El Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de los compromisos internacionales adquiridos como país miembro de la comunidad internacional, suscribió el Convenio de Minamata sobre el Mercurio en Kumamoto, Japón, el 10 de octubre de 2013. Posteriormente, Bolivia ratificó dicho Convenio mediante la Ley N° 759 el 18 de noviembre de 2015. Con esta ratificación, Bolivia notificó a la Secretaría del Convenio en mayo de 2019, informando que la minería de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE), particularmente en lo referente al proceso de extracción de mineral con amalgama de mercurio, no es significativa en su territorio.

Como parte de su compromiso, Bolivia asumió la responsabilidad de implementar medidas para reducir las emisiones y liberaciones de mercurio, así como para minimizar la exposición a este peligroso metal en las actividades de extracción y tratamiento de oro artesanal y en pequeña escala. En este contexto, el país se comprometió a la elaboración y diseño de un Plan de Acción Nacional (PAN) para guiar y coordinar sus esfuerzos de mitigación.

En particular, el Artículo 7 del Convenio de Minamata es de gran relevancia para Bolivia, ya que establece disposiciones específicas que deben ser aplicadas a las actividades de extracción y tratamiento de oro en pequeña escala, que utilizan amalgama de mercurio. Este artículo forma la base del marco normativo y las estrategias y acciones que Bolivia debe implementar para cumplir con los objetivos del Convenio, asegurando la reducción progresiva del uso de mercurio y protegiendo tanto la salud pública como el medio ambiente.

Plan de Acción Nacional (PAN) de Bolivia: Objetivos, Metas y Estrategias Proyectadas

El objetivo central del Plan de Acción Nacional (PAN) del Estado Plurinacional de Bolivia, es proteger la salud humana y el medio ambiente mediante, además de reducir progresivamente las emisiones y liberaciones de mercurio, causadas por actividades humanas, especialmente en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). En este sentido, se busca disminuir paulatinamente el uso de mercurio y de eliminarlo en la medida de lo posible, mediante un monitoreo continuo de los impactos en la salud y el medio ambiente.

Para alcanzar este objetivo, se propone actuar en tres áreas clave:

Eliminación de la molienda-amalgamación simultánea en la minería de veta, para evitar procesos que incrementan el uso del mercurio.

Reducción del uso de mercurio en la minería de veta a través de la incorporación de tecnologías limpias y prácticas responsables.

Reducción del uso y la pérdida de mercurio en la minería aluvial, implementando alternativas técnicas y mejoras en el proceso de extracción.

El PAN de Bolivia se articula a través de ocho estrategias clave que abordan los principales desafíos de la MAPE, alineadas con el compromiso de formalización y sostenibilidad del sector minero. Las estrategias propuestas son las siguientes:

Formalización de la MAPE: Promover que la MAPE cumpla con la normativa nacional vigente y fortalecer el control gubernamental. Esto se logrará mediante la creación de normativas complementarias para la formalización diferenciada entre minería aluvial y de veta, el desarrollo de programas de asistencia técnica.

Reducción de la minería ilegal: Prevenir y reducir la minería ilegal a través de acciones efectivas y el establecimiento de un Comité Interinstitucional para el monitoreo y control de actividades ilegales. Esto contribuirá a evitar la expansión de la minería ilegal y la reinstalación en áreas previamente controladas.

Disminución del uso de mercurio: Fomentar la adopción de tecnologías limpias y sostenibles, como el uso de amalgamadores sin molienda y retortas, para reducir y eliminar el mercurio en el procesamiento de oro. La capacitación continua de los actores mineros y el intercambio de experiencias internacionales serán claves en este proceso.

Control de importaciones y uso de mercurio: Fortalecer el D.S. 4959 respecto al control importación de mercurio mediante otras regulaciones necesarias. Se propondrá incrementar aranceles y fortalecer la fiscalización del contrabando de mercurio, lo que permitirá reducir su entrada al país y su uso en procesos ilegales.

Plan de Mercurio y Salud: Reducir los riesgos y efectos derivados de la exposición al mercurio a través de diagnósticos de salud en zonas mineras y el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y atención médica para la población afectada.

Mejoramiento de las condiciones de género en la MAPE: Promover la capacitación de mujeres en los procesos de formalización, así como en prácticas ambientales responsables y técnicas de recuperación de mineral sin mercurio, mejorando así sus condiciones laborales y su participación en el sector minero.

Socialización continua del PAN: Crear y fortalecer los canales de comunicación con los actores mineros y comunidades locales, asegurando la participación activa en la implementación del PAN. Esto incluye la difusión de las estrategias, objetivos y actividades del plan para mantener a todos los involucrados informados y comprometidos.

Acceso a financiamiento para la MAPE: Facilitar el acceso de las cooperativas mineras y pequeñas empresas del sector minero a financiamiento formal y mercados a través de programas de capacitación técnico-financiera. Esto permitirá mejorar la gestión administrativa de los actores productivos mineros y acceder a un cambio de tecnología.

Estas estrategias buscan formalizar la MAPE, reducir la minería ilegal y promover el uso de tecnologías limpias, garantizando la protección ambiental, el mejoramiento de las condiciones de trabajo en el sector minero, y la inclusión de género en las actividades productivas. El éxito de este plan dependerá de la cooperación interinstitucional, el compromiso de los actores mineros, y el apoyo de las comunidades para asegurar una minería más sostenible y responsable.

Esfuerzo Conjunto: Resultado de un Proceso Participativo y Consultivo

Tras un proceso que ya ha iniciado con la participación de actores clave en espacios de diálogo, con el objetivo de conocer la elaboración y el diseño del Plan de Acción Nacional (PAN) y recibir retroalimentación sobre ello, se han sentado las bases necesarias para su pronto y efectivo cumplimiento de nuestra responsabilidad pais con este compromiso internacional. Este enfoque participativo es esencial para garantizar que las medidas adoptadas sean inclusivas, representativas y eficaces.

El gobierno nacional, liderado por el presidente Luis Arce Catacora, demuestra su voluntad y compromiso con el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia ambiental y de salud pública, al mismo tiempo que busca transformar la minería aurífera en una actividad más segura, sostenible y responsable. Este compromiso tiene como objetivo beneficiar a los mineros, las comunidades, los pueblos indígenas y otras instituciones vinculadas al sector, generando un impacto positivo y duradero.

Este es un paso decisivo hacia un futuro en el que la prosperidad económica se logre sin comprometer la salud humana ni el medio ambiente, asegurando así el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

A lo largo de un proceso que ya ha iniciado, con la activa participación de actores clave en espacios de diálogo, cuyo propósito ha sido informar y comprender el diseño y la elaboración del Plan de Acción Nacional (PAN), así como recibir retroalimentación constructiva sobre el mismo, hemos logrado sentar las bases necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de nuestra responsabilidad como país ante este compromiso internacional de manera efectiva y sostenible.

Este enfoque participativo resulta esencial para asegurar que las medidas adoptadas sean inclusivas, representativas y eficaces, permitiendo que cada acción emprendida responda a las necesidades y realidades de las diversas partes involucradas. Este proceso es fundamental para la implementación exitosa del Plan de Acción Nacional.

Ing. Allen Marcelo Ballesteros López es Viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización.

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Este aviso fue emitido por Diego Álvarez, representante de la Onudi, durante un foro internacional sobre el Convenio Minamata, que se celebra el 26 y 27 de junio de 2025.

Importancia del Plan de Acción

Álvarez destacó que, según el Plan de Acción Nacional (PAN), la entrega de este programa es una actividad esencial que el Estado boliviano debe cumplir. “Como en los diferentes convenios existen distintas actividades y pasos, este paso es importante para la obtención de diferentes fondos que se podrían obtener. Entonces, por el momento Bolivia sí ha tenido fondos como el del Planet Gold, que es para implementar tecnologías limpias, pero en el futuro podría afectar obtener nuevos fondos”, afirmó.

Foro internacional sobre el Convenio Minamata

El foro internacional titulado “Intercambio de Experiencias Regionales en la Implementación del Convenio Minamata y Plan de Acción Nacional para la MAPE” se lleva a cabo este jueves y viernes. En este evento participan diversas instancias del Estado, así como representantes de Colombia, Ecuador, México, Perú y otros países, quienes comparten sus experiencias sobre las acciones que han asumido al respecto.

Avances en la elaboración del plan

El viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Allen Ballesteros, indicó que el plan ya se encuentra en la fase final de elaboración. Se prevé que sea aprobado en la segunda quincena de agosto y que hasta fin de año se entregue a la Onudi.

“Se tiene proyectado que culmine y sea aprobado, a través de un decreto supremo, aproximadamente entre la segunda quincena de agosto para adelante. Tenemos ese compromiso y esta gestión se tiene que cumplir con el plan de acción en el marco del Convenio Minamata”, anunció Ballesteros.

Compromiso de Bolivia con el Convenio

El 10 de octubre de 2013, Bolivia firmó el Convenio de Minamata junto a más de 140 países, reconociendo que la actividad minera representa un problema mundial para la salud. Este acuerdo fue ratificado en 2017 y entró en vigor dos años después. Desde entonces, el Estado boliviano tenía un plazo de 3 años para presentar el Plan de Acción Nacional que reduzca el uso de mercurio en la actividad minera.

Álvarez enfatizó que el Gobierno debe cumplir con este acuerdo y espera que no haya más demoras. “El plan va a establecer que haya un comité, el cual debe tener la apertura para invitar a los diferentes actores… Esperamos que ya se presente y se pueda enfrentar de manera coordinada”, manifestó.

Desafíos en la implementación del plan

Ballesteros reconoció que el plazo ya ha concluido, pero responsabilizó a los gobiernos anteriores por no avanzar en la elaboración del documento. Sin embargo, aseguró que esta gestión cumplirá con el compromiso asumido en el marco del convenio.

El representante de la Onudi mencionó que, tras la aprobación del plan, el Gobierno enfrentará desafíos significativos para obtener recursos que permitan aplicar mecanismos amigables con el medio ambiente en la explotación minera. “Uno de los mayores desafíos es la implementación del plan… será muy difícil aplicarlo en el país”, señaló.

Ballesteros también indicó que ya se está trabajando con cooperativistas, comunidades indígenas afectadas e instituciones del Estado para aplicar el plan. Reconoció que no será un trabajo fácil en cuanto a la obtención de recursos económicos.

/KMMN

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Por: Ing. Allen Marcelo Ballesteros López, Viceministro de Política Minera, Fiscalización y Regulación

El aumento sostenido en la cotización del oro en el mercado internacional ha sido altamente sensible a las dinámicas de los mercados mundiales, lo que refleja la profunda interdependencia entre la economía mundial y los recursos minerales. Este fenómeno ha impulsado la producción en muchos países productores. Sin embargo, en Bolivia se observa una realidad divergente: la producción de oro ha disminuido, afectada por diversos factores coyunturales que limitan la actividad minera de los actores productivos mineros y las fluctuaciones en la comercialización dentro del mercado interno que han generado incertidumbre a los productores, acentuando las dificultades para mantener o incrementar los niveles de extracción de oro en el país.

En términos generales, la cotización del oro en la última década ha registrado un notable incremento. Tomando como referencia el primer semestre de la gestión 2014, se observa un aumento del 185.42% en el precio del metal, lo que evidencia su creciente valorización en el mercado internacional.

Producción y Exportación de Oro: Contraste entre Colombia, Perú y Bolivia.

El análisis de la producción y exportación de oro en Bolivia, Perú y Colombia durante las últimas tres gestiones (2021-2023) revela diferencias notables en la gestión del sector, los volúmenes de extracción y los desafíos específicos de cada país. Si bien los tres países enfrentan problemáticas comunes como la minería ilegal, los conflictos sociales con comunidades y las preocupaciones ambientales, las estrategias y resultados han sido variados, reflejando sus respectivas dinámicas internas y contextos políticos.

La producción de Colombia aumentó en un 9.46% desde 2021 hasta 2023, lo que indica un incremento en la capacidad de extracción. Sin embargo, las exportaciones disminuyeron en un 9.70%, lo cual podría ser indicativo de factores como una mayor retención de oro en el mercado interno, problemas logísticos, o cambios en la demanda internacional.

Se observa un fenómeno interesante: la exportación es mayor que la producción, esto por diferentes factores que estarían ocurriendo en este país. En este caso, la relación entre exportación y producción es hasta 141.79%.

La producción de oro en Perú, en las gestiones de análisis, mostró un incremento menor, de 2.71%, lo cual sugiere cierta estabilidad en el volumen de extracción.  Las exportaciones de oro tuvieron una pequeña disminución de 1.10%, lo cual es casi insignificante comparado con la estabilidad de su producción, lo que puede señalar condiciones relativamente constantes tanto en la producción como en el comercio de oro.

Aquí la relación entre exportación y producción es muy alta: hasta 180.70%, lo cual sugiere que, además de la producción interna, Perú estaba exportando cantidades mayores que lo que produce.

En los países de Colombia y Perú, existen inconsistencias estadísticas entre producción y exportación, donde grandes volúmenes no son declarados formalmente como producción, pero sí terminan siendo comercializados para su exportación.

Las gestiones 2021 hasta el 2023, la producción de nuestro país aumentó en un 2.08%, mostrando un ligero incremento.  Sin embargo, las exportaciones disminuyeron en un 7.53%, que podría atribuirse a la estrategia del Banco Central de Bolivia de aumentar la compra del Oro, destinada a diversificar reservas internacionales.

A diferencia de Perú y Colombia, la relación entre exportación y producción en Bolivia fue de hasta 96.54%, lo que indica que la exportación es menor que la producción de oro mostrando mayor alineación en comparación de los otros países.

Comercio de Mercurio: Consideraciones importantes entre Colombia, Perú y Bolivia.

El comercio de mercurio en Bolivia y los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) refleja una dinámica compleja que integra aspectos de gobernanza, técnicos y ambientales, particularmente en el contexto de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).

Bolivia, reportó un ingreso de 282.8 toneladas de mercurio entre las gestiones 2021 y 2023, siendo señalado como un “país de paso” a otros países de la región. Sin embargo, el comercio transfronterizo también está influenciado por factores externos que requieren un análisis exhaustivo de los países vecinos.

En Colombia, la implementación de marcos regulatorios sólidos desde la gestión 2013, estableció plazos para la reducción y eventual eliminación del uso de mercurio en actividades mineras e industriales, ha resultado en la prohibición de su importación. No obstante, la minería ilegal persiste como una fuente significativa de contaminación por mercurio, sin datos oficiales que cuantifiquen su utilización en estas actividades ilícitas, lo que subraya la necesidad de fortalecer la fiscalización y el control en zonas afectadas por esta práctica.

En Perú, la minería aurífera, especialmente en el sector de Madre de Dios, enfrenta un severo problema ambiental debido al uso intensivo de mercurio. Entre 2021 y 2023, Perú registró importaciones de 15.7 toneladas de mercurio, mientras que su producción interna como subproducto de la mediana y gran minería alcanzó 82.9 toneladas en el mismo periodo. Pero existe algo muy interesante que llama la atención, este país exportó 139.3 toneladas de mercurio, evidenciando una discrepancia entre su producción, importación y exportación, lo que sugiere una alta demanda interna que excede sus fuentes oficiales de suministro. Estos datos, aportados por el Observatorio Andino de Mercurio del Comité Andino Ad Hoc de Minería Ilegal (CAMI), reflejan una sobreoferta en el mercado peruano que podría estar vinculada al comercio ilícito; tomando en cuenta que es el único país miembro de este comité que reporta producción y exportación de mercurio.

El comercio de mercurio en Bolivia refleja una dinámica compleja que integra factores económicos, políticos y ambientales, estrechamente vinculados al desarrollo de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Desde una perspectiva técnica y política, el manejo del mercurio representa un desafío estratégico para el gobierno boliviano, especialmente por las presiones sociales de las comunidades mineras dependientes de su uso y las dificultades inherentes a la porosidad de las fronteras. Estos factores complican la implementación de controles.

En Bolivia, el mercurio es un insumo crucial para la extracción de oro en la MAPE, pero su manejo inadecuado genera graves riesgos para la salud pública y el medio ambiente. El Decreto Supremo 24176 lo clasifica como una sustancia peligrosa, mientras que la Ley del Medio Ambiente N° 1333 y su reglamento exigen licencias ambientales específicas para su manejo, importación, exportación y almacenamiento, estableciendo parámetros técnicos para minimizar los riesgos asociados. En línea con estos esfuerzos, en junio de 2023 se promulgó el Decreto Supremo 4959, que fortaleció significativamente los controles al introducir el Registro Único de Mercurio (RUME). Esta herramienta exige autorizaciones previas para cualquier actividad relacionada con la comercialización, importación o exportación de mercurio, garantizando una trazabilidad más rigurosa. Los resultados iniciales son prometedores, con una reducción del 66.9% en las cifras de importación de mercurio entre 2022 y 2023 tras la implementación de esta norma.

La implementación de esta normativa, esta alineadas con los compromisos asumidos bajo el Convenio de Minamata, ratificado mediante la Ley 759 en 2015, que aporta al país en el desarrollo del Plan de Acción Nacional (PAN) para la reducción progresiva del uso de mercurio en la MAPE. Este plan, aún en construcción y que se proyecta su conclusión en el primer trimestre de la próxima gestión, busca equilibrar las demandas económicas y sociales de la minería artesanal con la necesidad de proteger el medio ambiente y la salud pública.

Conclusiones.

El análisis del comercio y uso del mercurio en Bolivia, Perú y Colombia, así como de la producción aurífera en estos países, se observa un entramado de desafíos económicos, sociales y ambientales que requieren una respuesta integral. Las disparidades entre producción y exportación de oro en Perú y Colombia evidencian inconsistencias estadísticas y posibles vínculos con actividades ilícitas, mientras que, en Bolivia, las políticas internas han buscado alinear el manejo del mercurio con compromisos internacionales como el Convenio de Minamata, logrando avances significativos en trazabilidad y control de este metal.

A pesar de estos avances, el Gobierno reconoce los desafíos persistentes, como la necesidad de una legislación integral que regule todo el ciclo de vida del mercurio y fortalezca el control y la fiscalización en mercados internos y fronteras con países vecinos.

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