Cooperación judicial en la lucha contra la trata de personas

El 3 de agosto, el Ministerio Público de Bolivia dio un paso clave en la consolidación de la cooperación judicial fronteriza al participar activamente en el encuentro regional ‘Fiscalías del Mercosur contra la Trata de Personas: Cooperación Integral en Toda la Ruta’, llevado a cabo en Río de Janeiro, Brasil.

Delegación boliviana en el seminario internacional

La delegación boliviana estuvo integrada por la jefa de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, María Luisa Herrera López, y la fiscal de materia de la Fiscalía Superior en Razón de Género, Grisela Tirado Barrero, quien representó directamente al país en las mesas de trabajo técnico. Este seminario internacional fue organizado conjuntamente por el Ministerio Público Federal de Brasil y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), congregando a fiscales, especialistas y autoridades judiciales de los países miembros y asociados del bloque regional, según cita ABI.

Mecanismos de coordinación judicial

El eje central de esta cita internacional se enfocó en perfeccionar los mecanismos de coordinación judicial para encarar de forma oportuna la trata de personas y sus delitos conexos, bajo el entendimiento de que las redes criminales actúan sin fronteras.

Tema prioritarios abordados

• Intercambio de información operativa en tiempo real entre las fiscalías de la región.
• Buenas prácticas en la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales.
• Protocolos de asistencia y protección integral a las víctimas de trata en toda la ruta migratoria.
• Consolidación de alianzas estratégicas entre los Estados miembros y asociados del Mercosur.

Compromiso del Ministerio Público

El Ministerio Público de Bolivia estuvo involucrado en este encuentro. ‘El encuentro buscó fortalecer los mecanismos de coordinación y la asistencia mutua para enfrentar este flagelo mediante estrategias integrales de investigación y persecución penal’, destacó Herrera a través de un informe institucional. Con esta representación técnica de alto nivel, la Fiscalía General del Estado reafirma el compromiso de Bolivia para articular esfuerzos institucionales a escala regional y dar una respuesta efectiva y coordinada ante este delito que vulnera los derechos humanos en Sudamérica.

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