Camacho afirmó que “el tema de los informes de Inteligencia y otras cuestiones, que pretende confundir el ministro de Gobierno, no están previstos ni en la Ley de Ejecución Penal, ni en el Código de Procedimiento Penal, ni mucho menos en la Constitución”. Agregó que no hay necesidad de ningún informe de Inteligencia, describiendo esto como un “invento” del ministro Ríos, así como del exministro Eduardo Del Castillo. Estas declaraciones fueron realizadas en una entrevista con El Deber Radio.

Orden judicial ignorada

A pesar de que existe una orden judicial que ordena el traslado, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, declaró que su cumplimiento dependerá de los distintos informes de Inteligencia, tanto del Comando General como del Comando Departamental de Santa Cruz. Esta situación ha generado preocupación en el equipo legal del gobernador.

Visita al penal

En este contexto, el abogado Martín Camacho llegó por la mañana al aeropuerto de El Alto y se dirigió al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Su objetivo era reunirse con el director del recinto penitenciario, mayor Edgar Fernando Espinoza, para exigir el cumplimiento de la disposición judicial.

Camacho expresó: “Vengo a que el director del centro, mayor Espinoza, me diga de manera personal en qué momento, qué día, a qué hora y de qué manera se va a cumplir con la orden de traslado”. Además, advirtió que si el director se opone o incumple su deber, será el único responsable y enfrentará un proceso penal, posiblemente con una detención preventiva.

Presiones en Palmasola

El abogado también denunció que, según información recibida desde el mismo Gobierno, se estaría presionando a internos del penal de Palmasola en Santa Cruz para que emitan un voto resolutivo en contra del ingreso del gobernador cruceño a ese recinto. Camacho afirmó que esta acción carece de respaldo legal y que los internos no tienen autoridad sobre las decisiones administrativas del régimen penitenciario.

“Esa situación es otra falacia, otro invento que no está previsto en ninguna normativa procesal. No existe ningún derecho que les faculte a los privados de libertad decir quién ingresa y quién no ingresa al penal”, concluyó el abogado defensor.

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Limpias aseguró que no se ha perdido el control de los penales en el país y que “las fallas son humanas”. Destacó que contar con equipos y tecnología en este penal es fundamental para evitar el ingreso de objetos e insumos prohibidos, como alcohol, drogas y teléfonos celulares.

Además, el director general mencionó que ya se habían tomado otras medidas, incluyendo una intervención que duró más de 7 horas. “Se han sacado objetos punzo cortantes, bebidas alcohólicas, sustancias controladas, equipos prohibidos y teléfonos celulares”, añadió Limpias. En este contexto, anunció que habrá controles semanales en los penales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.

Relevamiento de personal

Confirmó que se está “relevando a todo el personal” y enfatizó que la tecnología disponible ayuda a impedir el ingreso de objetos prohibidos. A pesar del hacinamiento y un aumento de casi 14,000 privados de libertad en un periodo de 2 años y 2 meses, Limpias afirmó que se están realizando esfuerzos para mantener un buen control en los penales.

Asimismo, aseguró que se han “desbaratado grupos de poder” en varios penales y destacó las intervenciones realizadas para eliminar ese poder o esas viejas prácticas. Insistió en que las muertes recientes “no obedecen a un tema de grupos de poder”, sino que son situaciones manejadas de manera aislada.

Estigmatización de reclusos

Además, Limpias mencionó que más del 80% de los privados de libertad no deberían ser estigmatizados por los pocos que generan problemas. Esta afirmación busca resaltar que la mayoría de los reclusos no están involucrados en situaciones de violencia o descontrol dentro de los penales.

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