Flores aclaró que, en este momento, no cuenta con pruebas concretas, pero mencionó que ha escuchado comentarios en pasillos y en redes sociales que lo han llevado a hacer esta solicitud.

Beneficios de obras y transporte

“Lo digo y lo ratifico, que varios parlamentarios se han beneficiado con obras de Evo cumple, se han beneficiado con transporte; he escuchado en redes sociales que el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana tenía cisternas, entonces no lo hacen gratis”, afirmó el senador.

Falta de registros claros

El legislador cuestionó la ausencia de registros claros en las votaciones electrónicas del Legislativo. Esta falta de claridad dificulta la identificación de quiénes aprobaron ciertos proyectos de ley y genera dudas sobre posibles beneficios económicos para algunos parlamentarios.

Flores destacó que, ante la carencia de evidencia que aclare los movimientos y decisiones durante las sesiones, tiene el derecho de dudar sobre cómo algunos legisladores pudieron beneficiarse.

Dudas sobre votaciones

“Cuando me dicen que 28 diputados aprobaron la presidencia de diputados, 28 aprobaron, públicamente levantaron la mano, no había más, pero al otro día, a las 7:00 horas, habían casi 70. Yo le pregunto ¿Cómo lo hicieron? No me van a decir que no había un beneficio de recursos económicos”, expresó Flores para manifestar su incertidumbre.

Investigación exhaustiva necesaria

Finalmente, el legislador enfatizó que es fundamental investigar a fondo toda la temática relacionada con los recursos manejados por funcionarios, parlamentarios y sus familiares. Según él, estas acciones son clave para fortalecer la transparencia y la justicia en Bolivia.

LDVY

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“Los diputados están incumpliendo su obligación constitucional”, advirtió Flores, al referirse al estancamiento de la ley que permitiría la designación de nuevos vocales. Indicó que si el proyecto es finalmente derivado al Senado, se analizará y corregirá si es necesario. Sin embargo, lamentó la falta de voluntad en la Cámara Baja, a la que acusó de responder a intereses particulares.

Suspensión de vocales del TSE

De manera paralela, el senador se refirió al proyecto presentado por su colega Pedro Vargas, que plantea la suspensión de los actuales vocales del TSE por haber acatado las disposiciones de un Tribunal Constitucional autoprorrogado. La legalidad de este tribunal ha sido ampliamente cuestionada en las últimas semanas. “No es inconstitucional suspenderlos si han incumplido la ley”, afirmó Flores, señalando que ese debate deberá darse en el Legislativo.

Negaciones sobre planes políticos

Respecto a los señalamientos sobre un supuesto plan político para alterar la sucesión presidencial, Flores negó cualquier intención en ese sentido y ratificó que su mandato concluye en noviembre de 2025. “No pienso quedarme un día más”, sostuvo, al tiempo que denunció acuerdos entre candidatos y magistrados prorrogados. “Algunos han utilizado a estos autoprorrogados y ahora los quieren pisotear. Actuaron de forma irregular e inconstitucional”, afirmó.

Investigación sobre fraude electoral

En relación con la decisión de la Fiscalía General de no admitir la denuncia sobre presunto fraude electoral, el senador pidió que se investigue a fondo la posible manipulación de datos personales e informáticos. Esto no tiene como objetivo anular el proceso electoral, sino garantizar la integridad de futuros comicios.

“Bolivia necesita saber si hubo ingreso ilegal a datos sensibles de la población que podrían estar alojados en plataformas internacionales”, advirtió. Además, planteó la necesidad de establecer si se manipularon actas entre los distritos y el tribunal electoral, lo que podría poner en duda procesos venideros como las elecciones subnacionales o las presidenciales de 2030.

Transparencia en las instituciones

“El país requiere transparencia y confianza en sus instituciones. Si no se investiga, seguirá existiendo duda en el pueblo boliviano sobre la credibilidad del órgano electoral”, concluyó.

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Flores explicó que el vacío institucional causado por la falta de nuevos magistrados llevó a la modificación de los artículos de la ley. Esto permitirá que el TCP continúe operando mientras se nombra a los 5 miembros restantes. “Jurídicamente es viable, porque aunque la Constitución menciona 9 magistrados, al haberse vulnerado ese proceso, ahora la ley regula la forma de funcionamiento”, afirmó.

Futuro incierto en Diputados

La iniciativa ahora se dirige a la Cámara de Diputados, donde su futuro es incierto. El senador advirtió que podría ser bloqueada por una supuesta alianza entre el “arcismo” y el Tribunal Constitucional. Acusó a diputados como Juan José Jáuregui y Freddy Mamani de intentar maniobrar para frenar la norma.

Flores indicó que, si se aprueba también en Diputados, el TCP podría operar con 4 miembros durante al menos 1 año, hasta que se logre una nueva convocatoria para completar el número de magistrados requerido.

Revisión extraordinaria rechazada

En la misma sesión del Senado, que se llevó a cabo entre las 12:00 y las 14:00 horas, se resolvió el pedido de revisión extraordinaria presentado por el exmagistrado Gualberto Cusi. El senador informó que esta solicitud fue rechazada al no presentar nuevas pruebas, como exige la doctrina jurídica para que un proceso sea reabierto.

Irregularidades en asistencia

Flores también denunció irregularidades en la asistencia de algunos senadores y anunció una auditoría sobre los permisos otorgados durante la legislatura 2020-2025. Indicó que hay parlamentarios que no asistieron entre el 30% y el 40% del tiempo, algunos con permisos que calificó como “ilegales o sin respaldo normativo”.

Como resultado de esta revisión, 6 senadores ya no recibirán permiso y se les aplicarán descuentos por inasistencia. “Cada sesión representa entre 3,000 y 4,000 bolivianos. A quienes hayan solicitado permisos sin justificación válida se les exigirá la devolución del dinero, incluso por la vía coactiva si es necesario”, advirtió.

Uso político de permisos

Flores lamentó que muchos parlamentarios usaran excusas como invitaciones de sectores sociales para justificar sus ausencias, cuando en realidad, aseguró, estaban en campaña. También se refirió al caso de un senador que solicitó permiso por “socialización de leyes” durante 2 meses, cuestionando el uso político de estas solicitudes.

Finalmente, el legislador pidió que se actúe con responsabilidad antes del cierre de gestión y anticipó que, tras la auditoría, quienes no cumplieron con sus funciones deberán devolver los recursos económicos percibidos sin justificación.

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“Desde 2005, la diferencia entre las encuestas y los resultados finales ha llegado a ser de hasta el 25%. Esto ocurre porque no se toma en cuenta al 40% de la población que reside en áreas dispersas. Las encuestas, por lo tanto, carecen de sentido”, afirmó.

Flores también mencionó que el candidato Paz Pereira había calificado las elecciones de 2019 como un fraude. “Si ahora se repiten actas con 90% o más de votos en algunas comunidades, yo también diré que es fraude, tal como lo hizo la OEA”, agregó.

El senador subrayó que mientras no se establezca una normativa integral para la elaboración de encuestas y no se garantice una representatividad real en todos los sectores del país, estos estudios seguirán siendo útiles para intereses particulares. “Hasta entonces, seguirán siendo parte de una estrategia de manipulación”, concluyó.

Paralización de proyectos legislativos

En un segundo punto, el senador se refirió a la paralización de proyectos legislativos clave, especialmente la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que calificó como prácticamente perdida en esta gestión. Flores denunció que la Cámara de Diputados, influenciada por el arcismo, “guardó” el proyecto que fue enviado por el Senado.

“No existió institucionalidad en la Asamblea en estos 5 años. El Ejecutivo saboteó nuestro trabajo y Diputados fue solo una oficina de trámite para sus intereses”, afirmó. Según Flores, esta falta de acción no es casual y acusó a sectores del oficialismo de haber negociado el bloqueo de la elección de vocales para mantener el control del TSE de cara a las elecciones subnacionales y nacionales.

Crítica al incremento salarial

En otro tema, el legislador criticó el reciente aumento salarial del 5% que dispuso el Ejecutivo para los empleados de empresas públicas. Afirmó que esta decisión es una “devolución de favores” a funcionarios leales, muchos de los cuales están siendo investigados por corrupción. “Varias de estas empresas están cuestionadas. El incremento es un premio a la lealtad, no una política económica responsable”, sostuvo.

Estado actual de la justicia

Finalmente, Flores abordó el estado actual de la justicia, que, según él, actúa bajo la presión del poder político. Criticó la reserva impuesta al caso del hijo del presidente, quien enfrenta denuncias por violencia contra la mujer. También expresó su preocupación por la decisión judicial de otorgar detención domiciliaria al exviceministro Felipe Cáceres, implicado en un caso de narcotráfico.

“El laboratorio estaba a solo 700 metros de su propiedad, y aun así se le otorga arresto domiciliario. Esto muestra que la justicia actúa presionada”, afirmó. Según el senador, este caso fue utilizado como una cortina de humo para desviar la atención mediática de las denuncias contra la familia del presidente Arce. “Una semana hablábamos solo de eso. Luego apareció lo de Cáceres y todo cambió. Así opera este gobierno”, concluyó.

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Durante su intervención, Flores enfatizó la importancia de que una asamblea constituyente defina estos temas. Además, criticó el papel del TCP en la interpretación de la Constitución, sugiriendo que su actuación podría no ser la más adecuada.

El senador indicó que no están en contra de la paridad de género, pero subrayó que este asunto debe ser abordado por una constituyente. Añadió que es fundamental que se realicen debates con la sociedad boliviana para resolver los conflictos de interpretación constitucional que existen actualmente.

Flores expresó su preocupación al afirmar: “Si aparece uno de izquierda, lo van a anular. Bueno, hace lo que les da la gana el tribunal constitucional, se está cambiando la Constitución como le da la gana”. Esta declaración refleja su descontento con la forma en que se están manejando las decisiones constitucionales.

Asimismo, cuestionó cómo se aplicará esta sentencia constitucional en relación con los senadores y cómo se trabajará de ahora en adelante con la paridad de género. Estas preguntas quedan abiertas y generan incertidumbre sobre el futuro político del país.

Defensa del plan de Evo Morales

Por otro lado, el senador Flores defendió el plan de gobierno que fue elaborado por Evo Morales. Resaltó que el expresidente ha trabajado con profesionales en un contexto de debate constante, lo que demuestra su compromiso con el desarrollo del país.

Flores enfatizó que Evo Morales tiene muchos proyectos en marcha, lo que podría ser beneficioso para la sociedad boliviana. Esta defensa del plan de gobierno sugiere que el senador confía en la capacidad de Morales para liderar y generar cambios positivos en Bolivia.

/KMMN

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Flores ha señalado a la vocal Yajaira San Martín como parte del problema. “¿Quién inició la chacota electoral? El Tribunal Supremo Electoral. Ellos decidieron retirar personerías de manera ilegal, y a otros los dejaron pasar. Eso no es democracia”, afirmó el legislador. También se refirió a la eliminación de las siglas MAS-IPSP y Frente Para la Victoria.

Críticas a las encuestas

El senador cuestionó la veracidad de las encuestas que se han difundido recientemente. Aseguró que estas no llegan a las poblaciones indígenas y campesinas, lo que genera un sesgo sistemático en contra de los partidos progresistas. “Las encuestas han fallado hasta en 23% en la elección de 2020. Esta vez no es diferente. No encuestan al 60% del país, y ese error es intencional”, manifestó.

Flores considera que entre el 58% y 60% del electorado aún no se ha pronunciado, incluyendo votos nulos, blancos e indecisos. Esto lo calificó como un rechazo masivo al actual proceso electoral. “Nos preocupa que este sector sea silenciado. Nos llegó información desde la Policía sobre un plan elaborado por el Ministerio de Gobierno para intervenir el Trópico de Cochabamba”, denunció.

Denuncias sobre intervención

Según el senador, este plan incluye acciones represivas que se activarían tras la primera vuelta del 17 de agosto de 2025. “Hay una operación táctica para callar al 60% del pueblo boliviano. Se está entregando el mando operativo a los supuestos ganadores, para ejecutar esta intervención. No miden la cantidad de muertos”, advirtió, señalando que la impunidad del actual Gobierno estaría siendo negociada a cambio de esta transición.

Flores también criticó el descenso en la intención de voto del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Atribuyó esta caída a errores políticos y a la falta de diálogo con las bases. “Se ha encerrado en un círculo reducido, sin escuchar a sectores importantes ni al propio Evo Morales. En seis meses su apoyo ha caído más del 60%”, indicó.

Descontento en la izquierda

El senador sostiene que la izquierda boliviana no se siente representada por las candidaturas actuales. “El progresismo tiene más del 50%, pero no se refleja en los candidatos. Y eso se verá en las urnas”, anticipó.

Flores también se refirió a la sesión legislativa que fue suspendida recientemente, negando que su bancada haya evitado el debate. “Quieren que aprobemos créditos sin transparencia. El 30% de esos fondos se van en corrupción, como en la compra directa de combustible. Queremos debatir, pero con condiciones claras”, aseveró.

Críticas a Eduardo Del Castillo

Finalmente, el senador criticó al exministro Eduardo Del Castillo por haber declarado que no tuvo conocimiento del operativo para detener al gobernador Luis Fernando Camacho. “No puede ser que un ministro desconozca una acción de esa magnitud. Está en campaña, tratando de justificar su imagen con discursos contradictorios. Eso no es serio”, concluyó.

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El 12 de julio de 2025, durante un congreso evista en Cochabamba, Nina expresó que el 17 de agosto “en vez de contar votos, se van a contar muertos”. Esta frase fue entendida por diversos sectores políticos y sociales como una amenaza directa al proceso electoral, lo que generó una ola de denuncias en su contra por delitos como instigación pública a delinquir, terrorismo y apología del delito.

Defensa de los legisladores evistas

El senador evista, Luis Adolfo Flores, argumentó que la frase no debe interpretarse como una incitación a la violencia, sino como una expresión retórica. “Yo escuché claramente, no dijo que atentaría contra nadie, dijo que si hay que ofrendar la vida por el país, se hará. Eso es diferente a amenazar”, manifestó. Flores aseguró que la frase fue utilizada por actores políticos para criminalizar las expresiones de disconformidad.

Además, Flores denunció que en Bolivia no existe un Estado de derecho ni independencia judicial, y que la persecución penal responde a intereses políticos.

Reacciones de otros legisladores

Por su parte, la diputada evista Gladys Quispe enfatizó que las declaraciones de Nina podrían ser el resultado de una “bronca contenida”.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, presentó una denuncia formal contra Nina. En respuesta, Quispe cuestionó por qué Nayar no se pronunció de la misma manera en casos como las compras millonarias del hijo del Presidente Luis Arce. Quispe sostuvo que la oposición y el Gobierno tienen acuerdos.

Pronunciamiento del TSE

Las declaraciones de los parlamentarios se produjeron horas antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se pronunciara sobre posibles acciones contra Nina, tras la controversia generada por sus palabras.

Anteriormente, Nina defendió que sus declaraciones se referían a muertes no visibilizadas en conflictos pasados y no a una amenaza de violencia para el día de las elecciones. Acusó a los medios de tergiversar sus palabras y denunció “violencia mediática”.

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Flores ha señalado la falta de unidad entre los diferentes movimientos políticos y ha expresado su preocupación por las elecciones que están programadas para el 17 de agosto. Según él, “la gente todavía está con esperanza” respecto a la participación de Evo Morales y otros candidatos en los próximos comicios.

A pesar de esto, el senador también ha mencionado que “no hay ambiente político ni de campaña”. Esta afirmación refleja una desconfianza generalizada hacia los candidatos que están llegando a las distintas regiones del país. Flores atribuye esta situación a decisiones tomadas por el Tribunal Electoral y el presidente Luis Arce.

Normativa del Tribunal Electoral

El senador ha comentado sobre la normativa establecida por el Tribunal Electoral, que fija como fecha límite para definir candidaturas el 3 de julio. “El pueblo boliviano ya lo conoce a Evo, no necesita fotografía”, afirmó Flores, quien tiene confianza en que se anunciará una fórmula electoral desde el Comité Ejecutivo del movimiento Evo Pueblo.

Críticas de un senador del MAS

Por otro lado, Santos Ramos, un senador “arcista” del MAS, ha criticado a Evo Morales. Ramos sugiere que el comportamiento de Morales podría poner en riesgo las elecciones del 17 de agosto. Este senador ha advertido que si Morales continúa con sus movilizaciones, podría ser responsable de agravar los problemas económicos y sociales en el país.

Ramos también ha mencionado que estas acciones han perjudicado la economía y han bloqueado el suministro de alimentos a diversas regiones. Además, se ha referido a las amenazas que provienen de los seguidores de Morales, quienes han manifestado su intención de paralizar el país. El senador ha señalado que estas movilizaciones no representan un interés colectivo.

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El caso “consorcio” fue abierto el 11 de junio de 2025, tras una denuncia verbal presentada por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura. Esta denuncia se originó a partir de una resolución del juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, quien intentó inhabilitar a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, alegando irregularidades en su postulación.

Hasta el momento, hay 9 personas bajo investigación, entre las que se encuentra el exministro de Justicia César Siles. De los implicados, 5 están en detención preventiva, mientras que 2 tienen detención domiciliaria. Recientemente, un funcionario de Coroico fue aprehendido, y aún queda una orden de aprehensión pendiente.

Red de irregularidades

En este contexto, Flores afirmó que esta supuesta red operó durante meses o incluso años, y que su actividad no se limitó al intento de inhabilitación de Coaquira. “Esta organización ha funcionado meses, tal vez años, y han estructurado para atacar ciudadanos, bienes de las personas, etcétera. Aquí hay que avanzar (las investigaciones) en todo sentido”, expresó el senador.

Según el legislador, una estructura similar presuntamente intervino en otro caso que ocurrió en 2024, relacionado con la restitución en el cargo de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez. Gutiérrez había sido destituida temporalmente tras la filtración de una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales.

Irregularidades en el proceso

Flores indicó que en ese proceso hubo un cambio irregular del juez de turno en La Paz, lo que permitió que Iván Córdoba, exsubprocurador y posteriormente vocal del Tribunal Departamental de Justicia paceño, atendiera la acción de libertad presentada a favor de Gutiérrez. Según el parlamentario, el recurso fue promovido por Carlos Bacaflor, un abogado vinculado al exministro Siles.

“Entre amigos se demandan para beneficiar a una funcionaria”, afirmó el senador, quien sostuvo que hubo una coordinación entre exautoridades, jueces y funcionarios para revertir la destitución de Gutiérrez.

Cuestionamientos al Consejo de la Magistratura

El senador también criticó al Consejo de la Magistratura por reaccionar solo cuando el caso afectó a una magistrada titular, mientras que guardaron silencio frente a “irregularidades similares” que afectaron a otros funcionarios o ciudadanos.

Además, Flores apuntó contra el TCP, acusándolo de demorar fallos que impactan en temas políticos y de emitir resoluciones rápidas solo cuando les conviene. Citó un ejemplo en el que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, convocó en 2024 a una sesión en la Asamblea Legislativa en calidad de presidente interino del Parlamento. En esa sesión, se aprobó un blindaje para la realización de las elecciones judiciales y créditos.

Investigaciones en curso

“Para desconocer (dicha sesión), el TCP en 4 horas mandó por fax una demanda. En 4 horas ya estaba notificado el presidente (del Senado) que supuestamente era ilegal (la sesión). O sea, estos señores del TCP están haciendo política, no están interpretando la constitución, no están defendiendo los derechos de las personas, solo defienden sus derechos e intereses”, sostuvo Flores.

El Ministerio Público aún mantiene en reserva el caso consorcio, pero se espera que la investigación concluya el viernes. El audio que vincula a Siles con el juez Lea Plaza está siendo sometido a peritajes técnicos tanto en Bolivia como en Colombia. Además, el celular del juez se encuentra bajo custodia.

Flores reiteró que su denuncia busca ampliar el caso consorcio original, y no abrir uno nuevo.

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El proyecto que ha sido enviado por los diputados establece que solo el Tribunal Constitucional puede solicitar informes o detener un proceso electoral. El senador Flores expresó su desacuerdo con esta redacción y anticipó que se debatirá en la comisión esta tarde, con el objetivo de proponer modificaciones al pleno del Senado.

Críticas a la redacción actual

Flores criticó el contenido del proyecto, argumentando que la redacción vigente limita las funciones del Tribunal Supremo Electoral. Además, subordina su capacidad de acción al Tribunal Constitucional, lo que, según él, debilita la aplicación del principio de preclusión, ya presente en el ordenamiento jurídico.

“El problema no es solo de redacción. El fondo del tema es la voluntad de los vocales del Tribunal Electoral, que deberían ejercer su autoridad como cuarto órgano del Estado, con independencia. Lamentablemente, no lo han hecho y se han sometido al Tribunal Constitucional”, afirmó el senador.

Informe sobre debate obligatorio

El senador también mencionó que la comisión cuenta con un informe sobre el proyecto de debate obligatorio, el cual ya fue aprobado en la Cámara Baja anteriormente. Sin embargo, consideró que este tema tiene menor importancia en comparación con la ley de preclusión.

Plazo para la consideración

El tratamiento del proyecto de preclusión debe llevarse a cabo antes del 11 de junio de 2025, que es la fecha límite para su consideración, de acuerdo con el cronograma legislativo establecido.

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Las normas forman parte del paquete legislativo solicitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar transparencia en los comicios generales del 17 de agosto.

Proyectos en curso

Entre los proyectos en curso, Flores mencionó la ley de preclusión, la normativa del sistema de Transmisión Rápida y Segura de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la ley de debate obligatorio.

Aseguró que todas estas iniciativas ya están en distintas etapas del proceso legislativo, algunas en comisiones y otras listas para su tratamiento en el pleno del Senado.

Progreso en el Senado

“El tema de las leyes electorales en Diputados recientemente se terminó de aprobar. Vamos a considerar en Senado, ya está para esta semana. He visto lo del TREP, ya está en comisión la ley de preclusión. Entendemos que otras leyes van a ingresar esta semana también, seguramente en 1 o 2 semanas se van a aprobar la totalidad de las normas para darle transparencia al proceso”, declaró el legislador.

Falta de consenso

Respecto al proyecto sobre el TREP, señaló que existe una falta de consenso debido a la ausencia de un informe técnico del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, se buscará resolver este impasse en coordinación con las otras bancadas.

Debate obligatorio

En cuanto a la ley de debate obligatorio, sostuvo que la iniciativa se encuentra en la Comisión de Constitución y que podría ser tratada hasta la próxima semana.

Actividades políticas en el Senado

Varios parlamentarios, entre ellos el presidente del Senado Andrónico Rodriguez, empezaron a realizar actividades políticas personales en el marco de las elecciones generales. Esta situación llevó a que los legisladores queden ausentes en el Parlamento y otros cambien de fuerza política.

Al respecto, el diputado de Comunidad Ciudadana, José Maldonado, señaló que la Asamblea Legislativa tiene que seguir con el trabajo legislativo hasta el 8 de noviembre de 2025, cuando se posesione a los nuevos legisladores.

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Flores, en declaraciones realizadas este miércoles 7 de mayo, afirmó que como juez de garantías constitucionales, la actuación de Moreno solo podía ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) antes de que se inicie cualquier proceso penal.

El senador recordó que existe una jurisprudencia de años que respalda esta posición y lamentó que, a raíz de una denuncia del Ministerio de Justicia, se esté actuando al margen de la ley.

“Después de muchos años de respeto a esa jurisprudencia, ahora se está deteniendo de manera ilegal y fuera de procedimiento a una jueza de garantías. Los jueces que están actuando así, con resoluciones políticas, terminarán denunciados por prevaricato”, advirtió Flores.

Opiniones del exministro

Por su parte, el exministro de Justicia, Iván Lima, explicó que la Sentencia Constitucional 629/2014 establece claramente que ningún juez de garantías puede ser sometido a un proceso penal hasta que el TCP emita una resolución definitiva.

Lima también criticó la demora de más de 7 meses del Tribunal Constitucional en resolver el expediente de Moreno, cuyo plazo era de 40 días. “¿Quién incumple más deberes, el que se toma más de 7 meses cuando tienes 40 días, o la juez que dictó una resolución?”, cuestionó.

Además, observó como agravante que Moreno fue trasladada de Santa Cruz a La Paz, donde se dictó su detención preventiva por un delito que, según él, no admite esa medida.

Apoyo a la decisión judicial

En contraste, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Hernán Hinojosa, respaldó la decisión judicial. “Si tiene una responsabilidad por haber actuado en esas determinaciones, obviamente tendrá que enfrentarse a la Justicia. La justicia ha debido darle una responsabilidad y está ahí”, declaró Hinojosa.

El legislador negó que se trate de una persecución política, aunque reconoció que existen antecedentes que muestran un supuesto favorecimiento de Moreno hacia el expresidente Evo Morales.

Recientemente, Moreno anuló la orden de aprehensión contra Morales en un proceso por trata de personas con agravante. Al respecto, la Fiscalía argumentó que existían riesgos procesales, lo que llevó a la juez Ximena Palacios a ordenar su detención preventiva.

El martes, Moreno fue enviada al penal de Palmasola con detención preventiva por un lapso de 30 días.

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Flores ha señalado que es necesario determinar cuáles de los artículos solicitados, que son aproximadamente 9, son inconstitucionales. Muchos de estos artículos están relacionados con los créditos. En febrero, el senador había informado que había presentado dos recursos de inconstitucionalidad contra el PGE, así como otra acción para que los magistrados autoprorrogados del TCP se excusen de intervenir en la demanda.

Importancia de la autorización legislativa

El senador destacó que el TCP ha admitido uno de los recursos en contra del PGE. Según Flores, la Constitución establece claramente que los créditos externos deben ser autorizados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta institución tiene la responsabilidad de evaluar el interés del financiamiento y las formas de pago, entre otros aspectos relevantes.

Infracción a la normativa

“Ellos (el gobierno) han incluido (créditos) en el PGE sin permiso de la Asamblea, incluyendo la autorización de pignoración que consideramos hace 3 meses como inconstitucional”, afirmó Flores. Además, mencionó que uno de los artículos cuya inconstitucionalidad se reclama es el séptimo, que está relacionado con la confiscación de productos.

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Según el legislador, el expresidente Evo Morales y el exministro de Gobierno, Carlos Romero, se sienten perseguidos políticamente y temen represalias si deciden acudir ante la justicia.

Citación del Tribunal de Sentencia

El Tribunal de Sentencia en lo Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de La Paz ha emitido citaciones para el presidente Luis Arce, el exvicepresidente Álvaro García Linera, Morales y Romero. Todos ellos deberán comparecer el 31 de marzo en calidad de testigos. Esta citación fue solicitada por la defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien es el principal acusado en este proceso.

Persecución política

En este contexto, Flores sostuvo que el Gobierno no ofrece seguridad jurídica ni política a quienes considera adversarios. “Muchos de los convocados están siendo perseguidos políticamente en el país. El Gobierno persigue a sus opositores”, afirmó.

El senador también mencionó que Romero ha sido objeto de amenazas y procesos legales por denunciar supuestas irregularidades en la compra de combustible. Además, indicó que Morales enfrenta una “persecución política”, que incluye intentos de detenerlo e incluso “atentados contra su vida”.

Consecuencias de declarar

“Con seguridad, si vienen a intentar hablar y expresan su opinión en contra del Gobierno, van a ser seguramente procesados. Esto impide la presencia y la transparencia en cualquier proceso o convocatoria que exista, en este caso del exministro Romero y también del expresidente Evo Morales”, agregó Flores.

Opiniones desde la oposición

Desde la oposición, el senador de Creemos, Erick Morón, aseguró que Morales no se presentará porque enfrenta una orden de aprehensión. Si abandona el Chapare, debería ser detenido. También acusó al expresidente de evadir la justicia con la protección de sus aliados.

Por su parte, la senadora Centa Rek consideró que es fundamental que los citados comparezcan para esclarecer los hechos de 2019. Afirmó que su testimonio podría demostrar que en el país no hubo un golpe de Estado, sino un fraude electoral que provocó movilizaciones ciudadanas.

Investigación del caso Golpe de Estado I

El caso Golpe de Estado I investiga los acontecimientos que ocurrieron tras las elecciones de 2019 y la renuncia de Morales. La denuncia fue presentada por la exdiputada del MAS, Lidia Patty, y se acusa a Camacho y otros opositores de delitos como terrorismo y conspiración.

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Flores subrayó que el proyecto de ley que fue aprobado en el Senado aún no ha sido enviado a la Comisión de Diputados. Esta situación podría considerarse una falta por parte del presidente de Diputados, Omar Yujra.

El senador también mencionó que “en 10 días se devuelva de manera urgente”, refiriéndose al tiempo que se espera para recibir respuestas de los ministros consultados.

Interrogantes sobre el artículo

Flores planteó dudas sobre el uso que el Estado dará al artículo adicional séptimo. Afirmó que “no tienen por qué consultar”, sugiriendo que la intención es ganar tiempo para reducir la presión social y facilitar el rechazo a la derogación de esa disposición.

Además, criticó las maniobras de algunos diputados, señalando que los proyectos de ley presentados no han avanzado de manera adecuada.

Preocupación por el proceso legislativo

El senador destacó que el proyecto de ley aprobado en el Senado para derogar el artículo “ni siquiera ha llegado a la comisión” después de más de 7 días desde su aprobación. También expresó su preocupación porque si la ley destinada a derogar artículos inconstitucionales del presupuesto general no ha sido derivada a comisión, esto podría considerarse una falta en los próximos días.

Retenciones en el presupuesto

Flores recordó que el presupuesto general fue retenido durante “una semana, 2 semanas en Diputados y 40 días en Vicepresidencia”. Estas acciones son vistas como intentos por parte de algunos sectores para dilatar cualquier aprobación normativa que contravenga las demandas del pueblo boliviano.

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En su discurso, el senador solicitó al gobierno que considere la apertura del mercado aéreo a otras líneas aéreas. Esto, según él, garantizaría una competencia sana y mejoraría el servicio que se ofrece a los pasajeros.

Flores también mencionó que “en este momento no nos dan cifras, pero debe estar perdiendo una cantidad importante de recursos BoA; es decir, no beneficia al país”. Además, planteó interrogantes sobre la capacidad operativa de la aerolínea estatal, indicando que “en este momento no están funcionando la cantidad que debieran”, lo que genera preocupación por la seguridad de los vuelos.

El senador destacó que “el 80% de ingresos y egresos están en dólares”, lo cual complica aún más la situación financiera de la aerolínea. En su intervención, hizo un llamado al gobierno para que considere dar permiso a otras líneas aéreas si BoA no puede cumplir con las expectativas de seguridad y eficiencia.

Críticas al Ministro de Obras Públicas

Por su parte, el senador Hilaron Mamani criticó al Ministro de Obras Públicas, afirmando que “es un payaso” y denunciando la falta de atención en las carreteras del país. Mamani subrayó que “ya están parchando; no controla el Ministerio de Obras Públicas” y exigió soluciones concretas para los problemas existentes en infraestructura.

Además, Mamani cuestionó el avance en proyectos aeroportuarios, preguntando: “¿Cuánto porcentaje de avance hay en el aeropuerto de Tarija?”. “Si los aeropuertos no pueden resolver, no pueden arreglar, peor aún, nuestras aeronaves están totalmente abandonadas”, expresó.

Prioridad en seguridad y bienestar

Ambos senadores coincidieron en que es necesario priorizar la seguridad y el bienestar del pueblo boliviano. Flores concluyó exhortando al ministro a resolver los problemas relacionados con BoA para garantizar un manejo adecuado y condiciones seguras para los vuelos nacionales e internacionales.

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Durante su intervención, el asambleísta cuestionó la gestión económica del Gobierno y exigió mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. Flores afirmó que “si usted representara al pueblo, por lo menos tendría 90% de apoyo; no lo tiene”.

Decisión popular y representación

El senador subrayó que es el pueblo quien debe decidir quiénes serán sus representantes y pidió respeto hacia la decisión popular. Además, mencionó que “ya es suficiente lo que se ha manifestado en falsedades de parte del Gobierno en el tema económico”.

Flores destacó que el Senado ha aprobado cerca de 5,000 millones de dólares, pero cuestionó la ejecución de esos proyectos. Indicó que “no han gastado algunos proyectos hace 2 años, ni el 50%”. También planteó interrogantes sobre los 12,000 millones de dólares que ha solicitado el Presidente sin autorización previa del Legislativo.

Créditos y beneficios para el pueblo

El senador señaló que “el pueblo boliviano ya sabe” que el Gobierno busca culpables por los problemas económicos. Enfatizó que si los créditos son para beneficio del pueblo y tienen un propósito específico, no habrá inconvenientes para su aprobación. Sin embargo, advirtió sobre la falta de claridad en algunos proyectos.

Fiscalización de recursos

Flores hizo hincapié en la necesidad de fiscalización sobre los recursos prestados. Mencionó que “de todos los recursos que se han prestado con autorización legislativa y sin autorización, deben ser como 25,000 millones de dólares”. Lamentó que no se haya fiscalizado un boliviano debido a una resolución constitucional.

Exigencia de transparencia

Finalmente, el senador exigió el cumplimiento de la norma y la transparencia en la rendición de cuentas sobre los miles de millones de dólares utilizados por el Gobierno. Esta demanda refleja la preocupación por la gestión de los recursos públicos y la necesidad de que se rinda cuentas a la ciudadanía.

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Flores ha cuestionado los plazos impuestos por el Tribunal Electoral, afirmando que “esto de que el Tribunal Electoral nos dé plazos fatales me da risa”. Aclaró que el Senado tiene la intención de tratar la normativa ya sea a través de una comisión o mediante dispensación de trámite. “Una de las dos fórmulas que dice el reglamento se va a aprobar”, aseguró el senador.

Tensiones políticas actuales

El senador también se refirió a las tensiones políticas que se viven actualmente, indicando que “los Tribunales Supremo Electoral deben dejar de hacer chiquilladas porque el país está en momentos muy difíciles”. Además, criticó a los vocales del Tribunal Electoral, sugiriendo que existe una relación entre ellos y los diputados del arcismo, quienes están bloqueando las elecciones nacionales.

Proceso legislativo y constitucionalidad

En relación con el proceso legislativo, Flores enfatizó que “debemos cumplir lo que dice la Constitución” y subrayó la relevancia del debate sobre los curules por departamento tras el censo. La directiva del Senado se reunirá para definir el contenido del debate que está programado para mañana.

Normativa sobre magistrados

La normativa que fue aprobada recientemente en la Cámara de Senadores establece que solo los magistrados electos asumirán sus roles en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, Flores mencionó declaraciones del diputado Juan José Jauregui y del Ministro de Justicia, quienes consideran que esta ley es inconstitucional. “¿Es constitucional que los autoprorrogados sigan ejerciendo 2 años después de que ha culminado su gestión?”, cuestionó.

Necesidad de cambios constitucionales

Finalmente, Flores advirtió sobre la urgencia de modificar la Constitución para evitar interpretaciones restrictivas por parte del tribunal constitucional. “Lamentablemente ellos son como reyes que definen absolutamente toda la interpretación”, concluyó el senador.

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El propósito principal es que los magistrados autoproclamados no integren la sala del TCP ni del TSJ. Esto se hace para evitar cualquier tipo de “contaminación” o influencia negativa en las decisiones que el pueblo boliviano aprobó recientemente. “Uno de los motivos más importantes detrás de la aprobación de esta ley es prevenir un vacío de poder o vacío judicial”, afirmó Flores.

Estado actual del sistema judicial

En este momento, el sistema judicial del país no está enfrentando un vacío, ya que hay siete magistrados en el TSJ y cuatro en el TCP. Además, existen dos salas operativas y un presidente en cada tribunal. Esto hace que la aprobación de leyes como la Ley 025 y 027, que originalmente establecían nombramientos para un total de nueve magistrados, sea innecesaria. El principal argumento para la aprobación de la autoprorroga ha sido la preocupación por un vacío de poder, judicial o constitucional.

Exclusión de magistrados autoprorrogados

El legislador también mencionó que se está excluyendo a los magistrados autoprorrogados, considerándolos un ejercicio ilegítimo e ilegal. “Los que se han opuesto constantemente en diputados, y en coordinación con el Tribunal Constitucional, han sido los `arcistas` No tengo la menor duda de que continuarán cuestionando la Constitución y la ley mientras prevalezcan intereses de grupo o individuales”, indicó el senador.

Verificación de constitucionalidad

La ley ha sido enviada al TSJ y al TCP para su verificación de constitucionalidad. Según Flores, este proceso ha estado pendiente en esos tribunales durante un periodo de nueve a diez meses. “No hay duda de que intentarán demorar; además, lo que busca la comisión de Constitución de diputados es que no haya elecciones este año para el Presidente y la Asamblea”, expresó Flores.

Decisiones políticas en juego

Finalmente, el senador destacó que tienen un lineamiento y decisión política clara. Por lo tanto, intentarán apoyarse mutuamente en esa comisión con los magistrados autoprorrogados en este momento.

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Este proyecto fue impulsado por el senador Luis Adolfo Flores y tiene como objetivo garantizar la operatividad de estos tribunales con magistrados que sean electos en las elecciones judiciales programadas para el 15 de diciembre de 2024. La norma ahora será enviada a la Cámara de Diputados para su respectivo tratamiento.

La legislación establece que el TCP operará únicamente con cuatro magistrados, mientras que el TSJ deberá contar con las siete autoridades electas. “Los magistrados de facto no formarían parte de ninguna comisión ni del pleno. Eso ha sido aprobado prácticamente por unanimidad, y esperamos que la Cámara de Diputados lo apruebe para que el Presidente Luis Arce lo promulgue”, indicó Flores.

Contexto de las elecciones judiciales

Este proyecto surge en un contexto donde las elecciones judiciales se llevaron a cabo de manera parcial. Esto se debió a fallos constitucionales emitidos por los magistrados autoprorrogados del TCP, que impidieron la renovación de magistrados en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Además, en el caso del TSJ, aún falta elegir a las autoridades de Pando y Beni.

Próximos pasos en el Senado

En este contexto, Flores anunció que el Senado también acordó tratar la próxima semana la convocatoria para la elección de magistrados en los departamentos que aún no han completado su renovación.

“Vamos a intentar, al menos, hacer lo humanamente posible para que en los próximos meses tengamos un Tribunal Constitucional y un Tribunal Supremo de Justicia conformados de acuerdo con la Constitución, con magistrados completos, renovados y elegidos por el pueblo boliviano”, añadió.

/APC

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Críticas a la elección

Luis Adolfo Flores ha señalado que “ya no es noticia saber las barbaridades que hace el TCP”. Además, expresó su preocupación al mencionar: “imagínense la crisis al tener que asumir uno de los supuestos magistrados más cuestionados del país”. Según su opinión, esta situación podría desencadenar una lucha intensa con el Poder Ejecutivo para intentar influir en la designación de diputados y senadores.

Preocupaciones del ministro de Justicia

El ministro de Justicia, César Siles, también ha manifestado su inquietud. Informó que han surgido “actos irregulares” en el proceso de designación de la decanatura y la presidencia del Tribunal Constitucional. Sostuvo que “estamos en una crisis institucional” y espera que esta situación se resuelva lo más pronto posible.

Representación internacional del TCP

El expresidente del Tribunal Constitucional, Paul Franco Zamora, está representando al país en un evento internacional que se lleva a cabo en Perú los días 27, 28 y 29 de noviembre. Franco es uno de los 14 expositores a nivel mundial en el séptimo Congreso de Derecho Constitucional.

Movimientos extraños en la designación

Se ha recibido una nota firmada por Paul Franco que menciona movimientos “extraños” que ocurrieron entre el jueves y el lunes en relación con la designación de la decanatura y la supuesta presidencia del Tribunal Constitucional. Esto ha generado aún más dudas sobre la legalidad del proceso.

Normativas y autoridad en el TCP

El Código Procesal Constitucional y la Ley del Tribunal Constitucional establecen de manera clara quién tiene la autoridad para convocar sesiones. La figura de la decanatura que se utilizó en esta ocasión no está contemplada en dichas normativas. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia solicitará información al Tribunal Constitucional y exhortará a los nueve magistrados a resolver esta crisis institucional.

Se espera que esta problemática se solucione pronto, ya que actualmente no existe un reconocimiento formal sobre la legalidad de las designaciones realizadas.

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Flores subrayó la importancia de llevar a cabo un debate exhaustivo que dure al menos 15 días. Este tiempo es necesario para analizar las implicaciones de la subvención de carburantes y los recursos disponibles. Esto se da en un contexto de inquietudes sobre la calificación económica del país y la falta de garantías en el tipo de cambio.

Presentación incompleta del presupuesto

El senador mencionó que “la Constitución Política del Estado dice que deben presentar el presupuesto 60 días antes de fin de año”. Sin embargo, indicó que este se presentó con un sello el 29 de octubre, pero no está completo. Aseguró que “lo siguen completando en la Comisión de Planificación de Diputados”, lo que genera incertidumbre sobre su contenido.

Flores enfatizó que “no lo podemos aprobar; el Senado necesita debatir en comisión y en el pleno 15 días”. Si no se les otorgan esos días, advirtió que será la Asamblea quien tendrá que aprobarlo o a través de un decreto el próximo año. Además, cuestionó los recursos destinados a la subvención, que ascienden a 3.000.000.000 de dólares, preguntándose “¿de dónde van a salir esos recursos?”.

Calificación económica de Bolivia

El senador también abordó la situación económica del país, afirmando que Bolivia tiene una calificación de CC. Esto significa que se encuentra “en lo más bajo de garantía económica para devolver los recursos”. Esta situación podría llevar a decomisar recursos internos, como los fondos destinados a jubilados.

Incertidumbre sobre el tipo de cambio

Respecto al tipo de cambio, Flores expresó que “el tipo de cambio no va a bajar en Bolivia de aproximadamente 12 bolivianos”. Criticó la falta de claridad sobre cómo se manejará esta variable macroeconómica. Cuestionó las afirmaciones del presidente del Banco Central sobre la disponibilidad de dólares al precio oficial para comprar combustible, preguntando: “¿quién va a vender 2.000 a 3.000 millones de dólares al precio oficial?”.

Manipulación del proceso legislativo

Finalmente, Flores denunció una estrategia para manipular el proceso legislativo, afirmando que “generalmente nos han hecho aprobar… faltando un día para terminar prácticamente la gestión legislativa”. Esta situación pone en riesgo una revisión detallada del presupuesto general del país.

El senador también mencionó que muchos están aprobando proyectos por “un maletincito” o algunos recursos, sugiriendo presiones externas sobre los legisladores.

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La senadora Velasco enfatizó que es fundamental que todos los senadores estén presentes durante la votación. La asistencia de cada legislador es crucial para asegurar un proceso electoral transparente y representativo.

Posible candidato a la presidencia

El senador Luis Adolfo Flores podría ser el candidato para representar al Senado. Sin embargo, Velasco ha indicado que la nueva representación dependerá de la votación de todos los legisladores, lo que añade un nivel de incertidumbre al proceso.

Expectativas del MAS

El diputado Santos Ramos, también del MAS, ha comentado que “la reunión del Senado está programada para el lunes 28 de octubre”. Ramos espera que ambas bancadas del MAS puedan elegir a un solo representante del Senado, lo que evitaría la necesidad de contar con los votos de la oposición.

Impacto de los bloqueos

La situación actual en el país, marcada por bloqueos que continúan afectando la normalidad, hace que esta sesión sea clave para definir la dirección política del Senado. Las decisiones que se tomen en esta reunión podrían influir significativamente en el futuro del órgano legislativo.

Relaciones políticas en juego

La incertidumbre generada por los bloqueos no solo puede afectar el proceso electoral interno, sino que también tiene el potencial de alterar las relaciones entre las diversas fuerzas políticas en el país. Este contexto complejo requiere atención y análisis por parte de todos los actores involucrados.

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Flores ha cuestionado la permanencia del Presidente Luis Arce en su cargo. Además, ha lamentado la falta de avances en las conversaciones internas del MAS, las cuales no se han llevado a cabo en aproximadamente 2 años.

Uno de los puntos que se discuten es si el Presidente Luis Arce debe continuar hasta el final de su gestión, solicitar una revocatoria, un proceso que actualmente no es viable, o si debería renunciar.

Falta de diálogo interno

Flores también ha comentado que el diálogo que ambos grupos del MAS han estado solicitando no se ha podido realizar desde hace cerca de 2 años.

Bolivia enfrenta una serie de problemas sociales y políticos que aún no tienen soluciones claras. La falta de diálogo interno dentro del MAS ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro político del país y sobre la continuidad del actual gobierno.

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Flores informó que el vehículo quedó completamente dañado tras recibir una lluvia de piedras lanzadas por un grupo de aproximadamente 100 personas. El senador criticó al Gobierno, afirmando que no debería enviar a individuos para agredir a quienes participan en una marcha pacífica.

El asambleísta también mencionó que los grupos de choque se llevaron todo lo que había dentro del minibús, incluyendo mochilas y celulares de los ocupantes. A pesar de este violento episodio, Flores subrayó que la marcha es esencialmente por Bolivia y que continuará su participación en la misma.

Demandas del senador

Flores ha solicitado que su pliego petitorio sea atendido. Entre sus demandas, destaca que el Gobierno debe garantizar el abastecimiento de combustible. También ha pedido que el manejo de los dólares sea transparente y que no se destinen a gastos corrientes. Además, ha solicitado que se aborde la subida de precios de la canasta familiar.

Contexto económico actual

El senador enfatizó la necesidad de tratar estos problemas económicos en un contexto donde la población enfrenta dificultades crecientes. Esto se debe al aumento en los precios y a la falta de recursos básicos, lo que agrava la situación de muchos ciudadanos en el país.

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El senador Flores señaló que la versión anterior de la Ley 300 no favorecía la conservación del bosque y la Amazonía. Además, destacó la amenaza continua del calentamiento global al medioambiente a nivel mundial cada año.

Compromiso de los habitantes de la Amazonía

El senador Flores resaltó que, a través del recurso de inconstitucionalidad presentado, los habitantes de la Amazonía se comprometen a especializarse como los primeros bomberos para cuidar la Amazonía y los bosques que protegen diariamente.

Desafíos en la política de cambio climático en Bolivia

El senador mencionó que la política de cambio climático en Bolivia no ha dado resultados satisfactorios, a pesar de la aprobación de diferentes normas y leyes. En la Amazonía boliviana, los pueblos indígenas y campesinos que poseen tierras han experimentado una situación cada vez peor en los últimos años. Según datos internacionales, Bolivia se encuentra entre los países con mayor deforestación en el mundo.

Desafíos de las comunidades locales en la gestión sostenible

La situación actual refleja una crisis ambiental significativa, donde las comunidades locales enfrentan desafíos crecientes relacionados con la gestión sostenible de sus territorios y recursos naturales.

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El senador “evista” Luis Adolfo Flores ha anunciado que es necesario analizar detenidamente el tema de las primarias. Según su criterio, tanto el Gobierno como la oposición se han unido para afectar al MAS y a Evo Morales, permitiendo que otros candidatos ganen más fuerza. Flores enfatiza que esto no es democracia, sino una maniobra política. Sin embargo, no ha asegurado que se rechazará el proyecto de ley enviado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para anular las primarias, y ha destacado que la bancada de su partido analizará minuciosamente la propuesta.

El diputado “arcista” Juan José Jáuregui informa sobre el proyecto de ley

El diputado “arcista” Juan José Jáuregui ha informado que el proyecto de ley será remitido a la Cámara de Diputados el próximo lunes. Además, ha asegurado que se activarán de inmediato los procesos legislativos para su pronta aprobación. Jáuregui destaca que la redacción del proyecto es clara, por lo que es poco probable que se soliciten modificaciones.

La ley como prueba de lealtad

Jáuregui también ha enfatizado que esta ley pondrá a prueba la lealtad del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien deberá decidir si responde a Evo Morales o a la población boliviana. La anulación de las primarias es un pedido ciudadano y fue decidido en una reunión de todas las organizaciones políticas.

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Este acuerdo, firmado la semana pasada, contempla tres puntos principales: la aprobación y promulgación de una ley para las elecciones judiciales; el tratamiento de normas referentes a los plazos procesales y el cese de funciones de los magistrados prorrogados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); y el tratamiento y aprobación de créditos internacionales.

“Chicanería” en la redacción del acuerdo

Según Flores, la “chicanería” se evidencia en la discrepancia entre el punto 2 y el punto 3 del acuerdo. Mientras que el punto 2 establece que las leyes 073 y 075 se tratarán por tiempo y material, el punto 3 indica que se tratarán y aprobarán las leyes económicas. Esta diferencia, según el parlamentario, muestra una falta de coherencia en la redacción del documento.

Controversia por sesión convocada para analizar leyes

La sesión convocada para esta tarde por el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, para analizar las leyes 073 y 075 generó controversia. La facción “arcista” adelantó que no aprobará el fin de la prórroga de las autoridades judiciales, lo que podría obstaculizar el proceso.

Acuerdo cuestionado por falta de tiempo y redacción apresurada

Flores lamentó que parte del acuerdo sea resultado del cansancio y que la redacción final haya sido realizada apresuradamente, lo cual podría conducir al rechazo del acuerdo por parte de algunas facciones políticas.

Diputado responde a críticas sobre la redacción del acuerdo

Por su parte, el diputado del bloque “arcista” del MAS, Jerges Mercado, señaló que todos en la Comisión Bicameral se encontraban en la misma situación de fuerzas y ánimo.

“Todos estamos creo bastante bien alimentaditos para que aguantemos las horas que sean necesarias (y) para que nos demos cuenta. Y no ha sido chicanería, (…) (porque) este punto lo hemos discutido más de cinco horas”, dijo Mercado en respuesta.

Tensión en el Parlamento por posturas opuestas

Mientras la oposición se mantiene firme en su postura de no aprobar créditos internacionales hasta que no se resuelva la prórroga de los magistrados, la tensión en el Parlamento aumenta.

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La diputada María Alanoca enfatizó que la Asamblea debe priorizar las elecciones judiciales porque la gente está esperando elegir a sus nuevas autoridades; en ese sentido, criticó que se haya obligado al receso parlamentario cuando uno de los motivos para renunciar a él era trabajar en este aspecto.

Diputada Gloria Callizaya destaca avances dependientes de comisiones

Por su parte, la diputada de la misma fuerza política, Gloria Callizaya, aseguró que se trabajará en este aspecto los primeros días del 2024; no obstante, enfatizó en que los avances ahora dependen de las diferentes comisiones involucradas en el proceso de las elecciones judiciales.

Senador Luis Adolfo Flores responsabiliza a Cámara de Diputados por fracaso electoral

Finalmente, el senador oficialista Luis Adolfo Flores manifestó que la Cámara de Diputados es responsable del fracaso de las elecciones judiciales y ahora debe garantizar que efectivamente se realicen el siguiente año.

“Ellos tienen planificado cuándo aprobar una ley de preselección. Puede ser ocho meses, pero tal vez su idea es de dos a tres años. El pueblo boliviano es inteligente y se da cuenta de quiénes son los responsables”, finalizó el senador.

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Imposibilidad de cumplir plazo para preselección de candidatos

El legislador lamentó que ya es prácticamente imposible cumplir el plazo para la preselección de candidatos, por lo que sugirió pensar inmediatamente en otras alternativas, pese a que algunos legisladores todavía afirman que hay posibilidad de lograr los dos tercios y un acuerdo político.

Velar por nuevas autoridades y evitar vacío judicial

“Estas propuestas fundamentalmente tienen que velar porque la ciudadanía tenga nuevas autoridades en enero de 2024. Si hay un vacío, en el peor de los escenarios, significa que no se podrán emitir sentencias en el país”, declaró el legislador del oficialismo.

Descartada ampliación de mandatos pero sugerida ley de reforma constitucional

Sin embargo, descartó totalmente la posibilidad de ampliar los mandatos de los magistrados porque sería inconstitucional; en su lugar sugirió una ley de reforma constitucional, lo que les permitiría ganar tiempo a los legisladores para garantizar la elección judicial mientras se nombran magistrados provisionales para evitar el vacío de poder.

Reforma constitucional como alternativa a la Asamblea Constituyente

A diferencia de una Asamblea Constituyente, que es un proceso mucho más complejo para cambiar la CPE, Flores precisó que una ley de reforma constitucional solo aplica a modificaciones parciales que no influyen en los derechos y garantías ciudadanas. Para eso, explicó que se deben analizar varios factores de la justicia actual y qué es necesario cambiar, porque una reforma constitucional también ayudaría a mejorar el modo de elección e incluso reformar la justicia, que es un pedido tanto del oficialismo como de la oposición.

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Flores señaló que en el marco del trabajo que realiza esta comisión especial, tuvieron este jueves 3 de agosto una entrevista con el canciller Rogelio Mayta, quien les informó que tras una extensa revisión de documentos, solo se tiene una normativa legal para el establecimiento de internados y otros similares por instituciones religiosas desde 1993. Antes de eso no se tenía ninguna ley al respecto.

Ausencia de convenios permitió impunidad en crímenes

“Bolivia no tenía convenio firmado vigente para que abra la Iglesia, todas las iglesias, cualquier persona del exterior, a abrir albergues, internados para educar a los bolivianos. Existía un antecedente de 1851, un documento firmado, 6 artículos observados por lo tanto no se había ratificado, o sea no estaba permitido abrir centros de enseñanza, lo que se tiene vigente es de 1993”, explicó.

Desde su perspectiva, este aparente vacío legal hizo que el Estado no supervise estos centros educativos, albergues e internados, lo que permitió cierta impunidad en crímenes de pederastia en el pasado.

Trabajo exhaustivo para evitar impunidad

El senador aseguró que con el trabajo que realiza la comisión que preside pretenden investigar a fondo para que los casos denunciados de pederastia en internados de la Iglesia no queden en la impunidad.

Corrigiendo errores del pasado

Además, asegura que tomando los antecedentes que les brindó el canciller Mayta, buscarán corregir los errores cometidos en el pasado por el Estado.

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“Estamos entendiendo que todos los postulantes, ya están intentando solicitar algún Amparo Constitucional, algún recurso constitucional, osea, están queriendo que la medida de varios postulantes, y que la Asamblea apruebe un reglamento, eso es lo que entendemos, esa es la preocupación”, señaló el legislador.

Asimismo, informó que, tras la paralización de recepción de documentos a postulantes, mantendrá reuniones con la Comisión Mixta de Justicia Plural.

“Seguramente habrá algunas opiniones de los miembros de esta comisión, creo que todos los asambleístas también están preocupados”, manifestó a LA PATRIA.

Flores afirmó que los vocales, se excedieron al determinar esta medida cautelar, por encima de la Asamblea Legislativa e indicó que se espera el borrador del reglamento o tal vez de un proyecto de ley.

Mencionó que quien debe garantizar las elecciones judiciales, es el Órgano Electoral, sin embargo, el legislador consideró que esta instancia es quien está colocando piedras en el camino.

“El debate va llevarse esta semana para tener una alternativa, una solución a este conflicto entre órganos”, añadió.

/NVY

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Explicó que la Ley del Tribunal Constitucional, estipula que la convocatoria para postulantes a magistrados, debe mencionar como requisito, la no militancia al momento de presentarse como candidatos.

“Estamos cumpliendo la ley (…). Al principio era cinco años de militancia la prohibición de presentarse, después se subió a ocho años a solicitud de la oposición”, manifestó a LA PATRIA.

Reveló que grupos políticos opositores, sugirieron que el tiempo de no militancia sea de 20 años y que, en caso de ser así, ningún miembro anterior del Movimiento Al Socialismo (MAS), podría postularse.

Flores indicó que, el reglamento se elaboró con base a convocatorias anteriores y respetando las normas del Tribunal Constitucional.

“El reglamento no tiene categoría de ley y la ley menciona lo que estoy aclarando”, manifestó y no descartó una modificación a dicha norma.

Sobre las observaciones que realizó la oposición de que solo se tomarían en cuenta dos puntos al momento de verificar los requisitos, el legislador rechazó las afirmaciones, pero lo consideró debatible.

Asimismo, informó que el reglamento actual demanda que la Comisión Mixta debe realizar invitaciones a diferentes organizaciones como: Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Colegio de Abogados, y también a otras instituciones, en calidad de asesores y veedores.

El reglamento de preselección tiene 17 requisitos comunes, que hace a todos los candidatos en general; y cada cuerpo judicial tiene sus propias exigencias, que son los requisitos específicos.

En el caso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) son 12 requisitos específicos, en el Agroambiental son 15 requisitos, mientras que, en el Consejo de la Magistratura, los aspirantes deben cumplir siete requisitos específicos.

/NVY

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“Yo percibo que en la oposición hay legisladores muy radicales, pero hay otros que no lo son, por lo tanto, creo que debemos sentarnos (a dialogar) con el ala no radical de la oposición”, declaró el legislador a LA PATRIA en la Sede de Gobierno.

En ese sentido, explicó que se están esperando las propuestas de reglamentación para estos comicios tanto de la oposición como del oficialismo, para su posterior análisis y discusión en la Comisión de Constitución y de Justicia Plural.

La idea es aprobar un reglamento o una ley hasta marzo, pese a que el límite establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la primera quincena de abril, tanto para la aprobación del reglamento como para la emisión de la convocatoria.

/ LMPT

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“Hoy inicia la recolección de firma de los juristas independientes, que intentan la preselección y nombramiento de altas autoridades judiciales del país sea con otro procedimiento que no manda actualmente a la constitución”, señaló el legislador.

El también Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado, indicó que todo este procedimiento es complejo por la demora en la recolección firmas y su posterior validación en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Además señaló que le corresponde al legislativo, realizar un proyecto de convocatoria a referéndum y debe elevarse a control constitucional.

Flores prevé que todo el proceso culminará a finales de este año o el primer trimestre del siguiente año.

RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Este miércoles empezará la cruzada en todo el país, inicialmente y de manera inmediata enviarán 5.000 libros, tras la autorización del Tribunal Supremo Electoral, a las nueve ciudades capitales del país, además de Riberalta y el Chaco.

Los nueve comités departamentales, formados a lo largo de la socialización de la propuesta de reforma judicial, son los encargados principales de la logística. Además, se sumó la Iglesia Católica a través de la Fundación Jubileo.

También se sumará la Unión de Instituciones para el Desarrollo Social (Unitas) que tiene una treintena de instituciones afiliadas que reforzarán a nivel nacional y departamental toda la campaña de recolección de firmas.

Así como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) que emitió un pronunciamiento adhiriéndose a esta movilización.

/NVY

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Las sugerencias de modificación ya fueron puestas a consideración del Pleno del Senado, y tienen la finalidad de mejorar y agilizar todo el proceso que atraviesan las denuncias contra los legisladores.

“Creemos que con estas propuestas, primero, se dejará de vulnerar un principio Constitucional y, segundo, se dará prontitud, transparencia y publicidad a todos los procesos”, manifestó el presidente de la Comisión de Ética según el reporte de LA PATRIA Radio en La Paz.

La primera hace referencia al Artículo 27 del reglamento que rige actualmente; con el cambio se pretende que las Sesiones de Comisión sean públicas y ya no reservadas, a excepción de casos donde se involucren a niños o el honor de otra persona.

También se propuso que la Comisión de Ética no vote para aceptar o no las denuncias contra los senadores, pues algunas ni siquiera se admiten, por lo que se sugirió que solo sea necesario presentar la documentación requerida y el proceso de votación se excluya.

De igual forma se sugirió que los titulares de esta Comisión tengan sus respectivos suplentes, pues varios procedimientos se suspenden cuando los encargados de Ética entran en semana regional, por lo que se pidió que otras cuatro personas ocupen su lugar ante esas ausencias.

Finalmente, Flores manifestó que pidieron que se instauren las figuras de atenuante y agravante en caso de incidencias o, caso contrario, buen comportamiento del senador acusado.

/ LMPT

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Flores aseveró que se debe sancionar en dicho Comité de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) lo que considera un “lamentable comportamiento” de la oposición durante el mensaje presidencial.

“Debiera haber sanciones a personas que han provocado y eso tienen que repensar nuestros presidentes de cámara para enviar al Comité de Ética, porque había parlamentarios que se paraban a provocar, que gritaban provocando a otros parlamentarios legisladores”, manifestó en contacto con la cadena televisiva nacional Bolivia Tv.

Asimismo, recalcó que la “actitud” de los asambleístas, no solo es una falta de respeto a las instituciones, sino una supuesta provocación para “generar violencia”.

“Esto no es correcto para el respeto de las personas que nos eligieron. No podemos tratar de convertir en ring nuestro Palacio Legislativo, entonces, creo que se deben sancionar”, concluyó.

Sesión “bochornosa” en la Asamblea

En su discurso presidencial Arce, provocó la molestia de asambleístas opositores, al mencionar la frase: “Luego del golpe de Estado de 2019”, las voces de “fraude”, silenciaron al mandatario.

En tanto desde el oficialismo gritaron: “Fue golpe” y “Lucho, Lucho””, con pancartas “ya hechas” en mano, silenciando las voces opositoras.

/JDLF/

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“Yo me opongo a rendir cualquier homenaje a cualquier medio de comunicación privado”, dijo el legislador pandino.

Sin embargo, la semana precedente en una sesión del pleno, Flores abrió la posibilidad de debate de reconocer a un medio público, universitario, social o campesino.

“Como senador me voy a oponer, lo estoy mencionando y solicito presidenta que (a) ningún medio privado se rinda homenaje en el Senado, porque sabemos la gran mayoría, los antecedentes que han tenido la última década”, enfatizó.

En la Sesión Ordinaria 113 de la Cámara de Senadores se tocó el punto del Proyecto de Declaración Camaral de Homenaje a Radio Guadalquivir, de Tarija. Este proyecto también tenía como objetivo rendir homenaje a los medios de comunicación en general. Ante esta propuesta, ambos senadores manifestaron su rechazo.

Por su parte, Rojas aseveró que no se debería hacer un reconocimiento personal a cada medio de comunicación y reiteró su oposición al reconocimiento de los medios privados.

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“La decisión de postergar las elecciones es del TSE (Tribunal Supremo Electoral), con un informe, por supuesto, del Ministerio de Salud“, dijo Flores en conferencia de prensa efectuada en uno de los ambientes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Flores reiteró que el MAS apoyará la idea de una postergación de las elecciones siempre que exista un informe científico que fundamente la necesidad de una postergación, pero también insistió, que tener nuevas autoridades municipales y departamentales ayudará a una buena coordinación en la lucha contra el coronavirus de los gobiernos subnacionales.

En la víspera, el exministro de Economía, Oscar Ortiz, envió una nota al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, pidiendo la postergación de los comicios programados para este 7 de marzo de 2021 por 60 días, esto a causa del rebrote que vive el país.

Por último, el senador manifestó que esa decisión no está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Por otra parte, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, señaló que la propuesta atenta contra la democracia y demandó al TSE que rechace el pedido de la suspensión de las elecciones, para que sus candidatos realicen las campañas electorales sin inconvenientes.

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De acuerdo al galeno, la autoridad se encuentra siendo evaluado por los médicos especialistas, además de que se solicitaron los exámenes complementarios para obtener un informe exacto sobre su estado de salud, según informó Radios Fides.

Asimismo, en una entrevista con el medio Televisión Universitaria, Espada, indicó que la autoridad se encuentra en evaluación, pero respira con la ayuda de un oxígeno. El galeno aclaró que Flores padece de diabetes como enfermedad de base, lo que puede agravar su situación de salud.

El pasado 8 de junio, la autoridad confirmó que contrajo el virus y decidió aislarse voluntariamente en su domicilio, en ese entonces, su salud era estable.

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