En su mensaje, Roca no dudó en criticar la situación que enfrenta La Paz. Se comprometió a trabajar por un cambio significativo que permita a la ciudad alcanzar un estado de prosperidad. Según él, la Alcaldía ha ejercido abuso, atropello y maltrato hacia los ciudadanos durante las últimas dos décadas.

Problemas en servicios públicos

Roca denunció que los ciudadanos han sido asfixiados por impuestos, pero a cambio no han recibido casi nada. “Nuestros servicios públicos como la recolección de basura son un desastre, nuestras calles son puro baches y no estoy hablando de las laderas o zonas alejadas, inclusive en el mero centro de la ciudad”, reclamó Roca, según lo citado por Erbol.

Competencia electoral

Con su anuncio, Roca se suma a la lista de precandidatos que buscan ocupar la silla municipal. Entre otros nombres que han manifestado su interés se encuentran César Dockweiler y Xavier Iturralde. Por su parte, el actual alcalde Iván Arias aún no ha indicado si buscará la reelección en este proceso electoral.

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El pronunciamiento de Roca se produjo tras las afirmaciones de parlamentarios chilenos que mencionaron una supuesta complicidad de Bolivia en la circulación y posible legalización de vehículos robados. El legislador boliviano calificó estas afirmaciones como “ignorantes, demagógicas y populistas”, y argumentó que son utilizadas para confundir a la población chilena con fines electorales.

“Dejen la majadería de decir que en Bolivia alguien quiere legalizar autos robados”, afirmó Roca. Aseguró que no existe ninguna propuesta, ni del oficialismo ni de la oposición, que busque legalizar vehículos sustraídos en el país vecino. “El anteproyecto de ley que yo he presentado excluye de forma explícita los vehículos robados”, recalcó.

Contexto del problema

Roca contextualizó el problema y explicó que desde 2020, más de 3 millones de vehículos han ingresado ilegalmente a través de los puertos chilenos, provenientes principalmente de Asia. Según dijo, cientos de miles de estos vehículos han transitado por territorio chileno antes de llegar a Bolivia. “¿Qué hacen las autoridades chilenas para evitar el tránsito de vehículos indocumentados por su territorio?”, cuestionó.

Además, recordó que desde la pérdida del litoral en 1879, Bolivia depende del tránsito por territorio chileno para acceder a vehículos importados. “No llegan por aire ni en helicóptero, ni por wifi”, ironizó Roca.

Políticas fiscales inadecuadas

Respecto al origen del problema, el diputado explicó que el fenómeno de los “autos chutos” en Bolivia es el resultado de una combinación de políticas fiscales inadecuadas. Esto incluye la prohibición de importar vehículos usados con más de 1 año de antigüedad y la alta carga impositiva sobre vehículos nuevos y usados. “El precio de los papeles termina duplicando o triplicando el valor del vehículo”, comentó.

En este contexto, defendió su propuesta legislativa como una solución práctica a un “absurdo legal y tributario”. Aclaró que se trata de una medida orientada a regularizar la situación de vehículos indocumentados, no de autos robados. “Los vehículos robados son un fenómeno de criminalidad que debe ser perseguido y castigado sin excepción”, enfatizó.

Descalificaciones y populismo

Roca también respondió a las descalificaciones personales que ha recibido desde Chile. “Me imagino que han dicho eso mirándose al espejo. ¿Quién cuernos ha propuesto legalizar autos robados?”, preguntó. Sostuvo que, al igual que en Bolivia hay figuras políticas que recurren al discurso fácil, en Chile también existen diputados que apelan a la desinformación y al populismo para ganar votos.

Relaciones bilaterales

En cuanto a las relaciones bilaterales, consideró que las declaraciones de los parlamentarios chilenos no deberían escalar a un nivel diplomático. “No nos vamos a poner a decirles cómo arreglar su problema de altísima criminalidad. Es un tema de soberanía”, señaló Roca.

Finalmente, reiteró su disposición a dialogar con sus pares chilenos y compartir información oficial sobre el problema del robo de vehículos. “Con gusto nos reunimos, charlamos, les explico. Pero por favor, infórmense antes de hablar”, concluyó.

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Esta iniciativa tiene como objetivo regularizar el parque automotor y reducir la evasión fiscal. Además, está dirigida a las zonas rurales, donde estos vehículos facilitan el transporte de productos y personas, asegurando movilidad y acceso a servicios básicos.

Contexto de los autos indocumentados

Roca explicó que Bolivia cuenta con cerca de 500.000 vehículos indocumentados que ingresan legalmente hasta Iquique, Chile, y luego son introducidos al país debido a políticas fiscales que encarecen los trámites hasta “el doble o el triple que el propio auto”. Esto genera que muchos propietarios opten por el contrabando para mantener la movilidad de sus vehículos.

Exclusión de autos robados

El diputado aclaró que la legalización propuesta no abarca autos robados, los cuales seguirán siendo perseguidos y castigados como un delito penal. Esta distinción permite separar claramente el problema de la evasión fiscal de la criminalidad, evitando confusiones sobre la finalidad de la ley.

Propuestas de la ley

El anteproyecto propone eliminar la prohibición de importar autos usados, reducir los impuestos asociados y establecer una tasa municipal de registro que oscilaría entre 0 y 30%, con un promedio del 15%. De esta manera, los propietarios pagarían en su municipio en lugar de en la aduana, lo que facilita la legalización de los vehículos y simplifica el proceso administrativo.

Además, se plantea reemplazar el impuesto anual al vehículo por una tasa de rodaje. Esta medida incentivaría la renovación del parque automotor y otorgaría beneficios a los autos eléctricos durante los primeros años. De esta manera, se promueve un cambio gradual en la matriz energética y se fomenta la sostenibilidad.

Diferenciación de vehículos

Roca explicó también cómo se diferenciarán los autos indocumentados de los robados mediante la verificación del número de chasis y la colaboración entre las policías de Bolivia y Chile. Con esta se busca que los autos robados no se mezclen con los legales, evitando confusiones y reduciendo riesgos de criminalidad, al tiempo que garantiza seguridad jurídica para los propietarios.

Un cambio tributario necesario

El diputado subrayó que la medida no es un “perdonazo” ni un tratamiento de excepción: “Este no es el que entró ilegal, ahora lo legalizamos y le damos un beneficio y todo sigue igual. ¡No! Es un cambio del régimen tributario para el sector automotriz”.

Según Roca, la legalización permitirá resolver un problema estructural que afecta a miles de bolivianos, especialmente en las áreas rurales, donde los propietarios de autos indocumentados enfrentan extorsiones y altos costos por combustible.

Invitación al diálogo político

Finalmente, el diputado invitó a otros actores políticos a discutir la propuesta para avanzar en su implementación. “Yo invito a don Tuto Quiroga y a Rodrigo Paz a que discutamos este anteproyecto de ley para que la legislatura entrante tenga ya algo muy avanzado, muy racional para solucionar un problema grave que tienen cientos de miles de bolivianos, sobre todo en nuestras áreas rurales”, finalizó.

LDVY

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Roca ha descrito el discurso del presidente como “desubicado y desconectado de la realidad”. Además, cuestionó la falta de mención a los 200 años de independencia en su mensaje oficial, lo que considera un aspecto significativo que no se debió pasar por alto.

Fin de la persecución política

Durante una entrevista, el legislador destacó dos eventos recientes que, según él, marcan el inicio del fin de la persecución política en Bolivia. Estos son el regreso del exalcalde de El Alto, José Luis Paredes, y la anulación de procesos judiciales contra Leopoldo Fernández.

Sin embargo, Roca recordó que todavía hay más de 200 presos políticos en el país. Estos incluyen activistas, policías y militares que han sido acusados en casos que él califica como “mentiras”, como el Hotel Las Américas, el Porvenir y el supuesto golpe de Estado.

Promesas de justicia independiente

Roca subrayó que cuando el capitán Manfred Reyes Villa asuma el gobierno, se impulsará una justicia independiente que pondrá fin a las persecuciones políticas. “Quienes han cometido delitos serán juzgados, pero se acabarán los juicios políticos montados”, afirmó.

El diputado mencionó que figuras como Evo Morales deberán responder ante la justicia si existen órdenes de aprehensión en su contra.

Actividades de campaña de Súmate

Respecto a las próximas actividades de campaña de la alianza Súmate, Roca indicó que se mantendrán en contacto directo con la población. Habrá cierres en distintas regiones del país, aunque la agenda apretada limita la posibilidad de realizar eventos masivos en todos los departamentos.

Voto en el exterior

En relación al voto en el exterior, Roca aseguró que está garantizado por el Tribunal Electoral y representa aproximadamente un 4 % del padrón general.

Debate presidencial

Sobre el debate presidencial que está previsto para el martes, Roca dijo no tener información precisa acerca de la participación de Manfred Reyes Villa. Sin embargo, descartó que exista miedo por parte del candidato o su equipo. “Yo debato con quien sea; miedo no existe”, afirmó.

Finalmente, Roca destacó que, según encuestas recientes, 7 de cada 10 electores aún no han decidido su voto. Esto podría ser determinante en los próximos días. Aseguró que el apoyo hacia su candidato se refleja en la calle y anticipó anuncios importantes en breve.

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Roca expresó que el candidato Manfred Reyes Villa, de APB-Súmate, presentó propuestas concretas frente a sus principales oponentes. El legislador subrayó la importancia de tener un contraste de propuestas reales, especialmente ahora que faltan 5 semanas para las elecciones programadas para el 17 de agosto.

Importancia del debate presidencial

Roca mencionó que, después de 20 años, asistió a un debate que consideró fructífero y positivo entre los principales candidatos presidenciales. Para él, esto representa un ejercicio democrático esencial.

“A partir de ahora, solo estamos a 5 semanas de las elecciones del 17 de agosto. El país tiene que entrar en ese contraste de propuestas, no de la mentira, no de las encuestas truchas, sino de propuestas reales”, afirmó Roca. En este contexto, indicó que APB-Súmate está compitiendo por el primer puesto para formar un gobierno a partir de noviembre.

Propuestas de Manfred Reyes Villa

Roca declaró: “Un gobierno sólido, un gobierno de firmeza, un gobierno que nos va a dar a los bolivianos la transformación profunda que todos estamos esperando”. Además, destacó entre las propuestas de Reyes Villa la creación de 1 millón de empleos en el próximo periodo gubernamental y la garantía de combustibles como diésel y gasolina a menos de 5 bolivianos sin subvención.

El diputado también enfatizó que los bolivianos requieren ingresos y estabilidad económica. Esto se logrará con una estabilidad social proporcionada por el candidato adecuado. Se refirió específicamente al hecho de que “ningún cocalero, ningún Evo” debería poner en duda que el próximo gobierno gobernará para todos los bolivianos durante los próximos 5 años.

Críticas a la oposición

Sobre la ausencia del senador Andronico Rodríguez en el debate, Roca comentó: “No sé por qué se habrá excluido del debate, pero tampoco sorprende; ha sido una lógica de Evo Morales jamás debatir porque no tienen propuestas”. También criticó las intervenciones del representante del MAS, Eduardo Del Castillo, y de Johnny Fernández, señalando que fueron marginales y no aportaron al debate real.

Situación en la Asamblea Legislativa

En relación con la Asamblea Legislativa y su agenda, Roca indicó: “Nos encontramos en dos recesos simultáneos. David Choquehuanca la dejó en receso y lo mismo ocurrió con la plenaria de diputados”. Criticó la falta de esfuerzo para construir consenso y acusó al oficialismo de intentar hacer trampa en las votaciones.

Finalizó diciendo: “La asamblea tiene que funcionar” y exhortó a Omar Yujra y David Choquehuanca a dejar de intentar hacer trampa en la votación: “Hagamos votaciones nominales de cara al pueblo y comencemos a construir los consensos”.

/KMMN

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Reestructuración del sistema de carburantes

La norma sugiere una reestructuración del sistema de provisión de carburantes. Roca explicó que este nuevo mecanismo podría solucionar la escasez de carburantes sin depender del actual modelo de subsidios y de la participación exclusiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a la que calificó de ineficiente y bajo sospechas de corrupción.

De acuerdo con el legislador, el BCB podrá adjudicar los dólares a los oferentes que garanticen un mayor volumen de carburante por cada dólar, utilizando un tipo de cambio fijo de 6,96 bolivianos.

Eliminación del monopolio estatal

La propuesta legislativa también incluye la eliminación del monopolio estatal sobre la importación, transporte, almacenamiento y comercialización de carburantes. Esto abriría todo el proceso logístico al sector privado.

Además, Roca planteó eximir de impuestos a toda la cadena de comercialización. Argumentó que el Estado actualmente cobra tributos para luego subvencionar, lo que genera distorsiones y pérdidas en el sistema.

Exclusión de la Ley de Sustancias Controladas

Otro aspecto central del proyecto de ley es la exclusión de la gasolina y el diésel del régimen de la Ley de Sustancias Controladas. Roca consideró incoherente que productos de consumo masivo estén regulados por una norma destinada al combate del narcotráfico.

El legislador destacó que la implementación de esta ley permitiría eliminar la subvención estatal, combatir la corrupción y asegurar el abastecimiento de combustible en el país.

Apoyo de transportistas

Durante la presentación del proyecto, representantes del transporte pesado respaldaron la iniciativa y anunciaron medidas de presión a partir del lunes. Denunciaron que la escasez de carburante les impide operar con normalidad y advirtieron sobre la posibilidad de declararse en quiebra nacional, además de suspender el pago de peajes, impuestos y obligaciones bancarias.

El sector del transporte señaló que, a pesar de los aportes que realiza al erario nacional, no ha recibido respuestas efectivas del Gobierno ante la crisis de abastecimiento.

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El documento emitido por el TCP también indica que se debe informar al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, sobre esta decisión. A partir de la notificación, se le otorgan 15 días para presentar sus alegatos.

Gonzalo Hurtado, quien leyó la resolución, explicó: “Primero, admitir la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por Miguel Antonio Roca Sánchez, diputado titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dos, poner la presentación de control normativo al conocimiento de David Choquehuanca, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como personero del órgano que generó la norma alegada”.

Reacciones del diputado Roca

El parlamentario Miguel Roca manifestó su satisfacción por la medida cautelar que suspende de inmediato la disposición adicional séptima. Esta suspensión prohíbe a cualquier entidad del Estado trabajar en la reglamentación de esta norma.

Roca también mencionó que esta preocupación es solo una de las muchas que tiene el sector empresarial. Aún existen más demandas que están relacionadas con el abastecimiento de combustible, el cual no ha sido regulado adecuadamente.

Declaraciones del viceministro Silva

Por su parte, el viceministro de Defensa de los Derechos de Usuario y Consumidor, Jorge Silva, indicó que aún no han recibido notificación del TCP. Sin embargo, aseguró que deberán acatar la decisión del Órgano Judicial respecto a la disposición adicional séptima.

Silva calificó como política la marcha que el sector gremial ha anunciado para esta semana. Además, sugirió que los sectores deberían considerar otro tipo de movilizaciones que no obstaculicen la economía del país, ya que las medidas actuales no resuelven los problemas del país.

Acciones contra la especulación

La autoridad también anunció que se llevarán a cabo denuncias contra las personas que especulen con los precios de productos como el arroz y el aceite. Silva exhortó a la Fiscalía a acelerar el proceso contra comerciantes que ya han sido identificados.

La disposición adicional séptima tenía como objetivo establecer un control sobre los precios de la canasta familiar. Además, facultaba a las autoridades correspondientes para confiscar productos que consideren que están siendo objeto de especulación de precios.

Detalles de la disposición

El texto de la disposición menciona: “Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Además, se establece que “todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales debe declarar información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad”.

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De acuerdo con un comunicado emitido por la Cámara de Diputados, la primera sesión ordinaria para el tratamiento del proyecto de ley comenzó de manera regular, pero fue interrumpida antes de que se pudiera avanzar en la discusión.

“Dio inicio la primera sesión ordinaria para tratar el Proyecto de Ley N°003/2024-2025, del PGE 2025. La sesión entró en cuarto intermedio hasta el viernes a las 8:00 horas”, señala el comunicado oficial.

Preocupación por la ausencia del ministro

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, expresó su preocupación en redes sociales sobre la falta del ministro, lo que llevó a la suspensión de la sesión. Roca también hizo hincapié en la importancia de cumplir con los plazos establecidos para la aprobación del PGE.

La Asamblea Legislativa tiene hasta el 31 de diciembre para tratar y aprobar el presupuesto. Este proyecto debe ser aprobado primero en la Cámara de Diputados y luego enviado a la Cámara de Senadores, donde debe ser ratificado para que finalmente sea promulgado por el Órgano Ejecutivo.

Desafíos en el análisis del PGE

Algunos legisladores de la Cámara Alta han señalado que el tiempo limitado podría dificultar un análisis exhaustivo del PGE, lo que podría resultar en su rechazo. Roca cuestionó la falta de tiempo para revisar el proyecto de ley.

“Eso nos rebaja de siete a cinco días hábiles el plazo disponible para la Asamblea. ¿Decretazo a la vista?”, indicó el diputado, mostrando su preocupación por la situación.

Marco legal para la aprobación

La Constitución Política del Estado (CPE) establece en su artículo 158 que la Asamblea tiene la potestad de aprobar el PGE. Si no se aprueba dentro del plazo de 60 días, el presupuesto se considerará aprobado automáticamente.

Este mecanismo se aplicó en 2023, cuando, debido a la falta de consenso entre diputados y senadores, el PGE 2024 fue aprobado de forma automática y comenzó a regir el 1 de enero de este año.

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Miguel Roca ha enfatizado la necesidad de garantizar la independencia del Banco Central de Bolivia, Impuestos Nacionales y Aduana Nacional antes de aprobar cualquier crédito gubernamental. El legislador ha mantenido una postura firme durante meses, argumentando que sin transparencia en las operaciones del gobierno, no se puede respaldar ningún préstamo, especialmente cuando no se brinda información sobre empresas chinas y el litio.

Empresarios privados se comprometen a desbloquear créditos pendientes

Tras la conclusión del Diálogo Nacional por la Economía y la Producción, donde se alcanzaron 17 acuerdos, se destaca el compromiso de los empresarios privados para desbloquear créditos pendientes que superan los 1.000 millones de dólares. Esta iniciativa busca impulsar la economía nacional, aunque Roca cuestiona la participación de empresarios y alcaldes en respaldo a los pedidos crediticios del gobierno, considerándolo un endeudamiento perjudicial para los bolivianos.

La diputada Rosario García aboga por la aprobación de créditos para reactivar la economía

En contraposición a las declaraciones de Roca, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rosario García, aboga por la aprobación de créditos como medida prioritaria para reactivar la economía nacional. García destaca que estos recursos están destinados principalmente a sectores clave como la construcción de carreteras, el desarrollo urbano, el riego productivo y los enlosetados, beneficiando directamente al país.

“La asamblea debe tomar en cuenta que el 41% de estos créditos está destinado a la construcción de carreteras, el 16% al desarrollo urbano, un 14% al riego en el tema productivo y el 10% a enlosetados, y esto beneficia a Bolivia y no a los bolsillos de otras personas”, señaló García.

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El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, manifestó que dos viceministros, pertenecientes a la cuarta jerarquía del Ejecutivo, no tienen ninguna potestad para asegurar que las leyes aprobadas por el Senado en estos días no serán promulgadas.

“Dicen que lo decidido por el Parlamento no vale; dos `pinches` viceministros. Esto ejemplifica la soberbia con la que gobierna Luis Arce, quien se cree por encima de la Asamblea y permite que sus viceministros traten de pisotear al Órgano Legislativo”, declaró el diputado opositor.

Oposición llama a defender democracia ante posible atropello

Ante este escenario, preguntó a la población si va a seguir permitiendo estos atropellos porque no se trata simplemente de una pelea entre políticos del Legislativo y el Ejecutivo, sino un factor democrático que involucra a todos los bolivianos. Además, recordó que el expresidente del Perú, Pedro Castillo, fue destituido y ahora está preso por querer anular la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial. Por tanto, pidió a la gente darse cuenta de que gobernar mediante decretos, como aparentemente quiere Luis Arce, es un gobierno de facto.

Senador del MAS destaca importancia del Tribunal Constitucional

Por su parte, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores, explicó que ninguna autoridad del Ejecutivo tiene la potestad de desconocer un proceso legislativo. El único con jurisdicción para hacerlo es el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Respeto que algunas autoridades no reconozcan las sesiones que se tuvieron esta semana en el Senado, pero no son quienes para decirlo, su opinión no sirve. Tenemos que esperar a que nos lo diga el TCP en algún momento”, manifestó el senador.

/LPT

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Según aseguró el diputado Miguel Roca, la intención del gobierno es posicionar a las autoridades judiciales de facto, utilizando todo tipo de argumentos para ampliar ilegalmente su mandato y seguir manejando la justicia a su conveniencia.

Proyecto propone regular continuidad jurisdiccional hasta elección nuevos magistrados

Para evitar esto, el diputado opositor explicó que el proyecto de ley plantea regular su continuidad jurisdiccional hasta la elección de nuevos magistrados. El proyecto tiene siete artículos, uno transitorio y una disposición derogatoria.

Según aseguró Roca, la propuesta estipula que no habrá prórrogas de ningún tipo, por lo que los magistrados ya no estarán en funciones a partir del 2 de enero; como segundo punto establece un ámbito transitorio para que el sistema judicial siga funcionando en lo administrativo y operativo.

El trasfondo de la norma, según el diputado, es únicamente hacer cumplir la ley y reanudar el tratamiento del proyecto 144 sobre elecciones judiciales. Este fue aprobado en el Senado, pero fue observado por el TCE después de ser enviado para consulta.

Inmoral entrar en receso sin resolver temas importantes para el país

Finalmente, manifestó que sería inmoral que la Asamblea Legislativa entre en receso teniendo pendientes tantos temas importantes para el país. Además, también expresó que sería inapropiado aprobar otras leyes, como la del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, sin resolver antes el tema de las elecciones judiciales.

En respuesta a esto, la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Virginia Velazco, manifestó que el PGE no se puede dejar de lado porque es igualmente importante para el país. Además, explicó que el problema de la justicia no se solucionará solo con las elecciones judiciales, sino que se necesita un proceso de reestructuración.

Necesario trabajar en proyecto de elecciones judiciales y otras normativas

Según su criterio, se debe trabajar en el proyecto de ley de elecciones judiciales en tiempo y forma. Pero al mismo tiempo, también es crucial debatir otras normativas como la 025 del Órgano Judicial; además se debe digitalizar expedientes y eliminar la retardación de justicia.

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Gobierno busca controlar empresas públicas

Según el asambleísta, el gobierno pretende tomar el control de las empresas públicas a través de la ley del PGE 2024, otorgando poder de decisión a las Máximas Autoridades Ejecutivas. Roca afirmó que esto resultará en un incremento del 12% en los servicios de las empresas estatales y un aumento del 11% en la recaudación tributaria para lograr un equilibrio presupuestario.

PGE contempla 266.000 millones de bolivianos

Roca mencionó que el Presupuesto General del Estado contemplará una cifra total de 266.000 millones de bolivianos. Sin embargo, expresó su preocupación debido a que más de la mitad del presupuesto se destinará a la política de sustitución de importaciones, calificándola como deficitaria.

Artículos fuera de tema generan controversia

El legislador también señaló que existen “artículos fuera de tema” dentro de la normativa, los cuales no guardan relación con el tema principal. Uno de ellos establece políticas relacionadas al expresidente Gonzalo Sánchez. Además, se menciona que las empresas estatales tendrán la facultad de realizar alianzas estratégicas con empresas nacionales o extranjeras.

Taller de socialización con autoridades municipales

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, anunció que este jueves se llevará a cabo un taller de socialización con las autoridades municipales para discutir sobre el Presupuesto General del Estado y sus implicaciones.

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El legislador acusó a la autoridad de enviar un proyecto de ley de presupuesto innecesario, con siete disposiciones adicionales también innecesarias. Esta es la principal razón por la cual la propuesta aún no ha sido aprobada.

Aumento del techo presupuestario cuestionado

Además, recalcó que no era necesario aumentar el techo presupuestario del 100% al 102%, ya que en la mayoría de las nueve gobernaciones, 34 municipios y 11 universidades, así como en otras instancias, no se ejecuta más del 80% de los recursos asignados.

Demandan renuncia del ministro

“El ministro está confrontando peligrosamente al país al hacer creer a los alcaldes de su propio partido que el problema radica en la Asamblea cuando en realidad está en las acciones del ministro. Por eso exijo su renuncia. No puede jugar tan irresponsablemente con los intereses patrios”, declaró Roca.

Reto a debatir y explicar motivos

Además, retó a Montenegro a debatir y explicar a la población los motivos detrás de poner al país en vilo respecto a un tema tan delicado. Según su criterio, hay motivos deshonestos detrás de la inclusión de las siete disposiciones adicionales que no tienen relación con el PGE.

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“La Aduana Nacional se resiste a hacer algo cuando obviamente son ellos los que fallaron. Hay denuncias al respecto y por eso exigimos respuestas mediante esta Petición de Informe Escrito al Ministro Montenegro, porque tampoco pagaron impuestos”, declaró el legislador.

Aeronaves utilizadas por TAM-FAB en la mira

Las 12 aeronaves habrían sido utilizadas por el Transporte Aéreo Militar de la Fuerza Aérea Boliviana (TAM-FAB), y aunque la Aduana no se pronunció respecto ante la irregularidad, Roca precisó que el Servicio de Impuestos Nacionales emitió notas de cargo para cobrar los impuestos por los servicios prestados por la empresa con esas aeronaves.

Detalles sobre las aeronaves involucradas

Los vehículos en conflicto son dos aviones chinos turbohélice MA-60 para transporte de pasajeros, con matrículas militares FAB-96 y FAB-97 que ingresaron al país en 2007. También hay dos aviones Jet Stream, con matrículas militares FAB-045 y FAB-046, que habrían sido comprados en 2014 e ingresaron al país ese mismo año. Finalmente, se observaron irregularidades en ocho aviones BAe 146-200 y BAe 146-100 con matrículas militares FAB-99, FAB-100, FAB-101, FAB-102, FAB-103, FAB-104, FAB-105 y FAB-106, que ingresaron a Bolivia progresivamente desde 2007.

Preguntas para el Ministro de Economía

En ese sentido, Montenegro deberá responder qué se aplica como flagrancia por la Aduana Nacional considerando las siete tipologías de contrabando establecidas en el Código Tributario boliviano; específicamente en la tenencia de mercadería extranjera sin haber realizado previamente un trámite aduanero. De igual forma deberá precisar detalladamente las acciones que realizó la Aduana Nacional después de que se hiciera la denuncia sobre estos 12 aviones en tres ocasiones desde el año pasado. Además, debe precisar si existe otra instancia aparte de la Oficina de Despachos Oficiales que pueda encargarse de la nacionalización de aeronaves. Roca también pidió que Montenegro precise cuál es la situación legal de una aeronave que opera en espacio aéreo nacional pero no tiene una póliza de importación legal.

Amplia documentación requerida

En total, el Ministro de Economía deberá responder 13 preguntas respecto a la situación de estos 12 aviones, con la respectiva documentación que verifique los datos proporcionados.

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Roca afirmó que existe una clara falla en la policía nacional al permitir que un importante narcotraficante buscado por varios países haya estado viviendo y operando abiertamente en el país. Según él, esto demuestra la complicidad de las autoridades.

Viceministro Aguilera señalado por su afiliación política.

Además, Roca señaló que Jhonny Aguilera, como viceministro de régimen interior, desempeña funciones políticas en representación del Movimiento Al Socialismo (MAS), lo cual indica que su actuación como jefe máximo de la institución policial siempre ha sido política y no institucional.

El diputado recordó que años atrás el MAS aprobó una ley que colocaba al ministro de Gobierno por encima del comandante nacional de la Policía, advirtiendo sobre los peligros de politizar dicha institución.

En este sentido, Roca sostuvo que es responsabilidad del ministro de Gobierno responder ante el país y la comunidad internacional por este hecho altamente irregular y delincuencial.

Senador del MAS solicita informe oral del ministro Del Castillo.

Por otro lado, el senador del MAS, Leonardo Loza, consideró necesario un informe oral del ministro Del Castillo debido a las declaraciones realizadas por el narcotraficante uruguayo donde agradece a un oficial de la Policía Boliviana por ayudarle a escapar. Loza advirtió sobre posibles perjuicios para el país si se revelan más detalles comprometedores.

Mejoras necesarias en lucha contra narcotráfico.

Loza también criticó el desempeño de la Policía Boliviana, señalando que su falta de organización y trabajo de inteligencia en la investigación ha permitido que grandes narcotraficantes vivan en Bolivia e incluso amenacen a las fuerzas policiales. Destacó la necesidad de mejorar en la lucha contra el narcotráfico, ya que este problema ha tenido un fuerte impacto en el país.

Preocupación por censura al ministro Del Castillo y ratificación

Finalmente, el legislador lamentó que el Gobierno no haya respetado la censura al ministro Del Castillo y cuestionó su ratificación mediante un decreto considerado inconstitucional. Expresó su preocupación por los problemas en los que se encuentra involucrado el ministerio del estado.

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Además, propuso una comisión paritaria conformada por oficialismo y oposición con facultades especiales para investigar el caso del “narcovuelo”. “Ir a España hablar con las autoridades españolas para constatar que llegó la droga ahí lo encuentro un gasto insulso e irresponsable”, afirmó.

Autorización de viaje

El 07 de junio, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados aprobó una resolución que autoriza el viaje de los legisladores Sabina Condori, Celia Salazar, Hernán Hinojosa, Roy Suárez del Movimiento Al Socialismo (MAS), Walter Arizaga de Comunidad Ciudadana y Tito Caero de Creemos (CC) a Madrid para investigar el envío de un cargamento de 478 kilos de droga desde Bolivia a España.

Antecedentes del caso

A finales del mes pasado, los medios españoles dieron a conocer que un avión subalquilado por la estatal Boliviana de Aviación (BoA) transportó en febrero 478 kilos de droga desde el aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz hacia España. Sin embargo, las autoridades aduaneras en Barajas lograron impedir que la droga ingresara al país europeo.

/NCC

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El diputado Roca señaló que, a las 18:20 horas de la pasada jornada, fue cuando recibió la conminatoria firmada por el Presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, en el que le solicita mencionar a los legisladores, quienes supuestamente ingresaron con “maletines negros” al legislativo.

Ante los medios de comunicación, el diputado rompió la conminatoria, indicando que Mercado no puede ir a amenazarlo con procesos penales.

“Usted es el presidente de la cámara de diputados, lea la credencial que debería tener en su billetera y no haga bellacadas como mandarme esta conminatoria y amenazarme con procesos penales”, indicó a LA PATRIA.

Aclaró que el día de la aprobación de dicha ley, Roca estuvo negando ante los medios de comunicación, sobre la existencia de un pacto entre Comunidad Ciudadana y el “arcismo”.

“Dije como quien dice, han circulado maletines negros por debajo de la mesa, esa es una expresión que se refiere, no a un maletín físico de color negro con contenido desconocido”, sostuvo.

Sin embargo, el legislador ratificó su denuncia de tratos turbios dentro de la Asamblea Legislativa.

SENADORA ANDREA BARRIENTOS

Por su parte, la legisladora y jefa de bancada de Senadores de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, ratificó que lo senadores de esta alianza acordaron establecer su rechazo al proyecto de Ley N° 219 de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales.

“Vamos a rechazar y vamos a ver qué opina el “evismo” y el “arcismo (…) El Gobierno le está vendiendo el discurso a la gente de que esta ley es plata y nos va a beneficiar, pero de aquí a un año y medio, cuando ya no alcancen los lingotes y no recibamos intereses de esos lingotes y no haya plata ni lingotes que vender, ahí vamos a ver cómo nos va y esto va pasar”, manifestó Barrientos.

Mencionó que, en su condición de jefa de bancada, tiene confianza en cada uno de los senadores de su alianza y descartó que vaya a pasar lo mismo que en la Cámara de Diputados.

/NVY

La entrada Diputado de CC afirma que “maletines negros” solo fue una expresión y senadora ratifica rechazo a la Ley del Oro se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El diputado opositor declaró que el pedido de realizar el Censo ya no es regional cruceñista, sino que otros departamentos se suman a la exigencia de la actividad censal.

“Lo que inicialmente era antes un reclamo regional cruceño ahora tiene a todo el país movilizado, porque escuchamos a todos los departamentos que ‘queremos Censo’, que pare el abuso y el embuste”, manifestó Roca, según reporte de LA PATRIA Radio en La Paz.

Asimismo, se refirió a la Asamblea de la Paceñidad, la cual fue convocada para el 21 de octubre y en la que se analizarán las medidas que asumirá La Paz en cuanto a la realización del Censo.

“Soy diputado uninominal de esta ciudad (La Paz) y no he recibido ninguna invitación, ¿qué alcalde paceño ignora a un diputado uninominal elegido con casi 100 mil votos?, ¿qué le pasa a este alcalde?, ¿qué está haciendo, otra vez otra Asamblea de la Paceñidad para boicotear el paro? Los paceños nos tenemos que movilizar exigiendo el Censo, porque no solo es recursos, es sobre todo la eliminación del fraudo sistemático que hace el Movimiento Al Socialismo al momento de las elecciones”, finalizó el político de CC.

/MDCB

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/ LMPT

La entrada Caso Áñez: Diputado Roca afirma que este Gobierno es el menos indicado para hablar de designaciones ilegales se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El legislador se refirió al pronunciamiento de Estados Unidos respecto a las Elecciones Generales de Bolivia de 2019, en las que se evidenciaron irregularidades. 

Consideró que al partido oficialista no le importa cuánto tenga que mentir para mantener el poder, debido a su rechazo del informe del “país del Norte”. 

El Gobierno calificó como una supuesta intromisión el informe de EE.UU., cuestionando el mismo. 

Recomendaciones internacionales  

Para Roca, se deben implementar  las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), respecto a la situación de la justicia del país, la cual según el ente, no tiene independencia política. 

Asimismo, recordó que fue el Gobierno de Luis Arce, el que llamó a los expertos del GIEI; pero cuando dieron su informe no lo toman en consideración. 

Respecto a la auditoria de la Organización de Estados Americanos (OEA), subrayó que Evo Morales invitó al organismo, con el compromiso de que los resultados iban a ser vinculantes.  

Finalmente, sobre el pronunciamiento de EE.UU., resaltó que el Gobierno fue el que lo pidió, pero ahora lo rechazan. 

“¿Quiénes pidieron el informe de EE.UU.?, el propio Gobierno, pero cuando llega el informe no les gusta. O sea el MAS tiene el cinismo de negar lo obvio”, manifestó.

/JDLF/

La entrada Diputado Roca: “Al MAS no le importa la verdad, solo le importa el poder” se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“A mí entender esto no es ilegal. ¿cuándo el Gobierno sacó una disposición o un decreto para decir que los juegos pirotécnicos son ilegales? Señor fiscal general, si esto es ilegal, venga a apresarme”, aseveró.

Roca protestó por la aprehensión de tres jóvenes durante la marcha de médicos y otras instituciones realizada en días precedentes en la ciudad de La Paz.

“Si me toma preso, que tome preso al ministro de Gobierno y a cientos de miles de bolivianos que utilizan esto para un partido de fútbol, para una fiesta patronal o para celebrar un cumpleaños”, manifestó.

Aprehendidos

En horas recientes la acción de libertad presentada por los jóvenes aprehendidos fue negada.

La justicia determinó que ellos deben cumplir tres meses de detención preventiva, procesados por supuesta tenencia, porte y portación ilícita.

La “marcha por la democracia” fue convocada por el Colegio Médico y pretendía recorrer diferentes calles del centro de la ciudad de La Paz; sin embargo, fue interceptada por un grupo de personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Los oficialistas con banderas azules y wiphalas impidieron que la movilización continúe ese día; hubo hechos de violencia que dejaron ocho arrestados, de los cuales cinco fueron liberados.

/JDLF/

La entrada Diputado activa un petardo en puertas de la ALP, desafiando a que lo detengan se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Según datos extraoficiales, se calculan que hay unos 200.000 vehículos que fueron internados al país de manera ilegal y que circulan en el territorio.

En ese contexto, Roca mencionó que estos propietarios deben comprar el combustible en el “mercado negro”, lo que genera corrupción en la venta.

Asimismo, señaló que las leyes están mal planteadas, y que le están haciendo daño a la sociedad, y que su propuesta tiene las soluciones para beneficiar a ese sector, manifestó en una conferencia de prensa con los medios locales.

La propuesta del diputado de CC, consiste en levantar las restricciones a la importación de vehículos usados sobre la base del año de fabricación y sólo mantener las restricciones técnicas, ambientales y legales.

Otra de sus propuestas está en sustituir el Impuesto a la Propiedad de Vehículos de Dominio Municipal, con una tasa municipal por matrícula, que se pague al primer registro, y otra que se pague cada gestión en función al año de fabricación, cuyo objetivo es que los motorizados antiguos paguen mayor valor.

“Todo está al revés, todo está patas arriba, esta propuesta es estructural para ordenar el mercado de los autos y el parque vehicular nacional”, expresó Roca.

Por su parte, Ferrufino solicitó a los legisladores que se saquen la “camiseta política” y apoyen esta propuesta.

La primera socialización de la sugerencia de ley se realizará el sábado 30 de abril en el Coliseo del Municipio de Toco, en Cochabamba, luego se trasladarán al norte de La Paz, además de otras regiones del país, según cronograma.

/SVL

La entrada Diputado de CC presenta proyecto para nacionalizar autos “chutos” se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Según Roca, el PGE 2022 implica que Bolivia sea una economía socialista, puesto que de un Producto Interno Bruto (PIB) de 283 mil millones de bolivianos, más del 80 por ciento corresponde al sector estatal presupuestado en 235 mil millones respectivamente.

Asimismo, observó que ese 80 por ciento de participación del sector estatal en Bolivia, en el PIB es superior a otros países como Chile donde el 30% corresponde al sector estatal o Paraguay con al menos 37% e incluso países nórdicos que no pasan el 50%, según afirmó el diputado.

Por tal motivo, consideró que el PGE “dibuja un elefante azul, obeso y torpe” que nos está llevando al “abismo”.

“Cuando vemos que más del 80 por ciento de la economía es estatal, eso pues es un socialismo ya puro y duro, ya no es un Movimiento Al Socialismo (MAS), sino un movimiento en el socialismo y un socialismo parasitario”, añadió el representante de CC.

Observó también que se tenga más de 500 mil empleados públicos y que de esa cantidad, más de 50% sean funcionarios públicos burócratas, mientras que un 30% sean del Magisterio y el personal de salud represente de 6% a 8%.

Roca indicó que funcionarios de ministerios y viceministerios no producen, mientras que empresas estatales producen pérdida y más deuda que va a tener que pagar el pueblo boliviano con sus impuestos.

De esa manera criticó que de cinco mil millones de dólares que el PGE prevé para inversión, “lo fuerte” vaya a las empresas públicas que en su mayoría son deficitarias. Puso como ejemplo lo ocurrido con la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana).

DEUDAS DEL ESTADO

Según el diputado Roca, el gasto estatal previsto por el PGE se financia en más de 40 por ciento con la deuda interna y externa, según reporte de la red Erbol.

Asimismo, señaló que con la deuda interna se seguirán sacando los ahorros de la jubilación en préstamos; mientras que en la deuda externa este año se vencen los bonos del tesoro ubicados en Wall Street.

El asambleísta observó que, además del 40% del gasto financiado con deuda, más del 20% proviene de ingresos operativos de las empresas públicas y menos del 20% de impuestos. Por lo cual criticó que, mientras el Gobierno sigue hablando de los resultados de la “nacionalización de los hidrocarburos”, menos de 3% del presupuesto proviene de renta petrolera.

El diputado consideró increíble que Gobierno insista en una visión que utilizó en época de “vacas gordas” para ahora que estamos en “vacas flacas”.

“Inclusive el acceso al financiamiento externo lo tiene muy complicado por sus propios errores en materia política, entonces lo va hacer (financiar) con el endeudamiento interno, con la emisión monetaria, eso significa crisis a mediano plazo”, alertó Roca.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció que el PGE se basa en los pilares planteados por el Gobierno como la reactivación económica, el control de la pandemia por el Covid-19 y garantizar la educación.

/MDCB

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Dicho proyecto de ley fue evaluado y aprobado por la Cámara de Diputados y enviado al Senado para su revisión, el reciente viernes.

Roca indicó que este es otro escenario de los niveles de arbitrariedad que tiene el proyecto de ley, si bien no lo cita de manera explícita, pero de manera oculta lo incorpora en los alcances del artículo 11 de la “Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”.

El citado artículo titulado “Exención o Secreto de Confidencialidad”, dispone que no se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro.

Asimismo, cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que esta entidad establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo.

De ser así, cuando algún medio de comunicación informe sobre el nivel de poder económico que tiene una persona o una empresa, podrá ser requerido por la UIF para que entregue no solamente la fuente de información sino también todos los documentos que respaldan la información y no podrá oponer excepción legal de competencia al amparo de la Ley de Imprenta.

En la actualidad, un periodista tiene el derecho a no revelar toda la información acogiéndose al artículo 8 de la Ley de Imprenta de 1925.

Esta ley indica que el “secreto en materia de imprenta es inviolable”, a continuación, el artículo 9 advierte que “el editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto del anónimo, sin requerimiento del juez competente, es responsable, como delincuente, contra la fe pública, de acuerdo al Código Penal”, según reporte de la red Erbol.

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de la Prensa de Bolivia, Jorge Abrego, consideró que el artículo 11 del mencionado proyecto de ley, va contra la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley del Imprenta y también el Código Nacional de Ética Periodista.

Abrego mencionó que en el artículo 107, parágrafo II de la CPE, garantiza que la información difundida a través de los medios de comunicación esté elaborada de acuerdo a normas propias, de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.

Además, la autoridad de la organización nacional señaló que el artículo 5 del Código Nacional de Ética Periodística dispone que “se debe proteger la identidad de las fuentes confidenciales de información”. Sin embargo, el proyecto de ley anula cualquier posibilidad de invocar confidencialidad a simple requerimiento administrativo de la UIF.

De esa manera, el diputado Roca afirmó que el empoderamiento de la UIF es una mezcla “Hitleriana”, KGB (agencia de inteligencia de la policía secreta rusa) y el FBI de los Estados Unidos, ya que se puede pasar por encima de las garantías constitucionales y de la Ley de Imprenta la cual protege la actividad de los periodistas en Bolivia.

El proyecto de ley pasó a revisión a la Cámara de Senadores y debe seguir el trámite legislativo de enviar a una comisión, esperar su informe y ponerla a consideración del pleno, hecho que podría ocurrir la próxima semana.

/MDCB

La entrada Advierten que la Ley contra Ganancias Ilícitas afectará el “secreto profesional” de la prensa se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Debido a la demora del tratamiento del proyecto de ley para la devolución de los aportes a los trabajadores, el asambleísta aseguró que el retiro del dinero de estas entidades, es “para financiar la burocracia y el gasto corriente”.

Roca manifestó que desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), anuncian el tema del proyecto de ley en la agenda parlamentaria, sin embargo no lo presentan nunca.

“Aunque todas las semanas lo anuncian en la agenda parlamentaria no lo presentan (el proyecto de ley de devolución) y la sospecha se hace más grande cuando nos enteramos que solo el primer trimestre de este año el Gobierno ha sacado más de 3.600 millones de bolivianos de las AFP´s”, indicó el representante de CC.

Asimismo, el diputado acusó al Poder Ejecutivo de valerse de esos recursos para contratar en instituciones públicas a militantes del MAS, finalizó mencionando que “gastan la plata para financiar el gasto”.

La Cámara de Diputados, el 2 de febrero, mencionó el fortalecimiento del proyecto de Ley 078/2020-2021, “Para la Devolución Total o Parcial de Aportes” de parte de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP´s).

Según el informe del Ministerio de Economía, la norma propone la devolución de hasta el 15 por ciento de su saldo acumulado a quienes tienen aportes iguales o menores a Bs .100 mil, independientemente de su edad. Se prevé que la devolución del 100 por ciento será para quienes tienen hasta diez mil bolivianos acumulados, que tengan 50 años o más.

/MDCB

La entrada Denuncian que retiro del dinero de las AFP´s por el Gobierno es “un despilfarro” se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“Al parecer, el Presidente Luis Arce está cumpliendo su amenaza de no darle recursos a los municipios en los que no ganó el MAS; han ordenado que los alcaldes salientes reformulen los presupuestos antes del 9 de abril. Lo mismo con las gobernaciones”, informó Roca en contacto con Página Siete.

El diputado de CC realizó esta denuncia tras un comunicado del Ministerio de Economía para que las gobernaciones y municipios envíen sus solicitudes de reformulación presupuestaria hasta el 9 de abril.

En el comunicado 003/2021 Modificaciones al PGE- Gestión 2021, de fecha 10 de marzo, el Ministerio de Economía informa a todas las entidades del sector público, que esa cartera del Estado, inicio actividades inherentes a las modificaciones del PGE.

“En este contexto, las entidades que requieran efectuar modificaciones presupuestarias y recibir recursos adicionales que ameriten ser aprobadas por Ley de la Asamblea Legislativa deben remitir su solicitud hasta el 9 de abril del año en curso, impostergablemente”, dice el comunicado.

El legislador afirmó que la petición del Ministerio de Economía “es un atropello grave a la democracia” además calificó el encargo como un “despropósito”.

“Están entrando nuevas autoridades municipales y departamentales, resultado de la votación del 7 de marzo. El MAS sabe que se ha perdido en muchos lugares, entonces quiere, antes de que entren nuevas autoridades electas, reformular los presupuestos de las instituciones. Esto es un atropello muy grave a la democracia y un despropósito”, señaló el diputado.

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