Según el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, algunos legisladores tienen dudas sobre las implicaciones que tendría para Bolivia formar parte del Mercosur. Por esta razón, se espera la presencia de la canciller en la próxima sesión para aclarar estas dudas y proporcionar información relevante y detallada sobre la normativa.

“Es un proceso complejo, es un tratado que no se ve todos los días y la Canciller no estuvo presente, no sabemos el motivo por el que no asistió, pero es obligación que la Canciller esté presente”, explicó el diputado Gustavo Aliaga de Comunidad Ciudadana (CC) a El Deber.

El proceso de adhesión de Bolivia al Mercosur

En diciembre de 2023, Brasil aprobó la adhesión de Bolivia al Mercosur. Ahora, el trámite ha pasado al país, donde el Legislativo debe aprobar una ley del protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur, a solicitud del Ejecutivo.

Según Aliaga, la adhesión de Bolivia al bloque internacional requerirá aproximadamente cuatro años. Durante este tiempo, Bolivia deberá ajustar sus normas de acuerdo a los lineamientos del Mercosur y establecer un cronograma para su total adhesión al bloque.

Se estima que se deben incorporar alrededor de 5,200 disposiciones legales de los países del Mercosur a la normativa boliviana, según el cálculo del diputado.

El referendo nacional y los tratados internacionales

Además de la aprobación de normativas y la adecuación de las normas del país, también se debe realizar un referendo nacional. Según el artículo constitucional 257, los tratados internacionales ratificados requieren la aprobación mediante referendo popular vinculante.

El artículo 259 de la Constitución Política del Estado establece que cualquier tratado internacional requerirá la aprobación mediante referendo popular si lo solicita el 5% de los ciudadanos registrados en el padrón electoral o el 35% de los representantes de la Asamblea Legislativa.

El anuncio de convocatoria a referendo suspenderá, de acuerdo a los plazos establecidos por la ley, el proceso de ratificación del tratado internacional hasta la obtención del resultado.

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A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Pilotos Aviadores de Bolivia (ANPAB) expresó su rechazo a la reglamentación de la ley N° 521 de Seguridad y Control del Espacio Aéreo realizada por el Ministerio de Defensa. En particular, se refieren al artículo 11 que señala la posibilidad de derribo o destrucción de las aeronaves en pleno vuelo.

Falta de consenso y socialización

La ANPAB afirma que esta reglamentación no fue consensuada ni socializada con el sector. Como uno de los principales afectados en caso de implementarse, consideran preocupante la posibilidad errónea en el procedimiento para aplicar esta normativa. “El Ministerio de Defensa ha elaborado el reglamento a la Ley de Seguridad y Control del Espacio Aéreo Nro. 521, que establece en su artículo 11 la posibilidad de derribo o destrucción de aeronaves en plano vuelo sin haber socializado dicha norma con el sector”, establece el comunicado.

Preocupaciones sobre recursos y garantías

Además, señalan una carencia en recursos para ejercer eficientemente las tareas relacionadas con el control y organización del tráfico aéreo. Por lo tanto, expresan su preocupación por la ausencia garantías tanto para los usuarios y pasajeros como para quienes ofrecen este servicio.

Sector excluido del proceso

El especialista en legislación aeronáutica, Álvaro Munguía, durante una entrevista, afirmó que el sector no participó ni tuvo conocimiento sobre el procedimiento para implementar esta normativa emitida hace meses atrás por el Ministerio de Defensa. Además, mencionó que en Bolivia no solo existe aviación general sino también taxi aéreo, vuelo chárter y evacuaciones médicas, entre otros servicios que suelen utilizar avionetas.

Ejemplos de mala aplicación

Munguía señaló ejemplos de mala aplicación de normativas similares en otros países. Por ejemplo, en Perú en 2001 se destruyó una avioneta que transportaba a testigos de una iglesia, confundiéndolos con personas involucradas en actividades ilegales.

Reglamento contrario a leyes internacionales

Según el jurista, el reglamento debería estar acorde con las leyes y tratados internacionales firmados por el Estado boliviano. Estos establecen el respeto a la vida como un derecho fundamental. Sin embargo, considera que el actual reglamento está atentando contra ese derecho.

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