El periodismo es un pilar fundamental en la vida democrática. Informar con veracidad, investigar de manera rigurosa y ofrecer a la ciudadanía elementos que les permitan un voto libre y consciente son tareas que fortalecen la soberanía popular y resguardan la legitimidad de las elecciones, aseguraron los representantes de la ANPB. Por esta razón, se exigió a las autoridades nacionales que proporcionen condiciones de seguridad y protección para el ejercicio del periodismo en el país.

Preocupaciones sobre la seguridad

Ante la posibilidad de que surjan puntos de conflicto durante las Elecciones Generales, se demandaron medidas específicas, efectivas y verificables que garanticen el trabajo periodístico en todo el territorio nacional. Además, se expresó preocupación por el anuncio del despliegue de efectivos policiales de civil o agentes encubiertos, recordando los antecedentes en los que se utilizaron de manera indebida credenciales de prensa.

Prohibición de credenciales

Para evitar suplantaciones, se solicitó al Ministerio de Gobierno que prohíba expresamente el uso de credenciales periodísticas por parte de cualquier agente policial o de inteligencia. También se ratificó la responsabilidad en la lucha contra la desinformación, ya que esta distorsiona la voluntad del pueblo y debilita la confianza en las instituciones democráticas.

Convocatoria a la ciudadanía

“Tenemos la convicción de que solo con elecciones transparentes, un voto informado y un periodismo libre y responsable, la democracia boliviana seguirá consolidándose. Confiamos en que este proceso electoral abra un nuevo ciclo en el que se consoliden la paz, la justicia y la plena vigencia de los derechos humanos”, se señala en el comunicado emitido por la ANPB.

Por otro lado, se convocó a toda la ciudadanía a participar en estas elecciones con libertad, responsabilidad y esperanza.

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Incidente con el Fiscal General

Este pronunciamiento se produce tras un incidente que tuvo lugar el 18 de junio de 2025. En esa ocasión, el Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, reaccionó de manera agresiva ante la pregunta de una periodista de una red nacional.

La reportera le consultó si, al ser mencionado en el llamado “caso consorcio”, consideraba la posibilidad de presentar su renuncia. Esta pregunta provocó una respuesta airada por parte de Mariaca.

Derechos y garantías constitucionales

La Asociación recordó que “la naturaleza jurídica del Ministerio Público es representar a la sociedad y velar por los derechos y garantías constitucionales”. Este recordatorio se basa en el artículo 106 de la Constitución, que asegura la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo sin censura ni represalias.

Exigencias a las autoridades

La organización gremial exigió a Róger Mariaca y a todas las autoridades del Estado que respeten el papel fiscalizador que tiene la prensa. Además, pidieron que se abandonen las actitudes intimidatorias o violentas hacia los periodistas.

Apoyo a los periodistas

Asimismo, hicieron un llamado a los medios de comunicación para que respalden a sus trabajadores y defiendan de manera activa el ejercicio libre del periodismo.

Defensa de la libertad de expresión

“Exigimos transparencia. La libertad de expresión y de prensa es la piedra angular de la democracia y no permitiremos que se la pretenda silenciar”, concluyó el pronunciamiento de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz.

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La pregunta que se formuló sobre la posible renuncia del fiscal ante las acusaciones en el contexto de una grave denuncia de corrupción judicial es parte del ejercicio legítimo del periodismo. Además, es un derecho de la ciudadanía recibir información oportuna, veraz y contrastada sobre las acciones de las autoridades nacionales.

Reacción del fiscal Mariaca

La respuesta del fiscal Mariaca incluyó acusaciones directas contra el medio de comunicación y amenazas de iniciar “las quejas correspondientes” contra la periodista. Esta conducta se considera un acto de amedrentamiento inaceptable y va en contra de los principios democráticos y del Estado de derecho.

El comunicado emitido por la Asociación Nacional de Periodistas subraya que toda autoridad, especialmente alguien en una posición tan importante como el Fiscal General del Estado, debe someterse al escrutinio público. También deben rendir cuentas de sus actos y mantener un trato respetuoso y transparente con los periodistas, reconociendo la legitimidad de su labor, incluso si esta resulta crítica o incómoda para sus intereses.

Descalificación y victimización

En lugar de ofrecer respuestas claras a una pregunta relevante sobre su presunta vinculación con una red de corrupción que busca alterar la composición del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal Mariaca eligió descalificar al medio. Además, distorsionó el sentido de la pregunta y se presentó como víctima, sugiriendo que existía una conspiración en su contra por parte de la Red Unitel.

Este comportamiento no solo es inapropiado para una autoridad estatal, sino que también socava la confianza pública en las instituciones encargadas de administrar justicia. Por ello, el comunicado exige que el Fiscal General del Estado se retracte públicamente de sus declaraciones intimidatorias y garantice condiciones adecuadas para el ejercicio libre y seguro del periodismo, sin represalias.

Hostilidad contra la prensa

La conducta del fiscal Mariaca representa un patrón preocupante de hostilidad hacia la prensa y se considera un acto de violencia inaceptable. El comunicado concluye afirmando que “la democracia requiere autoridades que rindan cuentas, medios que pregunten sin temor y periodistas que informen sin ser hostigados”. En defensa de estos principios, se reitera la solidaridad con la periodista de Unitel y con todos los trabajadores de la prensa que realizan su labor a pesar de las amenazas, descalificaciones y presiones indebidas.

Exigencias de la Asociación Nacional de Periodistas

La Asociación Nacional de Periodistas también enfatiza que este tipo de actitudes erosionan la confianza pública en las instituciones encargadas de administrar justicia. Por lo tanto, exigen garantías para un ejercicio periodístico libre y sin represalias.

/KMMN

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En un desayuno de trabajo organizado por el Ministerio de Gobierno, Del Castillo enfatizó que la información compartida durante el encuentro no sería utilizada para emitir informes o iniciar investigaciones. Su objetivo principal era conocer las experiencias de los periodistas que estuvieron cubriendo los acontecimientos en la plaza Murillo ese día.

Reconocimiento a la labor periodística

El ministro resaltó la importancia del trabajo de los periodistas durante esa jornada y reconoció su valentía al exponerse a un entorno peligroso y, en algunos casos, resultar heridos. Aclaró que este fue el motivo principal por el cual quiso reunirse con los trabajadores de la prensa.

Garantías para los periodistas

Del Castillo aseguró que la información compartida durante el desayuno no será utilizada en ningún proceso legal, y que no se citará a ningún periodista a declarar ni se solicitará su investigación. Concluyó expresando su agradecimiento a los periodistas por su labor.

Rechazo de las asociaciones de prensa

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron la solicitud del ministro de Gobierno de brindar más información sobre el tema. Consideraron que el desayuno de trabajo constituía una restricción a la libertad de prensa y al derecho de la sociedad a recibir información.

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El Ministerio de Gobierno convocó a los periodistas para un “desayuno/trabajo” el viernes 19 de julio, pero solicitó específicamente la asistencia única de aquellos que estuvieron presentes en la Plaza Murillo cuando el general Juan José Zuñiga irrumpió en Palacio Quemado.

El trabajo de la prensa es público y documentado

Las asociaciones de periodistas recordaron que el trabajo de la prensa es público y se refleja en cientos de videos, despachos de radio, transmisiones en vivo y publicaciones de medios impresos y portales digitales. Por lo tanto, consideran que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, debería recurrir a los sistemas de monitoreo y seguimiento que tiene activados para verificar lo que informaron los periodistas ese 26 de junio o cualquier otro día.

Riesgo de convertir a los periodistas en testigos obligados

Según la ANPB y la APLP, convocar a los periodistas que estuvieron presentes en la Plaza Murillo en la fecha mencionada podría convertirlos en testigos obligados para respaldar, directa o indirectamente, la narrativa del Gobierno con respecto a la acción militar de ese día. Esto implicaría la solicitud de revelar información confidencial obtenida en la cobertura periodística sobre el caso.

Intento de controlar a los periodistas

Las asociaciones de periodistas alertaron que la convocatoria del Ministerio de Gobierno tiene una clara intención de poner a los periodistas a su servicio y evitar que cumplan con su rol vigilante en la gestión pública. Exigieron que se respete el derecho de los medios de comunicación de elegir a qué periodista envían a cubrir determinados hechos o ruedas de prensa, según su propia agenda e interés general, sin ningún tipo de condicionamiento.

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Tres de los periodistas fallecidos son israelíes y uno es libanés. Además, se desconoce el destino exacto de otros tres: uno israelí que aparentemente está siendo retenido por Hamás, un palestino supuestamente detenido por el Ejército israelí y otro palestino del cual se perdió el rastro.

Día más trágico: seis muertos

El número de periodistas muertos es prácticamente diario, aunque el día más trágico fue el 7 de octubre cuando Hamás lanzó varios ataques terroristas sorpresivos. Ese día hubo seis muertos, mitad israelíes y mitad palestinos.

Aumenta la cifra de víctimas palestinas

Desde entonces, con el inicio de la contraofensiva israelí, todos los reporteros fallecidos fueron palestinos a excepción de un libanés.

Nuevas víctimas en Rafah

Las últimas víctimas fueron registradas ayer cuando un bombardeo israelí alcanzó al camarógrafo Khalil Abu Aatra y a su hermano en Rafah. El día anterior también cayó Sameeh Al Nadky, director de la misma cadena televisiva Al Aqsa en otro bombardeo similar.

Investigación sobre reporteros muertos y amenazados

El CPJ considera estos casos como probados pero añade que está investigando “numerosos informes no confirmados” sobre otros reporteros muertos, detenidos o amenazados así como ataques a edificios donde se encuentran medios de comunicación o las propias viviendas de los periodistas.

Gaza presenta un riesgo alto para los periodistas

El comité, creado en Estados Unidos y con presencia en varios lugares del mundo, considera que en este momento “Gaza presenta un riesgo especialmente alto para los periodistas mientras se preparan para cubrir una posible invasión terrestre de Israel, sumada a devastadores bombardeos israelíes, cortes extensivos de electricidad y caída de las comunicaciones”.

Fuente: EFE

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La semana anterior se conoció que el Gobierno del Presidente Luis Arce, envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 305-2022-2023 que, en su parágrafo III del Artículo 281 Septies, respecto a difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación, propone que cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio de comunicación social o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno.

Ante esa situación, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb), y varias organizaciones de periodistas de todo el país, se declararon en emergencia.

En ese marco, la diputada Gómez indicó que indagarán sobre cada artículo para aclarar cuál es el espíritu de la norma, el objetivo y los alcances.

“Escuchando, dialogando cualquier recomendación y por supuesto no descartar una posible modificación. La convocatoria para tratar esta ley es para las 15:00 horas”, señaló.

Indicó que la invitación es para todas las organizaciones de periodistas y quienes se dediquen a esta labor.

/NVY

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Como un acto de protesta, los periodistas se despojaron de sus instrumentos de trabajo; cámaras, micrófonos, celulares y otros, situándolas en plena calle frente a la Gobernación.

Los protestantes denunciaron que el proyecto de Ley 305 elimina la vigencia de la Ley de Imprenta.

El ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Juan Carlos Yapari, señaló a LA PATRIA, que esta norma no solo afecta a la Ley de Imprenta, sino que vulnera y penaliza la protesta social.

“A nivel general, estamos rechazando, hoy estamos haciendo nuestra primera medida, en una semana vamos a tomar medidas más radicales porque tiene que garantizarse la democracia, tiene que garantizarse la libertad de expresión y la libertad de prensa, por eso que nosotros no permitimos que se penalice nuestro trabajo”, manifestó.

Según la Ley de Imprenta, todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones estipuladas.

El dirigente añadió que, no permitirán que las autoridades vulneren dicha ley y que las protestas continuarán.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas y Productores Independientes, Marco Aguilar, indicó que el proyecto de Ley 305, pretende convertirse en una mordaza para los periodistas.

Demandó que la norma sanciona con privación de libertad, de tres a siete años para quienes emitan criterios que sean considerados como discriminadores o racistas.

“Esto es algo que no lo vamos a permitir y estamos unidos con esta primera movilización para hacerles conocer a las autoridades en el ámbito local y nacional que para eso hay una Ley de Imprenta”, ratificó.

Consideró que, de aprobarse el proyecto de ley, no existiría la libertad de expresión, ni de emitir un criterio propio.

“Que pasa con aquel periodista que entrevista a alguien, hace una cobertura y esa apersona emite un criterio o una palabra que pueda ser considerada como discriminadora y racista, nos van a meter a la cárcel”, lamentó a tiempo de manifestar que su organización se une al rechazo nacional.

/NVY

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La corresponsal de En otro formato, Margarita Choque, también denunció que no le permitieron acercarse al edificio del mercado paralelo después de que fue tomado, además, también le exigieron que no transmitiera en vivo todo lo que acontecía.
 
La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) realizó un informe sobre lo ocurrido en la manifestación cocalera y denunció todos estos actos, citando fuentes como establecen las normas del periodismo, según informó la Agencia de Noticias Fides.

/ LMPT

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La conclusión fue dada por el Curso Nacional sobre Libertades Fundamentales, organizado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), actividad que se desarrolló entre este miércoles y viernes de esta semana en La Paz.

Fueron parte del evento, defensores miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y sus departamentales, periodistas afiliados a la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, e integrantes de colectivos de defensores departamentales; además tuvo el apoyo financiero de la Unión Europea en Bolivia, reportó la red Erbol.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, Manuel Soux, señaló que las principales vulneraciones hacia el sector periodístico provienen de autoridades que estigmatizan a los trabajadores de la prensa y a su rol de brindar información.

“Se desconoce nuestra labor de defensa e información por la sociedad. Tampoco los actores políticos analizan las consecuencias de sus actos cuando atacan a la prensa”, sostuvo.

El encuentro tuvo el propósito de capacitar a periodistas y defensores en herramientas de exigibilidad de derechos y potenciar el rol de la defensa de derechos frente a actos de agresión, acoso, persecución y otros, de acuerdo al portal Unitas.

‘’Los derechos humanos no son un concepto unívoco y simple, es un concepto poderoso. No son un tema de abogados o abogadas, no solo es de un sector de defensoras y defensores. Por su constitución, un defensor y defensora podemos serlo todos’’, realzó la responsable de formación de Unitas, Claudia Terán.

Trabajo comprometido de defensores

En tanto, la defensora de derechos de la población Lgtbiq+, Sarah Albarracín, indicó que la convicción por la defensa de los derechos es lo que motiva a continuar firmes en su rol.

“He aprendido a saber cuándo hablar y cuándo no, porque sé que me van a atacar”, relató, respecto a la repercusión social que genera defender una causa y según su criterio, más aún cuando se trata de una persona de su comunidad.

Por su parte, el representante de la Apdhb de Villazón, Potosí, Isaac Romero, sostuvo que el trabajo de un defensor de derechos lo obliga a comprometerse a “tal grado que” incluso la familia de una persona se ve comprometida por ese rol.

“Tuve que separarme de mi familia en 2003, cuando fungía como presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Villazón. Hicimos tres denuncias contra el entonces alcalde, un coronel de policía y una gendarmería, días después me hicieron una cacería, había motocicletas policiales en mi casa, me perseguían, se deshizo mi familia, llevé a una parte de mi familia a Potosí, a Santa Cruz y otra a Buenos Aires”, comentó.

Precariedad en el trabajo de defensores

Además resaltaron la vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores de derechos mencionando la precariedad de las condiciones en las que deben trabajar.

La vicepresidente de la Apdhb de Trinidad, Noelia Rea, afirmó que su organización no tiene una oficina propia, materiales u otros para desarrollar su labor.

“Tenemos una pequeña oficina que pertenece a la Iglesia, pero no contamos con material de escritorio, incluso con agua o un sanitario que es lo mínimo que se requiere para trabajar. Necesitamos ayuda en ese sentido”, subrayó.

Subrayó que pese a las circunstancias, continúa su compromiso por defender los derechos humanos.

/JDLF/

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En contacto con LA PATRIA Radio, el ejecutivo de la prensa manifestó que lo que se quiere lograr es hacer respetar el trabajo de los periodistas, la libertad de prensa, la libertad de expresión, los cuales son derechos fundamentales de la ciudadanía.

“Ese es el escenario en el cual estamos trabajando, consideramos que para la Fundación Para el Periodismo también es fundamental trabajar en esos temas y a partir de ello, se realizará la socialización y los talleres específicos sobre esta problemática vivida en los recientes tres años”, manifestó Yapari.

Además adelantó que recientemente se presentó una denuncia de un trabajador de la prensa, quien declaró que un funcionario público indicó que se está investigando a los periodistas, advirtiendo tener cuidado. No brindó más detalles al respecto debido a que aún se hacen las investigaciones y seguimiento correspondiente al reclamo.

Plataforma digital

El representante de los periodistas indicó que mediante la plataforma mencionada, se dará a conocer cuáles son los casos que se presentan en cuanto a agresiones y amenazas a los periodistas.

“Para que esta plataforma sea interactiva y tenga todos los elementos, lo que se hará es un taller e instar a los periodistas a denunciar estos hechos”, añadió.

Mala percepción de los periodistas

Además, Yapari señaló que algunas personas tienen una mala percepción del trabajo de los periodistas e indicó que la gente debe comprender que la labor de los trabajadores de la prensa es más de compromiso social, es para la defensa de las libertades y los derechos constitucionales.

“No es que nos quejemos cada vez, pero se hace más rutinario y más permanente las agresiones y amenazas hacia los periodistas a diferencia de otras profesiones. Pedimos a las autoridades departamentales, municipales y organizaciones sociales ser más empáticos con los periodistas y se pongan en nuestro lugar, nosotros siempre estamos en los conflictos en medio de ambas partes”, manifestó el profesional.

/MDCB

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“Lamentablemente durante las tres últimas semanas hemos registrado un incremento. De lo que teníamos seis casos, ahora tenemos 33 casos con covid-19 en la familia de los periodistas. La mayoría están estables, pero dos están delicados, motivo por el cual se está haciendo el seguimiento respectivo”, manifestó.

Asimismo, informó que, de los 33 periodistas contagiados, diez están saliendo de la enfermedad satisfactoriamente, 15 están en proceso de recuperación y el restante, es decir, seis recién se contagiaron e inician el tratamiento anticovid.

El dirigente señaló que esta situación es preocupante, porque implica contagio a mayor cantidad de personas, por las características de esta cuarta ola, tanto en el núcleo familiar, como en el sector de la prensa.

“Estamos tomando acciones y decisiones para evitar mayores contagios en los trabajadores de la prensa, por eso hemos dado un kit de medicamentos a los periodistas que están enfermos y tienen síntomas”, dijo.

PRUEBA

Para este miércoles, a partir de las 09:00 horas hasta las 12:00 horas, se realizarán nuevamente las pruebas de antígeno nasal a los trabajadores de la prensa en su sede de la calle Murguía entre Soria Galvarro y 6 de Octubre, con el fin de hacer una detección temprana de la enfermedad.

Asimismo, el dirigente sindical recomendó a sus compañeros, cumplir con disciplina las medidas de bioseguridad, como es el uso del barbijo, el alcohol en gel o el alcohol al 70 por ciento, así como evitar estar en lugares de alta concentración de personas, principalmente en ambientes cerrados.

“Aunque es un poco difícil aquello, por las características de nuestro trabajo. También estamos haciendo gestiones con el Sedes y con la Alcaldía para que tengamos una atención médica adecuada, en caso de presentarse algún tema que reviste gravedad”, señaló.

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