Aprehenden a tres delincuentes por robo agravado en Oruro

El jueves 4 de junio, el Ministerio Público, en colaboración con el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), logró la aprehensión de tres sujetos bolivianos en la ciudad de Oruro. Estos individuos enfrentan acusaciones por un violento robo agravado que ocurrió el pasado 21 de mayo, donde sustrajeron 95.000 bolivianos de un domicilio ubicado en las calles Herrera y Tarapacá.

Detalles del operativo y captura

La fiscal de materia, Patricia Araoz, informó que la organización criminal estaba compuesta por cuatro personas, de las cuales una aún se encuentra prófuga. Araoz explicó que esta peligrosa banda se dedicaba a realizar seguimientos minuciosos a sus víctimas para desvalijar sus viviendas bajo la modalidad de “monrreros” o descargadores de casas.

Durante la intervención, las fuerzas del orden hallaron:

• Un arma de fuego con cuatro proyectiles.
• Un vehículo utilizado para vigilar las zonas.

Las investigaciones revelaron que en el teléfono celular de uno de los aprehendidos ya estaba marcado el croquis de un próximo domicilio que pretendían atacar. La fiscal Araoz destacó que todos los integrantes de la banda contaban con un amplio prontuario delictivo por robos agravados y portación de armas.

Antecedentes penales y modus operandi

Entre los capturados destaca un peligroso delincuente que había escapado del Centro Penitenciario de El Abra, en Cochabamba, y que posee 14 antecedentes penales, muchos con sentencia ejecutoriada. Además, otro implicado había salido recientemente del penal de San Pedro de Oruro.

El modus operandi consistía en dividirse las tareas: mientras dos miembros ingresaban violentamente a las casas tras “deschapar” las puertas para sustraer objetos valiosos, los otros dos permanecían afuera cumpliendo funciones de “campana” y vigilancia a bordo del vehículo.

Imputación y próximos pasos

La Fiscalía ya emitió la imputación formal por el delito de robo agravado y solicitará la detención preventiva de los tres sujetos capturados durante la audiencia de medidas cautelares. Además, intensifican los operativos para localizar al cuarto integrante en las próximas horas. La fiscal Patricia Araoz señaló que se coordinará con las autoridades judiciales correspondientes de Tarija para el flujo de información sobre el reo que ya cuenta con sentencias en esa región, una vez culminen los actos investigativos en Oruro.

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Plan de seguridad del Ministerio Público en Oruro

El miércoles 3 de junio, el Ministerio Público presentó un plan diseñado para garantizar la seguridad ciudadana durante el próximo feriado. Esta iniciativa, que se dio a conocer en una conferencia de prensa en el salón de la Fiscalía Departamental de Oruro, incluye turnos estratégicos que asegurarán atención ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Aldo Morales Alconini asegura atención continua

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que todo el personal fiscal se mantendrá alerta ante cualquier eventualidad. “El Ministerio Público trabaja 24/7. Se ha designado a los fiscales que van a estar de turno con el efecto de brindar, más que todo, el cuidado a los derechos fundamentales de las personas e intervenir en cualquier ilícito que se cometa”, manifestó Morales ante los medios.

Cronograma de atención fiscal

Según el cronograma detallado por Morales, el flujo de fiscales estará organizado para cubrir tanto áreas urbanas como rurales:

• Días hábiles y de transición: Dos fiscales estarán de turno por jornada de jueves y viernes en la ciudad de Oruro.
• Fin de semana: Cuatro fiscales atenderán las denuncias del sábado y domingo.
• Provincias: Los fiscales provinciales permanecerán en sus asientos y recintos correspondientes para dar respuesta inmediata a sus respectivas regiones.

  

Instrucción de emergencia general

Además, Morales enfatizó que existe una instrucción de emergencia general. En caso de registrarse contingencias mayores o delitos graves, se activará a todo el cuerpo fiscal. “Se ha dispuesto que todos los fiscales estén en emergencia en caso de que tengamos casos grandes, a fin de que todos entremos a trabajar, principalmente en la imputación de personas que pudieran causar algún tipo de estragos o si existe violencia en este feriado”, concluyó Morales.

Este despliegue busca asegurar la legalidad y proteger los derechos ciudadanos durante un periodo crítico.

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Oruro lanza plan contra la violencia intrafamiliar

La mañana del lunes 1 de junio, el Ministerio Público de Oruro presentó un plan estratégico destinado a frenar los alarmantes índices de violencia intrafamiliar y sexual. Esta iniciativa surge tras una reunión crucial entre la senadora María Alarcón, promotoras comunitarias y autoridades fiscales.

Acciones inmediatas para proteger a las víctimas

Durante el encuentro, se delinearon acciones inmediatas que buscan optimizar la protección a víctimas. El eje central de esta estrategia radica en una campaña masiva de capacitación sobre la Ley 348, conocida como Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Las autoridades enfatizaron la necesidad de que la población conozca los canales de denuncia y el funcionamiento de las casas de acogida.

Compromiso con la comunidad

“Es un proyecto grande en el que se va a trabajar de manera conjunta. Se necesita el apoyo de todos, especialmente de los medios de comunicación para socializar estos aspectos”, afirmaron desde la vocería oficial, resaltando la importancia de romper el silencio frente a estos delitos.

Reconocimiento de falencias en la Ley 348

Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue el reconocimiento de que la Ley 348 presenta falencias en su aplicación práctica. Esto ha abierto un debate sobre posibles reformas legales que fortalezcan los procesos de protección.

Herramientas de emergencia activas en Oruro

• Línea gratuita de ayuda: Se habilitará un número telefónico sin costo para recibir denuncias y ofrecer orientación en crisis.
• Unidad móvil de rescate: Un vehículo del Ministerio Público operará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para recoger a víctimas en situaciones de riesgo inminente.
• Red de respuesta integrada: Este servicio colaborará directamente con la Alcaldía de Oruro, la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).

  

Resultados esperados para finales del mes

Se prevé que los primeros resultados evaluativos del despliegue interinstitucional se den a conocer a finales del presente mes. Este avance marcará una hoja de ruta crítica para garantizar la seguridad de mujeres y familias en el departamento. El fiscal departamental Aldo Morales Alconini estuvo presente durante el anuncio.

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Capacitación del Ministerio Público en Oruro sobre feminicidios

El viernes 15 de mayo, el Ministerio Público llevó a cabo una capacitación en la Fiscalía Departamental de Oruro. Esta actividad se enmarca dentro de las acciones estratégicas para garantizar una justicia pronta y oportuna. La capacitación está dirigida a todos los fiscales de materia, tanto de la capital como de las distintas provincias de Oruro. El enfoque central es la aplicación rigurosa del denominado “Protocolo de las 72 Horas” para la investigación de feminicidios, asesinatos e infanticidios.

Importancia del Protocolo de las 72 Horas

El Fiscal Departamental de Oruro, Dr. Aldo Morales Alconini, destacó la trascendencia de este proceso formativo. En sus palabras, “las primeras horas posteriores a un hecho delictivo son críticas para el éxito de la investigación y el esclarecimiento de la verdad material”. Además, explicó que “en estas 72 horas se tiene que hacer la colección de indicios como también llegar a la verdad material del hecho, en virtud de que se pierden los elementos pertinentes cuando ya pasan estos tres días”.

Desarrollo de la Capacitación

La inducción se desarrolló a lo largo de toda la semana bajo modalidad virtual y fue impulsada por la Fiscalía General del Estado. El principal objetivo es unificar los criterios de actuación entre los distintos fiscales del país, asegurando que los procedimientos técnicos y legales se ejecuten sin demoras ni errores.

Simulación Práctica para Consolidar Conocimientos

Para consolidar los conocimientos teóricos adquiridos, Morales Alconini anunció que este sábado se llevará a cabo una jornada de simulación de campo. Este ejercicio práctico contará con la participación activa de fiscales, médicos forenses y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Durante el simulacro, se evaluarán varios aspectos:

• Levantamiento legal: Se evaluará el procedimiento técnico para el correcto levantamiento legal de un cadáver.
• Fijación de indicios: Se repasarán los métodos de verificación y recolección de elementos probatorios en la escena.
• Cadena de custodia: Se priorizará el control estricto para evitar cualquier tipo de contaminación.

Con estas mesas de trabajo y simulacros prácticos, el Ministerio Público busca optimizar los tiempos de respuesta institucional. Esto garantiza un trabajo investigativo rápido, científico y eficaz en beneficio de la sociedad y las víctimas de violencia extrema.

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Investigación del asesinato en Qaqachaca

El Ministerio Público inició una investigación por el delito de asesinato en Oruro tras un hecho de sangre registrado el 9 de mayo en la plaza principal de la localidad de Qaqachaca, provincia Avaroa del departamento de Oruro. En este incidente, una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas por disparos de arma de fuego.

Detalles del ataque armado

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que la víctima fatal es un varón de 31 años que recibió cuatro impactos de bala. Las heridas, con entrada y salida provocadas por proyectiles de arma de fuego, causaron un trauma abdominal abierto que derivó en su fallecimiento.

Además, un hombre de 24 años y una mujer de 30 años resultaron heridos durante el ataque ocurrido después de la final de un campeonato interprovincial de fútbol. Morales señaló: “Estamos realizando los actuados investigativos correspondientes para dar con los autores de este lamentable hecho de sangre que cobró la vida de una persona y dejó a otras dos hospitalizadas”.

Contexto del incidente

De acuerdo con el informe preliminar, tras la conclusión del encuentro deportivo, jugadores y acompañantes se reunieron en la plaza local para compartir bebidas alcohólicas. En ese momento, varias personas armadas realizaron disparos contra las víctimas y posteriormente se dieron a la fuga.

El herido de 24 años fue ingresado a quirófano debido a lesiones abdominales provocadas por arma de fuego. Por su parte, la mujer de 30 años fue trasladada de emergencia a la Clínica San Agustín de la ciudad de Oruro por heridas en el rostro y las regiones inguinal y pélvica.

Colaboración con autoridades originarias

La autoridad fiscal también explicó que las investigaciones se desarrollan en coordinación con autoridades originarias de la región. Esto se debe a que familiares y pobladores no permitieron inicialmente el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Oruro para la autopsia médico legal. “Las autoridades originarias debían verificar el hecho para prestar su colaboración”, añadió Morales.

Continuación de las investigaciones

El Ministerio Público y la Policía continúan con las investigaciones para identificar y aprehender a los responsables del ataque armado en Avaroa. Este trágico suceso resalta la necesidad urgente de abordar la violencia armada en la región.

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Ministerio Público avanza en la digitalización de procesos judiciales

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, ratificó que el Ministerio Público prevé avanzar desde 2027 hacia la digitalización de los procesos judiciales y la eliminación progresiva del uso de papel.

Implementación de herramientas tecnológicas

La autoridad explicó que la implementación de herramientas tecnológicas para ciudadanos permitirá que los ciudadanos realicen seguimiento a sus causas directamente desde dispositivos móviles. Morales afirmó: “El Ministerio Público, a partir del próximo año, pretende tener cero uso de papel. Todos los ciudadanos van a poder verificar sus causas por celular”.

Fortalecimiento de la socialización legal

Además, Morales indicó que la transformación digital también busca fortalecer la socialización de leyes y campañas de prevención dirigidas a la población, especialmente en temas relacionados con la seguridad y protección de niños y adolescentes.

Nuevas formas de acceso a la información

La autoridad señaló que los cambios tecnológicos deben ir acompañados de nuevas formas de acceso a la información y modernización institucional. “Tenemos que ir a la par de la informática y de los cambios que se están generando en la sociedad”, afirmó.

Eficiencia y transparencia en procesos judiciales

El fiscal departamental remarcó que estas acciones pretenden agilizar procesos y facilitar el acceso de la ciudadanía a la información judicial de manera más eficiente y transparente en información judicial.

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Búsqueda intensiva de joven presuntamente secuestrado en Cochabamba

El pasado 5 de mayo, se registró un secuestro en el municipio de Entre Ríos, Cochabamba. El Fiscal Departamental, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que se tipificó el caso bajo el delito de secuestro. Además, se activaron todos los mecanismos de inteligencia y rastrillaje en coordinación con la Policía Boliviana para encontrar a la víctima y capturar a los responsables.

Detalles del secuestro

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos proporcionada por el fiscal asignado al caso, Marcelino Salazar, el crimen ocurrió a plena luz del día. Joed A. J., un joven de 24 años, desayunaba junto a su esposa en su hogar cuando fueron sorprendidos por un vehículo tipo Noah sin placas de circulación. Cuatro sujetos encapuchados, vestidos con indumentaria de camuflaje y armados con armas de fuego de grueso calibre, irrumpieron en el inmueble.

Operativos de búsqueda

Los atacantes redujeron a Joed bajo amenazas y uso de fuerza física, obligándolo a subir al vehículo antes de darse a la fuga con rumbo desconocido. Ante la gravedad del incidente, el fiscal Tejerina enfatizó la prioridad absoluta de las operaciones actuales. Se han dispuesto operativos de búsqueda intensivos y se están tomando declaraciones testificales clave para reconstruir la ruta de escape.

“Se han activado de manera inmediata todos los mecanismos investigativos y, de forma coordinada con la Policía Boliviana, se ha puesto en marcha la búsqueda de la víctima para dar con su paradero y establecer la identidad de los autores”, puntualizó Tejerina.

Acciones del Ministerio Público

Actualmente, las fuerzas del orden mantienen diversos puntos de control y realizan peritajes en la zona para esclarecer los móviles detrás del rapto y garantizar el retorno seguro de Joed a su hogar. El Ministerio Público ha puesto en marcha un despliegue investigativo urgente tras confirmarse este violento secuestro.

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Bolivia inicia evaluación masiva de 701 fiscales

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, oficializó mediante una resolución administrativa el inicio de un proceso de evaluación fiscal integral dirigido a los fiscales de todo el país. Esta medida, que se establece como un eje estratégico de su gestión, busca no solo fiscalizar el rendimiento administrativo, sino también elevar la calidad de la atención al litigante y garantizar la transparencia dentro del Ministerio Público.

Alcance del operativo de evaluación

El operativo de evaluación tiene un alcance masivo, involucrando a un total de 701 funcionarios: 405 fiscales de materia que forman parte de la carrera institucional y 296 fiscales eventuales. El proceso incluye inspecciones presenciales en cada uno de los despachos fiscales de los nueve departamentos de Bolivia, permitiendo una verificación directa del estado de los procesos y la eficiencia en el manejo de las causas judiciales.

Resultados e implicaciones

Los resultados obtenidos en estas inspecciones no serán meramente estadísticos. En cambio, determinarán de forma directa la permanencia de los funcionarios en sus cargos, así como sus posibilidades de ascenso o, en casos de bajo rendimiento, su desvinculación definitiva de la institución. Este mecanismo busca asegurar que solo el personal más idóneo continúe al frente de las investigaciones penales.

Compromiso con la justicia eficiente

Al respecto, el Fiscal Mariaca destacó que el éxito de su gestión no puede limitarse al cierre de expedientes. Debe reflejarse en la satisfacción de las personas que acuden en busca de justicia. Mariaca subrayó que el Ministerio Público se mantiene como la única entidad del sector justicia en Bolivia que aplica este tipo de controles anuales rigurosos.

Modelo de Gestión Fiscal con Eficacia y Eficiencia

Finalmente, este proceso se enmarca en el “Modelo de Gestión Fiscal con Eficacia y Eficiencia”, una herramienta diseñada para transformar la imagen del Ministerio Público y profesionalizar el servicio. Con esta medida, se pretende consolidar una institución más transparente y comprometida, donde el desempeño real en cada despacho sea el único garante para la continuidad y promoción de los fiscales dentro del sistema judicial boliviano.

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Aprehensión por intento de agresión sexual en Oruro

El lunes 27 de abril, el Ministerio Público reportó la aprehensión de un hombre de 35 años, capturado en flagrancia tras intentar agredir sexualmente a una mujer en una provincia cercana a la ciudad de Oruro. Este grave incidente ocurrió bajo el engaño de realizar labores agrícolas.

Detalles del incidente

Según el informe del Fiscal Departamental de Oruro, Dr. Aldo Morales, el hecho se registró cuando la víctima y el agresor, ambos de la misma edad, se trasladaron a un terreno para preparar la tierra para el sembradío. En ese contexto, el sujeto condujo a la mujer mediante engaños hacia una habitación precaria.

Intento de violación frustrado

Una vez dentro del inmueble, el agresor empleó la fuerza para realizar tocamientos impúdicos e intentar consumar una violación. Afortunadamente, la víctima logró zafarse y escapar del lugar para buscar auxilio.

Intervención policial oportuna

“Fue una casualidad que, en ese preciso momento, una patrulla policial circulaba por los alrededores. La víctima procedió a denunciar el hecho de inmediato y se logró la aprehensión del sujeto en flagrancia”, detalló Morales.

Investigación en curso

Dada la naturaleza del hecho y para evitar la revictimización, las autoridades no revelaron el nombre de la provincia, indicando únicamente que se encuentra a unos 45 minutos de la ciudad de Oruro. Sin embargo, el Fiscal señaló que se ha iniciado una investigación más amplia en la zona.

A antecedentes preocupantes

Existen indicios de que el ahora aprehendido podría tener antecedentes de acoso u hostigamiento hacia otras mujeres de la comunidad, a quienes presuntamente intentaba obligar a mantener relaciones sentimentales bajo amenazas.

Próximos pasos legales

El Ministerio Público ya alista la imputación formal contra el sindicado mientras se verifica si existen otras denuncias en su contra en dicha jurisdicción.

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Violento altercado en Oruro

La noche del domingo 26 de abril, un sujeto de 25 años protagonizó un grave incidente en el centro nocturno ‘Suigeneris’, ubicado en la calle 6 de octubre de Oruro. Según el informe del Fiscal Departamental, Aldo Morales Alconini, la situación se desató tras una discusión entre el sindicado y otro grupo de personas.

Desalojo y amenaza con arma

El individuo, acompañado por su hermano de 34 años, fue desalojado del establecimiento por el personal de seguridad. En ese momento, solicitó la devolución de un maletín que había dejado en la antesala. Al recuperar el objeto, extrajo un arma de fuego reglamentaria de 9mm y amenazó a los presentes que intentaban retirarlo del local.

Intervención policial y agravantes

Ante la peligrosidad de la situación, el personal del recinto logró reducirlo y dio aviso inmediato a la Policía Boliviana, que procedió a su aprehensión en flagrancia. Un detalle crítico es que el aprehendido afirmó ser subteniente de la Policía. Morales señaló: ‘De confirmarse que es un funcionario público, este hecho constituiría una agravante considerable, dado que se encontraba en estado de ebriedad portando un arma de fuego y amedrentando a civiles’.

Investigación en curso

El Ministerio Público continúa con la etapa investigativa para determinar la situación jurídica del sindicado y establecer las responsabilidades penales pertinentes por los delitos de amenazas y portación ilícita (o uso indebido) de arma de fuego.

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Aprehendido por golpear a su pareja en un arranque de celos

El pasado miércoles 22 de abril, la Fiscalía Departamental de Oruro informó sobre la aprehensión de un hombre de 41 años, acusado de agredir violentamente a su esposa. Este incidente ocurrió el sábado 18 de abril, alrededor de las 20:00 horas, en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la Avenida El Moreno.

Detalles del incidente violento

La víctima, quien trabaja como comerciante, regresaba a su hogar en un taxi después de su jornada laboral. Al llegar, su esposo inició una fuerte discusión motivada por celos, cuestionándola insistentemente sobre la identidad del taxista que la había trasladado.

La discusión escaló rápidamente y se tornó violenta. El agresor propinó un golpe en la mejilla a la mujer y continuó atacándola con patadas en las piernas. La intervención de los dos hijos de la pareja, quienes se encontraban dentro de la casa, fue crucial para detener la golpiza y evitar consecuencias más graves.

Consecuencias y acciones legales

Como resultado de esta agresión, la víctima recibió una valoración médica que certificó cinco días de incapacidad. El Ministerio Público ejecutó el mandamiento de aprehensión contra el sujeto el miércoles pasado. Las autoridades cuentan con pruebas contundentes que incluyen:

• La declaración informativa de la víctima.
• El certificado médico forense que detalla las lesiones físicas.

“El Ministerio Público está presentando una imputación formal por el delito de violencia familiar o doméstica, solicitando la detención preventiva del agresor”, señalaron desde la Fiscalía Departamental. Actualmente, el caso se encuentra en manos de la justicia y continúa con los actuados correspondientes.

Importancia del testimonio y pruebas

El fiscal coordinador Mauricio Ramírez proporcionó detalles sobre el caso y destacó la importancia del testimonio y las pruebas recolectadas. Este caso resalta la necesidad urgente de abordar la violencia familiar, un problema que afecta a muchas familias en Bolivia.

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Desarticulan banda de ‘monrreros’ que robó 180 mil bolivianos

En un operativo coordinado por el Ministerio Público y el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), las autoridades lograron la aprehensión de un presunto integrante de una peligrosa banda dedicada al robo de domicilios. Este grupo delictivo sustrajo la suma de 180.000 bolivianos de una vivienda ubicada en la Urbanización 7 de abril.

Detalles del robo y modus operandi

Según la fiscal de materia, Patricia Araoz, el hecho delictivo ocurrió en febrero. La víctima dejó su hogar a las 08:30 horas con destino a Huanuni y al regresar por la noche, se encontró con una escena devastadora: su hogar había sido vandalizado y sus ahorros robados.

Los delincuentes emplearon un modus operandi específico para evitar ser detectados:

• Corte de suministro: Desconectaron el interruptor principal de energía eléctrica.
• Violencia: Forzaron la chapa de la puerta principal.
• Rebusque exhaustivo: El dormitorio fue hallado totalmente destrozado.

Identificación y captura de los delincuentes

A través del análisis de las cámaras de seguridad de los vecinos, se identificó a tres sujetos y un vehículo involucrado. Dos hombres vestidos de negro saltaron la pared para ingresar al inmueble, mientras que un tercer cómplice actuó como “campana” (vigilancia) en las afueras. El vehículo utilizado para la huida era color plomo.

“Gracias al arduo trabajo realizado por funcionarios del DACI, se determinó que esta banda proviene de Cochabamba”, informó la fiscal Araoz. Tras una labor de inteligencia, las autoridades localizaron el vehículo en Cochabamba.

Aprehensión y futuro judicial

Mediante una orden de allanamiento ejecutada recientemente, se logró la aprehensión del sujeto que cumplía funciones de vigilancia. Este individuo se encontraba custodiando el vehículo a la espera de sus cómplices. La Fiscalía continúa con las investigaciones, ya que se presume que esta banda está involucrada en otros hechos delictivos bajo la misma modalidad.

El aprehendido será puesto a disposición de un juez cautelar en las próximas horas, mientras las autoridades trabajan para desarticular completamente esta red criminal que ha generado preocupación por la violencia en robos domiciliarios.

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Detención de Gonzalo M. G. por robo en Oruro

El miércoles 15 de abril, en la ciudad de Oruro, las autoridades aprehendieron a un sujeto acusado de robo en una vivienda. Este hecho ocurrió el 19 de marzo en la urbanización Santa Ana II, y la captura se realizó gracias a un operativo coordinado entre el Ministerio Público y la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI).

Detalles del robo y captura

Gonzalo M. G., de 32 años, fue señalado como uno de los autores del robo y tiene un amplio prontuario delictivo. El fiscal de materia, Adrian Pacheco, informó que el robo sucedió aproximadamente a las 03:00 horas del 19 de marzo. Los delincuentes aprovecharon que la propietaria se encontraba en el municipio de Huanuni para fracturar la puerta de ingreso.

Gracias al registro de cámaras de seguridad, se identificó un vehículo motorizado y la participación de más de tres personas. Entre las pertenencias sustraídas se encuentran electrodomésticos como un refrigerador, una cocina de cinco hornillas, un televisor, equipos de sonido, parlantes, prendas de vestir y calzado.

Identificación del sospechoso

La identificación del sospechoso fue posible gracias al reconocimiento directo realizado por un vecino durante un desfile identificativo. Gonzalo M. G. fue plenamente señalado por sus rasgos físicos, lo que llevó a su detención.

Reincidencia y medidas cautelares

Lo más alarmante del caso es la reincidencia del imputado. Con 11 casos registrados en los últimos 15 años, el sujeto ha mantenido una actividad delictiva constante, lo que ha llevado a la Fiscalía a solicitar medidas más severas.

El Ministerio Público solicitó formalmente la detención preventiva por cinco meses en el penal de San Pedro. Actualmente, el caso se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción Cuarto en lo Penal, donde se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares para definir si el procesado enfrentará el juicio tras las rejas.

Investigaciones en curso

La policía continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los otros cómplices captados por las cámaras de seguridad y recuperar los objetos sustraídos. Este caso resalta la importancia de la colaboración ciudadana y el uso de tecnología para combatir el delito en Oruro.

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Investigación del asesinato de un presunto ladrón en Quemalla

El Ministerio Público de Oruro investiga un caso de homicidio que conmocionó a la comunidad de Quemalla, ubicada en el municipio de Caracollo. Un hombre de 48 años fue sorprendido presuntamente robando en un domicilio y, posteriormente, hallado sin vida tras ser golpeado y atado a un poste por pobladores de la localidad. Este hecho se registró la madrugada del 1 de abril, a las 02:30 horas, y ha generado gran preocupación por la violencia ejercida contra la víctima.

Detalles del caso y resultados de la autopsia

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que la autopsia determinó como causa de muerte la anoxia cerebral, compresión cervical externa a lazo y asfixia mecánica por estrangulamiento. Además, se evidenció un estado policontuso con múltiples lesiones en todo el cuerpo. Estos resultados confirman que el hombre fue sometido a una agresión colectiva que derivó en su fallecimiento.

Hallazgos en el lugar del robo

En el lugar del robo, a unos 400 metros del domicilio afectado, se encontraron varios objetos sustraídos, entre ellos una compresora, una motobomba y una soldadora. Los propietarios alertaron a los vecinos, quienes procedieron a reducir al presunto ladrón y lo amarraron a un poste, donde finalmente fue hallado sin vida.

Continuación de la investigación

Morales señaló que la investigación está en curso y que se busca identificar a los responsables. Se presume que una treintena de personas habría participado en la agresión, por lo que no se descartan nuevas aprehensiones en las próximas horas. El Ministerio Público ya ha iniciado la recolección de pruebas y la citación de testigos para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer la responsabilidad penal de los involucrados.

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Cuatro hombres sentenciados por delitos sexuales en Beni

En los municipios de Trinidad y Riberalta, del departamento del Beni, se lograron cuatro sentencias condenatorias por delitos sexuales y una por homicidio. Estas sentencias resultaron de distintos procedimientos abreviados que involucraron a víctimas menores de edad, tanto hombres como mujeres.

Trabajo del Ministerio Público

El Fiscal Departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, destacó que “las sentencias obtenidas reflejan el trabajo comprometido del Ministerio Público, que presentó informes psicológicos, certificados médico forenses, declaraciones en Cámara Gesell, actas de denuncia, registros del lugar del hecho y otros elementos probatorios que permitieron demostrar la responsabilidad penal de los acusados”.

Detalles de las sentencias

Los casos son los siguientes:

• Maycol R.C.M., de 18 años: sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente en grado de tentativa contra una adolescente de 13 años. El hecho ocurrió el 07 de junio del 2015 en Trinidad.
• Samuel I.B., de 51 años: condenado a 20 años de cárcel por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente contra otra adolescente de 13 años en Trinidad.
• Ovidio A.R., de 31 años: sentenciado a 15 años por el delito de violación contra Ximena A.C., de 19 años. Este hecho se registró el 17 de agosto de 2023 en Trinidad.
• Franz R.M.Y., de 38 años: sentenciado a 25 años por el delito de violación agravada contra su hija menor de edad en Riberalta.
• Wilson G.C., de 45 años: Sentenciado a 10 años por homicidio al señor Remberto Ch.C., ocurrido el 26 noviembre del 2012 en la estancia “El Misterio”.

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Investigación de feminicidio en Caracollo

El cuerpo sin vida de una mujer joven fue hallado este domingo en un terreno baldío cercano al cementerio del municipio de Caracollo, en el departamento de Oruro. A escasos metros del cadáver, una bebé de aproximadamente cuatro a cinco meses fue encontrada llorando, sin lesiones visibles. El caso es investigado por el Ministerio Público, que no descarta que se trate de un feminicidio o un asesinato.

Detalles del hallazgo

El fiscal de Caracollo, Juan Carlos Rocha, informó en entrevista con LA PATRIA que el hallazgo se produjo entre las 12:00 y 12:30 horas, en las inmediaciones del sector sur del cementerio. “No tenemos la identificación de la persona fallecida”, señaló la autoridad, precisando que la víctima tendría entre 20 y 25 años de edad.

Alertas y respuesta policial

De acuerdo con el fiscal, fueron personas que transitaban por el lugar, un área vacía y poco concurrida, quienes alertaron a la Policía tras advertir la presencia del cuerpo. Posteriormente, efectivos policiales y un equipo interdisciplinario se constituyeron en el sitio para realizar el levantamiento legal y el procesamiento de la escena.

Análisis forense

Peritos del Instituto de Investigaciones Técnicas Científicas de la Universidad Policial (Iitcup) efectuaron el trabajo técnico correspondiente para recolectar indicios que permitan esclarecer el hecho. Rocha confirmó que el cuerpo presentaba signos claros de violencia. En la parte baja del cuello y la región superior del pecho izquierdo se encontró incrustada la hoja de un cuchillo doméstico.

Características del crimen

Según detalló, el arma blanca se habría roto al momento de la agresión: el mango fue hallado a un costado, mientras que la parte del filo permanecía clavada en el cuerpo de la víctima. “El cuerpo contiene signos de violencia”, afirmó el fiscal, quien añadió que, ante estas características, el hecho podría encuadrarse como feminicidio o asesinato. Sin embargo, aún no se puede determinar con certeza debido a que la identidad de la mujer no ha sido establecida.

Bebé bajo resguardo

Un aspecto que llamó la atención de las autoridades es que la víctima se encontraba acompañada de su hija, una bebé de aproximadamente cuatro o cinco meses. La menor fue encontrada llorando cerca del cuerpo, pero no presentaba lesiones externas.

Cuidado médico y protección infantil

De inmediato fue trasladada al Hospital San Andrés de Caracollo para su valoración médica, donde se confirmó que se encuentra estable. Posteriormente, la bebé fue derivada a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, instancia que asumió su resguardo.

Autopsia e investigación en curso

El cuerpo fue trasladado a la morgue, donde se prevé la realización de la autopsia médico-legal, programada para las próximas horas. Esta tiene como fin establecer con precisión la causa de la muerte y otros elementos relevantes para la investigación.

Resultados forenses esperados

El Ministerio Público aguarda los resultados forenses y trabaja en la identificación de la víctima, así como en la recolección de mayores antecedentes que permitan determinar las circunstancias del hecho y dar con el o los responsables.

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El Ministerio Público, en un pronunciamiento judicial decisivo, obtuvo condenas de privación de libertad para dos personas declaradas culpables por el delito de violación de infante, niño, niña o adolescente. Esta noticia impactante resalta la lucha contra la agresión sexual en Bolivia.

Detalles de las sentencias

Los episodios en que se sustentaron las acusaciones se produjeron en los municipios de La Asunta e Ixiamas; las sentencias suman casi 50 años de cárcel para los agresores. El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que, con la presentación de pruebas contundentes, el Tribunal de Sentencia de Caranavi pronunció las siguientes sentencias:

• Sabino Ch. Ch. (59 años): 25 años de presidio en el Penal de Máxima Seguridad – Chonchocoro.
• Rodrigo R. R. (23 años): 23 años de cárcel en el Penal San Pedro.

La Fiscalía se basó en la existencia de elementos técnicos científicos sin dudas sobre la veracidad de los delitos. Las pruebas principales incluyeron certificados médico-forenses, dictámenes periciales psicológicos y, especialmente, los testimonios de las víctimas en Cámara Gesell.

Escenarios de vulnerabilidad

“Con esto, el Ministerio Público cumple con su rol de protección hacia los sectores más vulnerables”, afirmó el fiscal Torrez. Los estudios concretaron dos escenarios de extrema vulnerabilidad para las víctimas:

• Primer caso: El 18 de julio de 2024, Sabino Ch. Ch. fue sorprendido por la tía materna de una niña de ocho años cometiendo el vejamen en su domicilio. La investigación posterior reveló que el abuso era constante, aprovechando que él era el padre del padrastro de la niña.
• Segundo caso: El 11 de noviembre de 2023, Rodrigo R. R. trasladó a una adolescente de 13 años para realizar la entrega de una carga en su camión. En un lugar despoblado procedió a agredirla sexualmente. Al volver, la víctima relató a sus padres lo sucedido y estos realizaron una aprehensión junto con particulares, para que posteriormente el agresor fuera llevado ante las autoridades.

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El Ministerio Público ha logrado un avance significativo en la justicia de Pando al obtener sentencias condenatorias contra cuatro personas responsables por delitos de violación. Las penas impuestas van de 15 a 20 años de privación de libertad, las cuales deberán cumplirse en el centro penitenciario de Villa Busch.

Detalles sobre las sentencias

El fiscal departamental de Pando, Freddy Durán Montero, informó que se logró demostrar la participación de los acusados en tres casos diferentes. Para ello, el Ministerio Público presentó pruebas fundamentales, tales como:

• Certificados médico forenses.
• Informes psicológicos y sociales.
• Pruebas documentales valoradas por las autoridades jurisdiccionales.

Casos condenados

Los casos que resultaron en sentencias datan de años anteriores. Uno de los más impactantes involucra a Erick C. V., un hombre de 27 años que recibió una condena de 20 años tras ser hallado culpable por la violación de una menor de 14 años en Cobija en el año 2020. Este individuo fue capturado en agosto del 2025 después de haber sido declarado rebelde.

Otro caso relevante ocurrió dentro del recinto carcelario de Villa Busch. Un privado de libertad, Maick A. J. S., engañó a otro recluso para llevarlo a la celda de Ricardo G. V. R., quien procedió a agredirlo sexualmente. Ambos implicados recibirán una sentencia que culminará en 15 años.

Finalmente, el tercer caso involucra a Ramón B. S., quien fue sentenciado a 20 años por agredir a una niña de 12 años en una comunidad cercana a Cobija. Este sujeto permaneció prófugo hasta su aprehensión el 29 de septiembre del 2025.

Estas sentencias representan un paso importante hacia la justicia y la protección de las víctimas en Pando, destacando el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra los delitos sexuales.

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Óscar Chavarría, presidente de Fedecomín Potosí, destacó que estas personas ya no se limitan al robo de mineral. Se han estructurado en grupos que cuentan con acceso a armas, financiamiento y equipos de inteligencia. Esta situación ha incrementado la inseguridad en las operaciones de las cooperativas mineras.

Críticas al Ministerio Público

El dirigente también cuestionó el desempeño del Ministerio Público en el departamento. Considera que no se presentan argumentos sólidos en los procesos judiciales cuando los presuntos responsables son sorprendidos en flagrancia. Esta falta de contundencia ha llevado a la aplicación de medidas que no resultan disuasivas.

Aprehensiones recientes

Chavarría recordó que recientemente se logró la aprehensión de 11 personas vinculadas a estas actividades delictivas. Sin embargo, explicó que algunos de ellos recibieron detención domiciliaria, mientras que otros fueron liberados por ser menores de edad o por tratarse de una mujer. De los 11 aprehendidos, solo 5 permanecen detenidos, aunque están gestionando medidas sustitutivas.

Falta de respaldo del sistema de justicia

El dirigente lamentó que las gestiones realizadas ante instancias como la Fiscalía, la Gobernación y autoridades judiciales no hayan resultado en sanciones efectivas. En este contexto, afirmó que las cooperativas no están recibiendo el apoyo necesario del sistema de justicia para enfrentar este problema creciente.

Investigación sobre financiamiento

Además, Chavarría indicó que el sector ha solicitado a la Policía Boliviana llevar a cabo una investigación exhaustiva para identificar las fuentes de financiamiento de estos grupos. Según las denuncias, los “jucus” operan de manera cada vez más organizada y sofisticada en el departamento de Potosí, según reportes de Radio Líder y Erbol.

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Russo, quien dejó su cargo la semana pasada, está siendo objeto de una denuncia presentada por el coronel Pavel Vázquez Pastor. Esta información fue confirmada previamente por el abogado del denunciante, Milton Andrade.

Investigación en curso

En este proceso también se encuentra bajo investigación el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.

Pavel Vázquez sostiene que sus derechos fueron vulnerados, ya que fue enviado a destinos que, según su criterio, no correspondían a su rango actual.

Cambios de puesto cuestionados

Los cambios de puesto que el denunciante cuestiona ocurrieron en 2021. Durante ese año, Vázquez fue asignado a diversas unidades, comenzando por la Fiscalía Departamental Policial en Pando.

Posteriormente, ocupó el cargo de comandante de adiestramiento de canes en la zona sur de La Paz. Luego, fue trasladado a la EPI Tarapacá y al Comando Departamental de La Paz, entre otros destinos.

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El Fiscal General subrayó que la Fiscalía no actuará como el brazo operativo de ningún candidato que intente desacreditar a otro, utilizando la institución como una herramienta de confrontación o como un medio para perjudicar a un rival político.

Investigaciones fundamentadas

Mariaca enfatizó que la institución mantendrá su objetividad al evaluar las denuncias que se presenten. Aclaró que solo se investigarán aquellas denuncias que estén basadas en hechos delictivos verificables. Esto es especialmente importante cuando hay indicios de daño económico en una alcaldía o gobernación.

Declaraciones del Fiscal General

El Fiscal General fue contundente al afirmar: “Si hay daño económico debemos investigar, pero si no hay indicio de algún delito no tenemos por qué ser parte de defenestrar a un candidato. Nosotros no estamos para eso”.

Misión del Ministerio Público

Con estas declaraciones, Mariaca reiteró que la misión de la institución es servir al interés público. Esto incluye investigar delitos que tengan fundamentos reales y proteger a la ciudadanía, sin involucrarse en disputas políticas.

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Investigación del Ministerio Público

La Fiscalía Especializada Anticorrupción, liderada por el fiscal Miguel Cardozo, ha comenzado las diligencias investigativas pertinentes. Un requerimiento fiscal emitido el 17 de noviembre instruye a la Policía para que designe un investigador que continúe con el caso.

Delitos en investigación

Lidia Patty Mullisaca está siendo investigada por varios delitos relacionados con la gestión de recursos públicos. Entre estos se incluyen incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica.

El denunciante en este nuevo proceso es el propio Fondo Indígena. El fiscal Cardozo ha solicitado que se actúe con “máxima diligencia” por parte del investigador asignado, exigiendo un informe de resultados en un plazo de 5 días.

Antecedentes del caso

Lidia Patty fue mencionada en el informe inicial de la Contraloría General del Estado, que destapó el escándalo hace 10 años. Según este informe, Patty, en su rol como representante legal de la Federación de Mujeres “Bartolina Sisa”, estaba a cargo del proyecto “Producción de Miel en Trece Comunidades del Trópico de la Provincia Bautista Saavedra del Departamento de La Paz”.

A pesar de que Patty admitió en 2021 que los proyectos no se finalizaron, ella responsabilizó a exdirectores del Fondioc por esta situación.

El escándalo del Fondo Indígena

El caso del Fondo Indígena se hizo público en febrero de 2015, tras un informe de la Contraloría que identificó 153 obras no ejecutadas o “fantasmas”, lo que generó un daño económico al Estado estimado en 71 millones de bolivianos.

La controversia se intensificó al incluir en la lista de implicados a destacados dirigentes y exfuncionarios vinculados al MAS, el partido al que pertenece Lidia Patty.

Desarrollo del juicio

Después de más de 10 años de litigio, en julio de 2025, la Fiscalía presentó una acusación formal contra 15 personas, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, para iniciar el juicio. Las penas solicitadas para los acusados pueden alcanzar hasta 8 años de prisión.

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Ante esta alarmante realidad, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha anunciado la realización del IV Congreso Internacional Contra la Violencia Sexual. Este evento se llevará a cabo en la ciudad de Cochabamba del 3 al 5 de octubre de 2025. La actividad es organizada en colaboración con la Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE) y reunirá a especialistas e instituciones con el fin de promover acciones conjuntas de prevención y atención.

“Estos datos nos deben llamar la atención como sociedad. La violencia de género no se detiene y solo con una respuesta firme, coordinada e integral podremos garantizar a las víctimas un acceso real a la justicia, protección efectiva y reparación al daño”, expresó Mariaca.

Tipos de delitos más frecuentes

Según el reporte, el tipo de delito más común sigue siendo la violencia familiar o doméstica, con un total de 25.716 casos en todo el país. También se han registrado incidentes relacionados con abuso sexual (2.423), violación (2.240), agresiones contra menores (1.721), estupro (1.366) y otras situaciones previstas en la Ley 348 (946).

Preocupación por feminicidios

Un aspecto que genera gran preocupación entre las autoridades es el número de intentos de feminicidio, que ascienden a 127 a nivel nacional. La mayor cantidad de estos casos se concentra en La Paz, seguida por Cochabamba y Santa Cruz.

Fortalecimiento de la articulación

En este contexto, el Ministerio Público ha reiterado su llamado a fortalecer la colaboración entre las instituciones del Estado y la sociedad civil. Esto es fundamental para enfrentar este problema de manera estructural, garantizando mecanismos eficaces de prevención, atención oportuna y justicia para las víctimas.

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La investigación está centrada en altos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y se enfoca en la compra de combustibles. El fiscal Yujra mencionó que se han activado alertas migratorias para los implicados. Sin embargo, se reservó los nombres de las personas involucradas para no obstaculizar el desarrollo de las investigaciones.

Además de las alertas migratorias, se han implementado otros mecanismos precautorios, como la anotación preventiva de bienes pertenecientes a los investigados. Estos pasos son parte de un esfuerzo más amplio para asegurar que se cumplan los procedimientos legales adecuados.

Declaraciones y ausencias

Para este miércoles, estaba programada la declaración del exfuncionario de YPFB, Miguel A. C. P. Sin embargo, no se presentó a la citación y no justificó su ausencia. Ante esta situación, la fiscalía está analizando las implicaciones de su falta de comparecencia.

El martes, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, acudió de manera espontánea a declarar ante la Fiscalía en La Paz. El fiscal Yujra indicó que, si es necesario, el jefe de la estatal petrolera será citado nuevamente para brindar más información sobre el caso.

Próximos pasos en la investigación

Los demás investigados serán convocados la próxima semana, y no se descartan otros mecanismos para garantizar su presencia. En el marco del caso Botrading, la Fiscalía continúa investigando las presuntas irregularidades relacionadas con la compra de combustibles, buscando esclarecer todos los aspectos de esta situación.

/KMMN

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“Tenemos 174 procesos penales en materia de medioambiente, es decir, por la quema ilegal por incendios forestales. Esos procesos, lamentablemente, el 96% no ha tenido un buen puerto, es decir, no ha avanzado o se han quedado en la etapa preliminar”, precisó Condori en conferencia de prensa.

Enfoque especializado en delitos ambientales

El procurador explicó que los delitos ambientales requieren un enfoque jurídico y técnico diferente al de otros tipos penales, como los de corrupción u homicidio. Por esta razón, se identificaron falencias estructurales en la investigación de incendios y se impulsó la elaboración de un protocolo especializado.

Colaboración con expertos

El documento, que se encuentra en fase final, fue elaborado con la participación del Ministerio Público, expertos internacionales —entre ellos representantes del Gobierno de Francia— y entidades técnicas nacionales como el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), el Instituto Técnico Científico de la Universidad Policial (ITCUP) y la unidad de bomberos de la Policía Boliviana.

Capacitación del personal involucrado

“No es lo mismo investigar un incendio que otros delitos comunes. Se requieren técnicas de investigación criminalística ambiental. Por eso hemos capacitado también al Ministerio Público y a las unidades técnicas encargadas de actuar en estos casos”, remarcó Condori.

Objetivos del nuevo protocolo

El nuevo protocolo busca establecer procedimientos claros para la investigación científica de incendios, determinación de causas, identificación de autores y cuantificación del daño ambiental, con miras a su reparación civil. Su presentación oficial está prevista para los próximos días.

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El fiscal general, Róger Mariaca, ha informado que se ha admitido la denuncia por varios delitos, entre ellos, instigación pública a delinquir, amenazas y obstaculización de procesos electorales. Este último delito está tipificado en la Ley 026 del Régimen Electoral.

Mariaca ha explicado que las denuncias en contra de Nina fueron presentadas en diferentes departamentos del país, como Santa Cruz y La Paz. Sin embargo, estas se han acumulado en Cochabamba, ya que es el lugar donde se realizaron las declaraciones y también el departamento donde reside la dirigente.

“Esta persona ya se encuentra en calidad de investigada. Se la ha citado y debe acudir el viernes a la Fiscalía departamental de Cochabamba”, afirmó Mariaca. Además, advirtió que si Nina no se presenta el viernes, podría ser aprehendida.

Declaraciones polémicas

El pasado 12 de julio, durante una concentración de los evistas en Lauca Ñ, Cochabamba, Nina hizo una declaración que ha generado mucha controversia. Afirmó que el 17 de agosto de 2025 “el Tribunal Electoral y el Gobierno, en vez de contar votos, van a contar muertos”.

Esta afirmación ha suscitado múltiples cuestionamientos. Varios actores políticos han considerado que sus palabras constituyen una amenaza contra el proceso democrático en el país.

Denuncias y reacciones

El lunes, la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, presentó una denuncia penal en Santa Cruz por instigación a delinquir y amenazas. Al mismo tiempo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, se pronunció al respecto, señalando que “quien llama a la violencia debe enfrentar las consecuencias jurídicas”. También pidió firmeza a los jueces en este caso.

Defensa de Ruth Nina

A pesar de la polémica generada por sus declaraciones, Nina ha ratificado lo que dijo y ha asegurado que no teme ir a la cárcel. Además, ha manifestado que sus palabras reflejan el sentir de las organizaciones sociales que no se sienten representadas por los actuales candidatos, especialmente tras la exclusión del expresidente Evo Morales como postulante.

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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, subrayó la importancia de proporcionar a los fiscales las herramientas jurídicas y técnicas necesarias para abordar delitos como la suplantación de identidad y el fraude electoral.

Curso dirigido a fiscales

Este curso está diseñado específicamente para los fiscales que trabajarán en turnos permanentes antes, durante y después de las elecciones generales. La iniciativa responde a la necesidad de contar con herramientas actualizadas que les permitan identificar, investigar y perseguir de manera efectiva delitos electorales como la coerción electoral, la manipulación de resultados y el fraude.

Aspectos interdisciplinarios

Durante la formación, se abordarán aspectos interdisciplinarios que combinan el derecho penal, el derecho electoral y técnicas modernas de investigación. Esto incluye el análisis de pruebas digitales y documentales, lo que permitirá a los fiscales estar mejor preparados para enfrentar los desafíos que se presenten.

Además, se fomentará el intercambio de experiencias con expertos nacionales, lo que enriquecerá el aprendizaje y la práctica de los fiscales en el campo de los delitos electorales.

Compromiso del Ministerio Público

El fiscal general también recordó que tuvo una reunión con la sala plena del Tribunal, donde garantizó que el Ministerio Público trabajará de manera ininterrumpida durante las elecciones generales de agosto de 2025. Esta medida permitirá la atención inmediata de cualquier hecho delictivo que pueda ocurrir a nivel nacional.

Colaboración con el Tribunal Supremo Electoral

La Escuela de Fiscales está llevando a cabo este curso especializado, donde los participantes podrán conocer todo lo relacionado con las leyes que hacen posible el desarrollo de un proceso electoral. Esto se realizará en colaboración con el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Departamentales Electorales en los 9 departamentos del país.

/KMMN

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El funcionario aprehendido ha sido identificado como Sergio Edwin S. C. La detención se realizó en el municipio yungueño de Coroico, según lo confirmado por el Ministerio Público.

Ampliación de la investigación

La investigación en contra de este funcionario se amplió el 12 de junio por el fiscal Fernando Espinoza. Esto ocurrió después de que se iniciaran acciones legales contra el juez Fernando Lea Plaza, quien fue el primero en ser procesado en este caso.

De acuerdo con las declaraciones de otros funcionarios del mismo juzgado, se ha señalado que el implicado realizó maniobras irregulares. Estas maniobras tenían como objetivo direccionar el sorteo de una acción de cumplimiento hacia el juzgado de Lea Plaza.

Declaraciones de Lea Plaza

Lea Plaza, en declaraciones anteriores, indicó que el funcionario tuvo contacto con la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Claudia Castro. Esta última es una de las principales personas señaladas por intentar la destitución de Coaquira.

Origen del caso

La resolución que dio inicio a este caso fue emitida el 11 de junio, tras una acción de cumplimiento presentada por el jurista Antonio de la Fuente. Hasta el momento, de la Fuente no ha comparecido ante la Fiscalía y también es requerido.

Información clave y próximos pasos

Según las investigaciones, Sergio posee información crucial sobre quién le instruyó a direccionar el sorteo judicial. Se prevé que sea trasladado a la ciudad de La Paz, donde prestará su declaración informativa ante la comisión de fiscales.

Posteriormente, será puesto a disposición de un juez cautelar, quien definirá su situación jurídica. Este caso se abrió tras una denuncia del Consejo de la Magistratura y se investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, consorcio entre responsables del servicio de justicia y falsificación de documentos.

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“No tengo nada qué ocultar. Yo no me escapo. Me presentaré voluntariamente ante cualquier citación o convocatoria de la Fiscalía General del Estado – Bolivia para aclarar, defenderme y asumir lo que me corresponda, como ya lo hice desde el momento en que presenté mi renuncia”, expresa en parte de su publicación la exautoridad nacional.

Críticas a Evo Morales

Además, el exministro Siles declaró: “Tenía la certeza de que el innombrable Evo Morales Ayma y su cada vez más reducido y encapsulado séquito aprovecharían cualquier oportunidad para atacarme, difamarme y calumniarme, tanto en redes sociales como ante los medios de comunicación. Lo hacen justo cuando la justicia ha iniciado una investigación que, además, fue declarada bajo reserva”.

El mensaje de Siles incluye un memorial que presentó ante el Ministerio Público. En este documento, se detalla que, tras enterarse del proceso en contra de Fernando Marcelo Lea Plaza, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y consorcio entre responsables del servicio de justicia, decidió presentarse de manera voluntaria. También solicita tener acceso al cuadernillo de investigación y se pone a disposición en caso de ser convocado.

Evidencia de manipulación judicial

Un registro de audio que se atribuye al exministro de Justicia César Siles Bazán se convirtió en evidencia de manipulación judicial. Ahora, la Fiscalía deberá probar o descartar esta situación en el marco de una investigación por prevaricato.

Después de la revelación del audio, el juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, fue enviado a detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz. Por su parte, la vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro, fue aprehendida y permanecía anoche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

Renuncias y nuevas investigaciones

En este contexto, también se suma la renuncia del presidente del TDJ paceño, Yván Córdova, quien ha sido incluido en la investigación como “sujeto procesal”. Además, el propio exministro Siles está siendo investigado por tráfico de influencias y consorcio entre operadores judiciales.

/KMMN

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Torrez explicó que la meta es ofrecer un servicio fiscal más completo en áreas estratégicas donde actualmente solo hay un fiscal especializado. Destacó que la propuesta ha sido bien recibida tanto por las autoridades originarias como por el alcalde municipal. En este contexto, aseguró que el Ministerio Público está comprometido a respaldar esta iniciativa.

Detalles de la propuesta

Durante su visita a la localidad, el fiscal proporcionó detalles sobre el proyecto. Este incluye la incorporación de un médico forense, una Cámara Gesell, un sistema de marcado biométrico, cámaras de seguridad, una morgue y una sala para realizar autopsias.

La inspección de la zona contó con la participación del Coordinador Operativo Israel Rojas Toledo y el alcalde de Santiago de Machaca, René Mixto Apaza.

Apoyo del alcalde

El alcalde René Mixto expresó su apoyo a la iniciativa y ofreció en comodato espacios del nuevo edificio municipal para el funcionamiento del Asiento Fiscal Modelo. Subrayó que la cercanía a la frontera es un aspecto clave para la implementación del proyecto.

Función del asiento fiscal

Un asiento fiscal es una sede del Ministerio Público que se establece en áreas alejadas o estratégicas para proporcionar atención judicial más cercana a la población. Su función principal es facilitar la recepción de denuncias, realizar investigaciones preliminares y coordinar acciones legales sin que las personas tengan que desplazarse a las oficinas centrales.

LDVY

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Una revolución en el acceso a la justicia

“El Ecosistema ROMA representa una herramienta que marcará un antes y un después en la relación entre la ciudadanía y el Ministerio Público. No se trata solo de una aplicación, es una revolución en el acceso a la justicia. Facilita la interacción de las partes procesales con sus expedientes y proporciona seguridad jurídica y eficiencia en cada etapa del proceso penal”, explicó Mariaca durante la presentación.

Esta plataforma responde a uno de los ejes fundamentales del Plan de Trabajo 2024-2030, donde se establece como prioridad el uso de tecnología como instrumento de modernización, inclusión y acceso equitativo a la justicia.

Un nuevo modelo de justicia

ROMA no solo digitaliza procesos, sino que también propone un nuevo modelo de justicia. Este modelo se basa en la confianza, el respeto de derechos y la atención eficiente a cada caso, aseguró la autoridad.

ROMA constituye una propuesta de soberanía digital integral. Fue desarrollada por técnicos bolivianos de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio Público y cuenta con registro oficial de propiedad intelectual ante el Senapi.

Conexión de sistemas institucionales

La plataforma conecta diversos sistemas institucionales, entre ellos el Instituto de Investigación Forense, gestión documental, atención a víctimas y testigos, administración financiera y el régimen disciplinario. La aplicación móvil ya está disponible para dispositivos Android e iPhone.

Entre sus funcionalidades se incluyen acceso integral al expediente digital, gestión legal de remisión de documentos, notificaciones electrónicas con respaldo normativo (leyes 1173, 1080 y 164), trazabilidad de actuaciones y consulta de casos en tiempo real.

Beneficios del ecosistema ROMA

Según la Fiscalía, los beneficios reportados son múltiples: mayor transparencia, celeridad procesal, ahorro de recursos, inclusión social y fortalecimiento de la seguridad jurídica. Además, ROMA incorpora mecanismos de retroalimentación ciudadana mediante encuestas, calificaciones del servicio y un canal directo de comunicación con un call center especializado.

Demostración del sistema

Durante la presentación, el director nacional de Tecnologías, Armando Corral Davezies, realizó una demostración completa del sistema. El evento también contó con la presencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo; el embajador de la Unión Europea, Jaume Segura; el embajador de España, Fernando García; el coordinador de Aecid, Juan Pita Rodrigañez; y la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Saravia.

El presidente del Tribunal Supremo valoró este avance como un paso decisivo hacia una justicia más accesible y eficiente. “Refleja un trabajo sostenido que ahora se convierte en una realidad visible desde cualquier dispositivo móvil. Sin duda alguna, nosotros también queremos replicar lo que está haciendo el Ministerio Público; son cosas de las que hay que aplaudir”, afirmó Saucedo.

/KMMN

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“Estas Fiscalías Superiores serán un brazo operativo tan importante para la Fiscalía General del Estado”, afirmó Mariaca. La nueva estructura tiene como objetivo acelerar los procesos penales y trabajar de manera más efectiva en casos complejos. Esto incluye aquellos relacionados con el crimen organizado y la violencia contra sectores vulnerables.

Fiscales designados

Entre los fiscales que fueron posesionados se encuentran Luis Whaner Montaño y René Cáceres, quienes estarán a cargo de la Fiscalía de Crimen Organizado. También se designaron a Marcela Terceros y Patricia Bohorquez para la Fiscalía de Derechos Humanos, mientras que Mirtha Mejía asumirá la Fiscalía de Anticorrupción. Estas unidades jugarán un papel activo en la reactivación de procesos judiciales que han estado paralizados, especialmente aquellos que involucran a exautoridades.

Mejoras en el sistema judicial

El nuevo modelo busca mejorar la capacidad operativa del Ministerio Público mediante una distribución estratégica de tareas. Además, se hará uso de tecnología y se fomentará la coordinación con otras instancias del sistema judicial. Según el fiscal Montaño, esta reestructuración permitirá ofrecer respuestas más rápidas y eficaces a la ciudadanía.

Objetivos de la reestructuración

La implementación de estas Fiscalías Superiores es considerada fundamental para abordar problemáticas críticas en el país. Se espera que el trabajo de estos fiscales contribuya a fortalecer el sistema judicial y a garantizar justicia en casos que han permanecido estancados.

/KMMN

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Proceso de liberación inmediata

Según el fiscal, la ley permite al Ministerio Público y al Juzgado implementar una salida alternativa que se lleva a cabo de manera inmediata. Las personas que han resuelto sus problemas, ya sea pagando lo que debían o lo que supuestamente habrían estafado, pueden estar libres en cuestión de horas. Esto significa que, en la tarde del mismo día, aquellos que llegaron a un acuerdo ya no estarán en prisión.

Visitas periódicas para conciliación

Morales aseguró que estas visitas se realizarán con mayor frecuencia. En el departamento de Oruro, se busca que los internos tengan la oportunidad de entrar en conciliaciones y, a su vez, salir de la cárcel. Cuando un interno cumple dos tercios de su condena, tiene la posibilidad de salir bajo libertad condicional. Estos aspectos están siendo supervisados por la juez de ejecución penal, quien se encarga de abordar la superpoblación existente en el penal de San Pedro.

Necesidad de un nuevo penal

Además, el fiscal recordó que es urgente contar con un nuevo penal que se ajuste a las necesidades de los internos y que garantice la seguridad necesaria. Actualmente, se ha observado que entra droga y bebidas alcohólicas con facilidad al penal de San Pedro. Por esta razón, el Ministerio Público está verificando y solicitando la construcción de un nuevo penal en el departamento de Oruro, con el objetivo de asegurar tanto la seguridad de los internos como la de la sociedad en general.

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Según la información proporcionada por su abogada Silvia Tapia, la citación fue emitida para las 10:00 horas en las oficinas de la Fiscalía. Zúñiga se encuentra bajo detención preventiva desde el 28 de junio de 2024. Está acusado de alzamientos armados y terrorismo, tras haber liderado la irrupción militar en plaza Murillo.

Orden de citación

La orden de citación, que fue emitida el 21 de abril de 2025, establece que el investigado deberá presentarse para ampliar su declaración en calidad de sindicado ante el fiscal asignado al caso. Este proceso es parte de las acciones legales que se están llevando a cabo en relación con los eventos del año pasado.

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En el marco de esta acción, dos personas fueron aprehendidas. Además, se incautaron un camión y una vagoneta que se utilizaban para el transporte ilegal del carburante. El operativo permitió allanar un domicilio donde se encontró combustible almacenado en bidones y turriles.

Detalles de la investigación

Según las investigaciones preliminares, los implicados en este caso realizaban carguíos en estaciones de servicio. Posteriormente, revendían el combustible de manera irregular a empresas mineras, a precios que quintuplicaban el valor original del producto.

El inmueble donde se encontró el combustible, así como los vehículos incautados, serán puestos a disposición de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados. Estos bienes serán rematados, y los recursos económicos obtenidos pasarán a favor del Estado.

Imputaciones y detenciones

Las personas aprehendidas enfrentarán imputaciones por el delito de almacenaje y distribución ilícita de combustible. Además, se solicitará su detención preventiva en el penal de San Pedro, mientras continúan las investigaciones.

Posibles implicaciones adicionales

Las indagaciones seguirán, ya que se sospecha que existen otros domicilios involucrados en el acopio ilegal de hidrocarburos. Las autoridades están comprometidas en desmantelar esta red de distribución ilícita y asegurar que se tomen las medidas necesarias para evitar futuros delitos relacionados con el combustible.

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La abogada Silvia Tapia ha argumentado que esta negativa del Ministerio Público está obstaculizando el derecho de Zúñiga a aclarar su participación en los hechos. Según la jurista, su cliente actuó bajo órdenes del Presidente Luis Arce.

Tapia explicó que Zúñiga se mantuvo en silencio durante estos nueve meses debido a un mal asesoramiento, pero ha decidido proporcionar más detalles sobre lo que sucedió el 26 de junio.

Derecho a ampliar declaración

“Mi defendido tiene todo el derecho, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, de solicitar la ampliación de declaración las veces que considere necesario. Sin embargo, se puede evidenciar que el Ministerio Público estaría obstaculizando o estaría negando este derecho”, señaló la abogada.

Instrucciones del presidente

Zúñiga busca aclarar en su declaración algunos aspectos importantes. Asegura que el traslado de las tanquetas al Estado Mayor fue por órdenes del Presidente Luis Arce el 23 de junio, después de haber mantenido un encuentro deportivo en la Universidad La Salle. Indicó que comunicó esta instrucción a un Ministro.

“Mi defendido en ningún momento ha intentado un golpe de Estado, jamás ha intentado un golpe de Estado. Él solamente ha cumplido las órdenes”, afirmó la jurista.

Acusaciones de autogolpe

Durante su aprehensión, Zúñiga manifestó que el Presidente Arce buscaba aumentar su “popularidad” tras los anuncios de protestas debido a la falta de combustible y dólares. Aseguró que lo que se estaba viviendo era un “autogolpe”.

Reacción del gobierno

Desde el Gobierno han negado esta versión y han denunciado que lo ocurrido el 26 de junio fue un golpe fallido. El Ministerio Público indicó que en su primera declaración, Zúñiga no mencionó en ningún momento la idea de un autogolpe.

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La viceministra destacó la preocupación por la falta de valoración de las pruebas presentadas y el impacto que esto tiene en las víctimas afectadas por una estafa. El caso había sido abandonado hasta 2023, cuando el Viceministerio comenzó a impulsar la presentación de pruebas, incluyendo información financiera y antecedentes comerciales. En agosto de 2024, se logró que se emitiera una imputación formal.

“Hemos sido ingratamente sorprendidos con esta decisión de las autoridades del Ministerio Público”, indicó Ríos Laguna. También mencionó que muchos ciudadanos han denunciado ser víctimas de una estafa. La viceministra expresó su descontento con la actuación del Ministerio Público, señalando que no se ha valorado adecuadamente la situación de las víctimas. “Nos preocupa sobremanera que no se esté valorando realmente la situación de las víctimas”, afirmó.

Irregularidades en el manejo del caso

Además, se refirió a posibles irregularidades en el manejo del caso y a indicios sobre dádivas a fiscales y privilegios dentro del sistema penitenciario. En relación al caso Lorita, Ríos Laguna comentó que se solicitó una ampliación para finalizar el proceso de investigación. “Lo que correspondía en este caso es justamente una acusación formal”, indicó.

También se planteó la posibilidad de solicitar informes al Ministerio de Gobierno para evaluar las razones detrás del sobreseimiento en otras denuncias. La viceministra subrayó que todas las denuncias ingresadas al Viceministerio son investigadas objetivamente. “No podemos basarnos solamente en suposiciones”, enfatizó.

Situación del empresario

Si bien en este caso, el empresario Harold Lora fue sobreseído en la investigación sobre legitimación de ganancias ilícitas, continúa en prisión investigado por estafa y otros delitos.

Compromiso del Viceministerio

La viceministra concluyó afirmando que estas decisiones motivan a ser más rigurosos y técnicos en su trabajo para evitar situaciones consideradas incorrectas.

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Torrez mencionó: “Ya se ha dado inicio a la investigación en contra del exministro. Se han emitido los requerimientos respectivos para reunir todos los elementos de convicción necesarios. Ya se emitió la citación respectiva para que ambos sindicados presten su declaración informativa”.

El fiscal aclaró que no se emitió una alerta migratoria porque los investigados no intentaron huir. Sin embargo, el Ministerio Público puede activar las acciones correspondientes cuando lo considere necesario. En octubre de 2024, el Viceministerio comenzó la investigación contra Lisperguer y su entonces asesor jurídico Gabriel D. A., encontrando indicios de responsabilidad penal por falsedad de declaración jurada y enriquecimiento ilícito.

Denuncia al Ministerio Público

El 3 de enero de 2025, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del exministro, tras hallar indicios críticos de responsabilidad penal por falsedad de declaración jurada y enriquecimiento ilícito. Como resultado de esta situación, el Presidente Luis Arce ordenó la “destitución inmediata” de Lisperguer y nombró a Álvaro Ruiz como su reemplazo.

Consecuencias de la denuncia

La denuncia presentada al Ministerio Público fue el resultado del trabajo realizado por el Viceministerio durante varios meses. Las acciones legales buscan esclarecer las acusaciones y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso.

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Normativa sobre el cargo

Según la Ley del Ministerio Público, si el Fiscal General no está presente, el cargo debe ser asumido por el Fiscal Departamental o un Fiscal Superior, siguiendo el orden de antigüedad establecido.

Evaluación de posibles suplentes

La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea será la responsable de revisar la documentación enviada y evaluar a los posibles suplentes que se encuentran en la lista.

“Vamos a enviar la nómina de todas las personas que forman parte de la Fiscalía General del Estado. La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa tendrá la posibilidad de hacer una evaluación y una interpretación respecto al artículo 25 de la Ley del Ministerio Público”, declaró Lanchipa en una entrevista con Erbol.

Convocatoria a los asambleístas

El Fiscal General hizo un llamado a los asambleístas para que lleguen a un consenso y designen a su asesor. A estas horas ya se lleva a cabo una sesión para elegir al nuevo Fiscal General.

Requisitos para la elección

La elección del nuevo Fiscal General requiere obtener dos tercios de los votos. Este proceso se decidirá entre una lista de 10 postulantes que han alcanzado las mejores calificaciones en el proceso de evaluación.

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Propuesta de cambio

Lanchipa afirmó que llegó a esta institución con una propuesta de cambio, respaldada por un grupo de ideas claras y precisas. Estas ideas tienen como objetivo modificar la percepción que tiene una parte importante de la ciudadanía boliviana respecto al sistema de justicia penal en general y del Ministerio Público en particular. Indicó que no improvisan, sino que planifican; por ello, desde el primer minuto de su gestión, trabajaron con los criterios que tenían en mente.

Transformaciones en el Ministerio Público

La primera transformación implementada por el Fiscal General del Estado al interior del Ministerio Público fue la reingeniería institucional. Esto incluyó la creación de Fiscalías Especializadas, Unidades Especializadas, Plataformas de Atención Integral al Público y otras áreas especializadas. Esta renovación permitió mejorar la capacidad resolutiva de los procesos penales, descongestionando la carga procesal, especialmente en casos de feminicidio, infanticidio y hechos de violencia de la Ley N° 348.

Otro logro significativo fue la implementación de las Unidades de Conciliación a nivel nacional. Hasta la fecha, estas unidades han permitido cerrar más de 20,000 casos mediante la conciliación penal. La creación del Ecosistema Justicia Libre también se ha convertido en un hito importante dentro de la gestión institucional, consolidándose como un referente tanto a nivel nacional como internacional.

Fortalecimiento de infraestructura

El fortalecimiento en infraestructura y equipamiento fue acompañado por la creación de nuevos asientos fiscales en distintos municipios del país. Esto permite acercar los servicios que presta el Ministerio Público a la población, que ya no tendrá que peregrinar en busca de justicia. Otro logro importante es el proceso de institucionalización de fiscales de materia que ha llevado a cabo el Ministerio Público. Hasta ahora, se han realizado siete procesos de formación inicial para el ingreso a la carrera fiscal, además de la capacitación permanente de los servidores públicos.

Resultados de la gestión

En esta sesión se presentaron los principales logros y resultados alcanzados durante los últimos seis años de gestión. Se destacó la carga procesal descongestionada y la efectiva capacidad resolutiva. Las transformaciones implementadas permitirán establecer políticas que aseguren el cumplimiento efectivo de cada uno de los principios constitucionales que rigen la labor del Ministerio Público.

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Estos ítems se han distribuido a nivel nacional y están destinados a fiscales de materia, fiscales asistentes, auxiliares legales, peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) e informáticos. Todos ellos han recibido capacitación para desempeñar sus funciones con responsabilidad en el Ministerio Público.

Enfoque en incrementar el talento humano capacitado

La gestión de Lanchipa se ha centrado en aumentar el número de fiscales de materia capacitados, con el objetivo de brindar un servicio adecuado a quienes buscan justicia en esta institución. Según el Fiscal General, aunque existen necesidades en la institución, se han realizado esfuerzos para contar con más personal.

Proyectos estratégicos para el fortalecimiento institucional

La presentación de proyectos estratégicos por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio Público ha permitido el aumento de ítems en diferentes áreas, en cumplimiento con la Ley N° 1173 de Abreviación Procesal Penal y para fortalecer la institución y ampliar su cobertura a nivel nacional.

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La institución ha informado a través de una publicación en Instagram que González Urrutia ha sido citado nuevamente para comparecer el viernes en el Ministerio Público. La boleta de citación ha sido adjuntada en la publicación.

La Fiscalía ha advertido que, en caso de no presentarse en la fecha indicada, se emitirá una orden de aprehensión en su contra, considerando que existe riesgo de fuga.

Contexto

La citación de Edmundo González Urrutia se enmarca en una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público de Venezuela, relacionada con la denuncia de fraude electoral presentada por la coalición opositora. Esta es la tercera vez que se le convoca para comparecer ante las autoridades.

El antichavismo ha denunciado irregularidades en el proceso electoral y ha solicitado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. La Fiscalía ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que González Urrutia intente evadir la justicia, de ahí la advertencia de emitir una orden de aprehensión en caso de no asistir a la citación.

Consecuencias

En caso de que Edmundo González Urrutia no se presente ante el Ministerio Público el viernes, se tomarán medidas legales en su contra. Una orden de aprehensión será emitida, lo que implicaría su búsqueda y detención por parte de las autoridades competentes.

Esta situación podría tener un impacto significativo en la campaña electoral y en la imagen del candidato opositor. Además, podría generar un debate sobre la independencia del sistema judicial y la garantía de un proceso legal justo.

Conclusiones

La citación por tercera vez de Edmundo González Urrutia por parte del Ministerio Público de Venezuela en el marco de una investigación por fraude electoral ha generado expectativas y preocupaciones en el ámbito político. La decisión de emitir una orden de aprehensión en caso de no asistir a la citación refleja la importancia que se le otorga a este caso y la necesidad de esclarecer los hechos.

Se espera que este proceso judicial se desarrolle de manera transparente y justa, garantizando los derechos de todas las partes involucradas. La resolución de este caso tendrá un impacto en el panorama político venezolano y en la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral.

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Según los informes preliminares, el incidente ocurrió el martes 13 de julio y habría involucrado a funcionarios del GRIA y personas vinculadas al contrabando. Durante el enfrentamiento, el ciudadano fallecido recibió un disparo de arma de fuego.

Camiones con mercancía de contrabando intentaron ingresar al país

De acuerdo con los antecedentes, se presume que el enfrentamiento tuvo lugar cuando dos camiones cargados con mercancía de contrabando intentaron ingresar al país. En respuesta, los funcionarios del GRIA utilizaron gases y proyectiles, resultando en la trágica muerte del ciudadano.

Investigaciones en curso para esclarecer los hechos

Las autoridades fiscales, encabezadas por el fiscal de Caracollo, Juan Carlos Rocha, y con la colaboración de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida de la capital orureña representada por el fiscal Luis Antezana, se han constituido en el lugar de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes. Se ha ordenado la realización de una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte y se tomarán pruebas de absorción atómica a los funcionarios armados del GRIA presentes en el operativo para identificar al responsable del disparo fatal.

Solicitados informes y análisis de videos

Además, se han solicitado informes al gerente de la Aduana y al director del GRIA. Asimismo, se han asegurado imágenes de video del lugar del enfrentamiento, las cuales serán analizadas para esclarecer los hechos y determinar si efectivamente ocurrió un enfrentamiento armado y quiénes fueron los involucrados, según detalló el Fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.

Funcionarios del GRIA arrestados para fines investigativos

Como parte de las primeras acciones investigativas, 17 funcionarios del GRIA, incluyendo seis militares y 11 civiles, fueron arrestados con fines investigativos. Posteriormente, fueron trasladados a la capital orureña para prestar sus declaraciones correspondientes ante el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). El Ministerio Público tomará una decisión sobre su situación legal una vez finalizado este proceso.

Continúan las investigaciones para esclarecer el presunto homicidio

Las investigaciones continuarán durante las próximas 24 horas, en las cuales los fiscales a cargo buscarán esclarecer la verdad material de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso de presunto homicidio.

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El hecho ocurrió el 5 de julio de este año y se fundamentó en indicios contundentes presentados por el Ministerio Público durante la audiencia de medidas cautelares.

Pruebas sólidas respaldan la acusación

“Los elementos recopilados dentro de este caso incluyen el registro del lugar del hecho, ubicado cerca del baño del penal, la declaración informativa de la víctima, quien relató cómo, dónde y cuándo ocurrió la violencia sexual, además de identificar a sus agresores. También se cuenta con el certificado médico forense, el acta de secuestro de indicios materiales y otros elementos que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional”, señaló Gandarias.

Detalles del incidente

La fiscal de materia, Rocío Chambi, manifestó que el hecho tuvo lugar en el interior del Recinto Penitenciario de Villa Busch. La víctima, que presentaba sangrado, se acercó al Jefe de Seguridad y le informó que había sido víctima de una violación sexual por parte de los privados de libertad Ricardo y Maick. Debido a esto, el afectado fue trasladado a la posta sanitaria para su revisión médica y posteriormente se procedió a la aprehensión de los acusados.

Detención preventiva para los acusados

El Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Nº4 determinó la detención preventiva para los presuntos autores del delito. La investigación se basó en pruebas sólidas presentadas por el Ministerio Público y testimonios clave que identificaron a los acusados como responsables del acto criminal.

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La firma de los convenios tuvo lugar en la ciudad de Sucre, Bolivia, y se enmarca en el compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana en la región. El Fiscal General, Juan Lanchipa, destacó la importancia de estos acuerdos para contribuir a la construcción conjunta de un sistema penal más justo y humano.

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, resaltó la importancia del trabajo coordinado entre las autoridades locales y el Ministerio Público para lograr mejores resultados en beneficio de la población. Por su parte, el alcalde de Sucre, Enrique Leaño, reconoció la implementación del Ecosistema Justicia Libre como una herramienta valiosa que puede replicarse en otras instituciones.

Convenios para mejorar las condiciones de trabajo en el sistema de justicia

Uno de los convenios suscritos es el de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca. Este acuerdo tiene como objetivo establecer lineamientos generales de cooperación y coordinación entre ambas partes, con el fin de contribuir al acceso a la justicia pronta y oportuna en el Departamento de Chuquisaca. Además, se destinará una suma de 350 mil bolivianos para equipamiento y mobiliario de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género de ese departamento.

Otro convenio importante es el suscrito con el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, que permitirá destinar 250 mil bolivianos para la compra de equipamiento y mobiliario para la Fiscalía Departamental de Chuquisaca.

Mejoras en la infraestructura y recursos para el Ministerio Público

Además de los convenios mencionados, se firmaron acuerdos con los municipios de Padilla y Culpina. En el caso de Padilla, se dotará de equipamiento, mantenimiento y provisión de combustible para el vehículo oficial del Ministerio Público en ese municipio. Por su parte, el convenio con el municipio de Culpina permitirá contar con un auxiliar en el asiento fiscal de ese municipio, fortaleciendo así el trabajo del Ministerio Público.

También se realizaron adendas a los convenios de cooperación interinstitucional con los municipios de Sopachuy y Azurduy, con el objetivo de fortalecer los asientos fiscales de dichos municipios.

Contratos de comodato para el funcionamiento de oficinas de la Fiscalía

Por último, se firmaron dos Contratos de Comodato entre el Ministerio Público y los Gobiernos Autónomos Municipales de Tarabuco y Zudáñez. Estos contratos permitirán el préstamo de ambientes para el funcionamiento de oficinas de la Fiscalía en dichos municipios.

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La concejal Castillo ha observado algunas irregularidades en los tres procesos subidos al Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) por el GAMO. En la primera convocatoria, solo se presentó una empresa para la adquisición de un tomógrafo de 64 cortes a un precio referencial de 6 millones de bolivianos, lo que llevó a declararla desierta.

En la segunda convocatoria, se presentaron los mismos requerimientos y se recibieron propuestas de dos empresas. Sin embargo, esta convocatoria fue impugnada y posteriormente anulada por el Ejecutivo Municipal, quien decidió iniciar un nuevo proceso de contratación.

En el tercer proceso, se solicitó un tomógrafo de 32 cortes, el cual fue adjudicado por un costo de 5.999.999 bolivianos, un boliviano menos que el monto inicialmente ofrecido por otras empresas para el tomógrafo de 64 cortes, según detalló la autoridad.

Denuncia y solicitud de investigación

La concejal Castillo presentó la documentación correspondiente al Ministerio Público para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva. La denuncia se basa en los delitos de contratos lesivos al Estado y daño económico. La Fiscalía deberá determinar los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

Es importante destacar que previamente el Concejo Municipal de Oruro había presentado una denuncia similar sobre presuntas irregularidades en la adquisición del tomógrafo. El fiscal departamental Aldo Morales informó que se están realizando las investigaciones pertinentes para verificar la transparencia del proceso de licitación.

/ TCSC

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El trágico suceso tuvo lugar el domingo, cuando la víctima fue atacada a tiros. Una vez realizado el levantamiento legal del cuerpo, se procedió al registro del lugar, se tomaron fotografías y se recolectaron indicios materiales, incluyendo los casquillos de cartuchos percutidos de arma de fuego calibre 9 mm.

Además, se ha solicitado una copia de todas las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del incidente, con el objetivo de identificar a los responsables o determinar su paradero posterior.

Testimonio del propietario del restaurante

El fiscal a cargo del caso, José Luis Salas, reveló que el incidente ocurrió en un establecimiento llamado Mixtura de Sabores. Al llegar al lugar, los agentes policiales y el representante del Ministerio Público recabaron información del propietario del restaurante, quien relató los hechos presenciados.

Según el testimonio del propietario, cuatro hombres armados ingresaron al local y dispararon contra un hombre que se encontraba desayunando en una mesa. La autopsia médico-legal confirmó que la víctima falleció debido a las heridas de bala, las cuales causaron una hemorragia severa.

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El primer ministro, Gustavo Adrianzén, ha designado al Procurador Público Especializado en Materia Constitucional para que ejerza la representación del Ejecutivo en el proceso que se llevará ante el Tribunal Constitucional (TC). El Consejo de Ministros otorgó la autorización para interponer la demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por el menoscabo en el adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República.

El conflicto de competencias según el Nuevo Código Procesal Constitucional

La PCM ha señalado que el Nuevo Código Procesal Constitucional establece que el conflicto de competencias se produce cuando un poder o entidad estatal adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro.

Investigación preliminar contra Dina Boluarte

Dina Boluarte está siendo investigada preliminarmente por la Fiscalía de la Nación por presunta corrupción y cohecho en el caso Rolex, que implica el uso de relojes y joyas de lujo no declaradas, así como por un supuesto caso de encubrimiento personal durante las investigaciones contra uno de sus hermanos por presunto tráfico de influencias.

Declaración de la defensa de Boluarte

El abogado representante legal de la presidente, Eduardo Barriga, ha sostenido en una audiencia judicial que la Fiscalía vulneró los derechos a la defensa y el debido proceso de la gobernante durante la investigación abierta por el caso Rolexgate.

Audiencia de evaluación de la tutela de derechos

El magistrado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, ha escuchado al abogado de Boluarte y a los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado en la audiencia de evaluación de la tutela de derechos presentada por su defensa. Se ha solicitado que se exhorte al fiscal general a realizar el control debido de las actuaciones fiscales según lo dispone el Código Procesal Penal.

Ampliación de declaración y citación de testigos

El fiscal Villena ha dispuesto que Boluarte amplíe su declaración por el caso Rolex y también ha citado a declarar al gobernador de la región de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien es investigado por un presunto cohecho activo genérico tras haber asegurado que prestó los relojes a la gobernante.

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El Tribunal había solicitado aclaraciones sobre los tipos penales atribuidos a los acusados y, a pesar de esto, ha dado curso al pedido de la Fiscalía para radicar el caso. Sin embargo, en el documento se advierte a la entidad que asume la responsabilidad de esta decisión.

La Fiscalía debe especificar los detalles de los delitos atribuidos a los acusados

El Tribunal ha encomendado a la Fiscalía que especifique el tiempo, modo y lugar en que se habrían cometido los delitos atribuidos a los acusados, como Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez, Marco Pumari y Willam Kaliman, entre otros. El abogado defensor de Añez, Luis Guillen, ha cuestionado que la Fiscalía no haya cumplido con los requisitos legales para establecer cómo se perpetró el delito. Según el jurista, el tribunal identificó que la acusación estaba mal planteada y no describía adecuadamente las formas de participación, el modo, el tiempo y el lugar en que las personas procesadas habrían cometido algún hecho delictivo.

Además, el abogado ha reclamado que el Tribunal no haya notificado a las partes las observaciones realizadas sobre la acusación y que maneje el caso como si estuviera en reserva.

Investigación sobre los hechos previos a la renuncia de Evo Morales

Este caso investiga los hechos ocurridos antes de la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019. Entre los implicados en el proceso judicial se encuentran Luis Fernando Camacho, Luis Fernando López, Jeanine Añez, Marco Pumari y exjefes militares y de la Policía, quienes son acusados principalmente por el delito de terrorismo.

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El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, ha informado que se han iniciado dos investigaciones relacionadas con el hallazgo de droga. Una de ellas está enfocada en el delito de narcotráfico, mientras que la otra se centra en la legitimación de ganancias ilícitas.

Proceso de microaspirado podría durar al menos tres días

En días anteriores, se mencionó que el proceso de microaspirado de los vehículos podría extenderse por un período mínimo de tres días. Esta técnica es utilizada para recolectar muestras de posibles residuos de droga en el interior de los buses.

Droga camuflada en un fierro dentro del vehículo de transporte público

La policía argentina descubrió droga camuflada en un fierro dentro del vehículo de transporte público involucrado en el caso. Este hallazgo refuerza las sospechas sobre la existencia de una ruta frecuente utilizada para el tráfico de sustancias controladas.

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Entre las diligencias ordenadas estaba recibir la declaración de Dina Boluarte y la exhibición de al menos tres de los relojes comprometidos. Sin embargo, Boluarte no se presentó ni a la primera diligencia del martes 26 de marzo ni a la segunda de este miércoles en el distrito limeño de Surquillo. El fiscal Mendoza expresó su frustración ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Intentos fallidos de obtener los relojes

El Ministerio Público envió personal al domicilio de Boluarte y al Palacio de Gobierno para que mostrara los relojes de la marca Rolex, pero no fueron recibidos en ninguna de las dos ocasiones. Mendoza explicó que se acudió al domicilio de Boluarte para llevar a cabo la exhibición de los relojes, pero no se les permitió el acceso.

Investigación preliminar por enriquecimiento ilícito y omisión de declaración

El 18 de marzo, el Ministerio Público inició diligencias preliminares a Boluarte por presuntamente no haber declarado la posesión de relojes de lujo de la marca Rolex y por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración. Según la Fiscalía, Boluarte debería haber declarado dichos bienes en su registro ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero no lo hizo.

Boluarte comprometida a responder ante las autoridades

Tras revelarse su colección de relojes de lujo, Boluarte aseguró estar comprometida a responder ante las autoridades sin desbalance patrimonial. Sin embargo, su falta de comparecencia ante el Ministerio Público ha generado interrogantes sobre su disposición para colaborar en la investigación.

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Ante este hallazgo, se activó de inmediato el protocolo correspondiente y se dio aviso a las autoridades pertinentes, según informó el Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales. La mujer ha sido detenida y se están llevando a cabo los procedimientos legales correspondientes.

Imputación por suplantación de persona

El Ministerio Público ha procedido a la imputación por el delito de suplantación de persona y se ha solicitado su detención preventiva mientras se lleva a cabo la investigación.

Este caso destaca la importancia del Sistema de Identificación Biométrica como una herramienta fundamental para garantizar la integridad y seguridad de la identidad de las personas. El Segip almacena las huellas digitales de cada individuo, lo que dificulta la realización de actos fraudulentos como la suplantación de identidad, detalló Morales.

El Ministerio Público reafirma su compromiso de velar por la protección de la identidad de los ciudadanos y de llevar ante la justicia a aquellos que intenten cometer este tipo de delitos.

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El Ministerio Público presentó un informe sobre delitos en razón de género y juvenil, destacando que los delitos sexuales son los más frecuentes, con 1.914 casos. Entre ellos, se cuentan 572 abusos sexuales, 299 estupros, 564 violaciones a menores y 479 violaciones, siendo las mujeres las principales víctimas.

Análisis de Edades y Violencia

Las edades con mayor incidencia de violencia son entre 14 y 17 años, seguidas por los grupos de 18 años en adelante y menores de 1 a 13 años. Las mujeres son las principales afectadas en estos casos.

Casos de Tentativa de Feminicidio

Hasta el viernes 8 de marzo se han reportado 23 intentos de feminicidio, siendo La Paz el departamento con más casos (7), seguido por Santa Cruz (5), Cochabamba (4), Chuquisaca, Oruro y Tarija (2 cada uno), y Potosí (1). Beni y Pando no presentan casos.

Acciones del Ministerio Público

El Ministerio Público ha implementado acciones para brindar acceso a la justicia y una vida libre de violencia a las mujeres bolivianas. Se trabaja en la construcción de un sistema de justicia más justo y humano para todas las mujeres del país.

La entrada Fiscalía registra más de 9 mil casos de violencia en razón de género en Bolivia se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, Elizabeth Viveros Guzmán, informó que en comparación con la gestión pasada, los feminicidios han disminuido. En 2023 se tenían 20 casos registrados, lo que representa una reducción de 8 hechos en la actualidad. De los casos de feminicidio de esta gestión, 3 autores han sido sentenciados, mientras que los otros 9 están en etapa preparatoria.

Incidentes de infanticidio

En cuanto a los infanticidios, se han reportado 10 víctimas, siendo La Paz el departamento con mayor incidencia con 6 casos. En contraste, Beni, Tarija, Potosí, Pando y Chuquisaca no presentan casos hasta la fecha. Sin embargo, en Oruro se registraron 2 casos, uno en Cochabamba y el restante en Santa Cruz.

Identificación de responsables

De acuerdo con datos oficiales, el 71% de los autores y responsables de los infanticidios fueron plenamente identificados y ahora están con detención preventiva, otros aguardando la conclusión de la investigación y otros ya cumplen con su sentencia condenatoria.

La entrada Bolivia registra 12 feminicidios y 10 infanticidios en lo que va del año se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

En el periodo mencionado, se contabilizaron 12 feminicidios, siendo el 58% de ellos en el departamento de La Paz. En cuanto a los infanticidios, se reportaron 7 casos, con un incremento significativo respecto al año anterior.

Distribución Geográfica

La mayoría de los feminicidios ocurrieron en La Paz, seguido por Cochabamba, Potosí, Oruro y Tarija. Por otro lado, los infanticidios se distribuyeron entre La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.

Protocolo de las 72 horas

La Fiscalía resaltó la efectividad del 100% en los casos de feminicidio, gracias a la implementación del Protocolo de las 72 horas. Los responsables se encuentran cumpliendo detención preventiva o sentencias condenatorias en distintos recintos penitenciarios del país.

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El Ministerio Público informó que en una audiencia de juicio oral se demostró que Samuel Y. C., de 40 años, es el autor del delito de feminicidio en grado de tentativa cometido contra su esposa de 36 años en el municipio de Villa Tunari, Cochabamba. El Tribunal de Sentencia N° 1 dictó una condena de 20 años de prisión que deberá cumplir en el penal de El Abra.

Según el informe presentado por la fiscal del caso, Filomena Bautista, los hechos ocurrieron el 13 de abril del 2021, cuando durante una discusión motivada por temas económicos, la víctima solicitó a Samuel el divorcio. Esta petición desató la ira del agresor, quien comenzó a golpearla y posteriormente la apuñaló con un cuchillo tomado de la cocina antes de darse a la fuga.

Evidencias médicas y testimonios clave

La hija logró encontrar a su madre malherida y la trasladó al hospital para recibir atención médica. Durante el juicio, se presentaron pruebas como un certificado médico forense emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se determinaron 15 días de incapacidad para la víctima. Además, se incluyeron testimonios y un informe social sobre la mujer entre otros elementos considerados por los miembros del tribunal al momento de dictar la sentencia condenatoria.

Captura tras permanecer prófugo

Tras permanecer prófugo desde los hechos hasta ser arrestado en Villa Tunari el 5 agosto del 2023, Samuel fue puesto bajo custodia del Ministerio Público.

La entrada Hombre condenado a 20 años por tentativa de feminicidio contra su esposa se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Según los datos proporcionados por las autoridades, el departamento con mayor incidencia fue La Paz, con un total de 455 casos atendidos. Le siguen Santa Cruz, con 358 casos; Chuquisaca, con 124; Tarija, con 119; Potosí, con 106; Oruro, con 78; Cochabamba, con 57; Beni, con 38; y Pando, con 24.

Diversidad de delitos reportados

Entre todas estas denuncias se destacan ocho casos relacionados a violencia familiar o doméstica, seis por tráfico de sustancias controladas y tres por asesinato. Además, la Fiscalía también atendió tres denuncias por robo agravado y otras tres por homicidio. También se registraron casos de lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito y otros delitos.

Fiestas carnavaleras: actividades extensas y consumo de alcohol

Las fiestas carnavaleras son una de las actividades más extensas del país e incluyen dos días feriados que se suman al fin de semana. Durante estos días se llevan a cabo numerosas actividades en todo el país que en su mayoría implican el consumo de bebidas alcohólicas.

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En el marco de las investigaciones llevadas a cabo, se ha logrado la aprehensión de dos individuos vinculados a este lamentable suceso. Un suboficial ha sido detenido como presunto autor del delito de asesinato, mientras que un teniente ha sido aprehendido como presunto cómplice del mismo. Además, recientemente se procedió a la aprehensión de otro conscripto, quien tendría conocimiento y participación en el hecho de sangre, informó el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.

Imputación y solicitud de detención preventiva

El tercer implicado, un conscripto, ha sido imputado por delito de asesinato en calidad de cómplice y se está solicitando su detención preventiva en el penal de San Pedro. Se espera que, a medida que avancen las investigaciones, se puedan identificar y aprehender a más personas involucradas en este trágico evento.

Rastrillaje adicional para obtener más información

Es importante destacar que la investigación continúa y se llevará a cabo un segundo rastrillaje en el lugar del hecho en los próximos días. Este procedimiento tiene como objetivo recopilar más información que pueda contribuir a la ubicación y recuperación del cuerpo del conscripto desaparecido, detalló el fiscal.

Presencia de testigos y posible agresión

Durante la investigación, se ha podido verificar que el conscripto detenido anteriormente y otros estaban presentes en el lugar del hecho y se sospecha que presenciaron la ocurrencia del crimen sin informarlo a los investigadores. Estos aspectos forman parte de la pesquisa en curso.

En relación a la posible agresión sufrida por el último aprehendido, se ha constatado, a través de evaluaciones médicas, que antes del incidente habría tenido un altercado con la víctima, resultando en lesiones en sus brazos aparentemente causadas por una mordida. Estos detalles serán confirmados a medida que avance la investigación, explicó Morales.

Compromiso de esclarecer completamente el caso

El Ministerio Público reitera su compromiso de esclarecer completamente este caso y llevar a los responsables ante la justicia. La colaboración ciudadana y la participación activa de las instituciones involucradas son fundamentales para garantizar una investigación rigurosa y transparente.

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El Equipo Multidisciplinario de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida acudió al lugar para llevar a cabo el levantamiento legal de los restos y recopilar pruebas que permitan identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho. Así lo informó Nuria Gonzáles Romero, fiscal departamental de Cochabamba.

Testigo reporta explosión cercana al cementerio

Además, se tomó declaración al portero del cementerio, quien aseguró haber escuchado una explosión. Horas después, se percataron de que el vehículo estaba completamente quemado, por lo cual alertaron a la Policía.

Cuerpo trasladado para autopsia

El cuerpo fue trasladado a instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para realizar la correspondiente autopsia según lo establecido por ley.

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El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, señaló que una vez conocidos los hechos, el Ministerio Público y la Policía llevaron a cabo una intervención en la casa hogar junto con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Durante esta intervención se identificó a los tres adolescentes como presuntos autores del delito cometido contra sus compañeros.

Ampliación o modificación de tipificación penal

En un principio, el caso fue abierto por el delito de abuso sexual; sin embargo, no se descarta ampliar o modificar la tipificación penal a medida que avancen las investigaciones. Mariaca afirmó que se incautaron documentos y se tomaron declaraciones a familiares de las presuntas víctimas, así como entrevistas a los adolescentes presentes en el lugar y otros elementos que ayuden a esclarecer los hechos.

Según lo relatado hasta ahora, el 15 de enero de 2024 la Policía recibió una denuncia por parte de un hombre quien indicó que cuando visitaba a su nieto de 14 años en la casa hogar este le contó que era víctima de abuso sexual por parte algunos compañeros y que podría haber más víctimas.

Detención inmediata de los presuntos agresores

En ese contexto, el Ministerio Público se trasladó al lugar para realizar inspecciones e interrogatorios a los adolescentes a través de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (Upavt). Como resultado, se identificó a los tres presuntos agresores, quienes fueron detenidos de inmediato, al igual que el director del hogar. Las víctimas señalaron que él tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo pero no tomó medidas al respecto.

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El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Ribera, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado e Iván Espada, por usurpación de funciones. Argumentó que sean los nuevos magistrados quienes emitan la sentencia sobre la suplencia temporal de la gobernación de Santa Cruz. Esta denuncia fue recibida por la dependencia estatal el pasado sábado 13 de enero.

Discrepancia sobre competencias judiciales

En este contexto, mediante conferencia de prensa Cuéllar sostuvo que esta denuncia debía ser presentada ante el Legislativo, específicamente ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, para que se realice un juicio de responsabilidades a las altas autoridades judiciales y no ante el Ministerio Público.

Solicitud rechazada en comisión legislativa

El miércoles 10 de enero, la Comisión mencionada realizó una sesión donde entre los puntos a tratar se encontraba un juicio de responsabilidades contra los magistrados prorrogados solicitado por los diputados de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, María Elena Reque y Lissa Claros. Cuéllar informó que dicha solicitud fue rechazada.

Advertencia sobre nuevos pedidos

Por lo cual, el parlamentario afirmó que la Comisión de Justicia de la Cámara Baja rechazará cualquier otro pedido de juicio de responsabilidades contra los magistrados prorrogados, porque no corresponde. Asimismo, anunció que enviaron un proyecto normativo para realizar las elecciones judiciales, cuyo documento está en el Senado.

Ministerio Público fuera de atribuciones

“En ese sentido, el Ministerio Público puede ganarse un proceso penal por admitir una denuncia penal contra los magistrados que no es su atribución, es únicamente de la Asamblea Legislativa”, afirmó.

El diputado advirtió que la Comisión de Justicia de Diputados pedirá un informe a la fiscalía que admitió la denuncia penal de Matkovic.

Criticas al presidente del ALD Santa Cruz

“Más bien, el señor Zvonko Matkovic debería posesionar a Mario Aguilera de una vez como gobernador y dejar de hacer chicanerías jurídicas”, manifestó.

Mientras las manifestaciones sociales en contra de los magistrados “autoprórrogados” del Órgano Judicial continúan intensificándose a nivel nacional, aún no hay una respuesta clara sobre las elecciones judiciales.

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El Juzgado de Sentencia Penal N° 8 de la capital determinó una sentencia condenatoria de tres años de prisión para ambos acusados, quienes deberán cumplir su condena en el penal de San Sebastián varones. Además, se les impuso el pago de costas y la reparación de daños a la entidad afectada.

Exfuncionarios absueltos por falta de pruebas

En el juicio también se dictó sentencia absolutoria para los exfuncionarios municipales Oscar B., Miguel A.S., Katina D., Cristian M. y Ricardo Z., al no haberse encontrado pruebas suficientes que demuestren su participación en el hecho denunciado.

Pruebas presentadas durante el proceso judicial

Durante el proceso judicial se presentaron todas las pruebas producidas durante la investigación, como los contratos irregulares realizados, declaraciones testificales y auditorías. La autoridad jurisdiccional valoró dichas pruebas y dictó sentencia condenatoria para la exautoridad del municipio y el segundo implicado”, señaló la Fiscal Departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles Romero.

Irregularidades en contratación de material de escritorio

El Fiscal del caso, Cristhian Copa, explicó que los hechos ocurrieron en 2016 en el municipio de Cochabamba. En ese entonces, José María Leyes, quien era Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal junto a su exsecretario de Finanzas Diego M.B., realizaron aproximadamente 168 procesos de contratación de material de escritorio y otros equipos para oficinas de manera irregular. A raíz de la denuncia presentada por la Contraloría General del Estado, se inició una investigación. Actualmente, ambos sentenciados se encuentran en calidad de rebeldes, ya que se desconoce su paradero.

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Mariaca señaló que las diferentes diligencias, incluyendo la convocatoria a dirigentes deportivos, ayudarán a esclarecer nuevos indicios en la investigación contra Marset y sus familiares, quienes tienen orden de aprehensión. Además, manifestó que representantes de Blooming, la Asociación Cruceña de Fútbol e incluso la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) serán citados por la Fiscalía para brindar su declaración informativa.

Necesidad de investigar y esclarecer

El fiscal enfatizó que citar a cualquier persona dentro del proceso no afecta su dignidad y afirmó que es necesario investigar y esclarecer los hechos. Cada fiscal decidirá quién debe ser citado en este caso.

Marset prófugo y niega entrega

Marset se encuentra prófugo desde fines de julio después de haberse frustrado un operativo para capturarlo. En un video recientemente difundido, el uruguayo niega tener intención alguna de entregarse a las autoridades bolivianas.

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Almendras destacó que el Ministerio Público continúa con su trabajo sin interrupciones ya que no entra en vacaciones colectivas. Los 592 fiscales de materia, incluidos Fiscales Departamentales, Fiscales Superiores, médicos forenses y demás servidores de la institución seguirán prestando servicio a la población.

Trabajo constante del Ministerio Público durante las fiestas

A diferencia del Órgano Judicial, el Ministerio Público no tiene vacaciones colectivas debido a que su trabajo es las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Por lo tanto, durante las fiestas de fin de año continuará brindando servicio sin interrupciones. Además, se implementará un plan para descongestionar los procesos en los cuales sea necesario emitir una resolución conclusiva ante la paralización del Órgano Judicial.

Paralización judicial afecta juicios

Según explicó Almendras, debido a las vacaciones colectivas de los tribunales y juzgados de sentencia se han paralizado y postergado los juicios.

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Durante la investigación, la Fiscalía especializada en trata y tráfico humano obtuvo pruebas suficientes, como el certificado médico forense de la menor, los antecedentes policiales por el mismo delito por parte de la acusada, la valoración psicológica y un acta donde se reconoce plenamente al agresor según testimonio víctima. Estos elementos fueron considerados por el Tribunal al emitir su sentencia”, afirmó William Alave Laura, Fiscal Departamental.

Joven captada bajo falsas promesas laborales

Neyva Choque, fiscal especializada en trata y tráfico humano en El Alto, informó que en septiembre pasado la adolescente fue captada mientras caminaba por la zona 12 Octubre. Inicialmente se le ofreció trabajo acompañando a otras adolescentes para obtener dinero.

Explotación sexual y cobro ilegal

Posteriormente, esta mujer incitaba a la víctima a tener relaciones sexuales con personas mayores y le cobraba a cambio. Estos hechos ocurrieron varias veces cerca del alojamiento ubicado en dicha zona hasta que las autoridades tomaron conocimiento y el Ministerio Público inició una investigación tras recibir la denuncia de la madre por la desaparición de su hija.

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Los efectivos policiales del Comando Departamental de Tarija la descubrieron con fajos de dinero sujetos a su estómago con una faja; aparentemente, intentaba simular un embarazo. Sin embargo, al interrogarla sobre la procedencia del dinero no supo qué responder.

Caso remitido al Ministerio Público

El caso fue remitido a las autoridades del Ministerio Público para su investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas; posteriormente se conocerá su sanción según los procedimientos regidos por ley.

Sanciones según la ley

El delito de legitimación de ganancias ilícitas está estipulado en el artículo 185 Bis del Código Penal boliviano y se castiga con la privación de libertad entre cinco y diez años, dependiendo de la magnitud del delito.

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Durante el evento, se expuso un informe sobre los compromisos y plan de acción realizados en la Mesa Nacional, así como los resultados obtenidos en la construcción del plan 2023-2024. Se establecieron dos mesas técnicas: una enfocada en medidas efectivas para proteger a las víctimas y otra centrada en violencia sexual, con el fin de mejorar la atención brindada.

Fiscal Departamental y Directora destacan importancia

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, expresó su esperanza de que esta lucha contra la violencia de género logre todas las metas trazadas y resaltó la importancia de fortalecerla mediante esta nueva ruta de actuación generada y socializada con todas las instituciones involucradas. Por su parte, Daniela Cáceres, directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, destacó que los casos relacionados con violencia familiar o violencia de género son los delitos más denunciados a nivel nacional. Esta situación ha superado incluso a los delitos patrimoniales y evidencia las dificultades que se enfrentan, así como las buenas prácticas implementadas. En este sentido, se han creado estas mesas departamentales de lucha contra la violencia como espacios de diálogo, concertación y búsqueda de soluciones concretas.

Participantes e Instituciones involucradas

El evento contó con la participación de funcionarios del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), representantes del Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización (Sepmud), Servicios Departamentales de Gestión Social (Sedeges), Levántate Mujer, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), Fundación Construir y Levántate Mujer. Cabe destacar que el evento recibió apoyo financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

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Este acuerdo tiene como enfoque principal realizar solicitudes y respuestas a requerimientos fiscales de manera electrónica mediante el módulo de convenios integrado en el Ecosistema Justicia Libre.

Beneficios para la sociedad

“Agradecemos el compromiso de Telecel por permitirnos hacer uso de la información que tienen para beneficio de la sociedad. Los requerimientos del Ministerio Público ahora pueden ser devueltos con la información correspondiente en menos de un día”, destacó Lanchipa durante la firma del convenio en Sucre.

Contribuyendo al proceso penal

El fiscal explicó que este convenio beneficiará a la población litigante y contribuirá al proceso de investigaciones penales. “Es importante que se sumen varias instituciones privadas para que podamos tener un mejor acceso a la justicia”, agregó.

Compromiso tecnológico

Por su parte, Rodrigo Giovanni Rojo Jiménez expresó el compromiso de Telecel de trabajar en conjunto con la Fiscalía, gestionando la información responsablemente para contribuir al sistema tecnológico desarrollado por el Ministerio Público.

Herramienta revolucionaria

“Vamos a coadyuvar con la Fiscalía mediante esta herramienta tecnológica que ha revolucionado la forma en que interactuamos con el sector público. La herramienta Justicia Libre ha llegado para quedarse y ha revolucionado la interacción entre instituciones, especialmente ahora que se necesita tener información rápida y fidedigna”, afirmó Rojo.

Ecosistema Justicia Libre

El Ecosistema Justicia Libre fue presentado por el Fiscal General del Estado el 23 de octubre de 2023, marcando un hito como la primera herramienta tecnológica del país para mejorar la investigación y procesamiento de casos penales. Este sistema proporciona información en tiempo real, permite evaluar el trabajo fiscal mediante indicadores de medición y contribuye al diseño de políticas y planes de persecución penal estratégica e inteligente.

Cifras impresionantes

Hasta el 30 de septiembre de 2023, el sistema contaba con 75.585 usuarios registrados y se habían enviado 228.311 solicitudes electrónicas a la Fiscalía. El inicio oficial del Ecosistema está programado para el 20 de noviembre de 2023, consolidando así un acceso más rápido y económico a la justicia.

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El informe presentado por la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal revela que durante el mismo periodo del año pasado se registraron 76 casos de feminicidio y 31 de infanticidio. Estas cifras representan una reducción considerable si se comparan con los años previos; en 2021 se contabilizaron 95 feminicidios y 34 infanticidios, mientras que en el 2020 fueron reportados un total de 98 y 46 respectivamente.

Fiscalías Especializadas: medida implementada para combatir estos crímenes

La creación de las Fiscalías Especializadas es una medida implementada por el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce. Entre estas fiscalías destaca la especializada en Delitos contra la Vida, cuyo foco principal son los hechos relacionados con feminicidos e infanticidos. Según Sergio Fajardo Flores, director del organismo mencionado anteriormente, esta institución ha demostrado un alto índice resolutivo respecto a estos crímenes.

Identificación y detención de los responsables

De acuerdo con Fajardo Flores, gracias al trabajo investigativo realizado por el Ministerio Público se ha logrado identificar a los responsables del hecho en un impresionante porcentaje del 88,73% de los casos de feminicidio. En la actualidad, estos individuos se encuentran en detención preventiva a la espera de que concluya la investigación o se realice el juicio oral correspondiente.

Sentencias condenatorias y departamentos más afectados

Además, hasta ahora se han obtenido 23 sentencias condenatorias por feminicidio y 7 por infanticidio. Los departamentos con mayor incidencia de estos crímenes son La Paz y Santa Cruz, seguidos por Cochabamba y Potosí.

Causas comunes de muerte en las víctimas

El informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) revela que las causas más comunes de muerte en las víctimas son golpes o traumas y asfixia. Sin embargo, también se registraron casos donde las víctimas fallecieron debido al uso de armas blancas o de fuego, intoxicación por sustancias, quemaduras entre otros.

Avance significativo pero aún queda trabajo por hacer

La disminución en los casos reportados es un avance significativo hacia una sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer para erradicar completamente estos crímenes atroces. Es imperativo continuar trabajando en políticas públicas efectivas que protejan a mujeres y niños contra cualquier forma de violencia, destacaron las autoridades.

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La denuncia presentada el 3 de marzo acusaba al presidente de YPFB, Armin Dorgathen, por el supuesto delito de conducta antieconómica en perjuicio del Estado Boliviano. La investigación duró un año y contó con la participación de expertos bolivianos y extranjeros.

Falta de auditoría y elementos probatorios

A pesar de contar con evidencia recolectada durante las investigaciones, el Ministerio Público argumentó su rechazo basándose en la falta de una auditoría a la gestión de YPFB. El exministro considera vergonzoso que no se hayan tomado en cuenta al menos tres elementos probatorios válidos.

Falta de control y responsabilidad

Carlos Romero también señaló que las auditorías no son responsabilidad de los denunciantes, sino que deberían ser realizadas por empresas externas para fiscalizar el trabajo de la petrolera estatal. La falta de auditorías demuestra que YPFB se maneja sin ningún tipo de control según sus declaraciones.

Registro impreciso de vehículos

Otro argumento presentado es la falta de un registro preciso sobre la cantidad de vehículos en el país. Los números proporcionados por el Instituto Nacional Estadísticas (INE) son probabilísticos y no exactos, lo que genera dudas sobre la veracidad de los datos.

Conclusión de la investigación

El fiscal Cristian Copa aseguró que durante la investigación realizada por la Fiscalía se llegó a la conclusión de que no existieron irregularidades. Según él, el rechazo se basa en que no se ha elaborado una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado y no se establece un daño económico según lo denunciado.

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Roger Mariaca, fiscal departamental de Santa Cruz, informó que una vez recibidas las denuncias, el Ministerio Público inició inmediatamente la investigación en colaboración con la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma). Se están recopilando pruebas y tomando declaraciones de testigos. Además, se ha constatado la pérdida de animales silvestres. Estos elementos se encuentran registrados en el portafolio digital del caso del sistema Justicia Libre (JL).

Denuncias por incendios

Mariaca señaló que durante los meses de septiembre y octubre se han presentado un total de seis denuncias por incendios en Santa Cruz. Las últimas dos fueron realizadas por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) en los municipios de Yapacaní y Warnes. El trabajo está siendo llevado a cabo por fiscales especializados en delitos contra el medio ambiente con el objetivo de identificar a los responsables y evaluar los daños ocasionados.

Sanciones según el Código Penal

“El artículo 206 del Código Penal establece que aquellos que provoquen un peligro común para bienes o personas mediante incendio serán sancionados con penas que van desde dos hasta seis años”, afirmó Mariaca y añadió: “Por lo tanto, seremos contundentes en el cumplimiento de las leyes y normas para sancionar a los responsables de estos delitos”.

Investigación en municipio de Warnes

Por su parte, Juan Pablo Sánchez, fiscal especializado en delitos contra el medio ambiente, explicó que en el caso del municipio de Warnes la zona afectada fue la agrícola. Por esta razón, se ha solicitado al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la documentación sobre los propietarios para citarlos a presentar su declaración ante el Ministerio Público. En caso de identificar a los responsables correspondientes, serán procesados según la normativa vigente.

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En una reveladora comparación, se evidencia una reducción en los casos de feminicidio en el presente año, con 63 registros hasta la fecha, en contraste con los 66 del 2022 y los 86 del 2021, subrayando así los logros del sistema de justicia.

Fajardo destacó el papel esencial de los Equipos Multidisciplinarios que, con celeridad, se desplazan a las escenas del crimen para recolectar pruebas cruciales que permitan esclarecer los casos y dar con los culpables. Además, resaltó la capacitación continua de los fiscales especializados y el seguimiento exhaustivo de cada caso en todas las instancias.

Distribución geográfica: prevalencia en eje central y Santa Cruz

En lo que respecta a la distribución geográfica, los feminicidios prevalecen en el eje central del país, mientras que los infanticidios se concentran principalmente en Santa Cruz, La Paz y Potosí.

Elevado porcentaje de responsables identificados

El Ministerio Público reporta un destacado porcentaje del 88.47% de casos con responsables identificados y bajo detención preventiva a la espera de la conclusión de la investigación o juicio oral.

Asimismo, se han emitido 16 sentencias condenatorias; hay otros 28 casos en etapa preparatoria; seis están en etapa preliminar; siete están en acusación formal; cinco han sido cerrados por extinción debido al fallecimiento del autor y uno ha sido cerrado.

Mayoría de casos se centran en Santa Cruz

El informe del Instituto de Investigaciones Forenses revela que la causa principal de muerte en estas víctimas es por golpes o traumas, seguida de asfixia, arma blanca y arma de fuego.

El último caso registrado involucra a Janeth C.A., cuyo cuerpo fue hallado el 16 de septiembre con heridas causadas por arma blanca. La investigación sigue en curso contra su pareja, quien está prófugo.

Distribución geográfica: incidencia mayoritaria en Santa Cruz

De acuerdo al reporte de casos, la mayor incidencia de hechos de feminicidio está en el departamento de Santa Cruz con 16 casos, seguido de La Paz con 15, Cochabamba diez, Potosí ocho, Beni cinco, Tarija cuatro, Oruro tres, Pando uno y Chuquisaca uno.

Reducción de infanticidios y causas de muerte

En lo que respecta a los infanticidios, a nivel nacional se registran 19 víctimas, destacando Santa Cruz, La Paz y Potosí. Similar a los feminicidios, se aprecia una reducción en los casos comparados con años anteriores. En 2023, hasta el 18 de septiembre, se reportan 19 casos, en contraste con los 28 del 2022 y del 2021; así como también los 42 del año 2020.

Las causas de muerte principales en los infantes y niños fueron principalmente asfixia, seguida de golpes o traumas, arma blanca y quemaduras.

Progreso significativo en la persecución de estos crímenes

La investigación procesal muestra que un sólido porcentaje del 77% tiene a los responsables identificados y bajo detención preventiva a espera de avances en las investigaciones. Se han emitido seis sentencias condenatorias; hay siete casos en etapa preparatoria; tres están en etapa preliminar; uno ha sido cerrado por extinción debido al fallecimiento del autor y otro ha sido cerrado.

Este informe resalta la reducción de casos y la identificación de responsables, lo cual indica un progreso significativo en la persecución de estos crímenes.

Distribución geográfica: incidencia mayoritaria en Santa Cruz

A nivel nacional se registran 19 víctimas, que corresponden al departamento de Santa Cruz siete, La Paz cinco, Potosí cuatro, Cochabamba dos y Oruro uno, mientras que el resto de los departamentos no se tienen hechos.

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La protesta tuvo lugar en la plaza central de Guatemala frente al Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno presidido por Alejandro Giammattei.

Denuncia de golpe de Estado por parte del presidente electo

Los manifestantes pidieron la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, con gritos de “fuera golpistas”.

Esta protesta surge después que Arévalo De León advirtiera públicamente el viernes pasado que se está consumando un golpe de Estado en su contra para evitar que asuma la presidencia el próximo 14 de enero.

Mensajes contundentes en pancartas durante la protesta

Durante la manifestación, algunas pancartas destacaban mensajes como “si no hay reformas, habrá revolución” y “mi voto se respeta”. También hubo consignas dirigidas a Porras y Giammattei.

Acusaciones hacia actores corruptos en el supuesto golpe de Estado

Arévalo De León señaló en rueda de prensa a Porras como una promotora principal del mencionado golpe de Estado, junto con el fiscal Rafael Curruchiche, la Junta Directiva del Congreso y otros actores corruptos.

Es importante mencionar que esta denuncia ocurre en la misma semana en que la Junta Directiva del Congreso suspendió al partido político Movimiento Semilla. Además, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral canceló provisionalmente al Movimiento Semilla, ambos por orden del juez penal Fredy Orellana, a solicitud del Ministerio Público dirigido por Porras.

Suspensión del partido político Movimiento Semilla genera controversia

La manifestación del sábado fue convocada por varios sectores, en su mayoría colectivos que buscan que se respete el voto de las elecciones generales del pasado 25 de junio y la segunda vuelta el 20 de agosto, donde Arévalo De León se aseguró la presidencia.

Por otro lado, Roberto Arzú García-Granados, hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), también convocó a sus seguidores a manifestarse este sábado en contra de las actuales autoridades. Arzú García-Granados afirmó hace unas semanas que existía un plan para evitar que Arévalo De León asuma el cargo. Según él, la estrategia sería confirmar la suspensión del partido y así generar las condiciones para que Giammattei entregue el poder al Congreso, donde su partido Vamos tiene mayoría.

Ministerio Público niega acusaciones vertidas por el presidente electo

El Ministerio Público negó este sábado las acusaciones vertidas el viernes por el académico y sociólogo ganador de las elecciones con el partido Movimiento Semilla.

La investidura para el cambio de mando presidencial está programada para el próximo 14 de enero, marcando los primeros cuatro años en la historia de Guatemala con un Gobierno socialdemócrata.

Fuente : EFE

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Según informó el fiscal Fernando Montaño, un niño de 12 años, identificado como A.M.M.C., se dirigía desde su escuela hacia su hogar cuando fue interceptado por un vehículo marca Honda de color rojo.

Robo y amenazas al menor

Molesto por la falta de respuesta, el individuo persiguió al niño y lo arrojó al suelo. En ese momento, otro sujeto bajó del vehículo y juntos revisaron las pertenencias del menor, robándole su teléfono celular. Luego amenazaron al niño advirtiéndole que lo matarían si revelaba lo sucedido a alguien, mostrando armas.

La madre acude a la policía

Aterrorizado, el niño corrió hasta llegar a su casa y le contó a su madre lo ocurrido. La madre decidió acudir inmediatamente al Comando Provincial de Policía para presentar una denuncia.

Detención de los sospechosos

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial llevaron a cabo un patrullaje por diferentes áreas de la localidad logrando encontrar el vehículo en cuyo interior se encontraban cinco hombres. Durante la operación, uno logró escapar mientras que los otros cuatro fueron detenidos.

Armas de fuego encontradas en el vehículo

En la requisa del vehículo se encontraron dos armas de fuego: un fusil perteneciente al ejército y una carabina antigua. A pesar de que el sistema JL2 de la Fiscalía General del Estado indicaba que ninguno de estos individuos tenía antecedentes penales, se descubrió que uno de ellos proporcionó información falsa. Por lo tanto, se tomaron impresiones de las huellas digitales para verificar su verdadera identidad a través del Servicio General de Identificación Personal (Segip).

Imputación y llamado a las víctimas

Los cuatro individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se les imputaron los delitos de robo agravado y tenencia, porte y portación ilegal de armas de fuego. El fiscal Montaño lamentó que en Challapata se hayan registrado incidentes similares que no se denunciaron oportunamente debido al temor a las amenazas. Montaño hizo un llamado a los residentes para que acudan a las oficinas de la Fiscalía y, mediante las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad, puedan identificar si han sido víctimas de algún delito cometido por este grupo.

Espera judicial para los sospechosos

Los cuatro sospechosos esperarán en la carceleta judicial hasta que un juez cautelar decida sobre su situación legal en las próximas horas, concluyó Montaño.

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La abogada del dirigente, Ruth Zambrana, informó que se han apersonado a la fiscalía para notificarse personalmente y colaborar con la investigación. La testigo clave Claudia Cortez afirmó que el secretario ejecutivo recibió 10.000 dólares y 30.000 bolivianos del exministro Juan Santos Cruz, quien actualmente está recluido en la cárcel de San Pedro.

El dirigente campesino negó haber recibido dinero del exministro Santos Cruz y anunció que presentará una demanda contra Cortez por calumnia. Además, señaló que su organización es sin fines lucrativos y siempre trabajan por el beneficio de las comunidades y municipios.

Cuatro personas con detención preventiva

En este caso, cuatro personas se encuentran con detención preventiva: El exministro Juan Santos Cruz, su sobrino Jhonny Alexander Santos, su excolaboradora Rosa Viviana Bautista y el exviceministro Carmelo Valda son investigados por enriquecimiento ilícito.

Rojas debe presentarse ante la comisión de fiscales que investiga este caso el miércoles 28 de junio a las 10:30 horas.

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El documento expedido por el fiscal de materia, Ariel Condori, textualiza que “No es admisible en materia penal las presunciones como un hecho concreto, como se pretende en el presente caso”. Además señala la inexistencia de relación fáctica e inexistencia de elementos probatorios y solicita la corrección de la descripción de los hechos denunciados.

Denuncia no admitida

Asimismo, alega que los denunciantes no subsanaron estos aspectos en dos oportunidades anteriores. Cabe destacar que esta misma observación se realizó tres días después de la formulación inicial de la denuncia (el 8 mayo) y posteriormente, el 2 junio.

En esa línea, debido al incumplimiento reiterado por parte del grupo denunciante para subsanar los requisitos formales exigidos por ley, la denuncia fue declarada como no presentada.

Acusaciones sin fundamentos

El requerimiento también indica que las acusaciones contra Vedia carecen hasta ahora del sustento necesario para ser admitidas. Según lo previsto en los artículos 144, 146, 154 y 156 del Código Penal boliviano, el gobernador era acusado por presunta malversación, uso indebido de influencias e incumplimiento del deber.

Viaje a España

La causa radica en el viaje realizado hacia Tenerife (España) por la primera autoridad del departamento, ya que, según los denunciantes, no se cumplieron las finalidades del mismo.

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La Fiscalía informó que no se pudo dar con el paradero de la testigo, por lo cual se estaba requiriendo su declaratoria en rebeldía y se tomaron recaudos para evitar que salga del país.

Loma explicó que la testigo Claudia Cortez registró un domicilio en la calle Alto de la Alianza de La Paz, pero la notificación se hizo en una calle del mismo nombre en Santa Cruz. Asimismo, aclaró que no está desaparecida y no han atentado contra su vida y ella está con la misma predisposición para colaborar y esclarecer este caso.

La testigo reveló públicamente haber gestionado el pago de millonarios sobornos por adjudicación de obras y entregado el dinero a Juan Santos Cruz, quien era Ministro de Medio Ambiente y ahora está detenido por este caso.

El abogado considera “una mala señal” que la Fiscalía no otorgue estatus de testigo protegido o colaboración eficaz hacia Cortez y amplíe las investigaciones en su contra.

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“El trabajo Fiscal no es tarea fácil, la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad y el ejercicio de la acción penal pública en estricto apego a los mandatos constitucionales significan un desafío profesional que requieren responsabilidad, ética, vocación de servicio, objetividad e independencia”, dijo Lanchipa a tiempo de dar la bienvenida al nuevo Fiscal.

Balderas expresó su compromiso con la institución y el reto importante de tomar el mando de un Departamento.

“No defraudaré la confianza y lucharé por un sistema justo para una justicia que llegue a la sociedad y sea pronta y oportuna”, manifestó el flamante Fiscal Departamental.

FORMACIÓN ACADÉMICA

La nueva autoridad, es licenciado en Ciencias Jurídicas, tiene estudios de posgrado con maestría en Seguridad Defensa y Desarrollo, diplomado en Altos Estudios Nacionales, Seguridad y Desarrollo y diplomado en Derecho Procesal Penal, según informó la Fiscalía.

En su experiencia laboral, fue Coordinador Nacional del Bono Juana Azurduy, además de Coordinador Departamental de Santa Cruz, ambos del Ministerio de Salud, Asesor Legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierto San Mateo Ltda, Asistente Personal en el Ministerio Público, entre otros.

/NVY

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Refirió, que en Bolivia no existe un Estado de Derecho, sino una persecución política y que está analizando la posibilidad de presentar una solicitud de asilo en EE.UU.

Todavía no he presentado mi solicitud de asilo, aún estoy cumpliendo con algunos requisitos, sin embargo ya empecé con los trámites, indicó.

“No es algo plenamente decidido, si bien es cierto, ya he empezado los trámites, todavía no han concluido, por lo tanto todavía eso está sujeto a una decisión final”, señaló.

Según Jerjes, estando fuera del país se enteró, que lo convocaron a declarar en el caso denominado “terrorismo I”. De tal manera, solicitó declarar desde el extranjero y la Fiscalía no aceptó.

Remarcó, que los del Ejecutivo, quieren encarcelar a todos los que no piensan igual a ellos porque en su criterio, el Gobierno influye en la justicia.

La exautoridad dijo, que la Fiscalía sabía que se encontraba fuera del país y lo notificó en Santa Cruz para presentarse al día siguiente en La Paz.

Asimismo, consideró que la intención del Ministerio Público era sencillamente que no se presente a la citación, para después aprehenderlo.

También aseveró, que no hubo tal “golpe” y recordó que el mismo presidente Luis Arce y el vocero Jorge Richter, antes de ser Gobierno, habían calificado de Constitucional al Gobierno de Jeanine Añez.

Criticó que el MAS pretenda sostener una narrativa de que el Gobierno de Añez fue de facto, cuando la propia Asamblea dominada por ese partido reconoció la presidencia transitoria y le mandaba las leyes para su promulgación.

Por otro lado, el caso “Golpe de Estado I”, fue presentado por la exdiputada oficialista Lidia Patty a fines de 2020, se basa en la acusación por terrorismo.

Por esa figura se procesa por la vía ordinaria a la expresidente Jeanine Áñez y al líder opositor, además Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos detenidos en cárceles de La Paz.

/NMCC

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Ayer, Morales inició un hilo en Twitter en el que afirmó que la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón y la jefa de gabinete del Ministerio de la Presidencia, Ángela Cáceres, estarían involucradas en el financiamiento de las cuentas de Facebook de los “guerreros digitales”, que recientemente fueron desmanteladas por la empresa Meta.

El líder del MAS, a través de un tuit, solicitó la explicación de autoridades involucradas para aclarar los hechos y, aseguró que las cuentas desarticuladas no tienen vinculación con el MAS-IPSP.

En respuesta, Ajpi expresó a LA PATRIA: “Es muy lamentable, que el líder del instrumento político y partido en función de Gobierno, esté acusando al Presidente, que él mismo mandó a ser candidato y ganó (…) Eso es problema muy personal de Evo Morales”.

Del mismo modo, instó que la denuncia se presente ante el Ministerio Público con las pruebas correspondientes.

“Supongo que el señor Morales ha presentado denuncia y la investigación debe cursar (…) El mal manejo de los recursos del Estado se denuncian”, expresó.

Además, Ajpi señaló que los “guerreros digitales” iniciaron en el gobierno de Morales y es él quien tiene amplio conocimiento en materia de financiamiento.

“Problemas internos (del MAS) no podemos mezclar con los problemas de interés nacional, aquí se está hablando de la malversación de dinero del Estado y eso no puede ser parte de la pelea de los masistas”, expresó.

Hospital móvil en Santa Cruz

Morales, también utilizó Twitter para referirse a la instalación de las carpas del hospital móvil, donado por Estados Unidos, para contrarrestar la epidemia del dengue en Santa Cruz.

A través de esta red social, el exmandatario cuestionó la cooperación del país norteamericano: “EEUU nunca coopera sin condiciones. Las carpas del hospital móvil para atender a pacientes de dengue no es por algo, es para algo. Debemos curar a nuestros enfermos, pero ¿vamos a vender nuestra soberanía por un hospital? ¿Por qué no se han tomado medidas de prevención antes?”, tuiteó.

En contraparte, Ajpi indicó: “el hospital móvil, sea de donde sea, es útil (…) Las conjeturas ideológicas sobre las donaciones son muy aparte”.

También, informó que por falta de personal médico en el departamento de Santa Cruz otorgaron 150 ítems, además del equipamiento de centros de salud, que considera necesario para esperar cualquier otra alerta epidemiológica.

Militarización fronteriza de Chile

Tras la determinación del gobierno chileno de militarizar la frontera con Bolivia, el legislador Félix Ajpi, señaló que se debe al incremento de migración ilegal de personas de nacionalidad venezolana, en la frontera nacional, a consecuencia de los conflictos políticos y sociales de Perú.

/ALSL

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Reveló que los delitos con mayor incidencia corresponden al área de género que, suman 508 casos, al área de patrimoniales con 383 y el área de personas suma 503 casos.

Entre los casos más relevantes que recepcionó esta entidad, es un feminicidio registrado el pasado domingo, en la ciudad de La Paz, asimismo, se atendió un caso de asesinato, tres homicidios, cinco violaciones de niño, niña, adolescente y siete violaciones.

Por otra parte, en el departamento de Santa Cruz los casos más relevantes son de tres asesinatos, cuatro homicidios, dos violaciones niño, niña, adolescente y siete violaciones.

En Cochabamba se registró como casos relevantes; una violación y dos violaciones niño, niña y adolescente. En Tarija reportaron desde su entidad una violación de niño, niña, adolescente y una violación.

Asimismo, Chuquisaca presenta seis casos relevantes; tres violaciones de niño, niña, adolescente y tres violaciones.

Potosí reportó tres violaciones niño, niña, adolescente; Oruro notificó una violación de niño, niña, adolescente y tres violaciones como casos más relevantes.

En Beni registraron cinco casos notables de un homicidio y cuatro violaciones niño, niña, adolescente; finalmente en Pando se evidenció un asesinato, haciendo un total de 57 casos relevantes en todo el país.

/NVY

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“Considero que no se puede politizar, toda vez que, el Ministerio Público tiene la tuición de recabar todos los elementos de prueba y de convicción para esclarecer hechos luctuosos de 2019”, manifestó a LA PATRIA.

“El Ministerio Público es la instancia investigadora de los hechos ocurridos en 2019, tienen que trabajar de manera exhaustiva, con debido proceso, con principio de celeridad y ellos tienen que ver a quiénes convocan”, dijo Velasco, refiriéndose a la intención de citar al expresidente, Evo Morales, para declarar.

Del mismo modo, dijo: “Todos los bolivianos pedimos justicia por los muertos de Sacaba y Senkata, por tanto, yo creo que no puede quedarse en impunidad, más al contrario, tiene que hacerse justicia pronta, oportuna y rápida”.

Luego de que organismos opositores denuncien la postergación de elecciones de magistrados judiciales, la senadora Velasco expresó que “la oposición no tiene que criticar, tiene que proponer”.

Asimismo, considera que “no se puede seguir tildando de persecución política”, la no realización de elecciones de magistrados, sin embargo, expresa que “profesionales con idoneidad” deberán asumir tales cargos.

También reconoció que en procesos judiciales existe la mora procesal, la retardación de justicia y la corrupción, por ello, expresó que “malos fiscales y malos jueces” deben ser destituidos de manera inmediata.

Añadió que el tema de elecciones de magistrados debe ser tratado conforme al reglamento de la Cámara de Senadores y conforme a la Constitución. Y refirió que la Comisión Mixta (de Constitución) debe “apostar” por la formación académica de las próximas autoridades que administrarán la justicia del país.

/ALSL

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Cuellar calificó como organización criminal, a las autoridades que gobernaban Omereque junto a Héctor Arce cuando éste era alcalde.     

Reveló que al revisar los documentos de esta alcaldía se percató de los proyectos fantasmas e hizo énfasis en el proyecto de canal de riego en el que se invirtió la suma de siete millones de bolivianos.

Culpó a Arce de haber realizado dicho proyecto con material de quinta e indicó que fueron los comunarios quienes completaron medio millón de bolivianos para concretar el proyecto de riego.  

“Nosotros en este momento hemos hecho una petición de informe a la UPRE, FPS, Contraloría General del Estado, al Ministerio de Justicia, a la Unidad de transparencia para que intervengan”, señaló Cuellar.

El legislador, considera que Héctor Arce hizo mucho daño al municipio de Omereque junto al actual alcalde, Darwin Vera y sus concejales.

“Vamos a procesar penalmente a Héctor Arce, a Darwin Vera y a los concejales, por los delitos de daños económicos al Estado, malversación de fondos, ganancias ilícitas, incumplimiento de deberes y se aplicara la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, dijo ante medios de comunicación.

Asimismo, indicó que pedirá la suspensión indefinida de Arce en la Cámara de Diputados.

HÉCTOR ARCE

Héctor Arce, por su parte, negó las acusaciones y manifestó que la denuncia de Cuéllar busca intimidarlo por realizar un trabajo de fiscalización.

Reconoció que hubo fallos en la primera fase del proyecto de riego, pero la empresa constructora los subsanó. Aseguró, sin embargo, que este tema es responsabilidad del Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) y él no tiene nada que ver.                 

/NVY

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A la semana de culminar el mes, se suman dos mujeres asesinadas por sus exparejas en la zona de San Ignacio de Velasco en Santa Cruz. 

Antecedentes

Según el dato preliminar del fiscal Meison Mamani, el delito sucedió aproximadamente a las 19:00 horas, cuando Virginia estaba en la fiesta de unos amigos donde llegó Bernardo para pedirle que se retire del lugar, la víctima se rehusó y fue atacada por el sujeto con un cuchillo de cocina que le provocó la muerte, el sujeto luego del hecho se dio a la fuga y es buscado por la Policía, informó la Agencia de Noticias Fides.

Tras conocerse el crimen, el Ministerio Público inició las investigación como la toma de declaraciones de testigos, colección de indicios materiales, biológicos y el levantamiento legal del cadáver.

La denuncia formal fue presentada por la madre de la víctima, en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) del municipio de San Ignacio de Velasco quienes pusieron en conocimiento del Ministerio Público para su respectiva investigación, la orden de aprehensión contra el presunto autor ya fue emitida por la Fiscalía.

Segundo caso

El primer caso que se reportó en la semana, ocurrió el 22 de diciembre. La víctima era Elenir P., que fue víctima por su pareja de nacionalidad brasilera.

Elenir de 33 años permaneció una semana postrada en una cama por los golpes violentos que recibió de su pareja, José Luis Da Silva Ribeiro quien ya fue sentenciado a 30 años de cárcel. El feminicidio dejó dos niños en la orfandad.

Debido a la fuerte golpiza que recibió, ella no tenía ni fuerzas ni para levantarse de la cama. Su familia decidió trasladarla a un centro de salud y presentar una denuncia contra el agresor en la Policía. Dos días después de su internación, Elenir murió el 22 de diciembre.

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La víctima fue trasladada hasta oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)que se prolongó hasta horas de la madrugada.

“Le doy buenas noticias, la señora apareció con vida en este momento, apareció con vida, es la buena noticia que quiere dar el Ministerio Público que, junto a la Policía, trabajaron, no puedo dar más detalles”, indicó el fiscal de materia, Julio César Porras, según el portal Innovapress.

Según el informe, ella estaba en la capital cruceña y con buen estado de salud.

El fiscal Porras, indicó que las investigaciones tienen un punto de inicio desde la aparición de la enfermera y se buscará determinar si se trató de un secuestro.

No descartó que los supuestos captores, al verse acorralados por la Policía, hubieran decidido dejarla en libertad.

“Por un desdoblamiento de celular se sabe que existió el pedido de rescate de 15 mil dólares, dinero que no pagó la familia”, aseguró el fiscal Porras.

Declaración

La víctima relató que fue llevada por la fuerza a un lugar desconocido y que, sin ver a nadie, la encerraron en una habitación donde solo le daban comida.

Testificó que los secuestradores la dejaron libre, abandonándola en la carretera al Norte. Tuvo que caminar varios kilómetros y pedir ayuda a algunos conductores para que la acerquen a la capital cruceña. Por sus propios medios acudió hasta las oficinas de la fuerza anticrimen.

Desaparecida

La mujer desapareció la mañana del 13 de diciembre en inmediaciones de la avenida Cumavi. Se dirigía al hospital de la Villa Primero de Mayo, lugar donde trabajaba. Desde ese día no se supo más de ella hasta la fecha.

Su desaparición fue denunciada como secuestro, debido a que a los familiares se les exigía 15.000 dólares para su rescate.

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En su criterio, la situación del país está así, debido a que Evo Morales continúa siendo presidente de la Federación del Chapare; por lo que aparentemente tiene de alguna forma protección del Gobierno.

Recordó también que, de acuerdo a estudios internacionales, más del 90% de la hoja de coca del Chapare se va al narcotráfico.

“Mientras Evo Morales siga a la cabeza del Chapare se va a seguir protegiendo a los narcotraficantes”, añadió en contacto con la unidad móvil de LA PATRIA.

Denuncias contra ministros

Por otro lado, consultado respecto a las denuncias contra el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, consideró que existe protección, señalando que el extitular de esa cartera, Carlos Romero lo implicó en el narcotráfico.

Señaló que no se puede defender a Del Castillo, debido a que el no efectúa una investigación de frente contra el narcotráfico y aparentemente se dedica a la persecución.

Aseveró que el Ministerio Público ya debería comenzar con una investigación de oficio respecto a esas acusaciones.

/JDLF/

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Además, señalo que la determinación se tomó en el marco de la política de cero tolerancia a la corrupción y reiteró que no se permitirán actos irregulares que dañen la imagen del Ministerio Público.

“No vamos a tolerar actos ilegales (…). En lo que va de la presente gestión 2022, hemos destituido a 19 fiscales de materia”, afirmó Lanchipa, quien recordó el más reciente caso ocurrido en Beni, donde un fiscal es investigado por pedir una coima” de $us 20.000, junto a un abogado, para favorecer a una persona investigada por el asesinato del hijo de una concejal de San Ramón.

Ambos son investigados en el marco de un proceso penal que lleva adelante la Fiscalía, que ordenó la aprehensión del fiscal de materia del municipio de San Joaquín, quien fue imputado por los delitos de concusión y consorcio de jueces, policías, fiscales y abogados.

El fiscal en cuestión será sometido a audiencia de medidas cautelares, mientras que las autoridades realizan la búsqueda del abogado, quien también estaría implicado en el caso, señala un boletín del Ministerio Público.

/HNF/

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En noviembre de 2019, cuando se suscitaron las protestas del presunto “fraude electoral” que terminaron con la renuncia de Evo Morales, todos los exministros reclamaban el pago de los sueldos de noviembre y el aguinaldo que les correspondía; el reciente martes se conoció que, en el caso de Quintana, ese dinero sigue retenido por el Ministerio Público.

El Gobierno impulsa los casos Golpe de Estado I y Golpe de Estado II, en los cuales están acusados militares y políticos. Por estos procesos, ya existe una sentencia en contra de la expresidente, Jeanine Áñez. La otra denuncia no avanza y, según Quintana, es por el dinero que están pagando los acusados.

La exautoridad no escatimó calificativos para los fiscales que, durante el Gobierno interino, iniciaron procesos en contra de todas las exautoridades de Estado sin el mayor reparo.

/MDCB

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“Somos aproximadamente 25 abogados que forman parte del Comité Impulsor de Justicia de diferentes departamentos. Nosotros no recibimos ni un centavo por varias acciones legales que estamos realizando, lo hacemos de manera voluntaria”, manifestó Cruz.

Este comité estuvo presente en el caso “golpe de Estado I” y “golpe de Estado II”, en el último proceso, según el jurista, se logró llegar a una sentencia de diez años, pero manifestó que tienen obstáculos en el caso “golpe I”, donde las diligencias no avanzan.

Aclaró que las tres denuncias que presentaron contra los exministros de Añez no fueron para pedir una ampliación de la investigación sino para abrir otro proceso.

“Estamos haciendo seguimiento a estos casos ante la inacción de Ministerio de Justicia y el Ministerio Público que tienen una actitud contemplativa sobre el golpe de Estado I, que está paralizado porque hay retraso de más de un año en las investigaciones”, afirmó.

La denuncia que presentó el Comité en los meses de abril, junio y julio, para que se investigue a los exministros, fue rechazada por la Fiscalía, por este hecho analizan acciones legales contra los funcionarios del Ministerio Público por no admitir las querellas.

Ante los cuestionamientos de la oposición sobre su rol como abogado litigando y como servidor público, señaló que el trabajo que realiza no compromete a la Procuraduría General del Estado, porque no recibe ningún tipo de remuneración.

/SVL

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Camacho llegó aproximadamente a las 10:00 horas hasta el Ministerio Público junto a su abogado, para brindar su declaración en calidad de sindicado, por el proceso abierto de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, en La Paz.

“Considero que esto es un fraude jurídico, resultado de una estructura judicial politizada y totalmente contra viniente de los principios constitucionales de independencia de los poderes, no se puede citar a una persona a un proceso par decir, para declarar sobre hecho imaginarios y mentirosos”, afirmó Camacho luego de abandonar las instalaciones del Ministerio Público.

Asimismo, al padre del actual gobernador cruceño lo acompañaron en su comparecencia legisladores y asambleístas de Creemos, quienes además criticaron el proceso que fue reanudado y el cual se investiga por terrorismo, sedición, conspiración, entre otros.

“La verdad siempre va a vencer, la mentira tiene patas cortas”, concluyó Camacho.

/ABH

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La autoridad le aseguró al periodista John Arandia, de radio Fides, que la libertad de expresión no es absoluta y que solo los fiscales pueden definir quiénes son convocados a declarar como parte de las investigaciones.

“Hay reglas, y te lo digo desde siempre y con el mayor respeto, que da la comisión interamericana de derechos humanos para la libertad de expresión, y la libertad de expresión tampoco es absoluta y las preguntas deben hacerse en el ámbito de la Constitución y la Convención Interamericana, yo creo que tú eres un periodista con toda la experiencia para conocer que no podemos hacer intromisión, y el informe del GIEI lo dice claramente”, manifestó la autoridad.

Según Lima no lo decide ni el ministro de Justicia ni un periodista, el que define a los convocados sobre el caso “Golpe I” es el Ministerio Público y no se puede adelantar criterios.

El cruce surgió cuando se le preguntó al ministro si consideraba que Héctor Arce debía acudir a declarar, luego que Samuel Doria Medina relatara las súplicas de la exautoridad para que asista a los diálogos de pacificación en 2019.

Al respecto el ministro indicó que no observa ninguna trascendencia penal y Doria Medina necesita hacer todas las afirmaciones en el ámbito del procedimiento, al haber hecho una aseveración de ese tipo.

“Él tiene que establecer cuál es la vinculación con un delito. No veo ninguna necesidad que sea convocado el exministro, actual embajador, pero entiendo que él está en el país, y conociéndolo, quizá irá voluntariamente a brindar información”, añadió Lima.

/ABH

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Según el criterio del Ministerio Público, Limbert K.O., de 30 años, es uno de los presuntos autores del asesinato de tres jóvenes cruceños en la comunidad de Ayopaya, localidad de Ivirgarzama, Cochabamba.

“Como Ministerio Público se presentaron todos los elementos colectados en la investigación, entre ellos actas de autopsia de las víctimas, informe de intervención policial, así como la declaración del imputado, mismos que valoró la autoridad jurisdiccional que determinó su detención preventiva al observar varias contradicciones en su declaración”, informó la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles.

El acusado, quien fue identificado como el chofer del taxi, era considerado “testigo clave” y único sobreviviente del hecho, según informó el diario Opinión.

El conductor prestó su declaración; sin embargo, no fue compatible con otros elementos probatorios. Por ese motivo, fue aprehendido, imputado y puesto a consideración de un juez cautelar.

El principal motivo para considerarlo sospechoso fue que los lugares y las horas señaladas por el procesado no coincidieron con los sucesos.

“Se ha corroborado con los elementos que (sus testimonios) no son reales y, consiguientemente, estaría implicado con las personas que acabaron con la vida de los tres jóvenes”, manifestaron desde el Ministerio Público.

Limbert K.O. en un principio declaró que fue golpeado por los presuntos asesinos, no obstante, el médico forense no encontró signos de violencia que demuestren que su versión era real. Actualmente el caso está en proceso de investigación.

/ LMPT

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De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor del vehículo que chocó a la motocicleta, responsable del accidente, huyó del lugar y el caso fue derivado al Ministerio Público.

La motocicleta de la víctima, de marca Haojin, color azul, fue retenida y llevada a la Dirección de Tránsito en Minero.

Segundo accidente

En la misma carretera, pero a cerca del pueblo Pico de Monte, se registró otro incidente vial aproximadamente a las 19:30 horas de este domingo precedente.

El hecho fue protagonizado por el conductor de una vagoneta marca Toyota Ipsum de color plomo, Orlando Rocha, quien colisionó contra la parte trasera de un tractor marca Agrale, conducido por Javier Lorenzo.

El accidente dejó tres heridos, los cuales fueron auxiliados y llevados a la clínica San Miguel de Montero.

Los motorizados fueron llevados a Tránsito en el municipio de Minero y el caso pasó a la Fiscalía.

/JDLF/

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El Ministerio Público lleva adelante dos casos denominados “golpe de Estado” contra la expresidente.

“No podemos responder esa pregunta”, declaró de manera escueta el Fiscal General, ante la consulta de la prensa acerca de si el Ministerio concluye que sí existió el presunto golpe de Estado.

En dicho proceso, la Fiscalía consideró irregular la asunción de Áñez de segunda vicepresidente del Senado a Presidente del Estado en 2019 y la acusó por los delitos de incumplimiento de deberes, además de resoluciones contrarias a la Constitución.

Paralelamente, la Fiscalía investiga el caso denominado “golpe de Estado I”, el cual se inició por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

En ese proceso, la querellante es la exdiputada Lidia Patty, quien denunció los hechos que llevaron a la renuncia de Evo Morales y la asunción de Áñez. El principal denunciado en ese caso es Luis Fernando Camacho, a quien aún la Fiscalía no tomó su declaración.

Fiscalía insta a no malinterpretar

El director de Comunicación de la Fiscalía, José Luis Tarquino, explicó que Lanchipa no emitió criterio porque “perjudicaría la investigación” e instó a que no se genere una malinterpretación al respecto, según reporte de la red Erbol.

“La instancia llamada por ley para determinar conclusiones, sentencias o resoluciones finales es la autoridad jurisdiccional, en este caso los miembros del Tribunal de Sentencia, porque ahí es donde vamos a presentar, ahí vamos a revelar todas las pruebas que el Ministerio Público ha develado y es la instancia que finalmente va a determinar”, añadió el funcionario.

/MDCB

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El jurista retó a los fiscales encargados del caso “Prestín” que muestren si citaron legalmente a Perovic, como afirmaron la pasada jornada.

Aseveró que el Ministerio Público “nunca materializó los hechos”, desmintiendo la versión de los fiscales, que señalaron que Perovic debía comparecer ante la justicia el 30 de mayo, reportó el diario El Deber.

Asimismo, aseguró que el esposo de Sosa salió de manera legal del país, ya que no existía arraigo o alerta migratoria en su contra, además sostuvo que la Fiscalía sabía sobre su salida.

Caso “Prestín”

El caso se refiere a un sistema de préstamo, presuntamente usando dinero del Estado a funcionarios municipales que, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía servía para el cobro de comisiones y “desvío de recursos públicos”.

La pasada jornada, el abogado Jerjes Justiniano confirmó que Sergio Perovic fue encontrado muerto en su domicilio de Jujuy en Argentina; lugar donde residía para acompañar a su madre enferma.

Rivero explicó que la defunción de Perovic, implicaría “la extinción del caso por causas de muerte”. Recordó que otras dos personas están investigadas en este caso, por lo que corresponde al Ministerio Público considerar si mantiene o no el proceso.

Proceso “mediático”

Por otro lado, el jurista cuestionó al Ministerio Público por mantener “procesos más mediáticos que jurídicos”, a tiempo de señalar que el principal testigo en el caso ‘Prestín’ tiene siete denuncias en su contra por diversos delitos “y el Ministerio Público sabe qué tipo de persona era”.

Detalló que el testigo protegido trabaja en la actual gestión municipal, actitudes que según su criterio, “demostrarían la intencionalidad política” de los procesos por encima de lo jurídico.

Calificó de “tintes políticos” los procesos en contra de Sosa y de Perovic.

“Son 150 días de arresto (de Angélica Sosa) y no hay una auditoría que avale las denuncias”, añadió.

Finalmente, cuestionó la actitud de concejales y legisladores que utilizan estos procesos para “figuretear” y “lanzar” todo tipo de acusaciones.

“Los propios jueces expulsaron a las autoridades legislativas del caso. Se han arrimado a una denuncia para hacer vocería en la puerta de la Fiscalía”, concluyó.

/JDLF

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De acuerdo al trabajo investigativo que realiza el Ministerio Público del total de casos de feminicidio el 94% se encuentra con responsables del hecho, mientras que en infanticidio se tiene identificados al 77% de los agresores.

“Existe un total de 34 hechos de muerte de mujeres de forma violenta que es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, trabajo que se realiza bajo la dirección funcional de los fiscales mixtos o de provincia en coordinación con el Instituto de Investigaciones Forenses y la Policía Boliviana. En la gestión pasada, 2021 al ocho de mayo, se tenía 41 feminicidios y en la gestión 2022 existen 34, lo que demuestra una disminución de casos”, señaló Fajardo.

Del total de hechos de feminicidio, la mayor incidencia se encuentra en el departamento de La Paz con 13 casos, seguido de Santa Cruz nueve, Cochabamba siete, Beni dos, Potosí dos y Tarija uno.

Respecto al grupo etario, el director señaló que tres víctimas están entre las edades de 61 años a más, dos (51 a 60 años), uno (41 a 50 años), 12 (31 a 40 años), diez (21 a 30 años), seis (13 a 20 años).

De acuerdo al reporte del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las causas de muerte de las víctimas fueron por asfixia manual o a lazo en 12 casos, seguido de golpe o trauma con 11, arma blanca nueve, intoxicación por sustancia uno, otras causas desconocidas uno.
“Con relación a las víctimas de feminicidio con el agresor se tiene que tres no guardaban relación con el victimario, 11 eran los enamorados, 14 eran concubinos, cuatro exconcubinos, un esposo, dos sin determinar. “Se muestra que al interior del hogar se registran los hechos a veces por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, los celos, la desmedida patriarcalización, entre otros”, asevero.

Respecto a la etapa procesal del total de casos de feminicidio, nueve están con sentencia condenatoria, 23 en etapa preparatoria, dos en etapa preliminar, uno con acusación formal. En estos casos se tiene a 32 personas identificadas plenamente como los autores de los hechos, que representa el 94% del total de casos, resultados que demuestran una alta eficiencia investigativa por parte de las autoridades competentes.

INFANTICIDIO

A nivel nacional se registran 15 víctimas de infanticidio, la mayor incidencia está en el departamento de La Paz con siete, seguido de Potosí con tres, Cochabamba con dos, Santa Cruz dos y Tarija uno.

“Respecto a la gestión pasada, lamentablemente, se tiene que existe un incremento de los hechos de infanticidio, ya que para el ocho de mayo de 2021 se tenía diez víctimas, mientras que al 2022, a la misma fecha se registran 15 a nivel nacional”, indicó Fajardo.

Según las edades de las víctimas, uno está entre (11 a 12 años), dos (ocho a diez años), dos (cuatro a siete años), diez de (cero a tres años).

Los registros señalan que la relación de las víctimas con el agresor se da por parte de la madre con cinco casos, tres el padrastro, tres sin determinar, dos el padre, uno padres y uno padre y madrastra.

Los casos de muerte de los infantes fueron por golpe o trauma con seis, asfixia cinco y por intoxicación por sustancia son cuatro, haciendo un total de 15 víctimas de infanticidio.

/HNF/

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El Ministro señaló que en la investigación se determinará si es falsa o cierta la denuncia en este caso.

“Existe una serie de contradicciones en las declaraciones testificales que no condicen con algunos audios, por tanto estos elementos tendrán que ser valorados por el Ministerio Público”, manifestó Del Castillo, según reporte de la red Erbol.

Asimismo, este proceso se abrió después de que Evo Morales, de manera pública, difundió los audios en los cuales supuestamente policías evidenciarían que había un instructivo superior para retirarse de un laboratorio de drogas encontrado en Valle Sacta.

La semana precedente, Morales reclamó que no haya detenidos por este caso, habiendo audios, cuando en otros procesos, como de los “narcotiktokers” sí hay personas aprehendidas.

El Ministro de Gobierno señaló que el Ministerio Público debe realizar las pericias de los audios correspondientes.

De esa manera, señaló que en caso de que la denuncia sea verdad, “tendrá que haber las acciones correspondientes”; pero en caso de ser falsa, “tendrá que cerrarse el caso conforme normativa legal vigente”.

/MDCB

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El jueves reciente se conoció una citación del Ministerio Público en contra de Velásquez para que declare el 26 de abril como investigado por el delito de uso indebido de influencias, en una querella que activó el Ministerio de Gobierno.

“Obviamente vamos a ir, vamos a presentarnos, tenemos que ser ejemplo y responder a lo que realmente se nos hace una demanda”, afirmó el legislador oficialista que representa a Los Yungas de La Paz.

Según los archivos de la agencia de noticias Fides, Velásquez es el diputado cuestionado en febrero por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cuando estuvo en la localidad de La Asunta y afirmó que hay dirigentes y diputados que se enriquecen con la producción de hoja de coca.

En ese entonces sus declaraciones generaron malestar en los asambleístas del Trópico de Cochabamba, incluso las Seis Federaciones, lideradas por Evo Morales, expresaron su rechazo ante las palabras de la autoridad.

En tanto, la bancada del MAS lo escuchó en una sesión reservada y tras quedar inconformes optaron por acelerar una interpelación, en señal de malestar.

Velásquez, en entrevista con F10, afirmó desconocer de la citación de la Fiscalía Departamental de La Paz y dijo que podría tratarse de acusaciones infundadas; y que por su experiencia como dirigente, sabe del procedimiento para traslado de coca.

INFORMACIÓN

El Ministerio de Gobierno conoció de las irregularidades en el transporte de coca, por los reportes de Inteligencia y el informe JNI 2022 del 11 de marzo de 2022, en el que se señala al diputado oficialista de tener un nuevo “modus operandi” en el traslado de la hoja de coca a través de un grupo de personas entre amistades y familiares, además de lugares que son dedicadas a la comercialización en zonas rojas de producción de cocaína (Qaqachakas-Oruro, Yapacani-Santa Cruz), según el reporte policial al que accedió el canal F10.

/SVL

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En agosto de 2020, en el Gobierno transitorio de la Presidente Jeanine Añez, mediante el Ministerio de Educación, se determinó clausurar la gestión académica, hecho que generó diferentes críticas y rechazos por parte de maestros y actores políticos. Por tal motivo, la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, había presentado una acción popular que pusiera fin a dicha clausura.

La información fue confirmada por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien manifestó, ante los medios de comunicación, que se solicitará la detención domiciliaria de quien fuera ministro de Educación bajo la presidencia de Áñez.

“El Ministerio Público ya dictó una imputación contra el Lic. Limbert Ayarde Velasco, que trabajaba con Víctor Hugo Cárdenas, y contra el mismo exministro de Educación. Es un proceso con imputación presentada. Cárdenas tendrá que asumir su defensa”, afirmó Lima.

“Se ha tenido un grave retroceso en temas de derechos humanos y de afectación de temas tan relevantes como es el derecho a la educación de los niños, siendo una fecha tan relevante como la que celebramos con el 12 de abril tenemos que empezar a pedir cuentas a quienes han afectado ese derecho de una manera tan grosera”, aseveró el ministro de Justicia.

El pedido de detención domiciliaria para el exministro Cárdenas se debe a su estado de salud.

La expresidente Jeanine Añez dispuso la clausura del año escolar en la gestión 2020 en todas las unidades educativas públicas, privadas y de convenio, ante la imposibilidad de continuar en la modalidad de educación virtual debido a las dificultades de acceso al internet en el área rural.

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De acuerdo al documento, Bolivia dispone de 564 fiscales de materia. El departamento de La Paz tiene un mayor número de fiscales de materia, con un total de 146.

“Soy convencido de que sin herramientas técnicas y de análisis que muestren la real dimensión de la problemática que enfrentan las mujeres bolivianas, es imposible encarar las soluciones estructurales que la sociedad merece y que, junto con el Estado, a través de distintos niveles y órganos de gobierno, deben enfrentar conjuntamente”, reconoció el ministro de Justicia, Iván Lima sobre esta problemática que actualmente atinge a las mujeres bolivianas.

Santa Cruz tiene 127 fiscales; Cochabamba 92; Chuquisaca 43; Tarija y Potosí tienen 40, respectivamente; Beni 34; Oruro 27 y Pando 15 fiscales, según reporte del portal informativo Innovapress.

Los datos mencionados reflejan que el Ministerio Público tiene presencia en todos los departamentos del país, asignando mayor cantidad de fiscales a las ciudades del eje. Sin embargo, no todos los fiscales están en las capitales de departamento o se dedican a atender, exclusivamente, las violencias.

“Si se cruza la información del propio Ministerio Público de cantidad de fiscales asignados a la atención e investigación de los delitos de la Ley 348 con la de comisión de los ilícitos por departamentos, se puede advertir un desequilibrio que debiera ser ajustado, a fin de no generar excesiva carga y demora procesal”, señala el estudio.

1.084 efectivos de la Felcv

En ese mismo informe se señala que la Felcv tiene presencia en los nueve departamentos y tiene una Dirección Nacional. En el departamento de La Paz están 23 oficinas, en Santa Cruz 20, en Cochabamba 19, en Tarija 15, en Chuquisaca diez, en Potosí 12, en Oruro diez, en Beni dos y en Pando tres, haciendo un total de 114 oficinas a nivel nacional, tanto en capitales como en provincias.

La Felcv de La Paz dispone de 348 efectivos policiales y 224 investigadores policiales, de los cuales 42 están en El Alto. El departamento de Cochabamba tiene 186 efectivos y 159 investigadores policiales; Santa Cruz tiene asignados 177 efectivos y 142 investigadores; Tarija 107 efectivos y 79 investigadores; Oruro 86 efectivos y 47 investigadores; Potosí 70 efectivos y 49 investigadores; Chuquisaca 47 efectivos y 32 investigadores; Beni 31 efectivos y 25 investigadores; Pando también tiene 31 efectivos y 22 investigadores policiales.

De esa manera, el estudio concluye respecto a la labor del Ministerio Público que no se había aplicado desde esa instancia, es decir, la Fiscalía, ninguna medida de protección hacia las mujeres, a pesar de haber sido habilitada legalmente para ello, argumentando que los oficiales que cumplen la función de investigación, coordinan con los representantes del Ministerio Público para la implementación de medidas de protección.

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