Ministro Zamora analiza la nacionalización de autos chutos

El ministro de Obras, Mauricio Zamora, abrió la posibilidad de nacionalizar autos “chutos” en una declaración realizada esta tarde. Esta medida se analizará para determinar si es beneficiosa para el país.

Zamora expresó: “Todo es posible, hay que sentarse, como yo siempre digo, que hay que sentarse en mesas, ver, y si es bueno, hay que nacionalizar los autos `chutos`, pero hay que hacer análisis”. Estas palabras surgen tras la presentación de un proyecto de ley por parte del diputado Reinaldo Seas del partido Libre.

Propuesta legislativa y sus implicaciones

El proyecto de ley busca la nacionalización de autos “chutos”, argumentando que esta medida generará ingresos significativos para el país. La iniciativa revive una promesa electoral del presidente Rodrigo Paz durante su campaña presidencial.

Compromiso con el bien común

Zamora destacó que las decisiones deben tomarse en función del bien común de los bolivianos, sin importar el impacto en la popularidad política. “Yo valoro a nuestro Presidente Rodrigo Paz y lo dice cada vez, él prefiere el bien común a la popularidad”, afirmó.

El ministro también mencionó que las decisiones actuales contrastan con las prácticas de la vieja política, donde se priorizaba la popularidad sobre el bienestar del pueblo. “Fíjese el levantamiento de la subvención, el tema cambiario”, agregó Zamora.

Conclusiones sobre la nacionalización

La posibilidad de nacionalizar autos “chutos” se presenta como un tema relevante en el debate político actual. La evaluación de su viabilidad y beneficios será crucial para determinar su implementación futura.

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El rechazo de Asosur surge después de que la COB planteó la nacionalización de los surtidores de diésel y gasolina durante el Ampliado en Tupiza. Esta propuesta pone en riesgo la libre iniciativa privada en Bolivia, según la asociación.

Impacto negativo en la inversión y el riesgo económico

Asosur ha manifestado que estas declaraciones irresponsables no solucionan la situación económica del país y ponen en peligro la inversión de los empresarios bolivianos dedicados a la comercialización minorista de combustible. Además, afectan directamente el índice de riesgo de inversión en Bolivia, lo que podría ahuyentar futuras inversiones.

Funcionamiento de los surtidores privados

Es importante destacar que los surtidores privados solo comercializan el combustible proporcionado por un único proveedor mayorista. Esto limita su capacidad de influir en los precios y la calidad del combustible.

Beneficios para los trabajadores versus impacto en la economía

La COB argumenta que la nacionalización de las estaciones de servicio beneficiaría a los trabajadores del sector y garantizaría un mejor control sobre los precios y la calidad del combustible. Sin embargo, representantes empresariales como Asosur sostienen que esta medida afectaría negativamente el clima de inversión en el país y podría tener consecuencias adversas para la economía boliviana.

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La viabilidad de la propuesta ha sido cuestionada debido a la escasez de combustible. José Luis Farah, presidente de la CAO, ha planteado dudas sobre la necesidad de nacionalizar los surtidores cuando algunos de ellos no cuentan con suficiente combustible. Según Farah, en lugar de nacionalizar, se debería buscar soluciones para garantizar el abastecimiento de combustible.

Por su parte, el expresidente Quiroga ha comparado la propuesta con el programa implementado por Nicolás Maduro en Venezuela. Quiroga ha manifestado su preocupación por las implicaciones de esta medida en la producción agropecuaria, destacando la importancia de garantizar las condiciones necesarias para seguir trabajando y produciendo alimentos para la población boliviana.

Opiniones divididas sobre la nacionalización de los surtidores

En medio de la crisis energética, se evidencia una división de opiniones respecto a las medidas a tomar. Mientras el representante sindical Juan Carlos Huarachi aboga por la nacionalización de los surtidores privados, desde la Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) se rechaza esta propuesta.

Quiroga ha expresado su rechazo a la propuesta de la COB, calificándola como una “locura comunista” que pondría en riesgo la economía del país. Según el expresidente, estas medidas atentan contra los derechos propietarios y podrían llevar a Bolivia por un camino similar al de Venezuela.

La importancia de encontrar soluciones efectivas

Ante la crisis energética y sus repercusiones en diversos sectores productivos, es fundamental encontrar soluciones efectivas para abordar el desabastecimiento de diésel y gasolina. La garantía de un suministro adecuado de combustible es crucial para mantener la producción agropecuaria y asegurar el abastecimiento de alimentos en el país.

En resumen, la propuesta de nacionalizar los surtidores de combustible en Bolivia ha generado controversia y opiniones divididas. Mientras algunos sectores argumentan que esta medida no resolvería la crisis actual y podría tener consecuencias negativas en la economía, otros defienden la necesidad de tomar acciones para garantizar el abastecimiento de combustible y mantener la producción agropecuaria.

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En una entrevista con Contacto Bolivia, Siles expresó su preocupación por la persistente tendencia de recurrir a bufetes de abogados internacionales y nacionales en gestiones previas. “Lo que estamos viendo es que se tercerizaba la defensa del Estado”, enfatizó, lamentando los altos costos que esto representaba para el erario público.

Nacionalización efectiva de la defensa legal del Estado

El Procurador se comprometió a reducir al máximo la dependencia de bufetes externos, proponiendo una nacionalización efectiva de la defensa legal. En sus palabras: “Planteamos nacionalizar la defensa legal del Estado, es decir que sean los abogados bolivianos quienes lleven el liderazgo de la defensa integral del Estado”.

Mantenimiento del control directo sobre procesos legales externos

Siles destacó que, en caso de ser necesario recurrir a abogados internacionales por cuestiones lingüísticas u otras consideraciones específicas, la Procuraduría mantendrá un control directo sobre el proceso. Se comprometió a un acompañamiento constante, evitando delegar completamente responsabilidades.

Gestión transparente y abierta a la participación ciudadana

En este nuevo capítulo para la Procuraduría, Siles subrayó la orientación hacia una gestión transparente y abierta a la participación ciudadana. “La nueva gestión será cara al pueblo, al debate y al sufragio público”, concluyó el Procurador, insinuando una era en la que la defensa legal del Estado se convertirá en un reflejo genuino de los intereses y valores de la sociedad boliviana.

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Respecto al pedido de que Camacho sea destituido de su cargo, sugirieron que asuma el vicegobernador, Mario Aguilera, para que este especifique el departamento, según señaló el diputado Hernán Hinojosa.

“Que la Asamblea Departamental de Santa Cruz convoque a sesión y lo suspenda al bipolar Luis Fernando Camacho”, sostuvo Rolando Cuéllar.

Igualmente, Hinojosa acusó al cívico Calvo de ordenar mediante una nota expresa la autorización de que las empresas privadas Sofía, CBN, Cooperativa de Electricidad y Saguapac circulen libremente por las calles. Asimismo, señaló que estas serían financiadoras del paro e intento.

REUNIÓN DE CENSO CON CONSENSO

“El Censo solamente lo utilizan como bandera política para conspirar e intentar repetir los hechos de 2019”, dijo el asambleísta Jerges Mercado.

Sin embargo, todos ellos pidieron a los cívicos que asistan al diálogo para encontrar una salida técnica, reporto Opinión.

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En contacto con LA PATRIA Radio, el también presidente del Colegio de Economistas de Tarija indicó que Bolivia debe apurar en pagar la deuda ya que si no lo hace puede involucrarse en otro tipo de juicios mucho más graves a nivel internacional.

“En un futuro se deben hacer las cosas bien, no hablemos simplemente de nacionalización cuando realmente no se hizo, porque hay una Gestora que opera hace años y paga más de 30 mil bolivianos a sus gerentes y no trabajan en sí. La nacionalización como tal de las empresas nacionales y los recursos simplemente han sido un tema meramente político”, manifestó el experto.

Según Romero, nacionalizar alguna empresa o recursos, no solo es poner una bandera y con eso ya pertenece al Estado boliviano.

“Se ha dicho que se ha nacionalizado, pero lastimosamente el trabajo solo quedó en eso, no se hizo más papeles y se quedó a medias, no se realizó de manera completa y eso hizo que a la fecha con este laudo arbitral nos sentenciaron y debemos pagar sí o sí y ya no hay mucha oportunidad de revertir esta situación”, añadió el economista.

Además, se refirió al discurso que manejan los políticos en cuanto a la estabilidad en el país, económica y social, manifestó que en sus acciones dan a conocer otra situación, mencionó como ejemplo, que cuando un mandatario enferma, no consulta o se trata en el país, sino en el extranjero; otro ejemplo es que mandan a sus hijos a estudiar a otros países y sus recursos probablemente también estén en otro país.

“Todo es a veces muy demagógico se habla mucho de manera ideológica y no pragmática y somos los primeros en no aporta a nuestro país, preferimos contratar abogados externos, y pagarles sale caro. Además que la mayoría de los juicios los perdimos, esto tiene que conllevar a la reflexión y a un juicio de responsabilidades a las personas que llevaron esos procesos, ante instancias correspondientes”, exclamó.

Finalmente, indicó que cuando las leyes, normas y la justicia las manipulan de manera política, sin importar el color, la ideología o el partido en función de Gobierno, eso hace que Bolivia no avance, no se desarrolle y quede sumido en la pobreza.

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“Esta es una fecha muy importante no solamente para recordar a los actores y cómo sucedieron las nacionales, sino también para dejar precedente para nuestras futuras generaciones para que nunca más se privaticen nuestros recursos naturales”, expresó el mandatario.

“Para que nunca más nuestro gas y nuestro petrolero pasen a manos de extranjeros”, añadió.

Señaló la importancia de recordar a los antepasados y a donde se quiere llegar.
“Tenemos muchas riquezas, pero cuando nos mirábamos al espejo nos veíamos sin recursos, sin escuelas, sin hospitales, pero poco a poco tras la recuperación de nuestros recursos naturales, el pueblo boliviano fue mejorando su calidad de vida”, manifestó Arce.

Hizo referencia la “guerra del Gas” suscitada en 2003, también conocida como la “Masacre de Octubre”, cuando más de 80 personas perecieron en enfrentamientos con los militares tras masivas movilizaciones que se oponían a la exportación del gas boliviano a Estados Unidos (EE.UU.)

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La ceremonia se realizó en dependencias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en presencia de autoridades nacionales, funcionarios de la empresa estatal y habitantes de esa ciudad paceña.

“Esta es una fecha sumamente importante, no solo para recordar cómo sucedieron (los tres procesos de) nacionalizaciones (en el país), sino también para dejar un precedente a las futuras generaciones para que nunca más se privaticen nuestros recursos naturales, para que nunca más nuestro gas y petróleo pasen a manos de extranjeros; esa es la valía de este nuestro museo de la nacionalización”, manifestó la autoridad, según ABI.

Desde las instalaciones de Yacimientos, el Presidente recordó que en el país hubo tres nacionalizaciones y el único objetivo del pueblo boliviano era preservar los recursos nacionales para beneficio del país.

En esa línea, indicó que el “Museo de la Nacionalización de los Hidrocarburos” es un precedente y un homenaje a todos aquellos hombres y mujeres, vecinos, estudiantes, docentes, intelectuales, entre otros sectores, que defendieron los recursos naturales para Bolivia.

Al respecto, el mandatario también expresó que este museo contribuirá a la historia del país para recordar de donde vinimos, quienes somos y qué queremos hacer.

Finalmente, anticipó que habrá un “museo rodante” para que las provincias y barrios alejados puedan tener acceso a la información sobre la nacionalización, porque según su criterio “esto de la nacionalización tiene que ser, de una vez por todas, un patrimonio del Estado Plurinacional de Bolivia”.

DATOS SOBRE EL MUSEO

Según información del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, este nuevo museo está ubicado en la Planta de El Alto (PLEA) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la avenida Juan Pablo II, cerca de la Cruz Papal.

Posee siete salas: en la primera, se resume las nacionalizaciones de 1937, 1969 y 2006 con fotos y videos históricos; en la segunda, se expone la “guerra del gas”; en la tercera se explica el proceso de la tercera lucha por los recursos naturales.

En el museo lo que resalta es la figura de los ideológicos de la recuperación de los recursos naturales, como de los expresidentes David Toro, German Bush y de Dionisio Foianini, quienes impulsaron la fundación de YPFB el 21 de diciembre de 1936.

Además están las figuras de Marcelo Quiroga Santa Cruz, José Ortiz Mercado y los constructores de la nacionalización como Andrés Soliz Rada y Carlos Villegas.

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“Confirmado este lunes por lo menos unos 50 mil afiliados vamos a estar movilizados”, aseveró Ferrufino.

La semana pasada, un grupo de propietarios de vehículos indocumentados, conocidos como “chutos”, llegó a la ciudad de La Paz para verificar si su proyecto de ley fue atendido o no en la Asamblea Legislativa. Al enterarse que no fue considerado, los dueños de estos motorizados decidieron definir medidas de presión para que el Gobierno haga caso a su pedido.

Ferrufino anunció que el lunes buscarán dialogar con el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani; pero aseguró que se siente optimista porque ya cuentan con la atención de algunos diputados.

Leonardo Loza senador del MAS, descartó la pasada semana una posible nacionalización de autos indocumentados, mucho menos considerarlo en la agenda del Legislativo.

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Los choferes sindicalizados señalaron que tomarán recaudos y no descartan defender sus fuentes laborales mediante protestas, por lo cual anunciaron que no permitirán que gente indocumentada usurpe la labor cotidiana que tiene el transporte.

“No estamos de acuerdo en la nacionalización de ningún vehículo indocumentado porque esto va en contra de todo el transporte organizado sindicalizado puesto que nosotros cumplimos con todas las normas que nos exige el Gobierno municipal, la Gobernación y en el caso del interdepartamental el Viceministerio de Transportes”, manifestó Valdez.

En los últimos meses de 2021, propietarios de vehículos indocumentados o “chutos” exhortaron a los asambleístas del Legislativo tratar una ley para nacionalizar los motorizados, esta posibilidad fue descartada por los legisladores y rechazada por los empresarios y transportistas.

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El representante de este sector, Rubén Ferrufino, aseguró que existe la posibilidad de que cualquier medida sea suspendida si se atienden sus demandas.

“Hemos dado el plazo de diez días hábiles hasta el 17 porque no había ningún pronunciamiento, así que con la mente bien fría tenemos que tocar este tema, para ver si es necesario llamar a alguna movilización o se nos llama a alguna mesa de diálogo”, manifestó.

Los propietarios de vehículos indocumentados indicaron que son más de 200 mil motorizados que necesitan una nacionalización.

Descartaron nacionalización de autos “chutos”

El lunes 6 de septiembre el presidente de la Cámara de diputados, Freddy Mamani descartó por el “momento” proyectar alguna normativa para nacionalizar los vehículos indocumentados en el territorio nacional.

“El hecho de nacionalizar significará mucho más el incorporar el parque automotor en el país y eso va dificultar bastante especialmente a las ciudades. Hay una línea que no está en el proyecto, ni está en las decisiones de nuestro Gobierno nacionalizar inmediatamente, posiblemente a la larga, no voy a descartar, pero por el momento no está y si hay alguna iniciativa por ahí no tengo conocimiento”, indicó en ese entonces Mamani.

Explicó también que existen muchos motorizados que ingresaron al país de forma ilegal y se encuentran en las provincias, y en muchos casos son útiles para el manejo de carga.

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El representante del sector, Rubén Ferrufino indicó que se asumirán medidas de presión a nivel nacional si las autoridades nacionales no dan curso a sus pedidos.

“Vamos a esperar los diez días que le hemos dado al Gobierno, pasado estos días vamos a tomar las medidas que amerite el caso (…), estamos llamando a una marcha a nivel nacional, es una marcha pacífica en las ciudades capitales y aquellas provincias que no están cerca de las ciudades van a hacer sus caravanas”, sostuvo el dirigente, según reportó radio Fides.

Los propietarios solicitaron además una mesa de diálogo con las autoridades para poder abordar este tema, sin embargo, rechazan que el transporte público participe de las mesas.

El 29 de julio, tras un cabildo en un coliseo de Capinota del departamento de Cochabamba, los dueños de los autos “chutos” pidieron nacionalizar al menos 150 mil vehículos a nivel nacional.

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“Yo creo que hay que ver hacia adelante. Pero la necesidad tiene cara de hereje, eso ya ocurrió en el pasado, estas en un contexto de hambruna fiscal, cada centavo que cuenta es muy importante”, manifestó.

Asimismo, explicó que para tener una idea, se ha hecho bombos y platillos por el impuesto a las ganancias a la riqueza y se recaudó aproximadamente 37 o 38 millones de dólares.

Detalló entonces que existe una propuesta de nacionalizar 200 mil motorizados, de los cuales se recaudaría 100 dólares por cada uno, “estamos hablando de 200 millones de dólares” de recaudación.

En su criterio Chávez, expresó que es una “tentación fiscal” tener esos recursos ya sea para el Gobierno central o local.

“Por supuesto es un enorme debate y el impacto que tiene. La mayoría de esos autos ya están acá y el tema del subsidio es menor, es decir ya estamos subsidiando y consumiendo gasolina. Hay que ver el tema del empleo, probablemente eso afecte a la industria nacional”, aseveró.

Opinó que se debe pasar el control de estos vehículos a los municipios porque desde el nivel central desconocen lo que ocurre en los municipios rurales o fronterizos.

“Hay que hacer una regulación, no solo es la nacionalización, si no quién lo va a hacer, cómo lo va hacer. Tendría que ser algo muy fácil y rápido. Que tenga un costo, por ejemplo, sea más caro para los más antiguos”, finalizó.

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Mamani explicó que existen muchos automóviles indocumentados particularmente en las provincias, los cuales sirven como herramientas para el trabajo rural, puesto que reemplazaron a los caballos, mulas y los burros para el transporte.

“No está en el proyecto ni está en las decisiones de nuestro Gobierno el poder nacionalizar inmediatamente. Posible para la larga, posible, no voy a descartar, pero por el momento no está”, manifestó el diputado, según RTP.

En ese sentido, señaló que dicha nacionalización significaría aumentar mucho más el parque automotor y eso dificultaría bastante a las ciudades.

“Por ahora no (se analizará una ley de nacionalización), tenemos que ser más sinceros, estamos en otras preocupaciones más importantes que generar este falso sentimiento a nuestras hermanas y hermanos”, añadió el parlamentario.

El miércoles precedente, el diputado del Movimiento Al Socialismo, Vicente Condori, informó que está trabajando en un proyecto de ley para la legalización de vehículos indocumentados.

Ante esa situación, Freddy Mamani señaló que no tiene conocimiento de alguna iniciativa al respecto.

El lunes de esta semana, dueños de vehículos indocumentados amenazaron con iniciar medidas de presión, como el bloqueo de caminos si el Gobierno no respondía a sus demandas. Esta advertencia quedó solo en un intento, porque las fuerzas del orden persuadieron a los manifestantes, quienes levantaron el bloqueo que realizaban en algunos sectores del país.

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“Anunciar a la opinión pública, a las autoridades nacionales, departamentales que los trabajadores mineros de Andacaba, a partir del día lunes, iniciamos nuestra marcha con rumbo a la ciudad de La Paz exigiendo la nacionalización de este centro minero”, afirmó el dirigente Heriberto Chavarría en contacto con radio Pio XII.

Detalló que 200 mineros recorrerán la carretera junto a sus familias para marchar desde Caracollo, hacia la sede de Gobierno.

Chavarría manifestó que por más de un año no reciben un sueldo y tampoco existe respuesta de la empresa encargada del centro minero para una efectiva reactivación.

“La parte patronal ha tenido la oportunidad, el tiempo para poder consolidar la asociación o la inversión para este yacimiento, pero lastimosamente lo que ha hecho es entrar a la dilación”, sostuvo Chavarría.

Asimismo, pidió que el Gobierno cumpla con recuperar el yacimiento, puesto que se trata de recursos naturales que deben favorecer al Estado boliviano.

Una de las representantes de las esposas confirmó que acompañarán a los mineros a La Paz. Mencionó que más de un año sus familias no tienen ingresos económicos, afectando los accesos a educación y salud.

El centro minero es operado por la empresa Pionner Mining, reportó la red Erbol.

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