Informe del defensor del pueblo sobre bloqueos en Bolivia

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó un informe este lunes 6 de junio sobre el trágico saldo humano derivado de los 53 días de bloqueos y conflictos sociales que sacudieron recientemente a Bolivia. Según los reportes oficiales de la institución, se contabilizaron un total de 22 personas fallecidas durante este periodo de convulsión.

Desglose de las víctimas

Al desglosar estas cifras, Callisaya precisó que 19 de las víctimas fueron terceros afectados por los bloqueos. Además, 3 correspondían a personas que participaban en las movilizaciones, cuyo deceso, según se presume, habría ocurrido como emergencia de una acción policial o militar. “Con relación a las víctimas, efectivamente, nosotros en nuestros reportes hemos identificado por lo menos 22 casos de personas que durante el período de conflictividad han fallecido”, indicó Callisaya.

Investigaciones solicitadas

Ante la gravedad de los hechos, Callisaya enfatizó que la Defensoría del Pueblo ha solicitado formalmente al Ministerio Público que inicie las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias de cada muerte y determinar las responsabilidades legales correspondientes. El Defensor explicó que, aunque la institución no cuenta con la facultad legal para presentar denuncias directas, su rol es instar a las autoridades competentes a actuar.

Monitoreo y exigencias

“Hemos hecho ante la gestión, ante la Fiscalía General del Estado, ante la Fiscalía Departamental, para que estas instancias inicien las investigaciones correspondientes”, señaló Callisaya. Asimismo, subrayó que bajo ninguna circunstancia las demandas o protestas sociales justifican la vulneración del derecho a la vida o la integridad física de las personas.

Crisis social y bloqueos en Bolivia

Esta crisis se extendió desde inicios de mayo hasta mediados de junio y sumió al país en una compleja etapa de inestabilidad caracterizada por movilizaciones y el bloqueo de carreteras. Estas acciones fueron impulsadas por la Central Obrera Boliviana y sectores afines al expresidente Evo Morales en su exigencia por la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Puntos de bloqueo

En los momentos de mayor tensión, Bolivia llegó a registrar más de 100 puntos de bloqueo simultáneos, concentrándose la mayor parte de las medidas en los departamentos de La Paz y Cochabamba. Entre los actores señalados por las autoridades como principales promotores de estas movilizaciones figuran el exmandatario Evo Morales, el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y el líder del grupo Túpac Katari, Vicente Salazar, este último ya bajo detención.

Repercusiones en la vida cotidiana

La prolongación de estas medidas de presión tuvo graves repercusiones en la vida cotidiana del país al impedir el tránsito de ambulancias y vehículos de emergencia, así como el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos esenciales. Actualmente, Morales, Argollo y Salazar enfrentan un complejo escenario jurídico que incluye una denuncia penal presentada por el Comité pro Santa Cruz y una querella criminal interpuesta por los ministerios de Gobierno y Defensa ante el Ministerio Público.

Responsabilidades legales

Estas instituciones buscan establecer las responsabilidades por las afectaciones y pérdidas humanas registradas durante este extenso conflicto. La situación continúa siendo monitoreada por diferentes entidades mientras se espera una respuesta efectiva ante esta crisis social.

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Crisis en la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo se enfrenta a una severa crisis financiera que ha comprometido gravemente su operatividad institucional. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, confirmó en declaraciones al programa La Tarde en Directo de Erbol que la reciente reducción presupuestaria impuesta a la entidad ha obligado a ejecutar un ajuste de personal, resultando en el despido de 44 funcionarios.

Impacto en la estabilidad laboral

Esta medida de austeridad no solo impacta la estabilidad laboral de los trabajadores, sino que también debilita la presencia territorial del Estado en zonas críticas. Esto ha forzado el cierre inmediato de una oficina y ha dejado programada la clausura de otras cuatro sedes, las cuales se encontraban estratégicamente situadas en regiones fronterizas del país.

Ajustes presupuestarios significativos

Al detallar el alcance del recorte, Callisaya precisó que la institución ha tenido que gestionar una disminución del 30% en su masa salarial y un 10% adicional en sus gastos corrientes. Como consecuencia de estos ajustes, el presupuesto total con el que contará la Defensoría para la gestión en curso asciende a Bs 36,1 millones, cifra que deberá cubrir la atención de sus funciones en todo el territorio nacional.

Compromiso con los derechos humanos

Ante esta realidad, el defensor lamentó profundamente que la capacidad operativa de la institución se vea limitada de tal manera. Sin embargo, enfatizó que, pese a las restricciones, el organismo mantendrá sus labores fundamentales en la defensa de los derechos humanos, incluyendo las acciones necesarias para fortalecer la cohesión social y atender las secuelas de los recientes conflictos registrados en el país.

Desmentido sobre manejo de recursos

En el marco de esta situación, Pedro Callisaya aprovechó la oportunidad para cuestionar y desmentir las versiones que circulan sobre un supuesto manejo de recursos excesivos por parte de su institución. El defensor calificó como falsas las afirmaciones de ciertas autoridades que sugieren que la Defensoría ha dispuesto de un presupuesto extraordinariamente amplio.

Transparencia financiera

Aclaró que, al realizar un ejercicio de contabilidad histórica, ni siquiera la sumatoria de todos los recursos asignados a la institución a lo largo de sus 28 años de existencia alcanzaría la cifra de Bs 500 millones. Con esta aclaración, la autoridad busca transparentar la situación financiera de la entidad y resaltar el desafío que representa cumplir con su misión constitucional en un contexto de recursos cada vez más limitados.

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El Defensor del Pueblo califica conflicto en Bolivia como nocivo

En una conferencia de prensa que dio este martes 23 de junio, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó el reciente conflicto en Bolivia como el más nocivo en la historia democrática reciente del país. Callisaya enfatizó que el daño causado entre bolivianos ha sido inédito por su magnitud y prolongación.

Gestión de crisis y diálogo

Además, subrayó que la gestión de crisis no debería limitarse a la respuesta ante medidas de presión ya consolidadas. En cambio, debe abordarse desde un nivel preventivo mediante un diálogo sincero y oportuno. Según Callisaya, es imperativo que la sociedad aprenda a escucharse para evitar que las diferencias escalen hasta niveles que paralicen el aparato productivo y pongan en riesgo la convivencia pacífica.

Estado de excepción y operativos policiales

El escenario para el desbloqueo estuvo condicionado por la decisión del Presidente Rodrigo Paz, quien el pasado sábado dictó un estado de excepción a escala nacional. Esta disposición legal permitió el despliegue coordinado de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para retomar el control de las carreteras.

Según el reporte del Defensor del Pueblo, los operativos realizados entre el 20 y 22 de junio se ejecutaron sin el uso significativo de la fuerza. Se registraron incidentes aislados en puntos críticos como el cruce Aguirre en Sacaba, Quella Quella, Llavini y Confital. El balance judicial concluyó con la aprehensión de cuatro personas; una fue imputada formalmente por el delito de uso indebido de bienes del Estado, mientras que las tres restantes fueron puestas en libertad tras las investigaciones pertinentes.

Afectaciones humanas y económicas

El saldo humano y material de este conflicto ha sido motivo de honda preocupación. En cuanto a las afectaciones físicas, se reportó que un efectivo policial sufrió quemaduras de primer grado y policontusiones durante las labores de desbloqueo en Cochabamba. Asimismo, la tragedia enlutó al Estado con el fallecimiento de cuatro oficiales de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y dos civiles, víctimas de un accidente aéreo vinculado indirectamente al contexto del estado de excepción, suceso que la Defensoría del Pueblo continúa monitoreando de cerca.

Más allá de lo humano, el impacto económico ha sido devastador. La Cámara Nacional de Industrias estimó pérdidas superiores a los 2.760 millones de dólares. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo ha impulsado mesas de trabajo interinstitucionales enfocadas en garantizar la provisión de oxígeno, medicamentos y la estabilización de los precios de la canasta básica.

Reactivación económica y acuerdos

Actualmente, las autoridades gubernamentales han comenzado a coordinar reuniones con el sector empresarial para explorar medidas de reactivación económica que trasciendan el financiamiento de créditos y permitan mitigar las secuelas de estos dos meses de parálisis en el país.

Tras finalizar un periodo crítico de más de 50 días de conflicto social, Bolivia experimenta un alivio progresivo con la liberación total de sus carreteras. Este hito ha dejado profundas cicatrices en el tejido social y económico de la nación.

El panorama, que hasta hace pocos días estaba marcado por la obstrucción constante de rutas mediante troncos y piedras, fue confirmado como despejado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) la mañana de este martes a las 07:15 horas, señalando el fin de una etapa de extrema tensión.

Acuerdos para la paz

La resolución de este conflicto fue posible gracias a una serie de acuerdos de pacificación suscritos entre el Gobierno nacional y organizaciones sociales clave, como la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y sectores afines a la facción evista. Estos acuerdos permitieron que las vías sean habilitadas paulatinamente mientras las brigadas estatales continúan con las labores de limpieza.

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Tras más de 50 días de bloqueos, legisladores criticaron la labor del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. Lo acusaron de no pronunciarse ante la vulneración de derechos que sufren transportistas, gremiales, comerciantes y la población en general.

Críticas a la falta de acción

El senador José Sánchez lamentó que el Defensor del Pueblo haya desaparecido después de las jornadas de diálogo que no dieron resultado. Consideró que Callisaya no defiende ni a un sector ni a otro, mientras varios grupos vieron vulnerados sus derechos durante los bloqueos.

“Estamos siendo vulnerados en nuestros derechos al libre tránsito, a la alimentación y al acceso a la salud. El Defensor del Pueblo no se pronuncia absolutamente en nada”, declaró el legislador. Enfatizó que es deber de Callisaya velar por los derechos de todos los bolivianos.

Fiscalización y seguimiento

Por su parte, la senadora Elena Pachacute también cuestionó el “silencio” del Defensor del Pueblo y su falta de acción para defender a la ciudadanía perjudicada por los bloqueos. Anunció un proceso de fiscalización a Callisaya en el marco de los conflictos que se han extendido por más de 50 días en el país.

Estado de excepción y derechos humanos

Recientemente, tras el decreto de estado de excepción en todo el territorio nacional, Pedro Callisaya enfatizó que ninguna medida puede derivar en restricciones arbitrarias de derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza, afectaciones a la integridad personal, detenciones ilegales o vulneraciones.

En este contexto, anunció que la Defensoría del Pueblo realizará acciones de monitoreo, verificación y seguimiento permanente a las medidas implementadas durante el estado de excepción. Esto busca precautelar el respeto de los derechos y garantías constitucionales de la población.

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Defensor del Pueblo lanza herramienta digital en La Paz

La Defensoría del Pueblo presentó oficialmente este lunes 4 de mayo de 2026 la herramienta digital Defensor del Pueblo en Línea. Esta plataforma permite que cualquier persona, sin importar su ubicación, registre denuncias por vulneración de derechos humanos de manera inmediata, segura y gratuita.

Objetivo de la plataforma

Durante la presentación, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, subrayó que esta plataforma busca “dignificar” la atención al ciudadano, según citó ABI. En un contexto donde la burocracia suele ser una barrera para la justicia, esta aplicación pretende actuar como un canal directo y transparente.

Iniciativa del Sistema de Servicio al Pueblo

La iniciativa forma parte del Sistema de Servicio al Pueblo, un plan de modernización que busca atender especialmente a sectores que enfrentan barreras estructurales. La plataforma permite no solo la denuncia, sino también la gestión para la restitución efectiva de derechos, ofreciendo asesoramiento legal preventivo.

Funciones críticas para la protección del denunciante

• Seguimiento en tiempo real: El usuario puede monitorear el estado de su caso desde su dispositivo móvil.
• Seguridad Blindada: El sistema utiliza códigos QR para el acceso a la información y cumple con protocolos de confidencialidad para proteger los datos personales.
• Soberanía Tecnológica: Fue desarrollada con software libre, bajo los lineamientos de la Agetic, asegurando eficiencia en el gasto público y sostenibilidad técnica.

Declaraciones de Pedro Callisaya

Callisaya afirmó: “La tecnología debe ser un puente, no un obstáculo. Con esta herramienta eliminamos la necesidad de acudir físicamente a las oficinas para iniciar un proceso o realizar el seguimiento, eliminando intermediarios”.

Acceso a la aplicación

La ciudadanía ya puede descargar la aplicación de forma gratuita desde Google Play bajo el nombre de Defensor del Pueblo en Línea. Con este despliegue, la Defensoría apuesta por una gestión pública que se adapte a los tiempos digitales sin perder de vista su misión fundamental: la defensa de la gente.

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La ineficacia del sistema judicial en violencia de género

Un exhaustivo informe defensorial sobre el cumplimiento de la Ley 348 (Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia) reveló la ineficacia del sistema estatal para sancionar los delitos de género. Según el documento, solo el 5,7% de las denuncias presentadas alcanza una sentencia ejecutoriada. Esta situación deja a la gran mayoría de las víctimas en un estado de total desprotección e impunidad.

Cifras alarmantes y brechas profundas

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que estas cifras no son meras estadísticas, sino un reflejo de una “brecha profunda y alarmante” entre el acto de denunciar y la capacidad del Estado para ofrecer una respuesta efectiva. El informe subraya que el sistema judicial actúa como un embudo donde la mayoría de los procesos se pierden en el camino.

Rechazo de denuncias y falta de fallos judiciales

De hecho, el 61% de las denuncias son rechazadas antes de avanzar. En aquellos casos donde el Ministerio Público logra presentar una acusación formal, el 58% aún no ha recibido un fallo judicial. Este contexto genera un círculo vicioso que perpetúa la violencia.

Falta de inversión en prevención

El análisis realizado por la Defensoría identifica la falta de inversión en prevención como uno de los pilares del problema. Actualmente, los recursos destinados a evitar que la violencia ocurra representan solo el 8% del presupuesto total asignado a la lucha contra la violencia de género. Esta desproporción contribuye al colapso del sistema penal, que se ve sobrecargado con una demanda que no puede gestionar.

Deficiencias en salud y coordinación interinstitucional

Aparte de las fallas judiciales, el informe denuncia “grandes deficiencias” en el sector salud y en la coordinación interinstitucional. Se han detectado irregularidades graves como la aplicación deficiente de protocolos en casos de violencia sexual, servicios de atención psicológica extremadamente limitados y demoras burocráticas en la emisión de certificados forenses, indispensables para sostener cualquier proceso legal.

Desatención coordinada y revictimización

Finalmente, Callisaya señaló que la falta de articulación entre el Ministerio Público, la Policía y el sector salud impide una ruta crítica de atención fluida. Esta desatención coordinada no solo retrasa los procesos, sino que revictimiza a las mujeres. Ellas enfrentan un aparato estatal lento y fragmentado que, en muchos casos, termina por abandonar las causas, perpetuando así el ciclo de violencia en el país.

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El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, criticó la situación judicial de la exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra. Callisaya consideró que la cantidad de procesos en su contra y la prolongación de las investigaciones constituyen una “persecución inhumana”.

La autoridad advirtió que Parra enfrenta 55 causas relacionadas con el caso, varias aún en investigación después de más de una década. Callisaya detalló que, de los 161 procesos abiertos en el marco del caso Fondo Indígena, al menos 55 están dirigidos contra la exfuncionaria.

“De estos 55, hay 23 casos que todavía se encuentran en procesamiento después de 10 años. ¿Se imaginan después de 10 años? Y otros que son cinco, que están con más de cinco años de investigación”, señaló Callisaya.

Detención preventiva y derechos vulnerados

La exdirectora del Fondo Indígena permaneció con detención preventiva entre 2015 y 2023. Durante este periodo, se denunció que estuvo privada de libertad por un tiempo que incluso superaba la pena máxima prevista para el delito que se le imputaba. “Imagínense la irracionalidad de la persecución penal”, expresó el defensor, según información publicada por Correo Del Sur.

Impacto en el debido proceso y justicia pronta

Callisaya también indicó que los procesos están distribuidos en distintos departamentos, como Santa Cruz y Oruro. Esto obliga a Parra a desplazarse constantemente junto a su defensa, testigos y peritos para asistir a audiencias que, en muchos casos, terminan suspendiéndose. A su juicio, esta situación vulnera el derecho al debido proceso y a una justicia pronta.

Pérdidas económicas para el Estado

El Defensor del Pueblo manifestó que además, perjudica al propio Estado. Mientras los casos no concluyan, tampoco se pueden recuperar posibles daños económicos. El defensor pidió a la autoridad judicial considerar todos estos antecedentes durante la audiencia prevista en las próximas horas.

Monitoreo continuo por parte de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo anunció que continuará monitoreando el proceso y realizando gestiones institucionales. No se descarta acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar una posible vulneración de derechos derivada de la prolongación de los procesos.

Llamado a racionalizar la persecución penal

Callisaya aclaró que no se trata de promover la impunidad. Sin embargo, sostuvo que el sistema judicial debe evitar prolongar indefinidamente los procesos penales. “Nadie va a promocionar ámbitos de impunidad, pero sí se debe racionalizar la persecución penal porque no podemos estar indefinidamente persiguiendo a las personas”, afirmó.

Nuevos procesos y retrasos reconocidos

Según Callisaya, incluso la Fiscalía General del Estado reconoció retrasos en las investigaciones relacionadas con este caso. Pese a ello, observó que recientemente se abrió un nuevo proceso por hechos ocurridos hace varios años y que el fiscal solicitó nuevamente la detención preventiva de Parra por seis meses.

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Preocupaciones por el ajuste tarifario

Callisaya advirtió que una nivelación de tarifas que no considere criterios de equidad social impacta directamente a aquellos sectores de la población que dependen del transporte aéreo como su principal medio de conexión. Esto es especialmente relevante en áreas donde las vías terrestres presentan dificultades, sobre todo durante la temporada de lluvias.

Como ejemplo, el Defensor del Pueblo mencionó que en la ruta Cobija – La Paz, el costo del pasaje aéreo asciende a 1,552 bolivianos por tramo. Esta cifra es considerada elevada para una gran parte de la población, lo que genera preocupación sobre la accesibilidad al transporte aéreo.

Impacto en desigualdades sociales

Callisaya también señaló que este tipo de ajustes tarifarios puede profundizar las brechas existentes entre las áreas urbanas y rurales, así como entre departamentos que tienen diferentes niveles de desarrollo y acceso a servicios. “Consideramos que una nivelación tarifaria que no incorpora criterios de equidad social puede profundizar desigualdades ya existentes entre regiones, entre áreas urbanas y rurales, y entre personas con distintas capacidades económicas”, expresó Callisaya en un video.

Solicitud de informe a la ATT

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha solicitado formalmente a la ATT un informe escrito que detalle los fundamentos técnicos y económicos del ajuste tarifario aplicado al transporte aéreo. El objetivo de esta solicitud es obtener información clara que permita evaluar el alcance real de la medida y sus efectos sobre los derechos de los usuarios.

Monitoreo de servicios en aeropuertos

Paralelamente, la institución defensorial informó que está llevando a cabo un monitoreo en distintos aeropuertos del país. Esta acción tiene como finalidad verificar que los servicios se brinden en condiciones justas, con información transparente y un trato digno hacia los pasajeros, todo en el marco de las normas vigentes y el respeto a los derechos de la población.

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Solicitud de investigación

Callisaya indicó que, si se confirman los hechos delictivos, se iniciarán las acciones correspondientes respetando el debido proceso. “Si se ha detectado algún hecho delictivo cometido por los Ponchos Rojos, con seguridad las autoridades competentes van a iniciar esta investigación y tomar acciones. Nosotros también vamos a pedir que se inicien estas acciones en el marco del respeto del debido proceso”, dijo.

Agresiones durante las protestas

Durante las protestas se registraron agresiones contra civiles. Entre las víctimas se encuentran un hombre y su hija, quienes fueron atacados con chicotazos cerca de un punto de bloqueo en Río Seco. También fue agredido el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, quien sufrió agresiones durante estos incidentes.

Condena a la violencia

El Defensor del Pueblo condenó toda forma de violencia y pidió al Gobierno que acelere sus compromisos. “Hay diálogo que se ha impulsado y ha dado un resultado, pero ahora toca generar el espacio de tranquilidad”, señaló el Defensor.

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El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, valoró que en los últimos días se hayan abierto algunos espacios de conversación entre el Gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, advirtió que las movilizaciones continúan en rechazo a la norma impulsada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, especialmente por su impacto en el costo de vida, los pasajes y el precio de los alimentos.

Derecho a la protesta

Callisaya recordó que el derecho a la protesta está plenamente reconocido por la Constitución y los tratados internacionales, en el marco de la libertad de expresión. No obstante, subrayó que toda manifestación debe desarrollarse de forma pacífica, sin hechos de violencia ni vulneración de derechos de terceros.

Monitoreo de protestas

En ese contexto, informó que la Defensoría desplegó a todo su personal en sus 21 oficinas a nivel nacional para el monitoreo permanente de las protestas. Actualmente, equipos defensoriales acompañan la marcha iniciada por la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros de Bolivia, que avanza desde la avenida Naciones Unidas, con el objetivo de prevenir excesos y promover el respeto a los derechos humanos.

Fortalecimiento del diálogo

Asimismo, el Defensor instó al Órgano Ejecutivo y a los gobiernos departamentales y municipales a fortalecer los canales de diálogo que permitan brindar certidumbre a la población, en particular a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad económica. Anunció además que la Defensoría impulsará la creación de un fondo solidario para atender a las familias más afectadas por el alza de precios y el incremento de las tarifas de transporte.

Importancia del diálogo

“El diálogo sigue siendo indispensable para resolver las diferencias y atender las inquietudes de la población”, reiteró Callisaya, al advertir que los próximos días serán determinantes para evitar que la conflictividad social se profundice.

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La medida fue anunciada públicamente tras un extenso proceso de seguimiento a las denuncias sobre la presencia de cianuro en las fuentes hídricas de la zona. A pesar de las evidencias, las autoridades competentes no han tomado acciones efectivas para detener el daño ambiental ni para proteger la salud de la población.

Acción constitucional presentada

“La falta de respuestas oportunas y eficaces nos ha llevado, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 222 de la Constitución Política del Estado, a interponer esta acción constitucional que busca resguardar los derechos fundamentales de la población”, expresó Callisaya a través de sus redes sociales.

Esta acción está dirigida contra el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable (AAPS), el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha.

Objetivo de la acción

Según explicó el Defensor del Pueblo, el objetivo es que la justicia ordene a estas entidades asumir de manera eficaz sus competencias de fiscalización y control sobre las actividades mineras que operan en el municipio. Esto es fundamental para proteger el derecho de la población a un medioambiente sano y la integridad de la Madre Tierra.

La denuncia fue reforzada durante el programa de streaming institucional “El Defensor con el Pueblo”, donde se abordó el caso bajo el título “Contaminación de recursos hídricos – caso Viacha”. En este espacio participaron expertos como Leonardo Blanco y Rafael Anze, de la Asociación Multidisciplinaria de Consultores Ambientales, así como el gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Viacha, Eddy Gutiérrez.

Complejidad institucional

Durante el programa, Callisaya destacó la complejidad del entramado institucional vinculado a la actividad minera. Este entramado involucra distintos niveles del Estado —municipal, departamental y nacional— con instrumentos como licencias de operación, manifiestos ambientales y otras herramientas de regulación.

No obstante, la autoridad subrayó que la inacción y la falta de coordinación entre estas instancias han impedido una supervisión efectiva. Esto ha derivado en un aumento de los conflictos socioambientales en la región. “A pesar de la existencia de un Comité Interinstitucional y varios intentos de coordinación, no se lograron los resultados esperados según el plan de acción”, lamentó.

Urgencia de intervención judicial

El Defensor sostuvo que el riesgo para la salud pública, la salubridad y el acceso al agua son razones suficientes para que el sistema judicial intervenga con urgencia. “Esperamos que esta acción constitucional sea acogida plenamente por la jurisdicción correspondiente y que se restablezca el control y la supervisión que deben ejercer estas instituciones del Estado”, concluyó.

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Esta declaración se realizó después de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, instruyera la revisión de los casos de Jeanine Añez, Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Estos tres enfrentan audiencias el lunes por el caso conocido como “Golpe de Estado I”.

Estadísticas sobre la detención preventiva

Callisaya señaló que, hasta junio de 2025, hay un total de 33,275 personas privadas de libertad bajo detención preventiva. De este número, el 58.2% son detenidos que también están esperando que sus procesos sean revisados dentro de los plazos legales establecidos.

Instrucciones del TSJ

La instrucción del presidente del TSJ a los tribunales departamentales establece que la revisión de los casos mencionados debe realizarse en un plazo de 24 horas. “Garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas”, añadió Callisaya.

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Según el informe, la mayor cantidad de denuncias se concentró en La Paz, donde se registraron 163 casos. Otras regiones con un número significativo de denuncias fueron Oruro, con 95; Beni, con 63; y Santa Cruz, con 34.

Principales observaciones

Entre las principales observaciones se encontraron problemas relacionados con la emisión del certificado de impedimento, dificultades en el ejercicio del voto preferente, falta de puntos de información, retrasos en la habilitación de mesas de sufragio y ciudadanos que no aparecieron en las listas electorales.

Condiciones en los recintos

El monitoreo realizado por la Defensoría estableció que el 94% de los recintos electorales contaba con señalización adecuada para ubicar las mesas de votación. Además, el 91% de los recintos disponía de un punto de información para consultas.

También se verificó que el 96% de los recintos cumplía con condiciones de privacidad y seguridad para garantizar el voto secreto. Sin embargo, el 28% de ellos carecía de accesibilidad para personas con dificultades de movilidad.

Voto asistido y preferente

Asimismo, se constató que en más de la mitad de los recintos se atendieron solicitudes de voto asistido o preferente. No obstante, en el 27% de los casos no se habilitó un espacio específico para este procedimiento.

Seguridad durante la jornada

En cuanto a la seguridad, el 96% de los recintos contó con presencia policial. Además, en el 85% de los lugares también participaron efectivos de las Fuerzas Armadas. Según el reporte, la jornada electoral se desarrolló de manera pacífica y transparente, aunque en el 15% de los recintos se presentaron quejas e incidentes menores.

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Callisaya destacó que el centro se encargará de atender denuncias relacionadas con la vulneración de derechos de los ciudadanos en el ejercicio democrático. Se dará prioridad a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. “Estamos trabajando con profesionales defensoriales especializados en derechos de diferentes grupos vulnerables, monitoreando el respeto y ejercicio de los derechos humanos durante la jornada electoral”, afirmó.

Entre los objetivos del centro se incluye coordinar la operación nacional y departamental de monitoreo en recintos electorales. También se recepcionarán, registrarán y derivarán denuncias sobre vulneraciones de derechos humanos. Además, se generará información y reportes periódicos para la toma de decisiones institucionales, y se monitorearán y registrarán hechos de conflictividad electoral.

Monitoreo en recintos electorales

“Realizaremos el monitoreo con 700 voluntarios y 200 funcionarios en 500 recintos electorales de 70 municipios, incluyendo las 9 capitales y El Alto. Visitaremos 50 instituciones, como centros penitenciarios, celdas policiales, hospitales, centros de acogida y unidades militares, para verificar el ejercicio de derechos civiles y políticos”, detalló Callisaya.

El Centro de Monitoreo cuenta con un equipo técnico especializado que atenderá los reportes y denuncias en contacto con las 21 oficinas defensoriales. Este equipo sistematizará la información, emitirá alertas tempranas sobre denuncias o conflictos, y coordinará con el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), la Policía Boliviana y observadores internacionales.

Canales de atención

El funcionamiento del centro iniciará a las 07:00 horas y se extenderá hasta aproximadamente las 20:00. Se habilitarán diferentes canales de atención, incluyendo una línea gratuita 800-10-8004, WhatsApp 72006607 y la plataforma web: https://www.defensoria.gob.bo/.

Plan nacional de monitoreo

Este Centro es parte del Plan Nacional de Monitoreo, que contempla tres momentos. El primero es el pre-electoral, donde se promociona el voto informado. Se ha activado la plataforma web “Tu Decisión, Tu Voz” con propuestas políticas y se han realizado conversatorios públicos. Durante la jornada electoral, se activará el centro con cerca de 1.000 observadores.

Al cierre del proceso electoral, como un tercer momento, la Defensoría emitirá un informe público con conclusiones y recomendaciones al Órgano Electoral Plurinacional. Esto contribuirá a elecciones inclusivas y ajustadas a derechos humanos.

Se estima que, sumando todos los monitores, incluyendo organismos internacionales y sociedad civil, habrá un total aproximado de 3.500 observadores en todo el país.

/KMMN

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“El voto es una herramienta poderosa de transformación. Convocamos a la población a no quedarse al margen del proceso electoral y a ejercer este derecho con plena conciencia y responsabilidad”, afirmó Callisaya en una declaración pública.

Despliegue institucional

Desde la Defensoría del Pueblo se anunció que se activará un despliegue institucional para acompañar la jornada electoral antes, durante y después del 17 de agosto. Se prestará especial atención a los sectores más vulnerables.

El objetivo —según la entidad— es garantizar que el proceso se desarrolle con respeto a los derechos humanos y bajo los principios de igualdad, legalidad y no discriminación.

Vigilancia de derechos

“La ciudadanía debe saber que estaremos vigilantes, denunciando cualquier vulneración y exigiendo que se respeten los derechos de todas y todos”, subrayó el Defensor. Además, recordó que Bolivia está sujeta a convenios internacionales que obligan a proteger a grupos históricamente marginados como mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

Compromiso con la democracia

En esa línea, Callisaya advirtió que la Defensoría observará atentamente posibles restricciones o usos arbitrarios del poder que puedan comprometer las garantías fundamentales de la población. “No dudaremos en cuestionar cualquier exceso o práctica antidemocrática que afecte el ejercicio pleno del voto”, afirmó.

Un llamado a la ciudadanía

El mensaje concluyó con una exhortación clara: “Construir una democracia sólida es tarea de todas y todos. El 17 de agosto no solo se elige a autoridades, se reafirma el compromiso ciudadano con el país”.

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En este contexto, la Defensoría del Pueblo ha identificado tres zonas en tres departamentos que podrían registrar conflictos durante las elecciones programadas para el 17 de agosto de 2025.

“Tenemos mapeados ya los lugares de conflictividad que no solamente son Cochabamba, por si acaso, hay por lo menos tres espacios en el territorio nacional”, manifestó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Las áreas en riesgo se encuentran en Cochabamba, el norte de Potosí y el este de Santa Cruz, en la zona colindante con el territorio cochabambino.

Componentes del plan defensorial

El plan se divide en dos componentes: el primero está relacionado con el voto informado y el segundo se enfoca en el monitoreo del proceso electoral.

Callisaya explicó que, en el primer eje, se ha habilitado el aplicativo web “Tu decisión, tu voz”, que proporcionará información sobre los candidatos. Esta plataforma incluye 20 preguntas dirigidas a las organizaciones políticas, elaboradas bajo criterios de derechos humanos.

“Se están generando también cuatro diálogos plurales, de hecho, hoy se va a dar el segundo diálogo plural para agendar el tema de las elecciones en el contexto de derechos humanos y así contar con información válida para la población”, añadió.

Monitoreo del proceso electoral

El segundo eje abarca el monitoreo integral del proceso electoral. Para llevar a cabo esta tarea, se desplegarán 700 voluntarios y 100 funcionarios de la Defensoría del Pueblo, quienes realizarán seguimiento en al menos 700 recintos electorales.

“Al finalizar este proceso electoral, la Defensoría del Pueblo emitirá un informe final del proceso eleccionario con recomendaciones en forma particular al Órgano Electoral Plurinacional”, afirmó Callisaya.

Además, se recibirán denuncias relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos durante la jornada electoral.

Advertencias de sectores evistas

En diversas ocasiones, sectores evistas han lanzado advertencias en contra del proceso electoral. Una de las últimas se registró el sábado 12 de julio durante un ampliado realizado en Lauca Ñ (trópico de Cochabamba), cuando el expresidente Evo Morales advirtió que no se llevarán a cabo las elecciones si no lo habilitan como candidato.

“Si no hay participación de la Bolivia profunda, de nuestro movimiento político, el instrumento político más grande de toda la historia de Bolivia, no hay democracia. Vamos a ver si se realizan las elecciones el 17 de agosto de 2025. Saludo también, si no estamos en la contienda, no hay elecciones, no tenemos ningún miedo, ahí van a ver”, dijo.

En ese encuentro, la representante del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), Ruth Nina, advirtió que si el exmandatario no era habilitado, se contarían muertos en vez de votos.

“El Tribunal Electoral y el Gobierno, en vez de contar votos, van a contar muertos, eso es lo que va a pasar si atentan contra nuestras comunidades indígenas, si nos obligan a querer votar por aquellos (otros candidatos)”. Dijo que “orgánicamente” los afines a Morales determinaron “dar sus vidas”.

Morales, quien está inhabilitado por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, pretendía postular con Pan-Bol, fuerza que perdió su personería jurídica debido a que no logró el 3% mínimo en las elecciones de 2020.

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En una entrevista con la Red Erbol, Callisaya destacó que las protestas actuales son resultado del malestar ciudadano por la crisis económica y la incertidumbre electoral.

“Estamos entrando a lo irracional. No podemos permitir que esto se traduzca en sangre, violencia, heridos. Necesitamos una tregua”, afirmó Callisaya.

Factores de la escalada social

Señaló que la actual escalada de protestas responde a una combinación peligrosa: el malestar ciudadano por la situación económica y la incertidumbre sobre el futuro electoral. “Ambos factores se están mezclando en las calles y pueden desembocar en una consigna extrema: la renuncia del Presidente”, advirtió.

Camino democrático

Frente a este panorama, insistió en que el camino debe ser democrático: “Desde la Defensoría del Pueblo apostamos por transiciones democráticas. Esto debe resolverse en las urnas, asegurando el voto en Bolivia y en el exterior”.

Defensa de los derechos humanos

El defensor enfatizó que la institución que dirige no tiene una agenda política, sino una misión clara: la defensa de los derechos humanos. “No voy a partidizar la Defensoría. Nuestra labor es objetiva y se traduce en promover el diálogo, denunciar violaciones, generar evidencia y mostrarla ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Subcomité contra la Tortura”.

Monitoreo de protestas

Finalmente, recordó que la Defensoría mantiene un monitoreo constante de las protestas en todo el país e instó al Gobierno a gestionar la conflictividad de forma efectiva y no represiva. “Necesitamos bajar la tensión y evitar que esta crisis termine en hechos lamentables. La ciudadanía merece certezas, no más violencia”, concluyó.

Callisaya también destacó que su labor incluye promover el diálogo y generar evidencia para presentar ante organismos internacionales. Además, subrayó que es fundamental asegurar un proceso electoral transparente tanto dentro como fuera del país para abordar las demandas ciudadanas.

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Callisaya describió la situación actual como una “señal no positiva” en el ámbito de la justicia constitucional. Añadió que esto podría socavar la integridad del proceso electoral en curso.

Importancia de la participación política

El Defensor subrayó que, aunque es fundamental cumplir con los requisitos establecidos en la ley, también es esencial garantizar la participación más amplia posible de todas las fuerzas políticas en el proceso electoral.

Lecciones del pasado

Callisaya recordó que la elección judicial de 2024 ya se vio afectada por decisiones judiciales que vulneraron el principio de preclusión, lo que resultó en un retraso del proceso. “No podemos llegar nuevamente a este escenario”, afirmó.

Exhortación a la responsabilidad judicial

En este contexto, Callisaya instó a las instancias judiciales a que resuelvan las acciones constitucionales pendientes con responsabilidad y en apego al debido proceso. Esto es crucial para evitar afectar el desarrollo de una contienda democrática y abierta.

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Callisaya explicó que se llevó a cabo un análisis del documento para “garantizar la protección de los derechos de las personas bolivianas y de ciudadanos de terceros países que se dirigen a Chile”. Este análisis busca anticipar posibles impactos que podrían surgir antes de la implementación y desarrollo del reglamento, especialmente en relación con la población más vulnerable en situación de movilidad humana.

Preguntas sin respuesta

El defensor del Pueblo subrayó que el reglamento necesita aclarar qué sucederá si un extranjero que transitó por Bolivia es devuelto al país. “¿Esta persona se quedará en Bolivia? ¿Regresará a su país de origen? ¿Qué pasará con los niños que estén acompañados por adultos que no puedan demostrar su parentesco? ¿Cómo se manejará a las personas que soliciten asilo? Hay muchos temas que requieren aclaración”, argumentó Callisaya.

Propuestas y recomendaciones

La Defensoría del Pueblo ha elaborado un documento que incluye observaciones, propuestas y recomendaciones clave sobre la aplicación del acuerdo. Este documento se enfoca en garantizar la aceptación del retorno o reingreso de nacionales y extranjeros de terceros países que hayan evadido el control migratorio en un radio de diez kilómetros de la frontera. También se proponen medidas de protección para niñas, niños y adolescentes no acompañados o que viajen con adultos que no puedan acreditar su vínculo con ellos.

Además, se sugiere la implementación de mecanismos de protección internacional en las zonas fronterizas y el fortalecimiento técnico y logístico de las entidades que operan en la frontera. Esto es fundamental para asegurar una gestión migratoria adecuada.

Compromiso con la frontera

Callisaya destacó que, conforme al Plan de Fronteras 2024-2028, la Defensoría del Pueblo continuará realizando las gestiones necesarias, así como el seguimiento y monitoreo de las zonas fronterizas con Chile. Finalmente, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que dialoguen sobre la aplicación del acuerdo, con el objetivo de garantizar condiciones justas y seguras para las cientos de personas que transitan diariamente hacia Chile.

/KMMN

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El titular de la Defensoría, Pedro Callisaya, explicó que 21 oficinas defensoriales realizaron una verificación entre el 20 y el 24 de enero sobre las condiciones de los establecimientos educativos. Durante este proceso, se recibieron denuncias sobre vulneraciones de derechos y se supervisó la implementación del Plan de Convivencia Pacífica y Armónica (PCPA).

Callisaya detalló que en el 67% de las unidades educativas visitadas se encontraron techos con filtraciones. Asimismo, el 53% de las escuelas registró humedad en las paredes. En cuanto a los vidrios, el 45% de las aulas tenía vidrios faltantes. Además, el 43% de las instituciones presentaba grietas en las paredes y desgaste en los pisos.

El 29% de las escuelas exhibía techos con riesgo de derrumbe, el 28% tenía puertas rotas y el 26% contaba con conexiones eléctricas deficientes. Estas condiciones generan preocupación sobre la seguridad de los estudiantes.

Denuncias recibidas

La Defensoría del Pueblo también informó que se recibieron 293 denuncias relacionadas con negativas de inscripción, falta de cupos, entrega de libretas, cobros irregulares y discriminación. Además, se constató que el 17% de los colegios aún no ha implementado el PCPA, a pesar de que existe una normativa vigente al respecto.

Reunión con autoridades

Ante la gravedad de las condiciones detectadas, la Defensoría convocó a una reunión programada para el jueves 6 de febrero. En este encuentro participarán autoridades del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) y la Asociación de Padres y Madres de Familia.

El objetivo de esta reunión es coordinar acciones urgentes que garanticen entornos seguros y adecuados para los estudiantes en las unidades educativas.

Problemas en el inicio del ciclo escolar

Al inicio de la gestión escolar 2025, varias unidades educativas del eje central también han evidenciado problemas de infraestructura. En La Paz, el Colegio Nacional Ayacucho mostró deterioro en su fachada y muros internos.

En Cochabamba, la escuela René Barrientos presentó deficiencias en el sistema eléctrico y problemas estructurales en las aulas. Por su parte, en Santa Cruz, el Colegio 24 de Marzo reportó techos en mal estado, aulas sin ventanas y baños que no cumplen con las condiciones adecuadas para su uso.

Preocupación de padres y docentes

La situación ha generado una gran preocupación entre los padres de familia y los docentes, quienes exigen soluciones inmediatas para evitar riesgos a la seguridad de los estudiantes. Callisaya hizo un llamado a los gobiernos municipales para que atiendan estas deficiencias y garanticen condiciones dignas para el desarrollo del calendario escolar.

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Callisaya subrayó la importancia de reconstruir valores y promover la justicia restaurativa en lugar de optar por el encarcelamiento. En su opinión, ante el alto nivel de intolerancia, la falta de respeto, la pérdida de valores y la escasez de empatía, es crucial que el Estado genere espacios punitivos y de prevención en diferentes niveles. Esto ayudará a evitar situaciones que puedan afectar los derechos humanos.

Funciones de la Defensoría del Pueblo

Dentro de las responsabilidades de la Defensoría del Pueblo, se encuentra el seguimiento constante al trabajo de la Policía y del Ministerio Público. Esto es esencial para garantizar el cumplimiento del debido proceso y prevenir la impunidad en casos relacionados con la intolerancia y el respeto a los derechos humanos.

Reflexión sobre sanciones

El defensor hizo hincapié en la necesidad de reconducir las sanciones. Destacó la urgente necesidad de reflexionar y mejorar el servicio comunitario. “Hay que reconstruir los valores y recuperarlos, hay que avanzar hacia la justicia restaurativa. No se soluciona metiendo a las personas a la cárcel, más con un sistema penitenciario altamente débil”, afirmó Callisaya.

Callisaya también ejemplificó que se están generando espacios de reflexión intergeneracional dentro de la Defensoría del Pueblo. Esta institución trabaja en la prevención de la violencia en la población estudiantil a través de un proyecto denominado “Defensor Estudiantil”. Este tipo de iniciativas son fundamentales para fomentar un ambiente más respetuoso y empático entre los jóvenes.

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Callisaya hizo un llamado a evitar que se repitan los problemas legales que se vivieron en las elecciones judiciales de 2023, las cuales finalmente se llevaron a cabo en 2024. En este sentido, subrayó la importancia de que el proceso electoral se realice dentro del marco constitucional establecido.

El Defensor del Pueblo expresó su deseo de que el TCP no se convierta en un “actor nocivo”, como sucedió en las elecciones judiciales. En ese contexto, mencionó los retrocesos legales que se produjeron, tales como la anulación del principio de preclusión y la limitación de postulantes. Estas situaciones generaron controversia y desconfianza en el sistema electoral.

Importancia de un proceso electoral claro

Callisaya enfatizó que es esencial que las elecciones de 2025 se realicen dentro del marco constitucional y que se fomente una competencia genuina, basada en propuestas claras y concretas.

“Es prioritario que las elecciones sean un verdadero ejercicio democrático, que ofrezca propuestas competitivas que respondan a las expectativas de la ciudadanía”, afirmó Callisaya. Además, destacó que el desarrollo democrático no solo se manifiesta a través del voto, sino también en el respeto a la soberanía popular y la garantía de los derechos fundamentales.

Advertencias sobre la democracia

“La única vía para que podamos convivir entre bolivianos es el ejercicio extremo de la democracia”, advirtió Callisaya. En este sentido, señaló que cualquier alternativa a la democracia podría poner en peligro tanto la institucionalidad del país como los derechos de los ciudadanos.

En su intervención, Callisaya también abordó la evaluación negativa de los derechos humanos durante la gestión de 2024, así como el proceso de debilitamiento institucional que atraviesa Bolivia. Esto hace que sea aún más urgente fortalecer el sistema democrático en el país.

Riesgos por falta de acuerdos

La falta de acuerdos entre los actores políticos podría poner en riesgo el sistema democrático y generar un serio descrédito ante la ciudadanía. Callisaya concluyó que es fundamental trabajar en conjunto para garantizar un proceso electoral transparente y confiable.

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Conflictos sociales en aumento

Durante su intervención, Callisaya denunció que tras 11 días de bloqueos liderados por “evistas”, ya se han comenzado a movilizar sectores que exigen el desbloqueo de vías. Entre las demandas, también sobresalen las de los choferes, quienes piden un aumento de tarifas, y del sector salud, que reclama por el deterioro de sus condiciones laborales y de atención.

Escasez de insumos críticos

El Defensor del Pueblo subrayó la alarmante escasez de insumos, verificando centros de acogida para adultos mayores y niños, así como hospitales en 4 departamentos: Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Oruro. “Hemos encontrado centros de acogida sin raciones secas, verduras, frutas o carne. En hospitales, las reservas de comida apenas alcanzarán para esta semana”, expresó Callisaya.

Grupos paraestatales y uso de armas

Callisaya también señaló que grupos paraestatales estarían operando en conjunto con la Policía en puntos de bloqueo, lo que consideró irregular y contrario a la ley. Denuncias desde el ala “evista” alegan que la Policía intentó desbloquear usando grupos de choque civiles armados en el puente Ichilo.

La situación se agrava con la aparición de armas de fuego en ciertos puntos de bloqueo. “No podemos tolerar esto. El Estado debe investigar las circunstancias para evitar mayores desbordes”, instó Callisaya, quien también mencionó un ataque a la Policía por francotiradores durante un intento de desbloqueo en la carretera Oruro-Potosí.

Judicialización de las protestas

La judicialización de las protestas también fue un tema central en su discurso. Hasta el momento, se han contabilizado 43 personas detenidas durante los últimos 10 días de bloqueos, generando preocupación sobre el uso del poder estatal para limitar el derecho a la protesta. “No se puede utilizar el encarcelamiento como una solución a las manifestaciones. Las cárceles están hacinadas y vulneran derechos fundamentales”, alertó.

Callisaya advirtió sobre una aplicación desigual de la ley, donde algunos han sido detenidos por poseer petardos, mientras otros casos quedan sin investigar. Asimismo, hizo un llamado a deponer actitudes intransigentes y generar diálogos humanitarios.

Un llamado al diálogo

Finalmente, el Defensor del Pueblo emplazó al Estado a crear un espacio real y transparente para el diálogo. A su vez, solicitó al Ministerio Público que se investigue la existencia y funcionamiento de grupos paraestatales y el uso de armas durante las manifestaciones.

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El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, mencionó que se está enviando una nota al presidente del TCP para que adopte decisiones rápidas y oportunas en favor de las elecciones judiciales.

Declaraciones sobre el proceso

Dos salas constitucionales de las regiones amazónicas de Pando y Beni declararon el martes “desiertas” las convocatorias para elegir a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esto ocurrió debido a recursos planteados por algunos candidatos que no fueron seleccionados por el Parlamento para participar en los comicios.

Callisaya advirtió que una posible paralización de las elecciones judiciales representaría una “situación muy peligrosa” que “profundiza la fragilidad institucional democrática” en Bolivia.

Acciones del defensor del pueblo

El defensor del Pueblo enfatizó que sería “funesto” para la población si la institucionalidad del Estado no logra resolver este problema. Además, mencionó que se comunicará con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que informe sobre las acciones que se tomarán en este caso.

También planea acercarse a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas para discutir la situación.

Reacciones del TSE y expresidentes

Ante la posibilidad de que no se realicen las elecciones judiciales, el TSE indicó que tomará “todas las acciones legales” necesarias para garantizar la realización de los comicios. Lamentó que las salas constitucionales se hayan “extralimitado en su análisis” al colocarse “por encima del Legislativo”.

El expresidente Evo Morales, a través de un mensaje en la red X, acusó al Gobierno de Luis Arce de convertir las elecciones judiciales “en una bolsa más de sus prebendas”, lo que vacía de legitimidad el proceso.

Opiniones de otros expresidentes

El también exmandatario Carlos Mesa expresó en sus redes sociales que el Gobierno “acaba de perpetrar un nuevo golpe a la democracia”, permitiendo que “los autoprorrogados sigan usurpando funciones y cometiendo ilegalidades”.

Eduardo Rodríguez, expresidente de 2005 a 2006, afirmó que es “más que urgente” iniciar un diálogo político y ciudadano para llevar a cabo una reforma estructural del sistema, incluyendo la fallida modalidad de elección por voto popular de magistrados.

Contexto constitucional y elecciones anteriores

La Constitución, vigente desde 2009, establece que los magistrados de los principales tribunales del país deben ser elegidos por voto popular, después de ser seleccionados por el Legislativo, para un mandato de 6 años.

En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de los electores votó nulo y blanco, rechazando los procesos porque los consideraron manipulados por la mayoría legislativa del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que podría resultar en la elección de jueces afines al oficialismo.

Problemas en la convocatoria actual

Los nuevos comicios judiciales estaban programados para 2023, pero no se llevaron a cabo debido a las diferencias entre el oficialismo y la oposición, así como a los recursos legales que obligaron a que la convocatoria se reiniciara varias veces.

En diciembre pasado, los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de otras cortes, argumentando que así evitaban un “vacío de poder” hasta que se realicen nuevos comicios.

Protestas y situación actual

La extensión del mandato de los jueces provocó fuertes protestas tanto de la oposición como del sector oficialista del MAS que respalda a Evo Morales, quien realizó un bloqueo de caminos pidiendo la renuncia de los magistrados, aunque esto finalmente no ocurrió.

Unos 7,8 millones de personas están habilitadas en Bolivia para votar en estas polémicas elecciones judiciales programadas para el próximo 1 de diciembre.

Fuente: EFE

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Callisaya argumentó que esta declaración permitiría movilizar más recursos y llevar a cabo acciones efectivas para enfrentar la crisis que se está viviendo.

La situación actual

“Nuestra casa se sigue quemando y está a punto de quedar en cenizas”, expresó Callisaya, quien alertó sobre la devastación que el fuego ha causado en el país.

En una conferencia de prensa, el Defensor del Pueblo instó al mandatario a activar las disposiciones de la Ley 602 de Gestión de Riesgo. Esta ley permite declarar un desastre nacional cuando los daños superan la capacidad económica y técnica del Estado, lo que a su vez requiere asistencia internacional.

Impacto en la biodiversidad

“No podemos permitir que nuestra casa llegue a estar en un estado de cenizas, porque el avance del fuego está depredando, está destruyendo totalmente la biodiversidad en nuestro país”, enfatizó Callisaya.

Además, el defensor destacó que los incendios están afectando los derechos de los pueblos indígenas, lo que ha provocado su desplazamiento y un deterioro en la calidad del aire.

Medidas del gobierno

A pesar de que el Gobierno ya declaró una emergencia y ha gestionado ayuda internacional, incluyendo la contratación de un avión cisterna y un helicóptero, Callisaya insistió en que es crucial declarar un desastre nacional para enfrentar esta crisis ambiental de manera más efectiva.

Extensión de los incendios

Hasta la fecha, los incendios forestales han consumido más de 3.8 millones de hectáreas en lo que va del año. Los departamentos más afectados por esta situación son Santa Cruz y Beni.

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Callisaya instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como a los sectores movilizados, a “mantener la calma y evitar acciones que puedan derivar en hechos de violencia y mayor conflictividad en el país”.

Preservar el sistema democrático

El Defensor del Pueblo también hizo un llamado a asumir “acciones positivas para preservar el sistema democrático en el país y resolver cualquier diferencia a través del diálogo y respeto”. En este sentido, pidió que el uso de la fuerza estatal se realice de manera excepcional, legítima, necesaria y proporcional, siempre respetando los derechos humanos.

Derechos de terceros

Asimismo, exhortó a los sectores movilizados a que las manifestaciones no afecten los derechos de terceros. En este contexto, se espera que las acciones de protesta continúen durante la semana, lo que podría intensificar la tensión social en el país.

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La denuncia destaca la falta de medidas tanto preventivas como reactivas ante la creciente crisis ambiental que ha afectado a diversas regiones desde 2019. La acción popular presentada por Callisaya incluye una serie de datos sobre incendios forestales, con información recopilada desde 2019, que demuestra cómo los focos de calor han ido aumentando a lo largo de los años.

Falta de Responsabilidad

Callisaya afirmó que las autoridades no han tomado las medidas preventivas necesarias para evitar el desastre ambiental que estamos enfrentando actualmente. “En este momento no basta con apagar y sofocar los incendios, sino que hay que tomar las medidas con seriedad”, enfatizó. El documento presentado resalta cinco aspectos relevantes sobre los que se exigen acciones concretas.

Derecho al Medioambiente

El primer aspecto se refiere al derecho al medioambiente en relación con la salubridad pública. En este sentido, se señala que ninguno de los niveles estatales ha actuado de acuerdo con lo que establece la norma. Si las autoridades hubieran cumplido con sus deberes en cuanto a la prevención de alertas tempranas, el escenario actual no sería tan desfavorable.

Derechos de la Madre Tierra

Los otros aspectos mencionados en la acción popular se relacionan con los derechos de la Madre Tierra, que están vinculados con la biodiversidad y las áreas protegidas. También se hace referencia a los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NPIOC) en relación con la tierra, el territorio y la territorialidad. Además, se aborda la situación del pueblo indígena Ayoreo en aislamiento voluntario y la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales.

Omisión de Autoridades

La acción popular identifica una omisión por parte de las autoridades demandadas, lo que vulnera los derechos humanos de la Madre Tierra y sus habitantes. “Han omitido cumplir eficientemente sus responsabilidades” en diferentes aspectos, como las competencias de los gobiernos autónomos municipales y departamentales, así como la omisión del nivel central del Estado en la protección de la naturaleza y el medio ambiente.

Irresponsabilidad en la Crisis

En este contexto, el Defensor del Pueblo cuestionó que “nadie se hace responsable. Estamos quemando nuestra casa por la irresponsabilidad de aquellos que debieron tomar las medidas necesarias en su momento para mitigar este desastre natural”.

Las autoridades mencionadas en la acción popular incluyen a los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer Rosales; Salud y Deportes, María Renée Castro Cusicanqui; y Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro. También se citan a los gobernadores Mario Aguilera (Santa Cruz), José Alejandro Unzueta (Beni) y Regis Germán Richter (Pando), así como a los alcaldes de San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos y Puerto Quijarro.

/AA

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El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha expresado su preocupación por este caso, señalando que el artículo 49 de la Ley 1008 necesita una definición clara sobre la cantidad máxima de droga que se puede poseer legalmente para consumo personal. En su cuenta de X (antes Twitter), Callisaya afirmó que este incidente demuestra la necesidad de evitar la arbitrariedad de las autoridades y garantizar el debido proceso, sin importar la nacionalidad de las personas involucradas.

Vacío legal en la Ley 1008

El artículo 49 de la Ley 1008 establece que aquellos que sean sorprendidos en posesión de cantidades mínimas de droga para consumo personal deben ser internados en un instituto de farmacodependencia para su tratamiento. Sin embargo, no se especifica claramente cuál es la cantidad máxima permitida para el consumo personal inmediato.

Detención y proceso legal

Madre e hija fueron detenidas en marzo en el aeropuerto de El Alto, cuando regresaban a su país después de dos semanas de vacaciones en Bolivia. Inicialmente, las autoridades abrieron un caso por narcotráfico, pero los abogados lograron cambiar el tipo penal a consumo. La madre fue liberada hace una semana después de ser sobreseída del caso, mientras que la hija recibió una multa de Bs 250 y fue liberada este viernes.

Este caso ha generado debate sobre la necesidad de revisar y aclarar la legislación relacionada con la posesión de drogas para consumo personal en Bolivia, con el objetivo de evitar situaciones injustas y garantizar el respeto a los derechos de las personas involucradas.

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Callisaya ha destacado la importancia del acceso a la información ambiental y ha recordado que el Estado boliviano es parte del Acuerdo de Escazú. En este sentido, se han presentado solicitudes de información a las distintas instancias del Estado para conocer el impacto ambiental de los 19 contratos mineros ubicados en diferentes zonas del departamento de La Paz.

Garantizando el derecho a participar en decisiones ambientales

La solicitud de la medida cautelar tiene como objetivo garantizar el derecho de la población boliviana a participar en decisiones ambientales. Se espera transparencia por parte de la Cámara de Senadores y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en cuanto a los estudios de impacto ambiental y posibles consensos con las comunidades afectadas.

Protección del medioambiente y los derechos de la Madre Tierra

Callisaya ha reafirmado la obligación estatal de proteger el medioambiente y los derechos de la Madre Tierra. Durante su agenda enfocada en poblaciones vulnerables en los departamentos amazónicos de Pando y Beni, ha visitado centros penitenciarios, comunidades con discapacidad y defensores estudiantiles.

El pronunciamiento del Juez Agroambiental de La Paz sobre la medida cautelar solicitada será crucial para salvaguardar los intereses ambientales y comunitarios involucrados en los contratos mineros en cuestión.

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Callisaya ha recordado que es responsabilidad de la Asamblea garantizar un proceso democrático para elegir a las autoridades judiciales. A través de sus redes sociales, el Defensor ha manifestado que es urgente que el presidente del legislativo convoque a una sesión para evitar la crisis judicial y no subordinar su legitimidad ante interpretaciones.

Actualmente, las elecciones judiciales se encuentran paralizadas debido a un fallo de la Sala Constitucional de Pando, que ha ordenado dejar sin efecto la preselección.

Reacciones y posturas divergentes

La reunión del jueves tenía como objetivo encontrar una solución, pero los opositores y los “evistas” han planteado iniciativas para ser aprobadas en sesión de la Asamblea, mientras que el Vicepresidente y los “arcistas” han insistido en dejar este tema en manos del Tribunal Constitucional, que debe revisar el fallo de la Sala de Pando.

Este conflicto ha generado diversas reacciones. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé también ha pedido que se convoque a una sesión y que no se subordine la voluntad popular al Tribunal Constitucional autoprorrogado. Por su parte, el expresidente Evo Morales considera que Choquehuanca debilita a la Asamblea y la subordina a miembros autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Posturas y propuestas en conflicto

En medio de este conflicto, los opositores y los “evistas” proponen tratar en sesión las leyes antipróroga y los créditos que el Gobierno desea, además de una ley para continuar con las elecciones judiciales ajustando los plazos. Por otro lado, los “arcistas” proponen seguir los procedimientos legales y descartan cesar a los magistrados actuales, argumentando que sería inconstitucional según un fallo del mismo TCP.

La falta de consenso político ha llevado a un estancamiento en el proceso electoral para elegir nuevas autoridades judiciales. Esta situación ha generado críticas hacia las diferentes posturas políticas involucradas en el conflicto, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro del sistema judicial boliviano.

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Callisaya hizo hincapié en la importancia de evitar el mal uso de las formas democráticas y llamó a la responsabilidad de los actores políticos, autoridades y el Estado para resolver esta situación. La Sala Constitucional Primera de Pando otorgó tutela a la acción popular presentada por Yeni Duri, quien denunció discriminación en el caso de Mineya Lucindo, una postulante que fue inhabilitada. Como resultado de esta resolución, se determinó la anulación de las elecciones judiciales y se ordenó la realización de un nuevo proceso de preselección de candidatos.

Advertencia sobre el debilitamiento de la democracia

El Defensor del Pueblo advirtió que el mensaje transmitido por los actores políticos no fortalece la democracia, sino que contribuye a su deslegitimación. Esta situación podría tener consecuencias dolorosas tanto para el Estado como para la población boliviana.

Tensiones y desafíos en el sistema electoral

La decisión de la Sala Constitucional Primera de Pando ha puesto en evidencia tensiones y desafíos en el sistema electoral del país. Esto ha generado debates sobre la transparencia y legitimidad del proceso, cuestionando la confianza de la población en el sistema judicial y electoral.

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Callisaya destacó que la exhibición pública de personas detenidas va en contra de las garantías legales nacionales e internacionales. Se refirió al sujeto aprehendido como titular de derechos humanos y no como objeto, subrayando la importancia de respetar la dignidad humana en todo momento.

El Defensor del Pueblo alertó sobre el impacto negativo que tiene esta práctica en la percepción de seguridad ciudadana, enfatizando que deshumaniza a los individuos y los coloca en una posición vulnerable frente a la sociedad. Asimismo, hizo hincapié en que la normativa penal prohíbe dicha exhibición sin una sentencia condenatoria firme.

El “populismo penal” y sus consecuencias

En relación con el concepto de “populismo penal”, Callisaya citó al académico Javier Cigüela Sola para explicar cómo esta estrategia se utiliza para presentar a los aprehendidos como enemigos públicos, justificando así un aumento del poder punitivo y debilitando las garantías jurisdiccionales fundamentales.

Recordó también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha responsabilizado a Bolivia por violaciones similares en el pasado, evidenciando la gravedad de estas acciones y su impacto en los derechos humanos.

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“Aquí está el mensaje claro de la Defensoría del Pueblo: es imperativo que el Estado y los involucrados en esta conflictividad resuelvan ahora mismo este problema, porque de lo contrario estaríamos favoreciendo el incremento de la violencia”, dijo Callisaya.

Pausa solidaria para permitir tránsito

Consideró también necesario que los manifestantes permitan una pausa solidaria para que las personas atrapadas en los puntos de bloqueo y las movilidades puedan transitar inmediatamente.

Asimismo, pidió a las instituciones que no confundan al pueblo boliviano y brinden certeza sobre el sistema democrático como mecanismo para resolver las demandas sociales.

Consecuencias del conflicto

El Defensor advirtió que en este contexto hay escasez de gasolina, aumento de precios para el consumo familiar, aeropuertos abarrotados, muertes registradas por los bloqueos, policías heridos y hostigamiento en casas de autoridades judiciales. Además, otros actores sociales están anunciando salir a desbloquear, como los transportistas y organizaciones sociales.

Desacuerdo sobre magistrados prorrogados

Las bancadas políticas mantienen reuniones para convocar a elecciones judiciales; sin embargo, no llegan a un acuerdo sobre la situación de los magistrados prorrogados. Los opositores y manifestantes exigen su cese debido a que su gestión terminó el 2 de enero, mientras que los “arcistas” rechazan la idea de un vacío de poder.

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“Este es un mensaje, una invocación muy respetuosa a las personas que están en los diferentes puntos de bloqueo, para que en una pausa solidaria permitan que los varados puedan transitar, independientemente de la legitimidad o no de las demandas que puedan tener”, dijo Callisaya.

Respuesta inmediata y confiable

Sin embargo, aclaró que esto también debe ir de la mano con una respuesta inmediata, rápida y confiable por parte de las instancias relacionadas con las elecciones judiciales.

Según el Defensor, se ha constatado que en los bloqueos están afectadas personas de la tercera edad, niños, adolescentes e incluso mujeres embarazadas.

Efectos negativos para comerciantes y empresarios

A eso se suma que, en el marco del conflicto, se están afectando los derechos de comerciantes y empresarios al no dejar llegar sus productos a sus destinos y echarlos a perder. También se denunciaron agresiones contra efectivos policiales en algunos puntos de bloqueo.

Precisamente a las fuerzas del orden, el Defensor exhortó a hacer uso excepcional de la fuerza respetando los derechos humanos y los estándares internacionales.

Demandas y convocatoria al diálogo

En este contexto, los bloqueadores exigen la renuncia de los magistrados y la convocatoria a elecciones judiciales. En tanto, el vicepresidente David Choquehuanca convocó a un diálogo político el lunes para tratar el tema de la preselección de postulantes, aunque opositores y “evistas” criticaron la tardanza en la reunión.

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Informe sobre casos contemplados en la Ley 348

El defensor, junto al fiscal departamental de La Paz, William Alave, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, presentaron este informe que hace seguimiento a los casos contemplados en la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Torres indicó que desde enero hasta la fecha se han contabilizado 88 feminicidios y 24 infanticidios, lo cual representa una menor cantidad respecto al año pasado cuando se registraron 94 muertes por violencia machista.

Violencia ejercida por hombres contra mujeres dentro de sus hogares

Por su parte, Alave señaló que del total de casos recibidos a nivel nacional, el 76.83%, es decir unos 39.501 casos corresponden a violencia ejercida por hombres contra mujeres dentro de sus hogares calificados como “delitos de violencia familiar y doméstica”.

Necesidad de fortalecer las acciones judiciales

Callisaya destacó los esfuerzos realizados por el sistema judicial para llevar a cabo su trabajo pero indicó que aún no son suficientes y que es necesario fortalecer las acciones. Además resaltó la importancia de mejorar la atención en las nueve fiscalías departamentales, priorizar estos casos y asignar presupuestos para las fiscalías y el órgano judicial.

Carga procesal excesiva para jueces y fiscales encargados de tratar estos casos

Una de las mayores preocupaciones del defensor es la carga procesal que recae sobre los jueces y fiscales encargados de tratar estos casos de violencia machista. Según el informe, en promedio, un juez está a cargo de resolver 737 procesos anualmente, lo cual supera los estándares en tramitación por juzgado. “Los jueces no deben tener una carga procesal superior a 500 o 700 casos al año”, señaló Callisaya. Además, mencionó que en cuatro departamentos hay jueces con más de 600 casos y en la región oriental de Santa Cruz superan los 1.000 anualmente.

Carga procesal excesiva para jueces y fiscales encargados de tratar estos casos

En cuanto a los fiscales, se cuenta con 559 fiscales de materia, de los cuales el 51% (288) están encargados de investigar delitos enmarcados en la ley 348. En las fiscalías especializadas se atiende un promedio anual de 677 casos. “Todavía preocupa el hecho de que haya una necesidad de fortalecer estas fiscalías especializadas”, enfatizó el defensor.

Observatorio Defensorial Judicial monitorea los procesos contemplados en la Ley 348

El Observatorio Defensorial Judicial es una iniciativa conjunta entre la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General del Estado con el objetivo de monitorear los procesos contemplados en la Ley 348.
La Ley 348, vigente desde 2013, sanciona el feminicidio con una pena máxima de treinta años sin derecho a indulto, siendo esta la máxima pena establecida por la legislación boliviana.

Necesidad de reformar y fortalecer la ley

Diversas organizaciones feministas han reclamado durante años que esta norma no se cumple plenamente debido a las demoras judiciales, la falta de recursos económicos y personal capacitado para atender las denuncias de violencia machista, entre otros aspectos. Hasta el momento, el Parlamento aún no ha tratado una reforma presentada en julio del año pasado por el Gobierno de Luis Arce para fortalecer dicha ley.

Fuente EFE

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En notas enviadas a ambos, les recordó que tienen experiencia en la búsqueda de soluciones y que deben resolver sus diferencias dentro del marco estatutario y evitar la violencia.

Desde el inicio del conflicto hace más de dos semanas, el Defensor del Pueblo manifestó su preocupación por las dos directivas paralelas y convocó a ambos protagonistas a llegar a un acuerdo sin vulnerar los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo monitorea permanentemente el conflicto y verificó posibles vulneraciones de derechos. En ese sentido, se revisó el estado de salud del grupo activista que acompaña a Carvajal en su vigilia en el edificio de la Apdhb, en La Paz.

Además, gestionó el restablecimiento de los servicios básicos suspendidos al sector liderado por Salazar, que permanece en las instalaciones del edificio.

El viernes 2 de junio, Édgar Salazar junto con un grupo seguidores tomó los predios de Apdhb en Sopocachi argumentando que Carvajal se prorrogaba ilegalmente en su cargo e incluso acusándola sin presentar ninguna prueba.

Desde entonces, Carvajal instaló una vigilia frente al edificio exigiendo su devolución. La activista manifestó que su gestión termina legalmente en 2025 y que los afines al Gobierno no tenían ninguna documentación para entrar al edificio, por lo tanto, la toma es ilegal.

Varios legisladores, políticos y otros actores se pronunciaron a favor de Carvajal o Salazar; sin embargo, el conflicto parece alejarse de una solución mientras ambos permanecen firmes en sus posturas.

/LMPT

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“Sabemos que el diálogo se ha estancado y necesitamos reimpulsar esto y no podamos continuar con este conflicto. Ya la situación se alargó y, producto de esto, se están vulnerando múltiples derechos, no solo de los estudiantes, sino de la población y de los propios maestros”, señaló la autoridad.

Es la cuarta semana de conflicto entre el Magisterio y el Gobierno. Los maestros continúan pidiendo una solución de sus demandas, entre ellas, más ítems, e el rechazo a la nueva malla curricular, entre otros.

Son varias reuniones donde se plantearon alternativas de solución, sin embargo, ninguno de ambos sectores pudo llegar a acuerdos que permitan levantar las medidas de presión.

Una de esas acciones que realizan los profesores son las huelgas de hambre, reportó la red Erbol.

Según Callisaya, en el marco de la defensa del derecho a la integridad y la salud, la Defensoría realiza el acompañamiento a los maestros para quienes se gestionó asistencia médica.

“Más allá de la legitimidad que puedan tener las peticiones del magisterio nacional es importante que podamos establecer espacios para resolver este conflicto. No podemos vulnerar nuestros derechos, ni los derechos de los demás. Debemos rescatar y reconstruir los espacios de convivencia entre todas y todos los bolivianos”, puntualizó.

La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (Cteub) anunció para la próxima semana continuar con las marchas de protesta e incluso se evalúa un paro de 72 horas en todo el país hasta que el Gobierno atienda sus demandas.

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Al tiempo de condenar la violencia en los últimos días, el titular de la Defensoría del Pueblo dio un balance de las vulneraciones a Derechos Humanos registradas en Santa Cruz recientemente.

De acuerdo con su informe, durante los últimos 13 días de protestas se advirtieron 25 casos de presunta vulneración a los Derechos Humanos que incluyen uso desmedido de la fuerza policial, agresiones a trabajadores de la prensa, heridos, quemas de inmuebles, vehículos particulares y públicos, entre otros.

Exhortaciones

Con el fin de evitar más enfrentamientos, el Defensor del Pueblo recordó que el Estado es el encargado de garantizar un ejercicio real y efectivo de los Derechos Humanos. Además, el Ministerio Público y el Órgano Judicial están en la obligación de tramitar los procesos con las debidas garantías con una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones.

En cuanto a la Dirección General de Régimen Penitenciario y las autoridades judiciales, desde la Defensoría recalcaron que son entes garantes del ejercicio y goce de los derechos de las personas privadas de libertad. A la Policía boliviana, se le recomendó medir el uso de su fuerza y apegarse a los principios del derecho internacional de Derechos Humanos: finalidad, necesidad y proporcionalidad.

Finalmente, Callisaya llamó a los movilizados a ejercer el derecho a la protesta, respetando los derechos de las otras personas.

/ LMPT

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De acuerdo con la autoridad, el derecho más vulnerado fue el debido proceso, con 4.164 denuncias; además, señaló que la Policía Boliviana fue la entidad más señalada como vulneradora de derechos con 1.450 quejas, superando al Órgano Judicial que fue el mayor cuestionado el año pasado, con 1.422 observaciones.

Además, Callisaya dio a conocer que las que más acuden al ente defensorial son las mujeres, con 4.075 denuncias este año, por lo que reafirmó su compromiso con la lucha contra todo tipo de violencia y la reconstrucción de la armonía entre bolivianas y bolivianos.

“No podemos romper la convivencia entre nosotros, todos somos seres humanos iguales y diferentes, porque cada uno es diverso respecto al otro. Debemos tener un nivel de tolerancia, de respeto, que nos permita construir un país inclusivo, no excluyente del otro”, enfatizó el Defensor del Pueblo.

Callisaya lamentó que muchos acontecimientos quebrantaron la esencia de los Derechos Humanos en Bolivia como las dictaduras de 1964 y 1982, la crisis de Estado del 2003 o el 2019 o el reciente paro cívico en Santa Cruz.

Finalmente, recordó que en Bolivia hubo muchos acontecimientos que rompieron la esencia de los Derechos Humanos como el periodo de dictadura que vivió Bolivia entre 1964 y 1982, las jornadas de octubre de 2003, la crisis de Estado de 2019 o el reciente paro cívico de 36 días en Santa Cruz, por lo que enfatizó que no se tolerarán las peleas entre hermanos.

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Según Callisaya, el objetivo primordial es recuperar la confianza de la población hacia la institución, y como una primera actividad es la apertura de las puertas a todos los bolivianos con la finalidad de lograr defender los Derechos Humanos, sin distinción alguna.

En sus primeras declaraciones a los periodistas fue consultado sobre diferentes temas relacionados con su gestión y elección.

Sobre el conflicto cocalero de Los Yungas, explicó que tiene diferentes componentes, entre ellos el económico y el político, pero lo que es necesario la búsqueda de espacios de diálogo.

“Es importante generar espacios de diálogo, espacios que nos permitan, justamente, pacificar esta situación (…) entendemos que hay algo avanzado, vamos a continuar con la labor de tratar de lograr esa pacificación y una concertación al interior de esa institución”, manifestó Callisaya según reportó LA PATRIA.

Ante la pregunta sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que se debe de respetar los procesos y etapas que conlleva las investigaciones.

Respecto del personal de su entidad, Callisaya manifestó que se hará una evaluación a los defensores adjuntos y dijo que como toda administración que empieza, se requiere de gente que acompañe la nueva dinámica que tendrá esta oficina.

Otro tema que abordó Callisaya fueron los hechos de violencia de 2019.

“El punto en los hechos del 2019, está en que hubo vulneración de los derechos humanos y desde la perspectiva institucional, efectivamente, a nosotros nos interesa que se puedan esclarecer esos hechos y se pueda resarcir los daños a las víctimas, eso es lo importante, independientemente del concepto sobre esos hechos”, afirmó.

Callisaya aseguró que su elección se enmarcó en las normas legales y que la independencia se la verá en la “construcción de la gestión”, que se caracterizó anunció por “puertas abiertas”.

La nueva autoridad fue elegida en la sesión legislativa del viernes reciente, con 95 de 97 votos. No estuvieron en la sesión 32 legisladores de la oposición.

/SVL

La entrada Nuevo Defensor del Pueblo asegura que trabajará por los Derechos Humanos sin distinción se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Con ese fin fueron convocados los presidentes de las comisiones de Constitución de las cámaras de Diputados y Senadores, además de los jefes de bancada del partido oficialista, según informó el portal de noticias Innovapress.

El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, defendió la legalidad del procedimiento de elección, pese a la ausencia de los legisladores de oposición, quienes expresaron su rechazo a esta nueva autoridad.

Sin embargo, este martes se confirmó que la posesión y toma de juramento será en el Hall de Vicepresidencia.

Callisaya, de 56 años de edad, recibió el viernes 95 votos de los 97 emitidos en una sesión de Asamblea Legislativa, que ahora es cuestionada por la oposición.

Desde la oposición calificaron a Callisaya como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) y lo acusaron de tener afinidades con el oficialismo, lo que fue negado desde un principio por el partido en ejercicio de Gobierno.

/ LMPT

La entrada Pedro Callisaya será posesionado a las 14:00 horas como Defensor del Pueblo se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La parlamentaria cruceña explicó que el recurso de recusación está establecido en la normativa de la ALP y es deber del presidente nato, David Choquehuanca, resolver esa situación.

“Esto es previo a una demanda que vamos a hacer ante el Tribunal Constitucional y una demanda que estamos cursando a la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) por las irregularidades, la violencia, los atropellos cometidos y además el abuso desmesurado del MAS en la Asamblea Legislativa”, afirmó Rek durante una entrevista en Radio Panamericana.

Argumentó que existen derechos constitucionales y de normativa con las que se amparan.

“El señor Choquehuanca no puede proceder al acto de posesión. El apuro es muy grande, tenemos que estar vigilantes qué es lo que va a pasar con esto, para qué lo quieren usar al Defensor del Pueblo tan rápidamente, cuál es la urgencia que tiene para hacer todos estos atropellos, destruir la institucionalidad de la ALP”, indicó.

Añadió que, por normativa, el Presidente de la Asamblea debe llamar a una sesión para resolver la demanda de recusación y el paso siguiente se ejecutarán los otros recursos avalados por la Constitución Política del Estado.

Según el anuncio realizado este martes, para las 14:00 horas de hoy está programada la posesión del nuevo Defensor del Pueblo en la Vicepresidencia del Estado.

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“Estamos conscientes que las licencias a parlamentarios de CC, por motivos menos relevantes no se justifican, y constituyen un error político por el que ofrecemos disculpas a la ciudadanía, ya que sirvieron de excusa para que el MAS, verdadero responsable de este atropello, cometiera este atentado contra la democracia y los Derechos Humanos”, se lee en su pronunciamiento.

El viernes, 32 legisladores de oposición (13 de Creemos y 19 de CC) pidieron licencia para no asistir a la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), algunos con motivo del aniversario de Santa Cruz y Pando, otros alegaron temas de salud, entre otras situaciones.

El oficialismo aprovechó esa correlación de fuerzas a su favor y cambió el orden del día y aceleró la designación de su candidato, Pedro Callisaya. Pese a la protesta de los pocos opositores, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, lo proclamó como Defensor.

Por otra parte, CC aseguró que no reconoce la “legitimidad” del nombramiento de Callisaya, y que harán conocer las graves irregularidades que rodearon su designación en instancias internacionales, según reportó la agencia de noticias Fides.

La organización política que lidera el expresidente Carlos Mesa condenó la “maniobra del oficialismo que, copiando a los políticos tradicionales, recurrió al engaño y maniobra artera para imponer a su candidato sin alcanzar el consenso ni la legitimidad que su propio presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, había comprometido en varias ocasiones”, señaló el escrito.

En tanto, la senadora Cecilia Requena en su cuenta de Twitter señaló que participó de dicha sesión que se caracterizó por los golpes, abusos e irregularidades del oficialismo.

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El opositor y jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, declaró a través de su cuenta de Twitter no estar de acuerdo con la elección de la nueva autoridad calificándolo como un “defensor ilegal”

“Aberrante e ilegal decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para imponer al Defensor masista: el cambio del orden del día tiene que hacerse antes de comenzar a tratarse cualquiera de los temas de convocatoria. No se puede cambiar, cuando ya se ha empezado a tratar el temario. Defensor ilegal”, escribió Mesa.

Del mismo modo, el jefe del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), Luis Eduardo Siles, señaló que el Movimiento Al Socialismo (MAS) se comportó como un partido antidemocrático, violento y “escogió la matufia y viveza criolla”.

“¿Cuál es resultado de esto? Es un Defensor ilegítimo, ilegal y una victoria pírrica porque se va a cuestionar la forma de elección en las instancias nacionales e internacionales. Por supuesto que son responsables los irresponsables los parlamentarios de la oposición que no estuvieron”, indicó.

El exdiputado Amilcar Barral, felicitó a los pocos opositores que estuvieron en la sesión de la ALP. Como también, pidió renunciar a las personas que no se presentaron.

Según informó la red Erbol, 34 asambleístas pidieron licencia para no asistir a la sesión, 32 son de oposición y muchos de ellos son cruceños, de tal modo que varios no asistieron debido a los actos en conmemoración a los 212 años de gesta libertaria del departamento de Santa Cruz.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, también dio a conocer su opinión al respecto.

“Ni Tezanos Pinto fue designado por el MAS como Defensor del Pueblo de una manera ilegal, vil y espuria, como lo fue Calizaya. Cambiando el orden del día cuando ya fue aprobado y se lo estaba tratando con otros temas”, manifestó.

/RMMP/

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Los 97 votos que se emitieron representan un 58% de los 166 asambleístas (130 diputados y 36 senadores) que integran la Asamblea.  
 
Los opositores protestaron y denunciaron que el oficialismo aprovechó que los legisladores cruceños no estaban en La Paz.
 
“El MAS ha consumado el más grande y burdo atropello a la democracia e institucionalidad”, denunció el diputado Enrique Urquidi, a nombre de la Bancada de Comunidad Ciudadana (CC), tras la elección del nuevo Defensor.
 
La diputada de Creemos, Marioly Morón, rompió la papeleta y afirmó que no sería partícipe de un “nuevo fraude del MAS” debido a que lo considera un “atentado a la democracia”.
 
PEDRO FRANCISCO CALLISAYA ARO
 
El nuevo Defensor del Pueblo, tiene 55 años y es especializado en derechos constitucional y derecho procesal penal. Sustituirá a Nadia Cruz.
 
El nuevo Defensor nació en La Paz y en octubre cumplirá 56 años. Es abogado titulado en la Universidad Mayor San Andrés (UMSA) y maestro de la normal superior Simón Bolívar.
 
Es Máster en Derecho Constitucional y especializado en Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos.
Según su hoja de vida, desempeñó docencia en diferentes universidades del país y escribió artículos y libros: las acciones de defensa en el Código Procesal Constitucional.
 
Tiene trayectoria en Derechos Humanos, expositor, investigador, promotor y participante en diferentes eventos relativos a los derechos humanos.
 
Callisaya Aro fue elegido con 95 votos a favor, cumpliendo así los dos tercios de votos en la sesión de la Asamblea Legislativa convocada por el oficialismo de manera sorpresiva y ante la ausencia de una parte de la oposición.

/HNF/

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En la sesión instalada esta jornada, se dio un cuarto intermedio para buscar el acuerdo con jefes de bancada; sin embargo, los parlamentarios no llegaron a un consenso.

Surgió la polémica por dos papeletas observadas, de las cuales una fue anulada debido a que un parlamentario puso su nombre en la boleta, mientras que la segunda fue observada por llevar una firma; sin embargo, igual se contabilizó.

Sesión de la ALP

En la ronda de votación, el postulante Pedro Callisaya recibió 97 votos, Evelyn Cossío 44, Claudia Calvo uno, mientras 15 votos fueron blancos y dos fueron nulos.

De 159 votos de los parlamentarios, se requería 107, por lo cual ninguno de los postulantes logró esta cantidad, reportó la red Erbol.

Defensor del Pueblo

Con este encuentro, es la quinta ocasión en que los asambleístas no logran un consenso, por lo que el Presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, lamentó la situación.

A solicitud del Movimiento Al Socialismo (MAS), se aprobó por mayoría el aplazamiento de la sesión.

Ante esa situación, sigue ejerciendo como Defensora de manera interina Nadia Cruz.

Por su parte, el MAS anunció que su posición es apoyar al mejor puntuado que es Callisaya; por parte, Comunidad Ciudadana expresó su apoyo a Evelyn Cossío, mientras que Creemos insiste en que se haga un nuevo proceso.

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Mamani consideró que las bancadas del Movimiento Al Socialismo (MAS), Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), deben alcanzar acuerdos para definir al nuevo titular de esa instancia, caso contrario, Nadia Cruz, permanecerá en el cargo.

“No tenemos ninguna posibilidad de volver a lanzar una nueva convocatoria, con qué argumento, qué diríamos. ¿Qué los señores que se presentaron no fueron los mejores?”, aseveró el presidente de Diputados desde Sucre.

Tras cuatro rondas de votación fallidas, el Legislativo dispuso dejar en suspenso esa designación, porque ninguno de los siete aspirantes en carrera logró los dos tercios necesarios de apoyo de diputados y senadores.

“Quiénes se presentarían ahora, en una nueva convocatoria, no podemos hacernos la burla del pueblo boliviano y de los profesionales que se presentaron, no hay argumento para volver a convocar, tenemos que seguir buscando consensos”, complementó Mamani.

Además, ratificó que el oficialismo no tiene un candidato, sino que apoya a Pedro Callisaya porque fue el mejor evaluado por la comisión Mixta de Constitución. “No puede quedar vacío este espacio, mientras no tengamos un nuevo defensor del pueblo, el anterior continúa”, concluyó.

El MAS se aferra al voto por el candidato Pedro Callisaya Aro; CC al de Evelín Cossío, y los votos blancos son de Creemos, lo que impide encontrar los dos tercios que se requiere para la elección. El candidato ganador requiere de 107 votos para ser elegido como nuevo Defensor del Pueblo.

/HNF/

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