Esta investigación se enfoca en presuntas irregularidades que involucran millones de dólares en la compra de combustibles. Las transacciones en cuestión ascienden a 857 millones de dólares, y actualmente se está evaluando este monto para determinar las responsabilidades tanto administrativas como penales.

Auditoría en marcha

Desde el 26 de diciembre de 2023, un equipo técnico de la Procuraduría se encuentra trabajando en las oficinas de YPFB en Santa Cruz. Su labor consiste en realizar un análisis exhaustivo de contratos y documentos relacionados con las operaciones de la empresa.

Para fortalecer el caso, León La Faye se reunió con el fiscal departamental, Alberto Zeballos. El objetivo de esta reunión fue coordinar acciones judiciales y reforzar los procesos penales en los que el Estado es considerado parte afectada.

Origen de la investigación

El inicio de esta investigación se remonta a 2023, cuando una comisión especial de la Cámara de Diputados, liderada por el entonces legislador Carlos Alarcón, identificó un daño inicial estimado en 355 millones de dólares.

No obstante, nuevos hallazgos fiscales han elevado esta cifra a casi el triple del monto original. Esto se debe a la detección de flujos financieros complejos en la relación comercial entre la subsidiaria y la estatal petrolera.

Comisión de la verdad

Estas acciones forman parte de la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, que fue creada el 20 de noviembre de 2023 por el presidente Rodrigo Paz Pereira. Esta comisión tiene la tarea de investigar desfalcos, robos y corrupción en el sector energético.

Su alcance se extiende a más de 140 empresas públicas que presentan indicios de irregularidades durante las gestiones de gobiernos anteriores.

Declaraciones del presidente

En un acto público en Tarija, el presidente Paz anticipó “noticias fuertes y dolorosas” como resultado de estas investigaciones. Denunció la existencia de un “sistema de corrupción estructural” durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.

Según el mandatario, se habrían desviado entre 800 y 1,000 millones de dólares anuales, principalmente a través del desvío de hasta el 40% del combustible subvencionado por el Estado boliviano.

Composición de la comisión

La Comisión de la Verdad está integrada por representantes de los ministerios de la Presidencia, Hidrocarburos y Economía, así como de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Procuraduría y legisladores de las alianzas Unidad, Libre y APB-Súmate.

Una vez que se concluyan las auditorías, los informes finales serán enviados directamente al Ministerio Público para iniciar el procesamiento penal de los involucrados.

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Reacción de la procuraduría

En una publicación realizada la noche del 12 de septiembre de 2025 en el portal oficial de la Procuraduría General del Estado, se destacó el pronunciamiento de la CIDH y de ONU DD.HH. respecto a estas decisiones judiciales. Los organismos internacionales han alertado sobre un posible retroceso en la justicia en Bolivia.

Condori expresó que “ambas instituciones internacionales ven con mucha preocupación que el Estado boliviano no dé cumplimiento a sus recomendaciones emitidas a través del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI). Este informe concluyó que es fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz”.

Preocupación por la justicia

El procurador subrayó que “el pronunciamiento de la CIDH y ONU Derechos Humanos considera que esta anulación podría representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”. Además, mencionó que esta situación representa un obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.

La declaración se centra en el respeto a las recomendaciones del GIEI, que apuntan a “la voluntad del Estado boliviano de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia pueda realizar sus labores en conformidad con los estándares de independencia, credibilidad, transparencia y objetividad”.

Declaraciones de Jeanine Áñez

En semanas recientes, la expresidente Jeanine Áñez aseguró que fue su gobierno el que solicitó la llegada del GIEI y afirmó que su informe no es vinculante. Áñez acusó a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia y al Gobierno de Luis Arce de haber instruido su encarcelamiento “sin debido proceso” por motivaciones políticas del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En sus redes sociales, Áñez escribió el 1 de septiembre de 2025 que “la Fiscalía General del Estado debía investigar a fondo los hechos de violencia de 2019 en el país, investigación que no hizo porque prefirió cumplir las instrucciones políticas de Evo Morales y de Iván Lima”.

Imparcialidad en la justicia

Por otro lado, Áñez sostuvo que “no puede haber justicia sin debido proceso”, recordando que la imparcialidad y el respeto a la jurisdicción son esenciales para que las víctimas accedan a la verdad. “No puede haber justicia sin una investigación imparcial; no puede haber justicia si no se respeta la jurisdicción y competencia; no puede pedir justicia con jueces y fiscales sometidos a un gobierno que impunemente ha sometido hasta hace poco al Órgano Judicial”, escribió en sus redes sociales.

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Detalles del caso

Condori explicó que este caso está vinculado a una contratación irregular para la compra de agentes químicos. Además, recordó que la Contraloría General del Estado ya había emitido observaciones por un presunto sobreprecio, lo que ocasionó el millonario perjuicio. En este sentido, el procurador señaló que, una vez que las sentencias queden ejecutoriadas, se activará la acción legal correspondiente para que Murillo asuma su responsabilidad.

Medidas cautelares

El procurador también indicó que, al iniciarse el proceso, se solicitarán medidas cautelares de carácter real sobre los bienes del exministro. De esta manera, se busca garantizar la recuperación de los fondos públicos y evitar que actos de corrupción queden sin sanción.

LDVY

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Murillo se enfrenta a varios procesos judiciales en La Paz relacionados con la compra irregular de material antidisturbios. En enero de 2023, fue sentenciado a 70 meses de prisión por estos delitos.

Solicitud de reclusión

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, ha declarado que “es evidente que ha solicitado un recinto penitenciario”. Por lo tanto, se solicitará en la audiencia que se lo remita al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

Detención en Estados Unidos

Arturo Murillo fue detenido el 24 de mayo de 2021 en Estados Unidos. En ese momento, se le acusó de conspiración para el lavado de dinero y sobornos. Desde su detención, ha enfrentado diversas acusaciones relacionadas con la compra irregular de material antidisturbios.

Casos en apelación

Entre los procesos judiciales que enfrenta, destacan los casos conocidos como gases Brasil y gases Ecuador, los cuales ya tienen sentencias. En el primer caso, se le impuso una pena de 8 años, mientras que en el segundo recibió una condena de 5 años y 4 meses.

Ambas sentencias están actualmente en apelación y aún no han sido ejecutoriadas.

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La audiencia del juicio oral contra Camacho, acusado de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el caso “decretazo”, fue suspendida por el Tribunal Octavo de Sentencia.

Desde la Procuraduría se señaló que el Tribunal Octavo de Sentencia suspendió el juicio al no evaluar el incidente de corrección de procedimientos previo al inicio del juicio contra Camacho.

Críticas a la Suspensión del Juicio

Según Ricardo Condori, subprocurador del Estado, se presentaron vicios procesales como falta de notificación a los asambleístas y apelaciones pendientes que el tribunal no consideró. La audiencia estaba programada para el 11 de marzo en Santa Cruz.

El abogado de Camacho rechazó las declaraciones del subprocurador, argumentando que la Procuraduría tuvo tiempo para presentar su acusación desde diciembre. Afirmó que los supuestos incidentes deben resolverse en audiencia de juicio oral con la presencia del gobernador en Santa Cruz.

Solicitud de Suspensión de Audiencia

Por otro lado, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos solicitaron una suspensión de audiencia basada en argumentos falsos.

La Procuraduría adhirió a la acusación formal de la Fiscalía contra Camacho, pero el Tribunal informó que esa adhesión no llegó a la secretaría. Se destaca que uno de los argumentos esgrimidos por el abogado Martín Camacho es que los vicios procesales deben ser resueltos en audiencia y con la presencia del gobernador en Santa Cruz.

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La autoridad precisó que el tema principal del comunicado fue la independencia de poderes; sin embargo, aseguró que Bolivia se caracteriza por respetar la carrera administrativa mediante procedimientos de selección transparentes, además del presupuesto asignado al Órgano Judicial.

Procuraduría vela por los organismos judiciales

“La Procuraduría tiene la responsabilidad de velar por cualquier informe, resolución, sentencia y opinión emitidos desde estos organismos. El comunicado de los últimos días es un instrumento de preocupación con respecto a las elecciones judiciales”, declaró Siles.

Asamblea Legislativa debe realizar su trabajo oportunamente

Ante este escenario, el Procurador instó a la Asamblea Legislativa, encargada de preseleccionar a los candidatos, a realizar su trabajo oportunamente, ya que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) planea llevar a cabo las elecciones judiciales hasta junio de este año.

De igual forma, pidió llegar a un acuerdo político que cumpla con los dos tercios de voto para su aprobación y permita elegir por voto popular. Estos dos aspectos están contemplados en la Constitución Política del Estado (CPE) y deben ser cumplidos estrictamente, enfatizó.

Tribunal Constitucional dispone prórroga excepcional

Finalmente, recordó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dispuso una prórroga excepcional y única para los mandatos, tal como lo parafraseó la Relatora en su comunicado; esto significa que solo se extenderá hasta que se elijan nuevas autoridades.

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En una entrevista con Contacto Bolivia, Siles expresó su preocupación por la persistente tendencia de recurrir a bufetes de abogados internacionales y nacionales en gestiones previas. “Lo que estamos viendo es que se tercerizaba la defensa del Estado”, enfatizó, lamentando los altos costos que esto representaba para el erario público.

Nacionalización efectiva de la defensa legal del Estado

El Procurador se comprometió a reducir al máximo la dependencia de bufetes externos, proponiendo una nacionalización efectiva de la defensa legal. En sus palabras: “Planteamos nacionalizar la defensa legal del Estado, es decir que sean los abogados bolivianos quienes lleven el liderazgo de la defensa integral del Estado”.

Mantenimiento del control directo sobre procesos legales externos

Siles destacó que, en caso de ser necesario recurrir a abogados internacionales por cuestiones lingüísticas u otras consideraciones específicas, la Procuraduría mantendrá un control directo sobre el proceso. Se comprometió a un acompañamiento constante, evitando delegar completamente responsabilidades.

Gestión transparente y abierta a la participación ciudadana

En este nuevo capítulo para la Procuraduría, Siles subrayó la orientación hacia una gestión transparente y abierta a la participación ciudadana. “La nueva gestión será cara al pueblo, al debate y al sufragio público”, concluyó el Procurador, insinuando una era en la que la defensa legal del Estado se convertirá en un reflejo genuino de los intereses y valores de la sociedad boliviana.

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“Aclaro que no tengo nada en contra de la Iglesia Católica, nada personal. Lo que queremos es que un par de personas que han participado y no tienen fuero puedan declarar como testigos”, aseveró Chávez.

Asimismo, señaló que no desea investigar a los Obispos de la Iglesia, sino conocer su declaración.

De la misma forma, aclaró que se pidió a la Fiscalía citar a diez personas como parte de las investigaciones por el caso Golpe de Estado I, y solo cuatro de ellas son miembros de la Iglesia, los demás son civiles, informó el portal digital Oxígeno.bo.

Por otro lado, Chávez justificó el pedido de investigar las reuniones que se realizaron en la UCB, ya que estas fueron mencionadas en la imputación que la Fiscalía presentó contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El procurador aseveró que en la relación de los hechos de la imputación contra Camacho, la Fiscalía menciona que el gobernador cruceño propició un forzado vacío de poder con la finalidad de hacerse del Gobierno.

Según el procurador, Fernando Camacho, a través de su representante Jerjes Justiniano, en una reunión de la UCB había propuesto construir un Gobierno Cívico- Militar, mismo que no está contemplado en la constitución.

“Esta es la base de la investigación. Este hecho esta en investigación, por eso hemos pedido que quienes han participado de esas reuniones hablen sobre el hecho”, afirmó.

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La CEB dinamizó el diálogo durante los sucesos de 2019; sin embargo, en el memorial se establece que se cita a personas que supuestamente recibieron y depositaron dinero a cuentas de Luis Fernando Camacho.

“Señor fiscal, con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción, al amparo del Art. 306 de la Ley 1970, reiteramos las siguientes diligencias investigativas. Al amparo del Art. 193 del Código de Procedimiento Penal, ofrecemos la declaración testifical de las siguientes personas”, estipula el memorial, de acuerdo al reporte del diario El Deber.

Por su parte, en fecha 2 de febrero, el fiscal Mejillones acusó la recepción del memorial, subrayando que los nuncios de la Iglesia gozan de fuero en el Estado.

Asimismo, Mejillones indicó que los peticionarios pueden explicarse en su memorial, antes que la Fiscalía los convoque.

/JDLF/

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/ LMPT

La entrada Wilfredo Chávez asegura que defiende los intereses del Estado tras fallo adverso del Silala se publicó primero en La Patria Bolivia | Periódico digital.

Además, detalló que la denuncia interpuesta en horarios de oficina por Rolando Cruz Pemintel, uno de los miembros del Comité Impulsor de Juicio (CIJ), es personero de la Procuraduría en Chuquisaca.

“Wilfredo Chávez usa a funcionarios de la Procuraduría para perseguir a opositores. La nueva denuncia presentada contra líderes de la oposición por delito de genocidio y otros fue presentada por un funcionario de la Procuraduría de Chuquisaca en horarios de oficina”, manifestó el diputado mediante un video publicado en Twitter.

Asimismo, se refirió a Chávez como abogado de Evo, y recordó que la Procuraduría no es una institución para defender los intereses de su cliente, menos para construir esa falsa narrativa de “golpe de Estado”.

El jueves anterior, Cruz presentó ante la Fiscalía General una denuncia penal contra más de 20 opositores por la crisis política y social de 2019, en la cual incluyó, al exministro Carlos Sánchez Berzaín.

“(Carlos Sánchez y Erick Foronda) son los que han instigado desde los Estados Unidos a la toma de instituciones. Son los que han instigado a mucha gente a que depongan de su condición de presidente a Evo Morales y Álvaro García Linera”, argumentó.

El denunciante figura registrado como trabajador de la Procuraduría, según registro de la Contraloría General del Estado.

/MDCB

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El funcionario es Iberth René Renato Aguilar Mamani, actual Director General de Asuntos Administrativos y tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada emitida el 25 de enero de este año dictada por el Juzgado 5to de Sentencia Penal de La Paz por el delito de ejercicio indebido de profesión.

“Nosotros hemos recibido una denuncia y el diario en la petición de informe escrito al procurador porque hemos tomado conocimiento de que en la procuraduría están trabajando personas que tienen sentencia ejecutoriada”, anunció el legislador, según reporte de la red Erbol.

Asimismo, el diputado opositor aguarda que se tenga una respuesta “inmediata” respecto a la situación de Aguilar Mamani.

“¿Si estas personas que trabajan y son prontuariadas, han cometidos delitos, tiene sentencia ejecutoriada, es correcto que trabajen en la Procuraduría que tiene la finalidad de defender al Estado?”, cuestionó finalmente Pedrazas.

/MDCB

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“Hemos decidido ir a la verdad, porque tenemos gente que ha sido encarcelada, perseguida y porque en el pueblo quedó la duda si hubo fraude. Vamos a verificar si estas actas han sido producto de engaño o no, o dónde está el fraude”, señaló el procurador, Wilfredo Chávez.

El 29 de agosto, el procurador lanzó el desafío de revisar las actas electorales de 2019, pese a que esas elecciones fueron anuladas por ley.

Revisión de actas

Se inició la tarea y el TSE volvió a publicar los resultados pese a que ya no figuraban en su portal internet.

De acuerdo al procurador, al menos 40 estudiantes egresados de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), además de tres especialistas, serán los encargados de la revisión de la documentación.

Chávez detalló que la tarea tiene tres objetivos: Analizar las actas del sufragio, evaluar la labor que cumplió la Organización de los Estados Americanos y verificar el sustento del informe técnico que emitió la secretaría electoral de ese organismo.

Repercusiones de la tarea de la Procuraduría

El ex vocal del TSE, Ramiro Paredes, señaló que la Ley de Régimen Electoral (Ley 026) establece que todo proceso electoral se rige bajo el principio de preclusión, por lo cual esa elección ya feneció.

Asimismo, sostuvo que por ese principio, el resultado de la revisión “no tendrá efecto legal alguno”, resaltando que cualquier ciudadano puede pedir o realizar la revisión de actas, pero que en el caso del procurador es distinto porque es funcionario público y tiene una tarea que cumplir.

En tanto, el abogado especialista en temas electorales, Paul Antonio Coca, calificó la tarea como “un show” de parte de Chávez.

“No está en sus atribuciones y la ley de la Procuraduría no establece estas facultades. La Procuraduría tiene un ejército de abogados que tienen otras funciones, definitivamente, es un show, una aberración política, están usurpando funciones”, sostuvo Coca al diario El Deber.

/JDLF/

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“Lo que vamos a hacer es plantear una jornada democrática, en la cual podamos, en varias jornadas, verificar las cerca de 35 mil actas que tiene nuestro padrón, que tenían las elecciones de 2019, todas están digitalizadas, sabemos eso, y de esta manera salir de esa duda”, señaló la autoridad en contacto con Bolivia TV.

Lamentó que, hasta la fecha, muchos políticos de oposición sostengan su narrativa del supuesto fraude, sin ni siquiera haber visto una sola acta electoral y sosteniendo como base al pronunciamiento de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que no es una auditoría.

Por su parte, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, aclaró que no conocen como entidad qué objeto tendría la revisión sugerida por el Procurador, pero recalcó que cualquier ciudadano puede acceder a las actas legalmente.

“Las actas están disponibles a través de los medios digitales para cualquier persona interesada que quiera hacer una revisión de estos documentos. Son documentos públicos que están al alcance de todos. El TSE no tiene que dar una autorización expresa para este tema”, indicó el titular del Órgano Electoral.

Sin embargo, indicó que no deberían permanecer las actas físicamente, puesto que solo deberían quedar los cómputos, pero desde hace algunos años atrás, el TSE ha tomado la determinación de mantener esos documentos para que cualquier investigador o cualquier persona interesada puedan proceder a una revisión.

Hassenteufel, aclaró también que esa revisión de los documentos no tiene efecto alguno respecto al principio de preclusión, mediante el cual las etapas y resultados de los procesos electorales no se pueden repetir, según reportó Correo del Sur.

“Los actos de un proceso electoral ya concluido no se pueden revisar. Mirar unas actas no tiene efecto sobre el principio de preclusión, establecido legalmente, ni tampoco puede modificar acto alguno de los que ya se hubieran realizado”, detalló.

/GFS/

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