Marcha de protesta en Oruro

La Nación Originaria Suyu Jach‘a Karangas llevó a cabo una marcha de protesta en la ciudad de Oruro el lunes 25 de mayo. El objetivo principal de esta movilización fue exigir atención del gobierno a los problemas que enfrenta el país y solicitar un diálogo como solución a la crisis social actual.

Declaraciones del Apu Mallku

Durante la movilización, el Apu Mallku Luis Soliz Rodríguez expresó: “Nosotros en respeto a la Constitución Política del Estado, queremos que el gobierno central nos llame a la mesa de diálogo. No queremos sembrar violencia, no queremos que nuestros familiares estén sufriendo en las carreteras”. Además, mencionó que hay familiares con enfermedades de base y enfatizó: “Queremos que el gobierno central pacifique nuestro Estado plurinacional”.

Demandas específicas

En su discurso, Soliz Rodríguez también hizo referencia a normas que deben abrogarse. Dijo: “Queremos que se abroguen estas leyes, particularmente la 1720, aunque sabemos que también ya se ha abrogado”. Asimismo, reiteró el deseo de diálogo: “El pueblo se está cansando. Nosotros somos, vuelvo a reiterar, somos de una cultura de paz y diálogo”.

Tensión entre comunarios

Al final de la marcha, surgió un momento de tensión entre algunos comunarios participantes. Algunos rechazaron que el pedido fuera solo por diálogo ante la crisis social y consideraron necesario unirse a la solicitud de renuncia del Presidente Rodrigo Paz. Sin embargo, tras algunos cruces de palabras, se ratificó la posición oficial de la nación Jach‘a Karangas.

Crisis social en Bolivia

Este evento ocurre en medio de una crisis social en Bolivia que inició hace más de tres semanas y se ha ido radicalizando poco a poco. Actualmente, varias organizaciones sociales como la Central Obrera Boliviana (COB), el magisterio rural y federaciones campesinas exigen la renuncia del Presidente Paz.

Afectaciones por bloqueos

Estas organizaciones mantienen bloqueos en carreteras, lo cual afecta el abastecimiento de medicamentos, alimentos, combustibles y otros productos necesarios.

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Marcha de protesta por la muerte de cadete de la Anapol

La ciudad de Oruro fue escenario de una marcha de protesta tras conocerse el lamentable deceso de Pablo Reboso Valencia, un joven de 18 años aspirante a la Academia Nacional de Policía (Anapol) de El Alto. Este hecho, ocurrido el pasado domingo, ha generado controversia por las causas de su muerte.

Controversia sobre las causas del fallecimiento

Mientras la familia denuncia que el estudiante habría sido víctima de constantes golpes, las autoridades de la Anapol sostienen que la autopsia señala problemas respiratorios como origen del deceso. La movilización inició en inmediaciones de la unidad educativa Ejército Nacional, donde Pablo culminó sus estudios secundarios antes de seguir su sueño de vestir el uniforme “verde olivo”.

Exigencias y reclamos en las calles

Con pancartas y consignas como “Hoy fue Pablo, mañana puede ser tu hijo”, amigos, familiares, compañeros de colegio y vecinos recorrieron diferentes arterias de la ciudad hasta llegar al Comando Departamental de Policía. En este lugar, exigieron que se esclarezcan las circunstancias de la muerte y se sancione a los responsables.

Agresiones físicas y diagnóstico trágico

Según la familia, el joven habría sufrido agresiones físicas dentro de la academia, siendo los últimos golpes registrados el 16 de marzo. Esto habría derivado en su diagnóstico de muerte cerebral. Una manifestante expresó su indignación señalando que “no es el primer caso que ocurre en la Anapol” y que los padres se sienten impotentes ante lo que consideran intentos de ocultar la verdad.

Reacciones a nivel nacional

La controversia ha trascendido a nivel nacional. El vicepresidente Edmand Lara se pronunció en redes sociales afirmando que la muerte del cadete “no puede quedar impune”. Además, pidió al comandante general de la Policía Boliviana, general Mirko Sokol, el esclarecimiento inmediato del caso y la destitución del director de la Anapol.

Demandas por justicia y transparencia

Lara fue enfático al señalar que “no queremos informes maquillados ni pactos de silencio institucional”, recordando que en la academia existen oficiales y capitanes responsables de la seguridad de los cadetes las 24 horas. La presión social y política se intensifica, mientras la familia de Pablo Reboso y la población orureña esperan que las investigaciones avancen con transparencia y se garantice justicia para el joven cuyo sueño de ser policía quedó truncado de manera trágica.

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Los transportistas están demandando soluciones a la falta de carburantes y la abrogación del decreto 5400, que restringe la compra de gasolina a vehículos que utilizan GNV. El secretario ejecutivo departamental de los choferes, Edson Valdez, ha señalado que ninguno de los representantes del sector desea ir al paro, ya que consideran que ya están parados en sus actividades debido a las largas filas para conseguir combustible.

Entre las solicitudes de los transportistas se encuentra la solución a la escasez de combustible y el congelamiento temporal de los pagos bancarios. La situación actual ha llevado a que los choferes trabajen solo de dos a tres días a la semana, lo que les dificulta cumplir con sus obligaciones financieras.

Filas interminables por combustible

Valdez, quien cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector, expresó su preocupación por las enormes filas que se han formado en el país. “¿Cuándo hemos visto estas enormes filas en el país? Filas para todo. Estamos regresando al tema de la UDP cuando teníamos que ir a las 3 de la mañana a comprar 10 panes, lo mismo era la carne”, lamentó.

Este lunes, nuevamente se han registrado largas filas en las principales estaciones de servicio de las ciudades de El Alto y La Paz. Muchos conductores han informado que han tenido que dormir en las estaciones de servicio para poder abastecerse.

Problemas en la llegada de combustible

Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, explicó el domingo que la llegada de combustible se ha visto afectada por problemas climatológicos. Esto ha impedido que se descarguen cinco buques con combustible en el puerto de Arica, Chile.

“Por Arica ingresa más del 30% y 40% de combustible. Estamos hablando de más de 4 millones de litros que deberían ingresar diariamente, pero desde el 21 de abril, los temas climatológicos no han permitido que se pueda desembarcar (combustible)”, indicó Jiménez.

Impacto en las actividades diarias

Los choferes han manifestado su creciente preocupación por las largas filas que se han formado para acceder al combustible. Esta situación ha tenido un impacto significativo en sus actividades diarias y en su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.

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La dirigente gremial Mercedes Quisbert informó que la marcha comenzará a las 08:00 horas desde las puertas del Cementerio General y recorrerá el centro de La Paz. Esta acción es una muestra de la preocupación del sector. “Estamos muy mal económicamente. Esta crisis no solo afecta a los comerciantes, sino a toda Bolivia”, declaró Quisbert.

Impacto del encarecimiento

Quisbert señaló a ANF que el aumento en los precios de productos e insumos importados está directamente relacionado con la falta de acceso a dólares en el mercado oficial. Denunció que los comerciantes se ven obligados a recurrir al tipo de cambio informal, lo que impacta en los precios finales al consumidor. “Todo ya está dolarizado. No hay especulación, simplemente los precios se ajustan al dólar del día”, afirmó.

Situación de los trabajadores informales

En Bolivia, aproximadamente el 85% de la población depende de actividades económicas informales, según datos del propio sector. La dirigenta responsabilizó al Gobierno por no haber resuelto, desde 2023, una crisis cambiaria que sigue afectando a los pequeños comerciantes.

El dólar paralelo y su efecto

Durante la semana pasada, el dólar paralelo superó picos históricos, alcanzando los 20 bolivianos. Además, el fin de semana, la moneda boliviana se depreció frente a divisas de países vecinos, lo que genera mayores dificultades para el comercio fronterizo.

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El representante de los gremiales, César Gonzáles, mencionó que esta movilización se ha denominado “contra el hambre y la pobreza”. Los organizadores buscan llegar hasta la plaza Murillo para hacer escuchar sus demandas. Esta acción ha sido convocada por diferentes sectores que están en desacuerdo con la Disposición Adicional Séptima del Presupuesto General del Estado. Además, rechazan el levantamiento de la suspensión a la exportación de carne de res y otras medidas que consideran perjudiciales en el contexto de la crisis económica actual.

Problemas con el suministro de combustible

Domingo Ramos, dirigente del transporte pesado, expresó su preocupación por la falta de una solución definitiva al desabastecimiento de combustible, especialmente del diésel. En varios surtidores, todavía hay largas filas de camiones que esperan ser abastecidos.

Ramos aseguró que la marcha tiene la intención de ser pacífica y que se espera entregar al Gobierno un pliego de demandas del sector transportista. La movilización comenzará en El Alto y culminará en la sede del gobierno.

Visibilización de necesidades

Los participantes de esta marcha buscan visibilizar sus necesidades en un contexto económico complicado. En Bolivia, se han presentado problemas recurrentes con el suministro de combustible y divisas, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre para muchos sectores de la población.

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La concentración de los choferes se llevará a cabo en el sector conocido como cinco casas. Se espera que todos los sindicatos afiliados a la Central del Autotransporte Mixto del Norte de Potosí participen en esta protesta.

Incumplimiento de acuerdos

Hilarión Bustos Gabriel, secretario general de la Central del Autotransporte Mixto del Norte de Potosí, declaró al periódico LA PATRIA que existe un acta que no ha sido cumplida. Bustos explicó: “No ha llegado combustible el 31 de marzo a todo el Norte de Potosí, porque aquí en Llallagua es donde se alimentan todos los autotransportes que van hacia San Pedro, Pocoata y la capital del departamento de Potosí”.

Bustos también mencionó que el autotransporte sindicalizado ha decidido realizar una marcha como respuesta al incumplimiento por parte de YPFB. “Justamente habrá una concentración de todos los sindicatos afiliados a esta entidad matriz y las conclusiones serán de estricto cumplimiento”, añadió.

Reuniones con autoridades

Se han llevado a cabo reuniones con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para discutir el tema del abastecimiento de combustible. Bustos afirmó que “el 100% del autotransporte aquí en el municipio estará concentrado para hacer una marcha este miércoles”.

Distribución de combustible

YPFB anunció recientemente que realizará la distribución de 15 millones en combustible. Sin embargo, Bustos expresó su preocupación: “El tema es que en el Norte de Potosí, las estaciones de servicio son de Yacimientos”. Además, agregó que las cisternas disponibles no son suficientes para cubrir las necesidades de los transportistas.

Descontento entre transportistas

La situación ha generado un gran descontento entre los transportistas. “Hay compromisos que no están cumpliendo y por eso mañana seguramente sacaremos conclusiones en la concentración”, señaló Bustos. La marcha se llevará a cabo únicamente en Llallagua, un punto clave para el abastecimiento de combustible.

La demanda principal de los choferes es un abastecimiento adecuado de combustible. Según Bustos, “los compañeros están durmiendo casi 3 noches en filas para poder recibir combustible”. Además, advirtió sobre posibles bloqueos si no se atienden sus demandas: “Lo vamos a asumir porque no puede ser que nosotros seamos ciudadanos de segunda”.

Participación de sindicatos

Todos los sindicatos interprovinciales, intermunicipales y urbanos participarán en la marcha. La concentración se llevará a cabo en el sector conocido como cinco casas, donde se espera una gran afluencia de choferes en protesta por la falta de combustible.

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Con carteles de protesta en mano, los profesores de Educación Alternativa han manifestado su rechazo al recorte de horas. Denuncian que esta medida va en contra de la calidad educativa que se busca ofrecer a los estudiantes.

Impacto en la enseñanza

El profesor Oscar Escalera, del Centro de Educación Alternativa (CEA) Ignacio León, explicó que los docentes brindan enseñanza a jóvenes y adultos que trabajan durante el día y asisten a clases por la noche. La población estudiantil en los CEAs presenta una diversidad de ritmos y niveles de aprendizaje, lo que requiere atención personalizada por parte de los educadores.

Consecuencias económicas

Se ha señalado que la reducción de 16 horas afecta económicamente a los docentes, disminuyendo sus ingresos de 1.000 a 1.500 bolivianos. “En una época tan difícil, cuando la economía está tan devaluada, el Gobierno, por falta de dinero, ataca a la educación y pretende quitar el derecho a la educación a las personas jóvenes y adultas”, exclamó Escalera.

Desigualdad en la educación

Los docentes también han denunciado que esta reducción de horas solo se aplica al Magisterio Urbano y no al rural, lo que evidencia una situación política por parte del Gobierno central. “La educación es sagrada y no vamos a permitir que afecten la formación de nuestros jóvenes y adultos”, afirmó Escalera.

Críticas al Gobierno

Escalera reprochó que el Gobierno tomó la decisión de reducir las horas durante las vacaciones, lo que significa un retiro forzoso para los docentes. “Sabemos que la educación está por los suelos, no lo vamos a negar, ¿pero será culpa de los maestros? No, es culpa de estos malos gobernantes”, concluyó.

Los docentes defienden tanto la formación de sus estudiantes como su derecho a un salario digno, resaltando la importancia de la educación en la sociedad.

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Demandas de los sectores movilizados

Jorge Paredes, presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, criticó la falta de respuestas concretas del presidente Luis Arce ante la crisis económica que enfrenta el país. Paredes recordó que el Gobierno había prometido regularizar la provisión de combustible en todo el territorio nacional, pero hasta ahora las filas de vehículos en las estaciones de servicio esperando diésel continúan.

“Si es necesario convocar a una acción, vamos a convocar a una Asamblea de la Paceñidad”, afirmó Paredes, reiterando que los movilizados le otorgan 15 días al Gobierno para resolver la situación actual.

Preocupaciones del sector del transporte

El secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Chuquiago Marka, Santos Escalante, también expresó su inquietud por la inacción del Gobierno frente al aumento de precios y la continua escasez de combustible. “¿Hasta cuándo vamos a esperar? Este Gobierno no tiene la capacidad de darle solución; la canasta familiar se ha disparado. ¿Quién dice algo? Todos hemos sido afectados”, lamentó Escalante.

La falta de combustible ha provocado largas filas en las estaciones de servicio, lo que afecta principalmente a los transportistas, productores y a la población en general. Además, esta crisis de abastecimiento ha llevado a que se formen filas en los supermercados de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), donde se venden productos de primera necesidad.

Medidas del Gobierno

El Gobierno anunció la descentralización de la venta de productos hacia diferentes barrios y aseguró que el suministro de diésel se regularizará de manera paulatina. Sin embargo, estas medidas no han logrado calmar el descontento social que se ha generado.

Conclusión de la marcha

La marcha culminó con un mitin en la plaza del Obelisco, donde representantes de los sectores sociales criticaron al Ejecutivo. Advirtieron que si sus demandas no son atendidas dentro del plazo establecido, intensificarán las movilizaciones y las medidas de presión en la sede de Gobierno.

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Emily fue asesinada el 24 de octubre en la urbanización Aguas Calientes, ubicada en la zona Norte de la ciudad de Oruro. Se presume que su enamorado, Eloy Japijapi Michaga, es el responsable y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Marcha de protesta

Familiares, amigos y compañeros de facultad, junto con la Asociación de Víctimas de la Injusticia, marcharon desde el Parque de la Unión Nacional por varias calles de Oruro. En esta manifestación, exigieron celeridad y justicia por el feminicidio de Emily, que es el séptimo caso registrado en el departamento.

Durante la protesta, se congregaron frente al Comando Departamental de Policía de Oruro, donde clamaron por el avance de las investigaciones para localizar al autor del crimen y que este enfrente a la justicia. Posteriormente, la marcha se dirigió a la Fiscalía Departamental de Oruro, donde continuaron pidiendo justicia. En ambos lugares, los estudiantes lanzaron huevos a las fachadas de las instituciones como muestra de su descontento por la falta de aprehensión del autor.

Exigencias de la madre

Elvira Mamani, madre de Emily, con la voz entrecortada por el dolor de la pérdida de su hija, pero con un espíritu firme en su búsqueda de justicia, exigió a las autoridades que concentren sus esfuerzos en capturar al autor del crimen. “Quiero justicia para mi hijita”, exclamó.

Además, lamentó la decisión del fiscal a cargo de liberar a un familiar cercano del autor del crimen y no secuestrar una motocicleta que, al parecer, el agresor utilizaba para moverse.

“Me la asesinaron a mi hija cruelmente. Ella era una señorita tranquila, trabajadora y humilde. Era mi única hija, yo soy papá y mamá para ella. Soy enfermiza, solo tenía a mi hija que me cuidaba. Ella me daba fuerzas, ahora quedé sola”, sollozó.

Reunión en la fiscalía

Después de la marcha, la madre y otros familiares se reunieron con el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales. Durante este encuentro, el fiscal les informó sobre el avance de las investigaciones y que ya se había solicitado un mandamiento de aprehensión a nivel nacional para lograr la captura del enamorado de la víctima.

Morales también anunció que se solicitará un sello rojo a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que, en caso de que el implicado no se encuentre en territorio boliviano, la Policía Internacional pueda proceder a su captura. Asimismo, el fiscal enfatizó que, si es necesario, ampliarán las investigaciones hacia quienes ayuden a Eloy a escapar. “Estimamos que en cualquier momento él va a ser aprehendido”, precisó.

Antecedentes del crimen

Emily fue hallada muerta en la vía pública el 24 de octubre, presentando signos de violencia. La autopsia médico-legal reveló múltiples fracturas en la bóveda del cráneo y en los huesos de la cara. Se presume que el implicado utilizó una piedra para infligir tales heridas.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), peritos del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup) y el fiscal asignado al caso recolectaron evidencias con el objetivo de esclarecer el crimen. Las investigaciones permitieron identificar al autor, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

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Después de los enfrentamientos con los “arcistas” en Vila Vila, el exmandatario comunicó que la marcha hacia La Paz ha recibido un mayor apoyo y se está fortaleciendo como respuesta a las agresiones sufridas. “Con más fuerza se viene el pueblo frente a esta agresión a la marcha pacífica”, expresó Morales.

La marcha como expresión popular

Morales enfatizó que la marcha no es un proyecto personal, sino una manifestación del pueblo que defiende su derecho a la vida y a un proceso de cambio. Además, subrayó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) sigue siendo su principal base de apoyo.

Compromiso con la movilización

El expresidente reafirmó que la movilización continuará sin interrupciones. “El pueblo está movilizado, el pueblo está de pie; esto no para, hagan lo que hagan, digan lo que digan”, afirmó. Con este mensaje, busca galvanizar un movimiento que no solo se opone a las políticas actuales, sino que también intenta recuperar un proceso de cambio que considera en riesgo bajo la administración actual.

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“Este 28 de diciembre reafirmamos nuestro compromiso como familia por los valores democráticos de Santa Cruz, que son la libertad y la democracia. Reafirmamos nuestras ganas de luchar por ese Estado de derecho que tanto anhelamos los bolivianos”, dijo en una rueda de prensa el hijo del Gobernador, Luis Fernando Camacho Parada.

Misas y marchas como forma de protesta

Camacho Parada indicó que las manifestaciones comenzarán temprano con una misa en la Catedral de Santa Cruz y finalizarán con una multitudinaria marcha en el sitio donde el año pasado su padre fue detenido por la Policía.

Repudio a la detención y defensa de los valores democráticos

El hijo del líder opositor enfatizó que el mensaje que se quiere dar al Gobierno del Presidente Luis Arce es el repudio a su detención, calificada por la familia como un secuestro, y la reafirmación de los valores democráticos.

Pronunciamiento contra encarcelamiento del gobernador

Por su parte, la esposa del gobernador, Fátima Jordán, adelantó que varios sectores se pronunciarán en contra del encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz como comerciantes, colegios médicos, comités cívicos provinciales y dirigentes sociales.

Juicio político y lucha por recuperar la democracia

“Sabemos que esto es un juicio político. No esperamos nada de la Justicia boliviana, solamente seguir luchando hasta recuperar la democracia boliviana”, dijo Jordán.

Detención por caso “golpe de Estado I”

Camacho Vaca fue detenido el 28 de diciembre de 2022 en medio de un cuestionado operativo policial y trasladado de la oriental Santa Cruz a La Paz, en el occidente del país, para responder por el caso “golpe de Estado I” relacionado con la crisis política de 2019.

Oposición vs oficialismo: protestas y fraude electoral

El caso “golpe de Estado I” nace de una denuncia por las protestas sociales que en 2019 derivaron en la renuncia del entonces mandatario Evo Morales (2006-2019) y que para el oficialismo significó una ruptura del orden constitucional. Para la oposición, las manifestaciones se debieron a un fraude electoral en las elecciones anuladas de ese año.

Camacho Vaca enfrenta múltiples acusaciones

El gobernador, quien en 2019 era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, afronta acusaciones de terrorismo, sedición, cohecho, seducción de tropas y atribución ilegal del mando militar. En el proceso también están acusados la exmandataria interina Jeanine Áñez (2019-2020) y exjefes militares y policiales.

Prisión en Chonchocoro y solicitud de 20 años de prisión

Camacho Vaca guarda prisión en el penal altiplánico de Chonchocoro, y afronta otros procesos judiciales por cuestiones administrativas durante su gestión como gobernador. La Fiscalía boliviana presentó la acusación formal contra Camacho Vaca por el caso “golpe de Estado I” y pidió 20 años de prisión.

Fuente: EFE

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Según el pronunciamiento emitido por la APPI, miembros del Magisterio Rural procedieron injustificadamente a desalojar a varios periodistas que estaban realizando su labor informativa.

Agresión a los periodistas Vladimir Mamani y Marcio Martínez Colque

Sin embargo, dos profesores se dirigieron específicamente al periodista Vladimir Mamani para quitarle su equipo de trabajo y empujarlo fuera del lugar. Además, lamentaron que los profesores no mostraron respeto hacia el periodista Marcio Martínez Colque, quien recibió improperios y amenazas sin motivo alguno.

Actitud abusiva contradice principios democráticos sindicales

El pronunciamiento señala que esta actitud abusiva contradice los principios democráticos sindicales y demuestra un nivel mediocre en la formación profesional, carente de valores. La APPI declaró estado de emergencia y solicitó a la Central Obrera Departamental (COD) tomar medidas disciplinarias según sus reglamentos internos.

Anuncio de marcha en respuesta al acto cobarde

En respuesta a este “acto cobarde”, los periodistas independientes anunciaron una marcha para el próximo lunes.

Por su parte, la APO condenó enérgicamente las agresiones a ambos colegas y exigió una investigación exhaustiva y sanciones para los responsables. Destacaron que la libertad de prensa es un derecho fundamental respaldado por organismos internacionales, y que estos incidentes amenazan este derecho y la democracia misma.

Rechazo del STPO y compromiso con defensa de derechos periodísticos

El STPO también expresó su rechazo y repudio hacia las agresiones físicas y verbales contra los periodistas, manifestando su respaldo y solidaridad. Ratificaron su compromiso con la defensa de la democracia, la vida y la libertad de expresión, encontrándose en permanente estado de emergencia ante cualquier vulneración de derechos hacia los periodistas.

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El rector de la Universidad “Gabriel René Moreno” (Uagrm), Vicente Cuellar, hizo conocer las determinaciones asumidas luego de la reunión.

Uno de los puntos del acta, señala el rechazo a los procesos penales contra los integrantes del Comité Interinstitucional y mantener el estado de emergencia para estar preparados ante cualquier intento del Gobierno nacional de tomar acciones judiciales contra los líderes.

Además de Cuellar, son denunciados el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, entre otros.

“Se convoca a una marcha interinstitucional para el viernes 9 de diciembre en defensa de los líderes cruceños en rechazo a los procesos y en defensa al derecho a la protesta”, señala otro de los puntos del documento.

El gobernador cruceño confirmó su participación en la marcha del viernes.

Las ocho determinaciones

En el primer punto se resolvió rechazar los procesos penales contra los integrantes del Comité Interinstitucional y mantener el estado de emergencia, para estar preparados ante cualquier intento del Gobierno de tomar acciones judiciales contra los líderes.

La segunda determinación, trata de formar comisiones de trabajo, a nivel departamental, de análisis para verificar las medidas que se adopten para defender el pueblo cruceño ante los denominados atropellos a la ciudad, ninguno de los denunciados debe asistir a la ciudad de La Paz, siendo la jurisdicción natural la ciudad de Santa Cruz.

Además, se realizará la formación de una comisión jurídica para iniciar los procesos contra los que ejecutaron el cerco a Santa Cruz y otras acciones vandálicas contra los derechos de los ciudadanos que cumplían el paro de manera pacífica.

Como cuarto punto, se exigie al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, actuar de acuerdo a la Constitución y a las leyes, y no bajo mandato político

También se denunció ante organismos internacionales los actos de abuso y persecución de las autoridades nacionales, amparados en la declaración de los derechos humanos y el pacto de San José de Costa Rica.

Asimismo, cada representante del Comité Interinstitucional debe organizarse y apersonarse de manera voluntaria como testigo en los procesos por los que fueron denunciaron los miembros de la Comisión.

El séptimo punto estableció que se convocó a una marcha interinstitucional para el viernes 9 de diciembre, en defensa de los líderes cruceños en rechazo a los procesos y en defensa al derecho a la protesta.

El octavo y último indicó que cada institución debe acreditar a dos de sus miembros ante la Comisión Interinstitucional para que sean convocados a las reuniones de trabajo.

/MDCB

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“No hay garantías para que puedan asistir estás 38 personas al Ministerio Público, dicen que van a ser convocados en calidad de testigos, que no tienen la garantía necesaria que se vaya a respetar sus derechos porque existe el temor de que (la fiscalía) pueda incurrir en una estrategia y vayan a ser aprehendidas de forma inmediata”, declaró la abogada defensora.

Los cocaleros pertenecientes a Adepcoca iniciaron una marcha de protesta el 4 de septiembre desde Los Yungas y caminaron hasta La Paz en reclamo del cierre del mercado ilegal que permitió el Gobierno al dirigente Arnold Alanez.

La marcha llegó a la Sede de Gobierno el 8 de septiembre y tomó el inmueble fuera de norma luego de ser provocados y atacados por el bando contrario.

Detuvieron al principal dirigente, Freddy Machicado, luego a las cabezas visibles de la organización, como César Apaza y Rosalba Vargas; hasta el momento ya detuvo a ocho dirigentes y hay órdenes contra otros siete.

Por esa razón, los cocaleros temen llegar a La Paz, pero al mismo tiempo, deben hacerlo porque se trata de declarar en favor de los ocho detenidos.

“Tenemos diez órdenes más de aprehensión por ejecutar, los mismos están relacionados y direccionados a aprehender a dirigentes del lado (del grupo) del señor Freddy Machicado”, confirmó la jurista.

Cossío dijo que todo el accionar de los fiscales a lo largo de la investigación provoca la desconfianza de los campesinos, pues instruyó las aprehensiones en la calle, fuera de horario, con persecución de vehículos particulares.

Señaló que ellos como defensa, solicitaron la inclusión de Alanez en la investigación, sin embargo, no fueron escuchados por los fiscales que insisten en procesar sólo a los campesinos del bando de Adepcoca.

/NVY

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Cientos de maestros ayer recorrieron las principales calles de la ciudad exigiendo la abrogación inmediata del decreto supremo 2248 que refiere a la Gestora Pública.

“Esta Gestora Pública que no permitiremos que sea manejado por el estado sino por los propios trabajadores que son dueños de los aportes”, dijo la ejecutiva del magisterio, María Elena Soria Galvarro.

Esta marcha partió desde la plaza “Sebastián Pagador” y terminó en la plaza principal 10 de Febrero, justo en frente de la Gobernación donde efectuaron un mitin en el que hicieron conocer los puntos de su reclamo.

Asimismo pidieron al gobierno central la solución al paro que se está desarrollando en Santa Cruz.

“También estamos exigiendo que se dé solución inmediata al problema de Santa Cruz con el Censo de 2023, es un pedido que ha surgido en todos los rincones de la patria y nosotros como parte de ella exigimos el Censo 2023”, añadió.

La movilización estuvo liderada por los dirigentes del magisterio urbano de Oruro, y se contó con amplia participación de maestros de diferentes unidades educativas de la ciudad capital y de otros municipios del departamento.

Soria Galvarro indicó que existe persecución política de parte del gobierno central contra dirigentes sindicales contestatarios, es por eso que hicieron eco de su apoyo a estos.

“Estamos contra la persecución política que se implementó estos últimos meses en contra de dirigentes sindicales, lo que no está al margen los maestros quienes han sido llevados a estrados judiciales, no permitiremos más aquella actitud opresora”, finalizó.

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El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, informó sobre la convocatoria, resaltando que existen “injusticias” ante los procesos judiciales que enfrentan diferentes personas como el caso del expolicía y boxeador Franklin “Matador” Mamani, reportó la red Erbol.

“Hemos recibido la visita de los familiares de las esposas de policías y militares que, en este momento, también están pasando por esas injusticias, por lo tanto, hemos decidido aunar esfuerzos para decirle a la población en su conjunto que hoy más que nunca necesitamos defendernos de la injusticia que se comete”, aseveró.

Marcha el 21 de julio

La marcha de protesta fue convocada para el 21 de julio en el centro de la sede de Gobierno y Larrea detalló que participarán otros sectores con los cuales se firmará un acuerdo, por la “democracia, dignidad, libertad y en contra de la justicia”.

Asimismo, una de las representantes de las esposas de policías acusó al Gobierno de “inventar” pruebas y testigos falsos, según su criterio, para iniciar procesos contra los uniformados que participaron de las movilizaciones de 2019.

“Es una persecución que lamentablemente a toda la familia está arrastrando, es injusto, la población sabe lo que realmente ha pasado en 2019, tenemos que hacernos sentir ahora en esta marcha”, subrayó.

También instó a las plataformas ciudadanas a sumarse a la movilización.

Larrea recalcó que la marcha será pacífica y “no tiene ninguna intención de ir en contra del Gobierno”, ya que lo que buscan es “justicia, paz y que no haya persecución a ningún ciudadano”.

/JDLF/

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La marcha descendió desde la ciudad de El Alto y llegó hasta el centro paceño ocasionando que todas las avenidas y calles queden congestionadas.

La ejecutiva de la Provincia Ingavi, Ana María Copeticona, indicó que el diálogo con la delegación de ministros del Gobierno fracasó la noche del martes y con esta masiva marcha esperan ser recibidos por el mandatario.

“Pedimos presupuesto para esta doble vía, que se ejecute de una vez, que nos escuche el Gobierno central, eso queremos”, indicó la ejecutiva, además dijo que doble vía tiene proyectado un costo de 420 millones de bolivianos.

Asimismo, denunció que el gobernador de La Paz, Santos Quispe no quiere firmar el convenio intergubernativo, nosotros hemos explicado que la llave para solucionar ese tema lo tiene el gobernador de La Paz.

Por su parte, el Gobernador Quispe en una entrevista con los medios, indicó que la construcción del tramo carretero es competencia exclusiva del Gobierno Nacional.

/ SVL

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“Es, desde todo punto de vista, ilegal. Va contra todos los principios de los derechos humanos. Y aparte, se está vulnerando la Constitución (…) Nos mantenemos en estado de emergencia”, manifestó Roxana Graz, secretaria de moralidad del ente cívico potosino.

Comcipo llamó a la ciudadanía de la Villa Imperial a una marcha y a un cabildo como expresión de protesta por “la violación” de los derechos humanos de los líderes cívicos y “el secuestro” de Pumari en la cárcel de Uncía, añadió la dirigente.

Por la convocatoria, la movilización está prevista para las 14:00 del martes 14 de diciembre y también se convocó a instalar una vigilia en la sede de la entidad cívica.

Luego de una prolongada audiencia, el juez Raúl Arnold Barriga decidió la noche del sábado, remitir al penal de Uncía, en la provincia Rafael Bustillo de Potosí por seis meses al expresidente del Comité Cívico de ese departamento, Marco Antonio Purmari por su presunta responsabilidad en la quema de las oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED) de esa región en 2019.

Pumari fue imputado por los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado, robo agravado, allanamiento, daño calificado y delitos electorales de obstrucción que habrían sido cometidos en la quema del TED de Potosí, detalló el Ministerio Público.

Pumari agradeció a quienes le exteriorizaron un mensaje de apoyo incondicional a toda su familia que – según dijo – hoy sufre la injusticia que le toca vivir por luchar por el pueblo.

“Quiero mandar un mensaje de fortaleza y esperanza y les pido, desde el fondo de mi corazón, que jamás agachen la cabeza y sigan en nuestra lucha con más fuerza, porque el destino de nuestro país está en la firmeza de nuestra gente ante eta dura dictadura”, escribió desde su reclusión.

Acotó que, con la mano en el corazón, deja al cuidado del pueblo lo más sagrado que tiene en esta vida que es su familia y sus hijas, mientras dure esta prueba que le da la vida.

“A nombre de toda mi familia MG – AM – AS Pumari Cussy, María Isabel Cussy Cortes y Marco Antonio Pumari Arriaga, mi agradecimiento eterno. Dios bendiga Bolivia”. Llallagua 11 de diciembre de 2021, dice la parte final de su mensaje.

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“Lamentablemente el Gobierno ha seguido permitiendo la exportación, el contrabando de ganado en pie, eso a nosotros como vendedores de carne y al detalle nos ha empujado a subir el precio de la carne a la ama de casa”, indicó.

Contracabol dice haber constatado que los ganaderos ya registran incrementos en el precio del producto cárnico.

“Lamentablemente es así porque ya nos entregan carne más cara, por ello, vamos a salir en una marcha de protesta el 22 de noviembre en contra de un posible aumento mayor de la carne, así hemos verificado como Contracabol en los nueve departamentos del país que no tenemos ganado suficiente para el mercado”, insistió.

El contrabando de ganado y la libre exportación de los productos son los factores, según los carniceros, y que el Gobierno no ha tomado cartas en el asunto para proceder con el aumento. El kilo gancho se cotiza entre Bs. 21.50 y Bs. 24.

“A nosotros nos han subido los precios los ganaderos y nos llega la carne más cara. Entonces, el Gobierno no pudo frenar eso y es por eso que hemos decidido subir los precios”, expresó.

“Como detallistas no estamos de acuerdo con que se suban los precios, es por ello que habrá la marcha del lunes”, insistió el dirigente.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), Alejandro Díaz, indicó que no hay motivos para que los comercializadores suban el precio porque los precios del kilo gancho se mantienen en los estándares de la oferta y la demanda.

“Ratificamos nuestra posición de que el precio de la carne no tendría por qué subir dado que todos los precios están en los rangos normales que en toda la época del año se viene dando y esa sensación que se ha dado de que falta ganado creo que ya va ir disipándose de a poco”, declaró.

Gobierno

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Néstor Huanca, calificó como unilateral y despropósito subir el precio por el sector comercializador, considerando que el convenio firmado con Contracabol, se cumple a través de un trabajo coordinado.

El ministro añadió que en el país existe la cantidad suficiente de carne y que el producto llega a los centros de abasto para su comercialización, considerando que, si bien el traslado de ganado a pie fue perjudicado por el paro cívico, ahora en condiciones normales la cadena de producción de carne está completamente restablecida.

Dijo que se exigió a los ganaderos cumplir con su compromiso de abastecer con el ganado suficiente para trasladar a los centros de remate o centros de faeno para que la carne de res sea abastecida de manera normal a los comercializadores de carne a nivel nacional.

Si bien, el Gobierno, los comerciantes y los productores ganaderos dicen que no es de su responsabilidad es un hecho el incremento del precio y nadie defiende la economía de las amas de casa que son quienes al final corren con la elevación de ese artículo de primera necesidad para las mesas en los hogares de las familias bolivianas.

ORURO

En el caso de Oruro, la marcha partirá a las 09:30 horas desde el monumento al Jach‘a Flores ubicado en la avenida 6 de Agosto entre Aroma y Villarroel.

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El ejecutivo de Contracabol, Jesús Uchani, señaló que su entidad no define el precio del kilo de carne, sino los ganaderos y el Gobierno que lo permite. Establecieron ante esa situación, un eventual aumento en el precio de este producto, cuya responsabilidad será de ambas instancias y no de los trabajadores en carne.

“Hemos venido acuerdo tras acuerdo y hay incumplimiento y más incumplimiento del Gobierno. De principio nosotros nos hemos declarado enemigos del incremento del precio de la carne, pero lamentablemente el Gobierno ha seguido permitiendo la exportación, el contrabando de ganado en pie, eso a nosotros como vendedores de carne y al detalle nos está empujando a subir el precio de la carne a la ama de casa”, lamentó.

“Porque a nosotros el ganadero nos está vendiendo a un precio más caro, los intermediarios venden más caro y nosotros ya compramos de los mataderos y frigoríficos más caro”, insistió Uchani.

Reiteró que Contracabol constató que tras el reciente conflicto, los ganaderos ya registran incrementos en el precio del producto cárnico “lamentablemente es así porque ya nos entregan carne más cara, por ello, vamos a salir en una marcha de protesta el 22 de noviembre en contra de un posible aumento mayor de la carne, así hemos verificado como Contracabol en los nueve departamentos del país que no tenemos ganado suficiente para el mercado”.

Según la dirigencia, “el detallista jamás ha subido ni un centavo el precio de la carne. Contracabol denunció a los ganaderos que indiscriminadamente todo el año subieron el precio y al Gobierno porque no supo regular y controlar a este sector y no supo sabido respetar los acuerdos asumidos”.

A ello, responde que Contracabol realizará la marcha simultánea el lunes 22.

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El presidente de Ferreco, Eloy Sirpa manifestó que la autoridad no dio respuestas a las demandas del sector, quienes están en contra de los avasallamientos que se registra en la región de Mapiri, por lo que advirtió que las movilizaciones serán permanentes.

Debido a los avasallamientos que se desarrollan y “ante la mirada pasiva” de las autoridades nacionales es por lo que piden la renuncia de Villavicencio.

“A las autoridades de gobierno decirles que esta marcha no es política, sino de reivindicación de nuestro sistema cooperativo aurífero en razón de que temas del 2015, 2016 no han sido atendidos y el mandato de las bases es reunirnos con el hermano presidente”, indicó Sirpa, según reporte de Radio Fides.

Asimismo, los trabajadores mineros exigen la renuncia de todos los viceminsitros y de los directores de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y del Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) por dejar temas sin resolver y no atender las demandas de ambos sectores.

El 21 de junio, los pobladores del Pueblo Indígena Leco de Mapiri denunciaron el avasallamiento de campesinos en su territorio con el único objetivo de explorar el oro y la madera de manera indiscriminada.

El conflicto entre cooperativistas, vecinos, campesinos e indígenas lleva más de dos meses. El último enfrentamiento ocurrió el 11 de julio el cual fue intervenido por un efectivo policial, debido a este hecho, se registraron 14 policías y comunarios heridos.

El dirigente minero, afirmó que la movilización no es política, sino que busca la reivindicación de los mineros auríferos y tiene como objetivo denunciar el avasallamiento que sufrieron en Mapiri.

Finalmente, demandan reunirse con el Presidente del Estado, Luis Arce, asegurando que el ministro Villavicencio ya no es un interlocutor válido para entablar una mesa de diálogo con el Gobierno.

/MDCB

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En conferencia de prensa, el ejecutivo de la COD, Rolando Borda indicó hoy que la protesta empezará con una concentración en el Parque Urbano para llegar al Palacio de Justicia.

Sobre la estabilidad laboral, dijo que está garantizada por ley, pero son conscientes de los despidos masivos en varias empresas.

“Se arrastra desde los 21 días de paro (de 2019) y en la pandemia hubo despidos masivos. Los trabajadores estamos desamparados. Hubo una reunión nacional por la injusticia contra los obreros. Queremos que la justicia se enmarque en la Ley General del Trabajo”, manifestó el dirigente.

Asimismo, se refirió al conflicto por la tierra que mantiene en vilo a los habitantes de la Chiquitania (Santa Cruz), por la constante ocupación ilegal de tierras que se ha intensificado en los últimos meses.

“También demandamos la defensa de la tierra y el derecho de los campesinos. El gobernador (Fernando Camacho) quiere atropellar a los campesinos por 50 hectáreas, cuando hay empresarios que poseen miles de hectáreas”, expresó.

Borda reconoció que de acuerdo a la ley, la prioridad en la tenencia de la tierra la tiene la gente del lugar y afirmó que desde la COD están defendiendo a indígenas y campesinos, quienes son, los que garantizan la producción de alimentos.

“Estamos de acuerdo con que la tierra es primero para los lugareños, pero estamos en contra de los terratenientes que tienen grandes extensiones”, señaló.

Otro de los puntos de la convocatoria solicita la suspensión judicial de los desalojos y desapoderamientos.

“Se demanda auditoría a Derechos Reales, auditoría jurídica para establecer los derechos propietarios y cumplimiento de la Ley de Usucapión”, anuncia una parte de la convocatoria.

El Ejecutivo de la COD reclamó al Gobierno Municipal de Santa Cruz un mejor trato a los gremiales que se consideran perseguidos por la autoridad, debido a la ocupación de los espacios públicos.

/AAC/

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Entre otras de las resoluciones, dispusieron realizar una vigilia permanente en defensa a los dirigentes cívicos que fueron convocados por la justicia para declarar por los hechos de 2019.

“Potosí se declara en estado de emergencia por los atropellos que están sufriendo los potosinos y bolivianos de parte de los falsos socialistas que manifiestan que fue golpe la renuncia de Evo Morales ante el asqueroso fraude realizado por ellos en las elecciones de 2019”, manifestaron según Radio Fides.

La mañana de este lunes mediante un comunicado, el Departamento Nacional de Operaciones de la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones de Comando General de la Policía Boliviana, solicitó a las fuerzas del orden a resguardar las fiscalías de todo el país a partir de las 00:00 horas de este lunes 15 de marzo.

La decisión de la institución policial se lleva adelante en medio de las advertencias de los comités cívicos del país de reorganizar las protestas por las recientes aprehensiones de exautoridades.

/MVSG/

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“Los trabajadores (estamos) en estado de emergencia a nivel nacional, vamos a convocar de manera contundente a una gran marcha para la próxima semana para el día martes”, anunció el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, según publicó en su portal la Agencia de Noticia Fides.

Esta convocatoria se da después que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó postergar la fecha de las elecciones hasta el 18 de octubre mediante una resolución como Órgano del Estado con independencia de otros Órganos.

El sindicalista, Juan Carlos Huarachi explicó que los trabajadores a nivel nacional no permitirán que una resolución esté por encima de la Ley 1304 que establece como jornada de votación el 6 septiembre; es por eso que llamaron a una reunión de emergencia para determinar medidas de presión para que el TSE y se retracte de su decisión.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez, también afín al MAS, manifestó que la marcha concluirá en un cabildo donde elevarán su voz de protesta.

El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Teodoro Mamani, detalló que el cabildo, organizado para el martes, está previsto se realice en la Ceja de la ciudad de El Alto.

/DEA/

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