Análisis de la crisis democrática en Bolivia

El analista político Carlos Sandy advierte sobre una crisis democrática en Bolivia que se manifiesta como una crisis estructural en el sistema político del país. En este sentido, plantea un retorno a los partidos políticos como eje central de la representación, contrastando con el papel que han asumido las agrupaciones ciudadanas en las últimas dos décadas.

Fallas del sistema democrático boliviano

A juicio de Sandy, las fallas del sistema democrático boliviano no son coyunturales. Estas se arrastran desde comienzos de los años 2000, cuando las agrupaciones surgieron como respuesta al descrédito de los partidos tradicionales. Aquella alternativa, concebida entonces como una “reserva moral”, ha terminado desvirtuándose con el tiempo.

Estructuras sin cohesión ideológica

El diagnóstico de Sandy es crítico. Considera que muchas de estas plataformas han derivado en estructuras sin cohesión ideológica. Las candidaturas y alianzas responden más a lógicas de oportunidad que a proyectos políticos consistentes. Esta dinámica ha profundizado la desconfianza ciudadana y debilitado la legitimidad del sistema.

Necesidad de una revisión profunda

En este contexto, el analista plantea la necesidad de una revisión de fondo. No solo se trata de ajustar normas, sino de reconstruir organizaciones políticas con identidad, programa y responsabilidad institucional. “La política no puede depender únicamente de figuras individuales”, ha señalado Sandy en referencia a la creciente personalización de las candidaturas.

Propuesta para rediseñar el sistema electoral

La propuesta de Sandy apunta a un rediseño del sistema electoral que refuerce la institucionalidad democrática y devuelva previsibilidad al escenario político. Para él, Bolivia enfrenta el desafío de recuperar la credibilidad perdida mediante estructuras capaces de articular demandas sociales y ofrecer respuestas sostenidas en el tiempo.

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Entre los frentes políticos que tienen personería jurídica a nivel nacional, algunos competirán de manera independiente, mientras que otros han optado por formar alianzas con agrupaciones ciudadanas en diversas regiones del país.

Hasta el cierre del plazo, han confirmado su participación los siguientes partidos: Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Acción Democrática Nacionalista (ADN), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), APB-Súmate y el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Además, se suman a la lista el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Unidad Nacional (UN), Nueva Generación Patriótica (NGP) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR Nueva Mayoría), que recientemente logró recuperar su sigla.

Alianzas políticas registradas

Arteaga también informó que Libertad y República (Libre) se ha registrado en alianza con la agrupación ciudadana llamada Nuestros Éxitos Gobernando y Realizando Obras. La documentación presentada por esta alianza será evaluada en las próximas horas para emitir su reconocimiento oficial.

En cuanto a la agrupación política Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo (Evo Pueblo), el funcionario del TSE indicó que la sigla ya está reconocida, por lo que no se puede formalizar ningún tipo de alianza en este momento.

Situación de otros partidos

Una situación similar se presenta con Nuevas Ideas Con Libertad (NIL), liderada por el vicepresidente Edmand Lara, ya que esta agrupación no cuenta con la personería jurídica necesaria para participar en las elecciones.

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Organizaciones políticas registradas

Las organizaciones que han comunicado su participación son: Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Libertad y República (Libre), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Acción Democrática Nacionalista (ADN), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Autonomía Para Bolivia–Súmate (APB-Súmate). “Ellos han comunicado formalmente que van a participar en esta elección”, señaló Fernando Arteaga, secretario de Cámara del TSE.

Complejidad de las elecciones

Gustavo Ávila, vocal del TSE, advirtió que las elecciones subnacionales de marzo de 2026 se perfilan como una de las más complejas en la historia reciente del país. Esto se debe a la gran variedad de autoridades que deben elegirse en los distintos niveles de gobierno. La magnitud del proceso es considerable, con una previsión de participación de cerca de 30,000 candidatos en todo el territorio nacional.

Con alrededor de 200 organizaciones ciudadanas y 14 partidos políticos habilitados para el proceso, el TSE utilizará más de 500 formatos de papeletas diferentes en los más de 300 municipios del país. Esto resultará en documentos electorales extensos. La complejidad electoral se agudiza por las particularidades autonómicas de algunos departamentos.

Particularidades en Beni y Tarija

En Beni, además de las autoridades tradicionales, se elegirán corregidores y subgobernadores, aumentando el número de documentos. En Tarija (Chaco), será el caso más complejo, con una posible utilización de hasta tres papeletas y tres ánforas separadas en la región debido a la elección de ejecutiva o ejecutivo regional, ejecutivos seccionales y asambleístas regionales.

Próximos pasos en el proceso electoral

Tras el cierre del registro de partidos y alianzas hoy, el próximo hito en el calendario electoral es la inscripción de postulantes. Arteaga recordó que del 17 al 22 de diciembre, los partidos y alianzas podrán inscribir a sus candidatas y candidatos, además de presentar la documentación necesaria para su habilitación ante los tribunales electorales departamentales.

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En Chuquisaca, el PDC se posiciona en primer lugar con un 35,6%, mientras que en Pando, Jorge Tuto Quiroga encabeza con un 30,67% de los votos. El avance del escrutinio en Tarija es del 87,49%, en Chuquisaca del 85,79% y en Pando del 76,9%.

Demoras en el escrutinio

Los tribunales electorales del eje Santa Cruz, Cochabamba y La Paz son los más lentos en el recuento y se espera que concluyan a finales de agosto. En Tarija, de donde proviene el candidato Rodrigo Paz Pereira, la preferencia por Unidad es notable frente al 22,12% que tiene Libre. El PDC alcanza un 18,8% y ocupa el tercer lugar.

En Chuquisaca, el avance muestra al PDC liderando sobre Libre, que llega a un 32,31%, mientras Unidad se queda atrás con un 12,99%. En Pando, el avance llegó a un 76,9% de mesas escrutadas. Jorge Tuto Quiroga obtiene hasta ahora un 30,67% de los votos.

Competencia en Pando

El PDC y Unidad compiten por el segundo lugar; Rodrigo Paz obtiene un 21,85%, seguido por Samuel Doria Medina con un 21,29%. La diferencia entre ambos es de aproximadamente 400 votos. Otros partidos como Súmate (12,05%), Alianza Popular (7,44%), MAS (4,51%), Fuerza del Pueblo (1,07%) y ADN (1,11%) prácticamente no tienen posibilidades de representación parlamentaria.

Proclamación de resultados

Los tribunales electorales departamentales del eje Santa Cruz, Cochabamba y La Paz son los más demorados en el recuento de votos y serán los últimos en concluir su trabajo. Según el calendario electoral, los informes deben estar concluidos hasta fines de agosto. Se prevé la proclamación de resultados para el 31 de agosto de 2025.

/KMMN

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¿Qué representa hoy un partido político en Bolivia? En los últimos días se ha vuelto a evidenciar un fenómeno llamativo: algunos partidos ya no actúan como tales, sino como simples vehículos electorales. Algunos de estos ponen abiertamente su sigla a disposición de terceros, dejando a la imaginación de militantes y electores si se trata de un acto de generosidad, afinidad programática o, quizás, de intereses no transparentados. Pero, ¿es esto compatible con la legislación electoral?

La Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, vigente desde el 1 de septiembre de 2018, establece que los partidos deben contar con una Declaración de Principios y una Plataforma Programática (Art. 5, inc. c). Esta última debe expresar una visión de país, propuestas de políticas públicas y objetivos a mediano y largo plazo (Art. 20). A su vez, los principios deben reflejar la base ideológica y filosófica que orienta su acción política (Art. 19).

En este marco, la ideología y la plataforma programática no son elementos accesorios, sino el ajayu—el alma—del partido político. La ideología puede entenderse como el conjunto de ideas que caracteriza a una organización política y define su forma de interpretar la realidad, mientras que la plataforma es la traducción programática de esa ideología, que debe presentarse a la militancia en la etapa preelectoral y al electorado en general durante la campaña.

¿Puede acaso construirse o adoptarse coherentemente una ideología y visión de país en medio de la premura por definir candidaturas? En el actual proceso electoral, se evidencia que varios partidos enfrentan dificultades para realizar actividades de vital importancia como la realización de congresos orgánicos, la comunicación con sus bases o, incluso, la identificación de sus dirigentes. Algunas estructuras “reviven” únicamente ante la proximidad de las elecciones, mientras líderes imponen candidaturas a espaldas de sus militantes. Más grave aún, hay siglas que se prestan como franquicias electorales, olvidando todo contenido ideológico y programático.

La desideologización tiene consecuencias profundas. Primero, la pérdida de confianza ciudadana: los votantes ya no saben qué representa cada partido, porque sus discursos cambian con el viento. Segundo, la imposibilidad de construir proyectos de país duraderos, ya que todo gira en torno a la próxima elección. Y tercero, quizás lo más grave: el debilitamiento de la cultura democrática. Si los partidos no educan, no forman cuadros ni promueven el debate, ¿quién lo hará?

Frente a este panorama, urge una reflexión colectiva que recupere el sentido ideológico y formativo de los partidos. Esto no implica volver a viejos y caducos dogmatismos, sino restablecer un mínimo de coherencia, proyecto y compromiso con la ciudadanía. Se requieren reformas legales y educación electoral que promuevan mayor transparencia y democracia interna, pero, sobre todo, voluntad política para abrir espacios de formación, deliberación y vínculo con las bases. Sin partidos con ideas y visión de Estado, la democracia boliviana puede verse seriamente afectada, y con ello los derechos políticos consagrados en la Constitución Política del Estado.

Al ser los partidos políticos el único “vehículo” en el caso de las elecciones generales, la carrera por conseguir siglas se intensificó en días anteriores y dejó en segundo plano aspectos esenciales como la coherencia ideológica y programática. De cara a las elecciones subnacionales del próximo año, este es un aspecto urgente a reflexionar y corregir para no desnaturalizar el rol que deberían cumplir no solo los partidos políticos, sino también las agrupaciones ciudadanas y organizaciones indígenas que buscan representar intereses colectivos desde una base sólida y coherente.

Abogado constitucionalista

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A pesar de las críticas al padrón electoral, los partidos no han cumplido con el acuerdo que se estableció en el cuarto encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia. Este evento tuvo lugar el 12 de junio de 2025 en Santa Cruz, según lo reclamó Arteaga.

Falta de interés de los partidos

“En la última reunión interinstitucional, uno de los puntos acordados fue la acreditación del personal técnico ante el TSE. Esto es para acompañar el proceso de actualización del padrón y de verificación técnica. Hasta la fecha, ningún partido ha acreditado a ningún técnico”, afirmó Arteaga en una entrevista con El Deber.

En cada proceso electoral, algunos actores de la política boliviana suelen cuestionar el padrón electoral del país. Esto lo hacen para expresar sus dudas o denuncias sobre un posible fraude.

Cuestionamientos sin acción

“Si bien algunos partidos o instancias de la sociedad civil critican el padrón electoral, se observa que ninguno de los partidos políticos ha mostrado el interés necesario o ha cumplido con el acuerdo de Santa Cruz. Ningún partido ha acreditado a ningún técnico”, reiteró el funcionario.

“Sin embargo, esta información será pública. Además, el día de la elección, los partidos políticos recibirán información sobre el padrón electoral. Se les proporcionará datos sobre la cantidad de ciudadanos habilitados en cada mesa para que puedan realizar su control y verificación. Esto es parte de la transparencia del Órgano Electoral”, añadió Arteaga.

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El vocal Tahuichi Tauhichi Quispe recordó que “hay cinco partidos políticos que no participaron en la elección presidencial de 2020”. Estos partidos deben participar en el proceso electoral actual para mantener su estatus. El pasado 18 de abril, se presentaron documentos para participar en las elecciones cinco alianzas y ocho partidos. En total, los 14 partidos que tienen registro en el TSE han expresado su intención de participar en el proceso, algunos en alianza y otros de manera individual.

Alianzas y franjas en la papeleta

Dos de los partidos están formando una misma alianza: Demócratas y el FRI, que han creado la coalición llamada “Libre”. Por esta razón, habrá 13 franjas en la papeleta electoral. Tahuichi también recordó que en las elecciones de 2020, el partido ADN postulaba a la entonces presidente, Jeanine Áñez, pero luego se declinó la canditatura. Por lo tanto, aunque los partidos y alianzas pueden optar por no participar, por el momento se prevé una papeleta con 13 candidatos.

Riesgo de perder la personería

Los partidos deben tener en cuenta un problema significativo: aquellos que no logren al menos el 3% de la preferencia electoral en agosto perderán su personería jurídica. Este escenario ya se presentó con el Movimiento Sin Miedo (MSM) y el Partido Verde de Bolivia (PVB) en las elecciones de 2014.

Licencia para no participar

“Pero hay una salvedad: si un partido político considera que no tiene la suficiente fuerza para alcanzar ese porcentaje mínimo y no desea perder su personería, tiene la opción de no participar; es como si tuviera una licencia de no participar”, explicó Tahuichi.

Esa “licencia” fue obtenida por los partidos Demócratas, Unidad Nacional, MTS, MNR y ADN en el proceso electoral de 2020. Si estos partidos deciden no participar en las elecciones de agosto, perderían su personería jurídica.

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Gustavo Ávila, vocal del Tribunal Supremo Electoral, explicó que la revisión se llevará a cabo hasta el lunes 21 de abril de 2025. Durante este proceso, se verificará si las alianzas han presentado todos los documentos requeridos.

Proceso de revisión

Ávila detalló que desde el viernes 18 hasta el lunes 21 de abril de 2025, el Órgano Electoral revisará si las alianzas cumplen con los requisitos técnicos y legales necesarios. “Tenemos 3 días para verificar si las alianzas presentaron todos los documentos. Luego, determinaremos cuáles están habilitadas y cuáles no”, afirmó Ávila.

Las alianzas que se han inscrito son: Libre (Demócratas y FRI), Alianza Popular (MTS, PSR y MATE), Alianza Unidad (UN y Creemos), Libertad y Progreso (ADN, PST y NACER), y Fuerza del Pueblo (UCS y MOP). En cuanto a los partidos que se presentarán de manera individual, están: Frente para la Victoria (FPV), Súmate, Nueva Generación Patriótica (NGP), Movimiento Al Socialismo (MAS), PAN-BOL, Partido Página 2 de 3. NewsSuite® ©2025 Gestor de noticias Demócrata Cristiano (PDC), Morena, Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

Plazos para candidatos

El vocal Ávila también recordó que después de esta primera revisión, los partidos tendrán hasta el 18 de mayo para presentar a sus candidatos presidenciales y legislativos. “Los candidatos que no cumplan los requisitos serán inhabilitados, y los partidos tendrán la posibilidad de sustituirlos”, añadió.

Empadronamiento masivo

Desde el viernes comenzó el empadronamiento masivo, tanto a nivel nacional como internacional. Solo en el primer día se registraron alrededor de 19,000 nuevos empadronamientos y cambios de domicilio. “En Santa Cruz tuvimos la mayor cantidad de registros, con cerca de 10,000 personas. Pedimos a los ciudadanos no esperar hasta último momento”, resaltó Ávila.

Es importante que todos los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 17 de agosto de 2025, así como aquellos que hayan cambiado de domicilio o ciudad, se empadronen. El empadronamiento en el exterior ya está en marcha en países con mayor población boliviana, como Argentina, Estados Unidos, España, Brasil y Chile. Ávila aclaró que este proceso cuenta con personal propio del TSE, independiente del personal diplomático.

Acciones constitucionales

Consultado sobre las acciones constitucionales que se han presentado contra el proceso electoral, Ávila afirmó que hasta el momento no hay notificación alguna que amenace el cronograma electoral. Sin embargo, reconoció que una eventual sentencia del Tribunal Constitucional podría afectar los tiempos. “Nosotros seguimos con Página 3 de 3. NewsSuite® ©2025 Gestor de noticias normalidad. El Tribunal Constitucional debe cumplir su compromiso de respetar la preclusión y los plazos del calendario electoral”, indicó.

Fiscalización del padrón electoral

Finalmente, Ávila reiteró la invitación a los partidos políticos, universidades y plataformas ciudadanas para que fiscalicen el padrón electoral, cuyo acceso estará abierto durante todo el proceso.

/KMMN

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Se ha aclarado que, a pesar del feriado de Viernes Santo, que coincide con la fecha límite, el proceso de registro continuará sin interrupciones y se extenderá hasta las 23:59 horas del 18 de abril.

Detalles sobre las alianzas

Francisco Vargas, vicepresidente del TSE, explicó que “uno o más partidos políticos de alcance nacional con personería jurídica vigente, un partido político con agrupaciones departamentales o municipales o, en su defecto, 9 agrupaciones ciudadanas de alcance departamental también pueden conformar una alianza política de alcance nacional”.

Una vez que se formalicen los acuerdos, si no hay observaciones, el Tribunal Supremo Electoral aprobará la alianza mediante una resolución en un plazo máximo de 3 días. En las últimas semanas, se han observado organizaciones sociales que proponen candidatos a la presidencia como si fueran partidos políticos ya establecidos.

Restricciones del TSE

Ante esta situación, Vargas enfatizó que “el TSE no ha autorizado la participación de ningún sector de ninguna organización” que no sean los partidos políticos de alcance nacional, según lo estipulado por la ley de organizaciones políticas.

El Órgano Electoral ha precisado que 14 partidos políticos y una agrupación ciudadana han presentado su balance económico y sus estados financieros con fecha de corte contable al día de la convocatoria.

Partidos que han presentado balances

Los partidos que han cumplido con este requisito son: Unidad Nacional (UN), Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Nueva Generación Patriótica (NGP), Acción Democrática Nacionalista (ADN), Autonomía Por Bolivia – Súmate (Súmate), Frente Para la Victoria (FPV), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Frente de Izquierda Revolucionario (FRI), Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS – IPSP), Partido de Acción Nacional – Bolivia (PAN-Bol), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Alianza Social Patriótica (ASP).

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Organizaciones en riesgo

Las organizaciones que enfrentan esta situación son el Frente Para la Victoria (FPV), el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) y Acción Democrática Nacionalista (ADN). Para poder participar en los comicios de agosto, estas agrupaciones deben llevar a cabo la renovación de sus directivas o adecuar sus estatutos a las normativas vigentes.

De las 13 organizaciones políticas de alcance nacional que existen en el país, actualmente die están habilitadas para participar en las elecciones. Gustavo Ávila mencionó que “el Frente Para la Victoria todavía está observado; en realidad, tenemos un informe que se ha presentado en la Sala Plena, que es un informe negativo”.

Incumplimientos y amonestaciones

Hasta el 3 de diciembre de 2024, el ADN no había completado la actualización de militancias ni la renovación de su directiva, acumulando dos amonestaciones. Si el TSE le impone una amonestación más, podría perder su personalidad jurídica. El FPV también ha fallado en cumplir con la actualización de militancias y la renovación de su directiva. Por su parte, el PAN-BOL no ha adecuado su estatuto a la Ley de Organizaciones Políticas.

“Hasta el 20 de marzo tienen plazo todas las organizaciones políticas con personería jurídica vigente para cumplir estos dos requisitos”, subrayó el vocal. Si las organizaciones políticas no cumplen con la nueva resolución antes de esta fecha, serán sancionadas de acuerdo con el artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas.

Contexto electoral

A nivel nacional, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) tiene registradas 162 organizaciones políticas, que incluyen agrupaciones de alcance municipal, regional y departamental, además de 13 partidos políticos de alcance nacional.

Los frentes que están habilitados para participar en las elecciones generales son: Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Unidad Nacional (UN), Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Nueva Generación Patriótica (NGP) y Autonomía por Bolivia – Súmate (APB-Súmate). Cabe destacar que los últimos dos fueron creados en 2023.

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La decisión fue tomada en una sesión de sala plena y se ratificará en el calendario electoral que se publicará en los primeros días de abril. Esta información fue proporcionada el miércoles 5 de febrero por el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.

Plazo para alianzas

Vargas mencionó que los partidos que quieran conformar alianzas deberán cumplir con una reglamentación interna. Esta reglamentación será aprobada y divulgada la próxima semana.

Además, el plazo también se aplicará a las organizaciones políticas que actualmente están en proceso de recolección de firmas para ser reconocidas legalmente como partidos. En este momento, 3 organizaciones han recibido autorización para recolectar firmas y huellas dactilares con el objetivo de obtener su personería jurídica.

Documentación necesaria

Desde el TSE explicaron que las agrupaciones que decidan formar alianzas deberán presentar un documento regulador. Este documento establecerá los términos del acuerdo entre los partidos o agrupaciones ciudadanas que participen de manera conjunta en los comicios.

Vargas adelantó que, aunque el calendario electoral aún está en elaboración, el TSE emitirá un comunicado en las próximas horas para confirmar la fecha establecida.

Registro de candidatos

Por otro lado, Vargas aclaró que el registro de candidaturas tendrá una fecha distinta dentro del cronograma electoral. En primera instancia, los partidos deberán presentar sus listas de candidatos a través de un sistema digital que será habilitado por el TSE.

Después de esto, se verificará la documentación según los requisitos establecidos en la Constitución. Luego, se abrirá un periodo para la publicación de las listas preliminares, durante el cual la ciudadanía podrá impugnar las postulaciones que no cumplan con los requisitos o que estén en causales de inelegibilidad.

“Posiblemente en los primeros días de mayo, las organizaciones políticas ya tendrán que presentar la lista de candidatas y candidatos”, puntualizó la autoridad.

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El 20 de diciembre era la fecha límite para que los frentes políticos cumplieran con la renovación de sus directivas. De no hacerlo, se harían acreedores a las sanciones correspondientes que establece la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.

Según el presidente del TSE, Oscar Hasenteuffel, la Sala Plena se reunirá para revisar el caso de aquellas organizaciones que no hayan cumplido con las decisiones adoptadas por el ente electoral. Esta evaluación es crucial para determinar el futuro de los partidos involucrados.

Evaluación de acciones

Hasenteuffel también mencionó que se analizará si las organizaciones políticas han realizado alguna acción o si han llevado a cabo sus congresos. Esta información será revisada a nivel de la Sala Plena, lo que permitirá tomar decisiones informadas sobre las sanciones a aplicar.

Consecuencias para los partidos

Las organizaciones políticas que no hayan realizado ninguna acción para renovar sus directivas, en el marco de la democracia interna, son susceptibles de ser sancionadas y amonestadas. En este contexto, Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) son los frentes políticos que no habrían renovado sus directivas.

Ambos partidos han recibido dos amonestaciones hasta el momento. Si reciben una tercera amonestación, esto podría poner en riesgo sus personerías jurídicas, lo que tendría graves consecuencias para su funcionamiento y representación política.

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Los partidos políticos tienen hasta el 20 de diciembre para renovar sus directivas. Este plazo se ha establecido tras la sexta ampliación. Tahuichi Tahuichi Quispe, vocal del TSE, advirtió que aquellos frentes que no cumplan con esta disposición “serán pasibles a una amonestación”.

El plazo fue fijado por el TSE en septiembre mediante la Resolución TSE-ADM N° 0314/2024, que amplió el tiempo para que las organizaciones políticas del país realicen la renovación de sus directivas y adecuen sus estatutos orgánicos. La resolución también establece que las organizaciones que no cumplan con esta determinación hasta la fecha indicada enfrentarán las sanciones correspondientes.

Organizaciones en proceso de renovación

Hasta septiembre de este año, cinco organizaciones políticas estaban en proceso de renovación de directivas. Estas son: Acción Democrática Nacionalista, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Frente Para la Victoria, Partido Demócrata Cristiano y el Movimiento Al Socialismo – Instrumento por la Soberanía de los Pueblos.

Conflicto interno en el MAS

Dentro del MAS, dos sectores están disputando la dirección nacional. Evo Morales defiende su congreso realizado en Lauca Ñ en octubre de 2023, donde fue reelecto como presidente del MAS y declarado candidato único. Sin embargo, esta acción contraviene lo establecido por la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Por otro lado, Grover García fue electo en el congreso del MAS que tuvo lugar en El Alto en mayo de este año. Ambas facciones esperan la decisión del TSE sobre los dos congresos, aunque esta resolución dependerá de un fallo del TCP. El vocal del TSE explicó que el caso ha sido elevado al Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se debe emitir una resolución sobre la conflictividad existente entre estas dos alas del MAS.

Resolución del TSE y el TCP

En la resolución TSE-RSP-ADM N° 0314/2024 se establece que la situación de la renovación de la dirigencia del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) está sujeta a la definición previa del TCP respecto a las acciones constitucionales que se tramitan en esa instancia.

De las al menos 4 acciones vinculadas al MAS que el TCP debe resolver, una se refiere al X Congreso organizado por Evo Morales en Lauca Ñ en octubre de 2023. Este congreso se llevó a cabo sin la presencia de las organizaciones sociales fundadoras y parte del Pacto de Unidad.

Además, el TCP debe resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por el Pacto de Unidad contra la Ley del Régimen Electoral, que busca reconocer a la dirección nacional del MAS-IPSP elegida en el X Congreso celebrado en El Alto.

Situación electoral hacia 2025

En total, son 6 organizaciones políticas involucradas en este proceso electoral que se dirige hacia 2025. La situación actual refleja tensiones internas significativas dentro del MAS y plantea interrogantes sobre su futuro liderazgo y cohesión ante las elecciones nacionales.

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Ampliación del plazo

El TSE decidió extender este plazo por sexta vez, ya que varios partidos políticos aún no han cumplido con el procedimiento requerido por las leyes electorales. Hasta el momento, solo 6 de las 12 organizaciones políticas registradas han cumplido con los requisitos establecidos.

Partidos como Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) corren el riesgo de perder su registro, según lo indicado por el vocal Tahuichi Tahuichi. Esta situación resalta la importancia de que las organizaciones políticas actúen con prontitud para evitar sanciones.

Organizaciones afectadas

La ampliación del plazo se aplica a organizaciones políticas de alcance nacional, departamental, regional y municipal, cuyas directivas han excedido su periodo de mandato. El documento emitido por el TSE señala que aquellos partidos que no completen este proceso a tiempo enfrentarán sanciones.

Además, el TSE advirtió que las organizaciones que acumulen 3 amonestaciones por incumplimiento podrían perder su personería jurídica. Esto pone de manifiesto la necesidad de que los partidos se alineen con las normativas vigentes.

Supervisión del proceso

El TSE también recordó que los encuentros políticos, asambleas o congresos destinados a la renovación de las directivas deben estar bajo la supervisión del Órgano Electoral Plurinacional. Asimismo, se requiere que las organizaciones adecuen sus estatutos internos a las normativas establecidas.

Situación del MAS

En relación con el Movimiento Al Socialismo (MAS), la resolución del TSE aclara que la renovación de su dirigencia dependerá de la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Este tribunal está evaluando acciones constitucionales relacionadas con este asunto.

Objetivo del TSE

Por su parte, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, enfatizó que la intención del tribunal no es eliminar a las agrupaciones políticas. Su objetivo es asegurar el cumplimiento de la Ley de Organizaciones Políticas para garantizar un adecuado funcionamiento de la democracia en el país.

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Existe una idea muy difundida y aceptada de que la democracia no es posible sin los partidos políticos. Hace décadas que se asegura que estas organizaciones están en crisis, pero pese a la intensificación de los síntomas de su enfermedad —supuestamente— crónica, no han desaparecido: los partidos se crean, a veces se destruyen y siempre se transforman.

Bajo el manto protector de este planteamiento sobre su indispensabilidad para el sostén democrático, se ha sido condescendiente con las deficiencias, defectos y desatinos que presentan estas —relevantes, ya se dijo— organizaciones políticas.

Es evidente una ausencia de democracia en su interior. Hay dirigentes, como en el caso mexicano, que los capturan y buscan seguir con el control, como en el caso del Partido Revolucionario Institucional; en otros, se busca heredar a algún cercano el cargo, como ocurre en el Partido Acción Nacional; en otros es notorio que funcionan como franquicias con dueño: Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo…

Los partidos políticos también son responsables de sostener gobiernos ineficaces, pues son ellos los que postulan a quienes ocupan los cargos de elección popular. Hay una falta de contundencia ciudadana cuando no se les recrimina lo que ocurre después de las elecciones: tendrían que responsabilizarse no solo del acceso al poder, sino también de la manera en la que se ejerce ese poder.

Empero, la centralidad y el control que tienen los partidos políticos de las decisiones que se toman en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial hace complicado que reciban los correctivos respectivos. El partidocentrismo como base de la retaliación potencial.

Apenas en el reciente proceso electoral en México, sin ir más lejos, desde el Instituto Nacional Electoral (todavía INE) se lanzó el mensaje de que lo que se espera es que estas agrupaciones, en algún momento, se abstengan de realizar acciones violatorias de la ley; eso como la principal aspiración antes que preferir una actitud sancionatoria: no privilegiar la imposición de una penitencia porque “el castigo no resolverá el problema”, se dijo.

En ese tono, el Consejo General de dicha autoridad electoral calculó multas por 1.564 millones de pesos (más de 80 millones de dólares), de los cuales 785,6 millones son producto de infracciones en el proceso federal. Los consejeros y consejeras decidieron ser laxos en los rubros de gastos no reportados y no comprobados, por lo que redujeron la sanción de esta última cifra a 330 millones. Una pichincha.

No cabe duda de que los partidos siguen cumpliendo con las funciones que de manera histórica les han sido encomendadas. El politólogo español Jordi Matas las sintetiza así: socialización política y creación de opinión; armonización de intereses; formación de élites políticas; canalización de las peticiones de la población, y reforzamiento y estabilización del sistema político.

¿Pero es el momento para plantearse, con seriedad, una democracia sostenida no solo en partidos políticos? En el núcleo de la democracia, donde se requiere de la participación de estas organizaciones, se encuentra la acción política, la implementación de una serie de actividades que tendrían como supuesto principal ver por el bien de la comunidad.

Así que el punto es que esta acción la desarrollan un conjunto de individuos, ya sea en solitario o en conglomerados. De manera que, entonces, si lo que importa es la acción y los individuos que la ejercen, lo de menos es el espacio organizativo en el que se encuentran alojados.

Si se toman como referencia los sistemas parlamentarios, los líderes partidistas y la propulsión más importante de dicha acción política se instalarían en el Congreso y con ello se podría aspirar a una presencia intermitente de los partidos: existencia temporal de los partidos, acción política permanente desde los cuerpos legislativos.

¿Estamos ya ante la posibilidad de contar con partidos políticos eventuales como lo había previsto Moisei Ostrogorski hace más de un siglo?: “¿No se ha indicado ya la solución que exige el problema de los partidos? ¿No consiste en eliminar en la práctica la costumbre de los partidos rígidos, de los partidos permanentes que tengan por fin el poder, y restituir y reservar para el partido su carácter esencial de agrupamiento de ciudadanos, formado especialmente para una reivindicación política determinada?”.

Pensar que Morena es el responsable de la continuidad de la llamada Cuarta Transformación en México es un error, es apenas el vehículo en el cual se concentraron los apoyos favorables al movimiento y en especial al presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2024.

Estamos a poco del advenimiento de un nuevo partido, que tiene entre sus líderes más visibles a quienes impulsaron la llamada Marea Rosa mexicana. ¿Será la solución para generar un contrapeso al oficialismo? Lo que es más, ¿podrá siquiera formarse y lograr el registro? Liderazgos añejos y fallidos para encabezar una organización política que pretende ser novedosa. Mal envite.

Javier Rosiles es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (México). Doctor en Estudios Sociales con especialidad en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Miembro del SNI-Co.

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“En esta quinta ampliación, hemos dado un plazo para que puedan renovar sí o sí hasta el próximo 5 de septiembre sus directivas”, declaró este sábado 17 de agosto el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Quispe.

La autoridad advirtió que dicho plazo debe ser cumplido sin excusas, y aquellos que no cumplan estarán sujetos a las sanciones estipuladas en el artículo 58 de la Ley 1096.

Avance en la renovación de directivas

En ese marco, el funcionario detalló que, de los 11 partidos políticos de alcance nacional, solo seis cumplieron con la renovación de sus directivas, mientras que los otros cinco restantes aún no lo hicieron, a pesar de la proximidad de las elecciones presidenciales.

Participación de organizaciones sociales

Por otro lado, Quispe mencionó que las organizaciones sociales también pueden participar en las elecciones nacionales con sus propios candidatos, siempre que cumplan con cinco requisitos establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Excepciones para las organizaciones indígenas

Explicó que, por ejemplo, la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia (Csutcb) no necesita de ningún partido político para postular a su candidato presidencial, vicepresidencial, así como a diputados y senadores. Lo mismo aplica para las Bartolinas.

Añadió que el trato hacia estas organizaciones sociales es distinto al de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que cuentan con militancia.

De acuerdo con lo establecido por el Órgano Electoral, los requisitos para que una organización indígena pueda postular a su candidato incluyen: nombre, sigla y colores; estatuto orgánico; personería jurídica; acta de voluntad para participar en el proceso electoral; y su propuesta de gobierno.

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Para cumplir con los requisitos, es necesario obtener previamente el Número de Identificación Tributaria (NIT) y abrir una cuenta solidaria mancomunada a nombre de la organización política.

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) solicita los siguientes documentos: personalidad jurídica otorgada por el Órgano Electoral y estatutos; cédula de identidad vigente del representante legal; poder notariado que establezca las facultades del representante legal de la entidad; factura o aviso de cobranza de consumo de energía eléctrica del domicilio fiscal, con una antigüedad no mayor a 60 días a la fecha de inscripción.

Además, se requiere presentar facturas o avisos de cobranza recientes de consumo eléctrico tanto del domicilio fiscal como del habitual del representante legal.

Requisitos adicionales para abrir la cuenta bancaria

Una vez obtenido el NIT, los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas deben cumplir con requisitos adicionales para abrir su cuenta bancaria. Estos incluyen la escritura de constitución social, el registro de firmas y el formulario de apertura de cuenta corriente o caja de ahorro. También se solicitan poderes de administración inscritos en el Registro de Comercio, documentos de identificación de los representantes y no estar incluido en listas de cuentas clausuradas por la ASFI.

Control y seguimiento por parte de las autoridades electorales

La correcta apertura y presentación de estas cuentas bancarias permitirá un adecuado control y seguimiento por parte de las autoridades electorales correspondientes.

Los frentes deben obtener el NIT o inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital para completar los trámites necesarios en este proceso.

/ APC

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El objetivo de este encuentro es reunir a los 11 partidos políticos del país, así como a las alianzas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, junto con los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y un representante del Gobierno nacional. Durante la jornada, se abordarán diversos temas relacionados con el ciclo electoral de las elecciones generales de 2025.

Razones detrás del cambio de fecha

El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, explicó que la decisión de posponer el encuentro se tomó para permitir una mejor preparación del evento. Se requieren algunos días adicionales para cumplir con los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para abordar los temas previstos en esta importante reunión.

Temas a discutir en el encuentro

Entre los temas que se tratarán en este encuentro se encuentra la pertinencia de organizar elecciones primarias, que según la normativa deberían llevarse a cabo este año. También se abordará el Padrón Electoral Biométrico (PEB) y la transmisión rápida de resultados. Otro tema relevante será la asignación de escaños basada en los datos del último censo, así como la reconfiguración y codificación de las circunscripciones electorales.

Invitaciones a los participantes

En los próximos días, el TSE enviará formalmente las invitaciones a los participantes considerados para este encuentro. Se espera contar con la presencia de todos los partidos políticos, las alianzas mencionadas y los representantes de las instituciones pertinentes.

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El domingo 4 de febrero tuvieron lugar las sextas elecciones de autoridades municipales en Costa Rica. Previo al 2002, los comicios municipales se celebraban de manera concurrente con las nacionales, y a partir de 2016 se unificó la designación de todos los cargos y se separaron de las presidenciales y legislativas. Las elecciones libres y limpias se celebraron en un ambiente de normalidad. Los resultados fueron dados a conocer con rapidez y sin cuestionamientos. En total se elegían 6,612 cargos con participación de 71 partidos políticos. Se encontraban habilitados para votar 3.5 millones de votantes.

Como todo evento de esta naturaleza, las elecciones municipales reportan continuidades por un lado y por el otro, cambios y reconfiguraciones. Una de las continuidades más importantes está relacionada con la asistencia a las urnas. Al igual que sucede en otras sociedades que también celebran elecciones locales separadas de las municipales, por lo general, la concurrencia de la ciudadanía a las urnas es menor que la registrada en otras elecciones. Costa Rica no es la excepción en esta materia.

En las cinco elecciones locales entre 2002 y 2020, el promedio de participación electoral fue de tan solo un tercio del padrón. En la elección municipal de 2024, el 32% de las personas empadronadas ejerció el sufragio. Es decir, se prolonga la tendencia de baja asistencia. A pesar de que este valor promedio nacional es bajo, los datos confirman una segunda continuidad importante: persisten y se refuerzan las disparidades territoriales de la participación. A lo largo de las seis elecciones municipales celebradas (2002, 2006, 2010, 2016, 2020 y 2024), la asistencia a las urnas en localidades de menor desarrollo humano y localizadas por lo general en regiones rurales y periféricas ha sido mayor que la registrada en las ciudades urbanas, más desarrolladas y pobladas, ubicadas en el área metropolitana.

Algunos datos pueden ilustrar este patrón geográfico de la participación: en el municipio capitalino de San José, el de mayor presupuesto y el de mayor visibilidad mediática, la concurrencia a las urnas fue de un 23%, la misma cifra que en Heredia (localidad ubicada al norte del país). Además, el municipio con menor afluencia fue Desamparados, en la provincia capitalina: registró un 21% de participación. En cambio, en municipios como Turrubares, el ausentismo fue del 39%, en Nandayure del 41% y en Monteverde del 44%, sobresaliendo como los cantones de menor abstencionismo. En síntesis, la elección municipal 2024 se comportó como las anteriores en términos de la participación de la ciudadanía y en lo que respecta a las disparidades territoriales.

Ahora bien, los reacomodos más relevantes han ocurrido en los apoyos electorales a los partidos políticos. En elecciones previas, los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) han dominado los cargos municipales. Por ejemplo, en 2002 estas dos agrupaciones controlaban 75 de las 81 alcaldías municipales (un 93%). Hace cuatro años, en 2020, las alcaldías en manos del PLN y el PUSC eran 58. En esta oportunidad, los partidos mencionados se adueñaron de 49 municipalidades, poco más de la mitad en disputa. En este escenario, la agrupación política que ha perdido más respaldo es el PLN, que en 2024 perdió 15 municipalidades con respecto a 2020 y 30 respecto a 2006, su mejor año. El PUSC, por su parte, aumentó en 5 en comparación con hace cuatro años, pero muy lejos de las 48 que tenía en 2002.

Al debilitamiento de los partidos PUSC y PLN a escala local se le suma el hecho de que los partidos políticos oficialistas a nivel nacional (en control del Poder Ejecutivo), en las últimas tres elecciones (2016 en adelante), comparten una característica que los pone en desventaja en elecciones municipales: carecen de bases de apoyo territoriales. De hecho, luego de que en épocas en las que el PLN y PUSC afrontaban comicios municipales siendo gobierno nacional y obtenían respaldos del 37%, el 46% y el 44%, en las últimas tres elecciones municipales las otras dos agrupaciones que han sido gobierno (PAC y Progreso Social Democrático) solo han llegado al 12%, el 7% y el 5% de respaldo electoral.

La erosión del respaldo a los partidos tradicionalmente dominantes en las elecciones de autoridades municipales ha abierto múltiples espacios para agrupaciones emergentes que aprovechan para disputar y convertirse en agrupaciones competitivas a nivel local. En 2024 esa agrupación fue Unidos Podemos, un partido sin mayor historial y sin arraigo comunal, que pasó de 1 a 9 alcaldías. Además, los partidos cantonales prolongan un proceso gradual de expansión en dos sentidos: uno territorial, abarcando más comunidades y territorios, y otro, electoral, al alcanzar más alcaldías y regidurías en cada elección.

Los últimos cambios de relevancia son de índole jurídico. En las elecciones municipales 2024 se aplicaron dos reformas de gran trascendencia. La primera de ellas consistió en la aplicación de límites a la reelección municipal, la cual produjo una renovación de las autoridades designadas, especialmente en las alcaldías. La segunda se refiere a la aplicación de la paridad de género mediante la alternancia en todas las candidaturas y en todas las circunscripciones en las que compitan los partidos políticos. La aplicación de esta última norma originó que algunas candidaturas que incumplieron con estos requisitos fueran denegadas, incluidas las de dos agrupaciones políticas (Pueblo Soberano y Aquí Costa Rica Manda) que recibieron el apoyo del presidente Rodrigo Chaves, luego de su conflicto y separación del Partido Progreso Social Democrático.

Ronald Alfaro-Redondo es investigador del CIEP, profesor catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Pittsburgh y Máster en Ciencias Políticas por Columbia University.

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A pesar de los temores de unas elecciones gravemente afectadas por la ola de violencia que vive Colombia, lo cierto es que, salvo el trágico incendio de las oficinas de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la Gamarra (César) que le costó la vida a una funcionaria, Duperly Arévalo, y algunas pocas asonadas en algunos municipios, en general las elecciones regionales del pasado 29 de octubre transcurrieron en paz y no hubo denuncias graves de fraude electoral. Sin embargo, el profundo desbarajuste que está sufriendo nuestro sistema de partidos es una fuente de gran preocupación.

Basta señalar que en las recientes elecciones no solamente hubo 36 partidos o movimientos políticos con personería jurídica, sino más de 1.500, óigase bien: más de 1.500 “grupos significativos de ciudadanos” (GSC) inscritos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE)  respaldaron a candidatos a las gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales.

Según la muy respetada Misión de Observación Electoral (MOE), el número de GSC ha ido en aumento elección tras elección. Solo entre 2011 y 2019 hubo un incremento del 488% (pasamos de 213 a 1.253 GSC), que se conformaron sobre todo para la elección de alcaldes municipales. Y en las últimas elecciones la cifra de GSC se elevó a la nada despreciable suma de 1.500 creados para la ocasión, pues, a diferencia de los partidos, estos grupos no tienen vocación de permanencia. Son flor de un día.

Si los requisitos mínimos para conformar un partido o un movimiento político son hoy en día risibles (50.000 firmas o 50.000 votos, un parlamentario electo), los que se exige para lanzar un GSC es aún más irrisorio. Según las normas actuales, el equipo inicial del virtual grupo -léase bien, grupo- debe estar compuesto al menos por tres personas (¡!), quienes deben entregar un formulario a las autoridades electorales señalando el cargo (gobernador, alcalde) o la corporación pública (asamblea departamental o concejo municipal) al cual aspiran y el nombre de los candidatos que van a apoyar, los cuales deberán aparecer en el formulario de recolección de las firmas. Las firmas recolectadas deberán ser al menos el 20% del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer, hasta un tope máximo de 50.000 firmas.

Si ya la existencia de 36 partidos ofreciendo avales a diestra y siniestra es simple y llanamente alarmante, los centenares de GSC son ya la gota que derrama el vaso. De acuerdo con el CNE, “los grupos significativos de ciudadanos no suponen una organización permanente sino la simple coyuntura de postular listas y candidatos en un determinado certamen electoral” (CNE, 2019). Es decir, una de las funciones principales que deberían cumplir los partidos políticos, la selección rigurosa de los candidatos a cargos de elección popular (por su experiencia, conocimientos, moralidad), se ha evaporado del todo.

La figura de los GSC, que fue creada en mala hora por la Constitución de 1991, es, según el propio CNE, una alternativa a los partidos políticos, pues, según sostiene este organismo en un comunicado, “desde la misma Constitución se habilita la posibilidad de que ciudadanos que no encuentran afinidad con los partidos existentes pueden ejercer su derecho electoral pasivo, al postular sus nombres como candidatos por medio de esta figura”. En pocas palabras, en lugar de fortalecer los partidos políticos -que hoy viven una “mala hora”- como ejes de la democracia representativa, en Colombia se ha tomado el camino de acelerar su destrucción.

¿Y al alcalde quién lo ronda?

En este contexto de implosión sin límites de partidos, movimientos étnicos y políticos y GSC, Colombia está viviendo no solamente un “mercado de avales” sin control, sino una oscura feria de financiación oculta de la política. En efecto, transcurridos varios días tras de las elecciones del 29 de octubre, solo un reducido número de partidos, movimientos políticos y GSC han entregado al CNE sus cuentas de campaña. Es probable, incluso, que ni siquiera reporten los gastos. Y, por otra parte, si lo hacen, el débil CNE no tiene capacidad de velar ni por la transparencia de los recursos, ni por los topes autorizados, ni por su uso. ¿Quién puede examinar las cuentas de 1.500 GSC? ¿Quién puede determinar si detrás de los GSC solo se esconden oscuros clanes familiares regionales dedicados al pillaje de los recursos públicos?

Simple y llanamente la vida político-partidista se está desdibujando a ritmos acelerados. Su origen se encuentra en el pésimo diseño institucional en este terreno de la Constitución de 1991 y en la Ley 130 de 1994, “por la cual se dicta el Estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”, en la cual se crearon dos nuevas y extrañas figuras: los movimientos sociales con aspiraciones políticas y los GSC.

Sin duda, la Constitución de 1991 tuvo un objetivo loable: superar el bipartidismo perfecto -es decir, un sistema en el cual dos partidos obtienen más del 90% de los votos y de los cargos de elección popular por proveer- y abrir el sistema para nuevas fuerzas políticas, en particular, las prevenientes de los grupos guerrilleros que aceptaron entre 1990 y 1991 realizar el tránsito “de las armas a la política”: el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Armado Quintín Lama (MAQL) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Sin embargo, este objetivo se vio empañado por el pésimo diseño institucional que condujo no solo a debilitar a los partidos existentes -hoy los partidos Liberal y Conservador son una simple sombra del pasado-, sino a fracturar la totalidad del campo de la representación política en mil pedazos. Hoy, el funcionamiento de los cuerpos colegiados a todos los niveles es muy deficiente y las leyes, ordenanzas o acuerdos que aprueban terminan siendo simples “colchas de retazos”, es decir, normas de mala calidad.

La ampliación del número de actores políticos y los requisitos mínimos para conformarlos no ha servido para fortalecer la adhesión a la democracia, pues, según las encuestas, día a día decrece el número de ciudadanos que afirman pertenecer a un partido político-. Pero, además, estamos observando dos fenómenos adicionales muy preocupantes: por una parte, la multiplicación de partidos personalistas y, de otra parte, la expansión de los clanes familiares regionales. Es decir, la ausencia creciente de proyectos politicos y programas colectivos.

Las hipótesis para intentar explicar este incremento de los GSC por parte de la MOE son, principalmente, tres: en primer término, disponen de un tiempo más amplio que los partidos o movimientos políticos para hacer campaña, pues desde la entrega de los formularios para la recolección de firmas (ocho meses antes de los comicios) empiezan, de hecho, su agitación electoral. En segundo término, debido a la desconfianza y mala imagen de los partidos políticos -que, según la última encuesta de Invamer publicada en febrero 2023 tienen un 77% de desfavorabilidad y un 11% de favorabilidad-, muchos políticos o aspirantes a políticos prefieren presentarse como independientes. Y, por último, el alto número de partidos y movimientos políticos ha conducido a un hondo desdibujamiento de los programas y símbolos partidistas, es decir, de su identidad ideológica.

¿Qué hacer?

Las recientes elecciones regionales nuevamente han encendido las alarmas sobre el hondo desbarajuste de nuestro sistema electoral y de partidos que yo no dudaría en calificar como uno de los más deficientes del mundo. Lo grave es que a la mala política le sigue una mala administración pública.

En especial, en un país donde no se ha logrado consolidar una verdadera carrera administrativa y donde los grupos políticos que llegan al poder a todos los niveles buscan ocupar los cargos públicos con sus seguidores y simpatizantes con total autonomía de su experiencia y capacidad administrativa, además de pagar favores políticos. Según reconocidos investigadores como Miguel Ángel Centeno y Agustín Ferrado, los únicos países latinoamericanos que cuenta con una administración pública autónoma y con un servicio civil de carrera son Chile y Costa Rica. En Colombia prima el nepotismo y los protegidos políticos, es decir, se privilegia la lealtad o los nexos familiares a la capacidad.

Por ello, es urgente un gran acuerdo nacional en torno al reordenamiento del sistema electoral y de partidos, así como la necesidad de una verdadera carrera administrativa en el país a todos los niveles.

Eduardo Pizarro Leongómez es profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, expresidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y exmiembro de la Junta Directiva del Fondo de Víctimas de la Corte Penal Internacional.

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Este anuncio llega tras la finalización del plazo original el pasado 21 de octubre. Según informó Tahuichi Tahuichi, vocal del TSE, existen en el país un total de 166 organizaciones políticas con alcance tanto nacional como subnacional. De estas, solo un tercio habría logrado completar la renovación de sus directivas.

Cuatro partidos nacionales han cumplido

En lo que respecta a las organizaciones con presencia a nivel nacional, únicamente cuatro partidos políticos han llevado a cabo la renovación: Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Unidad Nacional (UN), Demócratas y Movimiento Tercer Sistema.

Pendientes por renovar directivas

Sin embargo, aún quedan pendientes otros partidos como Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Frente Para la Victoria (FPV), Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) y Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP). En este último caso cabe destacar que ya se eligió una directiva en un Congreso realizado en Lauca Ñ pero está sujeto aún a la validación del TSE.

Sanciones por incumplimiento de renovación

Las sanciones anunciadas por el TSE serán aplicadas conforme al Reglamento de Sanciones contra aquellas organizaciones que no hayan comunicado o acreditado alguna acción verificable para cumplir con la renovación de sus directivas. Estas sanciones se registrarán como incumplimientos de las decisiones del TSE, y si una organización política acumula tres incumplimientos, se procederá a la cancelación de su personería jurídica.

Pocos partidos podrían ser sancionados

Se estima que entre cinco y seis organizaciones a nivel nacional podrían ser objeto de esta sanción. El vocal Tahuichi enfatizó que el TSE ha sido bastante tolerante, ya que esta es la cuarta ampliación de plazo otorgada a las organizaciones políticas.

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El más reciente proceso de elección interna de candidatos, o en este caso de candidatas, a la presidencia de la República en México, realizado por el partido en el gobierno, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y el Frente Amplio por México, una coalición opositora integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tuvo como denominador común el uso de las encuestas como criterio único de selección.

Es importante señalar que no es la primera vez que un partido político o coalición de partidos en México utiliza los resultados de las encuestas como el criterio principal de selección de candidatos a distintos niveles de gobierno, incluida la presidencia de la República. Lo que sí resulta significativo es que tanto Morena como el Frente Amplio por México hayan decidido con ello renunciar a todo proceso electivo. 

La encuesta como método de designación

Destaca el caso de Morena; desde su fundación, este partido ha descartado llevar a cabo elecciones internas para la designación de sus candidatos. Esto fue refrendado por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando señaló en junio de este año, en una de sus tantas conferencias de prensa matutinas, que la encuesta como método de designación, al formar parte de los estatutos del partido, “ha probado su eficacia” y “ha evitado rupturas”.

Por su parte, el Frente Amplio por México, después de sucesivas rondas de descarte de sus distintos precandidatos, decidió ya no llevar a cabo la última fase del proceso, la consulta ciudadana entre las personas registradas para tal efecto, y quedarse únicamente con el resultado de los estudios de opinión pública que dieron como ganadora a Xóchitl Gálvez sobre Beatriz Paredes por más de 15 puntos porcentuales en promedio.

Al respecto, ¿qué implicaciones tiene la sustitución de facto de todo proceso electivo por los resultados demoscópicos para la democracia en general y para la democracia interna de los partidos políticos en particular?

En principio, la decisión del partido en el poder y de la coalición opositora de introducir la encuesta en una suerte de mecanismo equivalente de democracia participativa para evitar conflictos o rupturas, o en un afán de evitar una baja afluencia de votantes, ha estado lejos de producir un mayor acercamiento con la población. De hecho, cabe recordar el fracaso en términos de participación ciudadana que supuso la consulta de revocación de mandato que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2022 impulsada por la presidencia de la República. Por el contrario, esta decisión fortalece la hipótesis del politólogo Peter Mair, que hablaba de “gobernar el vacío” y que sugiere que, debido a las deficiencias de los partidos políticos, la democracia paulatinamente se va despojando de su componente popular, alejándose del demos. 

Lo que acabamos de atestiguar en México fortalece esta hipótesis. Los partidos políticos, al circunscribirse únicamente a las encuestas como criterio electivo, han conducido a dos escenarios: 1) se rompe con el ciclo mismo de la deliberación política democrática; esta apuesta a que toda deliberación termine en agregación, como sugería el politólogo Adam Przeworski, acaba frustrándose, y 2) se da por hecho que el resultado mismo de la encuesta es de facto coincidente con un hipotético resultado electoral.

Debate en torno al grado de precisión de las encuestas

Este último punto nos coloca de frente al debate en torno al grado de precisión de las encuestas. Un debate que se relaciona con el grado de concordancia que se presume puede existir, o no, entre la particular distribución de opiniones entorno a la intención de voto y la distribución final de los resultados electorales. 

Lo anterior es la fuente misma de la característica de todo régimen democrático: la incertidumbre sustantiva, la cual se traduce en el hecho de que nadie puede garantizar ex ante el resultado de una contienda electoral; en el hecho de que nadie puede contestar a priori con absoluta certeza una simple pregunta: ¿quién va a ganar las elecciones?

La incapacidad de nuestro sistema de partidos de llevar a cabo elecciones internas ha cancelado toda posibilidad de incertidumbre sustantiva, requisito primordial de toda organización política de este tipo que se precie de democrática. La legitimidad de los sondeos, de carácter técnico, se impone sobre la legitimidad democrática que proviene del voto.

Carlos Luis Sánchez y Sánchez es doctor en Ciencia Política por FLACSO, México y profesor/investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es director de la Revista Mexicana de Opinión Pública de la FCPYS/UNAM.

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El exalcalde de la ciudad de La Paz y miembro del equipo de juristas independientes, Juan Del Granado, resaltó que los libros de recolección de firmas llegaron hasta localidades lejanas como; Chulumani, Huancané, Coripata.

En Cochabamba: en el Valle Alto, Valle Bajo; todo el Norte integrado de Santa Cruz; en Potosí: Tupiza, en Villazón, Llallagua; en Beni: la Amazonía, Rrurrenabaque, Riveralta, Magdalena; en Pando: Puesto Rico.

“Entonces, tenemos un cuadro de amplitud muy significativo que esperemos va ser el gran motor que va permitir completar estos otros cinco mil libros que ya han sido distribuidos”, señaló Del Granado.

Según el jurista, del 100% de las firmas solo el 30% son jóvenes, por lo que los instó a sumarse como voluntarios y reforzar la denominada gran cruzada nacional.

Por su parte, la doctora Kathia Saucedo, indicó que los partidos políticos no deberían estar presentando sus propios reglamentos, cuando se realiza un proceso ciudadano donde la gente está firmando.

“Nosotros creemos firmemente que los políticos deberían hacer una pausa y esperar que los ciudadanos terminen de firmar”, dijo a LA PATRIA.

Asimismo, Del Granado dijo que si logran el millón y medio de firmas antes del plazo del 23 de abril, el escenario cambiará, porque se podría realizar un referendo que modifique la actual forma preselección de magistrados.

“Pedimos a la oposición y al oficialismo, no que tengan consideración con los juristas independientes, sino con esta ciudadanía movilizada, ¿dónde está el apuro?”, cuestionó.

/NVY

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El plazo máximo para cumplir esta disposición es de 180 días calendario, computable a partir de la publicación de la Resolución, es decir hasta septiembre.

El TSE advirtió también que incumplir esta decisión constituirá un incumplimiento a resoluciones del Tribunal. Con tres incumplimientos, se procede a la cancelación de personería jurídica de la organización política, según reporte de la red Erbol.

La decisión da cumplimietno a la Resolución 128/2022 que emitió el TSE, el 29 de marzo de este año. Firmada por cinco vocales, puesto que María Angélica Ruiz gozaba de vacaciones y Dina Chuquimia fue disidente.

De esa manera, el instructivo del TSE se conoce cuando al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) existe una controversia sobre la vigencia de la directiva nacional, puesto que surgió un grupo de personas que exige la realización de un Congreso para renovar a la dirigencia que ejerce por más tiempo del permitido por estatuto.

Uno de los impulsores de la renovación en el MAS, el diputado Rolando Cuéllar, mediante redes sociales, resaltó la decisión del Tribunal Electoral de dar plazo para la renovar la directiva.

/MDCB

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“El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de Secretaría de Cámara, hizo conocer a los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que los estatutos orgánicos adecuados a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas deben ser entregados hasta las 16:00 horas del 31 de diciembre de 2021, como plazo máximo de cumplimento de esta disposición”, recordó el TSE en un comunicado.

La vocal electoral, Dina Chuquimia, recordó que el plazo para que los partidos políticos adecuen sus estatutos orgánicos y documentos internos, conforme a la disposición transitoria tercera, de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas (LOP), en los tres niveles del Estado, nacional, departamental y municipal, vence el 31 de diciembre.

“Hasta el momento sólo existe una organización política que concluyó todo el proceso de adecuación de su estatuto a la Ley 1096, que es el Movimiento Al Socialismo, (MAS IPSP)”, indicó.

Según el TSE, en el país hay 11 partidos políticos de alcance nacional y 117 agrupaciones ciudadanas en el ámbito departamental y municipal, que deben adecuar y actualizar sus estatutos.

En ese marco, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) encara y promueve talleres de capacitación a finde que los representantes de los partidos políticos tengan las facilidades en la actualización de sus normas y documentos.

Chuquimia pidió asumir con celeridad, esta responsabilidad tomando en cuenta que las organizaciones políticas deben apresurarse en los pasos correspondientes llevando internamente sus congresos y llegar al 31 de diciembre con sus estatutos adecuados.

Según la normativa, el TSE a través del Sifde debe supervisar los congresos, asambleas o cabildos de las organizaciones políticas en las que debatirán y aprobarán el ajuste de sus estatutos.

En ese marco fueron emitidos algunos instructivos:

1.- Las organizaciones políticas que obtuvieron su personalidad jurídica en base a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, no requieren actualizar su estatuto interno.

2.- Las organizaciones políticas deben presentar la documentación que acredite la adecuación de sus estatutos internos, hasta las 16:00 horas del 31 de diciembre de 2021. El Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales, deben garantizar el personal mínimo para la recepción de la documentación.

3.- Los Tribunales Electorales deben conformar comisiones de trabajo para la revisión de la documentación de adecuación de los estatutos internos entre Secretaría de Cámara y Asesoría Legal.

4.- La Sala Plena del Tribunal Electoral competente, sobre la base del informe de la comisión de revisión del Estatuto y del informe de supervisión del Sifde, emitirá Resolución disponiendo el rechazo o autorización del registro de las adecuaciones estatutarias de la Organización Política.

Esta Resolución debe ser emitida dentro del plazo de treinta (30) días calendario, computables desde la recepción de la solicitud de registro presentada por la Organización Política de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 24 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.

/INNOVAPRESS/

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Para el cumplimiento de la norma, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) realizó un taller de capacitación el viernes 3 de diciembre y el segundo será el 10 de diciembre en la ciudad de La Paz, reportó la red Erbol.

Taller de capacitación

La vocal del TSE, Dina Chuquimia pidió celeridad, señalando que las organizaciones políticas deben apresurarse en los pasos correspondientes llevando internamente sus congresos, para llegar al 31 de diciembre con sus estatutos adecuados.

El TSE a través del Sifde debe supervisar los congresos, asambleas o cabildos de las organizaciones políticas en las que debatirán y aprobarán el ajuste de sus estatutos, según normativa.

En el primer taller, los expertos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) abordaron temáticas referidas a la Ley 1096, como ser los procesos de constitución y registro, fusiones y conversiones, integraciones, las alianzas y sobre la extinción, cancelación y suspensión de las personalidades jurídicas de las organizaciones políticas.

Ley 1096

La Ley 1096 regula el funcionamiento de los partidos o agrupaciones políticas, en su artículo 7: Atribuciones a la OEP, se otorgan varias atribuciones al ente electoral, respecto al control y fiscalización de recursos y reuniones; además de vigilar el cumplimiento de estatutos y todos los procesos electorales.

Las organizaciones políticas deben adecuar sus estatutos para que se incluyan formas de atender denuncias sobre acoso hacia mujeres y se avance en la despatriarcalización de las actividades políticas; además de otros aspectos.

“Todos los partidos políticos y Agrupaciones Ciudadanas con personalidad jurídica vigente de alcance Nacional, Departamental y Municipal, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Única de la Ley N° 1315 de 13 de agosto de 2020, deben adecuar sus Estatutos a las disposiciones de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, hasta el 31 de diciembre de 2021”, se señala parte del instructivo enviado a las organizaciones políticas en julio.

Ley-N°1096Descarga

/JDLF/

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Este lunes el Tribunal Electoral Departamental de Oruro (TEDO) cerrará las inscripciones de candidatos con miras a las Elecciones Subnacionales 2021 a cumplirse el 7 de marzo, si bien hasta el momento siete candidatos han oficializado su participación en las justas, la mayoría aún no se inscribió dejando este tema a último momento, a ello se suman algunas agrupaciones que aún no dieron a conocer a sus candidatos.

POSTULANTES QUE CONFIRMARON SU CANDIDATURA

SOL.ORURO
Uno de los primeros en oficializar su candidatura fue Marcelo Medina que postula por la agrupación ciudadana Sol.Oruro, personaje que ya compulsó por la silla edil en el pasado.

LEAL
Lo propio pasó con Juan José Ramírez de la agrupación quien también pugna por la Alcaldía, cabe recordar que él ya ocupó este cargo en un periodo corto de casi un semestre.

MAS
En el Movimiento Al Socialismo (MAS), se tuvo una serie de reuniones para ir descartando a los diferentes precandidatos, quedando finalmente como candidato oficial Adhemar Wilcarani, hombre que tiene como punto fuerte ser hijo de la hermana del expresidente Evo Morales, la fallecida Esther Morales.

INCA-FS
Miguel Salas, agrónomo y conocido historiador orureño, aseveró ser candidato a alcalde mucho antes de iniciarse este proceso electoral, algo que trascendió en las redes sociales, semanas atrás oficializó su postulación por la agrupación ciudadana Inca-FS.

PP
Participación Popular sorprendió con la nominación del profesor Vito Chambi a la silla edil, como una muestra de renovación dirigencial en pos de competir por la alcaldía orureña.

BST
Otra de las agrupaciones que se muestra fuerte, es la de Bolivia Somos Todos que en Oruro participará mediante la sigla de Demócratas, teniendo a Gustavo Aranibar como candidato a la alcaldía y con un plus en el dirigente vecinal José Flores como candidato a primer concejal.
CC
Comunidad Ciudadana perfila a Ernesto Bernal Martínez para el cargo de la alcaldía; sumados a todos los nombrados se tiene a siete candidatos en procura de ocupar la titularidad del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

ORGANIZACIONES Y AGRUPACIONES QUE AÚN NO CONFIRMARON SU PARTICIPACIÓN

A esto aún resta algunas otras agrupaciones que en su momento participaron de las elecciones nacionales y continúan con su personería jurídica vigente, es el caso de Frente Para la Victoria (FPV), cuyos representantes estuvieron participando de algunos talleres que se realizan en el TEDO, así también se tiene al Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) de quien no se conoce candidato oficialmente.

Otros partidos que eran tradicionales en los comicios orureños aún no dieron luces claras sobre su participación, es el caso de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y la recordada agrupación Ciudadana Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria (Mcsfa).

Asimismo, se supo que el actual alcalde de Oruro, Saúl Aguilar, participará en la carrera electoral, en procura de permanecer en la silla edil, pero aún no se conoce con qué partido o agrupación ciudadana.

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Estelunes concluye el plazo para la presentación de listas de candidatos, la SalaPlena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó que la presentación de losdocumentos establecidos en el Reglamento para la Inscripción y Registros deCandidaturas sea hasta la media noche.

Segúncomunicado, la presentación de las listas de candidatos y de la documentaciónse realizará únicamente a través de los delegados acreditados de los partidos políticoso alianzas ante el TSE, según informó Salvador Romero, presidente de lainstitución electoral a varios medios de comunicación.

“Hastalas seis y media de la tarde, es el registro que se hace en el sistematecnológico que ha habilitado el organismo electoral y en el cual ha capacitadoa los delegados de las organizaciones políticas, para que puedan registrar alos candidatos, pero, luego todos los candidatos que están inscritos en elsistema informático deben entregar la documentación de respaldo de que cumplenlos requisitos y esa documentación va a ser recibida en el organismo electoralhasta medianoche y el día martes comenzará el análisis y la evaluación de la documentación”,anunció Romero.

FORMA DE PRESENTACIÓN

Losdocumentos de cada candidato (a) deben ser presentados en un folder tamañooficio, siguiendo el orden descrito y con un rótulo con los siguientes datos:

1. Nombre y sigla de laorganización política y/o alianza.

2. Nombres y apellidos de lacandidata o candidato.

3. Candidaturas a laPresidencia y Vicepresidencia.

4. Candidaturas alSenado, Diputaciones plurinominales, Diputaciones uninominales (por Departamentoy circunscripción), Representantes en Organismos Supraestatales.

5. Aclaración detitular o suplente.

Losdocumentos deben ser entregados en el siguiente orden:

1. Candidatas ocandidatos a Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente.

2. Candidatas ycandidatos por el departamento de Chuquisaca

3. Candidatas ycandidatos por el departamento de La Paz

4. Candidatas ycandidatos por el departamento de Cochabamba

5. Candidatas ycandidatos por el departamento de Oruro

6. Candidatas y candidatospor el departamento de Potosí

7. Candidatas ycandidatos por el departamento de Tarija

8. Candidatas ycandidatos por el departamento de Santa Cruz

9. Candidatas ycandidatos por el departamento de Beni.

10. Candidatas ycandidatos por el departamento de Pando

11. Candidatas ycandidatos a organismos supraestatales.

POSIBLES CANDIDATOS

Hastael momento son ocho posibles candidatos que anunciaron su participación losmismos son: Jeanine Áñez y Samuel Doria Medina (Juntos), Carlos Mesa y Gustavo Pedraza (CC), Ruth Nina (Pan-Bol),Jorge Quiroga (Libre 21), LuisFernando Camacho y Marcos Pumari (Creemos),Félix Patzi (MTS), Chi Hyun Chung yJasmine Barrientos (FPV) y Luis Arcecon David Choquehuanca (MAS).

Lasalianza formadas para las elecciones generales tienen la siguienteconfiguración: Juntos (Jeanine Áñez) tiene el respaldo de Demócratas y lasagrupaciones Sol para La Paz, Unidos para Renovar y Todos. Comunidad Ciudadana(Carlos Mesa) es apoyada por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). Libre21 (Tuto Quiroga) está formada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario(MNR) y el Movimiento por la Soberanía (MPS). Creemos (Fernando Camacho), porel Partido Demócrata Cristiano (PDC), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y CaminoDemocrático para el Cambio.

/EASF/

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“En este momento hemos podido conversar con muchos(partidos políticos). Muchos nos han buscado para conversar este tema. La siglapasa a segundo plano cuando existe la voluntad de los políticos deunificar criterios, recuperar la democracia”, indicó Pumari, según Oxígeno.

El representante potosinista señaló que tanto élcomo Camacho, vieron la necesidad de asumir una decisión personal que es la deocupar una candidatura en el futuro, a haber liderado la lucha cívica queterminó derrocando a Evo Morales.

“A raíz de esta situación se generan dosliderazgos que hoy son causantes de tanta polémica: Camacho y mi persona. Apartir de esa situación se ve la necesidad de asumir una decisión personal quees la de asumir alguna candidatura en un futuro”, indicó.

Finalizó indicando que por ahora ambos se dedican a cumplir sus roles como presidentes cívicos, pero que la misión es: “Trabajar de manera conjunta para sacar adelante nuestra patria”.

/VEGA/

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La Ordenanza Municipal 07/2002,prohíbe terminantemente hacer campaña, utilizando mobiliario urbano. Elartículo 1 señala la prohibición de “pintar y pegar cualquier tipo depropaganda política en las fachadas de edificios o inmuebles públicos yprivados, templos, clínicas, asilos, hospitales, escuelas, colegios, pedestalesde monumentos, graderías, muros de contención, puentes, pasarelas, ornamentosde parques y plazas, así como el colocado de banderas con colores políticos en lospostes de alumbrado público”.

Según el artículo sexto de la ordenanza, los infractores deberán pagar una multa de 10 mil bolivianos.

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A pesar de ser una difícil tarea el controlar el flujo de información y propaganda en cuentas de redes sociales por ser “muy amplia”, además de que pueden llegar a existir cuentas falsas, duplicadas y fantasmas, Torrez señaló que solo se monitorearán las cuentas oficiales que se registraron en el Tribunal Electoral.

Las sanciones por infringir el silencio electoral van desde 10 a 30 salarios mínimos, que debe pagar la organización o partido político transgresor dependiendo de su falta.

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Según informó este jueves en una conferencia de prensa elgerente general de EMAO, Milton Granadino, se recogieron aproximadamente decuatro a seis toneladas de residuos sólidos, en los lugares donde se realizaronconcentraciones proselitistas, en la ciudad de Oruro.

Asimismo, señaló que los partidos políticos, han generadobastante cantidad de residuos sólidos en los distintos sectores del municipio eincluso han atentado contra el ornato público.

“Se invita a los jefes de los distintos partidos políticos que se han hecho cargo de las campañas a nivel municipal, de que puedan pasar a las oficinas de EMAO, para honrar por este servicio extraordinario que ha prestado esta institución, por el barrido, recojo, traslado y disposición final de toda la basura generada en estas actividades”, expresó Granadino.

/MFA/AMJ/

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