Protestas en La Paz generan disturbios en Plaza Murillo

Al mediodía de hoy, 18 de mayo de 2026, se registraron graves disturbios en las inmediaciones de la Plaza Murillo, el centro político de la ciudad de La Paz. Estas protestas involucraron a cinco marchas de diversos sectores sociales que intentaron ingresar al perímetro resguardado por la Policía y las Fuerzas Armadas.

Destrucción de propiedad y barricadas

Los incidentes derivaron en la destrucción de propiedad privada, el armado de barricadas y el uso de agentes químicos para dispersar a los manifestantes. Los enfrentamientos se concentraron en la intersección de las calles Mercado y Loayza, así como en la calle final Comercio.

Acciones de los manifestantes

En la calle Loayza, un grupo de manifestantes destruyó la puerta de ingreso de un edificio para utilizar los pedazos de madera en el levantamiento de una barricada, donde posteriormente encendieron fogatas. Este hecho fue registrado en video por transeúntes y se difundió a través de las redes sociales.

Composición de la movilización

La columna de movilizados estuvo integrada por sectores de campesinos, maestros rurales, fabriles y obreros afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB). Según los reportes desde el lugar, el contingente intentó romper los cordones de seguridad utilizando piedras, petardos y dinamita contra los efectivos uniformados que custodiaban los accesos al centro institucional.

Respuesta policial ante los disturbios

Ante el avance y el uso de elementos explosivos por parte de los manifestantes, la Policía Boliviana respondió con el empleo de gases lacrimógenos para repeler los intentos de ingreso en puntos clave como la calle final Comercio, a dos cuadras de la plaza principal.

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Protestas del magisterio en Plaza Murillo

La mañana de este miércoles 22 de abril, un grupo de manifestantes del magisterio ingresó a la Plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno y Legislativo. Esta movilización busca cercar el poder político del país para hacer oír sus demandas ante las máximas autoridades del Estado.

Intervención policial y tensión en la zona

La incursión del magisterio fue rápidamente neutralizada por un fuerte contingente policial que intervino de inmediato para recuperar el control de la zona. En medio de forcejeos y escenas de alta tensión, los uniformados utilizaron agentes químicos para dispersar a los educadores, retirándolos por la fuerza hacia las calles adyacentes al kilómetro cero. La represión no se limitó al perímetro de la plaza; según reportes y registros audiovisuales difundidos en diversas plataformas, la gasificación se extendió por varias arterias del casco viejo, afectando incluso a trabajadores de la prensa que realizaban la cobertura informativa. Estos denunciaron agresiones físicas durante el operativo.

Demandas del magisterio

Esta tercera jornada de protesta responde a un pliego petitorio que el sector considera urgente y postergado. Las bases del magisterio exigen:

• Un incremento salarial acorde a la realidad económica actual.
• Un aumento sustancial en el presupuesto destinado al sistema educativo.
• La creación de más de 6.500 ítems de nueva creación para cubrir el déficit histórico en las aulas.

Asimismo, los maestros manifestaron un rechazo categórico a cualquier intento de descentralización de la educación. Argumentaron que su lucha es pacífica y que solo buscan garantizar condiciones dignas tanto para los profesionales como para el alumnado boliviano.

Intensificación del conflicto social

Este conflicto social se intensificó nuevamente cuando el magisterio urbano de Bolivia radicalizó sus medidas de presión. Hasta el momento, no se conoce respuesta alguna de las autoridades pertinentes.

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Después de la refriega, los uniformados tomaron medidas para resguardar la Plaza Murillo, con el objetivo de evitar que los manifestantes ingresaran al centro de La Paz. Ante el intento de los marchistas de entrar por la fuerza, la Policía respondió lanzando gases lacrimógenos para dispersar a los movilizados.

Los manifestantes, a su vez, respondieron lanzando petardos y cachorros de dinamita en dirección a los uniformados. Se reportaron dos policías heridos, quienes sufrieron lesiones al romperse los cascos debido al fuerte impacto de los objetos lanzados. Además, se menciona que hay un aprehendido, aunque esta información no ha sido confirmada por ninguna autoridad, según el reporte de Unitel.

Tensión en el ambiente

Tras los enfrentamientos, los manifestantes se replegaron para reagruparse, mientras que la Policía se organizó para salir en motocicletas con el equipo antimotines. La tensión en el área continuaba cerca del mediodía de este martes.

Demandas de la COB

La Central Obrera Boliviana se encuentra movilizándose para exigir la abrogación del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención de los carburantes. Mario Argollo, dirigente de la COB, indicó que estas movilizaciones son una respuesta a un “pedido popular” de la población, que busca la anulación del DS 5503, ya que este afecta directamente a varios sectores de la sociedad.

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El sector de personas con discapacidad se encuentra en protesta debido al cambio de dependencia de la oficina que les brinda apoyo social y legal. Tienen temor de que esta modificación resulte en una reducción en la asistencia estatal que reciben. Durante la movilización, que incluyó forcejeos con los efectivos policiales, los manifestantes se mantuvieron firmes en el punto de bloqueo, exigiendo ser escuchados por las autoridades competentes.

Cambio de dependencia

La principal causa del malestar entre los manifestantes es la transferencia de la oficina que anteriormente dependía del Ministerio de Gobierno y que ahora pasa al Ministerio de Salud. Esta oficina es el Programa Nacional de Servicios Sociales y Legales para Personas con Discapacidad Fondo de Solidaridad (FNSE), cuyo objetivo es garantizar que este sector ejerza plenamente sus derechos a través de asistencia social y asesoramiento legal gratuito.

Los movilizados temen que este cambio reduzca significativamente el nivel de acompañamiento institucional que recibían anteriormente. “Lo quieren cerrar las oficinas, lo quieren llevar al Ministerio de Salud. Antes se tenía la oficina mediante el Ministerio de Gobierno. Cada mes salía apoyo, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Nos ayudaba en la parte legal, ahora no sabemos dónde podemos ir”, expresó Claudia Chura, madre de 2 hijos con discapacidad, resumiendo la preocupación del sector.

Resistencia en el lugar

A pesar de la resistencia policial y los incidentes ocurridos, el grupo de personas con discapacidad permaneció en el lugar, insistiendo en ingresar a la plaza. Su objetivo es garantizar la continuidad del apoyo estatal y legal que les permitía ejercer sus derechos fundamentales.

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Confinados a un reducido espacio, con la visibilidad bloqueada por personal de protocolo y soportando varias horas de trabajo bajo la lluvia, periodistas, fotógrafos y camarógrafos de medios nacionales e internacionales vivieron una jornada de maltrato y restricciones al trabajo informativo, el sábado 8 de noviembre.

Durante esa jornada, el presidente electo en segunda vuelta, Rodrigo Paz, asumió la Presidencia de Bolivia, en un acto realizado en el Palacio Legislativo que se halla en la Plaza Murillo de La Paz.

Hasta el encargado de instalar las vallas en la Plaza Murillo, sin exhibir ninguna identificación, se tomó atribuciones como las de impartir órdenes a la Policía Militar para que confinen a reporteros y fotógrafos a un espacio donde no podían obtener fotografías o realizar entrevistas.

Otro funcionario sin identificación terminó bloqueando la visión de los camarógrafos y fotógrafos con la organización de una doble cadena de uniformados que se antepusieron a periodistas como obstáculo para evitar que tomen fotografías e imágenes del presidente Rodrigo Paz, según verificó un reportero de la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

El objetivo de preservar el orden pasó radicalmente a la obstrucción del trabajo de camarógrafos y fotógrafos que intentaron conseguir alguna imagen, y estas acciones se interpretan como un daño y la limitación del derecho a la libertad de prensa, según la organización latinoamericana Voces del Sur (VdS), a la cual pertenecen los periódicos representados por la ANP.

Tras asumir el mando constitucional, el presidente Rodrigo Paz y su comitiva, dejaron Palacio Legislativo y recorrieron alrededor de la Plaza Murillo, pero estas escenas solo fueron registradas por un fotógrafo y las cámaras del canal estatal.

Algunos canales privados instalaron sus cámaras en un hotel y en un edificio desde los cuales consiguieron las imágenes que para decenas de periodistas estuvo restringida por la ausencia de una organización a cargo de especialistas en el trabajo periodístico.

-¿Cuántas imágenes lograste?- preguntó un reportero de la ANP a un fotoperiodista y la respuesta fue: “Con estas restricciones, casi nada”. Ya habían transcurrido casi cuatro horas desde el inicio de las actividades protocolares.

Para acceder a la Plaza Murillo, los periodistas acreditados formaron filas desde las 6.00 de la mañana y culminaron su tarea alrededor de las 17.00 horas. Bajo lluvia y sin protección Por la mañana y hasta la primera hora de la tarde, una intensa lluvia cayó sobre La Paz y los enviados de prensa no pudieron buscar refugio porque los organizadores advirtieron con rigor que si abandonaban el lugar, serían echados de la plaza.

“Todos nos mojamos”, lamentó una periodista que junto a otros corresponsales tiritaban por las bajas temperaturas. En medio del desconcierto por la lluvia, algunas cámaras se humedecieron y otras resbalaron de manos de los fotorreporteros.

Los invitados especiales permanecieron bajo la protección de techos y tarimas dotadas de sillas y refrigerio.
Al día siguiente, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) y la Asociación de Medios Digitales de La Paz (AMDLP) lamentaron la obstrucción al trabajo periodístico durante el acto de posesión del primer gabinete del presidente Paz Pereira.

La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) denunció “deficiencias de coordinación protocolar” y “condiciones inadecuadas de protección frente a la lluvia”, durante el sábado 8, con efectos sobre la seguridad de periodistas, fotógrafos, camarógrafos y equipos de trabajo. Los diarios representados por la ANP rechazaron la última desconsideración del gobierno saliente hacia el trabajo de la prensa e hicieron votos porque la nueva administración gubernamental atienda los reclamos y facilite la labor informativa.

La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reporta agresiones a periodistas y medios desde hace 17 años, y sus noticias están destinadas a la difusión en medios informativos. La organización desaprueba toda forma de apropiación de datos e imágenes destinada a informes de ONG y fundaciones en Bolivia, sin autorización previa.

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Paola Inofuentes, responsable de seguridad industrial en la ALP, informó que se están realizando labores correctivas y preventivas que han sido programadas. Más de 15 trabajadores están participando en estas tareas, las cuales se espera que concluyan la próxima semana.

Simultáneamente, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) ha movilizado personal para mejorar las luminarias, las áreas verdes, la infraestructura y el monumento principal de la plaza Murillo, que es el epicentro del poder político en el país.

Coordinación de esfuerzos

Las actividades se están llevando a cabo de manera coordinada entre la Subalcaldía Centro, el Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (Siremu) y la Autoridad de Medio Ambiente, según lo informado por la Agencia Municipal de Noticias de La Paz.

Estos trabajos se realizan en el contexto de los preparativos para la posesión presidencial de Rodrigo Paz, un evento que se anticipa contará con la presencia de delegaciones internacionales y autoridades extranjeras.

Lista de invitados

Se espera que el miércoles 5 de noviembre se dé a conocer la lista oficial de invitados y mandatarios que asistirán a la ceremonia de transmisión de mando.

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Avances en la organización

Gilda Céspedes, quien lidera el equipo de Paz, comentó que “todo está marchando muy bien” y que en pocas horas se dará a conocer a toda Bolivia la agenda que seguirá el Presidente electo.

“Protocolarmente, Cancillería nos ha solicitado ciertos espacios. Somos un equipo que está trabajando bajo la dirección de Mauricio Zamora y Jorge Jordán, como lo ha determinado el Presidente, y todo está marchando muy bien”, afirmó Céspedes.

Trabajo coordinado con Cancillería

La líder del equipo indicó que están trabajando de acuerdo con el reglamento de la Cancillería para este tipo de eventos, además de considerar las ideas que tiene el mandatario electo. Actualmente, Paz se encuentra de viaje en Estados Unidos junto a su equipo económico, buscando viabilizar ayudas en el ámbito financiero, según informó El Deber.

Céspedes destacó que “hay mucha predisposición” por parte de todas las instituciones en general en este proceso de transición hacia el nuevo gobierno.

Resultados de las elecciones

Rodrigo Paz y su compañero, el ahora vicepresidente electo Edmand Lara, lograron ganar las elecciones generales en primera y segunda vuelta electoral.

El Tribunal Supremo Electoral tiene programado entregar las credenciales a ambas autoridades el próximo 5 de noviembre de 2025 en la Casa de la Libertad, ubicada en la ciudad de Sucre.

Expectativas para la transmisión de mando

Solo tres días después de recibir sus credenciales, Paz y Lara asumirán el mando del país. Se espera la llegada de varios mandatarios para este evento, aunque hasta el momento la Cancillería no ha confirmado la presencia de ninguno.

/KMMN

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Durante la protesta, Quispe se esposó a una banca de la plaza y expresó su descontento por el cambio de destino que le fue ordenado hacia el departamento de Pando. El suboficial calificó esta medida como arbitraria y señaló que afecta directamente a su núcleo familiar, generando preocupación por la separación de su familia.

Denuncias sobre corrupción

Quispe también denunció que existe una “cúpula” dentro de la Policía que cobra hasta 300 dólares por la asignación de destinos. Aseguró que estas prácticas no solo desintegran familias, sino que también se utilizan como castigo para quienes denuncian corrupción y actos irregulares.

Cuestionamiento a informes

Acompañado por el abogado y expolicía Pedro Ticona, Quispe cuestionó un informe emitido en su contra que lo acusa de indisciplina. Ticona explicó que dicho documento carece de validez, ya que fue elaborado por personal de rango inferior al suboficial. Según el abogado, este informe no respeta los protocolos legales establecidos y, por lo tanto, no puede considerarse procedente.

Cambio de destino injustificado

Quispe aclaró que un cambio de destino solo podría aplicarse por dos motivos: para mejorar el servicio o debido a un proceso en su contra. En su caso, descartó ambas posibilidades, ya que el traslado a Pando lo separaría de su familia y, además, no tiene procedimientos disciplinarios abiertos en su contra.

LDVY

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Intervención militar en La Paz

Un contingente militar liderado por Zuñiga interrumpió la actividad en la Plaza Murillo, donde se concentra el poder Ejecutivo y Legislativo de Bolivia. Durante esta intervención, destruyó con un tanque la puerta principal del Palacio Quemado. Después de que Arce relevó al alto mando militar ese mismo día, Zuñiga y las tropas se replegaron. El excomandante fue detenido y desde entonces está recluido preventivamente.

Acusaciones de Zuñiga

Durante su aprehensión, Zuñiga acusó a Arce de haber ordenado la acción militar para “levantar su popularidad”, justo cuando varios sectores sociales alistaban protestas contra el Gobierno. El exjefe militar ratificó esa versión hace 2 meses desde la cárcel a un medio argentino y otro boliviano, enfatizando que “para nada hubo un intento de golpe de Estado”, sino que se limitó a cumplir “una orden” surgida de una conversación con Arce.

Aislamiento y consecuencias

A raíz de esto, Zuñiga fue aislado por portar un celular dentro del penal. Además, el director de Régimen Penitenciario de Cochabamba fue destituido. Arce, en una reciente entrevista con EFE, dijo que su Gobierno soportó “todo” para “preservar la democracia”, “inclusive un golpe de Estado”, algo que consideró su principal legado cuando en noviembre próximo deba entregar el mando al vencedor de las elecciones generales del 17 de agosto.

Opiniones de expertos

El exmilitar y experto en temas de seguridad, Omar Durán, indicó a EFE que lo ocurrido el 26 de junio fue “un acto de insubordinación” de Zuñiga, quien “se ha sentido traicionado” por Arce. También consideró que la supuesta intención de Zuñiga al decir que cumplió órdenes de Arce es “buscar un indulto” cuando asuma el nuevo Gobierno.

Reacciones políticas

El diputado Renán Cabezas declaró que la acción de Zuñiga “ha sido una farsa que el Gobierno ha querido implementar en el imaginario colectivo para victimizarse y mejorar su popularidad”. Por los hechos ocurridos hace un año, se procesó judicialmente a más de 20 militares y a un civil señalado como supuesto autor intelectual, acusados por terrorismo y alzamiento armado.

La mitad de los acusados fueron detenidos preventivamente; el resto obtuvo detención domiciliaria o se benefició con el sobreseimiento del proceso. Recientemente, algunos militares y el civil fueron sentenciados a 2 años de cárcel tras someterse a un proceso abreviado en el que aceptaron los cargos. Según la legislación boliviana, esta pena no amerita prisión efectiva al ser menor.

Documental sobre los hechos

A mediados de abril, el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó el documental “Qué pasó el 26J”, que incluye testimonios y audios del proceso judicial instaurado tras el levantamiento militar. El audiovisual mencionaba a varios analistas y sindicalistas críticos del Gobierno, quienes supuestamente iban a ser parte del Gobierno cuando Zuñiga tomara la Presidencia. Esto derivó en citaciones y aprehensiones por parte de la Fiscalía.

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Zúñiga sostiene que él y sus compañeros no cometieron ningún crimen y que no se mancharon las manos “con sangre del pueblo”.

El evento del 26 de junio

El 26 de junio de 2024, Zúñiga lideró un movimiento que incluyó a personal militar y tanquetas, tomando la plaza Murillo y manteniendo a la población en vilo durante varias horas. Sin embargo, ese mismo día, el entonces Comandante del Ejército fue aprehendido y acusado de intentar un “golpe de Estado”.

Acusaciones y persecuciones

En su mensaje, Zúñiga también acusó a quienes lo señalan de tener “las manos ensangrentadas” y de perseguir a dirigentes, encarcelando a aquellos que piensan diferente e infundiendo miedo en la sociedad.

Zúñiga se encuentra encarcelado en el penal de El Abra de Cochabamba, donde enfrenta acusaciones de terrorismo debido a la asonada militar. Varios de sus colaboradores siguen detenidos, mientras que otros han optado por someterse a un proceso abreviado, aceptando su culpabilidad para obtener una sentencia reducida.

Defensa del uniforme militar

Además, Zúñiga instó a sus camaradas a “no dejarse usar más para oprimir”, enfatizando que el uniforme que portaban es para defender al pueblo, a la patria y a la Constitución. En relación al supuesto “golpe de Estado”, Zúñiga afirmó que no hubo tal intento y lo describió como un “grito de libertad”.

Conclusiones del exjefe militar

El exjefe militar concluyó su mensaje afirmando que “aunque intenten borrar su significado, el pueblo no olvida”. También advirtió que Bolivia ya no tolerará más traiciones ni saqueos. Según su opinión, el proceso judicial en su contra ha sido manipulado por jueces y fiscales serviles, así como por consorcios de abogados corruptos.

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Enfrentamiento con la policía

La tensión se desató a tan solo dos cuadras de la plaza Murillo, donde los manifestantes intentaron romper el cerco policial lanzando piedras y palos. La gasificación tuvo lugar en las inmediaciones de la Vicepresidencia del Estado, que se encuentra a dos cuadras del centro político del país. Las fuerzas del orden habían instalado un cerco para evitar que los manifestantes ingresaran a la zona.

Durante el enfrentamiento, los movilizados respondieron lanzando piedras y palos a los uniformados. Esto generó momentos de fuerte tensión que se prolongaron por más de una hora. Tras la dispersión inicial, los manifestantes se replegaron, pero luego intentaron reagruparse para continuar su recorrido hacia la plaza Murillo.

Contexto de la movilización

Esta movilización forma parte de una serie de medidas de presión impulsadas por el ala evista. Los participantes denuncian la inhabilitación política del expresidente Evo Morales, a quien consideran el candidato legítimo del proceso de cambio. La situación refleja la polarización política que vive el país en la actualidad.

/KMMN

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Estas afirmaciones de Novillo se produjeron después de que Zúñiga ofreciera una entrevista a un medio internacional desde su lugar de detención. En esta entrevista, Zúñiga declaró que la responsabilidad de los eventos del 26 de junio recaía en el propio Gobierno.

Estrategia de desvío

Para el ministro, este tipo de declaraciones forman parte de una estrategia destinada a “dilatar el proceso y ocultar la verdad”. Novillo subrayó que estas afirmaciones contradicen lo que Zúñiga había declarado inicialmente ante el Ministerio Público.

Investigaciones basadas en pruebas

Novillo enfatizó que las investigaciones deben fundamentarse en pruebas objetivas. Además, rechazó las “declaraciones ligeras” que, según su opinión, solo buscan confundir a la población y evitar que se sancione lo que él considera un acto “antipatriótico”.

Elementos de prueba del Gobierno

El Gobierno sostiene que posee suficientes elementos que demostrarían que hubo una planificación previa del operativo. Entre estos elementos se incluyen conversaciones de WhatsApp, testimonios de testigos y grabaciones de video.

Detalles de la toma militar

El 26 de junio de 2024, tropas militares bajo el mando de Zúñiga ingresaron a la plaza Murillo utilizando vehículos blindados e intentaron tomar la Casa Grande del Pueblo, que es la sede del Órgano Ejecutivo. Actualmente, más de 30 personas están bajo investigación por estos hechos.

Citación a Juan José Zúñiga

La Fiscalía General del Estado ha citado a Juan José Zúñiga para que amplíe su declaración el próximo 5 de mayo de 2025 en la ciudad de La Paz, como parte de las diligencias relacionadas con este caso.

LDVY

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El abogado de Bracamonte, Juan Carlos Vaca, ha reiterado la inocencia de su cliente en este proceso. “Nos hubiera gustado que la libertad sea pura y simple, sin ningún tipo de imposición de medidas, pero esta fue la disposición del juez”, expresó Vaca.

Detención de Bismarck Imaña

En cuanto a Bismarck Imaña, su abogada, Paola Imaña, ha calificado la detención de su cliente como “injusta” y ha anunciado que han decidido apelar la resolución. “Mi defendido es inocente y han pedido la pena extrema para una persona que es inocente”, complementó la jurista.

La audiencia del tercer aprehendido en este caso, el coronel en servicio pasivo Mario José Takana, se está llevando a cabo desde las 12:00 horas. En relación al abogado Jorge Valda, se ha informado que podrá defenderse en “libertad pura y simple”. Se espera que llegue este domingo 13 de abril de 2025 a Santa Cruz y posiblemente emita un mensaje al finalizar la tarde.

Posible acción legal contra el ministro

Christian Tejada, uno de los abogados defensores de Valda, ha indicado que no descartan iniciar un proceso contra el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo por “desconocimiento de una resolución judicial de Santa Cruz”. Tejada afirmó: “Ahora nosotros no descartamos iniciar un proceso penal en contra del ministro Del Castillo por desobediencia a resoluciones judiciales; se lo notificó a este caballero para que traslade a Jorge Valda y no le dio la gana”.

En un contacto con medios estatales, el ministro de Justicia César Siles ha declarado que en las investigaciones sobre los hechos ocurridos en junio del año pasado en Plaza Murillo hay más de 30 personas investigadas en diferentes calidades procesales. “Muchas de ellas están esperando que concluya la investigación para tomar una decisión. Esperamos que, en las próximas semanas, además del derecho a conocer la verdad, la justicia también pueda recibir una acusación para ir a lo más importante, el juicio”, añadió Siles.

Seguimiento del Ministerio de Justicia

Siles aclaró que el Ministerio de Justicia no es parte procesal en este caso, pero tiene la obligación de hacer seguimiento y coordinar acciones con el Órgano Judicial y el Ministerio Público. Además, recordó que este proceso fue activado de oficio el mismo día de lo ocurrido en Plaza Murillo.

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Desafío en la plaza Murillo

Este jueves 10 de abril de 2025, Arce se presentó ante un efectivo policial y expresó: “Aquí voy a esperar, aprehéndanme”. Con estas palabras, el diputado retó a la Policía a proceder con la orden de captura.

“Ejecuten, no nos vamos a escapar. Reitero, estoy presentándome. No sé si me enmanillarán”, continuó Arce, mientras se dirigía al efectivo policial que se acercó con la documentación correspondiente.

Protección de sus colegas

Durante este tenso momento, otros parlamentarios del bloque evista rodearon a Arce, brindándole protección. Estos legisladores cuestionaron la intención de aprehender al diputado, argumentando que no se estaba respetando el debido proceso en este caso.

Detalles de la denuncia

Por su parte, el viceministro Torrico aclaró que la denuncia contra Arce tiene una antigüedad de 7 meses. Sin embargo, el proceso se ha visto retrasado debido a que el diputado no se presentó a las audiencias, ni de manera presencial ni virtual.

Torrico indicó que Arce fue citado a una audiencia el 20 de marzo de 2025, pero no asistió. “El juez debía sacar la orden en ese tiempo, determinó darle 48 horas más y lo convocó a una audiencia virtual, dándole esa facilidad más, pero el diputado Arce tampoco se presentó”, añadió el viceministro.

El viceministro también mencionó que Arce lo acusó, durante una conferencia de prensa, de recibir 9 millones de bolivianos por publicidad de un canal de televisión que supuestamente él poseía. Torrico desmintió estas acusaciones.

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Los acusados presentaron sus solicitudes a la comisión de fiscales en diferentes fechas, expresando su disposición a optar por una salida alternativa y renunciar al juicio oral y contradictorio.

Detalles de los implicados

Los exmilitares Waldir M. H. y Román C. C., quienes se encuentran actualmente encarcelados, están imputados por los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, así como por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en grado de complicidad. Por otro lado, Anibal A. G., quien es procesado como autor, ha argumentado motivos humanitarios debido a su enfermedad.

Motivos de la solicitud

En su solicitud de juicio abreviado, Anibal explicó que padece cáncer de colon y solicitó que, “por un tema humanitario”, se considere la salida alternativa. En el documento, también menciona: “Renuncio al juicio oral público y contradictorio, este reconocimiento es expreso y sin que medie vicio que invalide el consentimiento, porque mi persona participó en el mismo”.

Contexto político actual

La solicitud de juicio abreviado se presenta en un contexto donde las tensiones políticas han aumentado tras los eventos del 26 de junio de 2024. Esta situación ha generado preocupación en diversos sectores sobre la estabilidad del país.

Además, ha llevado a un debate sobre cómo debe responder el sistema judicial ante casos relacionados con intentos de desestabilización del orden constitucional.

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Las manifestaciones se intensificaron cuando la Policía intentó bloquear el acceso de los maestros a la plaza. Sin embargo, los docentes recibieron el respaldo de los campesinos, conocidos como Ponchos Rojos.

Declaraciones de los líderes

Enrique Mamani, secretario ejecutivo de la federación de campesinos, expresó: “El magisterio, todas las organizaciones vivas tenemos que unirnos. Esta plaza Murillo, esta casa del pueblo, nosotros somos los dueños (…) y no esos politiqueros que están llevando a la quiebra a nuestro país”.

Además, Mamani advirtió que “los Ponchos Rojos somos radicales y si nos tocan, carajo vamos a bloquear hasta expulsar a este Gobierno incapaz”. Estas declaraciones reflejan la determinación de los manifestantes ante la situación actual.

Demandas al Gobierno

Mamani también dio un plazo de 24 horas al Gobierno para que reemplace a varias autoridades. Entre ellos se encuentran el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño; el presidente de YPFB, Armin Dorgathen; y los directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de la Administradora Boliviana de Carreteras, Germán Jiménez y Marcel Claure.

Los calificó como “incapaces” para resolver los problemas que afectan al país. Esta exigencia resalta la urgencia de los manifestantes por cambios en la administración pública.

Protestas a nivel nacional

Los maestros marcharon en el contexto de las protestas convocadas a nivel nacional por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Estas movilizaciones se realizan en rechazo a la crisis económica que afecta a la población.

El sector educativo también exige un incremento salarial que esté acorde con el costo de la canasta familiar, bajo una escala móvil. Además, piden una jubilación que garantice el 100% de los aportes realizados.

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La Fiscalía presentó los elementos necesarios para sustentar la imputación por tenencia, porte y portación de explosivos. Como resultado, se decidió que el joven permanecerá en prisión durante dos meses mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó que se presentaron los elementos necesarios para respaldar la imputación por tenencia, porte y portación de explosivos. El joven fue detenido mediante una acción directa cerca del hotel París, que se encuentra frente a plaza Murillo.

Operativo policial exitoso

Los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) lograron reducir al joven y encontraron en su mochila varias bombas molotov, así como otros explosivos. Esta intervención fue clave para evitar un posible incidente en la zona.

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“Se informa a la población boliviana que en las inmediaciones de la plaza Murillo, a la altura del hotel París, fue sorprendido en flagrancia el señor Williams F. C., de 22 años de edad, quien intentó encender una mecha con dinamita. Inmediatamente, efectivos policiales de la UTOP lograron reducirlo”, señala el mensaje de Del Castillo en sus redes sociales.

Elementos peligrosos encontrados

Además, el ministro indicó que esta persona portaba bombas molotov y otros explosivos. Estos elementos estaban dentro de una mochila que fue secuestrada por la Policía.

Arresto y traslado del sospechoso

Ante este grave hecho, los efectivos policiales que brindan seguridad en kilómetro cero procedieron a arrestarlo. Posteriormente, lo condujeron a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

Investigación en curso

El hombre deberá prestar su declaración ante un fiscal que se encargará de iniciar una investigación. Esta indagación tiene como objetivo determinar las razones por las cuales esta persona intentó encender el artefacto explosivo en pleno centro paceño.

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Los manifestantes buscaban entregar un pliego petitorio al Gobierno, pero se encontraron con anillos de seguridad en las inmediaciones del Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa.

Hechos ocurridos en el mediodía

Los hechos ocurrieron pasadas las 12:00 en un punto de los ingresos al kilómetro cero. Los seguidores de Evo Morales intentaron rebasar un anillo de seguridad instalado en la calle Yanacocha, esquina Ingavi. Ante esta situación, la Policía tuvo que usar agentes químicos para desmovilizar a los “evistas” que estaban apostados en este sector.

Incidente del día anterior

Un hecho similar ocurrió la tarde del lunes 13 de enero. Desde el Comando de la Policía señalaron que tuvieron que dispersar a los manifestantes tras detectar una actitud “agresiva” contra los uniformados que estaban apostados en las puertas de la Vicepresidencia, a dos cuadras de la plaza Murillo.

Desde la Defensoría del Pueblo reportan que un total de 25 marchistas “evistas” fueron arrestados y 6 se encuentran en calidad de aprehendidos.

Rechazo a la entrega del documento

Los “evistas” sostienen que quieren ingresar a la plaza Murillo para entregar su pliego petitorio a las autoridades de Gobierno; sin embargo, este sector rechazó dar el documento a una funcionaria del Ministerio de la Presidencia.

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Concentración en la plaza Murillo

Mamani, durante una rueda de prensa, mencionó que el evento principal será una concentración el sábado por la mañana en la plaza Murillo, donde se realizará un masticado colectivo junto a diversos sectores sociales. Afirmó que “la coca representa salud, alimentación y la fuerza de trabajo”, y que por esta razón, la celebración principal estará precedida por seminarios y talleres organizados por la Vicepresidencia del Estado. Estos eventos se centrarán en “hablar del consumo y los beneficios de la hoja de coca”.

Esta jornada se considera un “acto de reconocimiento y reivindicación de nuestra cultura ancestral”. La hoja de coca es vista como “más que un recurso natural, es nuestra conexión con la Madre Tierra y la sabiduría ancestral”, declaró el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde.

Historia del Día Nacional del Acullico

El Día Nacional del Acullico fue establecido mediante una ley nacional que está vigente desde 2016. Esto ocurrió después de que, el 11 de enero de 2013, Bolivia regresara a la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, con la reserva de permitir el masticado de las hojas de coca en su estado natural dentro de su territorio.

Gestiones ante la OMS

Alurralde también destacó las gestiones de Bolivia para que la OMS y su comité de expertos en farmacodependencia inicien un proceso de revisión crítica. Este proceso busca que se reconozcan los beneficios de la planta en su estado natural y que su consumo no causa dependencia. En noviembre de 2022, la OMS comunicó al vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, que había comenzado la revisión crítica de la clasificación de la hoja de coca, a cargo de un comité de expertos internacionales.

En junio de 2023, Bolivia lanzó una campaña internacional para difundir la importancia de la hoja de coca y lograr su desclasificación de la lista 1 de estupefacientes de la Convención de 1961. Esta propuesta cuenta con el respaldo de Colombia, que notificó su adhesión a esta iniciativa al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en mayo del mismo año. Alurralde indicó que se espera que el informe final del estudio esté disponible en Ginebra, Suiza, en octubre.

Usos de la hoja de coca

El consumo habitual de la hoja de coca incluye tanto el “acullico” o masticado como infusiones, que se utilizan para aliviar dolores e incluso el mal de altura. Bolivia es uno de los principales productores de este arbusto en el mundo. La hoja de coca está consagrada en la Constitución boliviana, vigente desde 2009, por sus usos tradicionales y medicinales. Sin embargo, una parte de esta producción se desvía hacia el narcotráfico para la fabricación de cocaína.

Superficie cultivable de coca

Desde 2017, Bolivia ha ampliado la superficie cultivable legalmente de coca, pasando de 12,000 a 22,000 hectáreas. La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) estableció en su último informe anual, publicado en noviembre, que los cultivos de coca disminuyeron un 2% en 2022, pasando a 29,900 hectáreas desde las 30,500 registradas en 2021.

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“Nosotros estamos proponiendo el franco diálogo como Central Obrera Boliviana”, declaró Gustavo Arce. “Hemos estado pacientemente esperando durante 2 años y no lo han hecho”, añadió. Arce enfatizó que no retrocederán en sus solicitudes.

Además, mencionó: “Nosotros en este momento vamos a ir a ventanilla única para recibir y seguramente ya debe haber respuesta a lo que hemos solicitado. Prueba de ello es que ustedes van a poder constatar que ellos están trabajando para poder establecer una mesa de conversación”, agregó Arce.

Situación del Parlamento

“Mire qué podemos decir cuando el parlamento está dividido, cuando el departamento legislativo está dividido y no hay visos de solución, y todo se está politizando. Nosotros lo único que queremos es que nuestro pueblo, Bolivia, en su conjunto se reactive económicamente”, expresó Arce.

Preocupación por Proyectos Económicos

Asimismo, el dirigente manifestó su preocupación por la falta de avance en la aprobación de proyectos económicos que son necesarios para el desarrollo regional.

“Estos proyectos son fundamentales para crear empleo y mejorar las condiciones económicas en diversas áreas del país. La situación de las leyes económicas, ustedes saben perfectamente que cada municipio y cada gobernación tiene proyectos económicos para poder realizar obras en algunos departamentos. Si no hay la aprobación de la ALP, lastimosamente esos proyectos quedan truncados y, por lo tanto, no se generan fuentes de trabajo”, concluyó Arce.

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El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que se ha solicitado la declaración del Presidente del Estado y otras autoridades presentes durante el incidente. Un total de 27 personas están siendo investigadas por su presunta participación en los hechos.

Intento de ingreso al Palacio de Gobierno desencadena investigación

El 26 de junio, un grupo de militares liderado por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, intentó ingresar por la fuerza al Palacio de Gobierno en un movimiento irregular que duró aproximadamente tres horas.

Ante ese hecho, el Primer Mandatario reemplazó a Zúñiga junto al Alto Mando de las Fuerzas Armadas, lo que provocó la retirada de los militares involucrados en la Plaza Murillo y sus alrededores.

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La investigación del hecho está actualmente en manos de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno. Sin embargo, hasta el momento no se ha involucrado la comisión legislativa que fue conformada para indagar los motivos y los presuntos autores de la asonada.

Garantizando una investigación transparente e imparcial

Valda ha solicitado que el caso no sea únicamente responsabilidad del Ministerio Público, argumentando que esto es lo que indica el procedimiento penal para garantizar una investigación transparente, que cumpla con los principios de objetividad establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público y de imparcialidad señalados en el Código de Procedimiento Penal.

Hamdan, uno de los civiles involucrados en este caso, se encuentra actualmente detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz. Es acusado por el Gobierno de haberse reunido con Zúñiga días antes de la asonada militar y de haber participado en la planificación del supuesto intento de golpe de Estado.

Preocupaciones sobre la objetividad de la investigación

Por otro lado, el abogado del acusado ha reclamado que el Ministerio de Gobierno, e incluso el viceministro de Régimen Interior, realizan detenciones y allanamientos durante la noche y sin orden de aprehensión. Ha resaltado las similitudes entre este caso y uno anterior relacionado con terrorismo, poniendo en duda la objetividad de la investigación actual.

“Lo que podemos concluir de esta investigación es que tiene muchas similitudes con el caso del terrorismo en el hotel Las Américas en 2009. El investigador de aquel entonces era Johnny Aguilera y ahora es el mismo viceministro de Régimen Interior. Por eso no se puede confiar en la objetividad de esta investigación cuando está siendo manejada por manos gubernamentales”, enfatizó Valda.

Persecución política y trabajo de la comisión legislativa

Según Franco Albarracín, activista de derechos humanos, Hamdan y Aníbal Aguilar son considerados perseguidos políticos.

La comisión legislativa encargada de investigar este caso está integrada por varios senadores y se encuentra trabajando en la organización para emitir un primer informe sobre los hechos ocurridos el 26 de junio en un plazo de tres meses. Además, se mencionó la necesidad de contar con “peritos del área criminalística” que colaboren en la investigación.

Asimismo, se utilizarán herramientas legislativas como peticiones de informe, entrevistas directas y análisis de imágenes, entre otros, para llevar a cabo la investigación de manera exhaustiva.

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Según los detalles preliminares, el nuevo detenido estaría a cargo del grupo F-10 y los francotiradores que llegaron a la sede de Gobierno. El general Álvarez ha detallado que este militar se unió al golpe que ha afectado al país.

En el operativo de captura, se han encontrado armas de gran calibre, una de las cuales es utilizada por el grupo F-10, según ha informado el comandante policial.

Continúa la investigación en busca de los responsables

El general Álvarez ha señalado que se continúa trabajando en otros contextos para identificar las diferentes acciones realizadas y las armas utilizadas en la toma militar. Además, se está buscando identificar a las personas que portaban estas armas.

El comandante ha afirmado que el proceso investigativo sigue en marcha y que se están realizando todos los esfuerzos para encontrar tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales de este hecho.

23 personas detenidas hasta el momento

Con esta nueva aprehensión, ya son 23 las personas detenidas en relación con este caso. De ellas, 21 han sido sometidas a medidas cautelares, siendo 10 con detención preventiva y 11 bajo detención domiciliaria.

General en retiro se declara en la clandestinidad

El general en retiro Tomás Peña y Lillo ha decidido declararse en la clandestinidad al ver el trato recibido por sus camaradas involucrados en la toma militar. Ha solicitado una investigación internacional y ha destacado la importancia de ser juzgados en la justicia militar.

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En una entrevista en LA PATRIA Radio durante su visita a Oruro, Mesa afirmó que lo ocurrido en La Paz se asemeja a un autogolpe de Estado. Resaltó el ataque al Palacio de Gobierno y la presencia mediática sin represalias. Según él, estas acciones reflejan la falta de respeto del MAS hacia las Fuerzas Armadas y la gestión gubernamental.

Falta de consideración hacia las Fuerzas Armadas y designación de autoridades militares sin méritos

Mesa señaló que el incidente evidenció una falta de consideración hacia las Fuerzas Armadas por parte del presidente Arce y el MAS. Criticó la designación de autoridades militares sin méritos, como el general Zúñiga, cuestionando su capacidad para liderar.

Acciones para ocultar la crisis económica y advertencia de inestabilidad financiera

El líder de Comunidad Ciudadana opinó que las acciones no buscan popularidad para Arce, sino ocultar la crisis económica del país. Advirtió sobre una inminente inestabilidad financiera y una inminente inflación. Mesa enfatizó que el problema no es la popularidad del presidente, sino su habilidad para gobernar.

Fortalecimiento de las instituciones y llamado a la ciudadanía

Mesa mencionó que es fundamental respetar los principios democráticos y fortalecer las instituciones para evitar situaciones similares en el futuro. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y vigilante ante posibles amenazas a la democracia en Bolivia.

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La confrontación tuvo lugar cuando un grupo de movilizados, que había estado marchando durante 7 días hacia La Paz, intentaba abandonar el lugar después de expresar sus demandas. Según el diputado evista Héctor Arce, los manifestantes fueron atacados violentamente por grupos afines al gobierno actual. Este incidente no solo refleja las tensiones políticas existentes en el país, sino también un clima creciente de polarización entre las facciones del MAS.

Motivos del enfrentamiento

Los enfrentamientos comenzaron cuando varios seguidores del presidente Arce se concentraron en la Plaza Murillo con el objetivo de impedir que los marchistas liderados por Morales ingresaran al área. Antes del inicio de estos disturbios, Morales había expuesto sus exigencias al Gobierno y advertido sobre posibles bloqueos si no eran atendidas. Las demandas incluyen cuestiones sociales y económicas críticas para Bolivia.

Reacciones de los legisladores

El diputado Gualberto Arispe también condenó las agresiones sufridas por sus compañeros durante lo que él considera una movilización exitosa a pesar de las amenazas recibidas. Su declaración subraya un sentimiento compartido entre los legisladores evistas: la necesidad urgente de abordar las problemáticas planteadas sin recurrir a la violencia.

Contexto político tenso

Este episodio resalta un contexto político tenso donde las divisiones ideológicas son cada vez más evidentes. Expertos en política boliviana advierten que este tipo de incidentes puede tener repercusiones significativas en la estabilidad social y política del país. Las estadísticas recientes indican un aumento en los conflictos sociales relacionados con protestas y movilizaciones desde el retorno al poder del MAS.

Consecuencias inmediatas

Las consecuencias inmediatas incluyen una mayor polarización entre sectores políticos y potenciales bloqueos adicionales si las demandas no son escuchadas adecuadamente por el Gobierno.

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“Expresamos nuestro más profundo respeto y gratitud a las hermanas y hermanos de las organizaciones sociales, trabajadores y profesionales comprometidos con el país, que se dieron cita hoy (por el lunes) en plaza Murillo para defender la democracia y la estabilidad de un pueblo que quiere trabajar en paz”, publicó el jefe de Estado en sus redes sociales.

Marcha de Evo Morales

La marcha encabezada por Evo Morales comenzó el 17 de septiembre en la localidad de Caracollo, en Oruro. Este evento llegó a la ciudad de La Paz el lunes pasado, alrededor del mediodía. Debido a los trabajos en la plaza San Francisco de La Paz, los seguidores del expresidente se reunieron en el puente de la Cervecería, que marca el inicio de la autopista que conecta La Paz con su vecina El Alto.

En este lugar, se instaló un mitin que terminó por la noche con enfrentamientos, resultando en dos heridos. Tras la desconcentración, los seguidores de Morales se dirigieron por las calles Armentia, Sucre y Montes hacia plaza Murillo. Su objetivo era llegar a la Casa Grande del Pueblo, donde organizaciones sociales y autoconvocados afines al Gobierno establecieron una vigilia en defensa de la democracia.

Defensa de la Casa Grande

“Nos hemos trasladado acá para resguardar nuestra Casa Grande del Pueblo, estamos aquí pacíficamente con todas las organizaciones sociales”, declaró el lunes el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Lucio Quispe.

“Hoy más que nunca estamos unidos y firmes para defender nuestra Revolución Democrática y Cultural. ¡El pueblo unido, jamás será vencido! ¡Ni cobardes ni traidores!”, se lee en el post del Presidente Arce.

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Despliegue policial en puntos clave

Se ha observado un fuerte despliegue policial en los puntos mencionados, con barricadas instaladas en las cuatro esquinas que conducen al Kilómetro Cero. Este cierre afecta tanto el tránsito vehicular como el peatonal, lo que ha generado un impacto significativo en la movilidad de la zona.

Además, se han colocado rejas metálicas en el acceso a las instalaciones de la COB, donde también se ha dispuesto de resguardo policial para garantizar el orden público.

Detalles de la marcha

Según los reportes, la marcha llegó a San Antonio cerca de las 10:30 horas. Allí, los participantes hicieron una pausa para reanudar su camino hacia Achica Arriba alrededor de las 11:30 horas. Se ha informado que la marcha tiene planes de pasar la noche en Achica Arriba antes de continuar su trayecto hacia la Sede de Gobierno el lunes.

Denuncias desde la Cancillería

Por otro lado, este domingo, la Cancillería del Estado envió cartas a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En estas cartas se denuncia que esta movilización tiene como objetivo provocar enfrentamientos entre los bolivianos y acortar el mandato de Luis Arce y David Choquehuanca.

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La entidad obrera exige la aprobación de créditos internacionales y la implementación de leyes sociales. Mientras tanto, sus afiliados han establecido carpas alrededor de la plaza, donde continúan con la vigilia.

Decisión del Senado

En un comunicado oficial, el Senado informó que la decisión de suspender la sesión se tomó debido a los enfrentamientos que se produjeron en las puertas de la Asamblea Legislativa Plurinacional el 10 de septiembre. Además, se mencionaron las amenazas de los dirigentes de la COB de tomar las instalaciones del Senado.

En lugar de realizar la sesión habitual, se optó por trabajar en comisiones durante esta jornada para garantizar la seguridad de todos los involucrados.

Oficina de postulantes abierta

A pesar de las protestas, la oficina encargada de recibir a los postulantes al cargo de fiscal general del Estado sigue abierta. Sin embargo, el acceso a esta oficina se realiza únicamente por la calle Colón.

Vigilia continua

Mientras tanto, los afiliados de la COB y del ala arcista han permanecido en varias carpas distribuidas alrededor de la plaza Murillo, donde continúan con su vigilia en protesta por sus demandas.

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Según Rodríguez, Zúñiga estaba completamente consciente y en sus cabales durante los eventos en cuestión. Sin embargo, si se declara mentalmente incapacitado, esto podría atenuar su pena y ser considerado como una persona inimputable.

Posible manipulación

En su declaración, Zúñiga mencionó que había ingerido un vaso de jugo de limón la mañana del 26 de junio y sugirió que podría haber sido víctima de una manipulación para provocar un posible desvarío.

Demora en examen toxicológico

El abogado cuestiona la tardanza en la solicitud de un examen toxicológico por parte del Ministerio Público. Rodríguez comenta que esta pericia debería haberse realizado de inmediato, el 27 o 28 de junio, en lugar de esperar dos meses. Esta demora llama poderosamente la atención.

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De acuerdo a fuentes consultadas por Erbol, el exjefe militar fue citado para declarar este miércoles y posteriormente el Ministerio Público determinó su aprehensión en horas de la tarde.

Aumenta a 27 el número de personas aprehendidas por los sucesos en la plaza Murillo

Con la implicación del coronel Gonzalo F. L. F. en las operaciones militares del 26 de junio en la plaza Murillo, el número de personas aprehendidas en este proceso se eleva a 27, de un total de 34 investigadas. De las 27 personas, 22 permanecen detenidas preventivamente y cuatro están bajo detención domiciliaria. Todas ellas están siendo investigadas por los delitos de terrorismo y alzamiento armado.

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El Ministerio de Gobierno convocó a los periodistas para un “desayuno/trabajo” el viernes 19 de julio, pero solicitó específicamente la asistencia única de aquellos que estuvieron presentes en la Plaza Murillo cuando el general Juan José Zuñiga irrumpió en Palacio Quemado.

El trabajo de la prensa es público y documentado

Las asociaciones de periodistas recordaron que el trabajo de la prensa es público y se refleja en cientos de videos, despachos de radio, transmisiones en vivo y publicaciones de medios impresos y portales digitales. Por lo tanto, consideran que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, debería recurrir a los sistemas de monitoreo y seguimiento que tiene activados para verificar lo que informaron los periodistas ese 26 de junio o cualquier otro día.

Riesgo de convertir a los periodistas en testigos obligados

Según la ANPB y la APLP, convocar a los periodistas que estuvieron presentes en la Plaza Murillo en la fecha mencionada podría convertirlos en testigos obligados para respaldar, directa o indirectamente, la narrativa del Gobierno con respecto a la acción militar de ese día. Esto implicaría la solicitud de revelar información confidencial obtenida en la cobertura periodística sobre el caso.

Intento de controlar a los periodistas

Las asociaciones de periodistas alertaron que la convocatoria del Ministerio de Gobierno tiene una clara intención de poner a los periodistas a su servicio y evitar que cumplan con su rol vigilante en la gestión pública. Exigieron que se respete el derecho de los medios de comunicación de elegir a qué periodista envían a cubrir determinados hechos o ruedas de prensa, según su propia agenda e interés general, sin ningún tipo de condicionamiento.

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Según confirmó Del Castillo el jueves 18 de julio, “las autoridades políticas ya hemos declarado. Ya hemos prestado nuestra declaración informativa. Yo personalmente ya lo he hecho, lo han hecho otros ministros y otras autoridades del Órgano Ejecutivo, ya han prestado sus declaraciones correspondientes”.

Además, se espera que algunos viceministros también sean citados como testigos del hecho. El ministro instó a los periodistas a presentar su testimonio.

Avances en la investigación y búsqueda de justicia

Del Castillo expresó la intención del Gobierno de que los responsables reciban una sentencia este año. Aunque destacó estar satisfecho con los avances de la investigación, recordó que “parte de las personas que planificaron este fallido golpe de Estado militar eran miembros de inteligencia y afortunadamente estos miembros de inteligencia grababan estas reuniones”.

El intento de golpe de Estado y los aprehendidos

El pasado 26 de junio, militares montaron guardia con un camión blindado frente al palacio de Gobierno en la Plaza Murillo, presuntamente con el propósito de tomar el poder gubernamental y llevar a cabo un golpe de Estado.

Este movimiento militar fue liderado por el excomandante del Ejército, general Juan José Zúñiga. Hasta la fecha, hay más de 20 personas aprehendidas, incluyendo a Zúñiga, por este proceso judicial.

Opiniones divergentes sobre los hechos

Aunque desde el Gobierno sostienen que la acción del 26 de junio fue un intento fallido de golpe de Estado, diferentes actores políticos, parte de la ciudadanía e incluso Zúñiga afirman que fue un autogolpe para mejorar la popularidad del Presidente del país, Luis Arce.

La entrada Autoridades gubernamentales declaran ante Ministerio Público por caso del presunto intento de golpe se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que todas las personas vinculadas en el caso serán citadas para declarar. “No olvidemos que la primera autoridad de nuestro país es el Presidente, entonces podría estar en calidad de víctima, incluso el Vicepresidente David Choquehuanca también sería citado”, añadió.

Si bien la declaración de las principales autoridades del país podría ser si acuden personalmente a la Fiscalía, Alave aclaró que tienen ciertos “privilegios” para responder al cuestionario que podrían hacerles llegar.

Presidente y Vicepresidente podrían aportar información clave sobre la toma militar

La tarde del 26 de junio, en medio de la toma militar de la Plaza Murillo, Arce, Choquehuanca y varios ministros de Estado salieron al ingreso principal de Palacio Quemado para confrontar al excomandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, y exigir que retiren a los efectivos desplegados.

Unas 22 personas implicadas en el caso fueron enviadas con detención preventiva y existen otros investigados requeridos por las autoridades.

Esperanzas de esclarecimiento de los hechos

En este caso específico, se espera que las declaraciones del Presidente y Vicepresidente puedan arrojar luz sobre los eventos ocurridos durante la toma militar y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La entrada Fiscalía considera citar al Presidente Arce para declarar como víctima en la investigación de la toma militar de Plaza Murillo se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El abogado Miguel Ramírez informó que su cliente había sufrido una descompensación y ahora está recibiendo atención médica en el hospital. Ramírez llamó a precautelar la vida y la salud del acusado y lamentó que desde su detención habían pedido su traslado a un nosocomio debido a sus dolencias por su edad, 71 años, y las condiciones insalubres en las que se encontraba.

Según sus familiares, Aguilar está sufriendo un cuadro severo de dolor intestinal, lo cual ha causado el deterioro de su salud. Además, es un sobreviviente de cáncer de vejiga.

Traslado del pastor al Hospital Obrero

Aguilar fue trasladado desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en camillas de Bomberos hacia el Hospital Obrero. El pastor evangélico fue presentado como el asesor e ideólogo central del levantamiento militar dirigido por el excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, en la Plaza Murillo. El Gobierno asegura que este suceso fue un intento de golpe de Estado fallido.

Revocación de la detención domiciliaria

Inicialmente, Aguilar se benefició con detención domiciliaria, pero posteriormente la vocal Claudia Castro decidió revocar esa decisión y enviarlo preventivamente a la cárcel de San Pedro por cinco meses.

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Según la diputada Lina Canaviri, quien leyó el pronunciamiento oficial de la bancada, aseguraron que el Presidente Luis Arce y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, organizaron la trifulca militar. Argumentaron que la pasividad con la que se replegaron las tropas unas horas después es prueba de ello.

Denuncian autogolpe organizado por el Ejecutivo

Los “evistas” ratificaron que lo sucedido el 26 de junio se trató de un autogolpe organizado por el Ejecutivo y que ese es el pensamiento generalizado de toda la población.

En respuesta a esto, enviaron un pliego petitorio dirigido al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y una Petición de Informe Escrita (PIE) a Del Castillo, para que informen sobre la situación. También enviaron notas formales a representantes de Naciones Unidas en Bolivia para dar a conocer la perturbación de la paz suscitada ese día.

Solicitud de no intervención extranjera

Finalmente, solicitaron a los presidentes de Argentina y Venezuela, Javier Milei y Nicolás Maduro respectivamente, que dejen de entrometerse en asuntos exclusivos de Bolivia.

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El pasado 26 de junio, Bolivia vivió momentos de incertidumbre cuando se produjo una toma militar de la Plaza Murillo, que supuestamente buscaba llevar a cabo un golpe de Estado. Sin embargo, esta acción fue neutralizada rápidamente después de un cambio en el Alto Mando Militar y la persecución de los jefes militares detractores.

El Cedib sostiene que el Gobierno no podía desconocer los preparativos y desarrollo de esta movilización, lo que implica una posible responsabilidad del Gobierno en los hechos. Esta situación lleva a suponer que podría tratarse de un autogolpe o autoatentado, según el boletín emitido por la institución.

Impacto en la imagen del Gobierno y su capacidad de gobernar

La toma militar de la Plaza Murillo acaparó la atención de los medios nacionales e internacionales, desplazando otros temas importantes como la crisis económica que atraviesa el país. Aunque inicialmente hubo actores políticos que defendieron al Gobierno, esta actitud ha ido disminuyendo a medida que prevalece la idea de que se trató de un “autogolpe”.

El Cedib advierte que esto afecta el prestigio del Gobierno y la percepción de su capacidad para gobernar, lo cual tiene un alto costo político a pesar de los esfuerzos del Gobierno por atenuarlo mediante su aparato propagandístico. Esta es la consecuencia política más evidente en el corto plazo, según la institución.

Reacciones internacionales y posibles cambios

Mientras se desarrollaban los acontecimientos militares, varios gobiernos a nivel internacional condenaron el supuesto intento de golpe de Estado y expresaron su apoyo al presidente boliviano, Luis Arce. Sin embargo, el Cedib señala que estas reacciones podrían cambiar si se presenta información más detallada.

La institución destaca que, aunque inicialmente las reacciones internacionales fortalecieron la imagen de Arce, basándose en una interpretación equivocada de los hechos, será necesario esperar a ver si este respaldo se mantiene una vez que se disponga de información más detallada. Es posible que la reacción inicial sea solo temporal y se modifique con nuevos datos, según el Cedib.

Acusaciones de montaje para aumentar popularidad

El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien es el principal acusado del presunto intento de golpe de Estado, afirmó al momento de su aprehensión que todo fue montado a pedido del presidente Arce con el objetivo de aumentar su popularidad.

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La fotoperiodista de la agencia de noticias Reuters, Claudia Morales, no consiguió ingresar en la Plaza Murillo, el centro político de La Paz, porque una barrera instalada por soldados de la Policía Militar impedía el ingreso de personas en las esquinas de las calles Comercio y Ayacucho.

Desde esa posición, Morales consiguió obtener imágenes de los momentos en que se dispararon gases lacrimógenos contra seguidores del presidente Luis Arce que intentaban romper la barrera formada por soldados armados, portando escudos antimotines y apoyados por carros militares de asalto.

En esa esquina, los seguidores del presidente Luis Arce lanzaban consignas de defensa de la democracia y a favor del mandatario que permanecía en la Casa del Pueblo, contigua a Palacio de Gobierno, y encendían fogatas para atenuar el efecto de gases lacrimógenos. “Intenté ingresar, mostré mi credencial, pero el acceso estaba cerrado”, relató Morales a la ANP.

Los periodistas del canal de televisión SITEL, Juan Alejandro Mamani y Sebastián Alarcón, describieron que soldados que protagonizaron la toma militar del centro político de Bolivia, después del mediodía del miércoles 26, dificultaban la grabación de imágenes con sus escudos que también servían como objetos contundentes para empujar a los enviados de prensa.

La periodista del portal Brújula Digital, Andrea Rojas, permaneció por varios minutos sin lograr ingresar a la Plaza Murillo de La Paz, que según el gobierno fue escenario de un “golpe de estado fallido”. Mientras algunos medios ingresaban al centro de la Plaza, Rojas permaneció reportando desde calles próximas, según explicó a la ANP.

A diferencia del caso anterior, el periodista de la estatal BoliviaTV, Leonardo Mena, presenció sin dificultades el ingreso y movimiento de carros de asalto y militares que se ubicaron en la Plaza Murillo desde las primeras horas de la tarde.

En momentos en que el ambiente se llenaba de gas lacrimógenos, la periodista de la Voz de América, Fabiola Chambi, busco aliviar los efectos de los químicos librados a la atmósfera y se aproximó a improvisadas fogatas que encendieron grupos de manifestantes.

Las dificultades para su labor de obtención de imágenes en video y audio se presentaron cuando militantes del partido gobernante ocuparon la puerta de Palacio y en el instante en que apareció en balcones de Palacio el presidente Luis Arce.

El enviado del medio digital Tele Estrella, Bryan Benavides, observó que durante los intentos de dispersar a las personas, militares lanzaron gases lacrimógenos contra periodistas, según informó a la ANP.

“Prensa vendida” fue el estribillo usado por manifestantes durante la confusión y muchas personas al observar el color azul del logotipo de Foro Channel, un medio local de prensa digital, imaginaron que pertenecía al partido oficialista, relató la periodista Magaly Chuquimia.

“Por la tensión pasamos por alto los empujones”, explicó a la ANP la corresponsal del diario cruceño El Deber, Yolanda Mamani, que junto a muchas personas corrió por la calle Comercio tras los disparos de granadas de gases lacrimógenos.

Con los ojos irritados por el ataque con los gases, y tosiendo por la falta de oxígeno, la corresponsal de Radio Soberanía del Trópico de Cochabamba, Daniela Tacachira, interrumpió sus despachos y el experimentado periodista del canal de TV Bolivisión, Federico Camacho, fue testigo y observó que varias mujeres periodistas vomitaban por la sensación de asfixia.

La entrada Empujones y gases lacrimógenos dificultaron trabajo de periodistas se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Al ser cuestionado sobre si experimentó temor al ver los tanques comandados por Zúñiga en la Plaza Murillo, Arce respondió afirmativamente, destacando que todos somos humanos y que los acontecimientos los tomaron por sorpresa. Además, señaló que la presencia de armas de fuego en manos de los involucrados dejaba claro que no se trataba de un juego.

El mandatario boliviano compara la situación con la crisis del 2019

Arce resaltó que las acciones de Zúñiga evocaron los momentos críticos vividos durante la crisis del 2019 en Bolivia. La situación generó preocupación entre la población boliviana, quienes temen por la estabilidad política del país y han comenzado a debatir sobre las posibles implicaciones a largo plazo.

Las intenciones de Zúñiga y las medidas de seguridad adicionales

El presidente Arce destacó que Zúñiga tenía la intención de ingresar a la Casa Grande del Pueblo y convertirse en presidente. Ante este intento de golpe, se implementaron medidas adicionales para fortalecer la seguridad en La Paz y otras regiones del país. Estos eventos recientes han generado preocupación y han despertado debates sobre el futuro de Bolivia.

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A pesar de la conmoción inicial, la Plaza Murillo muestra un ambiente tranquilo y sereno en contraste con los acontecimientos recientes. Tanto visitantes como lugareños continúan con sus actividades habituales bajo un cielo despejado que resalta la arquitectura clásica que la rodea.

Testimonios de los presentes

Álvaro Escobar, un fotógrafo habitual en la plaza, relató los momentos de tensión vividos el miércoles: “Fue algo extraño, muy raro… alrededor de las 14:30 horas comenzaron a llegar las tanquetas. Eran entre 8 y 10 tanquetas que llegaron haciendo mucho ruido con sus sirenas”. A pesar del nerviosismo inicial, esta vez no se desencadenó una convulsión social como en episodios anteriores.

María Ramírez, vendedora en la plaza, expresó su temor ante la posibilidad de un cambio repentino en la tranquilidad actual. Por otro lado, Orlando, antiguo vinculado a las fuerzas militares, considera que lo ocurrido fue más un ensayo que un verdadero golpe de Estado.

Tensión latente y medidas de seguridad

En medio de la incertidumbre y el escepticismo sobre los eventos del pasado miércoles, persiste una sensación de tensión entre los ciudadanos bolivianos. Las autoridades mantienen una vigilancia constante en la zona para prevenir cualquier altercado futuro y garantizar la seguridad en la emblemática Plaza Murillo.

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Las investigaciones preliminares y el análisis de las imágenes han permitido identificar al capitán de Infantería dirigiendo el ingreso violento de Juan José Zúñiga al Palacio de Gobierno. Según las pruebas presentadas, se observa al capitán Miguel Ángel con una camisa a cuadros azul y un chaleco antibalas liderando el avance y generando “convulsión” en el kilómetro cero.

Vehículo militar utilizado para violentar la puerta principal del Palacio de Gobierno

En la plaza Murillo se observó la utilización de un vehículo militar “Z” para violentar la puerta principal del Palacio de Gobierno. Las autoridades lograron identificar a los ocupantes del vehículo militar y a otra persona que alentaba y organizaba la destrucción de la puerta para posibilitar el ingreso de Juan José Zúñiga.

Conductor del vehículo militar identificado

El sargento Alan C. K. ha sido identificado como el conductor del vehículo militar que golpeó la puerta del Palacio Quemado. El Ministerio de Gobierno está analizando la posibilidad de ampliar los tipos penales por el delito de magnicidio en su grado de tentativa, debido al uso de un vehículo blindado contra el patrimonio del pueblo boliviano, generando terror, caos y poniendo en riesgo la vida del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.

Otros detenidos y hallazgos importantes

Además de los detenidos mencionados, también se ha arrestado al sargento Demetrio M. A., quien habría conducido la tanqueta militar con exjefes militares, y al excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general Marcelo Zegarra. Durante las investigaciones, se ha logrado secuestrar “el libro de novedades”, que muestra la salida inicial de tres “vehículos de asalto” desde Achacachi, seguidos de otros 11 vehículos.

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Según Prada, Zúñiga se autodenominaba como el “general del pueblo” y también pedía que realicen cuadros relacionados con lo popular y el pueblo organizado movilizado para él. Esta faceta desconocida del excomandante añade capas intrigantes a su figura pública.

El enfrentamiento en Plaza Murillo

La ministra Prada ha revelado detalles sobre lo sucedido la tarde del 26 de junio en Plaza Murillo, cuando el Presidente Luis Arce confrontó al excomandante en el ingreso al Palacio Quemado.

Prada fue testigo directo de la determinación de Arce al confrontar al general para evitar un posible “derramamiento de sangre”. En medio de la tensión, Arce ordenó a Zúñiga retirar a los militares mientras este intentaba justificar el malestar en las Fuerzas Armadas.

Las declaraciones contradictorias de Zúñiga

La ministra Prada desestimó las declaraciones de Zúñiga acerca de un supuesto “autogolpe”, señalando que sus versiones variaban según sus intereses. Desde hablar en representación del pueblo hasta abogar por liberar presos políticos, Zúñiga mostraba una conducta errática.

El levantamiento y la polémica entrevista

El levantamiento protagonizado por Zúñiga estuvo vinculado con una polémica entrevista en la que criticó una posible candidatura de Evo Morales. Tras ser reprendido por Arce y pedir disculpas por su error inicial, Zúñiga incumplió lo acordado generando mayor tensión.

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El informe presentado por el ministro Castillo afirma que Aguilar formuló una estrategia de levantamiento militar que implicaba la movilización coordinada de las Fuerzas Armadas hacia la Plaza Murillo. El objetivo de esta operación era la toma del poder por la fuerza. Aguilar fue considerado una de las “fichas más importantes” y estuvo presente durante la movilización militar en la plaza.

Aguilar declara huelga de hambre seca y se autodenomina autor de la “doctrina de patriotas”

En respuesta a las acusaciones en su contra, Aguilar declaró una huelga de hambre seca, alegando vulneración de su derecho a la defensa. Además, se autodenominó autor de la “doctrina de patriotas”. En un discurso lleno de polémica, Aguilar también denunció la supuesta entrega de litio, mencionando al ministro Edmundo Novillo y al Presidente Luis Arce.

Opiniones en redes sociales sobre defensa nacional y geopolítica

En sus redes sociales, Aguilar comparte sus opiniones sobre defensa nacional y geopolítica. Destaca episodios históricos de las Fuerzas Armadas y advierte sobre supuestas intenciones chilenas de apropiarse de los recursos naturales de Bolivia. Se presenta como analista en medios de comunicación y como experto en planificación y docente.

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El senador de CC, Guillermo Seoane, ha expresado su convicción de que se trató de un golpe falso, pero que, de todas formas, atentó contra la democracia al afectar la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo. Según Seoane, esto evidencia la incapacidad del Gobierno para resolver los problemas nacionales y la falta de institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

La urgencia de esclarecer los hechos

Ante la gravedad de la situación, el legislador ha solicitado la creación de esta comisión mixta con el objetivo de esclarecer lo sucedido en la Plaza Murillo lo más pronto posible. Según su criterio, estos eventos también han expuesto la crisis de gobernabilidad que atraviesa Bolivia y la incapacidad del Presidente Luis Arce para controlarla.

Independientemente de si se trató de un autogolpe o un intento legítimo de golpe de Estado, Seoane ha enfatizado que fue una falta total de seriedad hacia la política boliviana y, sobre todo, hacia los ciudadanos, quienes fueron los principales afectados por lo que él describe como un espectáculo lamentable.

Declaraciones previas y llamado a la investigación

Por su parte, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), William Torres, ha manifestado que las declaraciones previas del ex Comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, merecen una investigación, ya que podrían considerarse como un llamado a la sedición y conspiración. Sin embargo, el Gobierno no ha mostrado ninguna reacción al respecto.

Según Torres, estos y otros indicios apuntan a que se trató de un autogolpe, por lo tanto, todos los involucrados, ya sea por acción u omisión, deben ser investigados. En ese sentido, ha expresado que Luis Arce y todo su gabinete ministerial deberían ser investigados por participar en uno de los hechos más nefastos para la democracia boliviana.

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Hacia las 15:00 horas, un fuerte contingente militar armado llegó al kilómetro cero, lo que provocó la intervención del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Este solicitó al Comandante de las Fuerzas Armadas, general Juan José Zúñiga, que desmovilizara a los efectivos.

Resistencia del Comandante Zúñiga

A pesar de las órdenes de Del Castillo, Zúñiga se negaba a salir de la tanqueta en la que se encontraba resguardado, lo que llevó a la autoridad a calificar su actitud como insubordinación.

Denuncia del Presidente Arce

El Presidente Luis Arce utilizó sus redes sociales para denunciar las movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano y reiteró la importancia de respetar la democracia.

Condena internacional

La situación en Bolivia ha captado la atención a nivel mundial, especialmente después del pronunciamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Este condenó enérgicamente los acontecimientos y recordó la necesidad de que el Ejército se someta al poder civil legítimamente elegido.

Declaraciones del Comandante Zúñiga

Finalmente, cuando Zúñiga salió de la tanqueta, declaró que todas las estamentos de las Fuerzas Armadas están movilizados y en emergencia. Argumentó que algunas personas utilizan a la gente pobre para alcanzar el poder y saquear, y afirmó que las Fuerzas Armadas están junto al pueblo para detener estos actos.

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El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, enfatizó que las tres fuerzas políticas ya firmaron un acuerdo. Por tanto, manifestó que la ley debería ser aprobada esta tarde incluso con mayoría absoluta y no solo por dos tercios.

Pedido para no anteponer intereses propios

En ese sentido, esperó que esta tarde ningún legislador anteponga intereses propios para no aprobar el PL 144, porque eso sería faltarle el respeto a la población e incentivar aún más la movilización, especialmente ahora que algunos puntos de bloqueo siguen activos después de dos semanas.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Froilán Mamani, anticipó que es muy probable que se adviertan algunas mejoras en la propuesta legislativa. Pero, al igual que Ajpi, aseguró que el PL 144 no se rechazará porque oficialismo y oposición ya firmaron un acuerdo que debe ser cumplido.

Plazos para la aprobación en Diputados y el Senado

Además, aseguró que por motivo de plazos la propuesta deberá ser aprobada en Diputados hoy sí o sí, para que mañana el Senado haga lo propio; para cumplir con el acuerdo, el PL 144 ya debería estar promulgado el miércoles. Con eso, la Asamblea Legislativa garantizaría las elecciones judiciales y se levantarían las medidas de presión.

Prioridad en el proyecto de ley de elecciones judiciales

Finalmente, aseguró que la prioridad en este momento es el proyecto de ley de elecciones judiciales. Posteriormente se tratará la prórroga de magistrados, aspecto que en algún punto entorpeció el debate de las tres fuerzas políticas. Actualmente hay dos proyectos de ley pendientes sobre la ampliación del mandato de estas autoridades.

Diputado radical pide inclusión de prórroga de magistrados

Sin embargo, el diputado radical Patricio Mendoza manifestó que la prórroga de magistrados debería haberse incluido en el PL 144 para terminar definitivamente con las movilizaciones. Sin embargo, manifestó que habrá que esperar la voluntad política que muestren sus colegas esta tarde.

Aseguró también que su bancada apoyará la aprobación de la ley de elecciones judiciales esta tarde, pero también pedirá el tratamiento urgente de los proyectos 073 y 075 respecto a la prórroga de magistrados.

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El descontento de las madres se manifestó con fuerza mientras se congregaban en la plaza, portando pancartas que clamaban por justicia para sus hijos e hijas. En medio de cánticos y consignas, una madre expresó su indignación: “Dicen ser padres de la Patria, entonces deberían estar en defensa de nuestros hijos y toda la familia. No nos parece correcto; nosotras vamos a ir hasta las últimas consecuencias, vamos a aglutinarnos más en las calles hasta que se apruebe el proyecto 372”.

“Nosotros tenemos que defender más que nada, sin colores políticos, a nuestros niños”, enfatizó otra madre presente en la manifestación.

Medidas drásticas para presionar al legislativo

Las madres autoconvocadas dejaron claro que están dispuestas a tomar medidas drásticas de presión, incluyendo la posibilidad de una huelga de hambre y marchas continuas en las calles hasta que el proyecto sea viabilizado. Han otorgado un plazo de 48 horas a los legisladores para que reconsideren su posición.

Preocupación y determinación por la justicia

La situación generó preocupación en diversos sectores de la sociedad y las madres autoconvocadas advierten que no escatimarán esfuerzos para asegurar que se haga justicia en los casos de delitos sexuales contra menores.

Denuncias de acuerdo político y falta de justicia

Este llamado a la acción surge en medio de denuncias del ministro de Justicia, Iván Lima, quien señaló un supuesto acuerdo entre diputados de diferentes frentes políticos para rechazar el Proyecto de Ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes. Lima subrayó que este acuerdo, más allá de motivaciones políticas, dejó “sin justicia” a los menores víctimas de estos delitos. Una situación que las madres autoconvocadas están determinadas a cambiar.

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Esa persona, manifestó que todos los símbolos merecen ser reconocidos por la Constitución. Reclamó que esa Bandera merece ser izada junto con la tricolor, porque representa a los pueblos del Oriente boliviano.

Asimismo, el activista exclamó “basta de avasallamiento, de etnocentrismo y de colonialismo a la inversa”. Llamó a que no se invisibilice esa lucha de la gente que está siendo avasallada.

Mientras intentaba izar dicha bandera, hubo gente que le gritaba “racista”, “croata” y “golpista”. El encargado militar fundamentó que el activista no tenía autorización para realizar la iza de la bandera, según reporte de la red Erbol.

Ante esa situación, el joven aclaró que no está en contra de la Wiphala, pero pidió reconocimiento igual para todos los símbolos. Instó a que ninguna cultura se imponga o someta a otra, recalcando la siguiente frase: “amémonos entre todos”.

Luego de negársele la posibilidad de izar la Bandera del Patujú, los militares entregaron el símbolo al activista, quien manifestó que se retiraba pacíficamente hacia Santa Cruz.

Las personas que rechazaron al activista argumentaron finalmente que la Bandera del Patujú no es un Símbolo Patrio, pero la flor sí lo es.

/MDCB

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“Vamos a presentar ante las instancias internacionales una queja formal en contra del Estado porque es el Estado el que tiene que garantizar la vida de los ciudadanos, ese día ha visto el pueblo boliviano que la Policía no ha evitado absolutamente nada y se ha hecho de la vista gorda”, manifestó Quispe en contacto con radio Fides.

La exautoridad afirmó que el caso no es un hecho aislado, sino planificado, ya que a días de la posesión del Presidente Luis Arce, se registró “la toma” de instituciones por parte de afines al MAS, que además exigieron la renuncia de algunos funcionarios por haber sido parte de un supuesto “golpe de Estado”, en noviembre de 2019.

“A mí no me van a amedrentar, no me van a hacer correr, yo he nacido en Bolivia y moriré en Bolivia”, sostuvo Quispe.

El miércoles, un grupo de militantes del MAS, agredió y le robó el sombrero al “Tata” Quispe, cuando brindada una conferencia de prensa anunciando su candidatura a la Gobernación de La Paz. Ante lo sucedido, los seguidores del exviceministro se enfrentaron físicamente contra las personas que lo atacaron.

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“¡Asesino, asesino!”, “¡vendepatria, vendepatria!”, “¡traidor, traidor!” y “¡fuera de aquí!” fueron las arengas que sufrió Quispe por un grupo de masistas, falto de tolerancia. Ante lo sucedido, los seguidores del “Tata” se enfrentaron físicamente contra las personas que lo atacaron.

“La Policía no hace nada, mira de palco, para que me voy a quejar si ahora la Policía, los fiscales y los jueces están al mando del MAS. Nadie es dueño de la plaza Murillo. Me han robado el sombrero, eso es delito”, dijo el exviceministro.

DEFENSORÍA

Ante el incidente registrado en Plaza Murillo, la Defensoría del Pueblo condenó las agresiones verbales y físicas en contra de Quispe.

“Reprochamos la actitud de la Policía Boliviana que se mostró pasiva frente a este hecho, y recordamos que toda persona es libre de emitir su opinión y ese derecho no puede ser coartado por diferencias ideológicas”, agregó.

TATA

Poco después del ataque, Quispe mediante su cuenta de Twitter, manifestó que fue amenazado y golpeado por grupos del MAS, pero afirmó que seguirá trabajando por el pueblo y ratificó su candidatura a la Gobernación paceña.

“He recibido insultos, amenazas. Me golpearon varias veces y algunas con intento de muerte. Siempre trabajé y seguiré trabajando por mi pueblo. Las hordas del MAS quieren mi cabeza. Están en grupos y no se atreven a venir solos. Iremos por la gobernación de La Paz”, expresó el “Tata”.

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Los activistas en su mayoría cruceños llegaron hasta la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, se instalaron en las puertas de Palacio de Gobierno, tratando de entregar las pruebas a la mandataria.

Poco más tarde, la Policía con sus efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), fueron los que desalojaron a los activistas con jaloneos y gas pimienta para dispersarlos.

También se encontraban militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), quienes resguardaban la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a su vez gritaban “fuera” con insultos a los activistas.

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Cuatro mujeres de la organización tomaron asiento en la acera de la Asamblea Legislativa con carteles que decían “2/3 es Democracia”, posición que tomaron luego que el Senado eliminó los dos tercios como requisito para tomar 11 decisiones, antes de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) pierda esa cantidad de curules con el nuevo Legislativo.

La Policía retiró a las manifestantes por la fuerza, levantándolas del piso hasta sacarlas del lugar e incluso llevándolas a una cuadra de la Plaza Murillo, reportó la red Erbol.

Al ser reprimidas, las activistas lamentaron que se haya impedido su protesta en vía pública, en la cual afirmaron que no insultaban y es más no impedían la circulación peatonal a través de la acera.

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Muy temprano el jueves se realizó  ofrenda floral a los restos de los próceres de la revolución de 1809, el acto fue realizado en la histórica plaza Murillo.

En esa actividad participaron autoridades del Gobierno, de la Alcaldía de La Paz, Policía y Colorados de Bolivia, quienes rindieron homenaje a los caudillos de ese histórico grito libertario.

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