Oruro: Libertad restringida para mujer acusada de robo de vehículos

Una autoridad jurisdiccional de Oruro dispuso la aplicación de medidas cautelares de carácter personal para una mujer cuya identidad permanece bajo reserva legal. Esta persona está siendo investigada por los delitos de robo y lesiones.

Decisión judicial y medidas cautelares

La decisión judicial fue asumida tras la audiencia cautelar, donde el juez determinó que la imputada enfrente el proceso penal por robo bajo libertades restringidas y condiciones específicas de comparecencia, en lugar de ser remitida a prisión preventiva.

En el ámbito penal, las medidas cautelares como la presentación periódica ante el fiscal, el arraigo o la fianza son disposiciones legales dispuestas por el juzgador.

Estas buscan garantizar la presencia de la imputada durante la investigación, asegurar la protección de la víctima y evitar el peligro de fuga o de obstaculización, sin que esto signifique un juzgamiento o condena anticipada.

Detalles del incidente

De acuerdo con la información brindada por el fiscal de materia asignado al caso, Franz Huanay, el hecho investigado se registró el pasado 19 de julio cerca del mediodía.

La víctima dejó su automóvil parqueado en la Avenida Al Valle para realizar compras en una tienda del sector. En ese momento, la acusada ingresó al motorizado y sustrajo un teléfono celular y tarjetas de recarga telefónica.

Al percatarse de la intrusión, el propietario intentó impedir el robo, circunstancia en la que la mujer reaccionó violentamente propinándole múltiples golpes en el rostro, causándole lesiones de consideración en la región ocular.

Intervención ciudadana y aprehensión

Testigos y comerciantes de la zona relataron que los gritos de auxilio del afectado alertaron a los transeúntes.

De acuerdo con las declaraciones de vecinos que presenciaron el altercado, la intervención coordinada de la ciudadanía permitió reducir a la sospechosa en el lugar, recuperar los objetos sustraídos y retenerla hasta la llegada de la Policía.

Tras esta rápida acción vecinal, la mujer fue aprehendida y conducida a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

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Detención preventiva por feminicidio en Oruro

Edson C.M. fue enviado al penal de San Pedro en Oruro con detención preventiva de manera indefinida. Esto ocurre mientras se lleva a cabo la investigación en la que él es el principal sospechoso del feminicidio de una mujer de 30 años. Este crimen ocurrió en la madrugada del 17 de julio, según informó el fiscal especializado en delitos contra la vida, Luis Antezana.

Audiencia de medidas cautelares

En la audiencia de medidas cautelares efectuada en horas de la mañana del domingo, se determinó que el presunto autor del delito será recluido sin plazo, dado que se trata de un caso de feminicidio. Además, se ratificó que no hay otras personas implicadas en el crimen.

Detalles del caso

El cuerpo de Jhovana A. G., de 30 años, fue hallado la mañana del 17 de julio al interior de una vivienda en el campamento de San José, ubicado en la zona Oeste de Oruro. Se presume que durante la noche previa y la madrugada consumió bebidas alcohólicas.

Investigación policial y forense

La Policía y la Fiscalía realizaron los actuados respectivos y arrestaron al presunto autor de la muerte de la mujer, quien fue puesto en calidad de aprehendido el viernes. Este domingo se procedió con la audiencia de medidas cautelares que determinó la detención preventiva.

Durante el primer examen pericial, los especialistas advirtieron signos notorios de violencia física en el cadáver. El procesamiento y revisión médico-legal constataron lesiones y signos de violencia en las regiones vaginal y anal de la mujer. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Cementerio General para profundizar el estudio a través de la autopsia.

Causa del fallecimiento

El informe forense determinó que la causa del fallecimiento responde a un mecanismo violento: anoxia anóxica, asfixia mecánica extrínseca por obstrucción nasobucal y sofocación. Esto significa que la muerte ocurrió porque a la víctima se le tapó la nariz y la boca, impidiéndole respirar y cortando por completo la entrada de oxígeno a su cuerpo.

Estadísticas alarmantes

Con este caso se confirma el sexto feminicidio registrado en el departamento de Oruro en lo que va del año. Este hecho eleva a 49 la cifra de mujeres fallecidas a nivel nacional bajo esta tipificación penal en un periodo de cerca de siete meses.

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Hallan a un menor de edad en posesión de marihuana

En un hecho alarmante, un menor de edad fue sorprendido en Oruro con marihuana durante una intervención policial. Este incidente ocurrió cuando dos adolescentes consumían bebidas alcohólicas en la vía pública, lo que llevó a las autoridades a actuar.

Intervención policial y aprehensión

Karina Gutiérrez, directora de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), explicó que la institución recibió información sobre el posible suministro de drogas. Durante la revisión, se encontró una sustancia que resultó ser marihuana, con un peso aproximado de 16 gramos. Como consecuencia, uno de los menores fue aprehendido y llevado a audiencia para determinar las medidas cautelares correspondientes.

Investigación sobre microtráfico

La directora Gutiérrez indicó que se espera la calificación del Ministerio Público para determinar si el caso involucra microtráfico. “Por la cantidad que portaba el menor, podría presumirse algún tipo de microtráfico o suministro de sustancias controladas”, afirmó. Este aspecto genera preocupación entre las autoridades y la comunidad.

Responsabilidad de otros involucrados

A pesar de la presencia de otros individuos en el lugar, solo el menor fue aprehendido. Gutiérrez mencionó que se solicitará una ampliación de la investigación para establecer el grado de responsabilidad de estas personas. La situación resalta la necesidad de abordar el problema del consumo y suministro de drogas entre los jóvenes.

Próximos pasos en la investigación

Las autoridades continúan con las indagaciones y se espera que en las próximas horas se definan las medidas cautelares. La comunidad permanece atenta a los avances en este caso, que podría tener implicaciones más amplias sobre el consumo de sustancias controladas entre menores de edad.

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Contaminación minera en ríos bolivianos

La Sala Plena del Tribunal Agroambiental (TA) tramita seis demandas directas relacionadas con el medioambiente. Una de las primeras sentencias que dictará en los próximos días se relaciona con la contaminación minera y el uso de mercurio en el río Madre de Dios, en Beni. Esta información fue adelantada por su presidenta, Roxana Chávez, el lunes.

Acciones para la protección del medioambiente

En marzo de 2025, el TA admitió por primera vez una acción directa en la protección de la biodiversidad. Además, dictó una medida cautelar para la conservación del jaguar (Panthera onca) y su hábitat. Estas acciones buscan la prevención, restauración y resarcimiento ante posibles daños al medioambiente y los recursos naturales.

Audiencia pública sobre el jaguar

Dentro del caso del jaguar, se llevó a cabo una audiencia pública el 23 de abril de 2025 en las instalaciones del TA, ubicadas en Sucre. En este evento participaron autoridades de ministerios del Ejecutivo y activistas medioambientales.

Detalles sobre las medidas cautelares

Chávez informó que en estas seis demandas, los accionantes solicitaron la aplicación de medidas cautelares mientras el TA emite una sentencia. “En este momento tenemos seis demandas, algunas están en ejecución de fallo y otras en emisión de resolución”, explicó.

Casos relevantes para el país

Los casos que se consideran de importancia incluyen la contaminación en los ríos Madre de Dios y Tuichi, incendios forestales, la protección del jaguar y otros que son relevantes a nivel nacional. También hay otras demandas presentadas en juzgados agroambientales como los de Tariquía (Tarija), Lechuguillas (Sucre) y el botadero de K’ara K’ara en Cochabamba.

Demanda contra minería ilegal

Chávez destacó que la demanda sobre el río Madre de Dios es contra la minería ilegal y el uso de mercurio. En este proceso se dictaron medidas cautelares y se prohibió la actividad minera en ese río. “El tratamiento de estos casos es de emergencia y ya en estos días vamos a emitir un fallo sobre el río Madre de Dios”, precisó.

Inspección técnica realizada

La presidenta del TA mencionó que se realizó una inspección técnica y que, con base en este informe, se emitirá la resolución correspondiente.

Atribuciones del Tribunal Agroambiental

La admisión de la demanda y la audiencia se desarrollaron dentro de las atribuciones del TA, otorgadas por la Constitución Política del Estado. Esto incluye disposiciones del bloque de constitucionalidad, la Ley Marco de la Madre Tierra y el Acuerdo de Escazú, todo ello en el marco del control de convencionalidad y aplicación directa de la CPE (Art. 109.I).

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Aprehensión de Luis Marcelo Arce Mosqueira en Equipetrol

En un operativo desplegado en la zona de Equipetrol, efectivos policiales cumplieron con la orden de aprehensión contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora. El sindicado enfrentaba acusaciones legales desde hace algún tiempo y fue localizado en este punto estratégico de la capital cruceña tras determinarse que se mantenía en la clandestinidad.

Detalles del proceso judicial

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz formalizó la medida dentro del proceso que investiga la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas. Según el mandamiento firmado por el fiscal de materia, Néstor Torrez Tapia, la etapa preliminar de la investigación ha recolectado elementos suficientes que señalan a Arce Mosqueira como probable autor del hecho.

Justificación de la aprehensión

El documento oficial es claro: la conducta del investigado se adecua al tipo penal en cuestión. Esto obligó a las autoridades a actuar de manera inmediata para garantizar el avance del proceso, según Red Uno. La justicia justificó la aprehensión bajo el argumento de que el ciudadano se encontraba oculto, lo que representaba un riesgo directo de obstaculización para dar con la verdad histórica de los hechos.

Expectativas sobre el caso

“La presencia física del sindicado es imprescindible para el avance del cuaderno de investigaciones”, señala la determinación del Ministerio Público, fundamentada en las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado. Se espera que en las próximas horas el aprehendido brinde su declaración informativa y se defina su situación jurídica en una audiencia de medidas cautelares.

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Audiencia de medidas cautelares para Jhonny Fernández

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, pasó su segunda noche en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Allí permanece aprehendido mientras espera su audiencia de medidas cautelares, programada para este jueves 26 de febrero de 2026 a las 12:00 horas en el Palacio de Justicia.

Detalles del caso pavimento

En el caso pavimento, las autoridades investigan una denuncia sobre obras inconclusas en la ciudad. La Fiscalía presentó una imputación formal contra Fernández y su secretario de Obras Públicas, Sergio Luna, por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Solicitudes del Ministerio Público

La fiscal asignada al caso, Milenka Rodas, indicó a Unitel que “el Ministerio Público va a solicitar la detención preventiva por el término de 180 días”. Esta medida busca asegurar la presencia del alcalde durante el proceso judicial.

Condiciones de aprehensión

El burgomaestre permanece en celdas policiales desde la noche del martes, tras ser trasladado desde una clínica privada donde recibió atención por una descompensación de salud. Este hecho ha generado preocupación entre sus seguidores y la comunidad local.

Indicios de culpabilidad

Respecto a la aprehensión del alcalde, Rodas señaló que “según actos investigativos derivados del cuaderno de investigación se contaba con indicios suficientes para presumir la existencia del hecho denunciado por parte del exconcejal Manuel Saavedra”. Además, se asume la conducta del imputado Max Jhonny Fernández en relación a los delitos que investiga el Ministerio Público.

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Montaño enfrenta acusaciones de haber extorsionado a varias empresas constructoras. Se le señala por exigir dinero a estas empresas para facilitar el pago de deudas que el municipio ha acumulado desde gestiones anteriores.

El concejal deberá cumplir con esta medida cautelar en la cárcel de Arani mientras continúan las investigaciones pertinentes. Montaño fue aprehendido durante un operativo en el que supuestamente estaba intentando cobrar la suma de 90.000 bolivianos.

Denuncias de empresas

Hasta el momento, el Ministerio Público ha recibido denuncias formales de un total de 8 empresas contra el legislador por estas prácticas ilegales. Además, no se descarta que otros 2 funcionarios municipales estén involucrados en esta red de extorsión.

La investigación se inició tras la denuncia directa del también concejal de Sacaba, Alejandro Quisbert. El pasado martes, Quisbert intervino en una oficina donde encontró a Montaño recibiendo un sobre que, según se presume, contenía el dinero del cobro irregular.

Operativo y transmisión en vivo

El operativo fue transmitido en vivo a través de las redes sociales por el propio Quisbert. Durante la transmisión, el concejal cuestionó públicamente la tardanza de la intervención policial en el lugar de los hechos.

Reacciones tras la decisión judicial

Después de que se conoció la decisión del juzgado, Alejandro Quisbert expresó su satisfacción en sus plataformas digitales. “Pueblo querido, se probaron todas las pruebas de mi denuncia. El concejal Montaño es enviado a la cárcel de San Pedro en Arani. Misión cumplida Sacaba, seguiré haciendo mi trabajo”, publicó el legislador.

El caso sigue abierto y bajo la supervisión del Ministerio Público, que está trabajando para determinar si hay más víctimas de este esquema de cobros indebidos y para establecer el grado de responsabilidad de los otros funcionarios públicos que están bajo sospecha.

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Detalles de la denuncia

Según el documento presentado por la Fiscalía, Lafuente ha relatado que el exmandatario negó ser el padre del bebé. De hecho, llegó a afirmar que era estéril. La Fiscalía sostiene que hay suficientes elementos de prueba que permiten atribuirle la autoría del hecho que se le imputa.

Medidas cautelares solicitadas

En este contexto, el Ministerio Público ha solicitado la imposición de varias medidas cautelares. Entre estas se incluyen una fianza de Bs 25.000, el arraigo, la prohibición de asistir a determinados lugares y la restricción de comunicarse con personas específicas.

Próxima audiencia

Lafuente ha adelantado que la audiencia de medidas cautelares se llevará a cabo en enero de 2026. Esto ocurrirá una vez que el juez a cargo regrese de las vacaciones judiciales. Es importante mencionar que el delito de abandono de mujer embarazada contempla una pena de 6 meses a 3 años de prisión.

Sin embargo, en caso de que existan agravantes, como la afectación a la vida o el abandono del menor, la sanción podría incrementarse hasta 5 años de prisión.

Situación actual de Luis Arce

En la actualidad, Luis Arce se encuentra cumpliendo detención preventiva en el penal de San Pedro. Esto es en el marco del proceso relacionado con el caso Fondo Indígena.

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Esta petición del diputado se produce tras la conclusión del proceso de requisa por parte de la Comisión Especial de Investigación en la Asamblea, que está encargada del caso Botrading. El pasado viernes 12 de septiembre, la comisión presentó su informe final ante el Ministerio Público, la Contraloría y la Presidencia.

Con base en las conclusiones de esta comisión especial, Alarcón envió una nota de requerimiento al fiscal departamental de La Paz, en la que fundamenta su solicitud. El diputado explicó que la implementación de estas medidas tiene como objetivo garantizar que los acusados permanezcan en el país y que el Estado pueda recuperar los daños económicos ocasionados. “Lo que pedimos es que la investigación no se dilate ni se corra el riesgo de fuga de los responsables”, afirmó.

Detalles del caso Botrading

El caso Botrading investiga presuntas irregularidades en la creación y operación de la empresa que fue establecida en Paraguay en 2022 como intermediaria en la importación de combustibles para Bolivia. Anteriormente, la Fiscalía había abierto una causa por 9 delitos, que incluyen conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, sociedades ficticias y uso indebido de influencias.

Según el informe legislativo, el daño económico ocasionado asciende a 355 millones de dólares. Entre los investigados se encuentran ex y actuales directivos de YPFB, así como representantes legales de Botrading en Paraguay. La Fiscalía no descarta la posibilidad de ampliar las citaciones a otros funcionarios ni convocar a familiares del Presidente Luis Arce.

Importancia del informe legislativo

Alarcón destacó que el Ministerio Público debe considerar el informe aprobado por la Cámara de Diputados como un insumo clave para avanzar en la investigación y evitar que los involucrados eludan la justicia. Además, solicitó que se cite a declarar al hijo de Arce, ya que la comisión especial no pudo llamarlo debido a la falta de mayoría de votos.

El parlamentario argumentó que existen indicios de que el hijo del presidente podría estar presuntamente implicado en el caso. Esta situación añade un nivel adicional de complejidad a un caso que ya está generando gran atención en el ámbito político y judicial del país.

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Los imputados son Francisco Tiago Da Silva, Thais Cruz de Ajaerico, Kassandra Dos Santos Silva y Benilson Silva Gatinho. Fueron aprehendidos el 8 de septiembre durante un operativo policial. La denuncia fue presentada por el hermano de la víctima, quien informó que Claudia fue interceptada el 6 de septiembre en la calle Beni esquina Nicolás Geosdanovich.

Medidas cautelares impuestas

El Juzgado ha determinado la detención preventiva por 120 días de los cuatro imputados. Esto se debe a la presunta comisión de varios delitos, que incluyen secuestro, tenencia, porte y portación de armas, tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. Los acusados cumplirán esta medida cautelar en la carceleta Las Palmas de Guayaramerín.

Pruebas del secuestro

La denuncia fue corroborada a través de videos de cámaras de seguridad, que mostraron el momento del secuestro. Tras un operativo conjunto del Comando Policial Amazónico de Riberalta y grupos de inteligencia, se logró la aprehensión de los sospechosos en la comunidad 1ro de Mayo. Durante este operativo, se confiscó un fusil Mauser con 23 municiones calibre 5,56 mm, un cargador calibre 40, un cargador 9 mm, 320 gramos de marihuana, vehículos, computadoras y teléfonos celulares.

Descripción del secuestro

Una comisión de fiscales registró el hecho el 6 de septiembre a las 22:30 horas en la calle Beni esquina Nicolás Geosdanovich. En este lugar, Claudia, de 34 años, fue interceptada por una camioneta negra. Dos sujetos descendieron del vehículo, la hicieron caer de su motocicleta y la subieron por la fuerza, dándose a la fuga con rumbo desconocido.

Fundamentación de la Fiscalía

En la audiencia, la Fiscalía fundamentó los riesgos procesales según el Código de Procedimiento Penal. Esto permitió que la autoridad judicial dispusiera la medida extrema de detención preventiva para los ciudadanos brasileños involucrados en este caso.

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Este anuncio se realiza en el contexto de la alerta roja que ha declarado la Gobernación de Santa Cruz, debido a la presencia de siete incendios activos y 165 focos de calor en la región, el 8 de septiembre de 2025.

Consecuencias del incumplimiento

La resolución advierte que, en caso de no cumplir con lo establecido, se enviarán los antecedentes al Ministerio Público para iniciar procesos penales. “Se otorga un plazo improrrogable de 48 horas contados a partir de la notificación con la presente resolución para que cumplan las medidas cautelares dispuestas precedentemente bajo prevención de que ante su incumplimiento se remitan obrados al Ministerio Público a fines de iniciar el proceso penal por incumplimiento de resoluciones judiciales”, señala el punto 1 de la resolución del Tribunal Agroambiental.

Instrucciones a jueces agroambientales

La decisión fue tomada en sala plena e instruye a los jueces agroambientales, especialmente aquellos que operan en la Amazonía y el Chaco, a activar de oficio su competencia ambiental. Esto incluye la fiscalización, control y supervisión de las acciones de mitigación y respuesta a la emergencia.

Los jueces deberán elaborar informes detallados y documentados sobre los planes de respuesta a la emergencia y la mitigación de los incendios forestales, así como supervisar su cumplimiento.

Programación de inspecciones

Además, se les instruye a programar inspecciones en las zonas de mayor riesgo, con el apoyo técnico especializado del Tribunal Agroambiental. Esta medida fue anunciada por el director de Recursos Naturales, Paulo Viruez. “Con esto, procede la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) para poder disponer de los recursos y personal necesario para la atención a estos incendios forestales en sus respectivos municipios”, destacó Viruez.

Municipios en riesgo

Actualmente, hay 26 municipios que presentan niveles de riesgo alto, muy alto y extremo de ocurrencia de incendios forestales. Asimismo, se solicita la aprobación de contingencia y planes de emergencia, tal como lo establece la Ley 300 de gestión de riesgo y atención a emergencias.

/KMMN

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Murillo abordó un vuelo en el aeropuerto de Viru Viru minutos después de las 11:00 horas y llegó a La Paz antes de las 13:00 horas. Desde la terminal aérea, fue conducido bajo estricta custodia policial a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanecerá hasta ser presentado ante un juez.

Regreso a Bolivia

La exautoridad del régimen transitorio llegó al país en la madrugada, a las 04:30 horas, procedente de Estados Unidos. Allí purgó una pena por su implicación en la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos, un caso que también fue investigado y judicializado en Bolivia.

Al llegar a Santa Cruz, fue aprehendido por efectivos de la Policía Nacional, quienes procedieron a su traslado hacia La Paz para que comparezca ante la justicia boliviana. Según el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, Murillo tiene una sentencia de 8 años de prisión por el sobreprecio en la adquisición de agentes químicos y otra de 5 años y 4 meses por el préstamo y traslado de material antidisturbios desde Ecuador.

Procesos pendientes

Además, enfrenta procesos pendientes relacionados con presuntos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos durante la crisis política y social de 2019. Entre estos casos se encuentran los de Senkata y Huayllani.

“El señor Murillo será puesto a disposición del juez competente para una audiencia de medidas cautelares. Esperamos que, en función de las sentencias existentes, sea remitido al penal de San Pedro”, señaló Ríos.

Solicitud de reclusión

No obstante, la Procuraduría General del Estado anunció que solicitará su reclusión en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Esto se argumenta en base al riesgo procesal y la gravedad de los delitos que se le atribuyen.

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Detalles del caso

El caso involucra al excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, junto a otras 21 personas que fueron detenidas desde junio de 2024 por un presunto intento de golpe de Estado. Actualmente, al menos diez de los acusados permanecen en prisión.

Declaraciones de los defensores

Eusebio Vera, abogado defensor de uno de los acusados, expresó: “Los acusados que aún están con detención preventiva tienen todo el derecho de plantear que se revise la situación jurídica que tienen; esa resolución alcanza a todos los detenidos, haciendo excepciones y esas excepciones no alcanzan a los acusados”.

El hecho que desató el caso

El 26 de junio de 2024, Juan José Zúñiga, quien era el comandante del Ejército en ese momento, tomó la plaza Murillo durante aproximadamente cuatro horas. Este acto fue calificado por el gobierno como un “golpe de estado fallido”, lo que llevó a que se procesara a todos los involucrados.

Instrucciones del TSJ

El 22 de agosto de 2025, el presidente del TSJ ordenó la revisión de los casos de Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Áñez. Como resultado de esta instrucción, el gobernador de Santa Cruz obtuvo detenciones domiciliarias con salida laboral en varios procesos. Sin embargo, esta decisión provocó protestas en la mayoría de los penales, lo que llevó a Saucedo a emitir otra instrucción para atender las medidas cautelares de todos los reos.

Situación de Marco Pumari

Este viernes, Marco Pumari enfrentó la única audiencia que le falta antes de dejar el penal de Cantumarca. Ya había logrado medidas sustitutivas en el caso golpe II y ahora busca obtener lo mismo en el caso quema del TED. En horas de la tarde, la justicia le permitió salir de prisión, donde ha estado desde noviembre de 2021.

Complicaciones para Jeanine Áñez

Para la expresidenta Jeanine Áñez, la situación es complicada, ya que enfrenta un caso golpe II con una sentencia de diez años. Sus abogados están intentando revertir esta situación. Omar Durán, abogado defensor de uno de los acusados, mencionó que su cliente ya cuenta con detención domiciliaria y también ha logrado una salida laboral.

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La mujer ha sido identificada como M.B.C. Desde la Fiscalía, se ha informado que la acusación ha sido presentada ante el Juzgado Cautelar Cuarto de Sucre. Se espera que en las próximas horas se programe la audiencia para determinar las medidas cautelares que se aplicarán en su caso.

Detalles de la imputación

“Se ha hecho esta imputación formal por lesiones culposas, y se ha solicitado la aplicación de medidas cautelares. Estamos a la espera del señalamiento de la audiencia de medidas cautelares, que deberán ser programadas en las próximas horas por el juzgado”, declaró el fiscal de materia, Javier Gorena, durante una conferencia de prensa.

Según Gorena, la imputación se fundamenta en los elementos que se han recogido durante la investigación preliminar. Esta investigación incluyó las declaraciones de 3 testigos que presenciaron el incidente.

El incidente en Sucre

El accidente ocurrió durante un evento social en un domicilio de Sucre. De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, tanto Condori como la joven se encontraban en un descanso de gradas que no contaban con barandas y que tenían una superficie resbalosa.

En este contexto, se produjo un forcejeo entre ambos, lo que resultó en la caída de los dos. Sin embargo, el gobernador sufrió las lesiones más graves, según las investigaciones realizadas por la Fiscalía.

Estado de salud del gobernador

Después del accidente, Damián Condori fue trasladado de urgencia al Hospital de Tercer Nivel de Chuquisaca, donde sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva. A pesar de su estado crítico, los médicos han reportado mejoras en su salud.

La Fiscalía ha indicado que esperará a que el estado de salud del gobernador evolucione de manera más favorable para poder recabar su versión directa de los hechos. “Estamos a la espera de que existan mayores mejorías en el estado de salud del señor gobernador, con la finalidad de que él mismo, una vez pueda tomar conciencia y despertar, pueda dar su versión”, subrayó Gorena.

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El fiscal Javier Gorena ha informado que los imputados enfrentan serios cargos. Estos incluyen la tenencia, porte y portación de explosivos, así como daños a bienes del Estado. La decisión judicial se tomó tras evidenciar riesgos procesales de fuga.

Medidas cautelares impuestas

Gorena ha indicado que “se ha evidenciado riesgos procesales de fuga, por lo cual la autoridad judicial ha determinado la aplicación de medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva como el arraigo, fianza juratoria, presentación en el Ministerio Público cada 15 días y la prohibición de acercarse al TSJ, TCP y Tribunal Electoral”.

Investigación en curso

El Ministerio Público ha conocido que los imputados han utilizado estos artefactos explosivos, causando daños a la infraestructura del TCP. En la fase investigativa preliminar se establecerá si existe o no vinculación con las personas que realizan vigilia en el frontis de este alto tribunal.

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Advertencias de los dirigentes

Enrique Mamani, dirigente de los interculturales del ala evista, advirtió que tomarán acciones “por las buenas o por las malas” si sus demandas no son atendidas. El jueves por la noche, un grupo de esta facción exigió a las autoridades que liberen a los arrestados.

Mamani declaró: “si no libera el Gobierno central, tenemos identificados a los traidores de la patria, empezando desde el Tribunal Supremo Electoral”. Además, mencionó que tienen localizada la casa de Hassenteufel y amenazó con revelar información sobre los familiares de aquellos que no cumplan con sus exigencias.

Medidas del TSE

Francisco Vargas aseguró que se tomarán las medidas necesarias ante estas amenazas. “Tras las amenazas aún no se ha asumido ninguna medida. Ayer estuvimos trabajando permanentemente en cumplir el mandato que la ley nos otorga”, indicó.

Las autoridades del Órgano Electoral se reunieron en las instalaciones del Servicio de Registro Cívico (Sereci) en la capital cruceña el jueves, y algunas de ellas permanecen en esta región.

Compromiso con la ley

Vargas resaltó que “claramente, la ley señala que el TSE no puede actuar bajo ningún tipo de presión. Vamos a llevar los casos en los tiempos prudentes”. Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, afirmó que la seguridad de los vocales está garantizada. “No voy a entrar en el juego ni en la arena a la que nos pretenden llevar”, agregó Ríos.

Tensión política en aumento

La situación actual refleja una creciente tensión entre los sectores políticos y el Órgano Electoral, lo que podría tener repercusiones en el clima social y político del país. Las amenazas de los seguidores del expresidente podrían impactar la percepción pública sobre la imparcialidad y autonomía del TSE.

/KMMN

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Alejandro estuvo involucrado en un hecho delictivo en el que, disfrazado de “Joker”, hirió a tres personas, lo que resultó en la muerte de una de ellas.

Decisión de la sala penal

De acuerdo con la primera instancia, un juzgado cautelar había determinado que Alejandro cumpliera un mes de prisión preventiva en la cárcel de San Pedro, mientras que Mayra se defendería con detención domiciliaria. Sin embargo, este viernes 25 de abril de 2024, en una instancia de apelación, la Sala Penal revocó esa decisión inicial y reforzó las medidas cautelares.

Justificación del fiscal

El fiscal Gustavo Valdez explicó que la Sala Penal tomó esta decisión considerando la existencia de riesgos procesales suficientes para encarcelar a los imputados. Además, señaló que un mes era un tiempo insuficiente para llevar a cabo la investigación adecuada.

Defensa de Alejandro

Por su parte, Alejandro alegó a través de su defensa legal que actuó en defensa propia durante el incidente. Esta declaración ha sido un punto de discusión en el caso.

Respecto al caso “Joker”, se llevaron a cabo movilizaciones tanto en La Paz como en Beni, donde se expresó apoyo a Alejandro durante este proceso judicial. Las circunstancias que rodean el caso han generado un debate sobre la seguridad pública y el uso de la violencia en situaciones de conflicto.

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La Fiscalía de Tarija ha confirmado su participación en el acto procesal. La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, advirtió que si Morales no se presenta, podría ser declarado en rebeldía, lo que podría llevar a la emisión de una orden de aprehensión en su contra.

Investigación en curso

Morales está siendo investigado en el caso de trata de personas, donde se le implica con una menor de edad, con quien supuestamente habría tenido una hija durante su mandato como presidente del Estado. Sus abogados y colaboradores consideran que esta denuncia tiene motivaciones políticas, aunque han optado por no hacer comentarios específicos sobre el caso. Se limitaron a mencionar que la denuncia ya fue investigada y que ha prescrito.

Defensa legal de Morales

Los abogados del líder cocalero y de una facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) han enfatizado que la Justicia no notificó a Morales, por lo que no estarán presentes en el acto procesal. La Fiscalía de Tarija sí asistirá.

El abogado de Morales, Wilfredo Chávez, declaró: “No ha sido notificado Morales y mañana (martes) no puede asistir a un acto en el que no lo han notificado; no puede plantear medidas de defensa como incidentes, excepciones y otros más, o la nulidad de todo lo obrado por los argumentos que hemos mencionado”.

Notificación según la Fiscalía

En una conversación con la red Unitel, Gutiérrez afirmó que Morales sí fue notificado en una primera instancia de manera personal. Después, se le notificó por edictos, y el juez también lo hizo para que pudiera estar a derecho.

Posibles consecuencias legales

La representante del Ministerio Público indicó que durante la audiencia solicitará la detención preventiva de Morales. Esto se basa en que existen indicios y elementos de convicción suficientes, considerando que “existe peligro de fuga y de obstaculización”.

Gutiérrez añadió: “Con la imputación terminamos la etapa preliminar; entramos ya a una etapa preparatoria que tiene 6 meses para seguir investigando y quién va a sacar en este caso el mandamiento de aprehensión, en caso de no presentarse, ya es el juez”.

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El Ministerio Público ha presentado un requerimiento conclusivo, demostrando la minuciosidad con la que se ha llevado a cabo la investigación. Según Lanchipa, todos los elementos recopilados han permitido establecer la veracidad de los hechos y la conducta delictiva de aquellos sacerdotes que, con su silencio cómplice, permitieron que se cometieran estos actos en contra de menores de edad.

El caso “Padre Pica” está siendo investigado por varios fiscales, y se espera que surjan más implicados a medida que avance el proceso. Algunos exsacerdotes ya se encuentran bajo detención domiciliaria por haber consentido, con su silencio, que las agresiones sexuales contra los menores queden impunes.

Delitos investigados y medidas cautelares

La Fiscalía está investigando los delitos de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente y Abuso Sexual, que presuntamente se cometieron durante varios años en contra de menores de edad.

Recientemente, el Juzgado de Violencia Familiar No. 1 de Coña Coña – Cochabamba, en una audiencia de medidas cautelares, determinó salidas alternativas para dos exsacerdotes de la Compañía de Jesús, Ramón A.B. y Marcos R.D.A., de 83 y 81 años respectivamente, quienes están siendo investigados por el delito de Encubrimiento.

Estas personas ahora deberán cumplir medidas cautelares personales, que incluyen la prohibición de comunicarse con ciertas personas, el arraigo y la detención domiciliaria en sus lugares de residencia.

/ APC /

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El juez federal Julián Ercolini ha impuesto al exmandatario varias medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse a Yáñez a menos de 500 metros y la restricción de todo tipo de contacto, tanto físico como digital. Además, se le ha prohibido salir del país y se ha ordenado a la custodia del Ministerio de Seguridad que proteja a Yáñez, quien actualmente reside en España con su hijo.

Reactivación de la denuncia y evidencias de violencia

La denuncia de Yáñez, que inicialmente había optado por no presentar cargos, fue reactivada después de descubrir mensajes y fotografías que revelaban episodios de violencia. Según el juez, Yáñez ha manifestado estar sufriendo “terrorismo psicológico” y acoso telefónico por parte de Fernández. En su resolución, Ercolini destacó que la ex primera dama debe sentirse protegida ante posibles intimidaciones.

Origen del caso y escándalo de corrupción

La situación en torno a las acusaciones de violencia de género contra Alberto Fernández se origina en un escándalo de corrupción revelado por el director de Clarín, Ricardo Roa, en febrero. Se acusaba a Fernández de facilitar la intervención de intermediarios en la venta de pólizas entre organismos del Estado, beneficiando a Héctor Martínez Sosa, un conocido del expresidente, quien recibió comisiones millonarias. Durante la investigación, se encontraron mensajes entre la exsecretaria de Fernández, María Cantero, y la ex primera dama, Fabiola Yáñez, que mencionaban posibles actos de violencia en la Quinta de Olivos.

Investigación y pruebas adicionales

El juez Julián Ercolini abrió el caso para indagar en el asunto debido a la naturaleza del posible delito. A finales de junio, se determinó que lo mejor era citar a Yáñez. En medio de la investigación del teléfono de Yáñez se encontraron fotos de la misma con lesiones visibles, así como un video que presuntamente implicaba a Fernández en un acto violento. Aunque se le preguntó a Yáñez si deseaba presentar una denuncia, ella declinó hacerlo, residiendo en Europa y alegando no tener riesgo de nuevos incidentes.

Reacciones políticas y sociales

Este caso ha resonado en un contexto político complicado para Fernández, quien, tras haber enfrentado una seria crisis de liderazgo en su partido, ha visto oportunamente debilitada su posición a raíz de estas acusaciones. Diversos miembros del peronismo, incluido el actual contexto de la justicia, han expresado su condena a la violencia y el deseo de que se actúe con transparencia en este caso.

Complejidad jurídica y atención a las víctimas de violencia de género

La denuncia y el posterior inicio de los procedimientos judiciales ponen de manifiesto la complejidad de la situación, que incluye no solo cuestiones legales, sino también la necesidad de un tratamiento adecuado para las víctimas de violencia de género en Argentina. A medida que la causa avanza, el fiscal Carlos Rívolo ha estado en contacto con Yáñez para delinear los próximos pasos, incluyendo su declaración formal sobre los hechos denunciados.

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El periodista C. R. fue aprehendido el miércoles 24 de julio y se le otorgaron medidas cautelares, incluyendo detención domiciliaria y presentación semanal en la fiscalía. La víctima, quien era su pasante, estaba en calidad de becaria en ese medio de comunicación.

Denuncia por abuso sexual y violación

Según el informe policial, el sujeto fue denunciado por los delitos de abuso sexual y violación contra la joven pasante que trabajaba en el medio de comunicación donde él laboraba. La víctima relató que los abusos comenzaron como “bromas”, pero se intensificaron con el tiempo.

Medidas cautelares otorgadas

Desde la Dirección de Género de la Alcaldía se confirmó que el presentador deberá cumplir detención domiciliaria y presentarse semanalmente en la fiscalía. Estas medidas fueron tomadas en consideración a la gravedad de los delitos denunciados.

Castigos por errores cometidos

La víctima denunció que cada vez que cometía un error, el agresor le obligaba a quitarse una prenda como castigo. Esta situación generó indignación en la comunidad y ha sido seguida de cerca por los medios locales.

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Padilla informó que, a pesar de haber enviado la resolución de inhabilitación del postulante Charles Mejía y otros aspirantes a los cargos, las medidas cautelares interpuestas por la Sala Constitucional del Beni aún no han sido levantadas hasta el viernes 5 de julio. Esta situación ha perjudicado a ambas comisiones, impidiendo el avance del proceso de selección.

Continuarán con el proceso de preselección

Ante la falta de levantamiento de las medidas cautelares, la Comisión Mixta de Justicia Plural ha decidido continuar con la etapa y todo el proceso de preselección de candidatos a pesar de esta situación. Tanto la Comisión Mixta de Constitución como la presidida por el legislador seguirán adelante con el cronograma establecido.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, ha manifestado que, una vez levantadas las medidas cautelares, se notificará a los postulantes para que puedan realizar sus exámenes orales. La comisión ha aprobado el cronograma y ha concluido con las resoluciones de las Salas Constitucionales sobre los amparos presentados por los postulantes inhabilitados.

Medidas cautelares suspenden el proceso de preselección

El pasado 1 de julio, la Sala Segunda Constitucional del Tribunal Departamental del Beni emitió medidas cautelares que suspendieron el proceso de preselección de candidatos a magistrados y consejeros del Órgano Judicial. Estas medidas se dieron justo cuando se estaba iniciando la fase de exámenes orales a los postulantes.

El candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Charles Mejía, presentó una acción de queja debido a que hasta esa fecha no se había resuelto su inhabilitación al cargo.

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El abogado de la denunciante ha indicado que solicitará la detención preventiva del acusado, argumentando que la víctima sufrió, desde 2023, múltiples incidentes de toques impúdicos y amenazas por parte del denunciado. Según el testimonio de la exfuncionaria, Apaico la presionaba para mantener relaciones con él, bajo la amenaza de despedirla si no accedía.

Relato de la víctima

“Desde que ingresé a trabajar, había eso de decirme que soy su mujer, a decirme que me vaya con él si no, él me iba a retirar del trabajo”, afirmó la víctima. Según su testimonio, el acusado solía visitarla en su oficina y ordenaba a sus colegas que se retiraran para quedarse a solas con ella. Finalmente, la denunciante renunció a su puesto debido al acoso constante, afirmando que no pudo soportar más la situación.

Defensa del acusado

Por otro lado, el abogado defensor de Apaico, Henry Zeballos, ha calificado la denuncia como una “falsa acusación temeraria”. Zeballos argumentó que el día en que supuestamente ocurrió uno de los incidentes de acoso mencionados en la imputación, su cliente se encontraba en una sesión del Concejo. El defensor también afirmó que las acusaciones han causado un daño moral significativo a Apaico.

Importancia de la audiencia de medidas cautelares

La audiencia de medidas cautelares será crucial para determinar el curso del proceso judicial. La defensa de Apaico ha reiterado que demostrarán la inocencia del acusado y que las acusaciones carecen de fundamento. Mientras tanto, la Fiscalía y la abogada de la denunciante buscan asegurar que se haga justicia y que el acusado enfrente las consecuencias de sus presuntas acciones.

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El juez Aranibar ha basado su determinación en estudios científicos realizados por la Universidad Mayor de San Simón y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), así como otras instituciones. Estos estudios han confirmado la presencia de contaminantes en el agua de la represa, lo que representa un riesgo para el ecosistema acuático y el medio ambiente en general.

Medida cautelar para proteger el ecosistema acuático

Como medida cautelar ante esta situación, se ha establecido una pausa ecológica en las actividades turísticas y náuticas que se llevan a cabo en la represa La Angostura. Esta acción tiene como objetivo salvaguardar el ecosistema acuático y prevenir impactos negativos adicionales en el medio ambiente.

La suspensión de las actividades turísticas es necesaria para permitir la recuperación del agua y la fauna que habita en la represa. Además, se espera que esta medida contribuya a la concientización sobre la importancia de preservar nuestros recursos naturales y promover prácticas sostenibles en el sector turístico.

Compromiso con la protección del medio ambiente

La decisión del juez Aranibar demuestra un compromiso firme con la protección del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas acuáticos. Es fundamental tomar medidas responsables para garantizar la preservación de nuestros recursos naturales y evitar daños irreparables en el medio ambiente.

Se espera que esta suspensión temporal de las actividades turísticas en la represa La Angostura sea seguida de acciones concretas para mejorar la calidad del agua y prevenir la contaminación en el futuro. Asimismo, es importante que los actores involucrados en el sector turístico adopten prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente para garantizar un desarrollo turístico responsable y sustentable.

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En una audiencia reciente, los conductores detenidos por la muerte del viceministro Israel Ticona en un accidente de tráfico en Santa Cruz fueron liberados con medidas cautelares. Estas incluyen arraigo, presentación ante el Ministerio Público, pago de fianza y presentación de garantes.

Descontento y dificultades

Los conductores expresaron su descontento por las dificultades que enfrentarán al cumplir con las medidas cautelares, considerando sus responsabilidades laborales y viajes frecuentes. Dos de ellos afirmaron no haber participado en el bloqueo y encontrarse varados con sus vehículos mientras esperaban continuar su trayecto para cargar madera en Concepción.

Responsabilidad en el accidente

El tercer conductor es el chofer del vehículo en el que se trasladaba el viceministro Israel Ticona junto a otra persona. Ambos se dirigían hacia Cuatro Cañadas para una reunión con el sector protestante.

La audiencia virtual, que duró más de dos horas, fue crucial para establecer las medidas cautelares aplicables a los conductores involucrados en este trágico accidente.

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Las actuaciones de Israel son los únicos dos casos que tienen fecha de audiencia en el calendario del máximo tribunal de Naciones Unidas, con sede en La Haya. Además de la próxima semana, la CIJ acogerá audiencias el 19 de febrero sobre “las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado”.

Sudáfrica acusa a Israel de genocidio en Gaza

Sudáfrica solicitó medidas cautelares urgentes el 29 de diciembre para “proteger contra daños mayores, graves e irreparables los derechos del pueblo palestino” en la ofensiva contra Gaza, que cobró la vida de unos 22.000 palestinos y que siguió al ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre contra Israel, el cual resultó en 1.200 muertos.

Casos independientes pero relacionados con la ocupación israelí

Ambos casos son totalmente independientes de la investigación que está llevando a cabo la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal también ubicado en La Haya pero con una jurisdicción separada a la Corte de la ONU. La CPI se basa en un tratado diferente, el Estatuto de Roma, para juzgar a individuos por crímenes internacionales. Por otro lado, la CIJ resuelve disputas entre Estados.

La solicitud de Sudáfrica y la respuesta de Israel

Sudáfrica pidió a la CIJ medidas para “garantizar el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones bajo la Convención”, algo que Tel Aviv tildó como “absurda difamación” y prometió defenderse contra las acusaciones hechas por un “defensor del diablo” y “cómplice criminal” de Hamás, según palabras del portavoz del Gobierno israelí, Eylon Levy.

Audiencias sobre medidas cautelares y consecuencias legales

Las próximas audiencias solo se centrarán en las medidas cautelares solicitadas; no se discutirá si Israel viola o no la Convención. Dado los periodos definidos por los estatutos de la CIJ, el caso podría tardar años en alcanzar un veredicto que, a pesar de ser legalmente vinculante, el tribunal no tiene herramientas para hacerlo cumplir y depende de la voluntad de Israel para respetar el fallo.

Análisis legal sobre ocupación israelí en Palestina

En febrero, la CIJ tratará las consecuencias legales de la ocupación israelí en Palestina. La Asamblea General de la ONU le pidió en 2022 una opinión consultiva basada en las reglas y principios establecidos por, entre otros, la Carta de la ONU, el derecho internacional humanitario y resoluciones del Consejo de Seguridad.

La CIJ emitirá una opinión consultiva sobre el conflicto palestino-israelí

La última vez que la CIJ emitió una opinión consultiva sobre el conflicto palestino-israelí fue en 2004 cuando confirmó ilegalidad del muro separador. Israel tomó el control de Cisjordania y Jerusalén Este en 1967 y mantiene una ocupación militar sobre este territorio palestino. Los palestinos defienden su derecho a la libre determinación y al retorno de sus refugiados, mientras que los asentamientos judíos en Cisjordania aumentan acompañados de acoso, agresiones y desplazamiento de palestinos con la connivencia de las fuerzas israelíes.

Fuente: EFE

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El diputado Gualberto Arispe explicó que se presentaron cuatro impugnaciones al congreso, pero fueron devueltas para convertirlas en una sola. En ese recurso se habría pedido la paralización del evento en Lauca Ñ; no obstante, Arispe puntualizó que la actividad ya está concluyendo, por lo que el recurso ya está fuera de lugar.

TSE presente durante todo el trabajo

También aclaró que la delegación del TSE llegó a Lauca Ñ incluso antes de que iniciara el congreso y estuvo presente durante todo el trabajo. Por lo tanto, ahora solo resta que emita su informe después de que se posesione a la directiva.

Promovidas medidas cautelares contra el congreso

Por su parte, el diputado Héctor Arce aseguró tener información sobre medidas cautelares ante el Órgano Judicial, promovidas por el Ejecutivo, para dejar sin efecto el congreso del MAS.

Denuncian presiones para anular el congreso

“Esperamos que estos hechos no prosperen, porque el congreso tiene la participación activa de organizaciones y sectores sociales de los nueve departamentos, están las entidades matrices. Fue todo un éxito con mucha participación”, declaró el parlamentario “evista”. Según denunció, sería el ministro de Justicia, Iván Lima, quien estaría presionando para que se revisen y se acepten los amparos contra el congreso. No obstante, manifestó que estarán atentos a cualquier irregularidad con la que se quiera anular el congreso o sus resoluciones.

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Medidas cautelares reducen distancia entre ambos

Estas medidas responden parcialmente a las solicitudes presentadas tanto del Ministerio Público como por los representantes legales particulares que representan a Jenni Hermoso. Inicialmente, el Ministerio Público solicitó una orden judicial para mantener una distancia mínima entre ambos individuos establecida en 500 metros; sin embargo, el juez redujo dicha distancia a 200 metros en su decisión.

Otras solicitudes rechazadas por el juez

No obstante lo anteriormente mencionado, el magistrado rechazó otras solicitudes presentadas tanto por parte del Ministerio Público como por parte del abogado defensor particular. Entre estas solicitudes rechazadas se encontraba la obligación de que Rubiales compareciera regularmente en el juzgado cada quince días, propuesta por el Ministerio Público, y la solicitud de embargo preventivo de sus bienes presentada por la abogada defensora de Jenni Hermoso.

Controversia y versiones contradictorias

Este caso ha generado una gran controversia tanto a nivel nacional como internacional desde que se produjo el beso en la ceremonia de entrega de trofeos del Mundial. Luis Rubiales sostuvo que dicho beso fue consentido por ambas partes, argumento que expresó previamente ante la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol. Asimismo, negó haber coaccionado a Jenni Hermoso o a su entorno para que justificara públicamente el incidente.

Rubiales niega todas las acusaciones

El interrogatorio al que fue sometido Rubiales en la Audiencia Nacional tuvo una duración aproximada de una hora, durante la cual respondió preguntas formuladas tanto por parte del juez como por todas las partes involucradas. Mantuvo su versión exculpatoria al negar todas las acusaciones formuladas por el Ministerio Público, quien presentó una querella tras recibir la denuncia formal presentada por Jenni Hermoso.

Jenni Hermoso afectada emocionalmente

Carla Vall, abogada defensora de Jenni Hermoso, reiteró que dicho beso fue “no consentido” y destacó que “todo el mundo vio las imágenes”. Afirmó también que Jenni Hermoso se encuentra afectada emocionalmente debido al incidente y considera este acto humillante como un empañamiento a su gran victoria deportiva.

Gran expectación mediática en la Audiencia Nacional

Este caso ha generado una gran expectación mediática en la Audiencia Nacional, con la presencia de numerosos medios nacionales e internacionales a la entrada y salida de Luis Rubiales de la sede del tribunal.

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En una carta dirigida a la Presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, los senadores y diputados de Creemos solicitan una reunión formal para obtener explicaciones sobre los estándares utilizados para otorgar medidas cautelares y abordar la situación crítica del gobernador.

Reafirmación del desacuerdo

En otra muestra de desacuerdo con la CIDH, la Agrupación Política Creemos reafirmó su insatisfacción por el cierre de la solicitud de medidas cautelares en apoyo al gobernador Luis Fernando Camacho. Este incidente llevó a los legisladores de Creemos a solicitar una reunión formal con la Presidenta Margarette May Macaulay, en un intento por esclarecer una situación que consideran crítica.

Puntos clave argumentados en carta

En la carta dirigida a la CIDH, los miembros del Congreso argumentan que buscan resaltar “la situación real del Gobernador y las violaciones a sus derechos, que demuestran gravedad y urgencia”. Aunque reconocen las atribuciones de la Comisión, insisten en que no existe otra opción dentro del mandato de la CIDH que pueda brindar protección oportuna al Gobernador aparte de las medidas cautelares.

Los legisladores también señalan lo que consideran falta coherencia en las decisiones previas tomadas por CIDH. Recuerdan que anteriormente se otorgaron medidas cautelares ante simples amenazas por mensajes de texto, como en el caso de la MC 1132-20. Sin embargo, ahora se abstienen de brindar protección contra el gobernador de Santa Cruz. Además, resaltan que este hombre ocupa un cargo público elegido por voto popular en el departamento.

Solicitud de reunión virtual

Los parlamentarios de Creemos reiteran su solicitud de una reunión virtual con la Presidenta de la CIDH y su equipo de medidas cautelares. Buscan respuestas sobre las razones detrás del cierre de la solicitud en favor del gobernador Camacho, así como una comprensión más clara de los estándares que actualmente aplica la CIDH en relación con las medidas cautelares.

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El pasado 1 de agosto, la CIDH rechazó la solicitud de medidas cautelares a favor del gobernador Camacho. En la primera parte de la carta firmada por Fernanda De Anjos, se señala que la Comisión consideró oportuno no otorgar las medidas cautelares y cerrar el expediente debido al incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 25 del reglamento.

Peligro para la vida del gobernador cruceño

En ese sentido, la senadora Centa Rek solicitó una reunión formal con los miembros de la CIDH para presentar toda la documentación sobre la situación del gobernador cruceño, líder de esta alianza política.

La bancada señaló que la vida de Camacho corre peligro debido a las enfermedades graves que padece y su hipertensión arterial causada por el tratamiento al que fue sometido y por negligencia médica, lo cual se puede evidenciar en su pérdida de peso. Además, agregan que su salud es extremadamente grave y requiere atención urgente debido a la posibilidad de causar un daño irreparable a su vida.

Solicitud de explicaciones y estándares

“Consideramos prudente y necesario solicitar formalmente una reunión virtual con el equipo encargado de las medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que nos expliquen las razones en las que se basaron para cerrar el trámite a favor de nuestro gobernador y los estándares que ahora manejan para otorgar medidas cautelares”, indica la carta firmada por los parlamentarios de Creemos.

Asimismo, agregaron que los informes médicos del gobernador cruceño evidenciaron un posible padecimiento de síndrome anginoso. El informe fue remitido al juez de Instrucción Anticorrupción de Santa Cruz Nº 1 Roberto Parada.

Cuestionamientos sobre la decisión del organismo internacional

Finalmente cuestionaron el motivo y fundamento sobre la decisión del organismo internacional respecto al cierre del trámite a favor de Camacho y advirtieron posibles subjetividades e ilegalidades en dicha decisión.

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“Se ha presentado una situación lamentable que ha hecho imposible llevar adelante la audiencia. Esto era visible para todos los participantes y, debido a ello, se ha dispuesto una nueva valoración médica. Esperamos que se reinstale la audiencia con las medidas necesarias para mi cliente”, informó el abogado del exejecutivo, Jaime Tapia.

Aproximadamente a las 10:00 horas, el sindicado fue trasladado al Palacio de Justicia de Santa Cruz para su audiencia cautelar por delitos financieros. El miércoles debía declarar, pero se acogió a su derecho al silencio y fue aprehendido por la Policía.

Segunda suspensión de la audiencia cautelar

Esta es la segunda suspensión de la audiencia cautelar que debía desarrollarse el viernes, pero se movió hasta hoy porque el abogado defensor estaba atendiendo otro caso. Tapia manifestó que ante la descompensación de Wille pidió una nueva valoración médica, cuyos resultados deberían conocerse mañana para definir si podrá realizarse la audiencia.

Por su parte, la fiscal Carmen Guzmán informó que están investigando al exfuncionario financiero por supuestamente autorizar seis créditos “overlimit”. Hasta ahora cinco exejecutivos del Banco Fassil están con detención preventiva. En ese sentido, Guzmán anticipó que solicitará la detención preventiva de Wille por seis meses en Palmasola, tomando en cuenta las pruebas en su contra.

/ LMPT

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“Se han agotado todas las instancias”, subrayó la defensa de Roca, Martín Camacho.

La exautoridad fue procesada por la adquisición, presuntamente irregular, de un lote de 324 respiradores de origen chino y recibió detención domiciliaria hace dos años, por lo cual no puede salir al exterior a ser atendida.

“Se ha presentado ante la CIDH una solicitud de medidas cautelares y una solicitud de revisión del expediente. Estuvieron aquí los relatores y Eidy tuvo la oportunidad de entrevistarse con ellos y les expuso su caso”, informó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó que el Gobierno estaba al tanto de la acción, motivo por el cual presentó los informes a los comisionados de la CIDH.

Reglamento de la CIDH

El Artículo 25 del reglamento de la CIDH establece que una medida cautelar es un mecanismo de protección, mediante la cual esta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

Asimismo, el reglamento estipula que las acciones tienen una función cautelar, en el sentido de preservar una situación jurídica bajo el conocimiento de la CIDH en peticiones o casos, y tutelar para preservar el ejercicio de los derechos humanos

Roca no tuvo respuesta en las diversas solicitudes, tal es caso de un permiso humanitario temporal, pero, no se logró tramitar el permiso.

“Se ha presentado toda la documentación, se ha presentado, no solo el examen médico particular, se ha presentado un examen médico forense, todo con los documentos necesarios, incluida la cita médica programada en el exterior”, señaló el abogado.

/JDLF/

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La legisladora hizo pública su solicitud y respondió al pedido de la familia y de la abogada del exdirigente de Los Yungas, quien la semana pasada sufrió una embolia en la cárcel de Chonchocoro, donde guarda detención preventiva.

Apaza tuvo que ser auxiliado por el médico del gobernador, Luis Fernando Camacho, quien se trasladó al penal para atender a la primera autoridad de Santa Cruz.

Rek espera que esta medida protectora sea otorgada de inmediato por la CIDH.

“El propuesto beneficiario quien también fue y es víctima de tortura, se encuentra en una situación grave, su vida corre peligro al padecer de una cuadriplejia, acompañada de una pérdida de conciencia, memoria y visión. Su abogada ya había presentado varias peticiones y requerimientos ante la Comisión de Fiscales, solicitando su atención médica en el Penal de Chonchocoro”, indicó la funcionaria.

Por su parte, la familia de Apaza denunció que al cocalero de Los Yungas y opositor al Gobierno que fue encarcelado en septiembre del pasado año, se le negó atención médica.

La semana pasada tuvo que intervenir la Defensoría del Pueblo, para que sea trasladado desde la cárcel de Chonchocoro hasta el Hospital de Clínicas, según informó El Deber.

La abogada de la familia de Apaza, Evelyn Cossío, también denunció que el exdirigente fue víctima de malos tratos por un galeno en el Hospital de Clínicas.

Detuvieron al cocalero Apaza preventivamente, por los hechos de violencia ocurridos durante la toma del mercado paralelo de Adepcoca, el 8 de septiembre del pasado año.

/NVY

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“Se concede la tutela requerida por Luis Fernando Camacho Vaca, en relación a la autoridad accionada, vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Rosmery Pabón, disponiendo que la misma señale día y hora de consideración de apelación incidental de medidas cautelares”, sentenció el juez.

El miércoles 11 de enero, se había suspendido la audiencia de apelación del gobernador cruceño, quien pedía su libertad por el caso Golpe de Estado I, por el que en un principio habían determinado su detención preventiva por cuatro meses en el penal de San Pedro. La suspensión se dio por la ausencia de la representación de la Procuraduría General del Estado.

Según el juez Salazar se verificó una vulneración del debido proceso, afectando los intereses de la autoridad cruceña, por lo que solicitó que se fije de manera “inmediata” la fecha y hora de la audiencia de apelación.

Desde el pasado 30 de diciembre de 2022, el gobernador de Santa Cruz guarda detención preventiva en Chonchocoro, imputado por el supuesto delito de terrorismo, dentro del denominado cado Golpe de Estado I.

El abogado de la autoridad cruceña, Martín Camacho, tiene la esperanza que esta determinación sea el camino para lograr la liberación de Camacho.

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Hasta el momento, Mamani tiene detención domiciliaria con salida laboral desde octubre, pero el 16 de diciembre presentó un memorial pidiendo una modificación a su medida cautelar.  

Por su parte, el asambleísta Jaime Flores, demandante en este caso, manifestó que el Gobernador busca que le quiten la detención domiciliaria y el arraigo.

“A nosotros nos extraña que una persona que ha ido incumpliendo sistemáticamente con sus medidas cautelares pretenda que se le modifique y se le flexibilice”, criticó el querellante en el caso ambulancias.

Señaló que la audiencia de este martes no se realizó, porque no se notificó a todos los sujetos procesales, según informó Erbol.

Asimismo, el asambleísta observó que se haya reprogramado la audiencia en tiempo récord, puesto que se realizará el jueves 29 de diciembre. Recordó que cuando se postergaban las audiencias para cautelar al Gobernador se tardaba 15 días.

CASO AMBULANCIAS

El caso ambulancias surgió tras conocerse que la Gobernación de Potosí, había contratado la compra de 41 ambulancias y que suscribió un acta de recibido, a pesar de que los vehículos no habían llegado al país.

El gobernador Mamani está imputado por los presuntos delitos  de resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, puesto que anuló el contrato para la adquisición de las ambulancias, después de denunciarse irregularidades, sin embargo, correspondía que ejecute la boleta de garantía de más de un millón de bolivianos o cobrar multas a la empresa.

Anteriormente, la Fiscalía ya había imputado a Jorge P.V., Carlos A.A. y David F.P., quienes eran miembros de la comisión que firmó el acta de las 41 ambulancias el 31 de diciembre de 2021.

/NVY

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La autoridad judicial determinó que los dirigentes no deben apersonarse al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, tampoco tener contacto con las personas implicadas o testigos en el caso y acreditar sus domicilios, reportó la red Erbol.

Ante la situación, el dirigente del magisterio José Luis Álvarez calificó como arbitraria la determinación judicial por las medidas cautelares que deberá asumir.

Detalles del caso

El caso se registró el 21 de octubre, cuando los maestros ingresaron al Ministerio de Trabajo de la ciudad de La Paz y presuntamente ocasionaron destrozos a las instalaciones.

Los sindicados intentaron instalar una huelga de hambre, en demanda de reconocimiento a los nuevos dirigentes de su Federación, con el propósito de regularizar sus actividades, pero al momento la cartera de Economía no dio respuesta.

Ese día de la movilización, los maestros cuestionaron a los efectivos policiales, quienes los desalojaron les impidieron que instalen su huelga; por lo que tildaron a los uniformados de abusivos.

/JDLF/

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/ LMPT

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Debido a que dos de los imputados alegaron que tenían Covid-19 y la ausencia del cuaderno de investigaciones, el jurado cautelar segundo en lo penal de la Villa Imperial tuvo que aplazar el proceso, informó El Deber.

“Hemos salido de la audiencia, se ha suspendido porque están utilizando chicanas, no había el cuaderno procesal y uno de los coimputados adjuntó un certificado médico, alegando que tiene Covid-19”, señaló la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros.

Tras la suspensión, el gobernador Mamani, afirmó que desde un principio se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales.

“No nos vamos a excusar. Vamos a acudir a todos los escenarios que seamos convocados, soy el más interesado en que este caso se pueda aclarar”, aseguró la autoridad.

Mamani descartó prestar atención a las declaraciones de legisladores departamentales y nacionales que consideran que en este proceso se comenzó a utilizar chicanas (artimañas).

CASO AMBULANCIAS

Las investigaciones dan cuenta que la Gobernación de Potosí dispuso la adquisición de 41 ambulancias para ese departamento.

En ese marco, los vehículos llegaron hasta el puerto de Iquique, Chile, donde se constató que eran reacondicionados. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público, aunque en primera instancia el gobernador Mamani deslindó toda responsabilidad.

Asimismo, se conoció que en diciembre de 2021 se pretendía pagar Bs 20,5 millones por este lote, pero ante las denuncias, el contrato fue anulado.

En marzo de este año, un informe de la Procuraduría General del Estado estableció que existen indicios evidentes de que pudiese existir responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

/NVY

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El director de Asuntos Judiciales de la Alcaldía de Cercado, Oliver Alvis, señaló que se presentó a la audiencia porque se realiza un seguimiento minucioso en los procesos legales en contra del exalcalde Leyes.

Indicó que cuando se realizó la designación de Rojas como Intendente Municipal, ella no cumplía con el perfil profesional y presentó un documento falsificado.

Manifestó además que existen otros dos procesos que se sostienen por nombramientos ilegales, uno de ellos implica a Leyes y la exdirectora de Género Generacional Andrea García; mientras que el tercero. al exalcalde y al exvocero municipal Álex Contreras, reportó Opinión.

Con todos los antecedentes, el municipio está buscando una detención en contra de esta exautoridad ya que agrava su situación jurídica en cada caso.

Alvis anunció también que este lunes 1 de noviembre se llevará a cabo otra audiencia cautelar en contra de Leyes y de la señora Andrea García, por los mismos delitos de nombramiento ilegal y uso de instrumento falsificado, no obstante, este fue ampliado a los delitos de conducta económica e incumplimiento deberes.

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“Estamos pidiendo las medidas cautelares por el tema de salud, no por el proceso que tiene en su contra la exmandataria. (…) En este caso, por el tema de salud apremiante, la CIDH tiene que pronunciarse en los próximos días, esperamos que sea esta semana, hasta el viernes”, manifestó el abogado Alaín De Canedo en contacto con Página Siete.

El pasado mes, la exmandataria se autolesionó uno de sus brazos. Según su defensa, el estado de salud de Añez está deteriorado, por ello solicitaron la medida ante la CIDH.

Para que la instancia internacional pueda dictar una resolución favorable, los abogados adjuntaron los certificados médicos en los cuales detallan las dolencias y el cuadro clínico de Añez.

En caso de que la CIDH apruebe la medida cautelar para Añez, ésta tiene que aplicarse de manera inmediata debido a la “gravedad” del estado de salud de la exgobernante, señaló el jurista.

En días precedentes, el Gobierno remitió un informe sobre este caso a la comisión en el cual señala que el estado de salud de Añez es “estable”.

En tal sentido, solicitaron el rechazo al planteamiento.Por su lado, la defensa de la exmandataria remitió otro paquete de estudios médicos que contradicen a lo planteado por el Ejecutivo.

“Trastorno depresivo severo con ideación suicida, síndrome conversivo y disociativo, probable síndrome depresivo pos-ABC, hipertensión arterial sistémica, gastritis crónica, probable neuropatía periférica”, detalla una parte de la documentación enviada.

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Si la instancia internacional le otorga a Añez el pedido de medidas cautelares, el Gobierno boliviano estará obligado a trasladar a la expresidente a un hospital o en otro caso, la exmandataria podrá defenderse en libertad.

La CIDH escuchó hace algunas semanas los argumentos de la hija de la exmandataria, Carolina Ribera.

El viernes, el Gobierno solicitó a la CIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), que declare “inadmisible” el pedido de medidas cautelares a favor de la expresidente porque “no cuenta con las causales requeridas”.

“El Estado boliviano, representado por la Procuraduría General del Estado, el jueves dio respuesta ante la CIDH al pedido de información MC 782-21 sobre la solicitud de medidas cautelares para la ciudadana Jeanine Añez Chávez y la ciudadana Carolina Ribera Añez. Hemos pedido que se declare inadmisible dicha solicitud”, señaló el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.

El Gobierno se basa en los resultados de los exámenes especializados practicados a la exjefa de Estado, además de las conclusiones que dio la junta médica que evaluó su condición clínica.

“En consecuencia, esos informes dan cuenta que efectivamente no se encuentra en el estado que se alega en la solicitud de medidas cautelares. No convergen los elementos, requisitos de gravedad, que es un elemento sustancial para este tipo de medidas; tampoco se ha acreditado la urgencia, dado el informe médico que se ha requerido”, agregó el procurador.

Por otro lado, el ministro de Justicia, Iván Lima declaró que, en la denuncia presentada por Lidia Patty existe una situación contradictoria con su posición, reportó el diario El Deber.

De la misma forma, dio a conocer que, junto con las exasambleístas: Adriana Salvatierra, Sonia Brito y otras, formularon un recurso de inconstitucionalidad en contra de los dos primeros tipos penales, terrorismo y sedición.

Lamentó que, el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado aún.

“La primera acusación que llevó Patty como exasambleísta todavía está en etapa preparatoria y el juez cautelar deberá determinar si es que toma determinaciones sobre las medidas cautelares. Seguramente sus abogados pedirán la cesación u otra medida”, declaró Lima.

La defensa de Añez, Alaín de Canedo, complementó que al no haber podido reunir pruebas suficientes, el caso debería archivarse. Eso es lo que dice la Ley”, aseveró.

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El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, informó que se envió el informe detallado a la CIDH sobre la situación de Añez y sostuvo que no se demostró la urgencia del estado de salud de la expresidente.

“Hemos pedido se declare inadmisible dicha medida considerando que el Estado boliviano, en primer lugar es un Estado, que se adecua a los estándares internacionales que tiene que ver con las medidas jurisdiccionales asumidas en el caso”, señaló la autoridad en conferencia de prensa.

Chávez indicó que la respuesta a la CIDH tiene los informes de los exámenes médicos que acreditan la situación de la exautoridad, y que tienen el aval del médico personal de la exmandataria.

“Esos informes dan cuenta, y en los que participó el abogado de confianza de la persona que requiere el beneficio (Añez) que no se encuentra en el estado que alega en la solicitud de medida cautelar y no convergen los requisitos de gravedad de la situación”, aseveró Chávez según reportó Unitel.

Los abogados de Añez pidieron a la CIDH que active medidas cautelares para salvaguardar la vida y salud de la exmandataria, luego de que ella intentó quitarse la vida en el penal de Miraflores de la ciudad de La Paz.

Por último, aclaró que no se ha solicitado un plazo adicional para remitir un informe a la CIDH. Esto después de que en la pasada jornada el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que se había extendido siete días el tiempo para entregar la respuesta.

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“En este caso tenemos siete días otorgados por la Comisión y se va a presentar la respuesta inclusive antes del plazo señalado porque en el caso de Añez se ha respetado el debido proceso y se ha cumplido el estándar máximo de protección que señala la CIDH para resguardar la vida y la salud de una persona privada de libertad”, señaló Lima.

Asimismo, recordó que cuando se trata de materia internacional, la respuesta debe presentar la Procuraduría en coordinación con la Cancillería. Pero, cuando se requiere información, argumentos jurídicos o una interpretación legal, siempre los equipos del Ministerio de Justicia están (…) para apoyar a todas las demás instancias del Estado, según reportó Oxígeno.bo.

Por su parte el viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox indicó que el Estado boliviano va a fundamentar adecuadamente lo que se ha venido manejando de forma responsable, el debido cuidado en cuanto a los estándares más altos del derecho a la salud, se va a presentar la tramitación, valoración y hasta la coordinación, porque los médicos especialistas del sistema de salud público han coordinado con especialistas de cabecera de Añez.

Dijo también que con esas pruebas, documentos, estudios médicos e informes de la salud de la exmandataria se desvirtuará que la vida de Añez corre riesgo.

Indicó que esos descargos se harán mediante la instancia correspondiente, para que la documentación llegue en el tiempo establecido por la CIDH.

Expresó además su preocupación, al constatar que la exmandataria, su familia y su defensa pretenden mostrar ante la opinión pública internacional que existe una supuesta vulneración de los Derechos Humanos.

“Vemos con suma preocupación que se utilice este tipo de mecanismos que quieren hacer ver que se vulneran los Derechos Humanos. Vamos a demostrar con firmeza que, desde un principio hasta la fecha, se está salvaguardando sus derechos, se está precautelando fundamentalmente su derecho a la salud”, aseveró.

El  miércoles 1 de septiembre, la CIDH notificó al Estado boliviano respecto al pedido de medidas cautelares solicitado por Juan Carlos Gutiérrez a favor de la expresidenta Jeanine Añez y su hija Carolina Ribera.

Mediante una misiva enviada al canciller del Estado, Rogelio Mayta, la CIDH señaló que el pedido de medidas cautelares a favor de Añez se justificaría en el hecho de que la exmandataria presenta padecimientos físicos y mentales que no estarían siendo atendidos y además en el hecho de que supuestamente su vida correría riesgo al estar detenida preventivamente.

 “De conformidad con el artículo 25(5) del Reglamento de la CIDH, y sin prejuzgar sobre el posible otorgamiento de medidas cautelares, cumplo con solicitar a su excelencia tenga a bien enviar a esta secretaría, en un plazo de siete días, contados a partir de la recepción de este comunicado, la información que considere oportuna sobre la situación a que se refiere el peticionario”, describe parte de la misiva firmada por uno de los pertenecientes a la CIDH, Mario López-Garelli,

Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la CIDH para solicitar a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

Según el mismo documento, la CIDH pide al Estado que pueda responder puntos como las observaciones que se tenga a la solicitud de medidas cautelares; aportar información sobre las condiciones de salud, tanto física como mental de la propuesta beneficiaria (Añez), y su acceso a atención médica, tanto dentro del penal como aquella especialidad que podría requerir fuera del mismo.

La CIDH solicitó también que se pueda informar sobre las medidas que el Estado habría implementado para proteger los derechos de la propuesta beneficiaria. De ser el caso, aportar la documentación sobre aquellas ordenes administrativas o judiciales que se habrían aportado.

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Asimismo, los abogados de Añez indicaron que el Estado vulneró su derecho a la vida en todos sus niveles. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) advierten que sólo se busca “salvar su imagen política”.

El abogado Luis Guillén informó que ya se presentó la demanda de medida cautelar a favor de Añez y que está a la espera de un pronunciamiento de la Corte IDH, en al menos una semana, para que la expresidente pueda asumir su defensa en el proceso denominado supuesto “golpe de Estado”.
Actualmente, Añez se encuentra en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores con detención preventiva desde mediados de marzo de este año, reportó el diario Los Tiempos.

Informe médico

Un informe del especialista psiquiátrico, que atendió a la expresidente señala que Añez padece de un trastorno depresivo mayor severo, con ideación suicida; el síndrome conversivo y disociativo, probable síndrome depresivo post AVC, hipertensión arterial sistémica, gastritis crónica y probable polineuropatía periférica.

“La paciente debería estar siendo tratada en un hospital de especialidades, ya que cursa con síndromes sistémicos que requieren supervisión clínica permanente”, señala el informe médico al que accedió el diario El Deber.

Solicitud

El abogado de Añez, informó que las vulneraciones al derecho a la vida se dieron de manera sistemática desde tres niveles del Estado: Desde el Órgano Ejecutivo, con acusaciones de la Procuraduría y de ministerios.

Así también, desde el Legislativo, que hizo “desdoblar” el juicio “golpe de Estado” con otras figuras delictivas, y el Judicial, que negó de manera constante las salidas judiciales para que la exmandataria pueda recibir atención médica adecuada, aseguró Guillén.

“Se busca precautelar el derecho a la vida de Añez, tanto en salud física como mental, luego de que médicos establecieron que la expresidente requiere ser atendida en un centro hospitalario por la hipertensión y depresión que padece.

Informe

El especialista, Fernando Garitano-Zavala firmó el informe recomendó que a la exmandataria se le realicen estudios complementarios como una electromiografía de miembros superiores y pélvicos y un TAC de cráneo de contraste.

Debilitada

La diputada y miembro de la Comisión de DDHH, Pamela Alurralde, habló con Jeanine Añez e indicó que la encontró muy debilitada, deprimida y que sólo pide defenderse en libertad.

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La autoridad gubernamental hizo referencia en esa declaración, a la solicitud de medidas cautelares que hizo el martes precedente, el fiscal General, Juan Lanchipa, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir seguridad para él y a su familia.

Murillo afirmó que el fiscal Lanchipa debería aclarar el porqué de su ausencia durante las movilizaciones del MAS y señaló que no tiene que sentirse amenazado, porque cuenta con seguridad.

“Están acostumbrados todos los que hacen daño, los que cometen crímenes en nuestro país, ir a la CIDH, parece que ahí tienen alguna prolongación. Hemos visto a la Defensora del Pueblo (Nadia Cruz), pide medidas cautelares a la CIDH cuando se le está haciendo daño al pueblo de Bolivia”, dijo Murillo.

FISCAL

El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa señaló el martes que se acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar una medida cautelar referida a la seguridad e integridad de su persona y su familia.

“También el derecho que tenemos de ejercer libremente la función que el pueblo boliviano nos ha dado para llevar adelante las funciones dentro del Ministerio Público”, dijo al referirse al presentar la petición de medidas cautelares ante la CIDH.

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“Nos hemos hecho presentes a las 9:00 horas en la audiencia de medidas cautelares y el Tribunal ha decidido aplicarle medidas cautelares al señor Manfred Reyes Villa, consistente en la presentación cada 15 días ante la autoridad fiscal, arraigo y la presentación de dos fiadores en el caso concreto de la represa Kecoma. Seguramente el tribunal va a analizar y va a señalar la audiencia de juicio oral”, dijo Gutiérrez al diario Los Tiempos.

Gutiérrez sostuvo que, a la exautoridad departamental, se le acusa de manera general por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, previstos en los artículos 224 y 154 del Código Penal.

“El hecho (comisión) radica en la suscripción de un contrato en el cual se estipulaba que cualquier modificación o decisión tenía que pasar por un consejo técnico y en el caso concreto no hubo esa observancia, esa cláusula; se hizo modificaciones apartándose del contrato y ha generado que se haga una construcción con deficiencias, una infraestructura inadecuada, provocando un daño económico al estado”, explicó.

El director de Asuntos Jurídicos remarcó, que “como gobierno autónomo departamental hemos solicitado la detención preventiva; la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron la aplicación de medidas sustitutivas; estas solicitudes han sido evaluadas y compulsadas por el Tribunal que ha decidido aplicar las medidas sustitutivas”.

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“El doble estándar tiene que ver con la aplicación de un trato especial para casos similares, es decir, una aplicación sesgada, y en consecuencia injusta, en el tratamiento de las solicitudes de medidas cautelares, mismas que se otorgan a personas o grupos de personas que se encuentran en riesgo, en razón de su trabajo o afiliación”, se explica en el comunicado de la PGE.

La Procuraduría observa el tiempo en que demoró la CIDH en atender la solicitud de dos casos, uno del periodista argentino Adair Pinto, que indicó que su vida corría peligro tras un altercado en un karaoke con personas de la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC), y el otro por el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, quien expuso los riesgos para su integridad refiriendo ataques que sufrieron él y sus familiares desde 2017, que incluyeron la destrucción y quema de su vivienda el 10 de noviembre de 2019, reportó Pagina Siete digital.

Albarracín exteriorizó su solicitud de medidas cautelares el 20 de febrero y Pinto el 28 de febrero, la CIDH dio predilección al último pedido que trasladó al Estado, en poco menos de dos meses, el 16 de abril. Mientras que la presentada de Albarracín, fue trasladada al Estado, casi seis meses después, el pasado 11 de agosto, una diferencia aproximada de cuatro meses.

“Este evidente trato diferenciado confirma que ese organismo internacional mantiene la práctica del doble estándar para el tratamiento de solicitudes de medidas cautelares, con una clara inclinación política, ya que Pinto, hace una labor periodística claramente favorable al anterior gobierno. En el caso Albarracín la solicitud fue respaldada con denuncias de ataques como el que sufrió su hijo Franco en febrero de 2018, cuando recibió el impacto de un proyectil durante una protesta”, subraya parte del documento de la Procuraduría.

La institución gubernamental indicó que hasta el 17 de febrero se observó que el extracto histórico de la página web de la CIDH describía que, entre los años 2006 y 2018, ese organismo internacional recibió al menos 115 solicitudes de medidas cautelares, de las cuales solo se transmitieron seis al Estado y se estas apenas tres fueron otorgadas.

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