Defensor del Pueblo lanza herramienta digital en La Paz

La Defensoría del Pueblo presentó oficialmente este lunes 4 de mayo de 2026 la herramienta digital Defensor del Pueblo en Línea. Esta plataforma permite que cualquier persona, sin importar su ubicación, registre denuncias por vulneración de derechos humanos de manera inmediata, segura y gratuita.

Objetivo de la plataforma

Durante la presentación, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, subrayó que esta plataforma busca “dignificar” la atención al ciudadano, según citó ABI. En un contexto donde la burocracia suele ser una barrera para la justicia, esta aplicación pretende actuar como un canal directo y transparente.

Iniciativa del Sistema de Servicio al Pueblo

La iniciativa forma parte del Sistema de Servicio al Pueblo, un plan de modernización que busca atender especialmente a sectores que enfrentan barreras estructurales. La plataforma permite no solo la denuncia, sino también la gestión para la restitución efectiva de derechos, ofreciendo asesoramiento legal preventivo.

Funciones críticas para la protección del denunciante

• Seguimiento en tiempo real: El usuario puede monitorear el estado de su caso desde su dispositivo móvil.
• Seguridad Blindada: El sistema utiliza códigos QR para el acceso a la información y cumple con protocolos de confidencialidad para proteger los datos personales.
• Soberanía Tecnológica: Fue desarrollada con software libre, bajo los lineamientos de la Agetic, asegurando eficiencia en el gasto público y sostenibilidad técnica.

Declaraciones de Pedro Callisaya

Callisaya afirmó: “La tecnología debe ser un puente, no un obstáculo. Con esta herramienta eliminamos la necesidad de acudir físicamente a las oficinas para iniciar un proceso o realizar el seguimiento, eliminando intermediarios”.

Acceso a la aplicación

La ciudadanía ya puede descargar la aplicación de forma gratuita desde Google Play bajo el nombre de Defensor del Pueblo en Línea. Con este despliegue, la Defensoría apuesta por una gestión pública que se adapte a los tiempos digitales sin perder de vista su misión fundamental: la defensa de la gente.

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La ineficacia del sistema judicial en violencia de género

Un exhaustivo informe defensorial sobre el cumplimiento de la Ley 348 (Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia) reveló la ineficacia del sistema estatal para sancionar los delitos de género. Según el documento, solo el 5,7% de las denuncias presentadas alcanza una sentencia ejecutoriada. Esta situación deja a la gran mayoría de las víctimas en un estado de total desprotección e impunidad.

Cifras alarmantes y brechas profundas

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que estas cifras no son meras estadísticas, sino un reflejo de una “brecha profunda y alarmante” entre el acto de denunciar y la capacidad del Estado para ofrecer una respuesta efectiva. El informe subraya que el sistema judicial actúa como un embudo donde la mayoría de los procesos se pierden en el camino.

Rechazo de denuncias y falta de fallos judiciales

De hecho, el 61% de las denuncias son rechazadas antes de avanzar. En aquellos casos donde el Ministerio Público logra presentar una acusación formal, el 58% aún no ha recibido un fallo judicial. Este contexto genera un círculo vicioso que perpetúa la violencia.

Falta de inversión en prevención

El análisis realizado por la Defensoría identifica la falta de inversión en prevención como uno de los pilares del problema. Actualmente, los recursos destinados a evitar que la violencia ocurra representan solo el 8% del presupuesto total asignado a la lucha contra la violencia de género. Esta desproporción contribuye al colapso del sistema penal, que se ve sobrecargado con una demanda que no puede gestionar.

Deficiencias en salud y coordinación interinstitucional

Aparte de las fallas judiciales, el informe denuncia “grandes deficiencias” en el sector salud y en la coordinación interinstitucional. Se han detectado irregularidades graves como la aplicación deficiente de protocolos en casos de violencia sexual, servicios de atención psicológica extremadamente limitados y demoras burocráticas en la emisión de certificados forenses, indispensables para sostener cualquier proceso legal.

Desatención coordinada y revictimización

Finalmente, Callisaya señaló que la falta de articulación entre el Ministerio Público, la Policía y el sector salud impide una ruta crítica de atención fluida. Esta desatención coordinada no solo retrasa los procesos, sino que revictimiza a las mujeres. Ellas enfrentan un aparato estatal lento y fragmentado que, en muchos casos, termina por abandonar las causas, perpetuando así el ciclo de violencia en el país.

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El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, criticó la situación judicial de la exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra. Callisaya consideró que la cantidad de procesos en su contra y la prolongación de las investigaciones constituyen una “persecución inhumana”.

La autoridad advirtió que Parra enfrenta 55 causas relacionadas con el caso, varias aún en investigación después de más de una década. Callisaya detalló que, de los 161 procesos abiertos en el marco del caso Fondo Indígena, al menos 55 están dirigidos contra la exfuncionaria.

“De estos 55, hay 23 casos que todavía se encuentran en procesamiento después de 10 años. ¿Se imaginan después de 10 años? Y otros que son cinco, que están con más de cinco años de investigación”, señaló Callisaya.

Detención preventiva y derechos vulnerados

La exdirectora del Fondo Indígena permaneció con detención preventiva entre 2015 y 2023. Durante este periodo, se denunció que estuvo privada de libertad por un tiempo que incluso superaba la pena máxima prevista para el delito que se le imputaba. “Imagínense la irracionalidad de la persecución penal”, expresó el defensor, según información publicada por Correo Del Sur.

Impacto en el debido proceso y justicia pronta

Callisaya también indicó que los procesos están distribuidos en distintos departamentos, como Santa Cruz y Oruro. Esto obliga a Parra a desplazarse constantemente junto a su defensa, testigos y peritos para asistir a audiencias que, en muchos casos, terminan suspendiéndose. A su juicio, esta situación vulnera el derecho al debido proceso y a una justicia pronta.

Pérdidas económicas para el Estado

El Defensor del Pueblo manifestó que además, perjudica al propio Estado. Mientras los casos no concluyan, tampoco se pueden recuperar posibles daños económicos. El defensor pidió a la autoridad judicial considerar todos estos antecedentes durante la audiencia prevista en las próximas horas.

Monitoreo continuo por parte de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo anunció que continuará monitoreando el proceso y realizando gestiones institucionales. No se descarta acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar una posible vulneración de derechos derivada de la prolongación de los procesos.

Llamado a racionalizar la persecución penal

Callisaya aclaró que no se trata de promover la impunidad. Sin embargo, sostuvo que el sistema judicial debe evitar prolongar indefinidamente los procesos penales. “Nadie va a promocionar ámbitos de impunidad, pero sí se debe racionalizar la persecución penal porque no podemos estar indefinidamente persiguiendo a las personas”, afirmó.

Nuevos procesos y retrasos reconocidos

Según Callisaya, incluso la Fiscalía General del Estado reconoció retrasos en las investigaciones relacionadas con este caso. Pese a ello, observó que recientemente se abrió un nuevo proceso por hechos ocurridos hace varios años y que el fiscal solicitó nuevamente la detención preventiva de Parra por seis meses.

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Preocupaciones por el ajuste tarifario

Callisaya advirtió que una nivelación de tarifas que no considere criterios de equidad social impacta directamente a aquellos sectores de la población que dependen del transporte aéreo como su principal medio de conexión. Esto es especialmente relevante en áreas donde las vías terrestres presentan dificultades, sobre todo durante la temporada de lluvias.

Como ejemplo, el Defensor del Pueblo mencionó que en la ruta Cobija – La Paz, el costo del pasaje aéreo asciende a 1,552 bolivianos por tramo. Esta cifra es considerada elevada para una gran parte de la población, lo que genera preocupación sobre la accesibilidad al transporte aéreo.

Impacto en desigualdades sociales

Callisaya también señaló que este tipo de ajustes tarifarios puede profundizar las brechas existentes entre las áreas urbanas y rurales, así como entre departamentos que tienen diferentes niveles de desarrollo y acceso a servicios. “Consideramos que una nivelación tarifaria que no incorpora criterios de equidad social puede profundizar desigualdades ya existentes entre regiones, entre áreas urbanas y rurales, y entre personas con distintas capacidades económicas”, expresó Callisaya en un video.

Solicitud de informe a la ATT

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha solicitado formalmente a la ATT un informe escrito que detalle los fundamentos técnicos y económicos del ajuste tarifario aplicado al transporte aéreo. El objetivo de esta solicitud es obtener información clara que permita evaluar el alcance real de la medida y sus efectos sobre los derechos de los usuarios.

Monitoreo de servicios en aeropuertos

Paralelamente, la institución defensorial informó que está llevando a cabo un monitoreo en distintos aeropuertos del país. Esta acción tiene como finalidad verificar que los servicios se brinden en condiciones justas, con información transparente y un trato digno hacia los pasajeros, todo en el marco de las normas vigentes y el respeto a los derechos de la población.

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Solicitud de investigación

Callisaya indicó que, si se confirman los hechos delictivos, se iniciarán las acciones correspondientes respetando el debido proceso. “Si se ha detectado algún hecho delictivo cometido por los Ponchos Rojos, con seguridad las autoridades competentes van a iniciar esta investigación y tomar acciones. Nosotros también vamos a pedir que se inicien estas acciones en el marco del respeto del debido proceso”, dijo.

Agresiones durante las protestas

Durante las protestas se registraron agresiones contra civiles. Entre las víctimas se encuentran un hombre y su hija, quienes fueron atacados con chicotazos cerca de un punto de bloqueo en Río Seco. También fue agredido el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, quien sufrió agresiones durante estos incidentes.

Condena a la violencia

El Defensor del Pueblo condenó toda forma de violencia y pidió al Gobierno que acelere sus compromisos. “Hay diálogo que se ha impulsado y ha dado un resultado, pero ahora toca generar el espacio de tranquilidad”, señaló el Defensor.

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El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, valoró que en los últimos días se hayan abierto algunos espacios de conversación entre el Gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, advirtió que las movilizaciones continúan en rechazo a la norma impulsada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, especialmente por su impacto en el costo de vida, los pasajes y el precio de los alimentos.

Derecho a la protesta

Callisaya recordó que el derecho a la protesta está plenamente reconocido por la Constitución y los tratados internacionales, en el marco de la libertad de expresión. No obstante, subrayó que toda manifestación debe desarrollarse de forma pacífica, sin hechos de violencia ni vulneración de derechos de terceros.

Monitoreo de protestas

En ese contexto, informó que la Defensoría desplegó a todo su personal en sus 21 oficinas a nivel nacional para el monitoreo permanente de las protestas. Actualmente, equipos defensoriales acompañan la marcha iniciada por la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros de Bolivia, que avanza desde la avenida Naciones Unidas, con el objetivo de prevenir excesos y promover el respeto a los derechos humanos.

Fortalecimiento del diálogo

Asimismo, el Defensor instó al Órgano Ejecutivo y a los gobiernos departamentales y municipales a fortalecer los canales de diálogo que permitan brindar certidumbre a la población, en particular a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad económica. Anunció además que la Defensoría impulsará la creación de un fondo solidario para atender a las familias más afectadas por el alza de precios y el incremento de las tarifas de transporte.

Importancia del diálogo

“El diálogo sigue siendo indispensable para resolver las diferencias y atender las inquietudes de la población”, reiteró Callisaya, al advertir que los próximos días serán determinantes para evitar que la conflictividad social se profundice.

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La medida fue anunciada públicamente tras un extenso proceso de seguimiento a las denuncias sobre la presencia de cianuro en las fuentes hídricas de la zona. A pesar de las evidencias, las autoridades competentes no han tomado acciones efectivas para detener el daño ambiental ni para proteger la salud de la población.

Acción constitucional presentada

“La falta de respuestas oportunas y eficaces nos ha llevado, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 222 de la Constitución Política del Estado, a interponer esta acción constitucional que busca resguardar los derechos fundamentales de la población”, expresó Callisaya a través de sus redes sociales.

Esta acción está dirigida contra el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable (AAPS), el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha.

Objetivo de la acción

Según explicó el Defensor del Pueblo, el objetivo es que la justicia ordene a estas entidades asumir de manera eficaz sus competencias de fiscalización y control sobre las actividades mineras que operan en el municipio. Esto es fundamental para proteger el derecho de la población a un medioambiente sano y la integridad de la Madre Tierra.

La denuncia fue reforzada durante el programa de streaming institucional “El Defensor con el Pueblo”, donde se abordó el caso bajo el título “Contaminación de recursos hídricos – caso Viacha”. En este espacio participaron expertos como Leonardo Blanco y Rafael Anze, de la Asociación Multidisciplinaria de Consultores Ambientales, así como el gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Viacha, Eddy Gutiérrez.

Complejidad institucional

Durante el programa, Callisaya destacó la complejidad del entramado institucional vinculado a la actividad minera. Este entramado involucra distintos niveles del Estado —municipal, departamental y nacional— con instrumentos como licencias de operación, manifiestos ambientales y otras herramientas de regulación.

No obstante, la autoridad subrayó que la inacción y la falta de coordinación entre estas instancias han impedido una supervisión efectiva. Esto ha derivado en un aumento de los conflictos socioambientales en la región. “A pesar de la existencia de un Comité Interinstitucional y varios intentos de coordinación, no se lograron los resultados esperados según el plan de acción”, lamentó.

Urgencia de intervención judicial

El Defensor sostuvo que el riesgo para la salud pública, la salubridad y el acceso al agua son razones suficientes para que el sistema judicial intervenga con urgencia. “Esperamos que esta acción constitucional sea acogida plenamente por la jurisdicción correspondiente y que se restablezca el control y la supervisión que deben ejercer estas instituciones del Estado”, concluyó.

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Esta declaración se realizó después de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, instruyera la revisión de los casos de Jeanine Añez, Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Estos tres enfrentan audiencias el lunes por el caso conocido como “Golpe de Estado I”.

Estadísticas sobre la detención preventiva

Callisaya señaló que, hasta junio de 2025, hay un total de 33,275 personas privadas de libertad bajo detención preventiva. De este número, el 58.2% son detenidos que también están esperando que sus procesos sean revisados dentro de los plazos legales establecidos.

Instrucciones del TSJ

La instrucción del presidente del TSJ a los tribunales departamentales establece que la revisión de los casos mencionados debe realizarse en un plazo de 24 horas. “Garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas”, añadió Callisaya.

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Según el informe, la mayor cantidad de denuncias se concentró en La Paz, donde se registraron 163 casos. Otras regiones con un número significativo de denuncias fueron Oruro, con 95; Beni, con 63; y Santa Cruz, con 34.

Principales observaciones

Entre las principales observaciones se encontraron problemas relacionados con la emisión del certificado de impedimento, dificultades en el ejercicio del voto preferente, falta de puntos de información, retrasos en la habilitación de mesas de sufragio y ciudadanos que no aparecieron en las listas electorales.

Condiciones en los recintos

El monitoreo realizado por la Defensoría estableció que el 94% de los recintos electorales contaba con señalización adecuada para ubicar las mesas de votación. Además, el 91% de los recintos disponía de un punto de información para consultas.

También se verificó que el 96% de los recintos cumplía con condiciones de privacidad y seguridad para garantizar el voto secreto. Sin embargo, el 28% de ellos carecía de accesibilidad para personas con dificultades de movilidad.

Voto asistido y preferente

Asimismo, se constató que en más de la mitad de los recintos se atendieron solicitudes de voto asistido o preferente. No obstante, en el 27% de los casos no se habilitó un espacio específico para este procedimiento.

Seguridad durante la jornada

En cuanto a la seguridad, el 96% de los recintos contó con presencia policial. Además, en el 85% de los lugares también participaron efectivos de las Fuerzas Armadas. Según el reporte, la jornada electoral se desarrolló de manera pacífica y transparente, aunque en el 15% de los recintos se presentaron quejas e incidentes menores.

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Callisaya destacó que el centro se encargará de atender denuncias relacionadas con la vulneración de derechos de los ciudadanos en el ejercicio democrático. Se dará prioridad a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. “Estamos trabajando con profesionales defensoriales especializados en derechos de diferentes grupos vulnerables, monitoreando el respeto y ejercicio de los derechos humanos durante la jornada electoral”, afirmó.

Entre los objetivos del centro se incluye coordinar la operación nacional y departamental de monitoreo en recintos electorales. También se recepcionarán, registrarán y derivarán denuncias sobre vulneraciones de derechos humanos. Además, se generará información y reportes periódicos para la toma de decisiones institucionales, y se monitorearán y registrarán hechos de conflictividad electoral.

Monitoreo en recintos electorales

“Realizaremos el monitoreo con 700 voluntarios y 200 funcionarios en 500 recintos electorales de 70 municipios, incluyendo las 9 capitales y El Alto. Visitaremos 50 instituciones, como centros penitenciarios, celdas policiales, hospitales, centros de acogida y unidades militares, para verificar el ejercicio de derechos civiles y políticos”, detalló Callisaya.

El Centro de Monitoreo cuenta con un equipo técnico especializado que atenderá los reportes y denuncias en contacto con las 21 oficinas defensoriales. Este equipo sistematizará la información, emitirá alertas tempranas sobre denuncias o conflictos, y coordinará con el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), la Policía Boliviana y observadores internacionales.

Canales de atención

El funcionamiento del centro iniciará a las 07:00 horas y se extenderá hasta aproximadamente las 20:00. Se habilitarán diferentes canales de atención, incluyendo una línea gratuita 800-10-8004, WhatsApp 72006607 y la plataforma web: https://www.defensoria.gob.bo/.

Plan nacional de monitoreo

Este Centro es parte del Plan Nacional de Monitoreo, que contempla tres momentos. El primero es el pre-electoral, donde se promociona el voto informado. Se ha activado la plataforma web “Tu Decisión, Tu Voz” con propuestas políticas y se han realizado conversatorios públicos. Durante la jornada electoral, se activará el centro con cerca de 1.000 observadores.

Al cierre del proceso electoral, como un tercer momento, la Defensoría emitirá un informe público con conclusiones y recomendaciones al Órgano Electoral Plurinacional. Esto contribuirá a elecciones inclusivas y ajustadas a derechos humanos.

Se estima que, sumando todos los monitores, incluyendo organismos internacionales y sociedad civil, habrá un total aproximado de 3.500 observadores en todo el país.

/KMMN

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“El voto es una herramienta poderosa de transformación. Convocamos a la población a no quedarse al margen del proceso electoral y a ejercer este derecho con plena conciencia y responsabilidad”, afirmó Callisaya en una declaración pública.

Despliegue institucional

Desde la Defensoría del Pueblo se anunció que se activará un despliegue institucional para acompañar la jornada electoral antes, durante y después del 17 de agosto. Se prestará especial atención a los sectores más vulnerables.

El objetivo —según la entidad— es garantizar que el proceso se desarrolle con respeto a los derechos humanos y bajo los principios de igualdad, legalidad y no discriminación.

Vigilancia de derechos

“La ciudadanía debe saber que estaremos vigilantes, denunciando cualquier vulneración y exigiendo que se respeten los derechos de todas y todos”, subrayó el Defensor. Además, recordó que Bolivia está sujeta a convenios internacionales que obligan a proteger a grupos históricamente marginados como mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

Compromiso con la democracia

En esa línea, Callisaya advirtió que la Defensoría observará atentamente posibles restricciones o usos arbitrarios del poder que puedan comprometer las garantías fundamentales de la población. “No dudaremos en cuestionar cualquier exceso o práctica antidemocrática que afecte el ejercicio pleno del voto”, afirmó.

Un llamado a la ciudadanía

El mensaje concluyó con una exhortación clara: “Construir una democracia sólida es tarea de todas y todos. El 17 de agosto no solo se elige a autoridades, se reafirma el compromiso ciudadano con el país”.

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En este contexto, la Defensoría del Pueblo ha identificado tres zonas en tres departamentos que podrían registrar conflictos durante las elecciones programadas para el 17 de agosto de 2025.

“Tenemos mapeados ya los lugares de conflictividad que no solamente son Cochabamba, por si acaso, hay por lo menos tres espacios en el territorio nacional”, manifestó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Las áreas en riesgo se encuentran en Cochabamba, el norte de Potosí y el este de Santa Cruz, en la zona colindante con el territorio cochabambino.

Componentes del plan defensorial

El plan se divide en dos componentes: el primero está relacionado con el voto informado y el segundo se enfoca en el monitoreo del proceso electoral.

Callisaya explicó que, en el primer eje, se ha habilitado el aplicativo web “Tu decisión, tu voz”, que proporcionará información sobre los candidatos. Esta plataforma incluye 20 preguntas dirigidas a las organizaciones políticas, elaboradas bajo criterios de derechos humanos.

“Se están generando también cuatro diálogos plurales, de hecho, hoy se va a dar el segundo diálogo plural para agendar el tema de las elecciones en el contexto de derechos humanos y así contar con información válida para la población”, añadió.

Monitoreo del proceso electoral

El segundo eje abarca el monitoreo integral del proceso electoral. Para llevar a cabo esta tarea, se desplegarán 700 voluntarios y 100 funcionarios de la Defensoría del Pueblo, quienes realizarán seguimiento en al menos 700 recintos electorales.

“Al finalizar este proceso electoral, la Defensoría del Pueblo emitirá un informe final del proceso eleccionario con recomendaciones en forma particular al Órgano Electoral Plurinacional”, afirmó Callisaya.

Además, se recibirán denuncias relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos durante la jornada electoral.

Advertencias de sectores evistas

En diversas ocasiones, sectores evistas han lanzado advertencias en contra del proceso electoral. Una de las últimas se registró el sábado 12 de julio durante un ampliado realizado en Lauca Ñ (trópico de Cochabamba), cuando el expresidente Evo Morales advirtió que no se llevarán a cabo las elecciones si no lo habilitan como candidato.

“Si no hay participación de la Bolivia profunda, de nuestro movimiento político, el instrumento político más grande de toda la historia de Bolivia, no hay democracia. Vamos a ver si se realizan las elecciones el 17 de agosto de 2025. Saludo también, si no estamos en la contienda, no hay elecciones, no tenemos ningún miedo, ahí van a ver”, dijo.

En ese encuentro, la representante del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), Ruth Nina, advirtió que si el exmandatario no era habilitado, se contarían muertos en vez de votos.

“El Tribunal Electoral y el Gobierno, en vez de contar votos, van a contar muertos, eso es lo que va a pasar si atentan contra nuestras comunidades indígenas, si nos obligan a querer votar por aquellos (otros candidatos)”. Dijo que “orgánicamente” los afines a Morales determinaron “dar sus vidas”.

Morales, quien está inhabilitado por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, pretendía postular con Pan-Bol, fuerza que perdió su personería jurídica debido a que no logró el 3% mínimo en las elecciones de 2020.

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En una entrevista con la Red Erbol, Callisaya destacó que las protestas actuales son resultado del malestar ciudadano por la crisis económica y la incertidumbre electoral.

“Estamos entrando a lo irracional. No podemos permitir que esto se traduzca en sangre, violencia, heridos. Necesitamos una tregua”, afirmó Callisaya.

Factores de la escalada social

Señaló que la actual escalada de protestas responde a una combinación peligrosa: el malestar ciudadano por la situación económica y la incertidumbre sobre el futuro electoral. “Ambos factores se están mezclando en las calles y pueden desembocar en una consigna extrema: la renuncia del Presidente”, advirtió.

Camino democrático

Frente a este panorama, insistió en que el camino debe ser democrático: “Desde la Defensoría del Pueblo apostamos por transiciones democráticas. Esto debe resolverse en las urnas, asegurando el voto en Bolivia y en el exterior”.

Defensa de los derechos humanos

El defensor enfatizó que la institución que dirige no tiene una agenda política, sino una misión clara: la defensa de los derechos humanos. “No voy a partidizar la Defensoría. Nuestra labor es objetiva y se traduce en promover el diálogo, denunciar violaciones, generar evidencia y mostrarla ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Subcomité contra la Tortura”.

Monitoreo de protestas

Finalmente, recordó que la Defensoría mantiene un monitoreo constante de las protestas en todo el país e instó al Gobierno a gestionar la conflictividad de forma efectiva y no represiva. “Necesitamos bajar la tensión y evitar que esta crisis termine en hechos lamentables. La ciudadanía merece certezas, no más violencia”, concluyó.

Callisaya también destacó que su labor incluye promover el diálogo y generar evidencia para presentar ante organismos internacionales. Además, subrayó que es fundamental asegurar un proceso electoral transparente tanto dentro como fuera del país para abordar las demandas ciudadanas.

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Callisaya describió la situación actual como una “señal no positiva” en el ámbito de la justicia constitucional. Añadió que esto podría socavar la integridad del proceso electoral en curso.

Importancia de la participación política

El Defensor subrayó que, aunque es fundamental cumplir con los requisitos establecidos en la ley, también es esencial garantizar la participación más amplia posible de todas las fuerzas políticas en el proceso electoral.

Lecciones del pasado

Callisaya recordó que la elección judicial de 2024 ya se vio afectada por decisiones judiciales que vulneraron el principio de preclusión, lo que resultó en un retraso del proceso. “No podemos llegar nuevamente a este escenario”, afirmó.

Exhortación a la responsabilidad judicial

En este contexto, Callisaya instó a las instancias judiciales a que resuelvan las acciones constitucionales pendientes con responsabilidad y en apego al debido proceso. Esto es crucial para evitar afectar el desarrollo de una contienda democrática y abierta.

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Callisaya explicó que se llevó a cabo un análisis del documento para “garantizar la protección de los derechos de las personas bolivianas y de ciudadanos de terceros países que se dirigen a Chile”. Este análisis busca anticipar posibles impactos que podrían surgir antes de la implementación y desarrollo del reglamento, especialmente en relación con la población más vulnerable en situación de movilidad humana.

Preguntas sin respuesta

El defensor del Pueblo subrayó que el reglamento necesita aclarar qué sucederá si un extranjero que transitó por Bolivia es devuelto al país. “¿Esta persona se quedará en Bolivia? ¿Regresará a su país de origen? ¿Qué pasará con los niños que estén acompañados por adultos que no puedan demostrar su parentesco? ¿Cómo se manejará a las personas que soliciten asilo? Hay muchos temas que requieren aclaración”, argumentó Callisaya.

Propuestas y recomendaciones

La Defensoría del Pueblo ha elaborado un documento que incluye observaciones, propuestas y recomendaciones clave sobre la aplicación del acuerdo. Este documento se enfoca en garantizar la aceptación del retorno o reingreso de nacionales y extranjeros de terceros países que hayan evadido el control migratorio en un radio de diez kilómetros de la frontera. También se proponen medidas de protección para niñas, niños y adolescentes no acompañados o que viajen con adultos que no puedan acreditar su vínculo con ellos.

Además, se sugiere la implementación de mecanismos de protección internacional en las zonas fronterizas y el fortalecimiento técnico y logístico de las entidades que operan en la frontera. Esto es fundamental para asegurar una gestión migratoria adecuada.

Compromiso con la frontera

Callisaya destacó que, conforme al Plan de Fronteras 2024-2028, la Defensoría del Pueblo continuará realizando las gestiones necesarias, así como el seguimiento y monitoreo de las zonas fronterizas con Chile. Finalmente, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que dialoguen sobre la aplicación del acuerdo, con el objetivo de garantizar condiciones justas y seguras para las cientos de personas que transitan diariamente hacia Chile.

/KMMN

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Callisaya explicó que se llevó a cabo un análisis del documento para “garantizar la protección de los derechos de las personas bolivianas y de ciudadanos de terceros países que se dirigen a Chile”. Este análisis busca anticipar posibles impactos que podrían surgir antes de la implementación y desarrollo del reglamento, especialmente en relación con la población más vulnerable en situación de movilidad humana.

Preguntas sin respuesta

El defensor del Pueblo subrayó que el reglamento necesita aclarar qué sucederá si un extranjero que transitó por Bolivia es devuelto al país. “¿Esta persona se quedará en Bolivia? ¿Regresará a su país de origen? ¿Qué pasará con los niños que estén acompañados por adultos que no puedan demostrar su parentesco? ¿Cómo se manejará a las personas que soliciten asilo? Hay muchos temas que requieren aclaración”, argumentó Callisaya.

Propuestas y recomendaciones

La Defensoría del Pueblo ha elaborado un documento que incluye observaciones, propuestas y recomendaciones clave sobre la aplicación del acuerdo. Este documento se enfoca en garantizar la aceptación del retorno o reingreso de nacionales y extranjeros de terceros países que hayan evadido el control migratorio en un radio de diez kilómetros de la frontera. También se proponen medidas de protección para niñas, niños y adolescentes no acompañados o que viajen con adultos que no puedan acreditar su vínculo con ellos.

Además, se sugiere la implementación de mecanismos de protección internacional en las zonas fronterizas y el fortalecimiento técnico y logístico de las entidades que operan en la frontera. Esto es fundamental para asegurar una gestión migratoria adecuada.

Compromiso con la frontera

Callisaya destacó que, conforme al Plan de Fronteras 2024-2028, la Defensoría del Pueblo continuará realizando las gestiones necesarias, así como el seguimiento y monitoreo de las zonas fronterizas con Chile. Finalmente, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que dialoguen sobre la aplicación del acuerdo, con el objetivo de garantizar condiciones justas y seguras para las cientos de personas que transitan diariamente hacia Chile.

/KMMN

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El titular de la Defensoría, Pedro Callisaya, explicó que 21 oficinas defensoriales realizaron una verificación entre el 20 y el 24 de enero sobre las condiciones de los establecimientos educativos. Durante este proceso, se recibieron denuncias sobre vulneraciones de derechos y se supervisó la implementación del Plan de Convivencia Pacífica y Armónica (PCPA).

Callisaya detalló que en el 67% de las unidades educativas visitadas se encontraron techos con filtraciones. Asimismo, el 53% de las escuelas registró humedad en las paredes. En cuanto a los vidrios, el 45% de las aulas tenía vidrios faltantes. Además, el 43% de las instituciones presentaba grietas en las paredes y desgaste en los pisos.

El 29% de las escuelas exhibía techos con riesgo de derrumbe, el 28% tenía puertas rotas y el 26% contaba con conexiones eléctricas deficientes. Estas condiciones generan preocupación sobre la seguridad de los estudiantes.

Denuncias recibidas

La Defensoría del Pueblo también informó que se recibieron 293 denuncias relacionadas con negativas de inscripción, falta de cupos, entrega de libretas, cobros irregulares y discriminación. Además, se constató que el 17% de los colegios aún no ha implementado el PCPA, a pesar de que existe una normativa vigente al respecto.

Reunión con autoridades

Ante la gravedad de las condiciones detectadas, la Defensoría convocó a una reunión programada para el jueves 6 de febrero. En este encuentro participarán autoridades del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) y la Asociación de Padres y Madres de Familia.

El objetivo de esta reunión es coordinar acciones urgentes que garanticen entornos seguros y adecuados para los estudiantes en las unidades educativas.

Problemas en el inicio del ciclo escolar

Al inicio de la gestión escolar 2025, varias unidades educativas del eje central también han evidenciado problemas de infraestructura. En La Paz, el Colegio Nacional Ayacucho mostró deterioro en su fachada y muros internos.

En Cochabamba, la escuela René Barrientos presentó deficiencias en el sistema eléctrico y problemas estructurales en las aulas. Por su parte, en Santa Cruz, el Colegio 24 de Marzo reportó techos en mal estado, aulas sin ventanas y baños que no cumplen con las condiciones adecuadas para su uso.

Preocupación de padres y docentes

La situación ha generado una gran preocupación entre los padres de familia y los docentes, quienes exigen soluciones inmediatas para evitar riesgos a la seguridad de los estudiantes. Callisaya hizo un llamado a los gobiernos municipales para que atiendan estas deficiencias y garanticen condiciones dignas para el desarrollo del calendario escolar.

La entrada Defensoría del Pueblo alerta deficiencias en varias infraestructuras educativas del país se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El titular de la Defensoría, Pedro Callisaya, explicó que 21 oficinas defensoriales realizaron una verificación entre el 20 y el 24 de enero sobre las condiciones de los establecimientos educativos. Durante este proceso, se recibieron denuncias sobre vulneraciones de derechos y se supervisó la implementación del Plan de Convivencia Pacífica y Armónica (PCPA).

Callisaya detalló que en el 67% de las unidades educativas visitadas se encontraron techos con filtraciones. Asimismo, el 53% de las escuelas registró humedad en las paredes. En cuanto a los vidrios, el 45% de las aulas tenía vidrios faltantes. Además, el 43% de las instituciones presentaba grietas en las paredes y desgaste en los pisos.

El 29% de las escuelas exhibía techos con riesgo de derrumbe, el 28% tenía puertas rotas y el 26% contaba con conexiones eléctricas deficientes. Estas condiciones generan preocupación sobre la seguridad de los estudiantes.

Denuncias recibidas

La Defensoría del Pueblo también informó que se recibieron 293 denuncias relacionadas con negativas de inscripción, falta de cupos, entrega de libretas, cobros irregulares y discriminación. Además, se constató que el 17% de los colegios aún no ha implementado el PCPA, a pesar de que existe una normativa vigente al respecto.

Reunión con autoridades

Ante la gravedad de las condiciones detectadas, la Defensoría convocó a una reunión programada para el jueves 6 de febrero. En este encuentro participarán autoridades del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) y la Asociación de Padres y Madres de Familia.

El objetivo de esta reunión es coordinar acciones urgentes que garanticen entornos seguros y adecuados para los estudiantes en las unidades educativas.

Problemas en el inicio del ciclo escolar

Al inicio de la gestión escolar 2025, varias unidades educativas del eje central también han evidenciado problemas de infraestructura. En La Paz, el Colegio Nacional Ayacucho mostró deterioro en su fachada y muros internos.

En Cochabamba, la escuela René Barrientos presentó deficiencias en el sistema eléctrico y problemas estructurales en las aulas. Por su parte, en Santa Cruz, el Colegio 24 de Marzo reportó techos en mal estado, aulas sin ventanas y baños que no cumplen con las condiciones adecuadas para su uso.

Preocupación de padres y docentes

La situación ha generado una gran preocupación entre los padres de familia y los docentes, quienes exigen soluciones inmediatas para evitar riesgos a la seguridad de los estudiantes. Callisaya hizo un llamado a los gobiernos municipales para que atiendan estas deficiencias y garanticen condiciones dignas para el desarrollo del calendario escolar.

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Callisaya subrayó la importancia de reconstruir valores y promover la justicia restaurativa en lugar de optar por el encarcelamiento. En su opinión, ante el alto nivel de intolerancia, la falta de respeto, la pérdida de valores y la escasez de empatía, es crucial que el Estado genere espacios punitivos y de prevención en diferentes niveles. Esto ayudará a evitar situaciones que puedan afectar los derechos humanos.

Funciones de la Defensoría del Pueblo

Dentro de las responsabilidades de la Defensoría del Pueblo, se encuentra el seguimiento constante al trabajo de la Policía y del Ministerio Público. Esto es esencial para garantizar el cumplimiento del debido proceso y prevenir la impunidad en casos relacionados con la intolerancia y el respeto a los derechos humanos.

Reflexión sobre sanciones

El defensor hizo hincapié en la necesidad de reconducir las sanciones. Destacó la urgente necesidad de reflexionar y mejorar el servicio comunitario. “Hay que reconstruir los valores y recuperarlos, hay que avanzar hacia la justicia restaurativa. No se soluciona metiendo a las personas a la cárcel, más con un sistema penitenciario altamente débil”, afirmó Callisaya.

Callisaya también ejemplificó que se están generando espacios de reflexión intergeneracional dentro de la Defensoría del Pueblo. Esta institución trabaja en la prevención de la violencia en la población estudiantil a través de un proyecto denominado “Defensor Estudiantil”. Este tipo de iniciativas son fundamentales para fomentar un ambiente más respetuoso y empático entre los jóvenes.

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Callisaya subrayó la importancia de reconstruir valores y promover la justicia restaurativa en lugar de optar por el encarcelamiento. En su opinión, ante el alto nivel de intolerancia, la falta de respeto, la pérdida de valores y la escasez de empatía, es crucial que el Estado genere espacios punitivos y de prevención en diferentes niveles. Esto ayudará a evitar situaciones que puedan afectar los derechos humanos.

Funciones de la Defensoría del Pueblo

Dentro de las responsabilidades de la Defensoría del Pueblo, se encuentra el seguimiento constante al trabajo de la Policía y del Ministerio Público. Esto es esencial para garantizar el cumplimiento del debido proceso y prevenir la impunidad en casos relacionados con la intolerancia y el respeto a los derechos humanos.

Reflexión sobre sanciones

El defensor hizo hincapié en la necesidad de reconducir las sanciones. Destacó la urgente necesidad de reflexionar y mejorar el servicio comunitario. “Hay que reconstruir los valores y recuperarlos, hay que avanzar hacia la justicia restaurativa. No se soluciona metiendo a las personas a la cárcel, más con un sistema penitenciario altamente débil”, afirmó Callisaya.

Callisaya también ejemplificó que se están generando espacios de reflexión intergeneracional dentro de la Defensoría del Pueblo. Esta institución trabaja en la prevención de la violencia en la población estudiantil a través de un proyecto denominado “Defensor Estudiantil”. Este tipo de iniciativas son fundamentales para fomentar un ambiente más respetuoso y empático entre los jóvenes.

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Callisaya hizo un llamado a evitar que se repitan los problemas legales que se vivieron en las elecciones judiciales de 2023, las cuales finalmente se llevaron a cabo en 2024. En este sentido, subrayó la importancia de que el proceso electoral se realice dentro del marco constitucional establecido.

El Defensor del Pueblo expresó su deseo de que el TCP no se convierta en un “actor nocivo”, como sucedió en las elecciones judiciales. En ese contexto, mencionó los retrocesos legales que se produjeron, tales como la anulación del principio de preclusión y la limitación de postulantes. Estas situaciones generaron controversia y desconfianza en el sistema electoral.

Importancia de un proceso electoral claro

Callisaya enfatizó que es esencial que las elecciones de 2025 se realicen dentro del marco constitucional y que se fomente una competencia genuina, basada en propuestas claras y concretas.

“Es prioritario que las elecciones sean un verdadero ejercicio democrático, que ofrezca propuestas competitivas que respondan a las expectativas de la ciudadanía”, afirmó Callisaya. Además, destacó que el desarrollo democrático no solo se manifiesta a través del voto, sino también en el respeto a la soberanía popular y la garantía de los derechos fundamentales.

Advertencias sobre la democracia

“La única vía para que podamos convivir entre bolivianos es el ejercicio extremo de la democracia”, advirtió Callisaya. En este sentido, señaló que cualquier alternativa a la democracia podría poner en peligro tanto la institucionalidad del país como los derechos de los ciudadanos.

En su intervención, Callisaya también abordó la evaluación negativa de los derechos humanos durante la gestión de 2024, así como el proceso de debilitamiento institucional que atraviesa Bolivia. Esto hace que sea aún más urgente fortalecer el sistema democrático en el país.

Riesgos por falta de acuerdos

La falta de acuerdos entre los actores políticos podría poner en riesgo el sistema democrático y generar un serio descrédito ante la ciudadanía. Callisaya concluyó que es fundamental trabajar en conjunto para garantizar un proceso electoral transparente y confiable.

La entrada El Defensor del Pueblo está preocupado sobre el rol del TCP en las elecciones de 2025 se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Callisaya hizo un llamado a evitar que se repitan los problemas legales que se vivieron en las elecciones judiciales de 2023, las cuales finalmente se llevaron a cabo en 2024. En este sentido, subrayó la importancia de que el proceso electoral se realice dentro del marco constitucional establecido.

El Defensor del Pueblo expresó su deseo de que el TCP no se convierta en un “actor nocivo”, como sucedió en las elecciones judiciales. En ese contexto, mencionó los retrocesos legales que se produjeron, tales como la anulación del principio de preclusión y la limitación de postulantes. Estas situaciones generaron controversia y desconfianza en el sistema electoral.

Importancia de un proceso electoral claro

Callisaya enfatizó que es esencial que las elecciones de 2025 se realicen dentro del marco constitucional y que se fomente una competencia genuina, basada en propuestas claras y concretas.

“Es prioritario que las elecciones sean un verdadero ejercicio democrático, que ofrezca propuestas competitivas que respondan a las expectativas de la ciudadanía”, afirmó Callisaya. Además, destacó que el desarrollo democrático no solo se manifiesta a través del voto, sino también en el respeto a la soberanía popular y la garantía de los derechos fundamentales.

Advertencias sobre la democracia

“La única vía para que podamos convivir entre bolivianos es el ejercicio extremo de la democracia”, advirtió Callisaya. En este sentido, señaló que cualquier alternativa a la democracia podría poner en peligro tanto la institucionalidad del país como los derechos de los ciudadanos.

En su intervención, Callisaya también abordó la evaluación negativa de los derechos humanos durante la gestión de 2024, así como el proceso de debilitamiento institucional que atraviesa Bolivia. Esto hace que sea aún más urgente fortalecer el sistema democrático en el país.

Riesgos por falta de acuerdos

La falta de acuerdos entre los actores políticos podría poner en riesgo el sistema democrático y generar un serio descrédito ante la ciudadanía. Callisaya concluyó que es fundamental trabajar en conjunto para garantizar un proceso electoral transparente y confiable.

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Conflictos sociales en aumento

Durante su intervención, Callisaya denunció que tras 11 días de bloqueos liderados por “evistas”, ya se han comenzado a movilizar sectores que exigen el desbloqueo de vías. Entre las demandas, también sobresalen las de los choferes, quienes piden un aumento de tarifas, y del sector salud, que reclama por el deterioro de sus condiciones laborales y de atención.

Escasez de insumos críticos

El Defensor del Pueblo subrayó la alarmante escasez de insumos, verificando centros de acogida para adultos mayores y niños, así como hospitales en 4 departamentos: Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Oruro. “Hemos encontrado centros de acogida sin raciones secas, verduras, frutas o carne. En hospitales, las reservas de comida apenas alcanzarán para esta semana”, expresó Callisaya.

Grupos paraestatales y uso de armas

Callisaya también señaló que grupos paraestatales estarían operando en conjunto con la Policía en puntos de bloqueo, lo que consideró irregular y contrario a la ley. Denuncias desde el ala “evista” alegan que la Policía intentó desbloquear usando grupos de choque civiles armados en el puente Ichilo.

La situación se agrava con la aparición de armas de fuego en ciertos puntos de bloqueo. “No podemos tolerar esto. El Estado debe investigar las circunstancias para evitar mayores desbordes”, instó Callisaya, quien también mencionó un ataque a la Policía por francotiradores durante un intento de desbloqueo en la carretera Oruro-Potosí.

Judicialización de las protestas

La judicialización de las protestas también fue un tema central en su discurso. Hasta el momento, se han contabilizado 43 personas detenidas durante los últimos 10 días de bloqueos, generando preocupación sobre el uso del poder estatal para limitar el derecho a la protesta. “No se puede utilizar el encarcelamiento como una solución a las manifestaciones. Las cárceles están hacinadas y vulneran derechos fundamentales”, alertó.

Callisaya advirtió sobre una aplicación desigual de la ley, donde algunos han sido detenidos por poseer petardos, mientras otros casos quedan sin investigar. Asimismo, hizo un llamado a deponer actitudes intransigentes y generar diálogos humanitarios.

Un llamado al diálogo

Finalmente, el Defensor del Pueblo emplazó al Estado a crear un espacio real y transparente para el diálogo. A su vez, solicitó al Ministerio Público que se investigue la existencia y funcionamiento de grupos paraestatales y el uso de armas durante las manifestaciones.

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Conflictos sociales en aumento

Durante su intervención, Callisaya denunció que tras 11 días de bloqueos liderados por “evistas”, ya se han comenzado a movilizar sectores que exigen el desbloqueo de vías. Entre las demandas, también sobresalen las de los choferes, quienes piden un aumento de tarifas, y del sector salud, que reclama por el deterioro de sus condiciones laborales y de atención.

Escasez de insumos críticos

El Defensor del Pueblo subrayó la alarmante escasez de insumos, verificando centros de acogida para adultos mayores y niños, así como hospitales en 4 departamentos: Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Oruro. “Hemos encontrado centros de acogida sin raciones secas, verduras, frutas o carne. En hospitales, las reservas de comida apenas alcanzarán para esta semana”, expresó Callisaya.

Grupos paraestatales y uso de armas

Callisaya también señaló que grupos paraestatales estarían operando en conjunto con la Policía en puntos de bloqueo, lo que consideró irregular y contrario a la ley. Denuncias desde el ala “evista” alegan que la Policía intentó desbloquear usando grupos de choque civiles armados en el puente Ichilo.

La situación se agrava con la aparición de armas de fuego en ciertos puntos de bloqueo. “No podemos tolerar esto. El Estado debe investigar las circunstancias para evitar mayores desbordes”, instó Callisaya, quien también mencionó un ataque a la Policía por francotiradores durante un intento de desbloqueo en la carretera Oruro-Potosí.

Judicialización de las protestas

La judicialización de las protestas también fue un tema central en su discurso. Hasta el momento, se han contabilizado 43 personas detenidas durante los últimos 10 días de bloqueos, generando preocupación sobre el uso del poder estatal para limitar el derecho a la protesta. “No se puede utilizar el encarcelamiento como una solución a las manifestaciones. Las cárceles están hacinadas y vulneran derechos fundamentales”, alertó.

Callisaya advirtió sobre una aplicación desigual de la ley, donde algunos han sido detenidos por poseer petardos, mientras otros casos quedan sin investigar. Asimismo, hizo un llamado a deponer actitudes intransigentes y generar diálogos humanitarios.

Un llamado al diálogo

Finalmente, el Defensor del Pueblo emplazó al Estado a crear un espacio real y transparente para el diálogo. A su vez, solicitó al Ministerio Público que se investigue la existencia y funcionamiento de grupos paraestatales y el uso de armas durante las manifestaciones.

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El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, mencionó que se está enviando una nota al presidente del TCP para que adopte decisiones rápidas y oportunas en favor de las elecciones judiciales.

Declaraciones sobre el proceso

Dos salas constitucionales de las regiones amazónicas de Pando y Beni declararon el martes “desiertas” las convocatorias para elegir a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esto ocurrió debido a recursos planteados por algunos candidatos que no fueron seleccionados por el Parlamento para participar en los comicios.

Callisaya advirtió que una posible paralización de las elecciones judiciales representaría una “situación muy peligrosa” que “profundiza la fragilidad institucional democrática” en Bolivia.

Acciones del defensor del pueblo

El defensor del Pueblo enfatizó que sería “funesto” para la población si la institucionalidad del Estado no logra resolver este problema. Además, mencionó que se comunicará con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que informe sobre las acciones que se tomarán en este caso.

También planea acercarse a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas para discutir la situación.

Reacciones del TSE y expresidentes

Ante la posibilidad de que no se realicen las elecciones judiciales, el TSE indicó que tomará “todas las acciones legales” necesarias para garantizar la realización de los comicios. Lamentó que las salas constitucionales se hayan “extralimitado en su análisis” al colocarse “por encima del Legislativo”.

El expresidente Evo Morales, a través de un mensaje en la red X, acusó al Gobierno de Luis Arce de convertir las elecciones judiciales “en una bolsa más de sus prebendas”, lo que vacía de legitimidad el proceso.

Opiniones de otros expresidentes

El también exmandatario Carlos Mesa expresó en sus redes sociales que el Gobierno “acaba de perpetrar un nuevo golpe a la democracia”, permitiendo que “los autoprorrogados sigan usurpando funciones y cometiendo ilegalidades”.

Eduardo Rodríguez, expresidente de 2005 a 2006, afirmó que es “más que urgente” iniciar un diálogo político y ciudadano para llevar a cabo una reforma estructural del sistema, incluyendo la fallida modalidad de elección por voto popular de magistrados.

Contexto constitucional y elecciones anteriores

La Constitución, vigente desde 2009, establece que los magistrados de los principales tribunales del país deben ser elegidos por voto popular, después de ser seleccionados por el Legislativo, para un mandato de 6 años.

En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de los electores votó nulo y blanco, rechazando los procesos porque los consideraron manipulados por la mayoría legislativa del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que podría resultar en la elección de jueces afines al oficialismo.

Problemas en la convocatoria actual

Los nuevos comicios judiciales estaban programados para 2023, pero no se llevaron a cabo debido a las diferencias entre el oficialismo y la oposición, así como a los recursos legales que obligaron a que la convocatoria se reiniciara varias veces.

En diciembre pasado, los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de otras cortes, argumentando que así evitaban un “vacío de poder” hasta que se realicen nuevos comicios.

Protestas y situación actual

La extensión del mandato de los jueces provocó fuertes protestas tanto de la oposición como del sector oficialista del MAS que respalda a Evo Morales, quien realizó un bloqueo de caminos pidiendo la renuncia de los magistrados, aunque esto finalmente no ocurrió.

Unos 7,8 millones de personas están habilitadas en Bolivia para votar en estas polémicas elecciones judiciales programadas para el próximo 1 de diciembre.

Fuente: EFE

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El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, mencionó que se está enviando una nota al presidente del TCP para que adopte decisiones rápidas y oportunas en favor de las elecciones judiciales.

Declaraciones sobre el proceso

Dos salas constitucionales de las regiones amazónicas de Pando y Beni declararon el martes “desiertas” las convocatorias para elegir a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esto ocurrió debido a recursos planteados por algunos candidatos que no fueron seleccionados por el Parlamento para participar en los comicios.

Callisaya advirtió que una posible paralización de las elecciones judiciales representaría una “situación muy peligrosa” que “profundiza la fragilidad institucional democrática” en Bolivia.

Acciones del defensor del pueblo

El defensor del Pueblo enfatizó que sería “funesto” para la población si la institucionalidad del Estado no logra resolver este problema. Además, mencionó que se comunicará con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que informe sobre las acciones que se tomarán en este caso.

También planea acercarse a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas para discutir la situación.

Reacciones del TSE y expresidentes

Ante la posibilidad de que no se realicen las elecciones judiciales, el TSE indicó que tomará “todas las acciones legales” necesarias para garantizar la realización de los comicios. Lamentó que las salas constitucionales se hayan “extralimitado en su análisis” al colocarse “por encima del Legislativo”.

El expresidente Evo Morales, a través de un mensaje en la red X, acusó al Gobierno de Luis Arce de convertir las elecciones judiciales “en una bolsa más de sus prebendas”, lo que vacía de legitimidad el proceso.

Opiniones de otros expresidentes

El también exmandatario Carlos Mesa expresó en sus redes sociales que el Gobierno “acaba de perpetrar un nuevo golpe a la democracia”, permitiendo que “los autoprorrogados sigan usurpando funciones y cometiendo ilegalidades”.

Eduardo Rodríguez, expresidente de 2005 a 2006, afirmó que es “más que urgente” iniciar un diálogo político y ciudadano para llevar a cabo una reforma estructural del sistema, incluyendo la fallida modalidad de elección por voto popular de magistrados.

Contexto constitucional y elecciones anteriores

La Constitución, vigente desde 2009, establece que los magistrados de los principales tribunales del país deben ser elegidos por voto popular, después de ser seleccionados por el Legislativo, para un mandato de 6 años.

En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de los electores votó nulo y blanco, rechazando los procesos porque los consideraron manipulados por la mayoría legislativa del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que podría resultar en la elección de jueces afines al oficialismo.

Problemas en la convocatoria actual

Los nuevos comicios judiciales estaban programados para 2023, pero no se llevaron a cabo debido a las diferencias entre el oficialismo y la oposición, así como a los recursos legales que obligaron a que la convocatoria se reiniciara varias veces.

En diciembre pasado, los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de otras cortes, argumentando que así evitaban un “vacío de poder” hasta que se realicen nuevos comicios.

Protestas y situación actual

La extensión del mandato de los jueces provocó fuertes protestas tanto de la oposición como del sector oficialista del MAS que respalda a Evo Morales, quien realizó un bloqueo de caminos pidiendo la renuncia de los magistrados, aunque esto finalmente no ocurrió.

Unos 7,8 millones de personas están habilitadas en Bolivia para votar en estas polémicas elecciones judiciales programadas para el próximo 1 de diciembre.

Fuente: EFE

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Callisaya argumentó que esta declaración permitiría movilizar más recursos y llevar a cabo acciones efectivas para enfrentar la crisis que se está viviendo.

La situación actual

“Nuestra casa se sigue quemando y está a punto de quedar en cenizas”, expresó Callisaya, quien alertó sobre la devastación que el fuego ha causado en el país.

En una conferencia de prensa, el Defensor del Pueblo instó al mandatario a activar las disposiciones de la Ley 602 de Gestión de Riesgo. Esta ley permite declarar un desastre nacional cuando los daños superan la capacidad económica y técnica del Estado, lo que a su vez requiere asistencia internacional.

Impacto en la biodiversidad

“No podemos permitir que nuestra casa llegue a estar en un estado de cenizas, porque el avance del fuego está depredando, está destruyendo totalmente la biodiversidad en nuestro país”, enfatizó Callisaya.

Además, el defensor destacó que los incendios están afectando los derechos de los pueblos indígenas, lo que ha provocado su desplazamiento y un deterioro en la calidad del aire.

Medidas del gobierno

A pesar de que el Gobierno ya declaró una emergencia y ha gestionado ayuda internacional, incluyendo la contratación de un avión cisterna y un helicóptero, Callisaya insistió en que es crucial declarar un desastre nacional para enfrentar esta crisis ambiental de manera más efectiva.

Extensión de los incendios

Hasta la fecha, los incendios forestales han consumido más de 3.8 millones de hectáreas en lo que va del año. Los departamentos más afectados por esta situación son Santa Cruz y Beni.

La entrada El Defensor del Pueblo solicita declaración de desastre nacional por incendios se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Callisaya argumentó que esta declaración permitiría movilizar más recursos y llevar a cabo acciones efectivas para enfrentar la crisis que se está viviendo.

La situación actual

“Nuestra casa se sigue quemando y está a punto de quedar en cenizas”, expresó Callisaya, quien alertó sobre la devastación que el fuego ha causado en el país.

En una conferencia de prensa, el Defensor del Pueblo instó al mandatario a activar las disposiciones de la Ley 602 de Gestión de Riesgo. Esta ley permite declarar un desastre nacional cuando los daños superan la capacidad económica y técnica del Estado, lo que a su vez requiere asistencia internacional.

Impacto en la biodiversidad

“No podemos permitir que nuestra casa llegue a estar en un estado de cenizas, porque el avance del fuego está depredando, está destruyendo totalmente la biodiversidad en nuestro país”, enfatizó Callisaya.

Además, el defensor destacó que los incendios están afectando los derechos de los pueblos indígenas, lo que ha provocado su desplazamiento y un deterioro en la calidad del aire.

Medidas del gobierno

A pesar de que el Gobierno ya declaró una emergencia y ha gestionado ayuda internacional, incluyendo la contratación de un avión cisterna y un helicóptero, Callisaya insistió en que es crucial declarar un desastre nacional para enfrentar esta crisis ambiental de manera más efectiva.

Extensión de los incendios

Hasta la fecha, los incendios forestales han consumido más de 3.8 millones de hectáreas en lo que va del año. Los departamentos más afectados por esta situación son Santa Cruz y Beni.

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Callisaya instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como a los sectores movilizados, a “mantener la calma y evitar acciones que puedan derivar en hechos de violencia y mayor conflictividad en el país”.

Preservar el sistema democrático

El Defensor del Pueblo también hizo un llamado a asumir “acciones positivas para preservar el sistema democrático en el país y resolver cualquier diferencia a través del diálogo y respeto”. En este sentido, pidió que el uso de la fuerza estatal se realice de manera excepcional, legítima, necesaria y proporcional, siempre respetando los derechos humanos.

Derechos de terceros

Asimismo, exhortó a los sectores movilizados a que las manifestaciones no afecten los derechos de terceros. En este contexto, se espera que las acciones de protesta continúen durante la semana, lo que podría intensificar la tensión social en el país.

La entrada La Defensoría del Pueblo llama a la calma en medio de conflictos en Bolivia se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Callisaya instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como a los sectores movilizados, a “mantener la calma y evitar acciones que puedan derivar en hechos de violencia y mayor conflictividad en el país”.

Preservar el sistema democrático

El Defensor del Pueblo también hizo un llamado a asumir “acciones positivas para preservar el sistema democrático en el país y resolver cualquier diferencia a través del diálogo y respeto”. En este sentido, pidió que el uso de la fuerza estatal se realice de manera excepcional, legítima, necesaria y proporcional, siempre respetando los derechos humanos.

Derechos de terceros

Asimismo, exhortó a los sectores movilizados a que las manifestaciones no afecten los derechos de terceros. En este contexto, se espera que las acciones de protesta continúen durante la semana, lo que podría intensificar la tensión social en el país.

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Callisaya instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como a los sectores movilizados, a “mantener la calma y evitar acciones que puedan derivar en hechos de violencia y mayor conflictividad en el país”.

Preservar el sistema democrático

El Defensor del Pueblo también hizo un llamado a asumir “acciones positivas para preservar el sistema democrático en el país y resolver cualquier diferencia a través del diálogo y respeto”. En este sentido, pidió que el uso de la fuerza estatal se realice de manera excepcional, legítima, necesaria y proporcional, siempre respetando los derechos humanos.

Derechos de terceros

Asimismo, exhortó a los sectores movilizados a que las manifestaciones no afecten los derechos de terceros. En este contexto, se espera que las acciones de protesta continúen durante la semana, lo que podría intensificar la tensión social en el país.

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La denuncia destaca la falta de medidas tanto preventivas como reactivas ante la creciente crisis ambiental que ha afectado a diversas regiones desde 2019. La acción popular presentada por Callisaya incluye una serie de datos sobre incendios forestales, con información recopilada desde 2019, que demuestra cómo los focos de calor han ido aumentando a lo largo de los años.

Falta de Responsabilidad

Callisaya afirmó que las autoridades no han tomado las medidas preventivas necesarias para evitar el desastre ambiental que estamos enfrentando actualmente. “En este momento no basta con apagar y sofocar los incendios, sino que hay que tomar las medidas con seriedad”, enfatizó. El documento presentado resalta cinco aspectos relevantes sobre los que se exigen acciones concretas.

Derecho al Medioambiente

El primer aspecto se refiere al derecho al medioambiente en relación con la salubridad pública. En este sentido, se señala que ninguno de los niveles estatales ha actuado de acuerdo con lo que establece la norma. Si las autoridades hubieran cumplido con sus deberes en cuanto a la prevención de alertas tempranas, el escenario actual no sería tan desfavorable.

Derechos de la Madre Tierra

Los otros aspectos mencionados en la acción popular se relacionan con los derechos de la Madre Tierra, que están vinculados con la biodiversidad y las áreas protegidas. También se hace referencia a los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NPIOC) en relación con la tierra, el territorio y la territorialidad. Además, se aborda la situación del pueblo indígena Ayoreo en aislamiento voluntario y la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales.

Omisión de Autoridades

La acción popular identifica una omisión por parte de las autoridades demandadas, lo que vulnera los derechos humanos de la Madre Tierra y sus habitantes. “Han omitido cumplir eficientemente sus responsabilidades” en diferentes aspectos, como las competencias de los gobiernos autónomos municipales y departamentales, así como la omisión del nivel central del Estado en la protección de la naturaleza y el medio ambiente.

Irresponsabilidad en la Crisis

En este contexto, el Defensor del Pueblo cuestionó que “nadie se hace responsable. Estamos quemando nuestra casa por la irresponsabilidad de aquellos que debieron tomar las medidas necesarias en su momento para mitigar este desastre natural”.

Las autoridades mencionadas en la acción popular incluyen a los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer Rosales; Salud y Deportes, María Renée Castro Cusicanqui; y Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro. También se citan a los gobernadores Mario Aguilera (Santa Cruz), José Alejandro Unzueta (Beni) y Regis Germán Richter (Pando), así como a los alcaldes de San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos y Puerto Quijarro.

/AA

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La denuncia destaca la falta de medidas tanto preventivas como reactivas ante la creciente crisis ambiental que ha afectado a diversas regiones desde 2019. La acción popular presentada por Callisaya incluye una serie de datos sobre incendios forestales, con información recopilada desde 2019, que demuestra cómo los focos de calor han ido aumentando a lo largo de los años.

Falta de Responsabilidad

Callisaya afirmó que las autoridades no han tomado las medidas preventivas necesarias para evitar el desastre ambiental que estamos enfrentando actualmente. “En este momento no basta con apagar y sofocar los incendios, sino que hay que tomar las medidas con seriedad”, enfatizó. El documento presentado resalta cinco aspectos relevantes sobre los que se exigen acciones concretas.

Derecho al Medioambiente

El primer aspecto se refiere al derecho al medioambiente en relación con la salubridad pública. En este sentido, se señala que ninguno de los niveles estatales ha actuado de acuerdo con lo que establece la norma. Si las autoridades hubieran cumplido con sus deberes en cuanto a la prevención de alertas tempranas, el escenario actual no sería tan desfavorable.

Derechos de la Madre Tierra

Los otros aspectos mencionados en la acción popular se relacionan con los derechos de la Madre Tierra, que están vinculados con la biodiversidad y las áreas protegidas. También se hace referencia a los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NPIOC) en relación con la tierra, el territorio y la territorialidad. Además, se aborda la situación del pueblo indígena Ayoreo en aislamiento voluntario y la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales.

Omisión de Autoridades

La acción popular identifica una omisión por parte de las autoridades demandadas, lo que vulnera los derechos humanos de la Madre Tierra y sus habitantes. “Han omitido cumplir eficientemente sus responsabilidades” en diferentes aspectos, como las competencias de los gobiernos autónomos municipales y departamentales, así como la omisión del nivel central del Estado en la protección de la naturaleza y el medio ambiente.

Irresponsabilidad en la Crisis

En este contexto, el Defensor del Pueblo cuestionó que “nadie se hace responsable. Estamos quemando nuestra casa por la irresponsabilidad de aquellos que debieron tomar las medidas necesarias en su momento para mitigar este desastre natural”.

Las autoridades mencionadas en la acción popular incluyen a los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer Rosales; Salud y Deportes, María Renée Castro Cusicanqui; y Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro. También se citan a los gobernadores Mario Aguilera (Santa Cruz), José Alejandro Unzueta (Beni) y Regis Germán Richter (Pando), así como a los alcaldes de San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos y Puerto Quijarro.

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El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha expresado su preocupación por este caso, señalando que el artículo 49 de la Ley 1008 necesita una definición clara sobre la cantidad máxima de droga que se puede poseer legalmente para consumo personal. En su cuenta de X (antes Twitter), Callisaya afirmó que este incidente demuestra la necesidad de evitar la arbitrariedad de las autoridades y garantizar el debido proceso, sin importar la nacionalidad de las personas involucradas.

Vacío legal en la Ley 1008

El artículo 49 de la Ley 1008 establece que aquellos que sean sorprendidos en posesión de cantidades mínimas de droga para consumo personal deben ser internados en un instituto de farmacodependencia para su tratamiento. Sin embargo, no se especifica claramente cuál es la cantidad máxima permitida para el consumo personal inmediato.

Detención y proceso legal

Madre e hija fueron detenidas en marzo en el aeropuerto de El Alto, cuando regresaban a su país después de dos semanas de vacaciones en Bolivia. Inicialmente, las autoridades abrieron un caso por narcotráfico, pero los abogados lograron cambiar el tipo penal a consumo. La madre fue liberada hace una semana después de ser sobreseída del caso, mientras que la hija recibió una multa de Bs 250 y fue liberada este viernes.

Este caso ha generado debate sobre la necesidad de revisar y aclarar la legislación relacionada con la posesión de drogas para consumo personal en Bolivia, con el objetivo de evitar situaciones injustas y garantizar el respeto a los derechos de las personas involucradas.

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El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha expresado su preocupación por este caso, señalando que el artículo 49 de la Ley 1008 necesita una definición clara sobre la cantidad máxima de droga que se puede poseer legalmente para consumo personal. En su cuenta de X (antes Twitter), Callisaya afirmó que este incidente demuestra la necesidad de evitar la arbitrariedad de las autoridades y garantizar el debido proceso, sin importar la nacionalidad de las personas involucradas.

Vacío legal en la Ley 1008

El artículo 49 de la Ley 1008 establece que aquellos que sean sorprendidos en posesión de cantidades mínimas de droga para consumo personal deben ser internados en un instituto de farmacodependencia para su tratamiento. Sin embargo, no se especifica claramente cuál es la cantidad máxima permitida para el consumo personal inmediato.

Detención y proceso legal

Madre e hija fueron detenidas en marzo en el aeropuerto de El Alto, cuando regresaban a su país después de dos semanas de vacaciones en Bolivia. Inicialmente, las autoridades abrieron un caso por narcotráfico, pero los abogados lograron cambiar el tipo penal a consumo. La madre fue liberada hace una semana después de ser sobreseída del caso, mientras que la hija recibió una multa de Bs 250 y fue liberada este viernes.

Este caso ha generado debate sobre la necesidad de revisar y aclarar la legislación relacionada con la posesión de drogas para consumo personal en Bolivia, con el objetivo de evitar situaciones injustas y garantizar el respeto a los derechos de las personas involucradas.

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Callisaya ha destacado la importancia del acceso a la información ambiental y ha recordado que el Estado boliviano es parte del Acuerdo de Escazú. En este sentido, se han presentado solicitudes de información a las distintas instancias del Estado para conocer el impacto ambiental de los 19 contratos mineros ubicados en diferentes zonas del departamento de La Paz.

Garantizando el derecho a participar en decisiones ambientales

La solicitud de la medida cautelar tiene como objetivo garantizar el derecho de la población boliviana a participar en decisiones ambientales. Se espera transparencia por parte de la Cámara de Senadores y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en cuanto a los estudios de impacto ambiental y posibles consensos con las comunidades afectadas.

Protección del medioambiente y los derechos de la Madre Tierra

Callisaya ha reafirmado la obligación estatal de proteger el medioambiente y los derechos de la Madre Tierra. Durante su agenda enfocada en poblaciones vulnerables en los departamentos amazónicos de Pando y Beni, ha visitado centros penitenciarios, comunidades con discapacidad y defensores estudiantiles.

El pronunciamiento del Juez Agroambiental de La Paz sobre la medida cautelar solicitada será crucial para salvaguardar los intereses ambientales y comunitarios involucrados en los contratos mineros en cuestión.

La entrada Defensor del Pueblo pide transparencia en contratos mineros para proteger el medioambiente se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Callisaya ha destacado la importancia del acceso a la información ambiental y ha recordado que el Estado boliviano es parte del Acuerdo de Escazú. En este sentido, se han presentado solicitudes de información a las distintas instancias del Estado para conocer el impacto ambiental de los 19 contratos mineros ubicados en diferentes zonas del departamento de La Paz.

Garantizando el derecho a participar en decisiones ambientales

La solicitud de la medida cautelar tiene como objetivo garantizar el derecho de la población boliviana a participar en decisiones ambientales. Se espera transparencia por parte de la Cámara de Senadores y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en cuanto a los estudios de impacto ambiental y posibles consensos con las comunidades afectadas.

Protección del medioambiente y los derechos de la Madre Tierra

Callisaya ha reafirmado la obligación estatal de proteger el medioambiente y los derechos de la Madre Tierra. Durante su agenda enfocada en poblaciones vulnerables en los departamentos amazónicos de Pando y Beni, ha visitado centros penitenciarios, comunidades con discapacidad y defensores estudiantiles.

El pronunciamiento del Juez Agroambiental de La Paz sobre la medida cautelar solicitada será crucial para salvaguardar los intereses ambientales y comunitarios involucrados en los contratos mineros en cuestión.

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Callisaya ha destacado la importancia del acceso a la información ambiental y ha recordado que el Estado boliviano es parte del Acuerdo de Escazú. En este sentido, se han presentado solicitudes de información a las distintas instancias del Estado para conocer el impacto ambiental de los 19 contratos mineros ubicados en diferentes zonas del departamento de La Paz.

Garantizando el derecho a participar en decisiones ambientales

La solicitud de la medida cautelar tiene como objetivo garantizar el derecho de la población boliviana a participar en decisiones ambientales. Se espera transparencia por parte de la Cámara de Senadores y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en cuanto a los estudios de impacto ambiental y posibles consensos con las comunidades afectadas.

Protección del medioambiente y los derechos de la Madre Tierra

Callisaya ha reafirmado la obligación estatal de proteger el medioambiente y los derechos de la Madre Tierra. Durante su agenda enfocada en poblaciones vulnerables en los departamentos amazónicos de Pando y Beni, ha visitado centros penitenciarios, comunidades con discapacidad y defensores estudiantiles.

El pronunciamiento del Juez Agroambiental de La Paz sobre la medida cautelar solicitada será crucial para salvaguardar los intereses ambientales y comunitarios involucrados en los contratos mineros en cuestión.

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Callisaya ha recordado que es responsabilidad de la Asamblea garantizar un proceso democrático para elegir a las autoridades judiciales. A través de sus redes sociales, el Defensor ha manifestado que es urgente que el presidente del legislativo convoque a una sesión para evitar la crisis judicial y no subordinar su legitimidad ante interpretaciones.

Actualmente, las elecciones judiciales se encuentran paralizadas debido a un fallo de la Sala Constitucional de Pando, que ha ordenado dejar sin efecto la preselección.

Reacciones y posturas divergentes

La reunión del jueves tenía como objetivo encontrar una solución, pero los opositores y los “evistas” han planteado iniciativas para ser aprobadas en sesión de la Asamblea, mientras que el Vicepresidente y los “arcistas” han insistido en dejar este tema en manos del Tribunal Constitucional, que debe revisar el fallo de la Sala de Pando.

Este conflicto ha generado diversas reacciones. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé también ha pedido que se convoque a una sesión y que no se subordine la voluntad popular al Tribunal Constitucional autoprorrogado. Por su parte, el expresidente Evo Morales considera que Choquehuanca debilita a la Asamblea y la subordina a miembros autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Posturas y propuestas en conflicto

En medio de este conflicto, los opositores y los “evistas” proponen tratar en sesión las leyes antipróroga y los créditos que el Gobierno desea, además de una ley para continuar con las elecciones judiciales ajustando los plazos. Por otro lado, los “arcistas” proponen seguir los procedimientos legales y descartan cesar a los magistrados actuales, argumentando que sería inconstitucional según un fallo del mismo TCP.

La falta de consenso político ha llevado a un estancamiento en el proceso electoral para elegir nuevas autoridades judiciales. Esta situación ha generado críticas hacia las diferentes posturas políticas involucradas en el conflicto, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro del sistema judicial boliviano.

La entrada Defensor del Pueblo exige a Choquehuanca convocar sesión urgente para evitar crisis judicial se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Callisaya ha recordado que es responsabilidad de la Asamblea garantizar un proceso democrático para elegir a las autoridades judiciales. A través de sus redes sociales, el Defensor ha manifestado que es urgente que el presidente del legislativo convoque a una sesión para evitar la crisis judicial y no subordinar su legitimidad ante interpretaciones.

Actualmente, las elecciones judiciales se encuentran paralizadas debido a un fallo de la Sala Constitucional de Pando, que ha ordenado dejar sin efecto la preselección.

Reacciones y posturas divergentes

La reunión del jueves tenía como objetivo encontrar una solución, pero los opositores y los “evistas” han planteado iniciativas para ser aprobadas en sesión de la Asamblea, mientras que el Vicepresidente y los “arcistas” han insistido en dejar este tema en manos del Tribunal Constitucional, que debe revisar el fallo de la Sala de Pando.

Este conflicto ha generado diversas reacciones. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé también ha pedido que se convoque a una sesión y que no se subordine la voluntad popular al Tribunal Constitucional autoprorrogado. Por su parte, el expresidente Evo Morales considera que Choquehuanca debilita a la Asamblea y la subordina a miembros autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Posturas y propuestas en conflicto

En medio de este conflicto, los opositores y los “evistas” proponen tratar en sesión las leyes antipróroga y los créditos que el Gobierno desea, además de una ley para continuar con las elecciones judiciales ajustando los plazos. Por otro lado, los “arcistas” proponen seguir los procedimientos legales y descartan cesar a los magistrados actuales, argumentando que sería inconstitucional según un fallo del mismo TCP.

La falta de consenso político ha llevado a un estancamiento en el proceso electoral para elegir nuevas autoridades judiciales. Esta situación ha generado críticas hacia las diferentes posturas políticas involucradas en el conflicto, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro del sistema judicial boliviano.

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Callisaya hizo hincapié en la importancia de evitar el mal uso de las formas democráticas y llamó a la responsabilidad de los actores políticos, autoridades y el Estado para resolver esta situación. La Sala Constitucional Primera de Pando otorgó tutela a la acción popular presentada por Yeni Duri, quien denunció discriminación en el caso de Mineya Lucindo, una postulante que fue inhabilitada. Como resultado de esta resolución, se determinó la anulación de las elecciones judiciales y se ordenó la realización de un nuevo proceso de preselección de candidatos.

Advertencia sobre el debilitamiento de la democracia

El Defensor del Pueblo advirtió que el mensaje transmitido por los actores políticos no fortalece la democracia, sino que contribuye a su deslegitimación. Esta situación podría tener consecuencias dolorosas tanto para el Estado como para la población boliviana.

Tensiones y desafíos en el sistema electoral

La decisión de la Sala Constitucional Primera de Pando ha puesto en evidencia tensiones y desafíos en el sistema electoral del país. Esto ha generado debates sobre la transparencia y legitimidad del proceso, cuestionando la confianza de la población en el sistema judicial y electoral.

La entrada Defensor del Pueblo exhorta a solucionar suspensión de elecciones judiciales se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Callisaya hizo hincapié en la importancia de evitar el mal uso de las formas democráticas y llamó a la responsabilidad de los actores políticos, autoridades y el Estado para resolver esta situación. La Sala Constitucional Primera de Pando otorgó tutela a la acción popular presentada por Yeni Duri, quien denunció discriminación en el caso de Mineya Lucindo, una postulante que fue inhabilitada. Como resultado de esta resolución, se determinó la anulación de las elecciones judiciales y se ordenó la realización de un nuevo proceso de preselección de candidatos.

Advertencia sobre el debilitamiento de la democracia

El Defensor del Pueblo advirtió que el mensaje transmitido por los actores políticos no fortalece la democracia, sino que contribuye a su deslegitimación. Esta situación podría tener consecuencias dolorosas tanto para el Estado como para la población boliviana.

Tensiones y desafíos en el sistema electoral

La decisión de la Sala Constitucional Primera de Pando ha puesto en evidencia tensiones y desafíos en el sistema electoral del país. Esto ha generado debates sobre la transparencia y legitimidad del proceso, cuestionando la confianza de la población en el sistema judicial y electoral.

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Callisaya hizo hincapié en la importancia de evitar el mal uso de las formas democráticas y llamó a la responsabilidad de los actores políticos, autoridades y el Estado para resolver esta situación. La Sala Constitucional Primera de Pando otorgó tutela a la acción popular presentada por Yeni Duri, quien denunció discriminación en el caso de Mineya Lucindo, una postulante que fue inhabilitada. Como resultado de esta resolución, se determinó la anulación de las elecciones judiciales y se ordenó la realización de un nuevo proceso de preselección de candidatos.

Advertencia sobre el debilitamiento de la democracia

El Defensor del Pueblo advirtió que el mensaje transmitido por los actores políticos no fortalece la democracia, sino que contribuye a su deslegitimación. Esta situación podría tener consecuencias dolorosas tanto para el Estado como para la población boliviana.

Tensiones y desafíos en el sistema electoral

La decisión de la Sala Constitucional Primera de Pando ha puesto en evidencia tensiones y desafíos en el sistema electoral del país. Esto ha generado debates sobre la transparencia y legitimidad del proceso, cuestionando la confianza de la población en el sistema judicial y electoral.

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Callisaya destacó que la exhibición pública de personas detenidas va en contra de las garantías legales nacionales e internacionales. Se refirió al sujeto aprehendido como titular de derechos humanos y no como objeto, subrayando la importancia de respetar la dignidad humana en todo momento.

El Defensor del Pueblo alertó sobre el impacto negativo que tiene esta práctica en la percepción de seguridad ciudadana, enfatizando que deshumaniza a los individuos y los coloca en una posición vulnerable frente a la sociedad. Asimismo, hizo hincapié en que la normativa penal prohíbe dicha exhibición sin una sentencia condenatoria firme.

El “populismo penal” y sus consecuencias

En relación con el concepto de “populismo penal”, Callisaya citó al académico Javier Cigüela Sola para explicar cómo esta estrategia se utiliza para presentar a los aprehendidos como enemigos públicos, justificando así un aumento del poder punitivo y debilitando las garantías jurisdiccionales fundamentales.

Recordó también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha responsabilizado a Bolivia por violaciones similares en el pasado, evidenciando la gravedad de estas acciones y su impacto en los derechos humanos.

La entrada Normativa prohíbe exhibición de aprehendidos sin sentencia condenatoria, advierte Defensor del Pueblo se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Callisaya destacó que la exhibición pública de personas detenidas va en contra de las garantías legales nacionales e internacionales. Se refirió al sujeto aprehendido como titular de derechos humanos y no como objeto, subrayando la importancia de respetar la dignidad humana en todo momento.

El Defensor del Pueblo alertó sobre el impacto negativo que tiene esta práctica en la percepción de seguridad ciudadana, enfatizando que deshumaniza a los individuos y los coloca en una posición vulnerable frente a la sociedad. Asimismo, hizo hincapié en que la normativa penal prohíbe dicha exhibición sin una sentencia condenatoria firme.

El “populismo penal” y sus consecuencias

En relación con el concepto de “populismo penal”, Callisaya citó al académico Javier Cigüela Sola para explicar cómo esta estrategia se utiliza para presentar a los aprehendidos como enemigos públicos, justificando así un aumento del poder punitivo y debilitando las garantías jurisdiccionales fundamentales.

Recordó también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha responsabilizado a Bolivia por violaciones similares en el pasado, evidenciando la gravedad de estas acciones y su impacto en los derechos humanos.

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Callisaya destacó que la exhibición pública de personas detenidas va en contra de las garantías legales nacionales e internacionales. Se refirió al sujeto aprehendido como titular de derechos humanos y no como objeto, subrayando la importancia de respetar la dignidad humana en todo momento.

El Defensor del Pueblo alertó sobre el impacto negativo que tiene esta práctica en la percepción de seguridad ciudadana, enfatizando que deshumaniza a los individuos y los coloca en una posición vulnerable frente a la sociedad. Asimismo, hizo hincapié en que la normativa penal prohíbe dicha exhibición sin una sentencia condenatoria firme.

El “populismo penal” y sus consecuencias

En relación con el concepto de “populismo penal”, Callisaya citó al académico Javier Cigüela Sola para explicar cómo esta estrategia se utiliza para presentar a los aprehendidos como enemigos públicos, justificando así un aumento del poder punitivo y debilitando las garantías jurisdiccionales fundamentales.

Recordó también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha responsabilizado a Bolivia por violaciones similares en el pasado, evidenciando la gravedad de estas acciones y su impacto en los derechos humanos.

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