Padres de familia presionan por recursos educativos en Oruro

Momentos de tensión se registraron este martes en las puertas del Concejo Municipal y de la Alcaldía de Oruro. Padres de familia del Liceo Oruro protagonizaron una movilización con bloqueo de accesos, exigiendo la aprobación de recursos educativos de saldo de caja y bancos para reactivar y concluir la infraestructura educativa, que permanece inconclusa.

Protestas y reclamos por la infraestructura educativa

La protesta derivó en amagos de enfrentamiento con efectivos policiales que resguardaban los ingresos a ambas instituciones. Esto ocurrió en medio de reclamos por la demora en la asignación de recursos y la falta de sesiones del Concejo Municipal para tratar el tema. Los padres denunciaron que la construcción del establecimiento tiene un avance aproximado del 30% tras tres años de ejecución.

Más de 2.000 estudiantes se ven afectados, ya que deben pasar clases en distintas unidades educativas. “Nos dicen que no hay presupuesto y que recién lo van a insertar en el Plan Operativo Anual (POA) de este año. No es justo, esto debía terminarse hace tiempo”, manifestó uno de los padres movilizados.

Compromisos incumplidos y movilización continua

Los padres cuestionaron que las autoridades municipales salientes no hayan aprobado los recursos comprometidos. En la misma línea, el padre de familia Alex Ríos afirmó que la comunidad educativa continuará en estado de movilización hasta garantizar la conclusión de la obra. “Estamos en pie de lucha por nuestras hijas. No podemos seguir peregrinando de un lugar a otro”, señaló, al tiempo que convocó a otras unidades educativas con problemas similares a sumarse a las protestas.

Exigencias específicas y respuesta municipal

Los movilizados exigen específicamente la aprobación del saldo de caja y bancos en el Concejo Municipal. Este es un requisito para que el municipio pueda cumplir con su contraparte económica y permitir el avance del proyecto. Desde la Alcaldía, la secretaria municipal de Economía y Hacienda, Milka Condarco, explicó que la participación económica del municipio en este proyecto es reducida y corresponde principalmente a tareas de fiscalización, con un monto que oscila entre 240.000 y 300.000 bolivianos.

Aclaró que estos recursos forman parte del registro de saldo de caja y bancos, que incluye además otros fondos como 16 millones de bolivianos del Sistema Único de Salud (SUS), recursos de seguridad ciudadana y proyectos de inversión priorizados conforme a la normativa vigente.

Trámites administrativos y futuro incierto

Con respecto al avance del proyecto, Condarco indicó que la inscripción de estos recursos responde a procedimientos técnicos y legales, y que el pago se realizará una vez que la empresa constructora presente las planillas correspondientes. Sin embargo, señaló que desconoce si dichas planillas ya fueron remitidas al municipio.

Por su parte, el secretario municipal de Infraestructura Pública, Russel Ramírez, detalló que el proyecto del Liceo Oruro se ejecuta en el marco de un convenio entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), la Gobernación y el Gobierno Municipal. Explicó que en 2024 se firmó una adenda mediante la cual el municipio asumió una contraparte de aproximadamente 312.000 bolivianos para modificaciones técnicas, como la construcción de pilotes.

Preocupaciones sobre los recursos disponibles

Este monto debe ser desembolsado cuando la obra alcance el 37% de avance físico. Según el último reporte, la obra se encuentra entre el 35% y 36% de avance, lo que ha generado preocupación en los padres sobre la disponibilidad oportuna de los recursos. Ramírez aseguró que el Ejecutivo municipal ya realizó la inscripción de estos fondos en saldo de caja y bancos y que el trámite fue remitido al Concejo Municipal en marzo.

No obstante, denunció que la aprobación se encuentra paralizada debido a la falta de sesiones del ente deliberante en el actual contexto de transición de autoridades. “Si no lo aprueba este Concejo, tendrá que hacerlo el siguiente. Es un problema que escapa de nuestras manos”, sostuvo.

Impacto directo en el derecho a la educación

El trámite para la aprobación de los recursos fue gestionado conforme a normativa y actualmente depende del Concejo Municipal, instancia responsable de su análisis y aprobación final. Mientras tanto, los padres advierten con radicalizar sus medidas de presión si no se concreta una solución inmediata. Este conflicto pone en evidencia demoras administrativas, falta de coordinación institucional y el impacto directo en el derecho a la educación de cientos de estudiantes.

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