“La Misión resalta que, en caso de un traslado urgente de una persona privada de libertad a un centro médico por instrucción de un juez, el Estado es responsable de preservar el orden público para garantizar la seguridad de esa persona y hacer cumplir la disposición judicial”, señala el tercer mensaje de ese organismo.

Estas observaciones surgen después de que el juez Franklin Siñani ordenó el traslado de la exmandataria a un recinto hospitalario, pero retrocedió en su dictamen luego de que un grupo de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) impidan la salida.

A través de su cuenta de twitter, esa Oficina informó que una delegación visitó a la exmandataria en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores para verificar su estado de salud y constató que se respetó su decisión de mantener la huelga de hambre como un derecho legítimo.

A la vez cuestionó la decisión del juez que ordenó la pronta atención médica de Añez, incluso en contra de su voluntad, esa instancia recordó que todo tratamiento o alimentación forzada se considera como tortura, según reportó ANF.

“Se ha constatado que no se ha producido ninguna acción de parte de las autoridades de alimentación/tratamiento forzados. Los estándares internacionales establecen que todo tratamiento médico o alimentación forzados podrían equivaler a tortura o malos tratos”, dice otro de los escritos.

Por último, manifestó que la Misión continuará trabajando con las autoridades de Gobierno para que el estado garantice los derechos, salud, integridad física y psicológica de los privados de libertad.

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