La petición del Órgano Judicial para incrementar su presupuesto ha dividido criterios en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este miércoles 1 de julio, se conocieron opiniones que defienden que este poder del Estado reciba más dinero para operar adecuadamente, y otros que consideran que la justicia no puede exigir más presupuesto sin mostrar cambios estructurales.

Opiniones encontradas en la Asamblea

La diputada Sandra Rivero consideró que el bloqueo de 53 días debería dejar como lección que no se pueden aletargar las soluciones. En ese sentido, reprochó que un poder tan importante para el Estado, encargado de imponer justicia, no tenga un presupuesto más amplio.

“Cuántos de los ciudadanos no se quejan por falta de justicia, por poca celeridad, por el aletargamiento”, declaró la legisladora.

Crisis en el sistema judicial

No obstante, la diputada Claudia Bilbao afirmó que lo peor que tiene Bolivia actualmente es la justicia. Criticó que desde este órgano del Estado no se hayan mandado proyectos de ley pensados en mejorar el acceso y la prontitud de la justicia.

Según su lectura, si la justicia ofreciera un mejor servicio, incluso la gente pediría que se incremente su presupuesto; sin embargo, aseguró que nadie puede respaldar ese pedido para una “justicia podrida”.

Amenaza de paro por parte del Órgano Judicial

El Órgano Judicial amenazó con un paro si no se les aumentaba al menos en un 5% su presupuesto. Durante esta jornada, autoridades del Gobierno y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se sentaron a dialogar. En una declaración de prensa conjunta, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, informó que “trabajaron toda la mañana en una reunión con los señores ministros” con relación a las necesidades del Órgano Judicial.

Diálogo entre el Ejecutivo y el TSJ

“Hay predisposición de parte del Ejecutivo de atender las demandas que tenemos, pero también hay la predisposición de nosotros de solucionar esto. Como siempre lo dijimos, en base a una ruta crítica, primero había que agotar la vía del diálogo. Ese diálogo se está dando y va a alcanzar las soluciones”, dijo Saucedo.

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Reforma judicial en Bolivia y su contexto actual

Hoy martes 30 de junio, el Presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, descalificó el ultimátum de paro escalonado lanzado por los administradores de justicia en Bolivia. Desde Asunción, donde asiste a la Cumbre del Mercosur, vinculó esta postura con el pensamiento de hace 20 años.

Decisiones de la Reunión Nacional de Emergencia

Este conflicto surge tras la Reunión Nacional de Emergencia de magistrados, jueces y vocales en Sucre el día lunes 29 de junio. En esta reunión, se determinó dar un plazo de 20 días al Gobierno para:

• Elevar su presupuesto al 5% del Tesoro General de la Nación (TGN).
• Aprobar leyes de modernización digital en Bolivia en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Esto ocurrió bajo la amenaza de paralizar los tribunales de todo el país. El jefe de Estado recordó que las reformas judiciales, de salud y educación forman parte de un “gran acuerdo nacional” firmado previamente en Cochabamba. Las normativas correspondientes ya se encuentran en el Legislativo para su respectivo debate.

Advertencias del presidente Paz

Asimismo, Paz lanzó una advertencia legal al recordar que el país se encuentra bajo un estado de excepción de 90 días decretado por su administración. En este marco constitucional, las medidas de presión están estrictamente restringidas. “Seremos firmes. Ante eso necesitamos una justicia firme y una fiscalía que también nos colabore”, concluyó.

Postura del Poder Judicial

El primer mandatario boliviano fue enfático al rechazar el paro del Órgano Judicial. Defendió que las reformas estructurales deben nacer del consenso parlamentario y no de la coerción. “Es el momento de ordenar la casa, siempre bajo el diálogo. Aquí amenazas de paro y bloqueos son del pasado; eso es el pensamiento de los 20 últimos años. Bajo la lógica del diálogo y la concertación está la modernidad, eso es el siglo XXI”, dijo Paz.

Declaraciones del presidente del TSJ

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, declaró este martes que el Poder Judicial apuesta en primera instancia por una salida concertada con el Gobierno y el Parlamento antes de activar los paros nacionales de 24, 48 y 72 horas aprobados por sus bases. “Nosotros, primero hemos dicho, vamos a adoptar el diálogo. Nos tenemos que sentar con el presidente, su gabinete y la Asamblea Legislativa, porque hay unos paquetes de leyes (…). Si esto da resultado, no es necesario que lleguemos a medidas de presión, eso que quede bastante claro”.

Mantenimiento del plazo para diálogo

Pese a esta apertura, Saucedo mantuvo firme la vigencia del plazo de 20 días para concertar la reunión de alto nivel en la ciudad de Sucre. Además, indicó previamente en una respuesta al portavoz gubernamental que el Órgano Judicial cuenta “con lo que al Gobierno le falta”, haciendo una alusión indirecta a la estabilidad y al reciente conflicto social de siete semanas que paralizó al país antes del decreto de excepción.

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El anuncio de un paro en Bolivia por parte del Órgano Judicial ha generado un fuerte rechazo desde la Asamblea Legislativa. Este martes 30 de junio, legisladores consideraron esta acción como inapropiada e incluso ilegal, ya que el país actualmente se rige bajo un estado de excepción.

Reacciones de los legisladores

El senador Cesar Mentasti recalcó que el estado de excepción es para todos. En ese sentido, expresó su preocupación por el anuncio de medidas de presión porque, según su criterio, solo profundizará la retardación de justicia en Bolivia, tanto en materia penal como administrativa.

Sin embargo, explicó que desde el gobierno se garantizó la independencia de poderes en Bolivia, lo que debería incluir que cada una de estas instancias tenga los recursos económicos necesarios para funcionar. Sin embargo, el Órgano Judicial anunció la medida exigiendo mayor presupuesto.

Opiniones sobre el paro

Por su parte, el diputado Ruddy Pantaleón rechazó la medida de presión porque el Órgano Judicial no es un sindicato para anunciar un paro. Reconoció que tienen todo el derecho de exigir un mejor presupuesto, pero siguiendo los mecanismos adecuados y trabajando en conjunto para llegar a acuerdos que permitan alcanzar ese objetivo.

Consideró que tras 53 días de bloqueos, la institución a cargo de impartir justicia en el país no puede seguir ese mismo camino porque en este momento es lo que Bolivia menos necesita. Según su criterio, la medida podría ser considerada hasta ilegal por el estado de excepción que rige en el país.

Críticas a la falta de credibilidad

Finalmente, la diputada Lissa Claros también expresó su rechazo al paro del Órgano Judicial y lamentó que su prioridad sea llamar a una medida de presión que podría ser interpretada incluso como incumplimiento de deberes. Además, recordó que la justicia en Bolivia actualmente es una instancia desacreditada.

“Deberían convocar para que trabajemos de manera conjunta y devolver la credibilidad ante la población boliviana. Si hoy vamos a las calles, la gente no confía en la justicia porque no hay justicia en este país. Como diputada estoy esperando cuatro, cinco años por procesos que la justicia dilata”, declaró la legisladora.

Amenazas del Órgano Judicial

La pasada jornada, el Órgano Judicial amenazó con un paro de 24 horas si el Gobierno nacional no atiende las demandas de un mejor presupuesto y la aprobación de leyes que están en trámite en el Legislativo. Esa decisión fue parte de las conclusiones de la reunión nacional de magistrados, jueces y vocales en la ciudad de Sucre.

Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dijo que el Órgano Judicial conminó al Ejecutivo y al Legislativo a atender sus demandas de manera urgente; de lo contrario, advirtieron con paralizar el servicio de la justicia.

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