Saavedra denuncia desvío de Bs 66 millones

El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, denunció públicamente una irregularidad financiera que involucra la “desaparición” de Bs 66 millones. Estos fondos estaban destinados exclusivamente a la construcción del viaducto en el cuarto anillo de la Doble Vía a La Guardia.

Irregularidades en cuentas municipales

Según Saavedra, tras una revisión técnica de las arcas municipales, se detectó que la cuenta específica para este proyecto se encuentra actualmente en cero. Esto resulta alarmante, ya que la obra no ha sido ejecutada, lo que apunta a un presunto delito de malversación de fondos por parte de la administración saliente.

Detalles de la denuncia

La denuncia fue presentada el miércoles 29 de abril de 2026, a solo cinco días de que Saavedra asuma oficialmente el mando de la capital cruceña. El alcalde electo explicó que los recursos fueron gestionados hace dos años y medio mediante un préstamo bancario. Sin embargo, solo se ha podido rastrear un desembolso de Bs 11 millones entregado como anticipo. El destino del resto del presupuesto es desconocido, lo que deja al municipio con una deuda millonaria y sin la infraestructura prometida.

Críticas a la administración saliente

Durante una conferencia de prensa, Saavedra calificó la situación como una muestra de “ineficiencia y picardía”. Describió un esquema de “bicicleteo” financiero donde el dinero destinado a obras públicas era desviado para cubrir otros huecos económicos. Esta administración, según sus palabras, es la causa directa de la crisis actual que impide al municipio cumplir con pagos básicos como el aseo urbano, los salarios de funcionarios y el desayuno escolar. Esto ha convertido la gestión en una “bola de nieve” de deudas.

Acciones legales y auditorías

Ante esta situación, Saavedra confirmó que presentará una querella formal ante la justicia por malversación de fondos apenas tome posesión del cargo el próximo 4 de mayo. Hasta el momento, no se ha registrado ninguna respuesta oficial ni comentarios por parte del alcalde saliente, Jhonny Fernández, ni de su gabinete.

Sospechas sobre otros créditos

Saavedra advirtió que existen sospechas fundadas de que este comportamiento irregular se repitió con otros créditos destinados a diferentes obras de infraestructura. Por lo tanto, anunció auditorías profundas para determinar el alcance total del daño económico al municipio de Santa Cruz de la Sierra.

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Irregularidades en contrataciones

Según un reporte institucional, en la gestión 2023 se identificaron irregularidades administrativas severas. El manual de cargos especificaba que se podía contratar un máximo de 15 personas para la etapa de transición. Sin embargo, se incorporaron cerca de 80 trabajadores, superando ampliamente lo permitido.

Denuncia de toma ilegal

En este contexto, el gerente general del Sedem, Roberto Justiniano, denunció que un grupo de personas había tomado ilegalmente la planta. Estos individuos tenían contratos eventuales que concluyeron el 31 de diciembre de 2025. La autoridad explicó que el conflicto actual se origina en el manejo irresponsable de los recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), que son fondos del Tesoro General de la Nación (TGN) destinados exclusivamente a la construcción y la implementación tecnológica de la factoría.

Uso indebido de recursos

De acuerdo con la denuncia, se habrían pagado salarios a personal que debía operar maquinaria que aún estaba en proceso de ensamblaje e instalación. Además, se utilizó capital de inversión para gastos corrientes, lo cual está expresamente prohibido por la normativa vigente. Justiniano enfatizó que “el préstamo del Finpro es para comprar maquinaria y levantar infraestructura, no para pagar sueldos”, advirtiendo que exautoridades habrían desviado recursos para planillas operativas de una planta que todavía no estaba en funcionamiento.

Reacción del gobierno<

Asimismo, la autoridad señaló que quienes actualmente mantienen la toma de la planta eran conscientes del carácter eventual de su relación laboral y de la fecha de conclusión de sus contratos. Subrayó que no se puede mantener un modelo de financiamiento irregular que consume recursos del Estado antes de iniciar la producción.

Acciones legales en camino

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua anunció que no cederá ante presiones que busquen perpetuar la ilegalidad. Confirmó que se iniciarán acciones legales contra las exautoridades responsables de las contrataciones fuera de norma. “El Gobierno está enfocado en trabajar en una fábrica que genere utilidades para Potosí, no una agencia de empleos políticos. La ley se cumple y el patrimonio del Estado se defiende”, concluyó Justiniano, al exhortar a los movilizados a deponer estas medidas.

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Esta decisión se tomó durante una audiencia de medidas cautelares. En esta audiencia, el Ministerio Público presentó la imputación contra Condori por varios delitos. Entre ellos se encuentran la conducta antieconómica, concusión, incumplimiento de deberes y malversación de fondos. La Fiscalía está llevando a cabo una investigación sobre las presuntas irregularidades que ocurrieron durante su gestión al frente de la empresa estatal.

Antecedentes del caso

Según los antecedentes del caso, Epcoro presentó una denuncia el 7 de noviembre de 2025 contra su exgerente. La acusación indica que entre septiembre y octubre de 2024, se habrían realizado desembolsos millonarios de dinero. Estos desembolsos se habrían hecho por orden verbal y mediante memorándums que fueron firmados por Condori.

Montos involucrados

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, informó que los montos que supuestamente fueron solicitados y desembolsados superan los 123.000.000 bolivianos. Según la autoridad, una vez que se realizaron los desembolsos, el dinero aparentemente fue entregado directamente a Condori, quien era el gerente de la empresa estatal en ese momento.

Aprehensión y traslado

Condori fue aprehendido en la mañana del miércoles 7 de enero de 2026 en la ciudad de Oruro. Posteriormente, fue trasladado a La Paz, donde se llevó a cabo la audiencia cautelar. Esta audiencia resultó en su envío preventivo al centro penitenciario de San Pedro, mientras continúa el proceso de investigación en su contra.

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En respuesta a estas acciones, la defensa de Patty presentó un documento ante el Ministerio Público. En este documento, solicita que se la cite formalmente a declarar para “coadyuvar” con la investigación y ejercer su derecho a la defensa.

Detalles de la orden de aprehensión

El fiscal del caso, Miguel Cardoso, confirmó la emisión de la orden de aprehensión 226. Cardoso señaló que existen “suficientes elementos de convicción” que vinculan a Patty con los tipos penales denunciados. La alerta migratoria tiene como objetivo “garantizar la presencia de la exdiputada ante las instancias judiciales” y asegurar que responda por los cargos.

Investigación por malversación de fondos

La investigación se centra en la presunta malversación de fondos en proyectos productivos, específicamente en hortalizas y tomates, que no habrían sido ejecutados. Hasta el momento, el caso ya involucra a 5 personas, incluyendo directores del Fondo Indígena de las gestiones 2009 y 2010.

Según la Fiscalía, la exparlamentaria del MAS habría recibido cerca de 700.000 bolivianos en sus cuentas personales. Este dinero estaba destinado a 8 proyectos en 8 comunidades.

Regreso de Patty al país

El abogado de Patty, Richard Cerda, informó que su defendida regresó recientemente al país. Patty había estado prestando servicios como cónsul en Argentina y desconocía los fundamentos de la denuncia, ya que no había sido citada ni notificada previamente.

Declaraciones de Lidia Patty

En el memorial presentado, Patty argumenta que desea demostrar su inocencia. Además, solicita ser convocada para que se escuche la “verdad material de los hechos”, en apego a su derecho a la presunción de inocencia, tal como está estipulado en el Artículo 116 de la Constitución.

El miércoles reciente, Patty, en contacto con Unitel, expresó que está dispuesta a defenderse y que se presentará ante la justicia. “Sí, he escuchado que el fiscal ha emitido una orden de aprehensión, pero no he sido notificada. Estoy dispuesta a defenderme, yo soy boliviana, estoy en mi país y me voy a defender de las acusaciones”, manifestó Patty.

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La nueva legislación sustituye la pena capital por cadena perpetua en ocho delitos, entre los que se incluyen la malversación de fondos y las actividades destinadas a derrocar al Gobierno. Según el abogado Giang Hong Thanh, “en el caso de Truong My Lan, su pena de muerte será conmutada automáticamente por cadena perpetua”.

El caso de Truong My Lan

En abril de 2024, un tribunal de justicia en Ho Chi Minh condenó a Truong My Lan a la pena capital por malversar 304 billones de dong, lo que equivale a aproximadamente 12 millones de dólares, del Banco Comercial de Saigón (SCB). Además, fue condenada por sobornar a funcionarios, violar regulaciones bancarias y apropiarse indebidamente de fondos en un fraude que se extendió a lo largo de 10 años.

Durante el proceso de apelación en diciembre pasado, los magistrados decidieron mantener la condena, pero indicaron que podría evitar la pena capital si lograba devolver al menos el 75% del monto defraudado. Esto equivale a alrededor de 9 millones de dólares, cantidad que Lan expresó estar dispuesta a reembolsar. “Si Truong My Lan logra reembolsar tres cuartas partes de la cantidad… se considerará una nueva reducción de la pena”, afirmó su abogado.

Otras condenas y fraudes

En un proceso paralelo, Lan también fue condenada a cadena perpetua por delitos de fraude y blanqueo de capitales. Según la Fiscalía, los daños causados por su fraude ascienden a un total de 44 millones de dólares. Esta cifra es significativamente mayor que otros escándalos, como el del fondo estatal malasio 1MDB, que involucró alrededor de 4.5 millones, o el caso del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, que se acerca a 9 millones.

Las investigaciones revelaron que Lan no tenía ningún cargo en el SCB. Utilizó testaferros y empleados para hacerse con el 91% del banco. Posteriormente, desvió grandes sumas de dinero mediante aproximadamente 2,500 préstamos a empresas pantalla entre 2012 y 2022.

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Según Mulino, durante el periodo de 2021 a 2024, se destinaron 320 millones de dólares a un programa llamado “descentralización paralela”, pero hasta ahora no se ha presentado ningún informe de gestión sobre el uso de estos fondos.

El presidente ha dado un plazo de 60 días a los 680 representantes de corregimiento o concejales que recibieron fondos de la “descentralización paralela” para presentar informes que expliquen y justifiquen el uso de los mismos ante la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

Malversación de fondos públicos y falta de transparencia

Mulino ha denunciado la falta de información en la Presidencia y ha afirmado que las transferencias de fondos para la descentralización se realizaron sin control ni criterio, utilizando el dinero del pueblo panameño para fines políticos. Además, ha destacado que de los 680 representantes de corregimiento que recibieron fondos, 500 no fueron reelegidos en las elecciones generales.

La directora nacional de Descentralización, Roxana Méndez, ha informado que se identificó la transferencia de 150 millones de dólares a Juntas Comunales entre los años 2022 y 2023 sin justificación clara ni propósito de los fondos desembolsados. Méndez ha comenzado a solicitar información a las Juntas Comunales para que justifiquen el uso de los fondos recibidos.

Intervención del Ministerio Público

Ante la falta de respuesta, Mulino ha afirmado que el fiscal general de la Nación debe intervenir con el Ministerio Público para garantizar que no se juegue más con los fondos públicos. El proceso de descentralización en Panamá comenzó en 2016, otorgando más autonomía a la gestión municipal y permitiendo la distribución de fondos estatales para financiar inversiones y programas de desarrollo social y económico.

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Según Céspedes, el responsable directo de estas acciones es el director general ejecutivo de la CPS, David Martínez.

El legislador afirmó que Martínez habría obtenido el cargo, por ser amigo cercano a una alta autoridad del Estado y no por su profesionalismo.

El diputado también denunció un caso específico donde una paciente fue trasladada a la CPS después de que una cirugía privada realizada por Martínez saliera mal.

Según Céspedes, esta paciente necesitaba ser intervenida nuevamente para subsanar los errores cometidos en la operación anterior.

“Como asegurado veo que faltan medicamentos. Me intervinieron y faltaba incluso para los dolores, pero si usted es amigo del doctor Martínez automáticamente le dan todo”, declaró el legislador a LA PATRIA en la sede gubernamental.

Recientemente, los trabajadores del centro médico efectuaron un paro laboral exigiendo la renuncia de sus autoridades debido al incumplimiento de sus demandas. Paralelamente los asegurados reclamaron por falta atención.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, aseguró que estas personas estaban en todo su derecho de protestar, porque pagan por un servicio que no se les está dando.

Hasta el momento, el director general ejecutivo de la CPS no ha emitido ninguna declaración sobre las acusaciones en su contra. Se espera una respuesta pública por parte de Martínez pronto.

/LMPT

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“(…) Tenemos a bien apersonarnos al presente proceso constriñéndonos en calidad de conforme lo dispuesto por el Art. 76. (Víctima). Se considera víctima: ‘Núm. 3. A las personas jurídicas en los delitos de que les afecten; ‘Núm. 5. Al Estado, a través de sus instituciones, en los delitos que le afecten’, en tal sentido nos apersonamos ante el presente proceso y comisión de fiscales, comprometiéndonos a coadyuvar con el transcurso de investigaciones, solicitud que la realizamos al amparo del Art. 24 de la Constitución Política del Estado”, indica el memorial enviado a la Fiscalía el 2 junio y firmado por Freddy Mendoza, Ejecutivo del CEUB, Israel Centellas y Waldo Caballero.

El ejecutivo de CEUB, Freddy Mendoza, es acusado de estar relacionado con la cúpula que permitió a Max Mendoza beneficiarse con el cargo y así poder ganar casi 22 mil bolivianos al mes. Pese a las acusaciones la autoridad negó tener algún tipo de relación y anunció que realizará una auditoría para develar las irregularidades que se cometieron bajo la dirigencia del universitario.

Por ahora solo se conocen seis denunciantes en contra de Mendoza y entre ellos están tres diputados, un estudiante, un docente y el rector de la universidad de San Andrés, Oscar Heredia. Se desconoce si otras instituciones universitarias forman parte querellante en el proceso.

Al respecto el fiscal departamental de La Paz, William Alave, precisó que las seis denuncias refieren a los delitos de malversación de fondos públicos, uso indebido de influencias, beneficios en el cargo, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público y uso indebido de bienes y servicios públicos.

/ABH

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La parlamentaria explicó que el 2019 la Defensoría del Pueblo adquirió una cámara filmadora por un monto de Bs 41.840 y una cámara fotográfica por Bs 33.000; mediante contrato directo, aunque cree que debieron ser comprados mediante la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) por sobrepasar los Bs. 20.000.

Campero observó la compra de islas de producción porque en el Sicoes no detalla las características como el modelo o la marca, estos equipos tuvieron un costo de Bs 147 mil. Argumentó que todos los equipos fueron adquiridos antes de la campaña electoral de 2019.

“Resulta que estos equipos recién son usados dos años después, ¿Dónde estuvieron los equipos?, y me refiero a la sala audiovisual ‘Luis Espinal’ que inauguró la Defensoría del Pueblo”, cuestionó Campero, al insistir que fueron adquiridos en la época de campaña electoral.

Denunció una supuesta “malversación de recursos económicos” en la contratación de consultores.

Asimismo detalló que el 8 de abril de 2019 se contrató a un consultor con el objeto de apoyar en la producción audiovisual; el acuerdo debía culminar en noviembre de ese año, pero dejaron sin efecto al mismo en julio.

“Hemos podido evidenciar sobreprecio en los equipos adquiridos. Además, la Defensoría recién inaugura este año en la sala audiovisual. ¿Por qué ha contratado más de tres consultores a los cuales se les paga montos arriba de los 20.000 y 30.000 bolivianos, para realizar trabajos audiovisuales, si la sala recién ha sido inaugurada este año?”, manifestó la parlamentaria.

La diputada de CC instó al Ministerio Público y a la Contraloría General del Estado a investigar el manejo de los recursos económicos en esa entidad defensorial.

Por su parte la Agencia de Noticias Fides, consultó a la Defensoría su versión en relación a la denuncia y la entidad presentó una nota dirigida Campero en el cual le exige que se retracte en el lapso de tres días, de lo contrario acudirá a las instancias legales a efectos de “interponer las acciones disciplinarias y legales correspondientes por pretender dañar la imagen de la Defensoría del Pueblo.

La nota señala que las afirmaciones de la legisladora carecen de un respaldo documental y normativo por lo que consideran que sus declaraciones son infundadas, con el único objetivo de dañar la imagen institucional al acusar a la institución de un delito de “malversación de fondos”.

En la carta la Defensoría argumenta que las adquisiciones de la filmadora y la cámara fotográfica se realizaron en el marco de la ley y sus procedimientos como el DS 181 NB-SABS; en relación a las islas de edición se realizó mediante la modalidad de ANPE; sobre las consultorías sostiene que se realizaron al amparo del POA.

/ABH

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Amapo se presentó a declarar ante la Fiscalía este miércoles a las 15:00 horas. Tras la comparecencia, las autoridades judiciales determinaron su aprehensión, posteriormente se procederá a su imputación para que efectúe su audiencia de medidas cautelares.

La denuncia contra el gobernador de Beni fue presentada por la Asamblea Legislativa Departamental del Beni.

En los días precedentes, los funcionarios de la institución hicieron toma de las oficinas en demanda a que se les cumpla el pago de varios meses de salarios adeudados,

“Se hizo lo que correspondía, porque no es posible que autoridad que entre (a un cargo público) se robe los recursos y el pueblo siga postergado”, señaló un representante del Comité Cívico de Beni, Alonso Mejía a Página Siete.

Fanor Amapo fue elegido como asambleísta por el Movimiento Al Socialismo (MAS), tras la renuncia de Alex Ferrier fue posesionó como gobernador interino del Beni.

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“Estamos sacando unaresolución ministerial para poderlos dar de baja porque son deportivos aproximadamente800 deportivos y 500 medallas, las cuales realmente tienen el nombre de EvoMorales y nosotros no podemos usarlas”, sostuvo la autoridad.

Asimismo, explicó que laindumentaria deportiva que manda a confeccionar el Gobierno sólo debe llevar ellogo institucional y no el nombre de una persona, además manifestó que “losresponsables deberán someterse a la justicia”.

“La plata no ha salido de subolsillo, de Evo Morales, ha salido de la plata de los mismos bolivianos y, porlo tanto, se tienen que ir cambiando todos los escenarios deportivos que hanpuesto su nombre”, agregó.

Por otro lado, mencionó quecorresponde iniciar un proceso por malversación de fondos en la confección delos deportivos como de las medallas al exministro Tito Montaño, debido a que elgobierno de Morales licitó todos los materiales a principios de año “para todala gestión”, lo que no es correcto.

ESCENARIOS DEPORTIVOS

Sobre los campos deportivos que llevan el nombre el exmandatario, el ministro aseguró que el anterior gobierno condicionó su construcción a que se le ponga el nombre del entonces presidente.

/AMJ/

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