Los dos colegisladores europeos han acordado establecer objetivos vinculantes para la reducción del desperdicio de alimentos. Estos objetivos deberán ser cumplidos a nivel nacional antes del 31 de diciembre de 2030.

El acuerdo, que aún necesita ser ratificado formalmente por el Consejo y el Parlamento, incluye una meta de reducción del 10% en el procesamiento y la fabricación de alimentos. Además, se busca una disminución del 30% per cápita en el comercio minorista, los restaurantes, los servicios de alimentación y los hogares.

Estos objetivos son los primeros que se establecen a nivel de la Unión Europea y se calcularán en comparación con la cantidad generada como media anual entre 2021 y 2023.

Donación de alimentos no vendidos

El acuerdo también contempla la donación voluntaria de alimentos no vendidos que sean seguros para el consumo humano. Esta medida se considera un aspecto importante para ayudar a reducir el desperdicio de alimentos en la región.

Normas para residuos textiles

El acuerdo provisional establece normas armonizadas sobre la responsabilidad ampliada de los productores textiles y las marcas de moda. Estas entidades serán responsables de sus residuos y deberán pagar una tarifa que ayudará a financiar la recogida y el tratamiento de residuos.

La tarifa que deberán pagar dependerá de lo circular y sostenible que sea el diseño de sus productos. Estas tarifas se aplicarán 30 meses después de la entrada en vigor de la directiva, mientras que las microempresas tendrán un plazo de 12 meses para cumplir con los requisitos.

Adaptación de tasas por durabilidad

Los Estados miembros también podrán adaptar las tasas que paguen los productores en función del tiempo de uso de los productos textiles y su durabilidad. Esto tiene como objetivo combatir la generación excesiva de residuos en el sector textil y de la moda rápida.

Se busca evitar que los productos textiles sean desechados antes de alcanzar su vida útil potencial. Estas disposiciones se aplicarán a todos los productores, incluidos aquellos que utilizan herramientas de comercio electrónico, independientemente de si están establecidos dentro o fuera de la Unión Europea.

Productos incluidos en la normativa

Las nuevas normas abarcarán productos como prendas de vestir y accesorios, calzado, mantas, ropa de cama y de cocina, cortinas y sombreros. Además, la futura ley europea permitirá que los países de la UE establezcan sistemas de responsabilidad ampliada para los fabricantes de colchones.

Cada año, en la Unión Europea se generan casi 60 millones de toneladas de residuos alimentarios, lo que equivale a 132 kg por persona. En cuanto a los residuos textiles, se generan 12,6 millones de toneladas, de las cuales solo la ropa y el calzado representan 5,2 millones de toneladas, es decir, 12 kg de residuos por persona al año.

Se estima que menos del 1% de todos los textiles en el mundo se reciclan para fabricar nuevos productos. En julio de 2023, la Comisión Europea propuso una revisión de las normas de la UE sobre residuos, enfocándose en los residuos alimentarios y textiles.

Con las normas vigentes, los países de la UE ya estaban obligados a establecer la recogida selectiva de productos textiles a partir del 1 de enero de 2025.

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“Estamos haciendo una convocatoria a nivel nacional a los 341 municipios, a las nueve gobernaciones para que Oruro sea el centro donde se lleve a cabo la Cumbre Nacional Medioambiental”, señaló el viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera.

Esta actividad se desarrollará la siguiente semana, martes 31 de agosto, miércoles 1 y jueves 2 de septiembre.

VICEMINISTERIO

El Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión, y Desarrollo Forestal del Estado, identificó una falencia en lo que corresponde a las competencias de municipios y gobernaciones en el tema ambiental.

“Como simple ejemplo mencionar las licencias ambientales están siendo otorgadas a veces de manera equívoca, en Oruro podemos atestiguarlo producto de estos hechos se tiene el caso de la explotación o saqueo del Cerro San Pedro que no tiene una legalidad, entonces hay que orientar a los actores del municipio y gobernación”, añadió.

Serán tres jornadas de trabajo, donde se abordarán el componente legal y las competencias de cada nivel del estado.

Además, se propondrán reformas legislativas que requiere la defensa de la Madre Tierra, como ejemplo señaló que la Ley 1333, del Medio Ambiente, es más antigua que la Constitución Política del Estado (CPE) y no hay compatibilidad.

“Hoy en día somos testigos del tráfico de fauna silvestre, contaminación ambiental, del agua, de los suelos, incendios, y no hay tipificación de delitos ambientales razón por la cual las personas simplemente concluyen en una llamada de atención, una detención, no hay un juicio o una penalización y eso no debe ocurrir más”, finalizó.

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En 2018, la Cámara de Diputados, devolvió un proyecto de Ley elaborado por los parlamentarios Jaime Gonzales y Rubén Gutiérrez, quienes mediante la normativa solicitaban recursos para el trabajo en las aguas de la mina San José, ahora, los vecinos piden se subsanen las observaciones y la documentación sea aprobada.

“Sería un proyecto de ley ejemplo para otros departamentos, garantizaría el bombeo y tratamiento de las aguas ácidas de la mina San José que bajan por el trayecto del Canal Tagarete, donde además, se suman otras aguas. De esa manera no tendría que depender de un convenio quinquenal”, afirmó la presidente del Comité Impulsor de Canal Tagarete, Arminda Choque.

Tratamiento

La Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas en el interior de la mina Santa Rita, tiene algunas fallas que impide el trabajo continuo. Uno de los problemas adicionales era la complicación al introducir cal para su funcionamiento.

“Estas aguas son bastante contaminadas porque tenemos metales pesados, porque la planta de tratamiento está funcionando a medias o a cuartas. Lo que queremos es que funcione bien esa planta de interior mina. El año pasado han logrado sacar el reactor afuera de Santa Rita, porque era un problema meter la cal”, aseguró la dirigente.

Algunos vecinos coinciden en que el principal problema radica en garantizar los recursos económicos para el funcionamiento constante de la Planta de Tratamiento, por lo que apoyan el pedido del Comité Impulsor en la aprobación de la normativa.

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