Ministerio de Gobierno enfrentan caso de soborno en aeronaves

El Ministerio de Gobierno de Bolivia emitió un comunicado oficial sobre un intento de soborno relacionado con la liberación de aeronaves. Los hechos denunciados ocurrieron recientemente y están bajo investigación del Ministerio Público.

Detalles del caso

La base de las operaciones irregulares se sitúa en el departamento del Beni, donde se encuentran las 41 aeronaves involucradas. Sin embargo, el proceso administrativo y penal se gestiona desde La Paz.

Investigación del capitán involucrado

Un capitán de la policía, identificado como ayudante del ministro Marco Antonio Oviedo, intentó sobornar a otros efectivos para liberar aeronaves inmovilizadas. Se investiga la autorización de salida de avionetas desde Beni bajo un presunto esquema de cobertura ilegal.

Informe de la Felcn

El caso comenzó a gestarse a partir de un informe reservado de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). En este informe se detectaron comunicaciones irregulares para coordinar la salida de las 41 aeronaves inmovilizadas. Según las investigaciones, el capitán involucrado ofreció un soborno de 10.000 dólares por cada avioneta a cambio de garantizar “cobertura” y autorizar los vuelos, sumando una cifra total de 410.000 dólares.

Acciones del Ministerio de Gobierno

Tras detectarse estos indicios delictivos, el Ministerio de Gobierno presentó una denuncia formal ante las instancias policiales y el Ministerio Público. Durante este periodo inicial, la cartera estatal mantuvo las actuaciones en reserva y bajo estricta confidencialidad. Esto se debió a que la investigación estaba bajo la dirección funcional del Ministerio Público, encargado de determinar la veracidad de los hechos y evitar que se entorpeciera el proceso penal.

Comunicado oficial y política contra la corrupción

Ante la filtración de información en diversos medios, el 15 de abril, el Ministerio emitió un comunicado oficial admitiendo el proceso en curso contra el oficial. En este documento, justificó su silencio administrativo previo como una medida legal y reafirmó que todas las actuaciones están documentadas. Además, ratificó su política de “tolerancia cero” ante cualquier funcionario involucrado en conductas ilícitas.

Cita del Ministerio

El Ministerio afirmó: “La decisión de no hacer pública esta actuación en su momento respondió a que los hechos se encontraban bajo la dirección funcional del Ministerio Público”. Asimismo, reafirmó su política de “tolerancia cero a la corrupción”, asegurando que no protegerán ni encubrirán a ningún funcionario.

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Rendición de cuentas del Ministerio de Gobierno en 2025

El día viernes 27 de marzo, el Ministerio de Gobierno realizó la Rendición Pública de Cuentas Final correspondiente a la gestión 2025. Durante este evento, se evidenció la ausencia de información sobre temas sensibles relacionados con la seguridad nacional.

Faltantes en la información presentada

Rubén Darío Cardozo, director de Asuntos Administrativos del Ministerio, mencionó que no se encontró información sobre:

• La tenencia de armas y el control sobre los antecedentes de las personas que recibieron autorizaciones de permanencia.
• El control fronterizo en los puntos terrestres y aéreos, ya que el sistema se encuentra en etapa de prueba.
• La efectividad en la lucha contra el narcotráfico, donde aunque se mencionan operativos, no hay registros que permitan verificar una disminución en esta actividad delictiva.

Necesidad urgente de modernización

Cardozo destacó que “no se pudo establecer ni generar políticas de prevención y uso indebido de armas”, lo que indica una necesidad urgente de modernizar los sistemas de registro para el control adecuado. Además, mencionó que “todos los reportes sobre estos procesos han carecido de veracidad para poder determinar cuál ha sido este fortalecimiento” en relación al programa destinado a mejorar la Policía.

Conflictos y operativos contra el narcotráfico

Durante la gestión pasada, se reportaron 1.282 conflictos; sin embargo, no se especificaron los procedimientos aplicados ni el porcentaje de avance. Cardozo también informó que hubo 10.000 operativos contra el narcotráfico, pero no existen registros claros para contrastar su efectividad.

Afectaciones económicas y controles insuficientes

En cuanto a las organizaciones criminales desarticuladas y las afectaciones económicas al narcotráfico, Cardozo afirmó: “no hemos podido establecer de manera objetiva” las pérdidas económicas causadas a estas organizaciones. Se mencionó una afectación económica estimada en 784 millones de bolivianos, pero sin datos precisos que respalden esta cifra.

Respecto a los controles a empresas que manejan sustancias químicas controladas, Cardozo indicó que “no se pudo corroborar tampoco la cantidad de inspecciones” realizadas para evaluar su impacto en la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, se reportaron 10.000 hectáreas erradicadas o racionalizadas, lo cual representa un avance mínimo del 27,3% en esta tarea.

Aspectos migratorios y recaudación por bienes incautados

En términos migratorios, se otorgaron 28.000 permanencias a ciudadanos extranjeros sin contar con información adecuada sobre sus antecedentes. Cardozo enfatizó que “conocer quién entra y quién sale” es fundamental para garantizar la seguridad ciudadana.

Finalmente, Cardozo resaltó que la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) tenía como meta generar una recaudación de 24 millones de bolivianos; sin embargo, alcanzó 103 millones gracias a bienes provenientes de actividades ilícitas. A pesar del éxito financiero, no se pudo verificar el destino exacto de las transferencias realizadas por Dircabi.

Conclusiones sobre la rendición de cuentas

La falta generalizada de información en el Ministerio evidencia serias debilidades en la seguridad nacional del país.

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A través de un video difundido en TikTok, Lara afirmó que recibió esta información desde el interior de la propia Policía Boliviana. “Me llegó información de que en el Ministerio de Gobierno están intentando armarme un caso, encabezado por el mayor Silva. Este oficial fue dado de baja por tráfico de armas, participó en la represión de Porvenir, estuvo en el operativo del Hotel Las Américas y ahora trabaja como ayudante general del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo”, señaló.

Según Lara, el mayor tendría la instrucción directa del ministro para iniciar un proceso en su contra y apartarlo de la contienda política.

Compromiso contra la corrupción

Pese a estas acusaciones, el Vicepresidente aseguró que continuará con su lucha contra la corrupción, tal como lo hizo incluso antes de asumir un cargo público.

Críticas al endeudamiento

En el mismo pronunciamiento, también cuestionó el endeudamiento impulsado por el oficialismo a través de créditos internacionales. Lara sostuvo que el presidente Rodrigo Paz gobierna en favor de los sectores con mayor poder económico y bajo la influencia de Samuel Doria Medina.

Apoyo a legisladores leales

Finalmente, Lara pidió a los legisladores que aún le son leales mantenerse firmes, aunque advirtió que algunos ya habrían “cedido” a otros intereses.

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Con estas designaciones, Oviedo declaró que se completa el equipo que administrará la cartera, al que dio la bienvenida destacando su “mucha experiencia y mucha calidad profesional”.

Viceministros designados

El ministro Oviedo designó a profesionales con experiencia para asumir las siguientes responsabilidades:

Viceministro de Régimen Interior: Jorge Franz García Pinto (quien sustituye a Jhonny Aguilera).

Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas: Ernesto Justiniano Urenda.

Viceministro de Seguridad Ciudadana: Coronel del servicio pasivo Rolando Montaño Fernández (quien fue comandante departamental de Cochabamba en 2018).

Regreso del “zar antidrogas”

Uno de los nombramientos que más resaltó fue el de Ernesto Justiniano Urenda, quien regresa al cargo de Viceministro de Defensa Social, conocido históricamente como el “zar antidrogas” después de más de 20 años.

Justiniano ya ejerció esta función entre 2002 y 2003 durante el último Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. En su juramento, señaló: “Vuelvo al servicio público con la serenidad que dan los años para construir soluciones realistas, transparentes y sin ideologías en la lucha contra las drogas”.

Cooperación internacional y tecnología

El viceministro anunció que impulsará la cooperación internacional inteligente basada en el respeto y resultados concretos. Asimismo, apostó por soluciones que involucren tecnología y desarrollo alternativo, considerando al productor legal como un aliado.

Prioridades del Ministerio de Gobierno

Al concluir el acto de posesión, el ministro Oviedo delineó las prioridades de trabajo para el Ministerio de Gobierno: priorizará el diálogo con los sectores sociales y el desarrollo de proyectos conjuntos para un nuevo tipo de Estado.

Además, enfatizó trabajar con firmeza en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas.

Oviedo concluyó manifestando su objetivo de “hacer de esta cartera un modelo de administración del siglo XXI”.

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Protección de derechos humanos

La Defensoría del Pueblo logró obtener tutela en la Acción de Protección de Privacidad que fue interpuesta contra el Ministerio de Gobierno. Este hecho marca un hito importante en la protección de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta al principio de presunción de inocencia.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, publicó en su cuenta de X que “la jurisdicción constitucional ha marcado un hito en la jurisprudencia nacional respecto a la protección y respeto de los derechos a la honra, intimidad, imagen y dignidad, además del respeto al principio de presunción de inocencia”.

Detalles del caso

Reyna fue reportada como desaparecida junto a sus dos hijos el 30 de diciembre. La Policía activó un operativo de búsqueda y el 21 de enero la encontró en un alojamiento junto a sus hijos. Sin embargo, horas después, el 22 de enero, fue presentada ante la prensa como sospechosa de simulación de delito y abandono de menor.

Según la Defensoría, los funcionarios involucrados “transgredieron” sus derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor y propia imagen. También vulneraron el principio de presunción de inocencia, ya que no contaba con una sentencia ni dio su consentimiento para ser presentada de esa manera.

Acciones del juez

En este contexto, el juez dispuso que el Ministerio de Gobierno retire de su página web la conferencia en la que apareció Reyna. Además, ordenó que el ministro Eduardo Del Castillo, en un acto similar y en conferencia de prensa, rectifique la información que se otorgó respecto a la peticionante.

Callisaya destacó que la Resolución Constitucional 038/2025 estableció esta determinación basándose en jurisprudencia comparada. Por un lado, se tomó en cuenta una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia; por otro lado, se consideró una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Valencia Campos y otros contra el Estado boliviano.

Llamado a la acción

Semanas atrás, la Defensoría del Pueblo hizo un “llamado urgente” a las autoridades competentes para que adopten acciones que garanticen la libertad, el debido proceso y la no revictimización. El principio de presunción de inocencia establece que “todas las personas acusadas tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley”, según el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

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El informe presentado por el Ministerio de Gobierno destaca a Tarija como la ciudad capital con mayor incidencia de consumo de alcohol, seguida por Cochabamba y Sucre. Los datos revelan que los hombres consumen más alcohol que las mujeres, representando el 51,1% de los encuestados que reportaron haber bebido en los últimos 12 meses.

Prevalencia del consumo de alcohol por departamentos

El estudio también muestra datos reveladores sobre la prevalencia del consumo de alcohol por departamentos. Tarija se posiciona como la ciudad capital con mayor índice de consumo, donde el 73,9% de los encuestados admitió haber consumido alcohol en algún momento de su vida. Cochabamba ocupa el segundo lugar con un 64,4% de personas encuestadas que admitieron haber bebido alguna vez. En cuanto al consumo en los últimos 12 meses, Oruro se sitúa en el segundo lugar con un 43,5%, seguido por Sucre con un 42,1%. Por otro lado, Potosí registra una cifra del 23,9% en los últimos 30 días.

Disminución significativa en el consumo de alcohol

El estudio presentado por el Ministerio de Gobierno destaca que ha habido una disminución significativa en el consumo de bebidas alcohólicas en las ciudades capitales bolivianas en los últimos años. Además, se resalta la brecha existente entre hombres y mujeres en cuanto al consumo, siendo los hombres quienes lideran en este aspecto.

/ APC /

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El diputado Arispe también ha señalado al coronel Edwin Pérez Mendieta como responsable de haber llamado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset para facilitar su escape del país. Además, ha afirmado que el coronel ha estado recibiendo pagos por protección durante más de un año, con el conocimiento del ministro Eduardo Del Castillo. Arispe advierte a la militancia del MAS que estén atentos ante cualquier movimiento sospechoso.

Presión para renovar la directiva del partido

El congreso del MAS, programado para el 3 de septiembre, tiene como objetivo la renovación de la directiva del partido. Sin embargo, se enfrentan a una presión adicional debido a un plazo “fatal” establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que vence el 5 de septiembre. De no cumplir con esta renovación, el partido podría enfrentar graves consecuencias, como una segunda amonestación y la posible pérdida de su personería jurídica.

TSE rechaza supervisar el congreso del MAS

El Tribunal Supremo Electoral ha rechazado supervisar el congreso de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS). El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, ha defendido esta decisión argumentando que el partido no ha acreditado el consenso con sus organizaciones matrices. Según Hassenteufel, toda convocatoria a congreso nacional debe ser realizada por la directiva en consenso con las organizaciones sociales.

Acusaciones de instrumentalización del TSE

El líder del MAS, Evo Morales, y sus seguidores han cuestionado al Tribunal Supremo Electoral y lo han calificado como “instrumento del Gobierno” para viabilizar la inhabilitación de Morales como candidato a las elecciones presidenciales de 2025.

Alerta por posibles acciones de violencia

El diputado Arispe ha alertado sobre posibles acciones como cortes de luz, gasificación y la siembra de elementos para simular un autoatentado. Estas medidas estarían dirigidas a los manifestantes en vigilia en distintos puntos del trópico de Cochabamba. Se insta a la militancia a estar atenta y tomar precauciones.

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Según Cabezas, el mensaje, enviado por un funcionario público llamado José Llorenti, contenía una advertencia que decía “A todos los medios de los Yungas, Evo está allá y algo tiene que pasar”. Esta declaración ha generado una profunda inquietud, ya que implica que se podrían estar gestando acciones contra la seguridad del ex presidente Morales durante su visita a Caranavi el pasado 14 de agosto.

Exigencia de intervención del Ministerio Público

Ante esta circunstancia, Evo Morales ha exigido una pronta intervención del Ministerio Público. En una entrevista en Radio Kawsachun Coca, Morales señaló que esta situación no solo pone en riesgo su vida, sino que también afecta su integridad y seguridad. Además, el ex mandatario reveló la existencia de otras cuentas y mensajes en redes sociales que incluso han expresado intenciones de asesinato.

En este sentido, Morales ha enfatizado la necesidad de llevar a cabo una investigación profunda para esclarecer estos supuestos intentos de atentado en su contra.

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El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, ha destacado que esta condecoración se otorga a los policías que se han destacado por su labor institucional, compromiso con su trabajo y prácticas policiales ejemplares en sus respectivas regiones.

Una institución con historia y compromiso

El ministro recordó que la Policía Boliviana fue fundada el 24 de junio de 1826 por el Mariscal Antonio José de Sucre, con el propósito de garantizar la seguridad de todos los bolivianos, proteger la Constitución Política del Estado y resguardar la integridad del país.

Del Castillo resaltó la importancia de la labor policial a lo largo de la historia de Bolivia, desde la creación de la institución por figuras como Sucre y el Mariscal Andrés de Santa Cruz, hasta el compromiso y la integridad demostrados por los efectivos actuales.

Un ejemplo a seguir

El ministro instó a los condecorados a seguir siendo un ejemplo para sus familias, camaradas y para la propia institución policial. Asimismo, destacó la importancia de mantener el honor, la justicia y la integridad en el cumplimiento del deber.

Rumbo al bicentenario de la Policía Boliviana

Del Castillo destacó que la Policía Boliviana se encuentra en camino hacia su bicentenario y reafirmó que la gran mayoría de sus integrantes son hombres y mujeres de justicia y de honor, que no deben ser manchados por unos pocos efectivos que perdieron el camino.

Reconocimiento al trabajo y dedicación

La entrega de la condecoración “Policía de Honor” se realizó con el objetivo de reconocer el trabajo y dedicación de los mejores policías de cada departamento del país.

/AGE

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En un consejo universitario de emergencia, se hizo un manifiesto en demanda de la intervención del Ministerio de Gobierno ante los enfrentamientos entre chóferes y universitarios que se salió de control.

Declaraciones del rector y vicerrector

“Prácticamente hablamos con la FUL para que depongan actitudes pero no ha podido ser y me parece que también estuvieron otras personas, yo creo que la Policía identificará. En el consejo universitario de emergencia hemos convocado a que la Policía cumpla con su misión y hemos empezado con la denuncia por los destrozos en al UTO”, destacó el rector de la UTO, Augusto Medinaceli.

Por su parte, el vicerrector Edgar Chire cuestionó los actos vandálicos registrados en los enfrentamientos y destrozos de instituciones cuyos daños tienen un alto valor económico.

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Acusaciones cruzadas entre sectores involucrados

“Estamos exigiendo identificar a los autores que han cometido estos hechos, las instituciones no son responsables, son personas vandálicas los que están promoviendo todo esto, hemos visitado al Gobernador no porque este directamente involucrado, sino porque es autoridad departamental para que nos ayude a contactar al Gobierno central, hay heridos universitarios, vecinos y choferes”, sostuvo.

En contraparte, desde la Federación Departamental de Chóferes San Cristóbal, miembros del directorio acusaron a los universitarios de destrozar su sede y argumentaron que quienes hicieron lo mismo con la UTO presuntamente fueron infiltrados al menos en los conflictos del miércoles.

Pedido común: identificación de responsables

De igual forma pidieron la identificación de los autores de los destrozos en las infraestructuras ambos sectores.

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El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, declaró durante la presentación del catálogo que esta decisión surge después de evidenciar irregularidades en el registro de profesiones en algunas cédulas de identidad. Algunas personas habían registrado como profesión “alemán”, “caporal” o “el de las mil ocupaciones”.

No discriminación a la juventud

El ministro destacó que este nuevo catálogo no discriminará a la juventud, permitiendo que todos puedan registrar la ocupación a la que se dedican.

El nuevo diseño de la cédula de identidad, anunciado anteriormente, se lanzará el 1 de noviembre y tendrá entre sus características líneas de los himnos departamentales.

Catálogo con variedad profesional

La directora nacional del Segip, Patricia Hermosa, indicó que este catálogo cuenta con un total de 1.175 registros: 896 profesiones en diferentes niveles de formación (Técnico Medio, Técnico Superior Universitario y Licenciatura) y un total de 279 ocupaciones en distintas áreas laborales como tecnología, salud agropecuaria o construcción.

Información proporcionada por entidades

El catálogo está realizado en base a datos proporcionados por el Ministerio de Educación, el Comité Ejecutivo Universitario Boliviano (CEUB) y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Presentación oficial en TikTok

La presentación oficial del nuevo catálogo también fue informada por el Ministerio de Gobierno mediante un llamativo video compartido en la cuenta oficial de TikTok de la dependencia estatal.

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El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricio Mendoza, cuestionó esta acción y expresó su preocupación: “Si esto es cierto, entonces los operativos que realiza el Ministerio de Gobierno son un chiste. Esto tiene que investigarse, con razón somos un chiste para todo el mundo. No agarramos a los peces gordos, solo a los chiquitos”. Además, Mendoza señaló que este tipo de actitudes por parte del ministro Eduardo Del Castillo dificultan la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien logró escapar durante un megaoperativo policial en Santa Cruz de la Sierra.

TikTok no es gestión gubernamental

Mendoza afirmó que hacer TikTok no es hacer gestión y considera que es una burla para la población boliviana. Según él, los “tiktokers” solo buscan fama y no brindan información verídica. También mencionó que estas acciones contribuyen a estigmatizar al Trópico de Cochabamba.

Cuestionamiento sobre exposición y confidencialidad

Por otro lado, el diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana (CC) cuestionó la decisión del Ministerio de Gobierno de llevar a un civil a un operativo antidrogas. Considera que exponer la vida del “tiktoker” y revelar las identidades de las tropas especiales va en contra del secreto y la confidencialidad necesarios en este tipo de operaciones encubiertas.

Critica falta de normativa e influencer

Reyes también criticó la falta de normativa que permita contratar a un influencer para promocionar una gestión gubernamental. Además, preguntó sobre los gastos y pagos realizados a este influencer, mientras cuestionaba el papel del Ministerio de Gobierno por no capturar al narcotraficante Marset.

Indignación entre periodistas

Varios periodistas expresaron su indignación ante esta situación y lamentaron que las autoridades den prioridad a los “tiktokers” en lugar de los profesionales de la información para cubrir temas relacionados con el narcotráfico. Una periodista protestó diciendo: “Es realmente una pena ver este tipo de cosas, mientras a nosotros como periodistas no se nos respeta ni el horario de las conferencias que convocan”.

Cabe destacar que el video del “tiktoker” se difundió este martes por sus redes sociales.

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Durante la mañana de este martes los transportistas se apersonaron a oficinas del Viceministerio de Seguridad Ciudadana y la única respuesta que recibieron fue que hasta el viernes se subsanará las peticiones. Sin embargo, el sector no confía en que se pueda cumplir con la demanda a nivel nacional, ya que sólo dos técnicos estarían trabajando en esa área.

“Estamos a días de que finalice el año 2022 y nos preocupa que la Policía nos espere y extorsione. Como transporte interprovincial pasamos varias trancas por eso, pedimos al Ministerio de Gobierno una ampliación de 30 días, el pedido es de varios sindicatos y federaciones”, explicó Layme, según Agencia de Noticia Fides.

El dirigente del transporte explicó que presentaron la documentación de todos sus afiliados en los tiempos correspondientes, pero sólo el 50% recibió las rosetas, el otro porcentaje de chóferes teme que desde el 1 de enero de 2023 sean sancionados con multas por no portar con una autorización.

Decreto Supremo 470

El Decreto Supremo 4740 establece que la circulación de vehículos con vidrios oscurecidos de fábrica o polarizados, debe tener una autorización del Ministerio de Gobierno, y que únicamente podrán acceder a estos vidrios, las ambulancias, vehículos de organismos internacionales y todo aquel que tenga placa diplomática legalmente acreditada.

A partir del 1 de enero de 2023, la Dirección de Tránsito controlará y sancionará con Bs. 100 a los infractores.

Extorsión Policial a Futuro

El dirigente del transporte interprovincial teme que la Policía, en el cumplimiento de sus deberes, los extorsione en cada tranca en la ciudad de La Paz, ya que saben que los efectivos policiales se excederán en el control sin saber que sus afiliados cumplieron con toda la documentación y el Viceministerio no cumplió con su trabajo.

“Seguramente, la Policía va buscar su aguinaldo porque hablar de policías es mucho, incluso han pedido con nota a los sindicatos su aguinaldo. Es una vergüenza, de frente piden. Para la Policía seguramente va ser bienvenido eso de extorsionar, sabemos muy bien cómo funciona, seguramente en cada tranca nos van a molestar”, anticipó Layme.

Asimismo, aseguró que están dispuestos a asumir medidas de presión en caso de no ser escuchados en su demanda de lograr la ampliación de 30 días, porque consideran que en el país todo funciona con movilizaciones y desacatos.

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La autoridad presentó la solicitud del PIE ayer en la mañana, primeramente ante el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, para luego ser presentado al Ministerio de Gobierno.

“Informe usted, cuál es la función que está cumpliendo la policía para garantizar el trabajo de la prensa en el conflicto por el censo en el departamento de Santa Cruz y en todo el país. Adjunte documentación de respaldo”, señala una de las peticiones.

Asimismo pide una explicación del porqué la policía aparentemente no dio protección al periodista Mario Rocabado de la Red Unitel el martes 1 de noviembre durante los enfrentamientos en La Guardia.

De igual manera pide conocer qué garantías ofrece el Ministerio de Gobierno a periodistas, reporteros, fotoperiodistas, y camarógrafos para cumplir con el mandato constitucional de velar por la libertad de prensa.

“Informe usted si se ha identificado a los policías que no protegieron al periodista Mario Rocabado y qué acciones legales y disciplinarias está asumiendo para sancionar a estos policías”, menciona la cuarta petición.

En la Petición de Informe Escrito, Valdez también está solicitando saber qué acciones está asumiendo el Ministerio de Gobierno junto a la Policía para controlar a los grupos de choque en el conflicto por el Censo que se está desarrollando en Santa Cruz.

“Informe usted si la Policía Boliviana ha registrado más agresiones a periodistas en Santa Cruz y otros departamentos por partes de grupos de choque por el conflicto del Censo”, finalizó.

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“Está más que clara la colusión que existe entre la defensa de la RJC y el juez del Juzgado de Instrucción en lo penal 4to. de la ciudad de Cochabamba, Andrés Arias Pereira, quienes pretenden alejar a esta cartera de Estado del proceso penal”, señala parte de documento al que accedió LA PATRIA.

Según el enunciado se pretende dejar sin apoyo a las múltiples victimas que identificaron y que han sufrido vejámenes, torturas, privación de libertad, lesiones graves y gravísimas.

“Hemos apelado como corresponde esa decisión antijurídica, ya que conforme establecen los artículos constitucionales es competencia privativa del nivel central la Seguridad del Estado, por lo que podemos ser víctimas y querellantes como en muchos procesos judiciales”, complementó.

Además, manifestaron que, como Ministerio de Gobierno, y conforme al Código Penal boliviano demandarán al juez prevaricador, ya que consideran que, en el ejercicio de sus funciones, la autoridad judicial dictó una resolución manifiestamente contraria a la Constitución Política del Estado.

RESISTENCIA JUVENIL COCHALA

La RJC fue calificada por el Gobierno, como un grupo violento que se trasladaba en motocicletas y causaba zozobra en la población. Fue protagonista de momentos violentos durante el Gobierno transitorio de la expresidente Jeanine Añez.

JUICIO CONTRA LÍDERES DE LA RJC

Por la acusación de supuestos destrozos en el edificio de la Fiscalía General en Sucre durante las protestas contra Juan Lanchipa en octubre de 2020, los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) afrontan su juicio oral desde septiembre.

El abogado de los miembros de la RJC, Jorge Valda, informó en días precedentes que se proyecta la conclusión del juicio el 14 de octubre.

/HNF/

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“La entidad desconcentada Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (Obscd), tiene la función de recopilar, generar, procesar, analizar, interpretar y difundir información sobre seguridad ciudadana, criminalidad transnacional y delitos en todas sus manifestaciones”, señaló el documento publicado por el Ministerio.

El observatorio tiene la potestad de cumplir sus funciones en todo el territorio nacional.

Asimismo, el alcance de sus informes permite la toma de decisiones, implementación y evaluación de políticas adoptadas en materia de seguridad estatal. Los resultados de las investigaciones impulsadas desde el observatorio se divulgan de forma semanal, según el documento.

Para conocer la producción, consumo y comercialización de las sustancias controladas la Gobernación cruceña presentó un proyecto de ley que permita crear un observatorio de lucha contra el narcotráfico.

La iniciativa se conoció después de la multitudinaria marcha ciudadana en contra del narcotráfico que se llevó adelante en la capital cruceña el reciente martes.

El Ministerio de Gobierno observa la vigencia de un marco legal que determina las competencias en los diversos niveles de Gobierno: nacional, departamental y municipal.

“El intento de crear un observatorio de lucha contra el narcotráfico a nivel departamental no puede tomarse a la ligera, pues interferiría con uno nacional“, indicó en la publicación.

El documento desvirtúa los cuestionamientos señalados por Camacho sobre la falta de información fluida que ofrece el observatorio dependiente del Ministerio.

”La entidad departamental no solicitó de manera verbal o escrita, ninguna información sobre la lucha contra el narcotráfico en su departamento“, se lee en el comunicado.

En el texto se pide a Camacho trabajar por la población de Santa Cruz con la seriedad que corresponde a un cargo como el que ocupa.

”Hay un observatorio de seguridad ciudadana a nivel nacional, pero es muy burocrático y es muy difícil conseguir la información, así que, qué mejor que los gobiernos subnacionales tengan uno y puedan beneficiarse con esta ley”, afirmó, el secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Alejandro Soljancic, en contacto con El Deber.

Soljancic severó, que el observatorio propuesto por la Gobernación solicitará y recabará información tanto de instituciones públicas como privadas.

Se refirió también a la problemática derivada por la comercialización de drogas.

“Está muy arraigada en todas las bases y cimientos del departamento y se manifiesta en la cantidad de personas drogodependientes y el microtráfico que está muy fuerte en las provincias”, manifestó el funcionario.

/NVY

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La autoridad se pronunció en sus redes sociales y acusó a Rivas de emitir 445 alertas migratorias “sin orden fiscal o judicial”, supuestamente para perseguir y “amedrentar” al pueblo.

La alerta migratoria sirve para notificar a las autoridades de posibles viajes al exterior de personas con cuentas pendientes ante el Ministerio Público.

Caso alertas migratorias

La denuncia contra Rivas fue presentada por el Ministerio de Gobierno en 2020, por el caso alertas migratorias irregulares, lo que supuestamente facilitó la salida del país de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, mientras ejercían funciones, de acuerdo al reporte del diario Ahora el Pueblo.

Rivas enfrenta una posible condena por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y uso indebido de bienes y servicios del Estado.

Actualmente cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

/JDLF/

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Desde el Poder Ejecutivo no dieron mayores detalles del cambio.

Téllez fue posesionado en un breve acto realizado esta mañana en Santa Cruz. Fue posesionado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien se limitó a posesionar a la nueva autoridad sin dar declaraciones, según reporte de El Deber.

Por su parte, el nuevo viceministro indicó que toma el cargo con mucha “lealtad” al instrumento político, al Presidente Luis Arce y al “jilata” David Choquehuanca”.

“Asumimos con lealtad, se trabajará coordinadamente con el Ministro, se garantizará la seguridad del Estado. Es importante indicar que este trabajo se realizará con el apoyo de todos”, declaró la nueva autoridad.

Téllez tiene carrera en la administración pública ya que fungía como director de Régimen Interior y Policía. Anteriormente fue asesor de conflictos del Ministerio de Gobierno entre 2007 y 2010, durante la presidencia de Evo Morales.

/MDCB

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El presidente del Tribunal Primero de Sentencia, Germán Ramos Mamani, manifestó que el receso se debe a que tienen programada audiencia en horas de la mañana.

“Habiendo sido amplia la exposición por parte de la señora abogada del Ministerio de Gobierno, este Tribunal va a disponer un receso hasta el día de mañana a horas 14:00 en virtud a que también en horas de la mañana tenemos programada una audiencia de juicio oral en el cual la suscrita autoridad es presidente”, sostuvo.

El Tribunal lleva adelante el juicio por el caso “golpe II” en contra de la expresidente, Jeanine Áñez Chávez, Flavio Arce San Martín y Jorge Mendieta Ferrufino, los cuales estuvieron presentes en las audiencias virtuales.

Yuri Calderón, Williams Kaliman Romero, Sergio Orellana y Jorge Fernández Torranzo son juzgados en ausencia y tienen Defensa Pública como asistencia legal, reportó el diario El Deber.

En horas de la mañana, Añez solicitó consideración a la hora de definir el tiempo de duración de la audiencia, explicando que su estado de salud no le permite estar sentada mucho tiempo.

En este caso Añez está acusada por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; por lo que la sanción máxima es de diez años, pero los acusadores piden 15 por un supuesto concurso de delitos.

Alegatos del Ministerio de Gobierno

En la audiencia de esta jornada, la representante del Ministerio de Gobierno, Daniela Zabala, en su alegato final, señaló que Añez se arrogó la Presidencia del Estado de manera “irregular” en 2019. Afirmó que hizo “simulaciones” de sesión para proclamarse, reportó la red Erbol.

Por otro lado, afirmó que los exjefes militares y de la Policía, acusados en el caso, presuntamente colaboraron, ayudaron y protegieron a Añez para su traslado y resguardo antes de asumir la Presidencia el 12 de noviembre de 2019.

Respecto de la culpabilidad del general Yuri Calderón, señaló que existen informes de la propia Policía, de la unidad de protección a altos dignatarios de Estado, que supuestamente el uniformado ordenó su movilización para recibir a Áñez en el helipuerto del Colegio Militar de Ejército.

“¿Si no había presidente los días 11 y 12 de noviembre, a quién obedecía Calderón?”, cuestionó.

Asimismo, señaló que los informes de las Fuerzas Armadas Bolivianas establecen que hubo 21 vuelos para transportar civiles, algunos políticos fueron reconocidos por los pilotos.

Audiencia del 8 de junio

Al retomar el juicio le toca a la Procuraduría General del Estado exponer su alegato final como acusador y, luego, será el turno de la representante del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

Una vez que terminen los alegatos de los acusadores, la defensa expondrá sus argumentos, los jueces se trasladarán a los penales donde se encuentran los detenidos, para escuchar sus últimas intervenciones antes de la sentencia.

/JDLF/

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“La RJC fue parte de la movilización nacional democrática contra el fraude del Movimiento Al Socialismo (MAS). No es responsable de ningún delito y más bien ayudó a parar el fraude masista y a resguardar la democracia, Instamos a movimiento cívico, a los partidos de la oposición democrática, a los ciudadanos de toda Bolivia, respaldar a los jóvenes de la RJC, para impedir que se consume un atropello contra su libertad y sus derechos constitucionales”, señala parte del documento.

A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno informó que la Justicia presentó la acusación formal en contra de los integrantes de la RJC, misma que fue notificada a las partes y se espera que el 6 de junio inicie el juicio oral, donde solicitarán la pena máxima de 20 años de cárcel.

Sobre el tema, Creemos afirmó que esa repartición de Estado parece “un bando autoritario” donde se adelanta el ajusticiamiento de los jóvenes cochabambinos que “resistieron” el fraude del MAS el 2019.

Además, cuestionan que se esté utilizando el informe del Relator de la ONU, Diego García Sayán para solicitar la condena máxima para algunos de sus integrantes y advirtieron que se enviará una nota al diplomático denunciando sobre el uso político del documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“El Ministerio de Gobierno usurpa las funciones que le competen al Ministerio Público y, como en las viejas dictaduras, anuncia actos procesales y fija años de condena a los presos políticos. Las próximas horas, Creemos enviará una carta al Relator Diego García Sayan; informándole sobre el uso político que hace Ministerio de Agobiemos del informe del GIEI”, resalta otra parte del comunicado.

Yassir Molina Lozada, Milena Sotto López, Mario Antonio Bascopé Revuelta y Fabio Alejandro Bascopé Revuelta, enfrentan dos juicios, uno instaurado en la ciudad de Cochabamba y otro en la ciudad de Sucre.

De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, la RJC operó durante 2019 y 2020 como un supuesto grupo armado para “atentar” contra la seguridad interna del Estado.

/HNF/

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“El Código de Procedimiento Penal señala que toda persona que va a ser exhibida ante los medios de comunicación tiene que tener una declaración escrita firmada por su abogado defensor, si no hay la declaración escrita de la persona que va a ser presentada, no puede realizarse (la exhibición)”, manifestó Lima en el programa Asuntos Centrales.

Según el artículo 296, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal, señala que en situaciones de aprehensión los miembros de la Policía deberán cumplir con principios básicos de actuación, por ejemplo: “No permitir que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social, sin su expreso consentimiento, el que se otorgará en presencia del defensor y se hará constar en las diligencias respectivas”.

El ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo cada semana realiza un reporte a los medios de comunicación sobre los operativos de aprehensión y arresto de personas presuntamente involucradas en delitos, en algunos casos son reaprehensiones, quienes están vinculados a diferentes ilícitos robos, narcotráfico, violación, feminicidios, entre otros, sin embargo, la norma presume la inocencia de cualquier persona hasta que sea sentenciada.

En relación al tema, el Ministro de Justicia señala que debe ser ejercida por los abogados de los imputados; Lima agrega que incluso cuando tengan sentencia condenatoria ejecutoriada tiene que existir la firma del defensor dando su consentimiento para ser presentados públicamente.

Lima insistió que es una “responsabilidad compartida de las autoridades y de los medios de comunicación”, no obstante, el código está directamente dirigido a la Policía.

Anteriormente existieron casos, en los que después de ser expuestos o expuestas se determinó su inocencia o que el presunto autor no estaba comprometido con el hecho delictivo, no obstante, las autoridades no asumieron responsabilidad después de la exposición pública.

/HNF/

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El expresidente no precisó a qué programa se refería; sin embargo, señaló que se repiten “lemas que Usaid y la DEA (Administración de Control de Drogas) usaban para esconder sus acciones de injerencia y desestabilización”.

“¿Quién asesora al Ministerio de Gobierno? ¿Usaid? ¿La DEA? No comprendemos por qué replica un programa que Usaid ya impuso con los gobiernos neoliberales. Nosotros expulsamos a Usaid por su injerencia en los asuntos internos de Bolivia y la conspiración contra nuestra democracia”, publicó Morales en redes sociales.

Asimismo, indicó que las agencias de EE.UU., bajo el pretexto de “cooperación”, fomentaban la división y persecución a los movimientos sociales.

Por lo tanto, instó que antes de estas prácticas, se debería trabajar para decir “no” a la corrupción de algunos malos policías.

Esta es una más de las críticas de Morales contra el Ministerio de Gobierno. Antes incluso llamó a cuidarse de esta entidad pública.

/MDCB

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La denuncia fue realizada el 18 de marzo de 2022 y el caso ya fue admitido por el Ministerio Público y ya se tiene una fiscal asignada a la investigación, según pudo conocer Erbol.

Según la relación de hechos a la que tuvo acceso el medio de comunicación Erbol, existen informes de inteligencia sobre presuntas irregularidades en el transporte de coca, en las cuales el diputado Velásquez socaparía el desvío de cargamentos a regiones donde se produce cocaína.

El ministerio de Gobierno conoció de las irregularidades en el transporte de coca, por los reportes de inteligencia y el informe JNI 2022 del 11 de marzo de 2022, en el que se señala al diputado oficialista de tener un nuevo “modus operandi” en el traslado de la hoja de coca a través de un grupo de personas entre amistades y familiares, dedicadas a la comercialización en zonas rojas de producción de cocaína (Qaqachakas-Oruro, Yapacani-Santa Cruz)”, según señala el reporte policial al que accedió el canal F10.

Según indica un caso, correspondiente al mes de mayo de 2021, se decomisó 250 bultos de coca transportados en un camión, que fue sorprendido cerca de una de las localidades mencionadas como productoras de cocaína en el departamento de Oruro. Según el texto, el cargamento habría sido devuelto en un 100% por influencia del diputado Velásquez.
En otro de los casos, en marzo de 2022, la relación de hechos señala que un jefe policial habría recibido en reiteradas oportunidades llamadas telefónicas del diputado Freddy Velásquez, para reclamarle por los operativos que estaría realizando en una región.

También en marzo de 2022, el Ministerio de Gobierno tomó conocimiento de una nota anónima de La Asunta en los Yungas, en la cual se denunciaba al diputado. De acuerdo con esta versión, Velásquez habría usado su cargo para tener acceso al listado de afiliados suspendidos definitivamente para el comercio de coca, utilizando esta información para que terceras personas accedan a esos cupos.

En este caso también se conoció que la Fiscalía ha emitido una citación para el diputado Velásquez, para que se presente a declarar el martes 26 de abril.

En marzo el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en la región de los Yungas acusó a dirigentes y diputados, que se “están llenando los bolsillos, cuando la gente que está en su ‘guacho’ se está empobreciendo, hay gente que tiene tres, cuatro, cinco, hasta ocho hectáreas y son los primeros en sacar permiso para sacar la hoja de coca, y sabemos quiénes son esos dirigentes, esos diputados. A esa gente hay que empezar a controlarla”, afirmaba en esa oportunidad el ministro.

Luego de la polémica por sus declaraciones, el 17 de marzo Del Castillo aclaró que la denuncia era contra un diputado de los Yungas “cercano a grupos radicales de oposición, que estaría involucrado en actos irregulares en la comercialización de la hoja de coca”, aunque entonces no había revelado el nombre.

La fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada Anticorrupción ha citado al diputado Velásquez a presentarse el 26 de abril en la mañana para prestar su declaración informativa sobre las acusaciones en su contra.

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El proceso que se llevó acabo en el Tribunal 1º de Sentencia Anticorrupción de La Paz ingresó en receso desde la tarde del pasado jueves. Las extensas audiencias se desarrollan de forma virtual y presencial y serán retomadas este lunes.

Para el abogado de la exmandataria Añez, Luis Guillén, las pruebas que presente el Ministerio de Gobierno, solo un 30% podría analizarse, ya que el 70% ya fueron presentados por la Fiscalía. En ese marco, manifestó que dichas pruebas “no deben ser consideradas” y alargar el proceso.

El juicio comenzó el 28 de marzo con la presentación de incidentes y excepciones, sin embargo, fueron rechazadas por el tribunal, luego se tomó la declaración de la parte acusada.

En el proceso junto a Añez se encuentran incluidos el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta; y excomandante de la Policía Yuri Calderón.

Por su parte, el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros, y el excomandante de la Armada, Palmiro Jarjury, que estaban en la acusación, decidieron admitir su culpa y someterse a un proceso abreviado en el que fueron sentenciados a tres años de cárcel.

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La autoridad gubernamental negó algún tipo de coordinación con la agencia de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, luego de la denuncia del expresidente, acusando a dicho Ministerio de tener vínculos con la agencia norteamericana.

“Es completamente falso, no existe ningún tipo de coordinación por parte del Ministerio de Gobierno con la agencia de la DEA de los Estados Unidos. El trabajo de la Policía Boliviana y de todas sus divisiones está enmarcado en su soberanía (…) nunca hemos coordinado con los Estados Unidos, menos con la DEA”, manifestó Del Castillo a los medios de comunicación en la ciudad de El Alto.

Evo Morales, durante un acto público declaró que hay “golpistas infiltrados” en el Gobierno central y recomienda a la gente “cuidarse del Ministerio de Gobierno”.

En dicho acto, en el que se dirigía a las bases del MAS, indicó que considera que la DEA opera en el país a través de los ministerios.

“Yo siento, mi recomendación pública a la población, hay que cuidarse del Ministerio de Gobierno, no digo del ministro, me refiero al ministerio. Hablo con pruebas”, mencionó el dirigente de los cocaleros, durante una entrevista en la radio Kawsachun Coca.

La jornada precedente Morales insistió en que la presunta participación de la DEA en el país, es parte de una campaña nacional e internacional para “desprestigiar y satanizar” a todos los productores de coca del Trópico y vincularlos con el narcotráfico, por lo que consideró que esos afanes nacen desde el ente estadounidense.

/MDCB

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El Diputado del MAS realizó estas declaraciones después de que el coronel Velasco afirmó que los audios en los que Evo Morales denunció encubrimiento al narcotráfico eran “montados”.

El jefe antidroga incluso manifestó que la denuncia realizada por el exmandatario tiene “otro tinte”, y apuntó a que los audios solo buscan desprestigiar el trabajo de la fuerza antidroga.

Arispe explicó que no confían en el actual jefe de la Felcn, porque también desempeñó funciones en el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, según informó Erbol.

“Nosotros no tenemos confianza. Acá se puede estar actuando de doble filo para hacernos quedar mal a nosotros”, manifestó el Diputado representante del Trópico, al mismo tiempo de cuestionar al Ministro de Gobierno por no tomar las medidas necesarias.

“El Ministro de Gobierno, por ética y moral, ya debía de haber cambiado a su director nacional, no entendemos bajo qué criterios ha sido designado este comandante nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico”, reclamó.

Arispe también insistió en investigar los audios que presentó Morales, además de identificar a funcionarios de la Felcn y el Ministerio de Gobierno que pudieran estar implicados.

En el registro de audio supuestamente se escucha a un coronel ordenar a su contingente retirarse sin tocar nada, después de que encontraron un laboratorio y una fábrica de drogas.

El Diputado mencionó que le resulta curioso el surgimiento de la hipótesis de que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, estuvo presente en Chimoré al momento de los hechos.

“Nos llama la atención que ese día mismo a ese comandante que estaba en la región designado lo han cambiado de destino, tiene entonces un trasfondo y por el cual esta investigación tiene que llegar a su profundidad”, finalizó.

/ LMPT

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El acusado fue presentado como el agresor de la menor por el Ministerio de Gobierno en ambientes del Comando General de la Policía Boliviana.

“La Policía Boliviana realizó la acción directa, los operativos de inteligencia y acción y logró la aprehensión del señor Richard Mamani Ticona de 33 años quien habría procedido a violar a su propia hija desde los 11 años”, manifestó la autoridad.

Asimismo, indicó que este hecho sucedió desde hace un par de años, cuando la menor, era víctima de su propio padre que cometía agresiones sexuales contra ella, por lo menos cuatro veces al mes; producto de este delito la niña quedó embarazada y fue cuando se iniciaron las investigaciones para dar con el autor del hecho.

“La niña no se atrevía a denunciar porque constantemente se sentía amenazada por su padre, la amenazaba con que iba a divorciarse, que iba a abandonar a su familia y a sus hermanos(…), es importante que los padres y familiares estemos en constante conversación con nuestras hijos para evitar que se cometan estos delitos”, finalizó el Ministro.

/RXVCH/

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“Vamos a conformar también una comisión al interior del Ministerio y la Policía boliviana para buscar a todas aquellas personas que hayan sido denunciadas como desaparecidas en todos estos años en Bolivia”, informó la autoridad gubernamental durante una conferencia de prensa.

Dio a conocer que el objetivo principal es encontrar a las personas hoy desaparecidas y posiblemente sean víctimas de trata y tráfico en el territorio nacional. Asimismo, lamentó que existan varios casos de desaparición entre ellos, el de la beba Daylin, secuestrada el 23 de diciembre por una mujer en La Paz; hasta ahora transcurrieron casi dos meses y medio desde su desaparición.

Detalló, en el caso de la beba Daylin, que la Policía determinó la mejor ruta de investigación y señaló extremar esfuerzos para reunir a la niña con su familia, advirtió que la búsqueda no cesará.

Afirmó que se realizan esfuerzos más allá de sus competencias con el objetivo de encontrar a los desaparecidos y puso como ejemplo la recompensa de 10.000 dólares por información precisa que ayude a dar con el paradero de la beba Daylin.

También mencionó el caso de Jamin, el niño de 11 años quien fue visto por última vez el pasado lunes en el camino del Inca, cuando realizaba un recorrido con su familia.

Del Castillo en cuanto a Jamin dijo que varias unidades especiales de la Policía se desplegaron para seguir con el rastrillaje y dar con el paradero del menor de edad.

“La Policía Boliviana, como cualquier caso que se denuncia realiza el máximo de sus esfuerzos, cualquier hecho que se denuncia no lo descartamos y seguimos investigando aún con el pasar del tiempo”, indicó.

/ABH

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El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo recordó que el 2016, “El Killer” anunció que aportaría con elementos y declaraciones correspondientes para dar con el paradero de los restos de Quiroga Santa Cruz, por lo que será nuevamente entrevistado para ver el grado de colaboración pese a que ya fue condenado por la justicia.

Molina fue beneficiado con la detención domiciliaria el 21 de febrero de 2020 por orden del exjuez Cuarto de Ejecución Penal, Abraham Aguirre Romero, quien también fue enviado a detención preventiva al haber dispuesto también la libertad de otros sentenciados a 30 años de prisión, según reporte de la red Erbol.

El Ministro explicó que “El Killer” fue aprehendido el viernes precedente aproximadamente a las 08:45 horas en su domicilio, ubicado en la residencial zona de Cota Cota al Sur de la Sede de Gobierno, donde agentes de la Policía Boliviana procedieron a la detención y lo enviaron a celdas policiales.

“El Killer” fue sentenciado en diciembre de 2007 junto a otras dos personas por el delito de alzamiento armado, terrorismo, encubrimiento y asesinato en grado de complicidad y recién el año 2016 fue capturado y recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro del departamento de La Paz.

La autoridad precisó que, en febrero de 2020, el juez Aguirre dispuso la detención domiciliaria de “El Killer,” pese a la condena de asesinato cometido en el asalto a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), cuando se instalaba la dictadura del exgeneral Luis García Meza Tejada ya fallecido.

Precisó que uno de los que participó en el asalto fue Molina Bustamante, un exmilitar cercano a la familia del expresidente Hugo Banzer Suárez a quien Marcelo Quiroga Santa Cruz le abrió un juicio de responsabilidades por la dictadura militar entre 1971 y 1978.

La recaptura es consecuencia del trabajo de una comisión encargada de revisar el desempeño de los jueces de ejecución penal, luego del escándalo que destapó la recaptura del feminicida serial Richard Choque Flores, un hombre de 32 años, que tenía una condena de 30 años y que fue liberado por el exjuez Rafael Alcón, actualmente preso en la cárcel de San Pedro de La Paz.

En torno al exjuez Aguirre, el ministro de Gobierno manifestó que también liberó a Ariel Roger Moya Susaño que tenía mandamiento de detención.

Dijo que el operaba con una red de consorcios que liberaba a los denominados “treintones”, motivo por el cual también fue aprehendida la abogada Paola Zeballos Mamani.

/RXVCH/

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El acuerdo tiene como objetivo principal establecer las bases formales de coordinación y cooperación, como el desarrollo de actividades conjuntas y concretas, además de la interoperabilidad de sistemas, para recabar datos relacionados a condenados y privados de libertad en el país.

“A través de este convenio interinstitucional que se firma, el Ministerio Público podrá acceder en tiempo real a la información que brindará la Dirección General de Régimen Penitenciario, para que, de esta manera, el Ministerio Público pueda hacer un seguimiento minucioso y riguroso sobre el cumplimiento eficaz de las condenas de cada una de las personas que han sido sentenciadas”, dijo Lanchipa.

Asimismo, manifestó que el Ministerio Público no tiene conocimiento de lo que sucede después de la ejecución de penas, según reportó el diario El Deber.

“Lastimosamente tenemos esa deficiencia y, a partir de este convenio, el Ministerio Público va poder acceder a la información en tiempo real de las personas privadas de libertad en cuanto al tiempo de la duración de su condena, el traslado de recinto penitenciario que pueda disponerse de algunos casos y, fundamentalmente, del cumplimiento eficaz de la condena y que no suceda con lo acontecido con los jueces de ejecución penal”, manifestó el Fiscal.

El Ministerio Público, a nivel nacional, desplegó a comisiones para la verificación y supervisión de todos los casos con sentencia condenatoria, inicialmente, de hechos de feminicidios y violaciones, de los que se pudo advertir muchas irregularidades y actuaciones ilegales.

“El convenio va servir para intercambiar datos entre el Régimen Penitenciario y el Ministerio Público para que, en futuros días, semanas y futuros meses, no tengamos que volver a vivir las malas experiencias de liberación de personas sentenciadas dentro de nuestra sociedad. Este trabajo nos coadyuvará a tener una información en tiempo real y en tiempo preciso para evitar que feminicidas, violadores u otras personas que hayan cometido delitos en nuestro país no sean beneficiadas con distintas chicanerías en nuestro medio”, detalló el Ministro de Gobierno.

Convenio

El convenio permitirá promover la cooperación recíproca para el intercambio de información que coadyuve al ejercicio de sus atribuciones y funciones.

Asimismo podrá disponer la interoperabilidad, en el módulo de consulta, entre los sistemas informáticos del Ministerio Público y la Dirección General de Régimen Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno.

También implementar mecanismos de intercambio de información que permitan acceder a datos generales de las personas privadas de libertad, así como de su situación jurídica y el traslado administrativo o judicial dispuesto a otro recinto penitenciario del Estado Plurinacional.

Con este convenio se logrará coordinar el acceso a la información de los centros o recintos penitenciarios, relativa a ubicación geográfica, dirección de los que se encuentren en funcionamiento y los que vayan a crearse, además del nombre del director o directora del recinto.

Por último se Controlará y supervisará la protección de los Sistemas Informáticos, garantizando su correcto acceso, uso y tratamiento de datos, en observancia a las normas de integridad y seguridad solicitadas por cada parte.

/RXVCH/

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En su informe, la cartera de Estado resaltó que los resultados fueron por encima del promedio de gestiones precedentes, detallando que en el periodo 2019-2020 se erradicaron 1.770 hectáreas y del 2008 al 2018, tan solo 8.300.

Asimismo, señalaron que Bolivia fortaleció la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, a través de acuerdos bilaterales firmados con Perú, Argentina, Paraguay y Chile, reportó el diario El Deber.

Delitos de narcotráfico

Por otro lado, detallaron que en 2021 se ejecutaron 9.432 operativos de interdicción al narcotráfico, se desarticularon dos organizaciones criminales (operativo galponier y bolivariano) y secuestraron 19,73 toneladas de cocaína y 190,73 de marihuana.

También, indicaron que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) destruyó 800 fábricas para la producción del alcaloide, entre ellos 51 laboratorios, de los cuales 26 de cristalización y 25 de reciclaje.

En tanto, en los diferentes operativos se secuestraron 520 toneladas de sustancias químicas sólidas, 296.7 toneladas de hoja de coca y 799 metros cúbicos de sustancias químicas líquidas.

La cartera del Estado resaltó que la afectación al narcotráfico estuvo en el orden de $us 36,3 millones en 2021.

Situación del exjefe policial

En la rendición de cuentas del Ministerio de Gobierno, revelaron que el tema del narcotráfico “cobró relevancia”, debido a hechos violentos registrados, además de la detención del exdirector de la Felcn, Maximiliano Dávila.

Dávila es acusado por narcotráfico en Estados Unidos, mientras que en el país es procesado por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

La detención del exjefe policial “salpicó” a la gestión de Evo Morales, quien estaría en el radar de la DEA (Administración de Control de Drogas).

Muertes de brasileños

Otro elemento que refuerza la postura que el narcotráfico fortaleció su presencia y operaciones en Bolivia son las muertes violentas de los brasileños Everton Cándido Gomes da Silva en San Matías y Marciel Ribeiro de Oliveira en Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo al reporte de medios brasileños, Gomes fue uno de los 30 capturados durante la Operación Volver que la Policía Federal brasileña ejecutó en 2009 y era jefe de un grupo de narcotraficantes.

El sujeto tenía 17 procesos en el Tribunal Regional Federal de la Primera Región (TRF), cuatro de ellos en la Corte Superior de Justicia (STJ).

En tanto, Ribeiro era considerado en su país como los mayores narcotraficantes del estado de Goiás y fue aprehendido por primera vez en 2016, en Brasil.

La presencia de narcos brasileños en el territorio nacional fue denunciada en octubre de 2021, por el Diario Estado de San Pablo y la red televisiva Bandeirantes. Los medios difundieron investigaciones sobre las actividades que realizan la banda criminal Primer Comando Capital (PCC) y su cartel ‘Narcosur’ en Santa Cruz.

Según Bandeirantes, el brasileño tenía el apoyo de militares y policías bolivianos corruptos, que forman parte de su esquema de operaciones ilícitas, el cual incluye a la Mafia Calabresa.

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Posterior a la posesión, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo aprovechó para anunciar una reforma a la Ley de Régimen Disciplinario, argumentando que el actual es utilizado para “criminalizar” a buenos uniformados y no para sancionar a quienes incurren en faltas.

“Tenemos muchas tareas pendientes al interior de la institución verde olivo, tenemos que analizar y reformular la Ley de Régimen Disciplinario, que en muchos casos se ha convertido en un instrumento para criminalizar a buenos efectivos policiales y que no está cumpliendo su objetivo, que era sancionar las malas conductas al interior de la familia verde olivo”, declaró el ministro, según reporte de El Deber.

Durante el acto, Del Castillo también anticipó una norma de carrera de la Policía Boliviana, para la que solicitó propuestas del sector pasivo, activo, jefes, oficiales, suboficiales, sargentos y todos quienes forman parte de esa institución, a la par de comunicar una evaluación de la malla curricular en la Academia Nacional de Policías (Anapol).

“Trabajaremos en una ley de puntaje y evaluación de la Policía Boliviana, para que haya reglas claras en la evaluación en los siguientes años”, informó el titular de esa cartera de Estado, sobre otra norma que se elaborará en las siguientes semanas.

Finalmente, fueron posesionados Wilmer Velasco como director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn); Jhonny Chávez, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc); y Mario Medina Ordóñez, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

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El asambleísta afirmó que la “alerta migratoria” está vigente por un acuerdo entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno durante el periodo transitorio.

“Es una herencia maldita que estamos teniendo los bolivianos que es el tema de las alertas migratorias. Es un convenio que se firmó entre el exministro Murillo y el Fiscal General siendo totalmente ilegal, no está contemplado en la Constitución Política del Estado. Las leyes solamente hablan de arraigo”, manifestó Morón.

La alerta migratoria se activa cuando una persona pretende salir del país teniendo una orden de aprehensión, arraigo o declaratoria de rebeldía. Esto se debe al acuerdo que existe entre la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno, institución que fue liderada por el exministro Murillo en el periodo transitorio,

“Las alertas migratorias no están contempladas en la Constitución y en las leyes bolivianas, por lo tanto, es acuerdo interinstitucional que ha sido una herencia maldita que tenemos los bolivianos hasta el día de hoy debe ser abrogado, debe ser anulado”, añadió el senador Morón.

Asimismo, cuestionó que el Gobierno actual aún siga manteniendo ese mecanismo, a pesar que fue introducido en el Gobierno transitorio, según reporte de la red Erbol.

“¿O es que ahora quieren heredar eso para instrumentalizar persecución política contra los ciudadanos bolivianos?”, cuestionó el representante de Creemos.

Finalmente, Morón anunció que solicitó un informe al Ministerio de Gobierno sobre esta situación y que se explique por qué se mantiene vigente el mecanismo de “alerta migratoria”.

/MDCB

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Este acuerdo ayudará a que los estudiantes de la UMSS participen en las diferentes modalidades, trabajo dirigido y pasantías universitarias como el proceso de selección para el Ministerio de Gobierno en distintas áreas.

Los postulantes a esta modalidad deben tener el requisito de ser estudiantes destacados y con un promedio mínimo de 65 puntos, concluir el plan de estudios académicos y no tener antecedentes negativos en su historial.

El rector de la UMSS, Julio Medina señaló que el convenio ayuda a que la institución académica socialice más con la población a través del Ministerio.

“En Cochabamba, tenemos la oportunidad de brindar a los estudiantes de las diferentes carreras para que hagan una práctica profesional”, mencionó.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo declaró que mediante a este convenio varios estudiantes con buen récord académico podrán realizar las pasantías en las entidades del Ministerio de Gobierno.

“Como Ministerio apostamos por profesionales nuevos, jóvenes, que tengan profundamente enraizado los valores de nuestro estado plurinacional, como la solidaridad y fundamentalmente transparencia y lucha contra la corrupción”, comentó Del Castillo.

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“(…) El señor Carlos Romero compraba los mismos gases de la misma empresa, en la misma cantidad, a un precio igual o incluso superior de lo que lo terminó comprando el señor (Arturo) Murillo”, aseguró Bazán en esa oportunidad.

Romero sostuvo que no se le puede comparar con Arturo Murillo y afirmó que nunca hizo compras similares a las del exministro del Gobierno de Jeanine Añez.

Asimismo, explicó que realizó las compras desde el Ministerio de Gobierno mediante convocatorias públicas como mandan las leyes bolivianas.

La exautoridad dijo que la unidad solicitante, como es la Policía, envió el documento, adjuntando las características técnicas del material requerido y las cotizaciones referenciales de las empresas proveedoras para contrastar los precios con los de otras compañías.

Romero, aseguró que el Ministerio de Defensa certificó qué empresas eran proveedoras de este material en el mercado nacional, a las cuales luego se enviaron cartas notariadas para que se presenten al concurso público.

Este concurso involucró la participación de una comisión interinstitucional integrada por, además del Ministerio de Gobierno, el de Transparencia y la Policía Boliviana, reportó el diario Opinión.

Tras la apertura de los sobres en un acto público, según Romero, se procedió a la adjudicación de la compra a la empresa que había ofertado un menor precio al referencial, y de ninguna manera a Cóndor, con la que trabajó Murillo.

Después de la adjudicación se hizo una auditoría interna y otra externa al proceso, que fue enviado a la Contraloría para el respectivo control Fiscal.

Romero aseguró que los miembros de la oposición hicieron varias investigaciones, “pero no encontraron ningún error ni delito en este procedimiento”.

El exministro, recalcó que hay varias diferencias entre las compras que realizó durante su mandato con las de Murillo. Por ejemplo, que lo hizo mediante convocatoria pública, que no se contrató a ningún intermediario y que la empresa que se adjudicó pagó todos los impuestos de ley, haciéndose cargo también del transporte del material en cuestión.
Finalmente, afirmó que entre la compra que realizó con relación a la de Murillo, hay una diferencia de 28 millones de bolivianos.

/RXVCH/

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Jeanine Añez asumió la Presidencia de Bolivia, el 12 de noviembre de 2019 y al día siguiente posesionó a su gabinete ministerial, que tenía a Murillo como Ministro de Gobierno.

“Les digo a todos aquellos que están en sedición que van a ir a la cárcel y vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, ¿por qué es una cacería? Ese es un animal que está matando gente en nuestro país y no lo vamos a permitir”, fueron algunas de las frases emitidas por Murillo tras ser posesionado.

Según publicación de Brújula Digital, después de un año y seis meses, la situación de Murillo cambió no sólo porque dejó de ser ministro y se vio obligado a salir del país, a raíz del triunfo electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS), sino porque una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) descubrió que la compra de gases lacrimógenos que se hizo en su gestión tuvo un sobreprecio de 2,3 millones de dólares y que fue utilizado para el pago de sobornos desde y en Estados Unidos, donde se hizo el lavado del dinero.

Por ese motivo, el exministro está aprehendido en Miami, a la espera de su audiencia cautelar fijada para el 7 de junio.

Los involucrados en este caso, fueron identificados como Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, que entonces era jefe de gabinete de Murillo, y Bryan Samuel Berkman, dueño de la empresa Bravo Tactical Solutions LCL, la intermediaria que iba a comprar los gases lacrimógenos a la brasileña Cóndor, para luego revenderlas al Estado Boliviano.

Según el relato de la investigador, el 16 de noviembre de 2019, Méndez, utilizando la dirección de correo electrónico rodrigo@[XX].com, envió un correo electrónico a Bryan Samuel Berkman en bryanberkman@[XX].com (la “Cuenta de correo electrónico personal de Bryan Berkman”), adjuntando una carta del Co-Conspirador 1 dirigida a Bryan Samuel Berkman, en su calidad de representante de la Compañía Intermediaria, solicitando cotizaciones de gases lacrimógenos y otros materiales de equipo no letales.

Ese mismo día, Berkman envió un mensaje de texto de WhatsApp a Méndez, en la que solicita una carta del Gobierno Boliviano en la que señale que un competidor de la empresa intermediaria estaba prohibida de vender gases lacrimógenos, con lo que se favorecería a Bravo Tactical Solutions LCL.
El investigador, que tuvo acceso a mensajes de correo electrónico y WhatsApp, entre otras evidencias para la investigación.
Asimismo, señaló que en el mensaje Berkman dijo a Méndez:

“Tío, este tipo (Competidor) le está diciendo a la gente (de la Compañía Brasil) que todavía tiene una entrada con el gobierno para poder vender los gases. El único medio de garantizar el apoyo a (Compañía de Brasil) solicita que se envíe una carta a (Competidor) en la que se indique que ha sido prohibida y que me enviarán una copia para que pueda confirmarla con (Compañía de Brasil)”.

De esa manera se empieza a direccionar la compra de gases lacrimógenos a través de Bravo Tactical Solutions LCL, la misma que se concreta con la firma de un contrato con el Ministerio de Defensa de Bolivia el 19 de diciembre de 2019.

Según el contrato que señala el investigador, se debía “suministrar gas lacrimógeno y otros equipos no letales a cambio por aproximadamente 5.649.137 dólares (el “Contrato de gas lacrimógeno”).

Bryan Samuel Berkman firmó el contrato de gas lacrimógeno en nombre de la empresa intermediaria.

Una orden de compra con fecha del 17 de diciembre de 2019 muestra que la empresa intermediaria compró el equipo requerido bajo el Contrato de Gas lacrimógeno de la Compañía de Brasil para aproximadamente 3.357.735 dólares, lo que dejó a la Empresa Intermediaria aproximadamente 2.291.402 dólares”.

Tras la firma de ese contrato, entre enero y el 17 de marzo de 2020, se tropezó con el problema de la transferencia del dinero correspondiente al pago desde el Banco Central de Bolivia (BCB) a una cuenta de la empresa Bravo Tactical Solutions LCL. Una transacción inicial fue rechazada por un banco estadounidense que observó irregularidades en esta transferencia.

Entre marzo y abril se dieron una serie de transferencias por el pago de sobornos, por casi 1,2 millones de dólares, los mismos que fueron detallados por el investigador del caso.

“Desde al menos Marzo de 2020 hasta Abril del 2020 o alrededor de esa fecha, Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman, Philip Linchtenfeld y otros coordinaron el pago de un soborno de 582.000 dólares a Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal en Bolivia. El soborno de 582,000 dólares se originó a partir de los mismos fondos que la Compañía Intermediaria había recibido en la cuenta 0506 en el U.S. Bank 2 del Ministerio de Defensa de Bolivia bajo el Contrato por el Gas Lacrimógeno”, explicó el investigador.

En este caso, Luis Berkman es el padre de Sergio Berkman y Philip Linchtenfeld un intermediario de nacionalidad argentina.

Dentro el proceso por este hecho, Sergio y Luis Berkman se beneficiaron con libertad condicional, luego de pagar una fianza superior a los 700.000 dólares, para enfrentar el juicio en libertad.

Mientras tanto, Méndez y Linchtenfeld tienen detención preventiva en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseveró el 31 de mayo que gran parte de los sobornos aún están en territorio boliviano y que ésta fue invertida en proyectos inmobiliarios en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. Indicó que los procesos legales que se siguen en el país están encaminados a rescatar ese dinero y devolverlo al Estado.

Este miércoles, en la Fiscalía Departamental de La Paz se informó que ya se envió la solicitud de extradición de Murillo al juez que atiende el caso, para que éste haga la solicitud respectiva a la Cancillería.

Además, el fiscal Sergio Bustillos dijo que se elabora un cronograma de declaraciones de parte de todo el gabinete ministerial que tuvo Añez y que aprobó los tres decretos supremos que, presuntamente, fueron aprobados para ejecutar la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio, reportó Brújula Digital.

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Esta nueva iniciativa tiene como objetivo evitar más muertes, secuestros, feminicidios y que se encuentre de manera inmediata a los responsables.

“Vamos a presentar unas cartas tanto a Entel, como a TIGO y VIVA para firmar un convenio, para que nos puedan proporcionar la información de manera pronta y oportuna en el día, para poder reducir los feminicidios en nuestro país no nos proporcionen información en un plazo menor a 24 horas”, señaló Castillo.

Consideró que la Policía debe tener la información de manera oportuna y se podría evitar más muertes en nuestro país, pero no lo está haciendo por que las telefónicas tardan en entregar el informe del registro de llamadas de tres a cuatro días.

Por su parte, el comandante General de la Policía, coronel Jhonny Aguilera ponderó la iniciativa de coordinar con las empresas telefónicas y añadió que así se sabrá con rapidez el origen de las señales de teléfono para una investigación inmediata.

Esta iniciativa de acelerar la entrega de registro de llamadas se dio por los cuatro casos de feminicidios en el trópico cochabambino, y que los responsables se comunicaban por mensajes que enviaban a la familia de la primera víctima encontrada.

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Mediante su cuenta de Twitter, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo celebró la aprehensión de la mujer que castigó duramente al niño, en ausencia de su madre.

“Apenas recibimos la denuncia de un niño flagelado en Warnes, instruí movilizar todos los recursos necesarios para dar con el paradero de las culpables. Resaltamos el trabajo de la policía que luego de las investigaciones procedió con la aprehensión de la agresora”, escribió en su cuenta, la autoridad.

De acuerdo a los antecedentes hecho públicos por medios nacionales, el niño fue golpeado con un palo por la sobrina de la dueña de casa que la madre alquiló y lo hizo mientras ella estaba ausente por cuestiones de trabajo.

La víctima tiene un edema cerebral en la cabeza y una lesión en el rostro, según el certificado médico forense; los daños físicos también son evidentes en la espalda y el cuello.

La Policía investiga los motivos por los cuales, la agresora actuó así en contra del infante.

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El Ministerio de Gobierno estableció también que la cédula de identidad física tenga una vigencia de diez años y un año el formato digital, señala el reporte de Brújula Digital. 

Para las bolivianas y bolivianos mayores a 58 años y para las personas con discapacidad grave y muy grave calificada, la cédula de identidad en ambos formatos tendrá vigencia indefinida.

Este proyecto data de 2017, cuando se anunció que el nuevo documento iba a tener una serie de características modernas y de seguridad.

El código QR es un código de barras bidimensional cuadrada que puede almacenar los datos codificados. Este sistema fue creado en 1994 en Japón, es el más famoso de código de barras 2D en el mundo, una tecnología que ahora es libre y que a partir de 2010 se expandió por EEUU y Europa.

El Registro Único de Identificación, según el decreto, debe contener el registro de biométrico facial, el registro de biométrico dactilar, los nombres propios, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y el número de cédula de identidad.

Según corresponda, tendrá información complementaria como los datos del certificado de nacimiento, de matrimonio, de defunción, de la profesión u ocupación, de la libreta de servicio militar, además de datos complementarios de los padres, tutores o terceros, en caso de niña, niño o adolescente.

Adicionalmente datos de resoluciones administrativas relacionadas con la identidad de la persona, el domicilio, datos biométricos y otros datos declarativos.

La reglamentación de este decreto dentro y fuera del territorio nacional, estará a cargo del Servicio General de Identificación Personal (Segip), que es la única entidad pública facultada para otorgar la cédula de identidad, pues crea, administra, controla, y precautela el Registro Único de Identificación de las personas naturales a efecto de su identificación y ejercicio de sus derechos.

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“Al respecto, dejamos en claro que ni esa ni ninguna otra repartición gubernamental realiza este tipo de ofertas, por lo que se solicita encarecidamente a la población no dejarse sorprender con estas argucias que sólo buscan sacar dinero de manera fraudulenta”, indica el documento.

Conocida la denuncia sobre este tipo de ilícito, las autoridades pertinentes iniciaron las investigaciones respectivas para dar con los autores de la fechoría, reportó ABI.

El documento finaliza recordado a la ciudadanía que denunciar oportunamente los ilícitos y con la garantía de resguardar su identidad.

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