La situación económica a nivel nacional ha tenido un impacto directo en el presupuesto del GAMO, que ahora se encuentra en riesgo. Esto es especialmente preocupante porque no se han recibido los adicionales necesarios para cumplir con las proyecciones de inversión para el año 2025.

Fuentes de presupuesto del GAMO

El presupuesto del GAMO proviene de diversas fuentes, que incluyen el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la Coparticipación Tributaria y recursos propios. Para el año 2024, el Ministerio de Economía notificó que el GAMO debería registrar un presupuesto inicial de 108.246,99 bolivianos en la fuente IDH.

No obstante, a lo largo de la gestión, no se han visualizado adicionales provenientes de esta fuente. El presupuesto vigente que ha terminado el GAMO por esta fuente es igualmente de 108.246,99 bolivianos.

Al realizar un análisis del presupuesto percibido, se determinó que este recurso asciende a 73.831.212,52 bolivianos. Esto representa una diferencia de 34 millones de bolivianos menos en comparación con lo esperado, ya que el ingreso percibido es del 68,21%.

Análisis de coparticipación tributaria

En cuanto a la fuente de coparticipación tributaria, el Ministerio de Economía indicó al GAMO que debía inscribir en el presupuesto 2024 un monto de 197.587.836 bolivianos. Según Condarco, durante el año se recibió un adicional de 7.725.140 bolivianos, lo que eleva el total de esta fuente a 205.312.976 bolivianos.

Sin embargo, el GAMO percibió del Gobierno Central un total de 165.570.440,17 bolivianos, lo que significa que hay una diferencia de 39.742.535,83 bolivianos que no se han recibido. “Porcentualmente hablando, hemos recibido apenas el 80,64% de lo que se había indicado que el GAMO iba a tener por concepto de la fuente de coparticipación tributaria”, explicó Condarco.

Disminución de recursos adicionales

Claudia Cahuana, directora de planificación del GAMO, también mencionó que los adicionales asignados a los municipios han ido disminuyendo con el tiempo. En 2022, el GAMO recibió en adicionales un monto de 62.705.720 bolivianos; en 2023, solo se recibieron 37.644.467 bolivianos, y en 2024, se recibieron 7.852.848 bolivianos.

“En 2022 hemos recibido cuatro adicionales; en 2023 solo tres adicionales y en 2024 solamente un adicional”, comentó Cahuana sobre los recursos económicos disponibles para continuar con los proyectos municipales.

Proyectos en riesgo

El secretario Municipal de Infraestructura Pública, Russel Ramírez, destacó varios proyectos importantes, como el Centro de Salud Alto Oruro, que requiere una inversión cercana a 10 millones de bolivianos, y el Hospital “Isaías”, cuyo costo total estimado es de 54,4 millones, donde el GAMO cubre el 20% de la inversión.

Ramírez también mencionó la ampliación del sistema de alcantarillado pluvial en calle Iquique, que tiene un costo proyectado de 20 millones. “Estos proyectos se encuentran en riesgo, ya que el presupuesto adquirido según proyección para esta gestión es de 131,3 millones”, advirtió Ramírez sobre las necesidades financieras actuales del municipio.

El GAMO parte con una inversión inicial estimada en 70,1 millones y necesita adicionales del Nivel Central para asegurar los proyectos e inversiones necesarias para su funcionamiento adecuado durante este año fiscal. “Esta crisis puede golpearnos lamentablemente y puede que no lleguemos a los 130 millones proyectados”, agregó Ramírez sobre las implicaciones económicas actuales.

Reducción de recursos asignados

El alcalde Adhemar Wilcarani observó una notable reducción en los recursos asignados al GAMO en comparación con años anteriores. Esta situación obliga a buscar alternativas para dar continuidad a los proyectos municipales.

Se ha detallado que entre las gestiones pasadas y presentes hay una clara tendencia a la baja en los recursos asignados desde el Gobierno Central hacia todos los municipios del departamento, lo que afecta su capacidad operativa y desarrollo local.

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Demoras en el pago de sueldos

La problemática se hizo evidente con la demora en el pago de los sueldos correspondientes al mes de agosto. Mientras tanto, se está analizando un plan de austeridad y reestructuración administrativa para mitigar la iliquidez que afecta al sistema judicial.

Gestiones ante el Ministerio

Las autoridades judiciales han comenzado gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para abordar esta crisis. Desde la Asociación de Magistrados de Bolivia, se sugiere reducir la planta administrativa en la Dirección General Administrativa Financiera y en el Consejo de la Magistratura.

Declaraciones del presidente del TSJ

Marco Ernesto Jaimes, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, admitió la semana pasada que la mayor dificultad se presentará en el pago de salarios. Esto se debe a que este rubro consume el mayor porcentaje de los recursos que recibe el Órgano Judicial, tanto de ingresos propios como de la venta de valores en Derechos Reales y del Tesoro General del Estado.

Jaimes también mencionó: “Lo que existe como un déficit es 85 millones de bolivianos. Se están haciendo las gestiones para que esos recursos sean cubiertos por el Órgano Ejecutivo”.

Riesgo en el funcionamiento judicial

Paralelamente a las gestiones para conseguir recursos, Jaimes advirtió que, si no se obtienen fondos adicionales al presupuesto, el funcionamiento del Órgano Judicial estaría en riesgo. Esto afectaría la culminación de la etapa de transición para los nuevos magistrados que asumirán el próximo año.

“Estamos haciendo gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que podamos sostener la gestión sin mayores dificultades hasta fines de este año”, remarcó Jaimes.

Propuestas de reestructuración

Ante esta situación, Grenny Bolling, presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), sugirió implementar una reestructuración en el área administrativa. “Como Amabol volvemos a reiterar: es importante hacer una reingeniería dentro del área administrativa”, indicó.

Restricciones en viajes

La Asociación también propone restringir los viajes de las máximas autoridades del Órgano Judicial en esta última etapa de trabajo. “Observamos que solo para entregar títulos de refuncionalización de jueces, los señores consejeros viajaron a todo el país; eso implica un gasto”, afirmó Grenny Bolling.

/ APC

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Explicó que durante la misma sesión se aprobaron tanto el presupuesto institucional de la Cámara de Diputados como el presupuesto modificatorio del Estado; en ese sentido, explicó que el monto económico destinado a la Cámara Baja no representa ni el 0,1% del PGE y que otros órganos reciben mucho más.

Solicitud justa para mejorar condiciones

“Pedimos un incremento de 20 millones de bolivianos, pero no es para salarios o cosas suntuosas, es para que nuestros diputados tengan condiciones. Algunos tienen que comprarse su propio papel y eso es una vergüenza”, declaró el parlamentario.

Necesidad urgente de vehículos adecuados

Otro aspecto al cual se refirió Mercado fue la falta de vehículos, ya que varios diputados necesitan transportarse hasta las comunidades más lejanas y difíciles de acceder para realizar gestiones. Sin embargo, los automóviles actuales con los cuales cuenta la Cámara de Diputados son demasiado viejos para cumplir con esa función.

Solicitud de cinco vehículos y auditorías

En ese sentido, especificó que solo pidieron cinco vehículos y no hay ningún motivo para avergonzarse porque su solicitud de aumento presupuestario es justa. Además, incluye solicitudes para auditorías del edificio en el cual trabajan.

Necesidad de mayor representación en fiscalizaciones

Adicionalmente, reclamó que cuando hay una fiscalización en otro departamento solo pueden ir dos miembros de una comisión, lo cual consideró absurdo porque cada una de esas instancias tiene más de diez miembros.

Gestión amplia y mejor

“Yo hice un sin número de fiscalizaciones con mis propios recursos, porque solo se puede hacer fiscalización una vez al mes. Son muchas las cosas que hacemos y por eso pedimos estos recursos adicionales, y no me avergüenzo; queremos hacer una gestión más amplia y mejor”, declaró Mercado.

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