La comisión mixta se reunió para analizar la notificación que recibieron y decidieron postergar su trabajo hasta el día lunes de la siguiente semana. “Porque una medida cautelar nos ordena paralizar este proceso de selección del fiscal general del estado”, agregó Padilla.

La comisión, que se reunió para discutir el informe final sobre la selección, está a la espera de una audiencia programada para el lunes a las 15:00 horas. En este momento, se evaluará la situación y se decidirá sobre la continuidad del proceso.

Plazos y presión en la selección

Asimismo, se informó que la gestión del actual Fiscal General, Juan Lanchipa, culmina el 22 de octubre. Este hecho añade presión al proceso de selección. Padilla advirtió que, si no se logra realizar la elección en la asamblea legislativa, se deberá nombrar un fiscal interino conforme a la Ley 260 del Ministerio Público.

A pesar de que se envió una nota al fiscal sin recibir respuesta, se prevé que se asigne un fiscal interino. Este sería elegido entre los funcionarios más antiguos, en este caso, de los departamentos de Chuquisaca y Potosí. El fiscal interino podría asumir el cargo por un período máximo de 3 meses, mientras una nueva comisión se encarga de definir el futuro del cargo.

Críticas a las reuniones

Por otro lado, el senador Roberto Padilla también criticó las reuniones entre autoridades y postulantes al cargo de Fiscal General. Argumentó que estas reuniones deberían evitarse para preservar la independencia del futuro fiscal. Esta situación se refleja en las preocupaciones expresadas por otros legisladores, como el senador Santiago Ticona.

Ticona denunció que algunos parlamentarios parecen estar alineados con intereses partidarios, en lugar de actuar en beneficio de la justicia. Padilla subrayó que el gobierno debe pasar de las palabras a la acción, señalando que las medidas adoptadas hasta ahora parecen más bien cortinas de humo.

Responsabilidad del gobierno

En su intervención, Padilla también hizo un llamado a la responsabilidad del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari. Instó a aclarar el contenido de su reunión con el Fiscal Departamental, William Alave, dada la creciente desconfianza en torno a las acciones de la Asamblea Legislativa.

/VCC

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Objetivo de la medida cautelar

La medida cautelar busca prevenir un daño irreparable. Esto se debe a que se habían declarado desiertas las convocatorias para magistrados en Beni y Pando, lo que amenazaba el proceso electoral en esas regiones.

El documento emitido establece que se dispone, en calidad de medida cautelar, la PROSECUSIÓN del proceso de organización, dirección, supervisión, administración y ejecución del proceso electoral. Esto incluye las elecciones de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, así como los Miembros del Consejo de la Magistratura y las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Audiencia programada

La audiencia para definir la Acción de Cumplimiento se llevará a cabo el jueves 17 de octubre a las 16:00 horas, de manera virtual. Es importante destacar que la organización de las elecciones no puede ser detenida mientras se espera el resultado de esta audiencia.

Contexto de la decisión

La medida cautelar fue emitida un día después de que las salas constitucionales de Beni y Pando decidieran declarar desiertas las convocatorias para magistrados del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia. Esto había llevado a la suspensión del proceso electoral en esas regiones.

Las decisiones tomadas por estos tribunales fueron objeto de cuestionamientos, especialmente en lo que respecta a la puntuación de los postulantes y la igualdad de oportunidades en el proceso de selección.

Accionados en la acción

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral figuran como accionados en la Acción de Cumplimiento presentada por Alavi. Esta situación resalta la importancia de garantizar un proceso electoral justo y transparente en el país.

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La defensa técnica de las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural ha presentado una sólida argumentación jurídica que ha convencido a la Sala Constitucional Nº 1 del Beni. Gracias a esto, se ha dejado sin efecto la medida cautelar que afectaba a más de 400 postulantes en el proceso de preselección judicial.

Reanudación de los exámenes orales y garantía de derechos para los postulantes

Con la decisión de la Sala Constitucional, se reanudarán los exámenes orales para los aspirantes a altos cargos judiciales. Esto garantiza el derecho de los postulantes en el proceso de selección y les brinda la oportunidad de demostrar sus capacidades y conocimientos.

Nuevas instrucciones para las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural

Además de dejar sin efecto la medida cautelar, el fallo de la Sala Constitucional también ha instruido a la Comisión Mixta de Constitución a emitir una nueva resolución sobre la habilitación de un postulante al Tribunal Departamental de Justicia por el Beni. Asimismo, se ha autorizado a la Comisión Mixta de Justicia Plural a reanudar sus actividades de manera inmediata.

Aclaración sobre el derecho al salario de los legisladores

Es importante aclarar que no existe ninguna disposición que afecte el derecho al salario de los legisladores en caso de presuntas sanciones económicas o congelamiento de cuentas. Esta aclaración busca evitar confusiones y garantizar la estabilidad económica de los legisladores.

Continuidad del proceso de preselección judicial en Bolivia

Con la resolución de la Sala Constitucional Nº 1 del Beni, se espera que el proceso de preselección judicial en Bolivia continúe su curso normal. Esto permitirá brindar transparencia y legalidad en la selección de altos cargos judiciales, asegurando la idoneidad y calidad de los futuros jueces y magistrados del país.

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La suspensión de las sesiones ordinarias fue comunicada a los asambleístas a través de una circular emitida por la directiva, en cumplimiento de un Auto Interlocutorio. La acción de Amparo Constitucional fue presentada por las asambleístas Mónica Núñez Vela Shrackmann y otras de la bancada MTS, generando controversia en torno a las decisiones tomadas.

Impacto en la aprobación de presupuestos y trámites esenciales

La paralización de las sesiones ordinarias ha tenido un impacto significativo en la aprobación de presupuestos reformulados y otros trámites esenciales para el funcionamiento adecuado de la Asamblea Departamental Legislativa. Esto ha generado preocupación entre los funcionarios encargados de la gestión administrativa, como el secretario departamental de Planificación, Pedro Villalobos.

Preocupación por la intervención de un tercero ajeno al tema

El secretario departamental de Planificación expresó su preocupación ante la intervención de un tercero ajeno al tema, proveniente del sector campesino. Esta situación ha generado controversia y ha dificultado aún más la gestión administrativa de la Asamblea Departamental Legislativa.

Repercusiones en la reformulación del Programa Operativo Anual (POA)

Los directivos de la Asamblea Departamental Legislativa lamentaron que se haya aprovechado la buena fe de los vocales de la Sala Constitucional, ya que esto ha afectado la reformulación del Programa Operativo Anual (POA). Las supuestas vulneraciones a derechos de un sector no contemplado en las reformulaciones han generado preocupación y obstáculos en el proceso.

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La autoridad edil, señaló que la solicitud de medida cautelar fue presentada hace un mes ante la CIDH.

“Está en curso la medida cautelar. Yo creo que estamos activando todas las medidas necesarias para evitar obviamente que se transgreda la ley por algunas presiones seguramente a algunos magistrados”, dijo Reyes Villa en contacto con la red Erbol.

Paralelamente, Reyes Villa tiene una petición vigente ante la CIDH en la cual denunció la vulneración de sus derechos y al debido proceso en los juicios en su contra.

La Comisión ya admitió esa petición de Manfred en mayo respecto a los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y otros, reportó el diario Opinión.

Reyes Villa sigue ejerciendo el cargo de alcalde, sin embargo, aún pesa en su contra una sentencia de cinco años de cárcel por el caso “Sillar Alternativo” emitida en 2013.

Interpuso un Amparo dentro de ese proceso y el mismo pasó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el cual definirá la situación legal de Reyes Villa.

El alcalde manifestó que el caso tardará en el TCP. Si bien consideró que en este proceso “todo puede ser”, sostuvo que quiere confiar en el Tribunal Constitucional y, sobretodo, en el pueblo que, en su criterio, está consciente del daño que se hizo a Cochabamba por la “danza” de alcaldes similar a un “carnaval”.

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