Pimentel reconoció que él y los nuevos viceministros tienen un tiempo limitado para cerrar la gestión 2025. Por ello, enfatizó la necesidad de “agudizar el ingenio” para implementar las mejores medidas posibles.

El viceministro afirmó: “(Tenemos que) cerrar esta gestión en los mejores términos posibles e iniciar la gestión 2026 parando el deterioro de la calidad educativa”.

Compromiso con la educación

Uno de los mensajes clave del nuevo equipo de educación fue su compromiso de no “destruir” los avances que ya se han logrado en el sistema educativo. Criticaron las gestiones anteriores que intentaron “rediseñar” la educación desde cero.

Pimentel fue claro al expresar: “No hemos venido a destruir, hemos venido a construir sobre la base ya avanzada”.

Política de Estado

La ministra de Educación, Beatriz García, también reiteró este principio. Explicó que la educación debe ser entendida como una “política de Estado, no de coyuntura”.

García agregó: “No hemos venido a destruir, hemos venido a construir. Queremos un sistema educativo de calidad, transparente y eficiente que escuche al Magisterio y que dialogue con las familias”.

Reunión con el Magisterio

Durante su intervención, la ministra, quien fue la encargada de posesionar a los tres viceministros, anunció que para este lunes se tiene programada una reunión con el Magisterio. El objetivo es “escuchar sus expectativas y marcar una agenda de trabajo”.

Además, adelantó que se trabajará en una nueva ley de Educación. Esta ley tendrá como premisa mantener todo lo bueno y garantizar el espacio de cada actor del proceso educativo.

Nuevo equipo de trabajo

La posesión del nuevo equipo está conformada por: Juan Carlos Pimentel Castillo, viceministro de Educación Regular; Ángela Daniela García Moreno, viceministra de Educación Alternativa y Especial; y Ana Cárdenas Angulo, viceministra de Educación Superior de Formación Profesional.

La ministra destacó el perfil de cada uno de los nuevos viceministros, mencionando la “sabiduría” y experiencia de Pimentel; la conexión de Cárdenas con la demanda laboral y el sistema universitario; y la innovación y vivencia personal con la educación especial de García Moreno.

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Rodríguez Veltzé utilizó sus redes sociales para explicar que las soluciones a esta problemática deben ser universales. Estas deben ser implementadas por los órganos competentes y basadas en consensos que aseguren un servicio judicial más ágil y justo. También enfatizó que la Reforma Judicial requiere la participación activa de todas las autoridades y de la ciudadanía para lograr cambios sostenibles.

“Se trata de un tema de Estado que merece una política de grandes consensos y de largo aliento. No puede ser la fracción de un programa de gobierno ni de un ministerio, incumbe a todos los órganos de poder público”, afirmó el exmandatario, subrayando la importancia de la coordinación entre instituciones.

Contexto de la crisis penitenciaria

Esta preocupación se intensificó después de que el 22 de agosto el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidiera revisar de oficio los plazos de detención preventiva de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, quienes están acusados en el caso denominado “Golpe de Estado”. Esta medida provocó protestas en las cárceles del país, donde los internos exigieron que la revisión se aplique a todos los detenidos preventivos de manera equitativa.

Causas de la crisis judicial

Rodríguez Veltzé identificó varias causas que contribuyen a la crisis del sistema judicial y penitenciario. Entre ellas, mencionó la falta de una política criminal de Estado, la judicialización automática de la detención preventiva y las debilidades en el control constitucional. Además, advirtió sobre presuntas falencias en la objetividad del Ministerio Público, lo que agrava aún más la situación.

Necesidad de soluciones duraderas

El expresidente concluyó que las soluciones a estos problemas no pueden ser temporales ni parciales. En este contexto, hizo un llamado urgente a crear acuerdos de largo plazo que permitan una transformación profunda del sistema judicial y penitenciario en Bolivia.

LDVY

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JUSTIFICACION LEGAL

El Articulo 351 de la Constitución Política del Estado establece que el Estado asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas,  por su parte, la Ley No. 928 LEY DE LA EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS – YLB en su artículo único parágrafo II, señala que Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB, es responsable de realizar las actividades de toda de la cadena productiva: prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos evaporiticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización.

ANTECEDENTES

Hemos escuchado con mucho beneplácito desde el gobierno la  implementación de plantas (EDL) en los salares de Coipasa, Pastos Grandes y Uyuni, lo que al parecer no quieren que el pueblo boliviano conozca desde las esferas gubernamentales es que la Extracción Directa del Litio por solventes, resinas y membranas con expectativas de elevada recuperación, ya fue presentado al país el 5 de octubre de 2020 en la ciudad de Oruro, lo que nos lleva a concluir que el proyecto con tecnología EDL no es obra de la actual administración gubernamental, tampoco del gobierno de Evo Morales, es el trabajo de profesionales bolivianos que en tres meses concluyeron el proyecto en plena época de pandemia.

El primer proyecto serio y responsable fue presentado públicamente al país el 5 de octubre de 2020 desde el departamento de Oruro, bautizado en el mismo salar de coipasa con el nombre de “INDUSTRIALIZACION DEL LITIO DEL SALAR DE COIPASA – ORURO CON LA IMPLEMENTACION DE UN COMPLEJO INDUSTRIAL PARA LA PRODUCCION DE 25.000 TN DE CARBONATO DE LITIO GRADO BATERIA” proyecto que el gobierno actual lo desecha sin explicación alguna, en la justificación técnica del proyecto se explicaba de manera clara y puntal que era posible realizar la recuperación de litio asociada con la tecnología de intercambio iónico por resinas o solventes, una tecnología muy moderna y sofisticada que debería producir un carbonato de litio de alta calidad acorde a las expectativas del mercado internacional, altamente rentable, más aun, cuando los escenarios en el mediano y largo plazo nos mostraban y nos muestran un fuerte crecimiento de la demanda del litio en el mundo.

DE LOS RECURSOS ESTIMADOS CUANTIFICADOS

Hasta la gestión 2020 el país ya conocía que los recursos estimados cuantificados del litio alcanzaban a 21.8 millones de tn en los salares de Uyuni y Coipasa, en este último con tareas  pendientes de exploración ya planificadas para su ejecución en terreno, lo que al parecer es lo único que hizo el actual gobierno, porque Luis Arce anunciaba el crecimiento a 23 millones de tn en recursos estimados cuantificados de litio, lo que nos lleva a deducir que del trabajo propio de exploración del actual gobierno no se tiene resultado alguno. Por otra parte el país después de casi 5 años de gestión del actual gobierno no conoce con certeza la cuantificación de reservas probadas y certificadas, aunque habrían intentado efectuar algunas tareas al respecto, pero hasta la fecha sin resultados tangibles todavía.

EL FRACASO DE LA INDUSTRIALIZACION DE LITIO

El fracaso de la industrialización del litio en Bolivia se debe a la politización extrema de este anhelado proyecto para los bolivianos, pero específicamente para los Orureños y Potosinos, Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora nunca comprendieron que para el desarrollo de los recursos evaporíticos en nuestro país se requiere alejarse de líneas políticas extremas, tanto internas como externas, o de compromisos de orden familiar o de amigos, este proyecto va mucho más allá, debe ser desarrollado como una política de estado y no de gobierno, como hasta el momento ha ocurrido.

El fracaso de la industrialización del litio tiene también un origen social, porque desde el gobierno supuestamente socialista de Evo y Arce nunca practicaron lo que predicaron, ósea consultar a las regiones en la toma de decisiones, si bien han pretendido camuflar la consulta al pueblo tanto en Oruro y Potosi, con simulacros de consulta a sus afines, estos son los resultados de su fracaso, perdieron toda credibilidad en el sentimiento de los Orureños y Potosinos y del pueblo boliviano en general.    

QUE NOS DEPARA EL FUTURO

El futuro sigue siendo alentador y prometedor, siempre y cuando entiendan los futuros gobernantes, que el futuro del litio depende mucho de una planificación estratégica por resultados en el cual las regiones tanto Oruro y Potosi sean parte de la toma de decisiones, pero por sobre todo que sea desarrollada a través de políticas de estado y no de gobierno,  de tal manera que cualquier gobierno que ingrese al poder no modifique el norte ya trazado de este recurso natural estratégico para nuestro país y para las regiones.

Estamos a pocos días de las elecciones nacionales y el actual gobierno pretende aprobar contratos entre gallos y media noche, ya sin legitimidad alguna y alejados del principio de legalidad, después del fracaso en una promesa electoral demagógica de industrializar el litio, ahora pretendan dejarnos con una herencia del mal manejo internacional de este recurso estratégico, es nuestro derecho ser informados y de cualquier gobierno informar a sus ciudadanos, será posible que el pueblo boliviano permita que el futuro del litio defina un minúsculo grupo de ciudadanos?, cuando el interés es nacional pero sobre todo regional, para Oruro y Potosi es una necesidad imperiosa y obligatoria en su futuro desarrollo económico y social.    

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El monto individual pagado por gastos funerarios es de Bs. 1.800 y es cancelado al familiar o persona que se haya encargado del sepelio del beneficiario de la Renta Dignidad.

En entrevista con la red de medios estatales, el gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán, informó que el pago de Bs. 69,9 millones fue menor respecto a la gestión 2021, cuando el desembolso alcanzó los Bs. 85,7 millones para 47.627 pagos.

“Cuando no existían estos gastos funerales ocurría que muchas veces la gente no tenía para pagar los gastos de sepelio, en cambio ahora, una de las características de nuestro sistema es que el Estado protege a la ciudadanía y en el último momento, en el último trance de nuestra vida, todos tiene un entierro digno”, explicó Durán.

Asimismo, el jefe de Operaciones de la Renta Dignidad, José Peñaranda, destacó la importancia de esta política de Estado, principalmente en el área rural y las casas de acogida, donde existen adultos mayores que están prácticamente solos.

“Es un monto que ayuda a dar una sepultura digna a nuestros adultos mayores, tal vez para la gente de la ciudad no parezca importante; sin embargo, es significativo para nuestros beneficiarios que viven en el área rural, sobre todo, de escasos recursos”, afirmó.

Peñaranda explicó que el pago por gasto funeral puede ser solicitado en cualquiera de las 33 oficinas de la Gestora Pública instaladas en el territorio nacional, hasta los 18 meses después del día de fallecimiento del beneficiario de la Renta Dignidad.

Sin embargo, durante los primeros seis meses del fallecimiento, el pago por gasto funeral puede ser solicitado por cualquier persona, incluyendo el derechohabiente, que acredite haber cancelado el funeral.

“Se debe presentar el certificado de defunción original, facturas o recibos y estar acompañado por dos testigos con sus respectivos documentos de identidad. Con estos requisitos, la Gestora hará la cancelación en un plazo de hasta 30 días, como máximo”, señaló.

Desde los seis hasta los 18 meses del fallecimiento del beneficiario, podrá solicitar el pago solamente un familiar en orden de prelación, ya sea el conyugue, hijo, padre o madre, hermano.

Además, debe presentar el certificado de defunción original, fotocopia de cédula de identidad del beneficiario fallecido a y la fotocopia de documento de identidad del solicitante.

Indicó que tanto la Renta Dignidad como los gastos funerales no se han dejado de pagar ni un solo día desde el año 2018 y lo vamos a seguir haciendo.

“Nuestros adultos mayores que cobran la Renta Dignidad, los familiares que acceden al gasto funeral pueden estar tranquilos porque es una política de Estado, está en la Constitución Política”, agregó Peñaranda.

El gasto funeral es cancelado por la Gestora Pública desde el 2018, en el marco del Decreto Supremo 333. Los recursos provienen del Fondo de Renta Universal de Vejez, financiado por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las empresas públicas.

Actualmente, el 98% de las personas adultas mayores acceden a la Renta Dignidad, lo que significa que este mismo porcentaje tiene la cobertura del gasto funeral, un monto único de Bs. 1.800.

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“Es difícil lograr una verdadera reinserción social mientras haya estos grupos con droga y alcohol en las cárceles del país”, señaló el funcionario a ANF.

Limpias aseveró que mucho se sataniza sobre lo que pasa en Bolivia, mientras que en países con más tecnología y control como Estados Unidos y países europeos, igual ingresa la droga y el alcohol a los centros penitenciarios.

También hizo referencia que incluso en países donde la administración carcelaria es llevada por civiles las sustancias psicoactivas están presentes.

“Centros penitenciarios que he podido conocer donde estaban civiles, porque siempre dicen que es la Policía la culpable, como en Colombia, en Perú, igualito hay droga, igualito hay alcohol, igualito hay celulares, entonces pasa por algo más, pero claro, se sataniza a Bolivia”, manifestó.

Por su parte la activista de derechos humanos en temas penitenciarios y ex Adjunta de la Defensoría del Pueblo, Griselda Sillerico, señaló en pasados meses que las personas privadas de libertad nunca fueron prioridad para los gobiernos de turno, por carecer de una política de Estado.

Lo que yo creo, dijo Sillerico, es que la población privada de libertad no ha sido prioridad debido a que “no hay una política de Estado que vaya más allá de la política gubernamental, no hay, no existe, lo que hay son acciones coyunturales gubernamentales”.

“Para mí es muy lamentable la situación de la población privada de libertad, más aun siendo que la mayoría de esta población es preventiva, es decir sin sentencia, muchas veces sin investigación”, remarcó.

/HNF/

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Este fin de semana se informó que el sector intercultural del país, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), solicitó al Gobierno que se deje sin efecto los Decretos Supremos 4640 y 4641 que establecen que desde el 1 de enero todo ciudadano boliviano deberá presentar el carnet de vacuna contra el coronavirus para acceder a oficinas públicas y para realizar trámites o tener servicios.

Asimismo, la exigencia de dicho documento fue diferido por el Gobierno hasta el 26 de enero, debido a que, durante los primeros días del año, se registraron largas filas de personas para acceder a la vacuna.

“El tema de las vacunas contra el coronavirus responde a una política de Estado, es decir que no tiene discriminación si son grupos o no afines al Gobierno o al Movimiento Al Socialismo, es una política que tiene como horizonte proteger la salud y la vida de la población en su conjunto”, declaró Silva, según reporte del portal Brújula Digital.

El viceministro señaló que los sectores que así lo deseen, pueden estar o no de acuerdo con la determinación del Gobierno; sin embargo, ratificó que se trata de una política de Estado que se mantendrá.

En días anteriores, dirigentes cívicos de El Alto, además de maestros rurales, exigieron al Gobierno la anulación de los dos decretos, por considerar que vulneran los derechos humanos de las personas al obligarlas a adquirir la vacuna.

“Esta política de Estado responde al principio de universalidad. En ese sentido, los grupos de personas o de organizaciones que no estén de acuerdo, van a tener su espacio para poder conversar con sus sectores, explicarles cuáles son los alcances y subsanar alguna observación que ellos puedan tener, más que todo basados en una susceptibilidad que tienen respecto a la vacuna”, finalizó Silva.

/MDCB

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