El fallo fue adoptado de manera unánime por los nueve magistrados del TCP y se presentó públicamente el miércoles 14 de mayo de 2025, durante una conferencia de prensa en Sucre.

Detalles de la sentencia

Yván Espada, el decano del TCP, explicó que esta disposición se aplicará de forma retroactiva y también afectará a las candidaturas que están en curso. “Ningún ciudadano boliviano, bajo ninguna circunstancia, puede ejercer más de dos veces el cargo electo de presidente y vicepresidente, sea de forma continua o discontinua”, afirmó Espada.

La sentencia anula lo que se había establecido en la Sentencia Constitucional 084/2017, que había permitido a Morales postularse nuevamente, argumentando que la reelección indefinida era un derecho humano.

Fundamentos del nuevo fallo

En contraste, el nuevo fallo sostiene que este argumento carece de fundamento constitucional y no tiene respaldo internacional. Se basa en la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que rechaza la reelección indefinida como un derecho humano.

El documento también aclara que la frase “una sola vez”, que se encuentra en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, limita la posibilidad de una tercera candidatura. Este criterio se aplica incluso a aquellos que ya han ocupado mandatos en el pasado. “Quienes hubieran ejercido dos mandatos continuos o discontinuos ya no tienen posibilidad alguna de volver a postularse ni ejercer el mismo cargo en ningún momento o circunstancia”, establece la sentencia.

Reacciones políticas

Esta decisión se produce después de que el presidente Luis Arce decidiera no postularse y pidiera a Morales que no insistiera en su candidatura. Sin embargo, el exmandatario ha reiterado que “solo el pueblo” puede solicitarle que se retire y ha asegurado que continuará en la carrera electoral.

Por su parte, Francisco Vargas, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), indicó que la Sala Plena del órgano electoral emitirá una posición oficial una vez que reciba la notificación formal de la sentencia del TCP. Hasta ese momento, el TSE no se pronunciará sobre la habilitación o inhabilitación de candidatos.

Origen de la acción legal

El fallo del TCP responde a una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por 2 diputados disidentes de Creemos, quienes solicitaron la revisión de artículos de las leyes 381 de Aplicación Normativa y 026 de Régimen Electoral.

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Esta afirmación se basa en la Opinión Consultiva que Colombia presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta opinión establece que la reelección indefinida no se considera un derecho humano.

Impacto de la marcha

Montaño minimizó el impacto legal de la marcha que Morales ha convocado desde Caracollo hacia La Paz, programada para el martes. También desestimó el bloqueo de caminos que se organiza desde el Chapare.

Según el ministro, estos esfuerzos tienen como finalidad presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que reconozca a los dirigentes del congreso del Movimiento al Socialismo (MAS), quienes son afines a Morales.

Críticas a Evo Morales

El ministro criticó a Morales por no respetar la separación de poderes que está establecida en la Constitución Política del Estado. Recordó que tanto el Tribunal Constitucional como el TSE han emitido resoluciones en su contra.

Además, Montaño destacó que la reciente consulta que realizó Colombia a la Organización de Estados Americanos (OEA) reafirma que la reelección no es un derecho humano.

Reacciones a la marcha

“Con eso han quedado sepultadas estas aspiraciones que tiene Evo Morales”, afirmó Montaño en una entrevista en el canal estatal. También añadió que la marcha convocada por el expresidente será rechazada por la ciudadanía.

El ministro predijo que este movimiento pasará al Guinness Récord por ser un evento sin precedentes en Bolivia, donde las personas están obligadas a marchar desde el trópico de Cochabamba.

Condecoración y bloqueos

Montaño recordó que la reciente propuesta de condecoración para Morales en Cochabamba fue mayoritariamente rechazada por la población.

Asimismo, cuestionó el papel del expresidente en los bloqueos de caminos, que, según él, han causado sufrimiento al pueblo boliviano. Montaño hizo referencia a que, en momentos críticos, Morales optó por salir del país, recordando su exilio a México tras los conflictos de octubre de 2019.

Honrar a los bomberos

Finalmente, el ministro sugirió que, en lugar de condecorar a Morales, sería más apropiado honrar a los bomberos que combaten los incendios en Cochabamba y Santa Cruz. Destacó la labor de estos profesionales en beneficio de la sociedad, en contraste con los bloqueos que, en su opinión, solo generan perjuicio a los bolivianos.

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Según Romero, Evo Morales está plenamente habilitado para postularse en las elecciones de 2025. El objetivo de la Acción de Amparo Constitucional era preservar la libertad de expresión en el reglamento de selección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial.

Sentencia protege libertad de expresión, explica Romero

Romero explicó que la sentencia protege específicamente la libertad de expresión. Según él, el verdadero contexto es la violación de dicha libertad en el Reglamento de Elecciones Judiciales, que establecía que un funcionario público que se postule como magistrado quedaría inhabilitado si había emitido opiniones políticas.

Preocupación por interpretaciones erróneas y desinformadas

El exministro manifestó su preocupación por las interpretaciones erróneas y desinformadas ante la opinión pública. Aclaró que estas interpretaciones falsas sugieren incorrectamente que esta sentencia estaría impidiendo una eventual postulación electoral de Evo Morales en 2025.

No existe limitación a la reelección discontinua, argumenta Romero

Señaló además que en la parte considerativa se menciona una interpretación teleológica según la cual, la reelección discontinua estaría limitada a un máximo de diez años para un presidente o vicepresidente. Sin embargo, Romero argumenta que esta consideración no guarda relación con el objeto principal del amparo constitucional.

Cuestionamiento a interpretación sobre “dictadura de un solo partido”

Romero afirmó que no existe ningún instrumento legal, jurisprudencia nacional o internacional, ni la Opinión Consultiva 028 de la Corte-IDH que establezca limitaciones a la reelección discontinua. También cuestionó una interpretación en la sentencia según la cual, el tiempo prolongado del MAS en el gobierno estaría generando una “dictadura de un solo partido en el poder”.

Explicó que esto implicaría que no solo el MAS, sino cualquier partido político estaría inhabilitado si permanece más de diez años en el poder, lo cual promovería una dictadura camuflada. Según Romero, estas consideraciones no tienen relación con el tema de la reelección y no forman parte de la sentencia porque no eran objeto de consulta. Sin embargo, reconoce que fueron incorporadas para generar confusión y desinformación con fines políticos por parte de personas interesadas en inhabilitar a Evo Morales y proscribir al MAS.

Estrategia externa para impedir postulación de Evo Morales

Romero advirtió sobre una estrategia externa de la derecha y del gobierno para impedir la postulación de Evo Morales. Afirmó que, para el MAS, esta sentencia carece de efecto jurídico vinculante y no puede aplicarse a un objeto diferente al amparo constitucional. Reconoció que, aunque en su fondo lleva un mensaje político contra Morales, esto no afecta su habilitación para las elecciones de 2025.

Concluyó asegurando que el control convencionalidad tampoco fue objeto de consulta y por tanto Evo Morales está plenamente habilitado para postularse en las elecciones venideras.

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Evo Morales, quien gobernó Bolivia desde 2006 hasta 2019, expresó su descontento con la sentencia a través de sus redes sociales. “La sentencia política del TCP autoprorrogado es la prueba de la complicidad de algunos magistrados con el Plan Negro que ejecuta el Gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana”, escribió.

Morales continúa luchando a pesar del revés legal

El exmandatario hizo estas declaraciones durante una reunión nacional en Ivirgarzama, en el Trópico de Cochabamba, considerado como su bastión político y sindical. A pesar del revés legal, Morales aseguró que seguirá luchando: “Ningún miedo. ¡La lucha sigue, hermanas y hermanos!”.

El fallo constitucional sobre reelección indefinida

Este viernes fue cuando se emitió dicha sentencia constitucional por parte del TCP. En ella se estableció que ni el presidente ni el vicepresidente pueden ejercer más de dos mandatos continuos o discontinuos. Esta decisión se basa en una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021.

El contexto histórico-político y la renuncia de Morales

En este contexto histórico-político es importante recordar que Evo Morales buscaba ser reelecto para un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de 2019. Sin embargo, tras una serie de protestas y acusaciones de fraude electoral, Morales renunció y se exilió a México.

Tensiones entre el gobierno actual y el expresidente

La sentencia del TCP no solo cierra la puerta a una posible candidatura futura de Morales sino que también pone en evidencia las tensiones existentes entre el actual gobierno de Luis Arce y el expresidente. Las consecuencias políticas a largo plazo aún están por verse, pero lo cierto es que esta decisión ha generado un nuevo escenario político en Bolivia.

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Cuéllar expresó su satisfacción por los alcances de la sentencia, que confirma que en Bolivia no existe la reelección indefinida y que esta figura no puede considerarse un derecho humano, tal como lo establece la Sentencia Constitucional 084/2017. Esta última habilitó a Evo Morales para una tercera elección presidencial e intentaba una cuarta repostulación para las elecciones.

Respeto a la democracia y acatamiento de decisiones

El diputado destacó que el Tribunal ha hecho valer la Constitución Política del Estado y pidió a Morales respetar la democracia y acatar la decisión de los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes cuestionan su liderazgo perpetuo.

Fin de caudillos y dictadores

A través de su cuenta de X, señaló que con esta resolución en Bolivia se acabaron los caudillos y dictadores, y que Evo deberá ser procesado y encarcelado. señalando que el MAS nunca pondrá las manos al fuego ni lo defenderá.

El legislador cruceño es uno de los diputados que critican el liderazgo nacional de Evo Morales según lo establecido en el Estatuto Orgánico del MAS. Este estatuto establece una serie de requisitos para ser dirigente o candidato presidencial, incluyendo los 10 años de antigüedad en la militancia, lo cual impediría que Luis Arce Catacora sea siquiera candidato en las primarias de ese partido.

Pendientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional aún tiene pendiente de pronunciamiento las impugnaciones realizadas por el mismo Cuéllar en su calidad de diputado expulsado por Evo Morales junto a otra Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la diputada Deisy Choque.

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Además, destacó la necesidad de anular la Sentencia 084 antes de que finalice su mandato en diciembre.

Responsabilidad por permitir reelección sin referéndum

El analista resaltó que los anteriores magistrados también deben enfrentar procesos legales por haber permitido que Evo Morales fuera reelegido sin tener en cuenta el referéndum del 21 de febrero de 2016.

“Con la Opinión Consultiva que estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano, los magistrados tienen la responsabilidad de responder a los bolivianos y están poniendo en riesgo la vida democrática del país y su propia libertad”, agregó durante una entrevista con la red Erbol.

Fallo determinará su reputación o proceso legal

Ruiz señaló que si resuelven el tema a favor de la democracia, serán recordados por haberse adherido al Estado constitucional de derecho; sin embargo, si emiten un fallo favorable a algún líder político, serán sometidos a proceso en el próximo congreso.

Además, Ruiz afirmó que actualmente el TCP se ha vuelto más político que la Asamblea Legislativa, ya que cada fallo emitido beneficia a algún político en turno y distorsiona la justicia constitucional.

“Lo hizo con Jeanine Añez, lo hizo con Evo Morales y ahora con el presidente Luis Arce. Por lo tanto, el TCP se ha convertido en un poder supraestatal porque define el futuro político del país y modifica la Constitución según el poder en turno”, sostuvo.

Riesgo de instaurar un Estado totalitario

Por otro lado, señaló que los anteriores magistrados deben ser incluidos en un futuro proceso por las muertes ocurridas en 2019. Si no hubieran cedido a la ambición de poder político de Evo Morales, no habría habido víctimas durante la crisis de octubre de 2019.

Peligro para Bolivia si no se considera Opinión Consultiva

Advirtió que si no se toma en cuenta la Opinión Consultiva, se estaría instaurando en Bolivia un Estado totalitario similar al que existe en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y los propios bolivianos lo sufrirán.

/JDLF/

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El Gobierno colombiano presentó este recurso ante el organismo internacional en 2021, después de que en Bolivia se aprobara la sentencia constitucional 084/2017 que establecía la reelección indefinida como un derecho humano; sin embargo, la CIDH manifestó que esa figura no era legal.

Naturaleza y alcance de la opinión consultiva

Al respecto, Chávez precisó que la opinión consultiva tiene un carácter genérico y no se refiere específicamente a un estado, como sería Bolivia en este caso; igualmente explicó que este recurso es orientativo y no vinculante, lo que no lo hace de cumplimiento obligatorio ya que no surge de una sentencia o un juicio.

Aplicación prospectiva y progresiva

El exprocurador también señaló que la opinión consultiva es prospectiva, por lo que su aplicación sería a partir del 2021; pero además progresiva, lo cual significa que los estados pueden decidir aplicar lo establecido en ese recurso cuando consideren conveniente y no de inmediato.

Antecedente del caso de Lula da Silva

Como antecedente se refirió al caso del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue elegido en 2004 y reelegido en 2008; pero el año pasado consiguió un tercer mandato no consecutivo después de ganar las elecciones en ese país.

Aclaraciones sobre la reelección

“La opinión consultiva ya estaba disponible más de un año antes de las elecciones en Brasil, y ellos tienen una fórmula similar a la de la Constitución boliviana. Entonces, si esto se hubiera aplicado, Lula no habría sido Presidente, pero nadie alzó la voz para inhabilitarlo”, manifestó Chávez.

Evo Morales y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)

Por tanto, aclaró que la reelección se refiere únicamente a los presidentes y no a cualquier ciudadano, por lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no tendría ningún argumento para impedir que Evo Morales sea candidato, ya que en este momento no es el mandatario del país.

Aclaración tras declaraciones del presidente del TCP

Finalmente, aclaró que salió a dar estas explicaciones después de que las declaraciones del presidente del TCP, Paul Franco, respecto a la opinión consultiva generaran una serie de especulaciones sobre la candidatura del expresidente, pese a faltar dos años para las elecciones.

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El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Delfor Burgos, precisó que si bien la Constitución Política del Estado (CPE) establece que una persona no puede ser reelegida como Presidente más de una vez consecutiva, no especifica si está prohibido en caso de descansar una o más gestiones.

Ejemplos históricos y posibilidad para Evo Morales

En ese sentido, afirmó que Evo Morales podría postularse como candidato en los comicios de 2025 sin problemas, y esto no atentaría contra el precepto de que la múltiple reelección no es un derecho humano, ya que varios exmandatarios gobernaron varios periodos no consecutivos. “Víctor Paz (Estensoro), por ejemplo ¿Cuántos años fue Presidente? Tres o cuatro gestiones, pero en forma pausada. Entonces esto ya ocurrió en Bolivia y mientras no se cambie alguna normativa, Evo Morales puede ser candidato”, declaró el legislador.

Pedido para evitar situaciones inconstitucionales

Sin embargo, el jefe de bancada del MAS en Diputados, Andrés Flores, manifestó su deseo de que el Tribunal Constitucional y las demás autoridades competentes no cometan nuevamente el error de incumplir la Constitución al habilitar la reelección. Actualmente rige en Bolivia la Sentencia Constitucional 084/2017, donde se establece la reelección como un derecho humano contradiciendo lo sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este sentido, Flores pidió que se analicen todos los aspectos para evitar situaciones inconstitucionales.

Debate sobre legalidad de la reelección

El debate sobre esta situación resurgió después de que el presidente del TCP, Paul Franco, manifestara el miércoles que aplicaría la opinión consultiva de la CIDH respecto a la ilegalidad de la reelección como un derecho humano, solo 24 horas después de recalcar que la Sentencia Constitucional 084/2017 estaba vigente hasta que se emita otro fallo.

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La autoridad precisó que no tiene conocimiento sobre alguna solicitud de cambio al estatuto del partido en función de Gobierno, sin embargo, la Comisión de Admisión que esté de turno será la encargada de analizar esa petición.

Según explicó Cornejo, estas acciones de control normativo deben pasar un filtro de admisibilidad al que son sujetas después de esperar su turno correspondiente, por lo que el tiempo varía de acuerdo a cuántas solicitudes tiene que atender la comisión.

“Si en su caso se admite, se sortea la causa y uno de los magistrados será el relator, quien dará a conocer al Tribunal y tendrán 45 días para emitir una sentencia”, declaró a LA PATRIA en la Sede de Gobierno.

Reelección indefinida

Respecto a la polémica por la reelección indefinida, la magistrada manifestó que no puede emitir criterios sobre temas puntuales, debido al cargo que ocupa, por lo que pidió a los medios no consultarla al respecto.

/ LMPT

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“Ante la flagrante vulneración de los derechos humanos y, sobre todo, la aplicación de la Carta Americana de Derechos Humanos, vamos a plantear un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado boliviano. Además, en ese planteamiento estará contra esta autocracia del Movimiento Al Socialismo que no permite tener una justicia independiente”, declaró Pedrazas a la Agencia de Noticias Fides (ANF).

El parlamentario informó que trabaja para presentar la demanda junto a su equipo de abogados y espera que en los próximos días se sumen más parlamentarios.

Argumentó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) violó la Convención Americana de Derechos Humanos con la sentencia constitucional 084/2017 que avaló la repostulación de Evo Morales, y, posteriormente, por no dar cumplimiento al dictamen respecto a la opinión consultiva sobre la reelección como un derecho humano.

“La decisión del Tribunal Constitucional violó la Convención Americana de Derechos Humanos, interpretó un tribunal que no era el tribunal que tenía la legitimidad para hacerlo como el Constitucional y que ahora que existe la opinión consultiva”, dijo el legislador.

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El caso ya fue tratado en el Comité del Ministerio Público, en el cual la mayoría del MAS aprobó un informe que desestima la denuncia contra los exmagistrados, sin embargo, el diputado de CC, Carlos Alarcón, está presentando otro informe para poner a consideración y que se impute a lo extribunos, reportó Erbol.

“Los legisladores del MAS quieren darle este sello de impunidad, para que los próximos autócratas, como el expresidente Evo Morales, vuelvan a intentar violar la soberanía del pueblo, violar la Constitución Política del Estado, para quedarse de manera indefinida en el poder”, afirmó Alarcón.

Seis exmagistrados del TCP fueron los que firmaron la sentencia 084/2017, con la cual se suspendió la vigencia de los artículos de la Constitución que impedían la reelección por más de una vez consecutiva, bajo el argumento de que esa limitación estaba en contra la Convención Americana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó posteriormente, que la reelección indefinida no es un derecho humano y que limitar la reelección es permitido.

El diputado Alarcón lamentó que los actuales magistrados no anulen la sentencia 084/2017, a pesar de que ya existe el pronunciamiento de la Corte IDH. Además considera que se quiere mantener la lógica de impunidad y que “entre bomberos no se pisan la manguera”.

Si la Comisión de Justicia Plural aprueba la imputación contra los exmagistrados se abrirá la etapa preparatoria de juicio de responsabilidades, pero si se aprueba el rechazo, se archivará el proceso.

Alarcón estimó este lunes que, entre mañana o pasado mañana la Comisión de Justicia Plural tratará el tema.

Asimismo, insistió en que se debe imputar a los exmagistrados, porque de lo contrario sería un precedente nefasto en contra del voto de la población en el referendo del 2016, cuando se negó la posibilidad de modificar la Constitución para habilitar la reelección indefinida.

/HNF/

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“¡Admitieron mi impugnación! Ahora el Tribunal Constitucional deberá resolver en favor de los bolivianos que dijimos NO el 21F. Si no lo hacen, estarán defendiendo directamente a Evo Morales, razón que nos habilita a demandar al Estado Boliviano ante la Corte IDH”, afirmó el diputado mediante su cuenta de twitter.

El diputado por CC presentó esta acción popular para que se deje sin efecto la sentencia constitucional 084/2017, en la que anularon los artículos 156, 168, 285 y 288 de la Constitución y cinco apartados de la Ley de Régimen Electoral para dar vía libre a la repostulación de Evo Morales a la presidencia de manera indefinida.

Después de que el 51,3% de los votantes en el país le negara a Morales la posibilidad de otra reelección a través de un referéndum, el MAS presentó un recurso ante el TCP, que resolvió que debía aplicarse de “manera preferente” el Pacto de San José sobre la Constitución boliviana, al considerar que la reelección es un derecho humano.

La pasada gestión la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano y que este tipo de hechos se constituyen en un peligro para la democracia representativa.

“La Corte concluyó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo, pues no cuenta con reconocimiento normativo en la Convención ni en la Declaración Americana, y de forma general, en el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, en otros tratados internacionales, ni en los principios generales de derecho”, se lee en el comunicado de la organización.

/HNF/

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“Hoy hemos presentado una Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (…) El objetivo de esta Acción Popular es que la justicia deje sin efecto la sentencia ilegal 084/2017, que dispone que la reelección (presidencial) es un derecho humano”, dijo al señalar que el recurso ingresó a la Sala Constitucional Primera.

Uno de los argumentos que maneja el legislador opositor es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) determinó que la reelección indefinida “no es un derecho humano”.

En su momento, el expresidente Evo Morales se valió de ese argumento para intentar mantenerse en el poder pese a que el 21 de febrero de 2016 el “No” ganó en el referéndum, según reportó Correo del Sur.

“Esperemos que el tribunal responda a la atura de la Acción que se ha presentado porque primero, ya hay una opinión consultiva de la Corte IDH que no es un derecho humano la reelección que es contradictoria a la sentencia constitucional y segundo, de ser rechazada la acción constitucional conforme al procedimiento, porque puede ser que haya una presión política, vamos a ir a la Corte Interamericana para que haga cumplir su propio fallo”, afirmó Pedrazas.

En criterio del legislador, el Tribunal Constitucional “no puede seguir las chicanearías y seguir sometido al Ejecutivo” y llamó a los magistrados a cumplir con una “obligación moral” para “reconducir la justicia constitucional” y dar certeza de que el país vive en un Estado de derecho.

/RXVCH/

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Asimismo, dijo que se plegó a la decisión mayoritaria al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), que aprobó la vía de reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado. El 21 de febrero el “NO” en la consulta popular se impuso y la población rechazó la repostulación indefinida de Evo Morales y Álvaro García Linera.

“Yo mantengo mi posición, que Morales en ese momento era la garantía de unidad del bloque popular. Las vías que hubieran habilitado a que Evo Morales pudiera presentarse a las elecciones nuevamente eran necesarias de impulsar políticamente. Y, yo no estaba de acuerdo por ir con la vía del referéndum, yo planteaba otra vía junto al ‘gringo’ Gonzáles, los dos éramos presidentes de ambas cámaras, pero nuestras posiciones fueron derrotadas internamente”, dijo la exdiputada en contacto con el diario La Razón.

El exmandatario fue blanco de denuncias sobre un presunto tráfico de influencias a favor de su exnovia, Gabriela Zapata, en la empresa china CAMC; además que se puso en debate y polémica la existencia de un hijo en común de la pareja, hecho que fue descartado por la vía judicial.

Transcurrieron seis años desde que el 20 de noviembre de 2015, en plena campaña electoral, Montaño arengó contra la oposición, que promovía la consigna del NO, y dijo: “Aunque quieran esconderse, porque no tienen muy buena aceptación de la población, han perdido todas las elecciones a las que se han presentado y pretenden esconderse detrás de campañas ciudadanas, no lo van a lograr. Por supuesto que es legítimo (el referéndum), pero que no traten de esconderse detrás de la ciudadanía, que le digan de frente al país”.

Tras la derrota de la intención oficialista, Montaño aseguró que los resultados de la consulta popular se aplicaron ya que no se modificó la CPE, pero surgió la iniciativa de apelar a tratados internacionales para dejar en suspenso artículos de la ley fundamental, aquello se dio en noviembre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional falló a favor de la propuesta de legisladores del MAS, según reportó ANF.

Pese a las observaciones y al rechazo de la oposición, el TCP avaló la reelección indefinida al amparo del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero el 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de las aspiraciones de quienes defendían la reelección indefinida y estableció que la convención no reconoce esta figura como un derecho humano.

El 25 de noviembre de 2016, la expresidente de Diputados afirmó: “Yo lo dije una y mil veces, para nosotros el mejor (…) es el presidente Evo Morales y nosotros vamos a buscar las rutas legales y constitucionales para que él siga presidiendo (el gobierno), por supuesto, con la decisión y el respaldo que tendrá que darse primero en procesos electorales”.

Morales renunció a la presidencia luego de declararse ganador en las elecciones de 2019, aunque la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo en su informe que hubo irregularidades y acciones dolosas que pusieron en duda los resultados. En medio de convulsiones, el exmandatario salió de Bolivia junto a Álvaro García Linera y Gabriela Montaño, rumbo a México.

Montaño reveló que oficializó su renuncia al cargo de ministra de Salud recién cuando llegó a la capital mexicana. Durante su estancia, de un poco más de un año en el gabinete.

El declive del gobierno de Morales y los conflictos sociales de 2019 fueron observados por el exministro de Justicia y actual embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, quien el 15 de julio de 2021 dijo: “Nos hubiéramos ahorrado muchas situaciones si Evo hubiera tomado la decisión de no ser candidato”, en contacto con la red Erbol.

Al día siguiente, Montaño le respondió en Twitter: “Nos hubiéramos ahorrado muchas situaciones, si esas posiciones autocríticas las hubiéramos planteado antes del golpe de Estado”.

/RXVCH/

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Uno de los accionantes, William Bascopé, informó al respecto, señalando que la ratificación fue puesta en su conocimiento recién esta jornada y que el documento tiene fecha de 1 de septiembre.

La petición de nulidad contra la sentencia 084/2017 fue presentada en 2019. La Comisión de Admisión rechazó la misma bajo argumento de que los juristas accionantes no estaban legitimados para formar parte del proceso y luego de una impugnación, el pleno del TCP ratificó esa decisión.

“El Tribunal Constitucional en pleno ha tratado y se ha mantenido con lo que ha dicho la Comisión de Admisión, es decir que no estamos habilitados nosotros para esta solicitud, que no somos parte de esta Acción de Inconstitucionalidad y, por lo cual, confirman su decisión de no dar curso nuestra petición”, señaló Bascopé en contacto con la red Erbol.

Recalcó que con esa decisión “obviamente” la sentencia constitucional 084 sigue vigente.

No se toma en cuenta el dictamen de la Corte-IDH

Resaltó que con esa decisión, “se pasa por alto” el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual determinó que la reelección indefinida no es derecho humano.

“Entonces yo creo que el Tribunal Constitucional está tomando una postura atentatoria contra la misma Constitución”, afirmó.

El jurista subrayó que el Tribunal Constitucional, “si es guardián de la Constitución, ya debería haber modulado” la sentencia 084 de acuerdo con el dictamen de la Corte IDH.

Explicó que el TCP tenía la oportunidad con esta demanda de nulidad de modular la sentencia 084/2017, pero lamentó su desestimación.

Demanda

La demanda fue presentada por varios juristas y académicos, entre ellos, Roger Gilberto Cortez, Juan del Granado, José Antonio Santibáñez, William Bascopé, William Herrera, Rubén Darío Cuéllar, Arturo Yáñez, Manuel Añez y Rafael Humberto Subieta.

El argumento del TCP para rechazar la demanda de nulidad fue que los juristas no forman parte del proceso, iniciado por diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) que derivó en la sentencia 084/2017. Bascopé calificó de “absurdo” el criterio del Tribunal.

/JDLF/

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El fallo de la Corte-IDH confirma que la repostulación de Morales en los comicios del 2019 fue totalmente contraria a la Constitución Política del Estado (CPE) y a las normas internacionales, indicó el jurista a la red Erbol.

Asimismo, señaló que los miembros del Tribunal Constitucional cometieron “un invento” al emitir el fallo 084/2017, declarando la reelección indefinida como un derecho humano.

El ministro de Justicia, Iván Lima, en días precedentes señaló que el tema reelección indefinida es un “tema cerrado” en el marco de la Ley 1266.

“(Queda) en la nada el supuesto golpe de Estado porque no habría afectado de ninguna manera a Evo Morales, debido a su postulación fue ilegal y no puede reclamar victoria alguna”, aseveró el jurista.

En relación a los demás cargos electivos, como alcaldes y concejales municipales, gobernadores y asambleístas departamentales, Chávez manifestó que el Tribunal Constitucional tiene que modular la sentencia 084/2017 dejándola sin efecto.

“Por imperio del razonamiento de la Opinión Consultiva se tiene que evitar toda forma contraria a la democracia y Evo Morales ya tuvo el ejercicio del derecho, se excedió y ya no tendría derecho a postular hacia futuro”, remarcó.

En ese contexto es que el abogado constitucionalista afirma que los fallos de la Corte-IDH no son determinaciones “decorativas” para exhibirlos como “un adorno en una sala”, sino que el efecto que tienen es resguardar la democracia ante “un expresidente que hace uso y abuso de la reelección”, finalizó.

/GFS/

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“Cualquier pronunciamiento de la Corte (IDH) viene a ser extemporáneo porque en Bolivia ya hemos definido por ley que no hay reelección indefinida, eso que implica, que no se pueda tener más de dos elecciones seguidas”, aseveró Lima en contacto con el portal Innovapress.

El titular de la cartera de Justicia indicó que luego de debates en la Asamblea Legislativa concluyeron que luego de una elección democrática se puede acceder a una sola reelección.

“Lo que decía la Sentencia Constitucional 84/2017 es que en Bolivia podían darse una serie de reelecciones, una, dos, tres, cuatro, cinco o seis. Ese elemento que decía la sentencia constitucional ya no existe en el país porque cuando se convocó a elecciones que llevaron como presidente a Luis Arce se dijo que solamente puede haber una reelección y se descartó la reelección indefinida”, sostuvo.

Asimismo, informó que el Órgano Ejecutivo espera una notificación de la Corte (IDH) sobre la Opinión Consultiva.

Lima recalcó que el fallo de la Corte (IDH), es innecesario considerando que en el país, supuestamente está resuelta esa situación.

“En este momento en el país, no hay reelección indefinida. Si la Corte (IDH) nos dice (que) no hay reelección indefinida, nosotros les diremos gracias por su opinión, pero en Bolivia ya está resuelto este problema”, añadió Lima.

Fallo de la Corte (IDH)

En días precedentes, la Corte (IDH) cerró el 142 periodo ordinario de sesiones, centrándose en el artículo 23 de este instrumento jurídico que establece “el derecho a elegir y ser elegido”, el cual fue empleado por el Tribunal Constitucional de Bolivia para habilitar a Evo Morales como candidato en las Elecciones Generales de 2019.

La Comisión de la Corte señaló que la “reelección presidencial indefinida” contradice lo establecido en la Convención Americana.

El falló será oficializado cuando se notifiquen a los 34 Estados del hemisferio, según informó el departamento de prensa de la Corte al diario El Deber.

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Afirmó también que las últimas declaraciones del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revelan las “artimañas” que utilizó para manipular la justicia en el 2020.

La mañana del sábado 26 de junio, Astorga publicó en su cuenta de Twitter que “prácticamente” era un hecho que la Corte IDH establecería un fallo en contra de la reelección indefinida y que en ese caso Morales tendría que rendir cuentas ante la justicia.

La Constitución Política del Estado (CPE) señala, en su artículo 168, que las autoridades pueden ser reelectas “por una sola vez de manera continua”.

La Corte IDH ya emitió su Opinión Consultiva respecto a si la reelección indefinida es o no un derecho humano, pero a la espera que los países sean notificados, el fallo aún no se hizo público.

“El expresidente últimamente está contando todo lo que hizo, todas las artimañas que utilizó, en este caso, para manipular la Justicia, sus cálculos políticos, sus estrategias, incluso para que el Presidente Luis Arce llegue al poder. En ese sentido, por la propia boca del expresidente Evo Morales están saliendo todas las irregularidades que él mismo hizo”, señaló Astorga según la agencia ANF.

Morales reveló que el TSE se contactó con él mediante un “compañero” para evaluar la postergación de las elecciones generales de 2020; señaló que también habló con el Tribunal TCP y que en una semana cambiaron a la presidente del TSJ, desde Argentina.

El asambleísta departamental por el MAS, Gustavo Torrico criticó que CC quiera iniciar acciones por la habilitación de Morales, al considerar que en su momento no estaba prohibido.

“Hay que regalarles códigos y normativas a la oposición. Todo lo que hasta hoy no está prohibido, está permitido”, manifestó este lunes, en declaraciones recogidas por el periodista Armin Copa Monzón.

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La sentencia 084/2017 permitió la repostulación del expresidente Evo Morales y del exvicepresidente Álvaro García Linera, además, posibilitó que cualquier autoridad electa por voto popular pueda postularse al mismo cargo.

En 2019, Róger Cortez, Juan del Granado, José Antonio Santibáñez, William Herrera, William Bascopé, Rubén Darío Cuéllar, Manuel Añez, Arturo Yáñez y Rafael Humberto Subieta, presentaron la demanda de inconstitucionalidad, la cual recibió respuesta el martes 20 de abril de 2021.

Uno de los demandantes, Arturo Yáñez manifestó en su cuenta personal de Facebook su sorpresa de la “aparición” del rechazo a la nulidad, luego de 15 meses.

Se acuerdan de la petición de nulidad de la SCP 84/2017 del “derecho humano” a la reelección y las peticiones…

Publicado por Arturo Yañez Cortes en Miércoles, 21 de abril de 2021

Por la demora del fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad, los demandantes plantearon un Amparo Constitucional, el cual también tuvo una tardanza en su tratamiento, luego de más de seis meses este miércoles se lo atendió y se rechazó la tutela porque el fallo ya había sido emitido en 2019.

ANTECEDENTES

La repostulación indefinida de una autoridad electa no está reconocida en la Constitución Política del Estado, por lo cual el Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsó el referéndum el 21 de febrero de 2016, para permitir una cuarta postulación de Evo Morales a la Presidencia.

En esos comicios ganó el “No” a esa repostulación indefinida, decisión que no fue validada por el exmandatario, derivando en protestas en la ciudanía de Bolivia.

El MAS apeló al TCP para que reconozca la repostulación como un derecho humano, con base en el Pacto de San José. En 2017 el TCP avaló ese pedido, lo que permitió que Morales se postule de nuevo a la Presidencia en el 2019.

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La denuncia penal por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado e incumplimiento de deberes fue interpuesta por Roberto de la Cruz, Gualberto Cusi, Alfredo Morales, Williams Bascopé y otros cuatro activistas.

Los exmagistrados acusados fueron Oswaldo Valencia, Mirtha Camacho, Neldy Andrade, Rudy Flores, Zenón Bacarreza y Macario Cortez.

El 28 de noviembre de 2017 dictaron la Sentencia Constitucional 0084 que habilitó al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera y a todas las autoridades electas a repostularse de manera indefinida.

La demanda no prosperó y la justicia decidió “archivar obrados” de manera “vergonzosa”, afirmó el denunciante y abogado Bascopé, al precisar que el caso será remitido para juicio de responsabilidades a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Total vergüenza para la justicia en el país, el Juez Anticorrupción N° 2 de Sucre, acaba de fallar a favor de los exmagistrados que dijeron que es derecho humano reelegirse indefinidamente para Evo Morales y dio por fundado sus excepciones e incidentes”, protestó Bascopé mediante su cuenta de Facebook.

“Es decir, que la justicia ordinaria no los investigará ni los procesará y que eso debe ir al Parlamento para un juicio de responsabilidades”, reprochó el abogado a la decisión del juzgado.

Flores y Bacarreza habían interpuesto incidentes y excepciones argumentando que no correspondía juzgarlos en la justicia ordinaria, sino en la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia en la que el Movimiento al Socialismo tiene mayoría.

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El diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos anunció que se analiza la presentación de una denuncia penal contra las exautoridades por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y otros tipos penales. Afirmó que ellos no tenían la potestad de interpretar una norma internacional, se indicó en el portal de la Agencia de Noticias ABI.

“La postura que asumió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es clara, la reelección indefinida no puede ser considerada un derecho humano. Los exmagistrados malinterpretaron y se atribuyeron decisiones que no les compete, por eso se está evaluando un proceso penal contra ellos, deben responder por toda esta crisis que está atravesando el país”, precisó el parlamentario.

ANTECEDENTES

El 28 de noviembre de 2017, los entonces magistrados del TCP: Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Neldy Virginia Andrade y Ruddy Flores, aprobaron la Sentencia 084/2017, que permite la reelección indefinida de Evo Morales, en el que declara “la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser la norma más favorable en relación a los derechos políticos.

Ese dictamen dejó sin efecto el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala que la reelección será por una sola vez de forma consecutiva.

El abogado experto en derechos humanos, Franco Albarracín consideró que este caso se debe analizar tomando en cuenta dos puntos; el primero, en base a un desconocimiento de la norma internacional y el derecho constitucional.

El segundo análisis debe ser basado en que los magistrados emitieron un fallo calificado como amañado, por  tanto, sabían que esa decisión iba a derivar en una denuncia penal contra ellos.

Además, afirmó que si se confirma esta opción, se agrava la situación de los extribunos porque esa decisión ocasionó la crisis política en la que sumió el país.

OTRAS DEMANDAS

En enero pasado, el abogado constitucionalista William Bascopé, además de Roberto De La Cruz y el exmagistrado Gualberto Cussi presentaron una denuncia contra los exmagistrados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

El jurista explicó que las exautoridades vulneraron los artículos 7 y 11 de la Constitución, que indican que ”la soberanía reside en el pueblo“ y que ”nadie puede ser reelecto indefinidamente“. 

Además, recordó que el referéndum del 21 de febrero de 2016 rechazó que se reforme la Constitución para permitir la reelección por más de dos periodos consecutivos.

La Fiscalía Departamental de Sucre convocó a todos las exautoridades para que declaren al respecto. Solo se presentaron Oswaldo Valencia, Ruddy Flores, Mirtha Camacho y Neldy Andrade; cada uno se quedó entre una y dos horas, frente a los investigadores para dar su versión sobre la denuncia.
    
Hasta el momento, no existe ningún avance en ese caso, los denunciantes esperan que la Fiscalía agilice el proceso y se presente una imputación formal en las próximas semanas.

El abogado constitucionalista Carlos Alarcón y el colectivo ciudadano Generación 21 denunciaron que el TCP incurrió en un fraude procesal en la tramitación de la sentencia 0084/2017 sobre la reelección indefinida, que según la denuncia ya estaba redactada incluso antes de que sea admitida en el TCP, según hizo conocer el abogado a través de una nota de prensa, según ABI.

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En el análisis, el abogado de profesión, señaló que la población se manifestó que no es posible la reelección indefinida del actual mandatario, porque se actúa en función de lo que manda la Constitución Política del Estado (CPE). Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en su momento, se pronunció que habría una vulneración de un derecho de carácter político. Al restringir este derecho se dio “luz verde”, para que participe en estas elecciones el actual mandatario.

“Partamos de una cuestión, si debería sobreponerse la voluntad popular sobre un Tribunal de carácter constitucional, eso no lo podremos resolver ahora. Se ha ido debatiendo durante mucho tiempo, el pueblo se ha manifestado en un Referéndum el 21 de febrero, que no va una reelección; pero el TCP, que es un tribunal de cierre, es decir que no hay otro superior a nivel del país, ha señalado lo contrario”, dijo.

Argumentó que la decisión del TCP se impone jurídicamente al voto popular, aunque no justamente. Esa situación deriva a dos conceptos clásicos del Derecho, como es la legalidad y lo que es la justicia. 

“Desde mi punto de vista y lo digo como una persona particular, un ciudadano de a pie, éste proceso electoral en la que se ha admitido la postulación de los actuales mandatarios no es un proceso justo estrictamente, porque ya la voluntad popular expresó lo contrario, pero resulta siendo un acto legal porque el TCP ha permitido esta elección de las personas que en justicia no deberían estarlo”, manifestó.

Lo justo no solo va con el respeto estricto de la Ley, lo justo tiene que ver con que se pueda dar respuesta con una inquietud, a un problema desde la perspectiva de lo racional, de lo correcto, de lo ético. En cambio, lo legal implica someterse al “imperio de la ley”, sin que interese si se afectan otros derechos.

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