Este martes, la Central Obrera Boliviana (COB) resolvió declararse en estado de alerta y en movilización permanente. En un pronunciamiento contundente, la matriz de los trabajadores denunció una “arremetida regresiva” contra los derechos laborales y sociales. Además, advirtió que, si la Asamblea Legislativa y el Gobierno no atienden su pliego de demandas, comenzará un proceso de presiones escalonadas.

Demandas de la COB

Uno de los puntos centrales del rechazo se centra en cualquier intento de “modernizar” o modificar la Ley General del Trabajo. El dirigente Mario Argollo declaró: “Estas conquistas sociales han costado sangre y luto, no son transaccionales”.

Rechazo a reformas legislativas

La organización también rechazó la reforma de la Ley 157 (Régimen de Tierras), observando que esta tendría como objetivo el despojo forzado de pequeñas propiedades agrarias a partir de una “bancarización forzosa”, transgrediendo la función social de la tierra en el área rural.

Otra de sus demandas es el archivamiento “inmediato y definitivo” del proyecto de ley llamado “Antibloqueos”. Para la COB, este no es un mecanismo para cuidar el orden público, sino que aspira a criminalizar el derecho constitucional a la protesta y a la huelga.

Argollo cuestionó: “¿De qué manera podemos asistir a la negociación de una ley que dé la espalda a las reivindicaciones del pueblo movilizado? Se intenta nombrar a la protesta popular que emerge ante la situación de que el gobierno no escucha a la población”. Además, ratificó que no asistirán a ningún proceso de socialización de dicha norma.

Exigencias adicionales

El pronunciamiento también dirigió críticas a la política económica del Presidente Rodrigo Paz. Las diversas expresiones suscitaron críticas sobre las “desproporciones” de los préstamos internacionales, ya que, según el dirigente, hipotecan el futuro del país. También denunciaron la calidad de la gasolina, que supuestamente está dañando mecánicamente el parque automotor boliviano.

Transparencia y persecución política

Exigieron, además, transparencia en las investigaciones de las “Narcomaletas” y en los casos detectados recientemente en la frontera del aeropuerto de Viru Viru. La COB finalmente denunció ser víctima de “persecución política y difamación” por parte del Órgano Judicial y el Ministerio Público, a raíz de las movilizaciones protagonizadas por el sector entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Expectativas futuras

Ante este escenario, la máxima instancia trabajadora se mantiene a la espera de lo que decidan sus bases para activar las movilizaciones en todo el territorio nacional.

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“El Decreto 5516, en su disposición final, abroga el Decreto 5503, que era la principal demanda de los sectores movilizados, y restablece los temas económicos centrales que nos preocupan a todos”, explicó el ministro.

Aspectos clave de la política económica

En términos prácticos, el nuevo decreto mantiene aspectos clave de la política económica. Esto incluye la eliminación del subsidio a los hidrocarburos, la continuidad de los bonos sociales, la vigencia del salario mínimo, el arancel cero para ciertos productos y la reprogramación de créditos.

Objetivos del decreto

Además, según Lupo, se busca garantizar estabilidad y certezas para los sectores productivos y la población en general. Esto se hace con el fin de evitar conflictos futuros y asegurar que las medidas económicas respondan a las necesidades del país.

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Ávila explicó que “si está enmarcado en lo que es la competencia del Poder Ejecutivo, que es el manejo de la política económica, una ley no puede derogar un decreto”. Esta afirmación se produce en un momento en que el Decreto 5503 ha suscitado un intenso debate debido a su enfoque en reorientar la política económica hacia medidas que favorecen la apertura a las inversiones.

Los críticos del decreto han expresado su rechazo, argumentando que este documento “entrega” los recursos naturales del país a intereses externos. En este sentido, el presidente del Senado enfatizó que la política económica es una responsabilidad del Ejecutivo, lo que implica que la Asamblea no tiene la facultad para legislar sobre este tema.

Ejemplo del Decreto 21060

Como ejemplo de su argumento, mencionó el Decreto 21060, que fue promulgado en 1985 y que también estableció un modelo económico que no fue modificado por ley. “Obviamente con la ley no se puede bajar un decreto. Es una competencia del nivel Ejecutivo en este caso”, recalcó Ávila, subrayando la importancia de la separación de poderes en este ámbito.

Reacciones a la oposición

El presidente del Senado se pronunció en relación a los anuncios realizados por la alianza Libre y el vicepresidente Edmand Lara, quienes están promoviendo leyes en contra de los artículos que consideran inconstitucionales en los decretos de Rodrigo Paz. Ávila indicó que es necesario analizar lo que proponen quienes tienen estas iniciativas, dado que hasta el momento solo se han presentado anuncios sin un desarrollo concreto.

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Álvarez plantea la nacionalización de los recursos naturales, argumentando que actualmente están en manos de empresas transnacionales. “Así vamos a tener con seguridad bastantes recursos para atender las necesidades de todos los bolivianos”, afirmó.

Estatización de la banca

El dirigente trotskista también exige la estatización de la banca privada, a la que califica como “chupasangre de los más pobres”. Esta medida, según él, es necesaria para proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Control del oro y agroindustria

Álvarez también demandó la estatización del oro, argumentando que este recurso está en manos de grandes cooperativistas. “Todo a manos del Estado”, enfatizó. Además, exigió la estatización de la gran agroindustria del oriente, con el objetivo de que el Estado tenga el monopolio del comercio exterior y garantice ingresos para el país, según lo informado por Erbol.

Denuncia sobre el dólar

El dirigente expresó su preocupación sobre la situación del dólar en el país. “¿En manos de quién está el dólar? En manos de los grandes empresarios. Los grandes empresarios cuando compran sus productos o cuando venden sus productos al exterior, ¿en qué venden? Venden en dólares. ¿Y esos dólares dónde se quedan? Se quedan en sus cuentas personales en el exterior”, denunció.

Rechazo al sistema capitalista

Álvarez manifestó su rechazo al sistema capitalista y a la idea de fomentar inversiones extranjeras, ya que considera que estas solo contribuyen al saqueo de los recursos del país. Según él, el Gobierno debe llevar adelante una política de estatización, pero si no es capaz de hacerlo, debería dar un paso al costado para permitir que otro tipo de gobierno, liderado por los obreros, tome el control.

“Todos los bolivianos tenemos que instaurar nuestro propio Gobierno de obreros y campesinos”, enfatizó Álvarez.

Actualmente, el dirigente se encuentra en huelga de hambre en protesta contra el Decreto 5503. Él rechaza esta norma, argumentando que afecta negativamente el bolsillo de la población, congela los salarios del sector público y considera que es “entreguista” de los recursos del país.

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La promulgación del Decreto Supremo 5503 sorprendió a amplios sectores de la sociedad boliviana. Durante meses se había instalado, desde el propio discurso oficial, la expectativa de que cualquier ajuste estructural recién se aplicaría en 2026 y de forma gradual. Sin embargo, la realidad fue otra y mucho más brusca: la eliminación de los subsidios a los combustibles, el congelamiento salarial y el viraje de la política económica se implementaron casi de inmediato, provocando protestas focalizadas en La Paz, bloqueos de carreteras, paros del transporte y movilizaciones sindicales que dejaron al descubierto que no todos están de acuerdo.

Aunque sectores empresariales y productivos reconocen que el esquema de subvenciones era fiscalmente insostenible, el rechazo ciudadano ha sido mayoritario, sobre todo en las ciudades, donde el impacto del ajuste se siente con rapidez en el bolsillo y en la rutina diaria. Ese malestar no puede leerse solo como una reacción coyuntural: revela una desconexión profunda entre el gobierno y una población que no estaba preparada, ni política ni emocionalmente, para un viraje de esta magnitud y que percibe el ajuste más como una imposición inesperada que como el resultado de un debate honesto y previo sobre los límites del modelo económico.

La comparación con el Decreto Supremo 21060 es inevitable, pero peligrosa si se hace sin matices. En 1985, Bolivia era un país distinto: apenas la mitad de su población vivía en áreas urbanas. Hoy cerca del 72 por ciento reside en ciudades. Este cambio no es un simple dato estadístico, sino una transformación estructural que amplifica el impacto de cualquier ajuste económico. Una economía urbanizada es más sensible al encarecimiento del transporte, los alimentos y los servicios, y también más propensa a expresar su descontento de forma inmediata y visible. Un ajuste que en los años ochenta golpeaba a un país mayoritariamente rural hoy sacude a una sociedad densamente urbana.

El trasfondo político marca una diferencia central entre ambos decretos. El DS 21060 se aplicó tras casi dos décadas de inestabilidad crónica, golpes de Estado y gobiernos breves que habían destruido la credibilidad del Estado, por lo que el ajuste fue la consecuencia de un colapso institucional evidente y aceptado. El DS 5503, en cambio, surge luego de casi veinte años de hegemonía del Movimiento al Socialismo, un periodo sin rupturas militares, pero con una concentración progresiva de poder y debilitamiento de los contrapesos institucionales. La crisis actual no proviene del caos político abierto, sino del desgaste de un modelo sostenido en altos precios de materias primas, gasto público rígido y subsidios crecientes, sin reformas estructurales oportunas.

Las cifras macroeconómicas exigen prudencia. Entre 1982 y 1985, Bolivia atravesó una hiperinflación cercana al 24.000 por ciento, con picos anuales superiores al 11.000, un colapso monetario total. Hoy, la inflación acumulada entre 2023 y 2025 ronda el 35 al 40 por ciento, con un salto preocupante en el último año. Aunque elevada y peligrosa, todavía dista del abismo de los ochenta. El problema no está solo en el nivel, sino en la tendencia: déficits fiscales persistentes, caída sostenida de reservas, agotamiento del modelo energético y desconfianza creciente en la capacidad del Estado de cumplir sus compromisos.

Ambos decretos, el DS 21060 y el 5503, surgen de un diagnóstico de crisis profunda y reconocen que las políticas anteriores solo administraron síntomas sin atacar las causas estructurales. Por ello, ambos impulsan reformas que reducen la intervención estatal en precios, comercio y financiamiento. El 21060 instauró un tipo de cambio único y flexible, mientras el 5503 ordena al Banco Central transitar hacia un nuevo régimen cambiario con el mismo objetivo de estabilidad y competitividad. En ambos casos, la liberalización se presenta como la herramienta central para enfrentar la escasez y restaurar los equilibrios económicos.

El control del gasto público refuerza ese paralelismo histórico. En 1985 se congelaron salarios y se prohibió el financiamiento del Banco Central a empresas estatales para frenar la emisión inorgánica. En 2025 se repite el libreto con el congelamiento salarial para 2026 y el veto explícito a nuevos créditos del BCB a empresas públicas. Ambos decretos también impulsan la racionalización del Estado, la reducción de gastos corrientes y la optimización de personal, aunque con intensidades distintas. Donde el 21060 aplicó una cirugía brutal, con despidos masivos y disolución de entidades, el 5503 opta por un ajuste más gradual y administrativamente complejo, pero no menos significativo en su orientación.

La diferencia central reside en la profundidad y, sobre todo, en la honestidad política del ajuste. El DS 21060 fue un shock sin eufemismos, asumido como una ruptura total con el pasado. El DS 5503 intenta presentarse como una medida excepcional y técnica, pese a que desmonta pilares centrales del modelo construido por el propio oficialismo durante casi dos décadas. Esa ambigüedad es su mayor debilidad. Mientras el 21060 se sostuvo en un relato coherente, doloroso, pero claro, el 5503 carga con la contradicción de un gobierno que durante años demonizó el neoliberalismo y hoy aplica varias de sus recetas sin asumir plenamente el costo político de hacerlo.

Ambos decretos nacen, finalmente, de un detonante recurrente en la historia boliviana: la fragilidad política. En 1985, un Parlamento hostil bloqueó cualquier salida gradual. En 2025, un Legislativo paralizado por la fractura interna del MAS empuja al Ejecutivo a gobernar por decreto. La lección parece no haber sido aprendida. Cuando la política se agota, la economía paga la factura, y los ajustes llegan tarde, bajo presión y con alto costo social. El DS 5503 no es el 21060, pero tampoco es su negación. Es la confirmación de que Bolivia volvió a chocar con los límites de un Estado que prometió demasiado y reformó muy poco.

Miguel Angel Amonzabel Gonzales es investigador y analista socioeconómico.

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Reducción en la importación

La implementación del Decreto Supremo 5503 ha permitido disminuir en un 30% la importación de combustibles en un lapso de 48 horas. Esta reducción ha generado un ahorro diario de aproximadamente 10 millones de dólares, según lo afirmado por la autoridad.

Una vez que se complete el ciclo de pago de la deuda de 600 millones de dólares, el Gobierno ha diseñado un esquema de redistribución de ingresos. Este esquema tiene como objetivo descentralizar el beneficio del ahorro fiscal. Un informe oficial del Ministerio de Hidrocarburos establece que los ingresos generados por la venta de combustibles se dividirán en dos partes iguales: un 50% para el nivel central del Estado y el otro 50% para los gobiernos subnacionales, que incluyen gobernaciones, alcaldías y universidades públicas.

Nueva política de distribución

Esta nueva política de distribución busca inyectar liquidez directa a los municipios. Esto permitirá mejorar la infraestructura básica, como escuelas y centros de salud. Además, las gobernaciones podrán financiar proyectos de desarrollo local, mientras que las universidades contarán con fondos adicionales para investigación y crecimiento académico. “Estamos hablando de más recursos para que los gobiernos locales puedan responder a las necesidades de la gente”, señala el informe ministerial.

Fin de un modelo insostenible

Para el Ejecutivo, el éxito del Decreto Supremo 5503 no solo se mide por el ahorro directo, sino también por el fin de un modelo económico que consideran insostenible. Al ajustarse los precios a una banda de mercado, se ha frenado drásticamente el incentivo para el contrabando hacia países vecinos. Esto evita que el dinero de los bolivianos termine subvencionando el consumo en el extranjero.

Prioridades del Gobierno

Espinoza enfatizó que la prioridad actual es “limpiar la casa” financieramente. Esto permitirá que, a mediano plazo, el ahorro se traduzca en inversiones tangibles en salud, educación e infraestructura vial en todo el territorio nacional. Esta eficiencia operativa permite al Estado dejar de gastar aproximadamente 10 millones de dólares por día. Estos recursos ahora se están canalizando hacia el pago de las obligaciones millonarias heredadas, que corresponden a compras que Luis Arce no pagó en su momento.

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Consecuencias del ajuste económico

Dunn enfatizó que este ajuste traerá consigo altos costos sociales y políticos en el corto plazo. Además, criticó la falta de debate sobre estas medidas durante la campaña electoral.

“Bolivia está en un momento decisivo. Yo diría un todo o nada. El ajuste es inevitable. La cuestión es si será un ajuste ordenado o un ajuste desordenado. Bolivia no puede evitar ese ajuste y solo tiene que elegir la forma de cómo lo quiere hacer”, manifestó Dunn.

Elementos del ajuste necesario

El analista indicó que este ajuste implicará reformas cambiarias, fiscales y la eliminación de subsidios, aspectos que considera ineludibles.

A pesar de la dureza que conlleva, Dunn recomendó que el ajuste se lleve a cabo de manera creíble, para que la población pueda entender que es el camino necesario.

Silencio en la campaña electoral

Dunn también comentó que durante la campaña electoral, ninguno de los candidatos abordó el tema del ajuste, ya que no era conveniente “decir que estas cosas van a ser duras”. Como resultado, ahora se cuenta con un gobierno electo que “ha ido más allá”, asegurando que habrá combustible el 9 de noviembre de 2025, un día después de su asunción.

Inconsistencias en las promesas

El analista observó que en la campaña se ofreció un programa económico de crecimiento inmediato, mientras que al mismo tiempo se anunciaron medidas de política contractiva, como la reducción del gasto fiscal y la unificación del tipo de cambio.

Riesgos de devaluación y inflación

Dunn advirtió que una posible devaluación de la moneda podría aumentar la inflación. Por lo tanto, es necesario contar con el músculo suficiente en Reservas para ofrecer estabilidad y credibilidad.

Propuesta política de Dunn

A pesar de sus intenciones de postularse a la presidencia en estas elecciones, Dunn fue inhabilitado por tener deudas con la Alcaldía de El Alto. Su propuesta liberal consistía en promover un Estado “mínimo”, que garantice la propiedad, la justicia y la protección de las libertades y la vida.

En contraste, Dunn señaló que el programa del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que ganó las elecciones, aboga por un Estado descentralizador, pero aún planificador.

/KMMN

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Brasil está vinculado. Desde el 6 de agosto, Estados Unidos utiliza la IEEPA para imponer aranceles del 50% a las importaciones procedentes de Brasil. Insatisfecho con los asuntos internos de Brasil, principalmente relacionados con el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro, Estados Unidos aplica estos gravámenes. Solo Brasil e India enfrentan tasas tan extremas.

¿Qué implica esta actividad judicial para Brasil? La decisión del tribunal de apelaciones sugiere que los aranceles a Brasil son ilegales. Si la Corte Suprema aprueba este fallo, se reducirá drásticamente la capacidad de Trump para aplicar la IEEPA, un sello distintivo de su política económica. De ser así, los aranceles de Trump a Brasil serían ilegales.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió sobre una “vergüenza diplomática”. Y es que  el accionar de Trump y los abogados del gobierno predicen la “ruina financiera” si se rescinden las tarifas de la IEEPA.

¿Qué debería hacer Brasil?

Dos cosas: seguir ejerciendo presión para derogar los aranceles e identificar los plazos para cualquier cambio en Washington.

La presión ha comenzado. El 29 de agosto la Cámara de Comercio Exterior (CAMEX) inició el proceso para determinar si Brasil invocará aranceles de represalia. El mes pasado, Estados Unidos acordó realizar consultas con Brasil en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Con esto, Brasil demuestra su disposición a negociar, pero si no tiene éxito, tiene opciones viables para aumentar su persuasión económica.

Al mantener los aranceles, Trump contradice su propia promesa de campaña de “bajar los precios” de los alimentos. Estos gravámenes ya impactan en importaciones clave de Brasil, como el café y la carne de res, lo que encarece directamente los desayunos y las populares hamburguesas de los consumidores estadounidenses. Por ello, los diplomáticos brasileños deberían subrayar que son los propios votantes quienes terminan pagando los costos adicionales. Difícilmente Trump y el Partido Republicano querrán que la gente empiece a corear: “¡Queremos hamburguesas baratas de nuevo!”

El impacto del fallo judicial

La reciente decisión judicial se aplica a dos conjuntos de aranceles. Uno de ellos son los Aranceles Recíprocos, anunciados en abril y aplicados a decenas de países. Estos aranceles oscilan entre el 15% y el 41%. La decisión también se aplica a los aranceles sobre las importaciones de China, México y Canadá cuyo objetivo es aumentar los controles internacionales sobre el tráfico de fentanilo y la migración ilegal.

El Tribunal de Apelaciones declaró que, en virtud de la IEEPA, el presidente Trump puede “adoptar diversas medidas” en casos de emergencia. Sin embargo, esto no incluye la imposición de aranceles. Explicó que el texto de la IEEPA no se refiere a “aranceles” ni a sinónimos como “impuesto” o “derecho”.

Siguiendo esta lógica legal, otros tribunales podrían determinar que los aranceles del 50% sobre las importaciones brasileñas son ilegales. Estos aranceles se basan en la IEEPA y de hecho, un importador estadounidense de jugo de naranja ya presentó una demanda similar.

El 9 de septiembre, la Corte Suprema de Estados Unidos programó audiencias sobre las tarifas de la IEEPA para la primera semana de noviembre. Antes de esto, habrá múltiples presentaciones legales hasta las audiencias. Después, esperaremos a que los nueve jueces de la Corte Suprema decidan. Probablemente anunciarán su decisión en junio de 2026. En la mayoría de los casos, esperan hasta el final de su mandato anual para emitir fallos importantes. Con un impacto en la política económica emblemática del presidente y con repercusiones globales, un fallo de la IEEPA sería monumental.

¿Dónde deja esto a Brasil?

La base legal para los aranceles estadounidenses del 50% está en duda, pero no se espera una acción definitiva durante al menos nueve meses, o incluso más. Este plazo permitirá evaluar el impacto económico real de los aranceles en los brasileños y los exportadores. Itamarty debería continuar las negociaciones y prepararse para represalias, en caso de ser necesarias. Conociendo el marco temporal de nueve meses, los líderes brasileños pueden empezar a equilibrar las prioridades políticas internas con las consecuencias económicas del camino actual.

Ernesto Hernández-López es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Chapman de California, Estados Unidos. Escribe e investiga sobre comercio internacional.

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Pocas políticas públicas han logrado instalarse con tanta persistencia y a la vez generar tantos efectos perversos como la subvención generalizada al diésel en Bolivia. Lo que alguna vez se justificó como un mecanismo de estabilización económica se ha transformado en una camisa de fuerza para la productividad, la justicia económica y el abastecimiento interno. Hoy, el país paga el precio de una distorsión prolongada que beneficia a los grandes operadores y castiga al consumidor común.

Durante casi dos décadas, Bolivia mantuvo los precios internos del diésel artificialmente bajos, financiados primero por una bonanza gasífera que ya es historia y, más recientemente, por un esquema insostenible de deuda, restricciones cambiarias y escasez. Mientras tanto, el Estado asumió un rol que nunca le correspondió: garantizar el consumo de energía barata a todos los sectores por igual, sin exigir eficiencia ni corresponsabilidad.

Desde abril de 2023, con la caída dramática de las reservas internacionales —que llegaron a bordear los Bs 2.000 millones—, el modelo colapsó. El país enfrenta un suministro errático de diésel, largas filas en surtidores y una inflación sostenida en los alimentos. Entre mayo y junio de 2025, Bolivia vivió los picos inflacionarios más altos en cuatro décadas. ¿La causa? Una combinación explosiva de escasez de combustible, especulación cambiaria, desorganización logística y una política energética estructuralmente desalineada con la realidad económica.

Es aquí donde el subsidio revela su peor rostro. En vez de corregir fallas de mercado, ha creado una economía paralela, dependiente del Estado, donde los precios no reflejan costos reales y los incentivos productivos están distorsionados. Cientos de camiones esperan durante días para cargar combustible barato, en lugar de distribuir productos. ¿El resultado? Mercados vacíos, productos importados más caros y una ciudadanía frustrada.

El caso del aceite de girasol ilustra esta perversión. En mayo y junio, escaseó en el país a pesar de que las procesadoras reportaban haber producido miles de toneladas. El aceite que sí apareció en las góndolas era argentino, a precios de entre Bs 105 y Bs 120 por 5 litros. ¿Dónde quedó el aceite nacional? Todo indica que fue desviado a mercados externos, donde los precios no están distorsionados. Legal o ilegalmente, el producto siguió la lógica del beneficio privado, no del abastecimiento interno.

No se trata de culpar al empresario por hacer lo que cualquier actor racional haría en un entorno capitalista: maximizar sus ganancias. Se trata de cuestionar un sistema público que permite e incluso estimula este tipo de comportamientos al mantener subsidios indiscriminados sin exigir nada a cambio. ¿Qué sentido tiene subvencionar el diésel a una empresa que luego vende sus productos en el extranjero, obteniendo precios internacionales y dejando al mercado local desabastecido?

La contradicción es brutal: el Estado financia los insumos energéticos con dinero de todos los bolivianos, pero no impone ninguna obligación de abastecer el mercado interno o respetar precios razonables. Mientras el consumidor nacional paga por alimentos a precios internacionales, el productor agroexportador se beneficia del tipo de cambio paralelo, de insumos baratos y de un sistema aduanero débil que facilita la evasión. Privatizan la ganancia y socializan el costo. El Estado, en lugar de corregir la distorsión, la institucionaliza.

El problema, más allá de lo técnico, es ideológico. Desde 2006, Bolivia apostó por la nacionalización de los hidrocarburos, la centralización de la cadena energética en una YPFB cada vez más ineficiente y el congelamiento del tipo de cambio como otro subsidio encubierto. Estas decisiones no fortalecieron la economía nacional; la hicieron más dependiente, más opaca y más vulnerable. La estatalización eliminó la competencia, redujo la eficiencia y generó espacios fértiles para la corrupción. Y cuando en 2010 se intentó una reforma, conocida como el “gasolinazo”, el Gobierno dio marcha atrás ante la presión social, consolidando un modelo de subsidios eternos.

Hoy, la factura ha llegado. Bolivia no puede importar suficiente diésel, no tiene divisas para sostener el ritmo de consumo y enfrenta un deterioro estructural en su balanza comercial. Las agroexportadoras y las mineras, sectores supuestamente más dinámicos y competitivos, solo sobreviven gracias al diésel barato. En otras palabras, no son empresas viables por sí solas: son estructuras parasitarias del presupuesto nacional. Si no pueden competir pagando el costo real de los insumos, no son parte de la solución, sino del problema.

La política de subsidios requiere una reforma profunda y gradual, enfocada en ser temporal, inteligente y dirigida únicamente a quienes realmente la necesitan, evitando beneficiar a grandes conglomerados que exportan sin compromiso local. Un subsidio bien diseñado fomenta el desarrollo y la inclusión, mientras que uno mal aplicado perpetúa el rentismo y la ineficiencia. Además, eliminar estas distorsiones contribuirá a mejorar el abastecimiento interno y a frenar el contrabando, que actualmente mueve alimentos subvencionados fuera del país.

La pregunta ya no es si la subvención al diésel debe mantenerse. La pregunta es a quién beneficia, a costa de quién, y por cuánto tiempo más Bolivia puede sostener una economía donde la ganancia es privada pero los costos son colectivos. La justicia económica comienza por ajustar estas reglas, por romper el ciclo de privilegios y asumir que una economía viable no puede basarse en el autoengaño permanente.

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Tarifas recíprocas es el término que utiliza el presidente Trump para denominar los impuestos a las importaciones dirigidos a equiparar políticas industriales (aranceles, subsidios, preferencia en compras gubernamentales, etc.) de otros países, por medio de las cuales, de acuerdo con la Casa Blanca, “han explotado a Estados Unidos”.

Esas tarifas violan normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y tratados como el CAFTA. Aun países cuyas economías pesan muy poco en relación con la de Estados Unidos y que han respetado al pie de la letra ese tipo de acuerdos comerciales han sido sancionados. Por ejemplo, en el caso de un país como Costa Rica, Trump se saca un as de la manga al imponer una tarifa del 10% a sus exportaciones como castigo.

Esto porque, supuestamente, está “explotando” a Estados Unidos al cobrar un impuesto de consumo a las bebidas alcohólicas de acuerdo con el nivel de alcohol, al permitir la contratación preferencial entre entes estatales, al condicionar la importación de ciertos productos a requisitos sanitarios y fitosanitarios, al impedir la importación de papas y al supuestamente carecer de la protección debida a la propiedad intelectual. Lo ridículo del argumento es tan evidente como la orden (lamentablemente acatada por Costa Rica) de no permitir a Huawei competir para suplir la tecnología 5G para evitar el espionaje (¿¡sobre tecnología militar, espacial o industrial!?).

En el caso de China, los elevados aranceles impuestos a sus exportaciones a Estados Unidos buscan, de acuerdo con Trump, compensar la competencia desleal que se deriva del apoyo estatal de China a sus industrias. Supuestamente la mano visible del Estado da ventajas a China que le permiten “explotar” a Estados Unidos. Ello supone que en este país no existen subsidios ni apoyos específicos a sus sectores productivos y que la economía es manejada por la mano invisible del mercado.

Nada más alejado de la verdad. Son harto conocidos los masivos subsidios y el proteccionismo con que Estados Unidos apoya, por ejemplo, a su sector agrícola. Pero quiero referirme a los enormes beneficios estatales recibidos por empresas en el área de alta tecnología, en la que Estados Unidos ha logrado una presencia sustantiva en el mercado mundial.

Por ejemplo, las inversiones masivas del sector público de Estados Unidos que llevaron a descubrir el internet, el GPS, las pantallas táctiles y varias tecnologías de comunicación le permitieron a Apple desarrollar el iPhone, iPod y el iPad. Tal y como lo escribe la economista Mariana Mazzucato (University College London), los usuarios de estos productos por lo general desconocen que las tecnologías fundamentales incorporadas en los productos de Apple son el resultado de la acción directa del Estado invirtiendo miles de millones de dólares durante muchos años.

Aparte del uso —gratuito— de tecnologías desarrolladas por el Estado, Apple recibió regalos multimillonarios del gobierno como apoyo a sus esfuerzos de innovación en la industria de la computación. Esta práctica de subsidiar con recursos públicos a empresas (champions) escogidas no por el mercado sino por el Estado se mantiene hasta el día de hoy. Es un componente sustancial de la Ley de Chips y Ciencia aprobada en el 2022. Esta ley presupuesta un total de $174.000 millones para R&D (Research and development) y $63.000 millones en transferencias y exenciones tributarias a empresas específicas. De igual manera, la Ley para Reducir la Inflación (2022) prevé estímulos por un monto de $370.000 millones para subsidiar a empresas que generen tecnologías y productos en el campo de las energías limpias.

Lejos de confiar en la supuesta capacidad de las fuerzas del mercado para maximizar la eficiencia en la asignación de recursos, Estados Unidos ha preferido poner en práctica políticas industriales idénticas a las que han dado a China sus principales éxitos competitivos.

Lo normal es que al admirar algunos productos, ya sea por su calidad tecnológica, el servicio que prestan a la humanidad o las ganancias que generan, la atención y los méritos se concentren en Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman, Larry Page, etc. No hay duda que estos extraordinarios empresarios e innovadores tienen mentes privilegiadas y vocación por la excelencia, el riesgo y el trabajo duro. Pero sin la participación del Estado en el desarrollo de tecnologías y en la transferencia de subsidios, todo financiado con los impuestos pagados por los contribuyentes, esos emprendedores no hubiesen pasado de la primera base.

Entonces, la estrategia seguida por Estados Unidos ha sido similar a la que atribuye, acusativamente, a China: presupuestación masiva de recursos públicos que han servido para hacer viables y dotar de competitividad a sus empresas y productos y para el desarrollo del país.

Por cierto, el éxito competitivo logrado tanto por China como Estados Unidos al amparo de la mano visible del Estado (y de la Unión Europea, Corea del Sur, la República de China en Taiwán, Japón y Singapur) solo refleja la irrelevancia de las prédicas neoliberales sobre la magia del libre mercado, al tiempo que destaca la importancia de poner en práctica políticas guidas por un enfoque antidogmático, pragmático y ecléctico. Por su parte, el fracaso de la mayoría de los países de América Latina —la neoliberal y la socialista—, de la China pre Deng Xiaoping, de las dos Rusias —la comunista de la Unión Soviética y la neoliberal privatizadora de la era posterior— responde a su característico simplismo y a su apego a dogmas sin sustento ni en la realidad ni en el estudio.

La verdad es que, al diseñar políticas de desarrollo y competitividad, la pregunta que de la historia deben aprender las derechas no es si el Estado debe participar en la economía y si debe interferir en las fuerzas del mercado, sino cuándo, dónde y cómo. Así mismo, las izquierdas deben aprender a preguntar no si el mercado y la empresa privada deben jugar un papel en la economía, sino (tal y como lo hizo Deng Xiaoping) cuándo, dónde y cómo.

En Estados Unidos ese enfoque pragmático comenzó con la independencia bajo el liderazgo de Alexander Hamilton y siempre ha estado presente, a pesar de recurrentes prédicas extremistas promercado. Ni siquiera Reagan propuso eliminar el fuerte papel del Estado. Mantuvo intactos los subsidios a la agricultura y las inversiones estatales en R&D, por medio de numerosas agencias gubernamentales (por ejemplo DARPA, NIH, Ministerio de Defensa o la NASA), o de subvenciones a universidades y a empresas privadas.

Por ello Trump tira piedras sobre su propio tejado cuando explica que sus tarifas recíprocas en parte se justifican como herramienta para compensar los apoyos gubernamentales o las distorsiones de mercado con que otros países ayudan a sus empresas a ser competitivas.

Ottón Solís es un político y economista. Profesor de la IE University (España). Master en Economía de la Universidad de Manchester (Inglaterra). Fue diputado y ministro de Planificación y Política Económica, de Costa Rica.

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“Nosotros vamos a entrar en cuarto intermedio hasta que haya solución a esta problemática que tenemos a nivel nacional”, expresó el secretario ejecutivo de Contracabol, Santiago Aguilar, en una entrevista con el canal estatal.

Reunión programada

Por otro lado, acordaron una nueva reunión para este viernes, a las 15:00, con la participación de los representantes de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), quienes horas antes se excluyeron del encuentro, en tanto Contracabol no suspenda su paro.

El objetivo del encuentro del viernes será explicar, con datos objetivos, cuánto de carne es destinada a la exportación y qué porcentaje se queda en el mercado interno.

Disposición al diálogo

A pesar de que el sector ganadero no asistió a la reunión del jueves debido a la continuación del paro de Contracabol, se mostró dispuesto a dialogar y encontrar soluciones que beneficien a todos los sectores y a la población en general.

“Hemos quedado en cuarto intermedio. Nos han exigido que podamos reunirnos con los ganaderos, con los productores y con los exportadores. Nosotros hemos accedido e inmediatamente hemos hecho los contactos, hemos logrado concretar mañana a las 15:00 horas la reunión”, indicó el ministro Flores.

Demandas de Contracabol

Contracabol mantuvo su paro exigiendo la paralización de las exportaciones de carne, argumentando que estas afectan el abastecimiento interno y provocan aumentos en los precios. Sin embargo, el ministro Flores aclaró que la exportación es una política económica de Estado que no puede ser suspendida.

Con la suspensión del paro, se espera que este viernes los mercados puedan retomar la venta regular de carne, lo que podría ayudar a estabilizar la situación del abastecimiento en el país.

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Durante su intervención en el ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) en Tupiza, Potosí, Arce señaló que Morales no preservó adecuadamente los logros de la nacionalización de los hidrocarburos, que tuvo lugar el 1 de mayo de 2006.

“Todos nosotros nos hemos alegrado de la recuperación de nuestros hidrocarburos, que estaban en manos de las transnacionales, ese primero de mayo de 2006; pero no se trataba solo de nacionalizar, había que cuidar la nacionalización. Significaba proteger la gallina de los huevos de oro y la vaca lechera que era el gas”, expresó el mandatario.

Reservas de gas y exploración de pozos

El mandatario enfatizó que, al asumir el poder, Bolivia contaba con reservas que permitían la exportación de gas, generando importantes ingresos en dólares. Sin embargo, enfatizó que el gas no es eterno.

En este contexto, Arce destacó que actualmente hay 28 pozos en exploración y que se espera concluir el año con un total de 48. También hizo mención del reciente hallazgo del pozo Mayaya Centro X1, ubicado en el departamento de La Paz.

Críticas a la facción “evista” del MAS

Además, Arce también criticó a la facción “evista” del Movimiento al Socialismo (MAS), acusándola de obstaculizar el progreso del país al no aprobar cerca de 1.076 millones de dólares correspondientes a 12 proyectos de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Medidas tomadas por el gobierno actual

En sus declaraciones, el Presidente reafirmó que su gobierno ha tomado las medidas necesarias para abordar la crisis actual, a pesar de que Evo Morales intenta presentarse como “el salvador” de la situación.

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Este miércoles se llevará a cabo el Diálogo para el Acuerdo Económico Productivo Empresarial, convocado por Luis Arce, en La Paz a partir de las 16:00 horas. En este encuentro participarán diversos sectores que esperan abordar temas como la escasez de dólares y combustible, así como incentivos a la producción y exportación.

Control de divisas en el “Gabinete Social”

Previamente, el Gobierno se reunió con sectores sociales en el denominado “Gabinete Social”, donde se discutió la posibilidad de implementar un control de divisas, es decir, retener los dólares provenientes de las exportaciones privadas.

Incentivar el sector productivo como solución a la crisis

Antelo señala que la solución a la escasez de divisas y combustible radica en incentivar al sector productivo para aumentar las exportaciones. Descarta la propuesta del Gobierno de liquidar directamente a través del Banco Central y destaca la importancia de proteger al sistema financiero como pilar de la economía nacional.

“Si la reunión no se lleva a cabo con este tipo de planteamiento, creo que nuevamente podría ser un gran error por parte del Estado”, puntualiza Antelo.

Propuestas de Cainco

En cuanto a las propuestas presentadas por Cainco, Antelo menciona la necesidad de abordar la política monetaria y fiscal, así como brindar incentivos al sector productivo para estimular las exportaciones. Por otro lado, critica los 17 decretos supremos que desincentivan las exportaciones.

Según Antelo, es fundamental discutir el déficit fiscal y las subvenciones como parte de las políticas macroeconómicas fiscales para reactivar la economía nacional.

/ APC

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El discurso de Arce en los 199 años del aniversario de Bolivia, toma el ejemplo de Pilatos para que el pueblo vaya al llamado de su referendum , consideremos la pobreza a la que fue llevada por la política económica de Bolivia El estar bien con la economía productiva comunitaria.

La misma que sea certificada con la opinión popular, ya que tienen la esperanza de recibir la bendición para incorporar los precios internacionales de los hidrocarburos. Vamos a considerar en la supuesta idea que el pueblo podría hacer un sacrificio de hambre por los errores de la política que implemento el M.A.S. cuando realizo la reforma de los contratos petroleros con las empresas petroleras extrajeras, cuando decidió modificar los precios de boca de pozo a los precios internacionales, y no tuvo el tino de saber que también se aplicaba a los hidrocarburos.

La supuesta renacionalización solo fue una reforma de nuevos contratos mal hecha. Cuando se dan cuenta que tenían que pagar el 25% del valor de venta del Gas por compra de hidrocarburos Evo trato de corregir su error, con un gasolinazo pasando la cuenta a los bolivianos y casi le cuesta su trono y retrocedió, y fue hasta la ocurrencia de Arce y pretendido referéndum.

Bueno pero eso no es suficiente para el tibio y timorato de Arce que no tiene capacidad y carácter, y pretende desconocer su participación del descalabro económico por que solo fue su empleado de Evo. Por otra parte aparenta tener demencia senil ya no recuerda el NO a la reelección del 21F, y otra vez pide otro referéndum para considera reelección si o no  por que quiere cerrar a su Jefazo la reelección para disfrutar de las mieles y la ambición del poder. Y para colmo de economía “disquete populista” sigue con sus elefantes traga de balde e inoperante del Estado y cree que las monedas virtuales darán puente a la inflación y depreciación de la moneda Boliviana que al fin admite, pero que sin embargo las monedas virtuales se cotizan también al precio del mercado paralelo qué es el verdadero valor.

Asimismo estamos en un corralito financiero ya que no puedes operar con los mercados internacionales y esta deformación de la realidad mentirosa de Arce la estamos sufriendo los obreros, campesinos, con sus ingresos en la canasta familiar, pequeños y también grandes empresarios con la importación de insumos y materias primas y comenzamos con la carencia de hidrocarburos, que bien sabemos que será progresivo para otros artículos. 

Y por último los escaños de representación parlamentaria que es solo un redistribución de representantes en función de la población y no es por un tema de territorio, e insinúa como dicen “divide para gobernar ” y pensando crear discordias regionalistas.

Cuando en realidad pretende distorsionar los resultados que saldrán en Septiembre de Censo de población y vivienda, que la verdad el sumo más importante que está vigente en la conciencia boliviana que se definió en cabildos el nuevo registro biométrico para desmontar el fraude electoral del que se también se favoreció Arce, ya que lo miopía de Yanine nos llevó a ser nuevamente presa del M.A.S. Tenemos tareas fundamentales para modificar nuestros destino y el gobierno se ocupará de distraernos y jugar. Está en nuestras manos estar atentos y buscar la luz de la libertad y la democracia. 

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Silva destacó que los precios de los productos básicos de la canasta familiar se mantienen estables gracias a los controles interinstitucionales implementados para combatir el contrabando y la especulación.

Apuesta por el fracaso del país y la caída del Gobierno

El viceministro reprochó a aquellos que constantemente apuestan por el fracaso del país y la caída del Gobierno, sin ofrecer propuestas alternativas. Según Silva, este sector especula en la política y la economía sin tener en cuenta las consecuencias negativas que esto puede generar.

Política de Estado para proteger los derechos de los usuarios y consumidores

El Gobierno de Bolivia ejecuta una política de Estado orientada a proteger los derechos de los usuarios y consumidores, garantizando el acceso a productos de calidad y precios justos.

Factores naturales y políticos afectan la producción y generan incertidumbre

Silva lamentó que la producción se vea afectada por factores naturales y políticos, incluyendo las declaraciones falsas del expresidente Evo Morales en un medio de comunicación. Estas acciones generan inestabilidad e incertidumbre en la población de manera descarada.

Controles permanentes para mantener precios estables en la canasta familiar

Como parte del Comité de Seguridad Alimentaria, se realizan controles permanentes para garantizar que los precios de los productos principales de la canasta familiar se mantengan estables.

Garantizando productos de calidad a precios justos

El viceministro destacó que se continúa trabajando para garantizar que los ciudadanos puedan adquirir productos de calidad a precios justos, protegiendo así sus derechos como consumidores.

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Porcel Marquina destacó que a lo largo de estos años el país ha perdido más de 28.000 millones de dólares, cifra respaldada por datos oficiales del Ministerio de Economía. Además, criticó la falta de una política económica efectiva por parte del Estado en temas como la devaluación de la moneda y la gestión de la deuda nacional.

Discrepancia en las proyecciones de crecimiento económico

En contraste con las proyecciones optimistas del gobierno sobre un crecimiento del PIB del 3,71% para este año, el Banco Mundial estima solo un crecimiento del 1,4%, lo que refleja una discrepancia significativa entre ambas perspectivas.

Crisis económica y sus factores

El parlamentario también alertó sobre la crisis económica que atraviesa Bolivia debido a diversos factores como la caída de las reservas, el déficit fiscal, la escasez de dólares y la subvención excesiva a los combustibles. Asimismo, cuestionó los altos salarios percibidos por funcionarios públicos en comparación con las pensiones mínimas otorgadas a jubilados.

Propuesta de reducción de sueldos

Por último, Porcel Marquina propuso reducir los sueldos tanto militares como varios funcionarios públicos como medida para contribuir a mejorar la situación económica del país. Si yo gano 20.000 bolivianos y me rebajan a 19.000 bolivianos, ¿no podré cumplir con mis funciones? ¿Dónde está el patriotismo? (…) Todos debemos contribuir de alguna manera para sacar adelante al país”, expresó.

Preocupación por el proyecto de ley 035

En cuanto al proyecto ley 035 que modifica la Ley de Pensiones y generó protestas en sectores como salud y educación, el diputado expresó su preocupación por lo que considera una afectación a los recursos nacionales prestados al Banco Central y empresas públicas estratégicas.

“Nos quieren seguir quitando nuestros recursos. El 95% está en manos de bolivianos y gran parte de ese dinero (aportes de la jubilación) está prestado al Banco Central y a empresas públicas estratégicas, que en su mayoría son un déficit para nuestra economía”, indicó el parlamentario.

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El proyecto de ley contempla un presupuesto agregado de Bs 340.317.970.486 y un consolidado de Bs 265.558.034.072. Dichos recursos están destinados a sectores clave como salud, educación, infraestructura y programas sociales. La norma también prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,71%, representando un aumento de $us 3.000 millones con respecto al presupuesto del año en curso.

Aumento en los techos presupuestarios

La Cámara de Diputados sostuvo que el aumento en los techos presupuestarios se fundamenta en las políticas económicas implementadas desde noviembre de 2020. Destacaron que el presupuesto total es ascendente con asignaciones específicas para sectores como Salud y Deportes, y Educación, evidenciando incrementos significativos con respecto al año anterior.

Tensiones durante el proceso de aprobación

Sin embargo, el proceso de aprobación no estuvo exento de tensiones, siendo los diputados opositores quienes lideraron los reclamos. Exigieron la presencia del Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para brindar detalles adicionales sobre la normativa. A pesar de sus demandas, fue el presidente de la Comisión Económica de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, quien explicó los 18 artículos del proyecto.

Acusaciones de pactos políticos

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, calificó la sesión como accidentada y argumentó que la aprobación del PGE 2024 respondió a un supuesto pacto entre las facciones internas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y algunos miembros de la oposición. “Cuando se trata de robar el queso, los ratones se juntan (…). En un sistema presidencialista, la posición de la Asamblea Legislativa en el PGE demuestra los acuerdos políticos”, afirmó Pedrazas a La Razón.

Preocupación por situación económica

Por su parte, el diputado de CC, José Luis Porcel, expresó su preocupación por la situación económica, señalando que el presupuesto se percibe como maquillado. Alertó sobre la autorización para emitir bonos por 2.000 millones de dólares, endeudamiento externo por 4.000 millones de dólares y asignación adicional de 700 millones de dólares, evidenciando la debilidad económica del Estado.

Cuestionamientos al financiamiento y aumento en gastos ordinarios

Porcel resaltó el aumento en el servicio de la deuda que subió en 400 millones de dólares y cuestionó la fuente de financiamiento: las reservas de oro para el pago esta misma así como también para subvencionar combustibles en un contexto económico complicado. “Si no hay reservas de oro, si las exportaciones no generan divisas y si nadie compra los bonos soberanos ni presta dinero a Bolivia, ¿cómo se va a financiar el pago de la deuda y la subvención de combustibles? La situación es complicada”, indicó Porcel, subrayando el aumento del 16% en el presupuesto del Órgano Ejecutivo para gastos ordinarios y de operación.

Envío al Senado para su tratamiento

El proyecto de ley del PGE 2024 consta de 18 artículos, de los cuales el artículo 8 fue anulado y los 17 restantes fueron aprobados y enviados al Senado para su tratamiento.

/WBMC

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“Compartir una visión de industrialización con sustitución de importaciones ofrece muchas oportunidades para generar complementariedades con el sector privado. Esta reunión no es aislada, sino que continúa un encuentro anterior”, dijo.

Trabajo conjunto entre sector público y privado

La autoridad afirmó que tanto el sector privado como el público están trabajando conjuntamente en la sustitución de importaciones y la industrialización del país, incluyendo áreas como el turismo.

Empresarios privados comprometidos con la política económica

Asimismo, los empresarios privados aseguraron que su trabajo consistirá en apoyar al gobierno en la política económica, acelerar los procesos de reactivación económica y contribuir al desarrollo económico.

Luis Arce invita al empresariado a aportar desde su sector

El Presidente del Estado, Luis Arce, mencionó a través de sus redes sociales que continuarán avanzando en este proceso e invitó al empresariado privado a aportar desde su sector. “Nos reunimos con los principales representantes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Como Estado ya hemos sentado bases sólidas para industrializar nuestra Patria y seguiremos avanzando firmes. El empresariado privado puede contribuir enormemente”, señaló.

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A través de sus redes sociales, Morales afirmó que la política económica del país no puede estar sujeta al endeudamiento y a la enajenación de las reservas de oro y los recursos naturales sin estrategias sostenibles y planes de crecimiento.

Criticas al discurso político sobre estabilidad económica

Además el exmandatario criticó el discurso político del Gobierno actual, que asegura haber logrado estabilidad económica y tener la inflación más baja de la región, pero omite mencionar que esto se ha conseguido a costa de altos niveles de endeudamiento.

Sugerencia: Convocar a una Cumbre Nacional para buscar soluciones conjuntas

Ante esta situación, sugirió convocar a una Cumbre Nacional de Unidad para enfrentar la inestabilidad económica y buscar soluciones conjuntas.

Morales destacó que por responsabilidad, urge construir un Plan de Emergencia con el pueblo, para que el Estado, los movimientos sociales y el sector privado unan esfuerzos y superen cualquier crisis.

Informes sobre venta de oro y solicitud de aumento presupuestario

Recientemente se dio a conocer un informe enviado por el Banco Central de Bolivia a la Asamblea Legislativa sobre la venta de 17 toneladas de oro pertenecientes a las reservas nacionales. Sin embargo, solo se logró comprar 68 kilos. Además, el Ejecutivo solicitó al Legislativo un aumento de 5.000 millones de bolivianos adicionales en el Presupuesto General de la Nación para este año.

Baja producción en industria del gas por falta de exploración

Cabe recordar que el mes pasado, Arce admitió que la industria del gas llegó a su punto más bajo debido a los bajos niveles de producción causados por la falta de exploración en administraciones anteriores.

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“Hemos visto cómo el FMI (Fondo Monetario Internacional) hoy recomienda subvenciones, subvenciones que cuando nosotros las aplicamos eran fuertemente cuestionadas, pero gracias a las subvenciones y a la política económica que aplicamos en Bolivia tenemos una estabilidad económica muy envidiada por otros países”, manifestó.

El mandatario participó en la XV jornada Monetaria, “Riesgos Globales en un Contexto de Incertidumbre y Volatilidad Financiera”, organizada por el BCB, en La Paz.

Explicó que el resultado y el éxito la política económica, tiene que ver con el objetivo de a quién y cómo se quiere beneficiar, según informó Innovapress.

Arce reflexionó sobre los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania que inició en febrero de esta gestión; el incremento de precios de los alimentos y energía, principalmente.

“En materia de alimentos y energía, lo propio. Quienes producimos alimentos para nosotros mismos estamos tranquilos con la inflación controlada, pero quienes han evidenciado la globalización de libre mercado (…) están enfrentando hoy serios problemas”, argumentó.

Ante situaciones como esta, el jefe de Estado mencionó que su Gobierno contempla la industrialización, con sustitución de importaciones de alimentos, semillas y todo lo que sea necesario.

“Porque se va a venir en el mundo este tipo de problemas de aquí en adelante que es una característica de este sistema capitalista que hoy por hoy empieza a mostrar debilidades, empieza a mostrar que es un sistema que ya caducó”, explicó.

Reiteró que el éxito de la política económica tiene que ver con el objetivo de lo que se busca, ¿a quién se quiere beneficiar? y ¿cómo se quiere beneficiar?, por lo que el acierto del Modelo Económico Social Comunitario Productivo de su Gobierno es que prioriza las necesidades de la población.

Asimismo, el presidente del BCB, Edwin Rojas, indicó que desde el 2007 el ente emisor enfrenta este evento en el marco de las actividades por el aniversario de su creación.

“Hay que señalar que la jornada monetaria es un espacio académico que tiene el propósito de promover la investigación, el intercambio de experiencias y análisis sobre temas de política monetaria, económica y financiera”, indicó Rojas.

/NVY

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La autoridad recalcó que la situación es un referente de estabilidad y mencionó que ya ocurrió en años pasados.

“Hay que recordar que no es la primera vez que el norte argentino utiliza la moneda nacional como un refugio ante los problemas de la devaluación de la moneda del vecino país. Esto ocurrió por el año 2014, 2015 dónde en el norte argentino ya empezaron a utilizar el boliviano. Y esto es una buena señal de que la moneda nacional es un referente de estabilidad”, manifestó.

Según su criterio, comerciantes de esa región no acudirían al boliviano si no fuera un referente de que se puede generar el depósito de valor, reportó la red Erbol.

Asimismo, comparó la presunta estabilidad del peso boliviano respecto al dólar, detallando que 25 bolivianos equivalen aproximadamente a mil pesos argentinos.

Situación económica en Bolivia

Aseveró que Bolivia es un referente económico a nivel mundial y que ministros de otros países le llaman, para preguntarle “qué se hace en el país”.

“Algunos ministros de economía de otros países me llaman y me dicen qué están haciendo ustedes, porque realmente somos un referente en términos de lo que está ocurriendo no solamente en la región, sino a nivel mundial”, relató.

Finalmente, indicó que el país tiene claridad en su política económica en comparación a otros países que son afectados por políticas “errantes” y proclives al “fundamentalismo del mercado”.

/JDLF/

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Según asegura la organización, este fenómeno es global.

“Tras el fuerte repunte registrado en 2021, la economía mundial está entrando en una pronunciada desaceleración en medio de las nuevas amenazas derivadas de las variantes del Covid‑19 y el aumento de la inflación, la deuda y la desigualdad de ingresos, lo que podría poner en peligro la recuperación de las economías emergentes y en desarrollo”, señala el comunicado.

En el caso de América Latina y el Caribe durante el 2021 se logró una recuperación del 6,7 por ciento impulsado por condiciones externas favorables y diversos acontecimientos relacionados con la pandemia.

El BM asegura que el proceso de recuperación hacia los niveles del Producto Interno Bruto (PIB) anteriores a la pandemia será desigual en la región y prolongado en algunos países.

Por ejemplo, se proyecta que para este año la economía de Brasil se desacelerará hasta llegar al 1,4 por ciento por factores como la limitada confianza de los inversionistas, la erosión del poder adquisitivo derivada de la alta inflación, el endurecimiento de la política macroeconómica, la desaceleración de la demanda de China y la caída de los precios del hierro.

Asimismo, se espera que el gigante sudamericano repunte al 2,7 por ciento en 2023.

Las proyecciones indican también que en Argentina el crecimiento se desacelerará al 2,6 por ciento en 2022 a medida de que el consumo privado se atenúe como consecuencia de la reducción del estímulo fiscal y la inversión disminuya, aunque el continuo impacto del fuerte crecimiento de 2021 dio lugar a una mejora del pronóstico para 2022.

Los fuertes rebotes cíclicos observados en Chile, Colombia y Perú en 2021 se debilitarán en 2022 y nuevamente en 2023.

EN BOLIVIA

Sobre Bolivia, el organismo anticipa que para este año el crecimiento será de un 3,5% mientras que, para 2023 proyectó un 2,7%.

Tres especialistas indicaron que, para lograr un mayor crecimiento, el Gobierno debe revisar su actual política económica, según reporte de El Deber.

El especialista en finanzas, Jaime Dunn explicó que la receta aplicada en 2021 no podrá repetirse. Explicó que, ante una inflación global, muchas economías subieron las tasas de interés para evitar que la excesiva liquidez inyectada en la anterior gestión genere una espiral inflacionaria más alta.

El economista, Napoleón Pacheco declaró que la única vía para revertir estos pronósticos es abrir las exportaciones, que, según él, se mantienen controladas por factores políticos, en especial las ligadas a la agroindustria.

También en criterio del especialista, Germán Molina, las tasas de interés en Estados Unidos subirán para atenuar la inflación que llegó al seis por ciento, generada por la inyección económica que realizó en 2021.

Según Molina, esto hará más caro el dinero y los precios de las materias primas bajarán. Aseguró también que, mientras siga el rebrote de la pandemia la situación no cambiará y “Bolivia no tiene control”.

Por tal motivo, apuntó que el sector público y privado deben ajustarse y eso se traducirá en una menor generación de empleos.

Finalmente, para este año, el Gobierno Nacional aseguró que el país tendrá una tasa de crecimiento del 5,1% y una inflación del 3,4%. Además, programó una inversión pública de 5.015 millones de dólares.

/MDCB

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Esa cartera de Estado desechó las versiones acerca de que el déficit, la deuda externa y las RIN afectan a la economía del país.

En ese sentido, la empresa calificadora Moody’s en su reciente reporte destacó que Bolivia seguirá teniendo múltiples opciones disponibles para cumplir con los reembolsos de bonos externos en 2022 y 2023, según reporte del portal informativo Innovapress.

Ello incluye la emisión de bonos internacionales para renovar la deuda que vence, el financiamiento de bancos multilaterales de desarrollo, entre otros. Además, señala que la estructura de deuda favorable de Bolivia sigue siendo una fortaleza crediticia clave, que mitiga los riesgos de la economía.

Asimismo, según el Ministerio de Economía, la empresa calificadora Fitch Ratings señala que el saldo de las RIN de Bolivia mantiene desarrollo respecto a límites referenciales internacionales.

La ratio (el cociente de dos magnitudes) RIN/PIB de Bolivia alcanza más del 12 por ciento. El nivel de las reservas permite cubrir más seis meses de importaciones de bienes y servicios, por encima de la métrica tradicional de tres meses establecida por organismos internacionales para evaluar el nivel mínimo de reservas. Además de cubrir más de cuatro veces la deuda externa de corto plazo, reporta Economía.

La entidad internacional también destacó el superávit en cuenta corriente, la reducción de las salidas de capital y un esquema que incentiva a los bancos a prestar divisas contribuyendo a estabilizar las reservas en 2021. Asimismo, Fitch menciona que la economía de Bolivia creció al menos 4% en promedio en 2015-2019 antes de la crisis económica y proyecta un crecimiento económico de 5.4%.

La política de reactivación económica implementada por el Gobierno, que, por el lado de la demanda, autorizó el pago del Bono contra el Hambre, el incremento de rentas de los jubilados, el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y el reintegro en efectivo del Re-IVA.

Finalmente, se promueven medidas económicas que coadyuvan a reconstruir la economía como principal línea de acción del Gobierno nacional logrando una recuperación económica evidente en las cifras del PIB acumulado de 9,4% al segundo trimestre de 2021, después de una caída de hasta 12.88% a fines de 2021, retomando su sitial como una de las economías de mayor crecimiento en la región, según informaron desde el despacho de dicho ministerio.

/MDCB

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