El documento fue suscrito el 23 de abril de 2025 y también declara un estado de emergencia permanente. Las organizaciones consideran que hay un atropello a la justicia y una parcialización institucional por parte de la Procuraduría General del Estado.

Cuestionamientos al procurador

Las organizaciones han cuestionado la actuación del Procurador del Estado, Ricardo Condori. Según denunciaron, él se alineó públicamente con una de las partes en un conflicto entre dos sociedades privadas.

Señalaron que el Procurador no tiene competencia para intervenir en conflictos de interés que son exclusivamente privados. Su función debería limitarse a velar por la legalidad en asuntos que involucren al Estado.

Críticas a la intervención

Las organizaciones criticaron que el Procurador emitiera juicios de valor, conminatorias e incluso amenazas sin un sustento jurídico en un litigio que no le corresponde. Alertaron que su proceder vulnera la independencia del Poder Judicial, lo que constituye una forma de usurpación de funciones.

En su pronunciamiento, las organizaciones advirtieron que la actuación del Procurador representa un favoritismo institucional hacia la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa). Consideraron que esto es una injerencia inaceptable en un proceso que involucra a partes privadas.

Demandas de las organizaciones

Exigieron una retractación pública de Ricardo Condori y advirtieron que, si persiste esta parcialización, asumirán medidas de presión drásticas tanto a nivel regional como nacional.

El respaldo a Soboce también se manifestó en una movilización masiva frente a la Procuraduría General del Estado. Miles de personas protestaron no solo contra la actuación del Procurador, sino también contra el reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia.

Impacto del fallo judicial

Este fallo impuso a la empresa una multa superior a 700 millones de bolivianos, a pesar de que en el proceso no se demostró competencia desleal.

Los manifestantes denunciaron que esta sanción injustificada pone en riesgo el empleo directo de más de 1.000 trabajadores. También afecta a más de 200.000 familias que dependen de la cadena de valor del cemento, que incluye a productores de materias primas, transportistas, proveedores logísticos y comercios.

Exigencias al Estado

Finalmente, las organizaciones firmantes reiteraron su respaldo incondicional a Soboce. Exigieron al Estado garantizar un proceso judicial justo y transparente, sin injerencias políticas ni institucionales.

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El diputado Freddy López, del ala “evista”, ha confirmado la organización de una movilización masiva para el 17 de septiembre, acusando al Presidente y al Vicepresidente de ser responsables de los problemas internos del partido.

Marcha masiva y sus consecuencias

La diputada Rosario García ha señalado que la marcha masiva perjudicará a todos los bolivianos, ya que generará pérdidas económicas significativas. Por su parte, Freddy López ha afirmado que esta movilización fue acordada en el ampliado con el objetivo de exigir que las demandas del pueblo boliviano sean escuchadas.

Responsabilidades dentro del partido

López también ha señalado que los problemas dentro del partido son culpa del Presidente Luis Arce, del Vicepresidente David Choquehuanca, del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Las diputadas Choque y García sostienen que son las organizaciones sociales quienes deciden quién los representa y quién no.

Legalidad de la expulsión

Las diputadas han argumentado que la expulsión de algún miembro del MAS no puede llevarse a cabo en un ampliado y carece de legalidad jurídica. Esta situación refleja tensiones internas significativas dentro del MAS, lo cual podría afectar su cohesión y capacidad para abordar las demandas sociales.

Las diputadas han enfatizado que la decisión sobre la representación debe ser tomada por las bases sociales y no por decisiones arbitrarias en instancias superiores.

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