La viceministra alerta sobre mendicidad forzada en Bolivia

Recientemente, se desmanteló una red de trata y tráfico dedicada a la mendicidad forzada de menores en las calles de todo el país. Este suceso ha dejado al descubierto una realidad mucho más compleja y alarmante. La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jéssica Echeverría, indicó en entrevista con A primera hora, de El Deber, que esta problemática no se limita únicamente a la explotación de niños, sino que también afecta a la población adulta mayor, un grupo igualmente vulnerable que es forzado a pedir limosnas.

Acciones para combatir la mendicidad forzada

Echeverría subrayó la importancia de visibilizar esta situación y ejecutar operativos constantes para desarticular estas organizaciones criminales. Con el objetivo de definir líneas de acción conjuntas, la viceministra ha sostenido reuniones con representantes de las Defensorías de la Niñez de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. En estos encuentros se determinó:

• Endurecer los controles.
• Capacitar específicamente al personal que vende pasajes en las terminales de buses.
• Ejercer una fiscalización estricta que impida el traslado de víctimas.

Situación crítica en Cochabamba

El trabajo se centra inicialmente en el eje troncal del país, donde se ha detectado la mayor incidencia de menores reclutados para la mendicidad forzada, una modalidad delictiva derivada de la trata y tráfico de personas. La situación es particularmente crítica en Cochabamba, donde Echeverría anunció una reunión de emergencia para articular acciones tras el trágico fallecimiento de una bebé de seis meses. Esta menor, trasladada desde Santa Cruz, fue alquilada por 150 bolivianos para ser utilizada en la mendicidad, a pesar de su delicada salud. La pareja responsable confesó el delito, evidenciando la gravedad de estas prácticas.

Agravantes legales y rescate de menores

Echeverría fue enfática al señalar que este caso específico cuenta con un agravante legal: al haberse producido el deceso de la bebé como consecuencia directa de la explotación, la figura jurídica podría tipificarse incluso como asesinato. Además, cuatro menores de edad fueron rescatados en condiciones precarias tras haber sido reclutados por la misma pareja.

Atención al pueblo ayoreo

Paralelamente, el Viceministerio ha puesto especial atención en el pueblo ayoreo en Santa Cruz. Un equipo técnico se desplazará hasta este sector para instalar mesas de trabajo que garanticen el acceso de niños y adolescentes a la salud y a la educación. Esto busca otorgarles igualdad de oportunidades y prevenir que caigan en redes delictivas. Echeverría atribuyó la proliferación de estos grupos a la extrema pobreza y vulnerabilidad de las familias, factores que son aprovechados por personas inescrupulosas para cometer actos que ella calificó como nefastos.

Llamado a la ciudadanía

La autoridad recordó que la mendicidad forzada constituye un delito grave y que el trabajo coordinado entre las instituciones y la sociedad es el único camino para proteger a los sectores más desprotegidos. Además, aseguró que es esencial asegurar que sus derechos sean respetados, impidiendo que sigan siendo utilizados por intereses criminales.

Complejidad en la lucha contra redes criminales

Finalmente, Echeverría reconoció que la lucha contra estas redes es sumamente compleja. Los delincuentes poseen una gran capacidad para ocultarse y evadir los operativos de control. Por este motivo, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que colabore denunciando cualquier situación sospechosa ante el Ministerio Público y la Policía.

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Las autoridades hondureñas han logrado rescatar a 12 menores que eran víctimas de explotación infantil y mendicidad forzada en lo que va del año. Este problema se suma a la violencia que afecta a la niñez y la juventud en el país. Para combatir esta situación, se requiere un mayor compromiso y fortalecer la denuncia y la prevención, según afirmaron fuentes oficiales este martes.

Mayor compromiso y prevención para proteger a la niñez

En la inauguración de un taller sobre protección de los derechos de la niñez víctima de agresión y lucha contra el trabajo forzado infantil, realizado en Tegucigalpa, la directora ejecutiva de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras (Cicesct), Sua Martínez, destacó la importancia de la prevención como una fórmula para garantizar y proteger los derechos de la niñez y la juventud frente a la explotación infantil y la violencia.

Educación y conciencia para prevenir la explotación infantil

Martínez subrayó la necesidad de educar a los padres de familia sobre la importancia de no exponer a los niños al trabajo infantil y reconocer su derecho a vivir una vida digna, con techo y educación. Según la funcionaria, el 90% de los casos de maltrato infantil ocurren a manos de los padres, madres o cuidadores principales, quienes también son responsables de muchos casos de abuso sexual. Por tanto, es fundamental que los padres de familia dejen de vulnerar la dignidad de los menores, evitando exponerlos a la mendicidad y al trabajo forzado infantil.

Escuchar la voz de los menores para prevenir delitos

Martínez instó a la población a prestar atención a las palabras de los menores, ya que estas pueden ser una alerta temprana para prevenir estos delitos. Es importante que la sociedad en general se comprometa a proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas, brindándoles un entorno seguro y libre de explotación.

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“Desde la Fiscalía General del Estado (FGE) se busca dar la protección a los menores y evitar que sean utilizados con fines de mendicidad forzada por parte de adultos que los llevan a las calles donde están expuestos; por ello operativos en coordinación con las diferentes instituciones serán en todo el país de manera rutinaria y con la presencia de los Fiscales Especializados en Razón de Género” dijo la Directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género, Daniela Cáceres.

El operativo se realizó este miércoles en horas de la mañana en zonas del Cuarto Anillo Av. Doble Vía La Guardia, Cuarto Anillo Av. Roca y Coronado, Segundo Anillo Av. Paragua y Segundo Anillo Av. Santos Dumont, encabezado por el Ministerio Público en coordinación con la Policía Boliviana, la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Secretaría de Género de la Gobernación de Santa Cruz.

En tanto, la fiscal Especializada en Razón de Género de Santa Cruz, Yovanna Castro, indicó que para el trabajo se coordinó con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que los menores puedan recibir atención inmediata y sean trasladados a hogares de acogida, mientras el Ministerio Público realiza las investigaciones pertinentes en contra de las personas que incurrieron en los delitos de Trata y Tráfico de Personas con Fines de Mendicidad con menores de edad.

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