El caso ha generado gran consternación entre los vecinos que se encontraban en la zona. Estos ciudadanos brindaron auxilio inmediato a la menor y la trasladaron a una clínica cercana para recibir atención médica.

Estado de salud de la menor

Una vez en la clínica, el personal médico atendió a la pequeña y, tras realizar una evaluación, se confirmó que no presentaba fracturas, solo algunas lesiones superficiales. Aunque las circunstancias del incidente no estaban del todo claras, testigos afirmaron que la menor fue empujada desde el vehículo.

Intervención de los padres

Horas después del incidente, los padres de la niña llegaron a la clínica. Al ser entrevistados por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se evidenció que ambos se encontraban en estado de ebriedad. Además, se descubrió que la niña no contaba con certificado de nacimiento ni documentación personal.

Custodia de la menor

La menor fue puesta bajo custodia de la Defensoría de la Niñez y trasladada a una casa de acogida. En cuanto a los progenitores, quedaron arrestados para continuar con las investigaciones pertinentes.

Negligencia de los tutores

Las autoridades se mostraron sorprendidas al escuchar que la madre brindara dos nombres diferentes cuando se le preguntó por la identidad de su hija. Ella alegó no haber tramitado los documentos de la menor por motivos económicos y solo contaba con un certificado de nacido vivo. Esta situación fue calificada como un acto de negligencia por parte de los tutores.

La Defensoría y la Felcc mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en este caso tan preocupante.

LDVY

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Apaza Ochoa de 25 años, una comunicadora graduada en la estatal Universidad Mayor de San Andrés y con un diplomado en educación superior, fue hallada muerta en su domicilio el viernes 28 de marzo, y su abogada, Abril Zapata, denunció que la retardación de justicia “desencadenó en su suicidio”.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz exigimos justicia y la aplicación de sanciones para los servidores públicos que menospreciaron la vida y dignidad de la periodista Nadia Apaza Ochoa, señala un comunicado emitido este sábado 29.

A propósito del lamentable suceso, los diarios representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) se pronunciaron por una pronta investigación y esclarecimiento de los hechos que rodean a la denuncia y en estricto apego a los plazos señalados en el procedimiento.

“El fiscal Luis Alberto Bayón incurrió en grave negligencia al dilatar la imputación del presunto violador Álvaro Alex Valero y soslayar la verificación de pruebas; por tanto no actuó en el marco de las funciones que establece la Ley 260 que exige garantizar justicia a las víctimas,” expresa el comunicado de los periodistas.

Atribuyen a la investigadora Delia Parra Yapita la responsabilidad de revictimizar a Apaza al afirmar que la denuncia “no procedería porque es su culpa…”

“Denunciamos que el suicidio de Nadia es el resultado directo de un sistema que convierte la búsqueda de justicia en un peregrinaje indigno, donde la vida de las mujeres se trunca por la indolencia de servidores públicos”, señalan las organizaciones de mujeres periodistas.

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Detalles del incidente

Según el relato del padre a la Red Uno, estos sujetos habrían emborrachado a su hija junto a dos compañeras. Además, encerraron en el baño a sus otras hijas, de nueve y dos años, impidiendo que pudieran alertar a sus padres sobre la situación. El progenitor explicó que su hija mayor fue internada tras mostrar síntomas de intoxicación severa. “La encontré completamente ebria, no sabía ni su nombre y, en su estado de confusión, solamente quería matarse”, narró el padre.

Robo y manipulación

El padre también mencionó que estos individuos sustrajeron el teléfono y la computadora de la joven. Además, les quitaron el teléfono a las niñas más pequeñas para evitar que pudieran avisar a sus padres sobre lo que estaba sucediendo. A pesar de la gravedad de los hechos, el padre expresó su preocupación por la falta de atención por parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

“Anoche capturamos a uno junto con la Policía, pero esta mañana ya no estaba detenido. Me han mandado de oficina en oficina y nadie me da respuesta”, señaló el hombre, visiblemente angustiado por la situación. Su preocupación se centra en la salud de su hija mayor, quien tuvo que ser tratada por intoxicación hasta la madrugada.

Examen forense solicitado

El padre exigió que se realice un examen forense a la menor para descartar posibles abusos. La situación ha generado una gran preocupación en la comunidad, que espera respuestas efectivas y rápidas de las autoridades para garantizar la seguridad de los menores involucrados.

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El protocolo “Ambientes Sanos y Seguros”, establecido en febrero de 2019, establece que la Compañía de Jesús debe denunciar ante la Fiscalía cualquier caso de abuso sexual del que tenga conocimiento. Sin embargo, Montes ha admitido que este protocolo no se siguió correctamente y que posiblemente el modo en que se contactó a las víctimas no fue el adecuado.

Investigación interna y acusaciones contra Luis María Roma

En febrero de 2019, se hizo pública una denuncia anónima contra Luis María Roma, basada en una treintena de fotografías en las que se afirmaba reconocer al supuesto agresor de varios menores de entre seis y 12 años. Ante esto, la orden inició una investigación interna liderada por el entonces provincial Osvaldo Chirveches, quien designó una comisión para llevar a cabo la indagación.

Desafortunadamente, Roma falleció en agosto de 2019 sin conocer los resultados de la investigación. Sin embargo, en 2022, la orden declaró públicamente la “verosimilitud” de la denuncia. El caso volvió a tomar relevancia en mayo de 2023, cuando el diario español El País reveló el diario personal del jesuita Alfonso Pedrajas, quien también fue acusado de abusos contra niños y adolescentes durante su tiempo como director de un colegio desde 1971.

La denuncia contra Roma y las revelaciones de El País

Chirveches presentó la denuncia contra Roma cuatro años después de la apertura de la investigación interna. Sin embargo, la Fiscalía cerró el caso debido a la falta de declaraciones de las víctimas. Recientemente, el diario El País publicó más revelaciones sobre la investigación interna del caso Roma en el reportaje “Los Manuscritos de Charagua” y acusó a la orden de “ocultar” esta información.

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Admisión de responsabilidad y llamado a la justicia

En un comunicado reciente, la Compañía de Jesús admitió con profundo pesar que las actuaciones de quienes estuvieron a cargo de atender las denuncias de abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes fueron negligentes, indolentes y nefastas. La orden religiosa insta a asumir responsabilidad por estas acciones ante la justicia boliviana. Es importante destacar que el diario El País reveló escritos en los que el sacerdote Roma confesaba sus abusos a menores.

Detalles de los abusos y ocultamiento de pruebas

Durante su estancia en Charagua entre 1994 y 2005, el sacerdote Roma escribió a mano detalles sobre cómo fotografiaba, filmaba y abusaba de más de un centenar de niñas indígenas guaraníes, incluso identificándolas con su nombre. Se encontraron 75 folios, muchos de ellos sin fecha. A pesar de que la orden religiosa realizó una investigación interna que confirmó los crímenes, decidieron guardar todas las pruebas tras la muerte de Roma en 2019.

Llamado a la acción y colaboración con la justicia

Las actuales autoridades a cargo del gobierno de la Compañía de Jesús en Bolivia han manifestado su compromiso de no repetir los errores del pasado y han colaborado con las investigaciones presentando denuncias ante el Ministerio Público. En un acto de total transparencia y en busca de la verdad, instan a la Fiscalía del Estado a reabrir el caso del sacerdote jesuita Luis María Roma y cualquier otro caso que sea pertinente.

/ APC

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Este trágico suceso tuvo lugar en el Hospital Materno German Urquidi, ubicado en Cochabamba. Según el director del hospital, José Antonio Pardo, los pastores de la comunidad ejercieron una fuerte influencia en la decisión de no buscar atención médica especializada, optando en su lugar por oraciones.

Demora en la llegada al hospital y consecuencias devastadoras

A pesar de los síntomas graves que presentaba, la mujer embarazada solo fue llevada al hospital cuando su estado era crítico. Esta demora resultó en una infección no tratada que provocó su fallecimiento, así como el del bebé. La falta de intervención médica oportuna pone de manifiesto las consecuencias devastadoras que pueden surgir al priorizar creencias religiosas sobre la salud física.

Siete niños quedan huérfanos por negligencia médica

Como resultado de esta tragedia, siete niños quedaron huérfanos. Este caso resalta la importancia de buscar ayuda profesional ante emergencias médicas durante el embarazo, dejando en evidencia las graves consecuencias que puede tener la negligencia en la atención médica.

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Según el informe forense, la menor presentaba moretones en todo su cuerpo y la causa de su muerte fue una hemorragia subdural laminar y traumatismo cráneoencefálico. A pesar de que la hermanastra intentó ocultar el crimen indicando que la niña se cayó del catre, las pruebas apuntan a un acto intencional.

Detención y cárcel

En una conferencia de prensa, el coronel Jhonny Chávez, director general de la Felcc, informó que Stefany N.T.C. será recluida por cinco meses en el Centro de Rehabilitación Femenina de Obrajes. El dictamen se realizó por el delito de infanticidio y se determinó que la hermanastra propinó un golpe a la menor causándole un traumatismo cráneoencefálico.

Negligencia y falta de cuidado

El informe forense revela que la menor presentaba un fuerte resfriado y vómitos. Además, se descubrió que la madre de la niña se encuentra recluida en prisión por tráfico de sustancias controladas, dejando a las menores bajo un cuidado inadecuado.

El cuerpo de la menor fue descubierto dos días después de su fallecimiento, evidenciando negligencia en su atención médica y bienestar. Este trágico caso resalta la importancia de proteger a los niños más vulnerables y garantizar entornos seguros para su desarrollo.

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Tanto Disney como CAA aseguran en dos documentos legales independientes presentados este martes 19 de diciembre que desconocían los comportamientos de Weinstein, por lo que piden a la Suprema Corte de Nueva York que desestime la demanda que Ormond introdujo el 4 de octubre.

Alegaciones perturbadoras y deplorables

“Aceptando como ciertas las alegaciones de la demanda, la supuesta mala conducta de Harvey Weinstein es perturbadora y deplorable”, dijeron los abogados de Disney en su moción.

La empresa de entretenimiento asegura en el memorándum que el reclamo hacia ella “fracasa” al no reconocer a Miramax como una entidad distinta a TWDC y al hecho de que Weinstein no era un empleado directo de Disney. Por lo tanto, solicitan desestimar la única acusación contra la compañía.

Culpar al demandado equivocado

Por su parte, en el documento legal presentado por CAA se expresa una “profunda simpatía” hacia la actriz británica, pero se resalta que al demandar a la empresa están “culpando al demandado equivocado”.

“Ahora es ampliamente conocido que Harvey Weinstein cometió múltiples agresiones sexuales (…) Pero antes de la supuesta agresión a la demandante por Weinstein en diciembre de 1995, CAA no tenía ese conocimiento”, señaló el documento.

Detalles de las acusaciones

En la demanda presentada por Ormond el pasado 4 de octubre, la intérprete de “Legends of the Fall” describe cómo el productor de “Pulp Fiction” la sedujo para que le diera un masaje, se subió encima de ella, la masturbó y le obligó a practicarle sexo oral.

La intérprete demandó a CAA, una de las agencias más importantes de talentos en Hollywood, por negligencia y violación del deber fiduciario. También acusó a Miramax, empresa fundada por Weinstein que fue adquirida por Disney en los años noventa, de supervisión y retención negligentes.

Weinstein cumple condena en prisión

Actualmente Weinstein, quien tiene 71 años, cumple una condena de 23 años de prisión por agresión sexual en Nueva York. En febrero fue sentenciado a 16 años adicionales en Los Ángeles.

Fuente: EFE

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“Debería presentarse una denuncia formal ante el Gobierno boliviano sobre el vehículo robado. Hubo negligencia por parte de los afectados y debido a esa irresponsabilidad, una persona quedará incapacitada para toda su vida”, señaló Ajpi.

El senador indicó que las dos personas de nacionalidad chilena quisieron ir por su cuenta a recuperar su auto y enfrentarse con los delincuentes, sin apoyo de nadie y sin haber denunciado a la Policía Boliviana.

“Si hay una denuncia oficial, ahí diríamos que hay negligencia por parte de la policía. En ese sentido tendríamos que cuestionar a la policía boliviana. Esto ya es un asunto estatal, las cancillerías tienen que trabajar porque estamos hablando entre Estados. La cancillería debe tomar una determinación porque parece ser que aquí en Bolivia se ha convertido en un paraíso para autos robados chilenos. Incluso se dice que están circulando con placas bolivianas. Esto requiere una explicación y coordinación entre Chile y Bolivia”, señaló.

El sábado 8 de julio, una familia chilena fue agredida en Challapata mientras intentaba recuperar su tractocamión robado en Calama. Luis Alfredo Anza y Mario Bello Marañao fueron atacados por comunarios challapateños, resultando uno de ellos herido por un disparo en la columna vertebral y siendo trasladado al Hospital General de Oruro.

Por su parte, la diputada de CC, Luisa Nayar, denunció que la Policía ya sabía antes del fin de semana dónde se encontraba el tractocamión que fue robado en Chile y que ingresó a Bolivia. “No se actuó a tiempo. Antes de que ocurriera este hecho sangriento, advertimos al Ministerio de Gobierno”, dijo.

Asimismo, presentó un audio donde presuntamente un policía llamado Ever H.C. ofrecería ayuda para recuperar el camión robado, el cual estaba siendo buscado por una familia chilena cerca de Challapata. Denuncia la existencia de una red delincuencial.

La diputada lamentó lo sucedido debido a la incapacidad del Gobierno para llevar a cabo una investigación y responder adecuadamente a la denuncia pública realizada el pasado jueves por parte de los ciudadanos chilenos que llegaron a Bolivia. Estos clamaban entre lágrimas por recibir su denuncia, ante el rechazo inminente de la policía boliviana.

“Exigimos al señor Eduardo del Castillo las máximas sanciones para aquellos involucrados en esta red delincuencial”, indicó Nayar.

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La dueña de la mascota, Andre Iturre, aseguró que la aerolínea perdió a su mascota incluso antes de partir el vuelo.

“En cuanto llegué a Santa Cruz, esperando el equipaje, casi me muero al recibir el canil de mi gato vacío y sin ninguna referencia de él, después de unos minutos recién aparece un agente de BoA para decirme que lo extraviaron en Tarija y ni siquiera se dignaron en decírmelo. Le supliqué que llame a Tarija y me informó que no había nadie trabajando en aeropuerto (esto ya a las 2:00 am)”, denunció.

En respuesta, BoA emitió un comunicado aproximadamente a las 19:00 horas de ayer, en el que confirmaron que el felino se salió de su contenedor, no obstante, aseguraron que se ordenó su búsqueda inmediatamente en el Aeropuerto Capitán “Oriel Lea Plaza” de Tarija con ayuda de una comitiva y Bomberos.

Además, la empresa aseguró que tramitó credenciales de ingreso a plataformas para la dueña de Tito, con el fin de facilitar la búsqueda y, finalmente, afirmaron que están en constante comunicación con la familia para darles actualizaciones de la situación.

Sin embargo, Iturre aseguró que tuvo que moverse sola y que no recibió ni una sola llamada de la empresa hasta que sentó una denuncia en las Oficinas de Defensa del Consumidor.

“No existe compensación ni disculpas suficientes para resarcir el daño de perder a mi gatito, que es parte de mi familia”, dijo la afectada por medio de sus redes sociales, según informó la Agencia de Noticias Fides.

/ LMPT

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El dictamen fue realizado por el Grupo de Investigación “Deep Tech Lab de BISITE”, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca-España.

“Con base en todos estos indicios recolectados en la etapa investigativa y principalmente el contenido de la pericia de seguridad informática y administración de redes, en estricta observancia de los principios de objetividad e imparcialidad que rigen la función fiscal, se emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento al determinar que el hecho investigado no constituye delito conforme dispone el artículo 323 inciso 3 del Código de Procedimiento Penal, determinación que ha sido puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional”, aseveró el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El documento señaló que existían servidores “no previstos” en la estructura informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“El informe pericial señala como conclusión general que el proceso electoral ha determinado que se produjo negligencia por parte de la empresa Neotec, encargada del sistema TREP, sin embargo, se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben la actuación dolosa que hubiera incurrido en los resultados del proceso electoral de octubre de 2019”, detalló Lanchipa.

La pericia confirma que se usaron los servidores B01 y B020, sin embargo, supuestamente no se detectó manipulación de bases de datos que contienen los resultados de las elecciones.

“Se determina que el uso de los servidores B01 y B020 no previstos fue una negligencia, sin embargo, el flujo de datos y las comunicaciones del resto de servidores del TREP se ajustó a lo previsto y cumplió su cometido y no pudieron suponer un riesgo para los resultados del cómputo oficial”, señaló Lanchipa.

Supuestamente “es altamente improbable la manipulación de los resultados imágenes de actas y registros de cada acción”, indicaron que “sería necesario” un equipo coordinado con accesos a todos los sistemas informáticos tanto del TREP como del cómputo oficial.

Caso Fraude Electoral

Tras los comicios de 2019, se produjeron conjeturas en la población, pues se evidenciaron diversas irregularidades en el conteo de actas oficiales.

Ante la situación la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó su informe de auditoría concluyendo que existía una “manipulación dolosa”, puesto que se encontró una estructura informática oculta de dos servidores y que, junto a otras irregularidades como la alteración de actas, impedían que se validen los resultados emitidos entonces por el TSE.

Las sospechas se generaron principalmente porque en la noche del 20 de octubre, el TSE suspendió el sistema de cómputo preliminar denominado TREP cuando la tendencia apuntaba a una segunda vuelta electoral.

Al día siguiente, el sistema se reinició reflejando una tendencia a que Evo Morales gane en primera vuelta. Por este caso, los exvocales del Tribunal Supremo Electoral fueron detenidos preventivamente.

/JDLF/

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