Protestas de trabajadoras sexuales en Oruro

Las trabajadoras sexuales y locatarios de lenocinios del sector del Casco del Minero tomaron el Concejo Municipal de Oruro y otras dependencias municipales. Lo hicieron en rechazo a la ley recientemente aprobada que dispone la reubicación de las casas de tolerancia hacia la zona Norte, en inmediaciones del Puerto Seco.

Rechazo a la normativa

Durante la protesta, un grupo de trabajadoras expresó su rechazo frontal a la normativa. Cuestionaron tanto el destino propuesto como las condiciones en las que se ejecutaría el traslado. “Tenemos compañeras con discapacidad, con enfermedades renales. Si hay consecuencias, será responsabilidad de las autoridades”, afirmó Daniela Méndez, una de las movilizadas. Ella remarcó que continuarán con las medidas de presión hasta ser escuchadas.

Exigencias de las manifestantes

Las manifestantes exigieron que, en caso de concretarse el traslado, este se realice “con dignidad” y dentro de la jurisdicción del municipio de Oruro. Rechazaron la posibilidad de ser llevadas a sectores como Soracachi o zonas cuya delimitación territorial aún genera incertidumbre. También recordaron que la actividad aporta recursos económicos al municipio, estimando un ingreso anual de alrededor de 500 mil bolivianos.

Impacto en trabajadoras mayores

Otra trabajadora sexual señaló que el sector ha sido objeto de constantes reubicaciones a lo largo de los años. Desde la zona de las Cinco Esquinas, pasando por Miraflores, hasta el actual Casco del Minero, no han encontrado soluciones definitivas. “No somos animales para que nos estén llevando de un lado a otro”, reclamó. Además, denunció que el nuevo sector carecería de servicios básicos como agua, luz y alcantarillado.

Medidas radicales anunciadas

El grupo movilizado también expresó su preocupación por el impacto que tendría el traslado en trabajadoras de mayor edad, quienes podrían quedar excluidas de las fuentes laborales. Rechazaron el plazo de 18 meses establecido en la ley para ejecutar la reubicación, señalando que el tiempo transcurre rápidamente sin garantías claras.

Como parte de las medidas anunciadas, advirtieron con radicalizar sus protestas. Esto incluiría huelgas de hambre, instalación de carpas en inmediaciones del Concejo e incluso el ejercicio del trabajo en espacios públicos como forma de presión.

Diferencias entre organizaciones

En contraste, la Organización de Trabajadoras Sexuales de Oruro (ODES O) marcó distancia de las movilizaciones. Cuestionó las acciones del otro grupo, al que acusa de responder a intereses de propietarios de locales. Carolina Herrera, presidenta de ODES O, afirmó que el conflicto “no incumbe” a su organización en los términos planteados por las movilizadas. Sostuvo que su demanda principal se centra en mejores condiciones laborales.

Amenazas y estado de emergencia

Herrera denunció además episodios de agresión entre trabajadoras. Señaló que algunas de sus afiliadas fueron amedrentadas para abandonar el sector. “No puede ser que entre compañeras nos estemos agrediendo”, cuestionó, al exigir respeto y garantías para el ejercicio del trabajo.

Desde este sector, también se declaró estado de emergencia ante rumores de cierre forzoso de locales mediante candados o cadenas. Frente a ello, anunciaron que, de concretarse estas acciones, instalarán carpas y continuarán trabajando en vía pública para no perder su fuente laboral.

Posición sobre la ley

A diferencia del grupo movilizado, ODES O aseguró que la ley fue socializada en mesas de trabajo. Además, existe respaldo de juntas vecinales para avanzar en el proceso de reubicación. Asimismo, manifestaron su disposición a trasladarse, siempre que el nuevo espacio cuente con infraestructura adecuada.

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