Audiencia en el domicilio

El fiscal anticorrupción, Miguel Cardozo, informó que la comisión encargada de investigar el caso se trasladó hasta la casa de Córdova para tomar su declaración informativa. Sin embargo, Córdova se abstuvo de declarar y ejerció su derecho constitucional al silencio.

Además, se ha programado la citación para el segundo sindicado, que es el edecán de Córdova, para el próximo miércoles.

Detención domiciliaria

Córdova se encuentra bajo detención domiciliaria debido a otro caso conocido como el caso consorcio. En este caso, se le investiga por presuntamente haber conspirado junto a otras autoridades judiciales para suspender a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia por La Paz, Fanny Coaquira.

El edecán de Córdova fue encontrado en estado de ebriedad el 13 de junio de 2025. Además, se negó a realizar una prueba de alcoholemia, según lo informado por el jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Julio César Paz.

Investigación del edecán

El edecán también está siendo investigado por presuntamente haber obstruido el ingreso de funcionarios de la oficina de Transparencia a su despacho. Se le acusa de haber ayudado a Córdova a escapar por una puerta trasera para evitar ser encontrado por las autoridades.

En este contexto, la Fiscalía ha solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad y la declaración de testigos. Esto se hace con el fin de reunir pruebas sobre el presunto uso indebido de bienes y la obstrucción que se investiga en este caso.

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Intervención de la Unidad de Transparencia

La intervención se produjo cuando el personal de la Unidad de Transparencia intentó realizar filmaciones en el despacho de Córdova. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, expresó su descontento al declarar: “Lamentamos el actuar de este policía, que en vez de resguardar la institucionalidad, en vez de colaborar con los actos investigativos y ponerlo a disposición del Ministerio Público por uso indebido de influencias, uso indebido de bienes del Estado y tráfico de influencias con relación a lo que está realizando en su despacho, de consumir bebidas alcohólicas, encubrió el hecho”.

Consecuencias para el presidente del TDJ

El titular del TDJ fue conducido a las dependencias de la Felcc, mientras que la Dirección de la Magistratura fue intervenida para esclarecer los hechos. Saucedo explicó que lo realizado por el policía constituye obstrucción a la justicia. Además, se presentó una denuncia para que este responda por los delitos relacionados.

Preocupación por la institucionalidad

La situación ha generado una gran preocupación sobre la institucionalidad y el comportamiento dentro del sistema judicial. La Unidad de Transparencia tiene como objetivo garantizar la integridad y transparencia en las instituciones públicas. Este incidente podría tener repercusiones significativas en la percepción pública sobre la justicia y sus representantes.

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A las 15:00 horas de este miércoles se tenía fijada la audiencia de medidas cautelares del capitán Lara, en el juzgado a cargo del juez Primo Flores, por los presuntos delitos de: uso indebido de influencias, usurpación de funciones, obstrucción de la justicia, al momento de ser capturado por la policía.

El abogado del capitán Lara, José Islas, al conocer el declinante estado de salud de su cliente, hizo conocer esa situación ante el juez que iba a atender la causa.

“Se encuentra mal de salud, en la mañana lo trasladaron al hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud y la Policía impidió que se le realicen los estudios complementarios, no se ha comprado medicina y los dolores continúan. Se debe velar y dar garantía de la vida y la salud”, explicó su abogado.

Por ello, la autoridad jurisdiccional determinó suspender la audiencia para mañana jueves a las 15:00 horas, tras esa suspensión nuevamente fue trasladado a la CNS.

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El Fiscal de Materia en mérito a los antecedentes del hecho “imputa formalmente a Santos Quispe Quispe por la comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos y obstrucción de la justicia”, de acuerdo a los artículos 26 y 32 de la Ley 004, se lee en el documento de imputación.

Asimismo, argumenta que Santos Quispe al ser un servidor público, hizo uso indebido de los bienes del Estado para consumir bebidas alcohólicas en la Gobernación paceña, donde se encontró latas de cerveza y botellas de singani.

El Gobernador paceño se negó a someterse al test de alcoholemia, lo que entorpeció la recolección de pruebas, también impidió que la Policía ingrese a otros ambientes en el despacho donde posteriormente se verificó que estaban nueve personas.

La Fiscalía sostiene que ante la posibilidad de obstaculización directa o indirectamente en la investigación pide la aplicación de la medida extrema de detención preventiva del gobernador Santos Quispe, en el penal de San Pedro por el lapso de tres meses, según reportó ANF.

En la imputación el Ministerio Público también recuerda que Quispe está siendo investigado por los presuntos delitos de uso indebido de bienes del Estado y resoluciones contrarias a la Constitución, por haber presuntamente protagonizado un accidente de tránsito en un vehículo de la Gobernación y en estado de ebriedad.

Las investigaciones se iniciaron a denuncia de los asambleístas de Somos Pueblo, María Esther Góngora e Israel Alanoca en contra del gobernador Quispe y otras ocho personas.

El 1 de febrero, la autoridad departamental fue sorprendida por asambleístas de la oposición consumiendo bebidas alcohólicas en su despacho. Del hecho existen videos, no obstante, Quispe ha negado que hubiera estado bebiendo y como justificación dijo que colocaron las cervezas en su despacho con el único objetivo de sacarlo de su cargo.

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Asimismo, la Policía Boliviana ejecutó una orden de allanamiento y procedió a la aprehensión del ciudadano en la zona Norte de la ciudad de Santa Cruz.

“La persona mencionada fue denunciada ante esta cartera de Estado por haber usado inescrupulosa y temerariamente los nombres del ministro Iván Lima Magne y de otras autoridades del Órgano Ejecutivo para ofrecer el direccionamiento de fallos judiciales”, señala un comunicado del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

La nota detalla que R.E.A.F. se presentó ante una abogada como presunto “asesor” del despacho del Ministro de Justicia y exigió el pago de dinero a cambio de la ratificación de una sentencia en primera instancia en un juzgado civil de la capital cruceña.

“Al recibir la queja de este ilícito, se comprobó que R.E.A.F. no tuvo ni tiene ningún vínculo laboral con esta dependencia estatal y se activó una investigación y posterior denuncia ante el Ministerio Público”, indica parte de la nota.

Asimismo, el texto señala que, el Ministerio de Justicia procederá en este y otros casos similares con firmeza y determinación hasta lograr que las autoridades competentes impongan las sanciones más severas que el caso amerite.

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