Emapa, creada en 2007 con el objetivo de fortalecer la producción nacional y regular los precios internos, se encuentra en uno de sus momentos más críticos. A ocho meses del año, la estatal solo ha ejecutado Bs 1.698,8 millones de los Bs 4.531,7 millones asignados para 2025, lo que representa un 37,5% del total. Esta cifra es notablemente baja, especialmente si se compara con el presupuesto de la Gobernación de Santa Cruz, que es de Bs 2.164 millones, y con la inversión pública de todo el departamento de La Paz, que asciende a Bs 3.902 millones.

La baja ejecución del presupuesto es preocupante no solo por la magnitud del subejercicio, sino también por el destino de los recursos utilizados. La mayor parte del gasto se ha concentrado en la importación y comercialización de alimentos como harina y azúcar. Estas partidas, que inicialmente no existían, fueron ampliadas en Bs 451,3 millones y Bs 13,8 millones respectivamente, con una ejecución que supera el 93% en ambos casos.

Programas productivos estancados

En contraste, los programas destinados al fortalecimiento productivo muestran cifras alarmantemente bajas. El apoyo a la soya apenas ha ejecutado el 0,55% de su presupuesto; el destinado a la carne, un 0,15%; el de la papa en Chuquisaca, 0,44%; y el programa de quinua, solo un 0,79%. El paquete de apoyo directo a cultivos estratégicos como arroz, maíz y trigo, que cuenta con más de Bs 56 millones asignados, no alcanza una ejecución del 7%.

Las inversiones en infraestructura agroindustrial tampoco avanzan. Las plantas de papa en Incahuasi (Chuquisaca), hortalizas en Santa Cruz, granos en Pailón, así como los proyectos piscícolas en el Lago Titicaca y la Amazonía, no han ejecutado un solo boliviano, a pesar de tener recursos asignados por más de Bs 40 millones.

Desigualdad en el gasto

Mientras los proyectos productivos están prácticamente detenidos, las partidas administrativas y financieras avanzan a un ritmo diferente. El presupuesto de Comunicación se ha incrementado de Bs 2,6 millones a Bs 13,1 millones, aunque su ejecución sigue siendo baja (10%). La administración central y la gerencia financiera ya suman más de Bs 200 millones en gastos, y el servicio de la deuda ha crecido un 45%, alcanzando los Bs 107 millones con una ejecución del 53,5%.

Este desequilibrio en la distribución del gasto ha generado críticas tanto en sectores especializados como entre los propios beneficiarios. Paulino Sánchez, agricultor de Cuatro Cañadas, ha denunciado que los pequeños productores han sido excluidos por una red de intermediarios que manipula los cupos y simula entregas. Según su testimonio, esta práctica se mantuvo durante la gestión de Franklin Flores, exgerente de Emapa, quien actualmente se encuentra detenido por supuestos actos de corrupción.

Irregularidades en la entrega

Sánchez ha afirmado que algunos beneficiarios de los cupos de entrega de grano ni siquiera siembran, y ha mencionado irregularidades en la operación de los silos de la zona. “Había camiones que no descargaban, solo cambiaban placas en el sistema informático. Era puro tráfico virtual, sin movimiento real de grano”, aseguró.

Por su parte, Jorge Méndez, presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores (Adepor), ha atribuido los problemas a un modelo estructural fallido. Según Méndez, Bolivia necesita al menos 1.200.000 toneladas de maíz anualmente, pero Emapa, incluso en sus mejores años, solo adquiría 250.000, a veces importado o incluso de contrabando. “El sistema que creó Emapa no funcionó. Cuando una empresa estatal compra caro y vende barato, termina quebrada y con el mercado desordenado”, expresó.

Defensa del Gobierno

A pesar de las crecientes críticas, el Gobierno ha defendido el rol de las empresas públicas. Desde el Viceministerio de Transparencia se informó que la investigación contra Franklin Flores se inició tras detectar inconsistencias entre sus ingresos y su patrimonio declarado. El presidente Luis Arce también ha respaldado el modelo estatal, afirmando en un acto público que la llamada “gastadera” en empresas estatales representa la inversión que el pueblo necesita.

Sin embargo, la ejecución presupuestaria de Emapa en 2025 dibuja un panorama de ineficiencia y desvío de prioridades. Con plantas detenidas, escaso apoyo a los productores y denuncias por corrupción, la estatal parece haber perdido el rumbo de su misión original: apoyar al agro boliviano y garantizar la seguridad alimentaria del país.

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Morales ha instado a la Asamblea Legislativa Plurinacional a rechazar este proyecto, advirtiendo sobre las consecuencias negativas que podría tener para los sectores más vulnerables del país. Además de oponerse a la inclusión del avión presidencial en el presupuesto, también ha criticado la propuesta de quitar la Renta Dignidad a parte de los jubilados.

Impacto en los jubilados

En sus redes sociales, Morales ha destacado que hay miles de personas que apenas logran sobrevivir con rentas que no superan los 1.000 bolivianos. Sin embargo, se les pretende arrebatar la Renta Dignidad de 350 bolivianos de una manera que él considera injusta, convirtiendo este beneficio en marginal y no universal.

Defensa de los sectores vulnerables

El exmandatario ha enfatizado la importancia de mantener estos beneficios para los jubilados y ha pedido a los legisladores que actúen en defensa de los sectores más vulnerables del país. La eliminación de esta renta podría tener un impacto significativo en la calidad de vida de muchas familias bolivianas.

Consecuencias de las decisiones

Morales también ha subrayado que las decisiones actuales del gobierno afectan directamente a quienes dependen de estas ayudas económicas para subsistir, especialmente en un contexto donde muchos enfrentan dificultades financieras. La situación es crítica para aquellos que ya luchan por cubrir sus necesidades básicas.

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La discusión se centra en las críticas que se han hecho sobre la falta de transparencia en la gestión del presupuesto y los elevados gastos que se destinan a la administración presidencial. Reyes ha señalado que “hoy estamos viendo cómo el próximo año, que es el último año de Luis Arce Catacora, no tiene sentido para una candidatura y menos una reelección”. Según él, esto lleva al Gobierno a “jugar del todo por destruir el país”, ejecutando un presupuesto que “claramente sigue endeudando” y “despilfarrando”.

El diputado también ha expresado su preocupación por las posibles confiscaciones que podrían derivarse de este presupuesto. Reyes indicó que aún no han tomado una decisión definitiva sobre la aprobación del presupuesto. Sin embargo, intuye que “no se va a aprobar porque aquí claramente están pasando por encima de muchas instituciones” y considera que es un presupuesto que ahondará la crisis en 2025.

Opiniones encontradas en la asamblea

Además, Reyes criticó la falta de cumplimiento con la redistribución del pacto fiscal y los resultados del censo. Por su parte, Santos Ramos ha manifestado que las observaciones al presupuesto son claras y ha instado a sus colegas a aprobarlo. “Eso ya es totalmente irresponsabilidad por parte de los asambleístas”, afirmó. Ramos argumenta que el presupuesto no solo beneficia al Gobierno, sino también a los sueldos de los asambleístas.

Ramos también hizo un llamado para que los diputados puedan sesionar y aprobar esta ley sin obstáculos. Uno de los cuestionamientos más destacados se refiere al excesivo presupuesto destinado a los gastos del Presidente, que asciende a más de 76 millones de bolivianos. En respuesta a estas críticas, Ramos defendió estos gastos como técnicamente evaluados y necesarios para cumplir con funciones oficiales.

Defensa del presupuesto presidencial

Aseguró que “la ley es clara: si no se aprueba por la Asamblea Legislativa, hay un tiempo limitado y esto se da por aprobado”. Reyes también mencionó que están tomando un crédito para cubrir necesidades hasta el 31 de diciembre de este año y calificó el presupuesto como “sin sentido”, sugiriendo que fue elaborado “por ni siquiera un estudiante de primer semestre”.

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Críticas de la diputada Román

La diputada Román ha expresado su preocupación al señalar que “nos llama mucho la atención que exista esta reducción incluso para una población vulnerable, por un monto de 182 millones de bolivianos”. Además, destacó que para el próximo año se incrementará en el Órgano Ejecutivo una cantidad de 1.300 millones de bolivianos para contratar más funcionarios públicos, quienes serán, según ella, simplemente militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) haciendo campaña.

La diputada también ha manifestado su inquietud sobre la necesidad de movilización de los adultos mayores para exigir sus derechos ante un gobierno que considera indolente. Esta situación ha llevado a que muchos se cuestionen el impacto de estas decisiones en la calidad de vida de los beneficiarios vulnerables.

Posición del MAS

Por su parte, el diputado del MAS, Sandro Ramírez, ha indicado que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, proporcionará más detalles sobre este tema. Ramírez también mencionó que si no hubiera habido un informe previo dirigido a los dirigentes de los rentistas, “hoy todo el país estaría movilizado”.

El diputado Ramírez aseguró que los rentistas han comprendido claramente que no serán perjudicados. Además, destacó un nuevo proyecto de ley aprobado este año, que permitirá que las rentas mínimas, que oscilan entre 800 y 900 bolivianos, puedan incrementarse a una renta digna.

Críticas a la politización

Finalmente, Ramírez criticó a quienes intentan politizar la situación y mal informar a la sociedad. “Si quieren ser salvadores, propongan, vengan, debatan, no solo mal informen y confundan a la sociedad”, concluyó.

La reducción en la renta dignidad afecta específicamente a jubilados y rentistas activos laboralmente. Se prevé una disminución en este rubro, mientras se destina un aumento significativo al Órgano Ejecutivo. Además, hay inquietudes sobre cómo esta decisión impactará en la calidad de vida de los beneficiarios vulnerables.

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La senadora ha manifestado que “lo que tiene que ocultar es que el 87% del presupuesto de esta gestión que culminamos se ha ido al nivel central”. Además, ha señalado que “el 24% ha ido a las empresas del Estado, muchas de las cuales son deficitarias”. Estas declaraciones reflejan una creciente oposición política y una falta de transparencia en la gestión del gobierno.

Preocupaciones sobre el presupuesto

Asimismo, Santamaría ha expresado su preocupación por la manera en que el Ejecutivo presenta los artículos del presupuesto. Ella indica que “introduce de contrabando una serie de adicionales y artículos que cambian las leyes que quiere en este país”. Esta situación pone de manifiesto la falta de transparencia en la gestión pública.

Posible presentación tardía

La senadora también ha anticipado que el Presidente podría presentar el presupuesto “el último día del año”. Esto permitiría que, según la Constitución, en los primeros días del año, como ocurrió el año pasado, se pueda promulgar el documento. Esta situación genera inquietud entre los legisladores, quienes temen no tener la oportunidad de revisar adecuadamente el contenido del presupuesto.

Falta de acceso al presupuesto

Por último, Santamaría ha mencionado que hasta la fecha no han recibido el presupuesto general del Estado. Esta falta de acceso limita su capacidad para fiscalizar adecuadamente los recursos públicos, lo que genera aún más preocupación entre los miembros de la oposición.

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El legislador afirmó que, según los informes recibidos, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ya se encargó de socializar la propuesta normativa. Además, manifestó que esta fue la más difundida antes de su tratamiento.

Socialización siempre es buena

Sin embargo, algunas personas observaron que este proceso se realiza a destiempo. Ante esas críticas, el diputado aseguró que la socialización siempre es buena independientemente del momento en que se realice. No obstante, enfatizó que el proyecto de ley todavía no ha sido tratado en la Asamblea.

“Lo único que buscan es un pretexto para luego no aprobarlo. Si la socialización se realiza hoy y mañana es la sesión en la Asamblea yo con gusto lo acepto porque se está haciendo antes de ser tratada”, declaró el legislador.

Lamentan falta de comprensión por parte de algunos colegas

Según afirmó, a los legisladores se les compartió el proyecto de ley del PGE 2024 en cuatro ocasiones; sin embargo, lamentó que todavía haya algunos colegas que se nieguen a entender su contenido y sean precisamente ellos quienes critiquen el proceso de socialización.

Convocatoria para debatir la propuesta normativa

A pesar de esa dificultad, estimó que hasta el jueves de esta semana se convocará a los asambleístas para debatir la propuesta normativa, debido a su carácter urgente para varios municipios del país.

Aumento de recursos para combatir problemas ambientales

Burgos precisó que una de las características del PGE 2024 es un aumento significativo de recursos, especialmente para combatir problemas ambientales como incendios y sequías. Asimismo, aseguró que los distintos ministerios estarán mejor preparados para enfrentar estas situaciones.

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Este monto representa al menos el 72 por ciento del total del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, equivale a 33 millones de dólares. En total, la Cancillería tiene a disposición Bs 324.024.974 para ejecutarlos en acciones a “corto plazo”.

Durante la presentación del estado de cuentas, los tres viceministerios de esta cartera de Estado mostraron sus resultados iniciales y los objetivos a cumplir. El director administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Freddy Magnani fue quien presentó los presupuestos a ejecutar.

“Es un aspecto importante esto del presupuesto, ya que vamos a ir encontrando algunos retos adelante, porque nos vemos sujetos a las aprobaciones que se vaya realizando en el nivel central”, afirmó Magnani, según El Deber.

El ítem al que se designó más de 200 millones de bolivianos es para implementar la política exterior en los ámbitos bilaterales, multilaterales, consulares, de integración y económicos comerciales para el posicionamiento del Estado Plurinacional de Bolivia en el contexto internacional.

Esta es la asignación más alta de todo el presupuesto que tiene la Cancillería.

Asimismo, se estableció un monto de Bs. 400 mil, para precautelar los límites fronterizos. Para establecer nuevas relaciones diplomáticas y fortalecer las actuales se presupuestó Bs. 1.148.100. Para dar seguimiento a acuerdos comerciales y negociar nuevos pactos se asignó Bs. 1.076.000, respectivamente.

De esa manera, para garantizar los derechos fundamentales de los bolivianos en el extranjero se determinó un monto de Bs. 25.600.154. A la formación de nuevos diplomáticos se asignaron Bs. 350.000, mientras que para la legalización de documentos en el exterior existe un presupuesto de Bs. 315.000 y Bs. 61.945.075 se asignaron para la “gestión institucional” de la política exterior boliviana.

El representante de la diplomacia boliviana, Rogelio Mayta destacó el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores y afirmó que se priorizará la labor para frenar la pandemia de Covid-19.

Esta cartera gestiona las vacunas contra el coronavirus. Además, el ministro afirmó que como Estado boliviano se seguirá impulsando la liberación de patentes a las vacunas.

/MDCB

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