Apoyo financiero significativo

Goldfajn señaló que se trata de un programa de cooperación de gran magnitud, casi 6 veces superior al del periodo anterior. Explicó que el respaldo del BID no se limita únicamente al volumen de recursos, sino también al acompañamiento institucional en un momento que calificó como de transición para el país.

Remarcó que la entidad busca cumplir un rol de puente entre Bolivia y la comunidad internacional, facilitando el acercamiento con otros organismos, inversionistas y actores económicos.

Primera misión en 15 años

Durante la conferencia de prensa, el titular del BID indicó que esta es la primera misión oficial de un presidente del organismo en Bolivia en los últimos 15 años. La presencia de la entidad responde a una señal de confianza en el proceso económico que atraviesa el país.

Añadió que los recursos estarán sujetos a mecanismos de control y seguimiento, con el objetivo de garantizar su uso transparente y su llegada a la población.

Proyectos sociales y productivos

El programa anunciado contempla el financiamiento de proyectos sociales y productivos, así como apoyo a iniciativas en áreas como energía, desarrollo regional y transición energética.

Goldfajn explicó que los desembolsos se realizarán de manera gradual y estarán condicionados al cumplimiento de metas previamente acordadas con el Gobierno.

Coordinación con el Gobierno

Asimismo, informó que se trabajará de forma coordinada con el Ejecutivo a través de una unidad técnica de implementación, con reglas claras y resultados medibles. También mencionó que se apoyarán reformas orientadas a mejorar el clima de inversión y fortalecer la seguridad jurídica.

Disciplina fiscal y política monetaria

Por su parte, el canciller Fernando Aramayo recordó que el BID es actualmente el principal acreedor externo de Bolivia. Destacó que el financiamiento anunciado se enmarca en un plan que exige disciplina fiscal y solidez en la política monetaria.

La agenda del presidente del BID continuará este miércoles 14 de enero de 2026 en la ciudad de Santa Cruz, donde tiene previstas reuniones con autoridades y representantes del sector empresarial.

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Desde el municipio de Cuchumuela, en el Valle Alto de Cochabamba, el mandatario hizo estas declaraciones el viernes 31 de octubre. Señaló que varios préstamos internacionales y leyes sociales habían estado paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debido a la decisión de los legisladores “evistas” y de las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

“Había un proyecto, entre tantos que han estado durmiendo en la Asamblea, como dice nuestro hermano ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño: ‘los envidiosos no querían que se aprueben nuestros proyectos’. Pero al final, como locos están aprobando, en dos días, más de 1.200 millones de dólares han aprobado de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, manifestó Arce durante la entrega de 79 viviendas y la Unidad Educativa Villa Gualberto Villarroel.

Impacto de la negativa a aprobar créditos

El jefe de Estado destacó que, a pesar de las críticas de algunos legisladores que argumentaban un supuesto sobreendeudamiento del país, los mismos créditos por más de 1.600 millones de dólares fueron aprobados recientemente, tras las elecciones generales de agosto y el balotaje del 19 de octubre.

Arce consideró que la negativa a aprobar los préstamos tuvo un impacto directo en el desarrollo de obras de infraestructura y en la obtención de recursos para fortalecer la economía nacional. Aseguró que, con esos fondos, se habría garantizado la disponibilidad de divisas para la importación de combustibles, lo que pudo haber evitado la escasez que se registró meses atrás.

Críticas a la oposición

“No es que no podíamos pagar, no es que nos estábamos endeudando, era su capricho de no darnos proyectos que iban a beneficiar, no a nosotros, hermanos. ¿Quién se beneficia con estas obras? (señaló las viviendas) ¿Nosotros o el pueblo, hermanas y hermanos? ¿A quién han perjudicado? Miren ustedes esa actitud envidiosa de no poder aprobar los créditos. En realidad, han perjudicado al pueblo”, afirmó Arce.

Entre los proyectos que mencionó, destacó la reciente aprobación del crédito de 240 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el programa de presas resilientes, diseñado para enfrentar futuras sequías. La ley que autoriza ese préstamo fue promulgada durante el acto en Cuchumuela.

Construcción de presas y represas

Los recursos provenientes de este crédito permitirán construir presas en los municipios de San Benito, Mizque, Punata, Gualberto Villarroel, Tacachi y Villa Rivero. “Si mañana hay una sequía, hermanos, que nosotros queríamos prevenir construyendo las presas y las represas para que tengan agua, ya saben ustedes a dónde apuntar, hermanos, quiénes son los culpables de todo ello”, agregó el mandatario.

Arce también acusó al evismo y a la oposición de intentar un “bloqueo” político con el objetivo de hacer fracasar su gobierno e incluso de intentar acortar su mandato mediante movilizaciones. Sin embargo, afirmó que su administración ha superado esos intentos con la entrega de obras en todo el país.

Inversión en obras en Cochabamba

El mandatario aseguró que solo en el departamento de Cochabamba se ha ejecutado una inversión cercana a 11.000 millones de dólares. Además, anunció que el martes 4 de noviembre de 2025 se entregará un nuevo paquete de 300 obras a nivel nacional, lo que elevará el total a 14.000 obras inauguradas en el marco del Bicentenario.

“Son 14.000 obras que estamos entregando a Bolivia en su Bicentenario y en total cerca de 70.000 obras hemos realizado en todo el país en estos cinco años. Con todos los recursos hemos hecho y hemos invertido”, concluyó Arce.

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Colombia ha sido un país azotado por el conflicto interno desde su independencia. La ausencia del Estado en las regiones más apartadas, sumada a la desigualdad estructural, ha permitido que grupos armados ocupen los espacios abandonados por el poder central, dejando a la población civil atrapada en medio de intereses contrapuestos. La precariedad en la satisfacción de necesidades básicas se ha convertido en la norma, lo que refleja la debilidad de un Estado que no logra garantizar condiciones de vida dignas a sus habitantes.

Ante la ineficacia de los gobiernos para abordar estas problemáticas, la cooperación internacional ha surgido como un instrumento clave para mitigar el sufrimiento humano y suplir la ausencia estatal. Organizaciones multilaterales, ONG y gobiernos extranjeros han implementado proyectos que van desde la recuperación de suelos erosionados hasta el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de la paz. Estos esfuerzos han evidenciado la importancia del apoyo internacional en la resolución de los desafíos sociales de Colombia.

Conscientes de esta realidad, los sucesivos gobiernos colombianos han recurrido a la ayuda externa para reducir brechas sociales, especialmente aquella proveniente de su principal socio comercial: Estados Unidos. Desde la creación de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) en 1961, Bogotá y Washington han estrechado lazos mediante proyectos conjuntos destinados a disminuir las desigualdades en un país golpeado por el conflicto armado. USAID ha financiado programas de empoderamiento económico, gobernabilidad regional, agricultura sostenible e impacto medioambiental, desempeñando una actuación esencial en regiones donde el Estado tiene poca o nula presencia.

Abandonados a su suerte

Tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, manifestando la ambivalencia entre los objetivos de los programas de USAID y los intereses nacionales de los EE.UU., surge la incógnita sobre el futuro que les espera a las comunidades beneficiadas de los proyectos desarrollados en Colombia. Durante el periodo 2018-2024 el país recibió alrededor de 1.200 millones de dólares, destinados a financiar proyectos enfocados en la asistencia humanitaria, convirtiendo al territorio nacional en el principal receptor de la ayuda externa en América Latina y el Caribe.

Actualmente, Colombia vive una profunda crisis de orden público, especialmente en las zonas de frontera. El recrudecimiento de la violencia por parte de los grupos armados, quienes se disputan el control de las rentas criminales y el poder absoluto en zonas estratégicas para el desarrollo de las actividades delictivas, ha llevado al desplazamiento forzado de miles de personas que buscan salvaguardar su integridad en medio del abandono estatal. Ante tal situación, el flujo de recursos financieros y de personal altamente calificado provenientes de la agencia estadounidense permitían mitigar los efectos de una crisis que el Estado colombiano se ha visto incapaz de abordar.  

Casos como el de Tumaco, municipio ubicado en la costa pacífica, donde se han desarrollado programas conducentes a la protección de los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, son una muestra fehaciente de la importancia de contar con un aliado estratégico en zonas de conflicto. No obstante, la salida de USAID del país y la eventual desintegración de su estructura organizativa dejan un vacío difícil de llenar. Para las comunidades locales, la presencia de la agencia estadounidense se ha convertido en la única esperanza que les puede brindar condiciones de vida dignas.

¿Y ahora qué?

Después de la revisión exhaustiva por parte de Washington a USAID, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dio a conocer la decisión adoptada por parte de la Casa Blanca, manifestando la cancelación oficial del 83% de sus contratos vigentes. Se trata de una decisión sin precedentes para una entidad que benefició durante más de siete décadas a las comunidades más vulnerables a nivel global. La falta de continuidad en las iniciativas locales podría llevar al resurgimiento de actividades ilícitas y al recrudecimiento de la violencia, y todo esto sumado a la probabilidad de que los avances sociales tiendan a desmoronarse sin la asistencia externa.

Este escenario plantea un interrogante clave: ¿hasta qué punto la cooperación internacional podría ser una solución duradera o reemplazar el papel del Estado? Esto nos lleva a pensar en la necesidad de implementar reformas estructurales para abordar los problemas internos, creando sinergias con los actores internacionales y asumiendo un rol más activo en la sostenibilidad de los proyectos. Esto permitiría que los beneficios adquiridos no desaparezcan con la partida o desintegración de los cooperantes, tal como viene sucediendo con USAID.

Ahora, el principal objetivo debería enfocarse en el diseño de políticas públicas que maximicen el impacto de los proyectos a largo plazo. De esta forma, la asistencia humanitaria podría ser vista como una acción complementaria para prevenir el sufrimiento humano y no como un sustituto de los deberes constitucionales. El cese de operaciones de USAID en Colombia advierte una verdad incómoda: la cooperación internacional podrá beneficiar a las comunidades en el corto plazo, pero jamás asumirá las responsabilidades del Estado.

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Proyecto de electrificación en Coripata

Durante su visita, el mandatario también anunció la finalización de un proyecto de electrificación en Coripata. Además, entregó obras de enlosetado de calles en Arapata, con una inversión total cercana a 5.400.000 bolivianos.

Arce subrayó que “creen que esa plata es para el Gobierno, para nosotros. ¡Mentira!”. Aclaró que esos fondos podrían destinarse a viviendas sociales con una inversión de solo 3 millones de bolivianos. El proyecto de electrificación en Coripata incluye la ampliación de líneas eléctricas y la instalación de nuevos puestos de transformación, beneficiando a 167 nuevos usuarios.

Obras en Arapata

Asimismo, el mandatario entregó obras de enlosetado de calles en Arapata, las cuales beneficiarán a los estudiantes de una unidad educativa local. En su discurso, reiteró el compromiso del gobierno por seguir trabajando y ejecutando obras necesarias, a pesar de los problemas que enfrenta el país, como los desafíos derivados de la pandemia de Covid-19.

Compromiso con la estabilidad económica

Arce afirmó que para ellos la estabilidad económica es lo más preciado que han podido construir en tantos años. Aseguró que no puede ser puesta en riesgo por el capricho de nadie. El Gobierno nacional hará todo lo necesario para garantizar la estabilidad económica de todas y todos en el país.

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Se busca que ambas cámaras prioricen los intereses nacionales y trabajen en conjunto para evitar disputas internas que afecten el funcionamiento del Parlamento.

Tratamiento de Leyes

La Cámara de Diputados considerará la posibilidad de incluir en su agenda las leyes antiprórroga, mientras que el Senado se enfocará en agilizar el tratamiento de los créditos pendientes.

Se reconoce la necesidad de mejorar la percepción que la población tiene de la Asamblea Legislativa, evitando confrontaciones y promoviendo un debate basado en ideas.

Proyectos en Beneficio Social

Los legisladores destacan la importancia de avanzar en proyectos que beneficien a la población, como los referentes a la prórroga de magistrados y los créditos pendientes.

Unidad en la Asamblea

Se destaca la importancia de la coordinación y el trabajo conjunto de todos los miembros de la Asamblea Legislativa para lograr avances significativos en la agenda legislativa.

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A pesar de esto, Condori señaló que las autoridades originarias siempre muestran predisposición para emprender proyectos enmarcados en agricultura, agua y fortalecimiento en la población vulnerable (niños y adultos mayores).

Sin embargo, el bajo presupuesto tanto de los gobiernos municipales como el gobierno departamental es una preocupación constante para las autoridades originarias. Esta situación influye negativamente en la inscripción de nuevos proyectos destinados a infraestructura, carreteras y otros aspectos sociales.

Condori explicó que para ayudar al sector de personas mayores es necesario que estos cuenten con una representación legal mediante una personería jurídica. Sin embargo, muchas veces no pueden acceder a ella debido a su falta de ingresos o por los altos costos del trámite que se realiza en la Gobernación (aproximadamente 3 mil bolivianos).

Según Condori, las personas mayores en zonas rurales sufren por la dejadez tanto de sus hijos como de las autoridades locales ya que sólo pueden dedicarse al cuidado del ganado sin generar recursos económicos.

Ante esta situación crítica, el directorio de las 16 subgobernaciones está movilizándose para hacer llegar recursos como medicamentos, suplementos alimenticios y controles médicos a este sector vulnerable.

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