donde el Senado está compuesto por un mínimo de 60 representantes. Se señala que cada circunscripción debe tener un senador, sin precisar qué se entiende por circunscripción. Puede ser una región o no, eso lo determinará entonces la ley de desarrollo. En todo caso, el resto se elegirá por distrito único, por lo que habrá senadores de distinto origen ¿cuál es la razón? No se explica. Pero lo que sí conocemos es que tendrá un efecto en la representación. Los que salgan elegidos serán mayoritariamente de Lima y las grandes ciudades que tienen más población, en detrimento de otras.

Pero aquí un detalle. Para ser senador se requiere tener 45 años, edad fuera de cualquier sustento razonable. Al presidente de la república se le exige 35 años y para diputado 25 años. En América Latina, desde 18 años en Bolivia, hasta 35 años en Paraguay. Sin duda un requisito así, deja fuera de competencia a muchos políticos. Pero el artículo deja una puerta abierta para los actuales congresistas, pues, señala que el requisito alternativo es haber sido “diputado o congresista”. Para las elecciones del 2026, 32 congresistas no tendrían 45 años, pero con esta norma estarían habilitados para candidatearse. Los diputados y senadores podrán ser reelegidos, pero no han hecho lo propio con los gobernadores y alcaldes.

La relación entre las cámaras es asimétrica, pues los diputados se encargarán de elaborar las leyes y mantener la función de control político. En cambio el senado se encargará de elegir a las altas autoridades y de revisar las leyes. El detalle en este caso no es sólo que revisa los proyectos de ley aprobadas por los diputados, sino que los puede modificar y enviar -sin injerencia de diputados- al ejecutivo para que los promulgue. Pero también los puede rechazar y estos serían archivados, por lo que no sería devuelto a diputados. Es decir, el senado se convierte en la cámara con más poder. Allí seguramente candidatearán muchos de los actuales congresisteas.

En relación con el ejecutivo, el gabinete de ministros recien juramentado se presenta ante el Congreso para exponer sus planes, pero ya no deberá solicitar el voto de confianza (investidura) como hasta ahora. Esta medida está bien, si no fuera porque no forma parte de un diseño de equilibrio de poderes. Al ejecutivo le es difícil contener al legislativo, pues, sólo puede disolver la cámara de diputados -no senado- si en dos oportunidades se ha negado una cuestión de confianza o censurado a gabinetes ministeriales. Es más, en el último año del quinquenio no se puede disolver la cámara de diputados, por lo que el Congreso podría censurar ministros y gabinetes sin límite alguno. Estamos pues delante de un sistema hiper parlamentarizado.

Finalmente, el Fiscal de la Nación es investido de más poder. Si el senado acusa a un funcionario, la cabeza del Ministerio Público evalúa si da curso a la acusación penal. No como hasta ahora que tenía la obligación de acusar. La discrecionalidad es alta, pero también preocupante cuando se trata de una institución que ha sido objeto de muchos cuestionamientos y claras capturas políticas.

Renace así la bicameralidad con más que imperfecciones, en medio de otras leyes de claro contenido contrarreformista que limita las posibilidades de tener un diseño que en algo permita encaminar el tan destartalado edificio parlamentario. Nada hace presumir que la calidad de la política mejorará. La representación podrá tener incluso peores perfiles que los actuales, que ya es mucho decir. Entre tanto la presidenta Dina Boluarte está envuelta en un escándalo en donde no sabe cómo demostrar el origen de más de una decena de relojes en los que los Rolex, la han hecho tambalear y convertirla aún más en dependiente del parlamento peruano.

/Fernando Tuesta Soldevilla es Profesor principal de Ciencia Política de la PUCP. Fue Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE). Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos. Realizó estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Heidelberg (Alemania).

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En el texto entregado a la presidenta de la Asamblea General y vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, el parlamentario defendió esta modificación alegando que los jóvenes de 16 años son “capaces de discernir la importancia y el valor de sus actos”, por lo que estarían capacitados para asumir “el derecho y la responsabilidad” de sufragar.

Cambio sin afectar otros derechos

Sartori remarcó que el cambio que propone exclusivamente permitiría que los jóvenes de esta edad puedan votar, pero no implicaría la alteración de otros derechos que se obtienen a partir de los 18 años, como el permiso para conducir.

Reconocimiento a capacidad progresiva

Argumentó que la legislación uruguaya vino reconociendo la “capacidad progresiva de los adolescentes” y pidió que los derechos políticos también contemplen que los jóvenes mayores de esta edad deben considerarse “suficientemente maduros” para asumir esta responsabilidad.

Inserción democrática y beneficio social

Según expresó, su proyecto de reforma facilitaría la inserción en la vida democrática de Uruguay a un grupo que necesita “respuestas específicas”. Además, subrayó que el aporte de estas generaciones al porvenir nacional también implicaría “un beneficio” para el conjunto de la sociedad.

Uruguay entre los países más avanzados

“Los jóvenes conforman un sector crítico naturalmente dentro nuestra sociedad, por lo tanto su contribución es vital para nuestro desarrollo, innovación, progreso y transformación del país”, explicó.

Por otra parte, en la propuesta de reforma constitucional, Sartori alegó que esta modificación posicionaría a Uruguay entre “los países más avanzados en la materia” y subrayó que países como Argentina, Austria, Brasil, Croacia, Colombia, Eslovenia y Hungría ya lo hicieron.

“Paulatinamente se ha ido operando una rebaja de la edad en el sentido señalado a nivel de elecciones de gobiernos municipales, regionales o provinciales en varios estados. Por lo tanto, esta modificación también posicionará al país entre los más avanzados en la materia”, se lee en el texto.

Fuente: EFE

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La abogada Kathia Saucedo explicó que el problema radica en la consulta de constitucionalidad presentada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, en septiembre. Sin embargo, el Tribunal Constitucional observó que no se presentó la autorización de sala plena para realizar dicha consulta.

Ampliación no divulgada y reinicio del proceso

Además, Torres habría presentado una ampliación a la consulta constitucional el 8 de noviembre. A pesar de que esta información no fue divulgada públicamente, Saucedo precisó que preocupa aun más que esta ampliación implica reiniciar todo el proceso notificando nuevamente y retrotrayendo todas las etapas.

Vacío de poder tras cumplimiento del mandato

“Ustedes saben que esta consulta paralizó la ley corta en la Asamblea, por lo tanto no pueden haber elecciones judiciales. Ahora tendremos un nuevo proceso y nuevos plazos que comenzarán a correr. Se habla de realizar las elecciones judiciales dentro de tres o cuatro meses del 2024, pero con esto no sabemos”, aseguró Saucedo.

Intención de postergar las elecciones judiciales

En ese sentido, lamentó el vacío de poder que se generará después del 31 de diciembre este año, cuando los actuales magistrados cumplan su mandato. Este vacío será más extenso de lo pensado y resultará en graves problemas en las altas cortes judiciales.

Propuesta de reforma parcial constitucional

Por su parte, Juan del Granado precisó que esto es una clara muestra de la intención del gobierno de postergar indefinidamente las elecciones judiciales, con el objetivo de nombrar a magistrados interinos o transitorios que sigan respondiendo a los intereses del oficialismo. “Está claro que no habrá elecciones judiciales en un futuro cercano y, por lo tanto, los juristas independientes al entregar esta información, queremos plantear nuevamente la propuesta de una reforma parcial de la Constitución para cambiar estructuralmente el sistema judicial, esta vez mediante vía legislativa”, declaró el jurista.

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“Vamos a hacer una consulta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la reforma del artículo 169 de la Constitución, con el fin de que las presidencias sean por una sola vez y no haya más reelecciones en Bolivia”, declaró el parlamentario.

Gestión presidencial de seis años sin posibilidad de reelección

Explicó que con esta medida, la gestión de un Presidente debería durar seis años en lugar de cinco, pero no podría volver a postularse bajo ninguna circunstancia. Esto obligaría a las fuerzas políticas a formar nuevos líderes constantemente si desean llegar y mantenerse en el poder.

Fin a múltiples mandatos presidenciales

De esta forma, nadie podría ambicionar dos, tres o cuatro gestiones como ocurrió con el expresidente Evo Morales, quien ya gobernó durante tres mandatos y busca un cuarto en las elecciones de 2025. Según Paz, esto es dañino para los nuevos líderes políticos y para la implementación efectiva de políticas públicas.

Nuevas candidaturas promoverán verdadera preocupación por el pueblo

“Si lo hacemos pronto se acaba el problema. Arce ya no puede ser reelecto y Morales tampoco. Tendrán que buscar nuevas candidaturas desde sus organizaciones políticas. Creo que eso será un alivio para el pueblo porque se dedicarán a gestionar las verdaderas preocupaciones”, explicó el senador del CC.

Aprobación de ley y referéndum para cambio constitucional

También detalló que lo primero es lograr la aprobación de una ley, lo cual debería ser inmediato, ya que todas las fuerzas políticas pregonan la renovación política. En caso de lograrse, se convocaría a un referéndum para cambiar la Constitución Política del Estado y se ampliaría el mandato de Arce un año más.

Respecto a la reelección indefinida como un derecho humano, un debate iniciado por Morales, Paz manifestó que también se deberá cambiar eso en la Constitución, especificando cada punto y no dejando nada a libre interpretación.

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El proceso se truncó después de no poder recolectar un millón y medio de firmas. Según explicaron, las 833.115 firmas que sí lograron reunir son una muestra clara del deseo de la ciudadanía por cambiar el sistema judicial, especialmente en aspectos estructurales como eliminar los criterios ideológicos y partidarios en la preselección de magistrados.

Preocupación por vacío institucional y criterios partidarios en elecciones judiciales

“Vimos que la Asamblea no pudo lograr acuerdos mínimos para hacer la preselección y tener un proceso que genere certeza jurídica; por eso estamos pidiendo el inicio de un acuerdo que establezca una reforma parcial de la Constitución, en los términos iniciales que nosotros planteamos”, declaró Katia Saucedo, una representante de los juristas.

Propuesta de referéndum para modificar la Constitución

Alertaron sobre la preocupación por el vacío institucional en las entidades judiciales después del cumplimiento del mandato de los magistrados. También existe inquietud sobre que las elecciones judiciales se realicen bajo criterios partidarios y no basadas en méritos.

Implementación del referéndum a principios de octubre

Por ello, precisaron que el acuerdo nacional consiste en convocar a un referéndum para modificar la Constitución según lo planteado por los juristas independientes. Aclararon que esta propuesta puede servir como base y no debe aplicarse al pie de la letra. En cuanto al tiempo necesario para implementar su sugerencia, los juristas aseguraron que es perfectamente posible realizar el referéndum a principios de octubre, ya que su efecto es inmediato.

Los legisladores reiteraron en varias ocasiones que solo ellos tienen la competencia para esta tarea y no renunciarían a ella.

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“Nos trataron peor a que a un partido político”, manifestó la abogada Katia Saucedo en contacto con la red Erbol, junto a José Antonio Ribera.

Los juristas se pronunciaron a horas de la conclusión de firmas, siendo la meta planteada 1.5 millones a nivel nacional; algunas regiones ya enviaron sus libros a la ciudad de La Paz

“La esperanza no está perdida”, añadió Saucedo.

También afirmaron que esta semana podrían informar cuántas firmas lograron recoger de la ciudadanía y los pasos a seguir.

Críticas al TSE

Entre las dificultades que atravesaron por el TSE, la jurista resaltó cuando el presidente del ente, Oscar Hasseenteufel declaró que no alcanzará el tiempo para un referéndum.

Asimismo, criticó la aprobación del calendario para las elecciones judiciales en octubre, lo cual se cruzó con las actividades de los juristas independientes y sin considerar que las elecciones podían realizarse en diciembre, reportó la red Erbol.

Por su parte, el abogado Ribera calificó al desafío como una carrera llena de dificultades, recordando que desde el Gobierno descalificaron las propuestas y generaron desinformación.

“Lo más lamentable es que desde el Órgano Electoral nos han colocado varios obstáculos. El principal era el plazo de 90 días para recoger 1.5 millones de firmas. Solicitamos el sistema biométrico y sin fundamento alguno nos rechazaron siendo que a los partidos políticos les permiten usar el padrón biométrico”, sostuvo.

Asimismo, indicó que el TSE les obligó a transcribir un millón 500 mil partidas de los libros a un sistema informático prácticamente manual y sin corrector automático; y según expertos para cada partida se requiere entre 15 a 20 minutos.

/ JDLF/

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Inicialmente, 5.000 libros sellados y autorizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron expedidos en todo el país para iniciar la recolección. Actualmente, circulan 15.000 libros.

Los juristas independientes que impulsaron la recolección de firmas para viabilizar la reforma judicial de la Constitución Política del Estado (CPE) pretenden superar el medio millón de firmas hasta dentro de una semana, según el abogado constitucionalista, José Antonio Rivera.

Para lograr su cometido de alcanzar 1.5 millones de firmas ciudadanas, tienen plazo hasta el 25 de abril.

Según el grupo de juristas, las inclemencias del tiempo y los feriados nacionales por el carnaval, son algunos de los obstáculos que impiden el desenvolvimiento regular de la actividad, a poco de agotar el primer mes de plazo.

“No obstante nuestras brigadas móviles van a seguir en los puntos masivos de concentración ciudadana para seguir recogiendo las firmas y alcanzar esta meta”, expresó Rivera.

La Iglesia Católica, la Asociación Nacional de Iglesias Evangélicas, la Unión de Instituciones para el Desarrollo Social (Unitas), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y nueve comités departamentales, además de 30 instituciones han demostrado apoyo a la campaña nacional, según informó el abogado Juan del Granado.

/ALSL

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El texto con el que se pretende hacer la modificación a la actual Carta Magna chilena fue aprobado en la Cámara Baja con 109 votos a favor, 37 en contra y dos abstenciones, con la presencia del quórum necesario, según informó AFP.

La reforma, que incluye órganos electos y designados, ya pasó previamente por el Senado, por lo que se espera que en lo que queda de la semana el Presidente, Gabriel Boric, firme y promulgue el documento.

Durante décadas la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet fue señalada como la responsable del modelo político, económico y social vigente en Chile. La crisis social que vivió ese país en 2019 impulsó la idea de que era necesario trabajar en escribir una nueva Carta Magna.

Tanto la Comisión de Expertos, que será la encargada de redactar el primer borrador de la nueva Constitución, como el Comité de Admisibilidad, deben comenzar su trabajo el 6 de marzo próximo. Por su parte, el Consejo Constitucional no comenzará con sus funciones sino hasta el 7 de junio.

Para aprobar las normativas y articulado del borrador, se necesitará del voto favorable de tres quintos de los consejeros, no los dos tercios del proceso anterior.

Además, la actual reforma constitucional establece un plebiscito de salida que debe llevarse a cabo en diciembre.

/ LMPT

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“Necesitamos transformar, necesitamos empujar la rueda de la historia para que gire a más velocidad en favor de los más humildes. Más tierra para los que no tienen tierra, y si es necesario vamos a tener que debatir en una reforma constitucional, porque aquí los que tienen más tierras quieren acaparar más y son los que contribuyeron al golpe de Estado”, afirmó Quintana en un acto en la provincia Caranavi de La Paz.

La exautoridad aprovechó para sugerir cambios en las instituciones uniformadas del país, a quienes también señaló como corresponsables de los sucesos de 2019.

“Necesitamos cambiar a la Policía, necesitamos cambiar las Fuerzas Armadas, estás instituciones coloniales que no dudan en disparar a nuestros compañeros en las luchas de resistencia. Tenemos que transformar las Fuerzas Armadas para que estén al servicio de nuestra patria del país y no estén al servicio de los gringos”, manifestó.

Recientemente, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gualberto Arispe planteó la creación de una milicia paralela a la Policía porque, en su opinión, no existe la confianza suficiente en la institución del orden.

/HNF/

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Según Ruiz, al ser dos instituciones antagónicas, será más difícil para el narcotráfico corromper, comprar y pagar impunidad porque a esa organización criminal hay que atacarlo con la misma o más fuerza que sólo tiene el Ejército.

Además el analista cruceño, sostuvo que la muerte de tres policías en el municipio de Porongo, significó un aplazo total y absoluto para el Ministerio Público, porque hasta ahora no se conocen si utilizaron las herramientas de una investigación adecuada, como ser la entrega vigilada, agente encubierto, colaborador eficaz o compensación económica para hacerle seguimiento a los narcotraficantes.

Ruiz sostiene que, viendo la magnitud de los hechos de Porongo, hay que cortarle al narcotráfico fuentes de monetización inmediata para que este no pueda corromper autoridades del Ministerio Público, jueces, policiales y políticos.

Ve extraño que hasta ahora no se haya procedido a la inmediata incautación de bienes, que no se hubiera realizado un rastrillaje de llamadas, que la UIF no investigue hasta el cuarto grado de manera ascendente y descendente de las fortunas mal habidas de cualquiera que huela a narcotráfico y que no se hayan aplicado escuchas telefónicas.

En relación a la salida del general Jhonny Aguilera del Comando de la Policía Boliviana, sostuvo que no es la solución, sino que deben irse muchos más, pero más allá de quienes se vayan, el Estado debe demostrarle al país que no protege al narcotráfico.

Asimismo, sancionar con la pena máxima a las autoridades involucradas para que en adelante ningún servidor público se atreva si quiera a pensar en coludirse con el narcotráfico, aseveró durante una entrevista con Erbol.

Sostiene que lo ocurrido en Porongo significa la pena de muerte a tres policías por insubordinación al narcotráfico y constituye un mensaje escalofriante que puede tener una sociedad: matar a sangre fría y en estado de humillación a tres policías ante el silencio cómplice de la Policía y el Ministerio Público.

/SVL

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La CPE fue promulgada en la ciudad de El Alto el 7 de febrero de 2009 y se divide en cinco partes, con 411 artículos, diez disposiciones transitorias, una disposición abrogatoria y una disposición final.

Este documento derivó en varios conflictos sociales, desde antes de que la empezaran a redactar y el 21 de octubre de 2008, cuando el Congreso de Bolivia aprobó las modificaciones finales de la nueva Constitución.

Incluyeron normativa para una reelección

Fueron varios “episodios” de violencia, muertes en los enfrentamientos entre oficialistas y opositores, por los que se acordó incluir en la Constitución que solo puede ser posible buscar la reelección presidencial una vez y que el mandato de Evo Morales de ese entonces (2006-2010) fue su primer periodo.

Según el análisis de expertos, eso significaba que Morales podía postular en las elecciones de 2009 y, en caso de vencer, gobernar hasta 2014 y nada más, reportó el portal Innovapress.

“Misión cumplida. Por la refundación de una Bolivia unida”, proclamó el dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales.

Morales intentó cambiar la CPE

Pese a que Morales fue quien promulgó la nueva CPE, intentó cambiarla. Esto se difundió cuando mostró su interés de una reunión con los exconstituyentes de su partido que aprobaron la Carta Magna, para consultar futuros cambios orientados a una “segunda etapa de la revolución democrática y cultural”.

Asimismo, resaltó que, considerando los años de vigencia de la Constitución, es importante debatir posibles cambios.

“Qué ya es caduco, qué hay que cambiar y mejorar. Los tiempos cambian y estamos en otros tiempos y, seguramente, hay que debatir profundamente una segunda propuesta política para la revolución democrática y cultural”, sostuvo.

Camacho y el federalismo

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también habló de reformular la CPE, pero con el propósito de realizar una transformación política en el país y en diez años implementar el sistema federal en Bolivia.

“La finalidad es que en dsez años podamos tener un sistema federal, no solamente porque es el único sistema que nos va a dar la tranquilidad a los bolivianos de tener estabilidad económica, política y social, sino que ya es un mandato del Cabildo por la federalización del país”, aseveró en ese entonces.

Resaltó que es la única forma de frenar el centralismo y hegemonía del MAS, como con la crisis política y social.

En tanto, la diputada del MAS, Bertha Acarapi sobre la propuesta de implementar un sistema federal en Bolivia, subrayó que la CPE, solo reconoce la Autonomía como forma de organización política del Estado.

“Tenemos autoridades que lastimosamente no conocen la Constitución Política. Hubo una lucha de nuestros pueblos cuando empezaron a trabajar en la Asamblea Constituyente. La nueva Constitución habla de Autonomías, no habla de Federalismo. En este momento creo que el afán que tiene el señor Camacho es de dividir a nuestro país, los bolivianos no lo vamos a permitir, porque hemos luchado para recuperar la democracia después del golpe de Estado”, manifestó.

/JDLF/

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En la misiva, el organismo en defensa de la democracia indica que uno de los problemas de la elección de las autoridades judiciales radica en la “pérdida de independencia” y otros factores, con respecto a la función judicial.

“El problema central es la crisis institucional generalizada de la administración de justicia, la pérdida de independencia, la falta de ética de los operadores de justicia, la inoperancia del Ministerio Público para encarar investigaciones sobre temas graves de corrupción, etc”, detalla en el comunicado el organismo ciudadano, publicado por el portal de Página Siete.

Asimismo, se cita que en las elecciones judiciales de 2011 y 2017 tuvieron una participación del 79,7% y del 80% respectivamente, mientras que los resultados mostraron 58% de votos nulos en 2011 y del 64% en 2017.

“El problema no está en el voto ciudadano, sino en la preselección desastrosa que se hizo en la Asamblea Legislativa Plurinacional aprovechando los 2/3 del MAS, con candidatos afines al partido de gobierno”, se indica.

Desde hace más de una semana, que el Ministerio de Justicia formó una comisión de abogados, a la cabeza del expresidente, Eduardo Rodríguez Veltzé con el objetivo de proponer las modificaciones que se harán a la justicia en Bolivia.

/DEA/

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Según el ministro de Justicia, Iván Lima, a las 15:00 horas del día mencionado comenzará a funcionar la mencionada comisión de asesoramiento para hacer la reforma a la justicia.

“Para cambiar la Constitución, para tener una nueva justicia”, manifestó este viernes el ministro de Justicia, Iván Lima, según la red Unitel.

La autoridad gubernamental indicó que la comisión estará integrada por diez personas que se encargarán de asesorar sobre temas judiciales, entre ellos, el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien estaría a la cabeza de dicha labor.

Acompañarán al exmandatario, el exmagistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera; el rector de la Universidad Andina, José Luis Gutiérrez; y el exministro de Justicia, Carlos Alberto Goitia.

Pero los cambios que se pretenden hacer a la Constitución, necesariamente deben pasar por los dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), rol protagónico que cumplirán las fuerzas opositoras como son Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

“Si se abre un debate sobre la Reforma Constitucional es solo sobre el tema justicia, no se tiene previsto abrir la Constitución para ningún otro tema”, indicó Lima. 

El ministro Lima solicitó formalmente a la ALP iniciar un juicio de responsabilidades contra el Consejo de la Magistratura por no haber implementado la Ley 1173 que busca eliminar la retardación de justicia.

/DEA/

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