El anuncio fue realizado a través de una publicación en su cuenta de TikTok, donde recordó que esta medida fue un compromiso asumido durante la campaña electoral.

Condiciones de los vehículos

Según la autoridad, el proceso de inspección no garantiza que los vehículos estén en condiciones óptimas. Afirmó que, en la práctica, el objetivo de los policías encargados del control parece ser obtener recursos mediante prácticas irregulares.

Lara calificó este accionar como parte de un esquema de corrupción que beneficia a altos mandos. En ese marco, adelantó que en los próximos días se convocará a sectores del transporte, organizaciones sociales e incluso a la propia Policía para trabajar en la elaboración del proyecto.

Reestructuración de la Policía

La propuesta se enmarca en el proceso de reestructuración interna de la institución policial, que el Gobierno considera una prioridad. Lara sostuvo que espera avanzar de forma acelerada en la preparación del documento legal para atender el reclamo ciudadano respecto a las irregularidades de la inspección.

Compromisos de campaña

Durante su campaña, Lara planteó el fin de este procedimiento y del cobro por el uso de garajes policiales. En esa ocasión, argumentó que existían múltiples denuncias de corrupción y señaló que el sistema de revisión era administrado por funcionarios sin formación mecánica.

Su propuesta incluía que los propietarios de vehículos pudieran obtener una certificación en talleres de su confianza para presentarla ante las autoridades cuando fuese necesario.

Eliminación de cobros

El vicepresidente también anunció la eliminación de las grapas utilizadas para inmovilizar vehículos y del cobro por el estacionamiento en instalaciones de Tránsito. Considera que estos espacios son bienes del Estado y deben estar al servicio de la población.

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“Este era un pedido que se hizo, no solamente por parte del sector campesino sino también por otras organizaciones sociales, se hicieron varias denuncias de que la Policía está relacionada con el narcotráfico. Hemos visto con mucha pena lo que pasó con el asesinato de los tres policías en Porongo y realmente dejó mucho que desear el actuar del excomandante”, afirmó el dirigente Humberto Claros a la ANF.

Además, calificó de importante la decisión del Presidente de cambiar el mando policial; pero, manifestó que “urge una reestructuración total de la Policía”; y volvió a plantear la necesidad de que el ministro de Gobierno, sea removido del cargo.

Para la dirigencia campesina la verdadera reestructuración de la Policía pasa por un cambio de la “institucionalidad”, incluso en la visión que tienen los efectivos porque muchos ingresan a la Academia Nacional de Policías con el pensamiento de “robar”.

En estos últimos meses, la Policía se vio envuelta en diversas denuncias de irregularidades, tal es el caso de vínculos con atracos, venta de autos robados de Chile, complicidad con reos, corrupción y protección al narcotráfico, lo que fue cuestionado desde el mismo oficialismo.

El caso de Porongo representa un duro golpe a la Policía, tres de sus efectivos fueron acribillados a sangre fría por un grupo criminal a la cabeza supuestamente de Misael Nallar, yerno del conocido narcotraficante Einar Lima Lobo. Está en investigación una presunta llamada que hubiera realizado uno de los guardaespaldas a un efectivo policial.

El viernes reciente, tres cuerpos sin vida fueron encontrados en Cochabamba, específicamente en Ivirgarzama, en un vehículo, los tres ciudadanos cruceños fueron acribillados. El caso está en investigación.

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Del Castillo dio a conocer a los medios de comunicación que hay una comisión, tanto del Órgano Legislativo, Ejecutivo y de la Policía, que trabaja en un nuevo proyecto normativo “que se va a llamar servicios carcelarios, donde todas aquellas personas que tengan una sentencia condenatoria tengan que aprender un oficio al interior de las cárceles”.

Además, mencionó que la reestructuración de la Policía inició hace un par de meses con la ley de ascenso de generales. La segunda norma en curso es el plan de carrera de la Policía Boliviana, la tercera trata de la evaluación y desempeño de la Policía y la cuarta la de régimen disciplinario.

“Queremos trabajar en una nueva ley del régimen disciplinario de la Policía Boliviana, vemos que la ley 101, de la ley actual del régimen disciplinario de la Policía Boliviana no ha cumplido su fin en el pasado ni en la actualidad para poder alejar a aquellos malos efectivos policiales de la institución verde olivo que cumplan la sanción correspondiente que determine la normativa legal vigente”, detalló.

La cuarta normativa que será aprobada busca la reestructuración de la Policía Boliviana “que regule todos y cada uno de los elementos del régimen disciplinario”, aseveró el ministro.

Al menos el diez por ciento de los efectivos policiales que reprobaron la prueba del polígrafo y quienes tenían antecedentes o faltas fueron retirados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), según confirmó el pasado domingo Del Castillo.

“Luego del trabajo del polígrafo, el 90% ha pasado la prueba y el 10% ha sido retirado de la fuerza”, declaró la autoridad gubernamental durante una rueda de prensa en la ciudad de El Alto.

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“Necesitamos una reestructuración total de la Policía que salga de las entrañas mismas de esta institución. La Policía es parte del Estado y debe servir al pueblo como tal, con propuestas que nazcan desde la misma Policía”, aseveró Rodríguez.

Desde que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, denunció un presunto encubrimiento al narcotráfico en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) el 4 de abril, una seguidilla de hechos han golpeado la imagen de la institución.

Otro caso escandaloso fue la desaparición de 800 kilos de cocaína incautada, de un total de 1.200 kilos en el departamento de Beni, en un operativo realizado en San Borja el 17 de abril, los agentes reportaron solo 431 kilos de la droga decomisada. Ocho efectivos fueron detenidos tras las investigaciones.

El caso más reciente está vinculado al tráfico de autos robados de Chile para ser comercializados en Bolivia; el hecho se dio a conocer tras una investigación periodística chilena. Un exjefe policial está detenido y la oficina de Diprove en Santa Cruz fue intervenida. En medio de estos casos hubo denuncias de robo que comprometieron a efectivos policiales.

El senador propuso que la reestructuración de la institución del orden surja desde la misma Policía Boliviana y que, ni la Asamblea, ni el Ejecutivo u otra institución estén “imponiendo con algún plan estratégico para cambiar la institución, para acomodar al servicio de alguna instancia del Gobierno”.

Además, dio a conocer que en el legislativo existen peticiones de informe escrito dirigidas al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, para conocer en detalle qué es lo que está pasando al interior de la Policía en relación a los últimos casos de hechos irregulares.

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