Morales alertó este lunes que la democracia está en peligro debido a la falta de elecciones en Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, que representan el 57% del padrón electoral. Según su denuncia, la inacción del Órgano Electoral permite que magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional continúen en funciones de manera ilegal, amparados por una sentencia emitida por ellos mismos.

Respuesta evasiva del TSE

“El Tribunal Supremo Electoral me ha respondido con evasivas sobre cuándo se hará la convocatoria o se gestionará con la Asamblea Legislativa la elección de los magistrados que faltan. Estamos ante una elección judicial fraccionada y parcial”, expresó Morales.

El exdirigente también cuestionó que el TSE se base en la Sentencia Constitucional 070, emitida por los mismos magistrados autoprorrogados, la cual impidió la realización del proceso electoral completo en los cinco departamentos mencionados.

Preocupación por el Parlamento

Asimismo, manifestó su preocupación por la falta de acción del actual Parlamento para iniciar la convocatoria y preselección de nuevos vocales del TSE, cuyo mandato concluye el 19 de diciembre. Recordó que el nuevo Legislativo asumirá funciones recién el 8 de noviembre y no contará con los 45 días que exige la ley para designar a las nuevas autoridades electorales.

Advertencia sobre el futuro

“De no tomarse medidas ahora, el país podría llegar a esa fecha con vocales en funciones fuera del marco legal y constitucional, lo que pondría en peligro el proceso democrático”, advirtió.

Morales, en el ejercicio de su derecho ciudadano, exigió al TSE que realice las gestiones necesarias ante la Asamblea Legislativa para definir una fecha y garantizar la elección de los magistrados que aún no han sido elegidos.

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Ante esta situación, exigirán el reempadronamiento y otras medidas. Morales resaltó que las plataformas ciudadanas han estado reclamando durante años la actualización del padrón biométrico y considera positivo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya anunciado acciones para corregir cualquier posible irregularidad en el Sereci.

Posible tráfico de huellas digitales

“No solo estamos hablando de nombres, es posible que también se hayan traficado huellas digitales. Por lo tanto, el hecho de que el TSE solicite una auditoría confirma que ambos sistemas están contaminados y, por ende, vamos a exigir una serie de medidas legales”, declaró Morales.

Evalúan movilizaciones para garantizar elecciones limpias

En ese sentido, adelantó que durante la asamblea del Conade este sábado se evaluará convocar movilizaciones para demandar un reempadronamiento y la anulación del actual padrón con el objetivo de garantizar elecciones limpias en futuros comicios en el país.

Irregularidades podrían haber afectado elecciones anteriores

Morales aclaró que aunque el padrón es un sistema diferente, no se puede descartar que las personas responsables de alterar datos en el Sereci también hayan sido funcionarios del TSE u otras instancias relacionadas con él. Por lo tanto, podrían haber manipulado dicho sistema.

Presidente del TSE asegura independencia del padrón electoral

Finalmente, Morales aseguró que todas estas irregularidades confirman la existencia de fraude electoral en las elecciones de 2019, donde Evo Morales resultó ganador en primera vuelta. Sin embargo, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, tras anunciar el despido de los 20 funcionarios y las medidas que se tomarán contra ellos, enfatizó que las irregularidades en el Sereci no afectan al padrón electoral, ya que son dos sistemas independientes.

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“Al igual que en el arca de Noé convivieron lobos y ovejas, distintas fuerzas políticas pueden convivir atemperando ideológicamente sus visiones para construir una sola visión de país, un programa de Gobierno y una posición que permita ejercer un control social en las siguientes elecciones”, manifestó Morales.

Aclaró que la propuesta no está relacionada con candidaturas presidenciales ni formación de binomios, sino con la preparación conjunta de un proyecto. Por tanto, pidió a los políticos no confundir la idea y no rechazarla sin conocer su verdadero propósito.

Morales aseguró que la reunión para esta propuesta se realizará entre el 6 y el 8 de agosto en Santa Cruz de la Sierra debido al gran caudal electoral y social en esa ciudad. Explicó que es allí donde debería instalarse la mesa de unidad.

Ante la reciente creación de numerosos partidos políticos, el resurgimiento de siglas antiguas y la formación de varias alianzas, Morales afirmó que esto demuestra disposición por parte de la oposición para unirse mediante pequeños grupos convergentes.

“Cabe señalar que el pueblo boliviano ha demostrado en diferentes etapas y sectores su capacidad para crear proyectos, partidos líderes e incluso tesis políticas. Ahora consideramos que la ciudadanía democrática dará origen a nuevas propuestas”, declaró.

En ese sentido, explicó que la tendencia de la oposición debe ser buscar a los mejores representantes para ejecutar una mejor visión de país. Además, aclaró que la renovación queda implícita, ya que si los viejos líderes tuvieran la capacidad de implementar esta propuesta, todos se estarían sumando, pero no es el caso.

/LPT

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Según Morales, el 99% de las organizaciones opositoras aceptaron participar en esta convocatoria, incluida la bancada de Creemos. Sin embargo, aparentemente Comunidad Ciudadana (CC) propuso tratar este tema en 2024.

El Conade tenía planeado realizar esta mesa de unidad para una alianza opositora desde hace meses. El objetivo principal es llegar al Gobierno en las siguientes elecciones generales para solucionar problemas sociales, económicos y judiciales, así como garantizar la independencia entre los órganos de poder desde el gobierno.

Morales afirmó que es imprescindible ganarle al MAS con un solo bloque y rearticulados en unidad para garantizar un nuevo gobierno en 2025. Consideró que esta podría ser una oportunidad histórica para vencer al MAS debido a su división interna.

En cuanto a los candidatos, el ejecutivo explicó que están trabajando en un programa de gobierno conjunto. Por lo tanto, los candidatos deberán responder a los lineamientos del programa para evitar disputas entre líderes de Creemos y CC.

/WBMC

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Lo que se planea desde este Comité, es la presentación de una demanda ante el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, para investigar al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) y a todos los militares partícipes.

Según Manuel Morales, mantener este tipo de reuniones, conlleva a un delito penal como seducción de tropas, incluso alzamiento armado, porque es una fuerza militar, organización criminal y otros delitos que Evo Morales estaría cometiendo.

El dirigente de Conade calificó estos presuntos hechos como una sonada golpista, planeada en contra del Gobierno de Luis Arce y la democracia.

“Es grave la situación en la que Evo Morales se ha metido, porque él es golpista, además viene de una tradición de vulneraciones reiteradas, como el referéndum del 2016 y a las elecciones del 2019”, manifestó Manuel Morales, según informó LA PATRIA.

Indicó que el exmandatario es un violador de la Constitución Política del Estado y que a partir de su denuncia, se debería iniciar más procesos contra él.

DECLARACIONES DE EVO

El pasado domingo, el expresidente Evo Morales reveló que está formando un grupo de trabajo con exjefes militares, para debatir una agenda posbicentenario para las Fuerzas Armadas.

“Estamos organizando (un) grupo de trabajo para debatir (una) agenda posbicentenario para las Fuerzas Armadas”, afirmó en Radio “Kawsachun Coca”.

Señaló que dichas reuniones son muy reservadas y que se intenta incorporar a este grupo de trabajo a excomandantes de la Policía Boliviana.

“Estoy tratando de comunicarme también con los excomandantes de la Policía; (hubo) buenos comandantes, para qué voy a decir”, acotó.

/NVY

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Tras la aprobación de la “Ley del Oro” por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, surgieron cuestionamientos por cuerpos opositores.

Manuel Morales declaró que “quieren vender el oro sin que el parlamento tenga ningún tipo de fiscalización sobre el mismo”.
“Consideramos que es una ley que intenta vulnerar el control legislativo sobre la venta del oro, que legalmente pueda hacer el Banco Central. Lo que nos preocupa es que la compra va a ser en bolivianos para ser vendido en dólares, esto está demostrando que el modelo económico del gobierno está tocando fondo”, aseveró.

La reserva internacional en oro, administrada por el Banco Central de Bolivia (BCB) estaría valuada en 3 mil millones de dólares. Al ser comercializado “prácticamente en cuestión de un año podríamos quedarnos con 0 de reservas internacionales. Por tanto, el Conade se opone a la aprobación del oro, por cómo está planteada”, afirmó.

Asimismo, “que el gobierno piense seriamente (en) modificar las bases sustanciales del actual modelo (económico) que nos está llevando a este total descalabro”, señaló en sus declaraciones.

“No queremos un Estado que se dedique a ser comercializador de oro, no queremos un Estado que se dedique a vender semillas a los agricultores, no queremos un Estado que se dedique a competir con los ciudadanos en actividades productivas”, señaló como posición oficial del Conade.

Proceso de venta ilegal de combustible contra Jeanine Áñez

Durante la gestión de Jeanine Áñez, se aprobaron 80 leyes que “de manera sistémica, los cuatro órganos del Estado han aprobado, avalado, e implementado. Por tanto, ella fue presidente constitucional”, manifestó Morales.

Recalcó que estas leyes, desde su aprobación no fueron abrogadas, aun cuando hubo cambio de gobierno. Además, dentro de estas leyes se encontraría la convocatoria a elecciones generales, lo que ilegitimaría el mandato del actual presidente, Luis Arce.

Sin embargo, el ejecutivo del Conade planteó que corresponde un juicio de responsabilidades contra Jeanine Ánez y sus colaboradores.

/ALSL

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El dirigente de este ente, Manuel Morales, explicó que el encargado de pagar el resarcimiento a las víctimas, por las distintas denuncias de vulneraciones a los Derechos Humanos, es el Estado, y no los autores como precisó en días recientes el titular de Justicia.

No obstante, el Artículo 113 de la Constitución precisa que los funcionarios públicos responsables de daño económico al Estado deben pagar esos montos económicos por la acción de repetición. En ese sentido, Morales explicó que los que provocaron que Bolivia perdiera los juicios ante la CIDH son los que deberían responder por los resarcimientos.

“Quién está buscando la impunidad de los funcionarios públicos si no es el ministro Iván Lima (…). Está desinformando y se aprovecha de la opinión pública para generar un estado de impunidad”, declaró el representante del Conade, según informó LA PATRIA desde la Sede de Gobierno.

Muerte de Juan Carlos Manuel

Al respecto, Morales se refirió al expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, como un mártir de la democracia y de la lucha del pueblo potosino; además, recalcó que fue víctima de persecución política porque cualquier proceso en manos del Gobierno implica la detención preventiva.

Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorgata, también se refirió a Manuel como una víctima, a quien se trató de aprehender igual que a su sucesor actualmente, Marco Pumari.

“Esta muerte es porque se declaró en la clandestinidad, a raíz de la persecución política que le estaba ejerciendo el Gobierno. No sabemos cómo estaba o si podía ir al médico, no estaba en una situación normal”, declaró el legislador a este medio de comunicación.

/ LMPT

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“No es que tampoco esté perdiendo el control, sino que, desde mi punto de vista, ellos (el Gobierno) están fomentando muchas actividades ilícitas e informales para sostener su modelo económico”, indicó el integrante del Conade.

La Policía realizó cuatro operativos en Santa Cruz por denuncias de tráfico de tierras y avasallamientos entre el 21 y 22 de este mes, pese a que las denuncias vienen desde junio de este año.

La mañana de este viernes, el Ministerio de Gobierno informó que 19 personas fueron arrestadas y serán acusadas por los delitos de avasallamiento, asociación delictuosa, entre otros.

Morales señaló que de acuerdo al estudio de Fundación Tierra, se reveló que personas supuestamente de muy bajos recursos inician asentándose en propiedades privadas y fiscales en Guarayos y en la Chiquitanía, pero, una vez se consolidan, se presentan con maquinaria y empiezan a abrir caminos.

Asimismo, explicó que los avasalladores empiezan con el colocado de postes con alambrados, pero todo esto tendría un costo y el mismo estaría viniendo financiado por el narcotráfico y luego las tierras terminan siendo para el tráfico de tierras o los venden a los ganaderos o las alquilan.

“Entonces, es una actividad dónde lo ilícito está siendo aceptado, en cierto modo, y promovido por el Estado. En el tema de narcotráfico, el Gobierno sigue fomentando desde la ineficiencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico”, dijo morales.

El representante también indicó que el incremento de la actividad ilícita no es un tema de casualidad, no es un tema de pérdida de control, es una política sistemática.

“De esa manera ha crecido el tráfico, se ha expandido, goza de muy buena salud y está contribuyendo a hacer un colchón económico del actual modelo (económico)”, argumentó.

Sostuvo que en la actualidad existen avasallamientos en las áreas protegidas y territorios indígenas para la explotación minera ilegal. Al mismo tiempo, se presenta la expansión del cultivo de coca ilegal en Pando, Beni, Pando Santa Cruz.

“De tener una actividad cocalera en La Paz y Cochabamba, ahora se tienen en cinco departamentos. Hay un descontrol, hay un crecimiento impresionante, estamos bordeando las 4 mil hectáreas de cultivo de hoja de coca en este gobierno de Arce, algo nunca antes visto en la historia de Bolivia”, afirmó.

/NVY

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En su programa Anoticiando, Iturri comentó que el máximo representante de Conade estaría recaudando fondos para la compra de dinamita. 

“Precisamente en la primera foto que mostrabas podemos ver al encargado, máximo dirigente de Conade, Manuel Morales, que ha declarado que iba hacer una cuotita, una vaquita para comprar dinamita, atención, para comprar dinamita para los cocaleros, es decir, para que haya más violencia, más caos”, dijo.

Por su parte, Morales presentó una denuncia al TNÉP contra el director de ATB y negó haber hecho esas declaraciones y haber estado por ese lugar en esas fechas para realizar esas supuestas acciones que están reñidas con la ley, ya que en el Código Penal se estipula como delito la compra, tenencia y uso de dinamita.

“Resuelve: 1. Que ante una figura de error periodístico comprobado y reconocido por su autor, deberá tomar mayor cuidado en la elaboración de sus informaciones y comentarios en función de preservar la dignidad de la ciudadanía”, indica el fallo del TNÉP.

En un segundo punto, el documento indica que, tras nueve días, en los que no hubo rectificación alguna de parte de Iturri, se afectó sensiblemente la imagen y la seguridad jurídica del Morales. 

Por ello se determina que el periodista de ATB debe convocar al afectado para el cumplimiento del derecho a réplica, en iguales condiciones de tiempo y tratamiento informativo como señalan las normas éticas del periodismo. 

Iturri aceptó que vertió esas acusaciones en su programa y dijo que sus afirmaciones se sostenían en noticias publicadas en redes sociales, pero luego vio un informe de “Bolivia Verifica” donde se consideraba como falsas sus declaraciones y procedió a pedir disculpas.

“Deseo agregar que Manuel Morales Álvarez fue mi mejor amigo los años que estudiamos en el Instituto Americano y que guardo mucho cariño por esa época. Nunca tuve, la menor intención de herirlo, menos aún de difamarlo (bis)”, dijo el director de ATB.

/NVY

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El parágrafo segundo del artículo 113 de la CPE establece que, en caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que lo provocó será interpuesto con una acción de repetición.

El representante del Conade sugirió que los legisladores impulsen la acción de repetición, para que los funcionarios responsables del arbitraje paguen con sus bienes la indemnización, y se refirió específicamente al procurador del Estado, Wilfredo Chávez.

“El MAS tiene que pagar, los que han estado gobernando este país que paguen, que saquen de sus bolsillos, porque el daño que se ha ocasionado no ha sido hecho por parte de los jubilados ni de la sociedad civil. Ha sido el Estado, son funcionarios públicos incompetentes que más andan pensando en el tema político”, reclamó Morales.

Además, planteó que se interponga inmediatamente la acción de repetición y el cálculo del daño económico, para proceder a la inmovilización de los bienes de los funcionarios responsables, según informó la red de noticias Erbol.

Manuel Morales manifestó que el principal responsable de esta pérdida es el expresidente Evo Morales, sin embargo, también apuntó a los procuradores que desempeñaron funciones durante su gestión.

Asimismo, se refirió al actual Presidente del Estado Luis Arce, porque en su gestión como Ministro de Economía no se concretó el funcionamiento de la Gestora Pública, lo que también propició la denuncia de BBVA que derivó en el laudo arbitral.

/ LMPT

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Morales se pronunció después de que el Relator presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, los resultados de su visita a Bolivia del pasado febrero.

“El informe de García-Sayán es lamentable para el Gobierno, para la Justicia boliviana, es como un sopapo que se está dando, ya que el Gobierno ha señalado que García-Sayán no iba a dar un informe en el sentido de las declaraciones últimas que ha dado”, afirmó el dirigente, según reporte de la red Erbol.

Durante su informe, el Relator observó aspectos como la debilidad de la carrera judicial, retardación, modelos anacrónicos de gestión de tribunales y que el actual sistema de designación de magistrados no ha dado los resultados esperados.

Asimismo, consideró también que el caso de Jeanine Áñez muestra los problemas estructurales de la justicia boliviana, como la generalización de la detención preventiva.

El representante de Conade mencionó que con las declaraciones del Relator y otras de carácter internacional, el juicio ordinario contra la exmandataria debería anularse y la expresidente debería salir de la cárcel para defenderse en libertad frente a un posible juicio de responsabilidades.

/MDCB

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“La misma (Lidia Patty) ha sido inhabilitada pues no ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 8, tiene militancia política y habría sido candidata en las elecciones pasadas”, informó la diputada Gabriela Ferrel, integrante de la comisión que revisó los documentos.

Ferrel indicó que Patty tampoco firmó su currículum, como indica el requisito 12 establecido en el reglamento.
La información fue confirmado por Iván Melendrez, integrante de Otra Bolivia es Posible, quien participó como veedor del proceso.

“La señora Lidia Patty también ha sido anulada, porque hemos visto que ha sido ligada al Movimiento al Socialismo (MAS), ha sido diputada y por esa razón ha sido en esta jornada anulada”, afirmó Melendrez.

Respecto a Manuel Morales, la diputada Ferrel explicó que tampoco firmó su currículum como señala la convocatoria.

El activista Melendrez consideró incorrecta la inhabilitación de Manuel Morales. Dijo que es una de las irregularidades que se darán a conocer ante la Comisión.

Otros Postulantes

Jesús Vera

En el caso del dirigente Jesús Vera, presentó su certificación de que no es militante ni fue candidato, sin embargo, opositores observaron que en 2019 sí apareció como postulante a diputado por el MAS.

Si bien las elecciones de 2019 fueron anuladas, se decidió solicitar esa aclaración respeto a la situación de la candidatura de Vera antes de definir su habilitación o no, según reveló una fuente del legislativo.

Idelfonso Mamani

Según la misma fuente, el exvocal del Tribunal Supremo Electoral, Idelfonso Mamani, fue inhabilitado por tener observaciones en sus documentos.

/HNF/

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El dirigente del Conade, Manuel Morales, y la presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, tras los resultados negativos de paternidad que inculpaban al exrector de la UMSA, Waldo Albarracín, publicaron, el comunicado de llamar a una asamblea general para este miércoles por la tarde, como primer punto a tratar la campaña de calumnia del gobierno en contra de Albarracín.

A primeras horas de la mañana Manuel Morales ante los medios de comunicación, informó de los temas que se tratarían en la asamblea e hizo conocer su postulación a Defensor del Pueblo y asegura que, probará a los bolivianos que las convocatorias para este cargo son “discriminatorias”, espera que tras el acuerdo por las bancadas del oficialismo y la oposición hayan cambiado alguno de sus artículos y no exista favoritismos.

/ SVL

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Esa instancia realizará la noche de este miércoles una reunión para definir la estrategia que asumirá ante el proceso de selección que comenzará la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). También se mencionó a Amparo Carvajal como posible aspirante al cargo.

“Tenemos todo el legítimo derecho que uno de nuestros integrantes pueda postularse, esta noche tenemos asamblea y veremos a quién postulamos y cuál será la estrategia de lucha para que no seamos discriminados, también es probable que se hable de Amparo Carvajal y de una serie de luchadores, que han peleado por los pueblos indígenas”, declaró Morales, según reporte de El Deber.

Para esta jornada está convocada la sesión de diputados y senadores, en la cual se considerará el reglamento para iniciar con el proceso de evaluación de postulantes. La oposición denuncia que el Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende designar a uno de sus simpatizantes.

“Hoy tenemos asamblea como Conade, yo también participé del anterior proceso, llegué a la parte final, en consecuencia, es muy probable que el Conade promueva mi postulación, yo, en términos personales, he tomado la decisión (de presentarme) para denunciar el sesgo que está realizando el MAS”, añadió el activista de Conade.

Asimismo, consideró que se menciona la repostulación de Nadia Cruz como una estrategia del oficialismo para distraer la atención y enfatizó que la persona seleccionada “debe ser independiente del Estado, que tenga la suficiente personalidad para garantizar el cumplimiento de los derechos”.

En el artículo 15 del reglamento, se indica que no podrán participar de la convocatoria “aquellas personas que hayan sido parte de gobiernos militares, gobiernos de facto o de un gobierno que no haya cumplido la sucesión constitucional”.

De esa manera, el artículo 13 de verificación de requisitos, condiciones y causales de inelegibilidad e incompatibilidad, establece que la comisión Mixta utilizará “criterios de sana crítica” para la revisión del cumplimiento de los requisitos. Según la oposición, el no establecer un puntaje permitirá las ambigüedades en la calificación.

/MDCB

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