Ampliación de detención de Lidia Patty por caso Fondo Indígena

La Justicia en La Paz, decidió ampliar la detención preventiva de la exdiputada Lidia Patty por seis meses más. Esta medida responde a la investigación del caso Fondo Indígena, donde se identificaron serias irregularidades financieras.

Investigaciones en curso

El fiscal anticorrupción Miguel Cardozo indicó que “existen actos investigativos que el Ministerio Público todavía tiene que realizar”. Además, explicó que la Fiscalía debe verificar los proyectos de invernaderos para producción de papas y hortalizas que no se ejecutaron, según los datos del cuaderno de investigación.

Según el informe de Migración, Patty “continúa en el territorio nacional”. La Fiscalía solicitará un informe a la comisión de investigadores y, tras este paso, notificará a Patty mediante edicto. Posteriormente, se emitirá una imputación formal, ya que hay suficientes elementos de convicción para solicitar su detención preventiva y declarar su rebeldía.

Irregularidades detectadas

• Proyectos con un avance físico del 20%, mientras que el desembolso económico superaba el 92%.
• Un daño económico superior a Bs 1 millón repartido en ocho proyectos diferentes.
• La defensa de Patty presentó pruebas que señalan al expresidente Luis Arce como responsable en la gestión de esos recursos.

Cronología del caso

Los eventos que llevaron a esta ampliación se remontan a finales de 2025, cuando se reactivaron investigaciones sobre proyectos del Fondo Indígena (Fondioc) desde 2009 hasta 2011. La cronología incluye:

• Apertura de la investigación (17 de noviembre de 2025): Se inició un proceso formal contra Patty por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
• Intervención y orden de aprehensión (3 de diciembre de 2025): Se intervino las oficinas del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) y se emitió una orden contra Patty ante riesgos de fuga.
• Aprehensión y primera detención (5-7 de diciembre): Patty fue aprehendida y un juez dictó cuatro meses de detención preventiva por el caso “Tomates”.
• Apertura de nuevos procesos (diciembre 2025 – marzo 2026): Se inició un segundo proceso relacionado con un proyecto apícola.

Cifras relevantes del caso

Cifras relevantes incluyen:

• Bs 3 millones: Monto total administrado por Patty en diversos proyectos observados.
• Bs 700 mil: Suma depositada directamente en sus cuentas personales relacionada con el proyecto tomates.
• Ocho proyectos: Cantidad bajo investigación por graves irregularidades.
• Contraste crítico: Avance financiero del 92,5% frente a una ejecución física real del 20,9%.

Detalles adicionales sobre los proyectos investigados

• Proyecto Miel: Presupuesto total de Bs 919.128; primer desembolso fue Bs 687.508.
• Proyecto Tomates: Eje central con estimaciones sobre desvíos directos.
• Carpas Solares: Tercer rubro bajo sospecha sumando al daño económico total investigado.

Situación procesal actual

La situación procesal actual es:

• Seis meses: Tiempo adicional determinado para su detención preventiva, sumando cuatro meses previos desde diciembre de 2025.
• Mil cien personas: Universo estimado involucrado en el desfalco al Fondo Indígena, situando a Patty como parte fundamental del caso más amplio.

El fiscal Cardozo también mencionó: “Se tiene que realizar la inspección técnica ocular en diferentes provincias” y añadió que están pendientes declaraciones testigos y mandamientos no ejecutados contra otros sindicados como Nemesia Achacollo. Por este caso, Luis Arce cumple actualmente una detención preventiva en la cárcel San Pedro de La Paz.

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Aprehensión de Nemesia Achacollo por el Fondo Indígena

La Fiscalía de La Paz emitió una orden de captura contra Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Productivo, en el marco del caso del Fondo Indígena. Esta decisión se tomó tras la inasistencia de Achacollo a dos citaciones para declarar, quien justificó su ausencia alegando problemas de salud.

Justificación y solicitud de declaración

El equipo legal de Achacollo solicitó que la declaración se realizara en Santa Cruz, donde reside, pero aún no recibieron respuesta del Ministerio Público. Esta situación plantea interrogantes sobre la gestión del caso y la atención a las solicitudes de los implicados.

Antecedentes y contexto del caso

Achacollo no es nueva en este escenario. Anteriormente, enfrentó detenciones por supuestas irregularidades relacionadas con el Fondo Indígena. En esta ocasión, la Fiscalía investiga nuevos casos de corrupción en esta institución estatal, donde Achacollo figura como sindicada.

Implicaciones políticas y sociales

Junto a ella, la exdiputada Lidia Patty y Luis Arce también se encuentran bajo detención preventiva. Esto refleja la gravedad del caso y las implicaciones que tiene en el ámbito político y social del país. La situación genera preocupación entre los ciudadanos sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

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La PGE, encabezada por Hugo León La Faye, ha informado que actuará como sujeto de pleno derecho. Su objetivo es asegurar la recuperación del daño económico y proteger los intereses del Estado.

Este paso se da en un momento en que la Fiscalía de La Paz ya ha detenido a dos personas de alto perfil: el expresidente Luis Arce y la exdiputada del MAS, Lidia Patty, por presuntos actos de corrupción.

Imputaciones y detenciones

El expresidente Arce ha sido formalmente imputado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Durante su anterior cargo como ministro de Economía, se le acusa de haber autorizado la salida de fondos destinados a proyectos que no se llevaron a cabo.

La Fiscalía ha solicitado que se le imponga una detención preventiva de 3 meses en el penal de Qhalauma.

Por otro lado, la exdiputada Patty, quien fue la primera en ser aprehendida, enfrenta acusaciones por haber recibido 700.000 bolivianos que estaban destinados a un proyecto de producción de tomates en beneficio de 8 comunidades. Además, se le está investigando en un segundo caso relacionado con la producción de miel.

Objetivos de la Procuraduría

La PGE ha reiterado que su participación en este proceso tiene como finalidad, además de la recuperación del daño económico, la identificación de responsabilidades y la protección de los recursos públicos que se vieron comprometidos en los desembolsos irregulares del Fondo Indígena.

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Arce fue aprehendido el 10 de diciembre de 2025, debido a indicios de que, durante su gestión como ministro de Economía y Finanzas, habría autorizado el traspaso de dinero público a cuentas particulares para proyectos productivos.

Posible implicación de Evo Morales

</h3><p>En una entrevista con radio Erbol, García indicó que en esta fase inicial de la investigación no se descartará la posible participación de nadie que pudiera estar involucrado en el caso.

“Se ha mencionado una resolución ministerial supuestamente firmada por el exministro Luis Arce Catacora; pero si él indica que esto contó con autorización presidencial, entonces también se deberá considerar al expresidente Evo Morales”, afirmó García.

Defensa de Lidia Patty

Además, García mencionó que la exdiputada Lidia Patty, en su defensa, aseguró que no se “autoautorizó” la transferencia de recursos, sino que actuó bajo autorización del Ministerio de Economía.

Indicios para detención preventiva

Durante la audiencia de medidas cautelares, el viceministro sostuvo que existen suficientes indicios para que el expresidente Arce sea enviado a detención preventiva por el caso del Fondo Indígena. Sin embargo, remarcó que la decisión final corresponde al juez.

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Patty deberá cumplir con cuatro meses de detención preventiva debido a su supuesta participación en actos de corrupción vinculados al Fondo Indígena.

El sábado, la justicia decidió enviar a Patty a la cárcel por un periodo de cuatro meses en el contexto de una investigación. Se le acusa de haber recibido en su cuenta personal 700.000 bolivianos relacionados con un proyecto de cultivo de tomate y papa.

Investigaciones adicionales

Además de esta acusación, la exlegisladora enfrenta otra investigación por parte de la Fiscalía. Esta segunda causa está relacionada con presuntas irregularidades en un proyecto apícola.

Defensa de Lidia Patty

La defensa de Patty ha calificado su detención como ilegal y ha anunciado que planea apelar la decisión que afecta a su defendida.

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Reacción de Evo Morales

Morales afirmó que la intervención de la Fiscalía y la Policía atenta contra los derechos humanos de Patty y es una manifestación de revanchismo político. Recordó que la exlegisladora fue una de las principales impulsoras del proceso y juicio contra Añez y otros involucrados en los hechos de noviembre de 2019.

“La aprehensión de nuestra hermana Lidia Patty por parte de la Fiscalía y la Policía es una violación a los derechos humanos, un abuso y un revanchismo de un gobierno y una justicia que se acomoda al poder porque fue una de las más importantes impulsoras del proceso y juicio contra Jeanine Añez y sus cómplices”, expresó Morales.

Condiciones de la aprehensión

Patty pasó la noche en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mientras los investigadores intentaban notificarla sobre la imputación del Ministerio Público. Su abogado, Jorge Nina, anunció que asumirán su defensa ante la supuesta probabilidad de autoría y los riesgos procesales. Sin embargo, también denunció que hubo una vulneración al debido proceso en la manera en que se llevó a cabo la aprehensión.

“Es decir, se le cita y se le aprehende. El día de ayer, la autoridad decidió rechazar esta acción de libertad porque supuestamente el juez de la causa aún estaba en el plazo para pronunciarse”, indicó Nina. Añadió que están presentando otra acción de libertad para que Patty asista a esta audiencia, conforme a las nuevas sentencias constitucionales emitidas por los nuevos tribunales del Tribunal Constitucional.

Denuncias de hostigamiento

Nina cuestionó a la Policía por el presunto hostigamiento hacia su defendida, al fijar vigilancia en su domicilio particular sin una orden judicial. “¿Dónde está la orden del juez que ha ordenado la vigilancia? No existe, eso es una persecución indebida”, manifestó.

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Según una auditoría realizada, en 2010 se aprobaron 650.000 bolivianos para este proyecto. Sin embargo, se ha indicado que estos fondos habrían sido transferidos a la cuenta personal de Patty sin que haya evidencia de que el proyecto se haya llevado a cabo. Este es el segundo proceso que se abre en su contra en pocos días, ya que también enfrenta una imputación formal por otro caso vinculado al Fondo Indígena.

Declaraciones del fiscal

El fiscal Miguel Cardozo, encargado del caso, comentó: “El Ministerio Público recibió una nueva denuncia del Fondo Indígena; en la auditoría se determinó que la señora Lidia Patty y otras personas firmaron un convenio para la producción de miel”. Cardozo también señaló que el desembolso de 650.000 bolivianos representaba el 92% del presupuesto total aprobado para el proyecto.

Falta de ejecución del proyecto

Este dinero habría sido transferido directamente a la cuenta personal de Patty, a pesar de que no existen pruebas que demuestren que el proyecto se haya ejecutado. Debido a esta situación, la Fiscalía ha iniciado un nuevo proceso por presunto incumplimiento de contratos. Además, el Ministerio Público ha solicitado cuatro meses de detención preventiva tras presentar una imputación formal por otro caso relacionado con el Fondo Indígena.

Otro caso de fondos

En el caso adicional, se ha señalado que Patty recibió 700.000 bolivianos en su cuenta personal, sin poder justificar el destino de esos recursos. La situación judicial de Lidia Patty sigue generando un gran interés mediático y ha suscitado preocupaciones sobre la gestión de los fondos públicos que están destinados a proyectos sociales.

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La Fiscalía presentará este requerimiento durante la audiencia cautelar, donde se pedirá que Patty sea recluida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

La exlegisladora fue aprehendida después de prestar su declaración informativa en La Paz. Durante este proceso, estuvo asistida por un traductor en su idioma originario para poder comprender los hechos que se le imputan, según lo informado por el fiscal Miguel Cardozo.

Investigación sobre el Fondo Indígena

La investigación se centra en el manejo de recursos del ex Fondo Indígena, que ha sido uno de los mayores escándalos de corrupción en el país. Según los indicios, el Fondo Indígena entregó a Patty un cheque por 700.000 bolivianos para la ejecución del proyecto de invernaderos.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el proyecto solo habría sido ejecutado en un 50%. La exdiputada ha presentado documentación de descargo y depósitos que, según ella, acreditarían una devolución de dinero. No obstante, el fiscal Cardozo ha señalado que estos descargos están incompletos y que hay otros fondos que no han sido explicados. El Ministerio Público considera que alrededor de 200.000 bolivianos no serían legales.

Otros implicados en el caso

Además de Lidia Patty, la Fiscalía también investigará a otras 4 personas que están implicadas en el caso. Todos ellos son exfuncionarios del Fondo Indígena y serán citados para declarar.

Este caso contra Lidia Patty, quien recientemente regresó al país tras desempeñar funciones diplomáticas en Argentina, ha generado diversas reacciones en el ámbito político.

Reacciones políticas

La senadora Claudia Mallón, del partido APB-Súmate, afirmó que Patty “se dejó utilizar” durante la anterior gestión de gobierno para impulsar procesos de persecución política contra opositores. Mallón también comentó que ahora, con la aprehensión de Patty, “se volcó la tortilla”.

La senadora pidió a la justicia que maneje el caso “con objetividad”, a diferencia de lo que ocurrió en gestiones anteriores.

Al ser trasladada a las oficinas policiales tras su declaración, Patty evitó hacer comentarios, aunque insistió en su inocencia. Mientras tanto, algunas personas en el lugar gritaban “corrupta”.

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La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue aprehendida en la mañana del 5 de diciembre de 2025, cuando se dirigía a la Fiscalía para prestar su declaración informativa. Esto se debe a supuestas irregularidades en un proyecto de cultivo de tomates que fue financiado por el Fondo Indígena.

Pruebas de inocencia

Nina mencionó que “los documentos van a hablar la verdad material de los hechos de este tema”. Aseguró que se demostrará, en la etapa investigativa, la inocencia de Lidia Patty.

El abogado también destacó que desde 2012, Patty había exigido una auditoría sobre este asunto y aseguró que no ha recibido un solo centavo del proyecto. Cuestionó: “¿Por qué esperaron hasta 2025?” y subrayó que su defendida cuenta con copias de los depósitos, firmas y fotografías que respaldan su posición.

Compromiso de defensa

“Lidia Patty se va a someter a este proceso y va a presentar todas las pruebas de descargo”, afirmó Nina. La exlegisladora declarará en quechua y ha presentado una acción de libertad para revertir su aprehensión.

Nina consideró que el acto de aprehensión es arbitrario, señalando que Lidia Patty ya había sido citada previamente. “Creemos que hay un procedimiento indebido”, agregó el abogado.

Contexto del caso

En cuanto al contexto del caso, se ha evidenciado una auditoría realizada el 5 de noviembre de 2025, que resulta contradictoria con otra auditoría que se llevó a cabo en 2012. También se menciona que deberían ser convocados los exdirectores involucrados en el proyecto, así como el expresidente Luis Arce, debido a las irregularidades que ocurrieron durante su mandato.

Según Nina, “el Estado ha establecido lo siguiente: verdad material sobre lo formal”.

/LA PATRIA

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El procedimiento se realizó en colaboración con efectivos de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). El objetivo de esta acción fue reunir documentación relacionada con el caso que se está investigando.

Proyectos observados

El fiscal Miguel Cardozo recordó que hay un total de 8 proyectos que han sido observados. Estos proyectos deberían haber beneficiado a 8 comunidades, según la información proporcionada por Erbol.

“Entre los investigados se encuentra Lidia Patty, a quien se le habrían realizado diferentes depósitos en sus cuentas bancarias”, añadió el fiscal. El proceso en su contra se basa en el delito de incumplimiento de contratos, entre otros cargos.

No hay orden de aprehensión

Por el momento, Cardozo aclaró que no se ha emitido ninguna orden de aprehensión contra la exdiputada. Esto significa que, hasta ahora, no se ha tomado ninguna medida de detención en su contra.

Contexto del caso

Lidia Patty fue la persona que denunció el denominado caso Golpe de Estado, que tuvo lugar en 2019, durante la crisis política y social que enfrentaba el país. Su papel en esos eventos ha sido significativo y ha marcado su trayectoria política.

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Investigación del Ministerio Público

La Fiscalía Especializada Anticorrupción, liderada por el fiscal Miguel Cardozo, ha comenzado las diligencias investigativas pertinentes. Un requerimiento fiscal emitido el 17 de noviembre instruye a la Policía para que designe un investigador que continúe con el caso.

Delitos en investigación

Lidia Patty Mullisaca está siendo investigada por varios delitos relacionados con la gestión de recursos públicos. Entre estos se incluyen incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica.

El denunciante en este nuevo proceso es el propio Fondo Indígena. El fiscal Cardozo ha solicitado que se actúe con “máxima diligencia” por parte del investigador asignado, exigiendo un informe de resultados en un plazo de 5 días.

Antecedentes del caso

Lidia Patty fue mencionada en el informe inicial de la Contraloría General del Estado, que destapó el escándalo hace 10 años. Según este informe, Patty, en su rol como representante legal de la Federación de Mujeres “Bartolina Sisa”, estaba a cargo del proyecto “Producción de Miel en Trece Comunidades del Trópico de la Provincia Bautista Saavedra del Departamento de La Paz”.

A pesar de que Patty admitió en 2021 que los proyectos no se finalizaron, ella responsabilizó a exdirectores del Fondioc por esta situación.

El escándalo del Fondo Indígena

El caso del Fondo Indígena se hizo público en febrero de 2015, tras un informe de la Contraloría que identificó 153 obras no ejecutadas o “fantasmas”, lo que generó un daño económico al Estado estimado en 71 millones de bolivianos.

La controversia se intensificó al incluir en la lista de implicados a destacados dirigentes y exfuncionarios vinculados al MAS, el partido al que pertenece Lidia Patty.

Desarrollo del juicio

Después de más de 10 años de litigio, en julio de 2025, la Fiscalía presentó una acusación formal contra 15 personas, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, para iniciar el juicio. Las penas solicitadas para los acusados pueden alcanzar hasta 8 años de prisión.

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El Gobierno peruano manifestó su descontento cuando Patty fue designada, considerándola no apta para desempeñar un cargo diplomático. Además, criticaron que comenzara a ejercer funciones sin recibir sus credenciales correspondientes emitidas por ese país.

Otro motivo por el cual Perú rechazó el nombramiento fue porque varios políticos la consideraron una operadora del expresidente Evo Morales. Acusaron a Morales de injerencia en asuntos de Estado y colaboración en las protestas contra la mandataria Dina Boluarte.

Ante esto, el Gobierno boliviano ordenó el repliegue inmediato de Patty, quien regresó al país asegurando que su situación era un tema netamente de discriminación.

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Astorga critica la falta de capacidad del Gobierno para elegir personas adecuadas

Según Astorga, el Gobierno insiste en darle un trabajo a Patty y la designó como Cónsul de Bolivia en Puno a pesar de no tener la preparación correspondiente y ser una persona conflictiva por haber montado la falsa teoría del golpe de Estado.

El legislador indicó que el Gobierno demuestra falta de capacidad para elegir personas adecuadas para representar al país a nivel internacional y que la designación solo fue para hacer pasar un mal momento al país. El único lugar donde realmente será aceptada es en el museo de Orinoca.

Diputado Rolando Cuellar califica sugerencia como acto discriminatorio

Por otro lado, el diputado Rolando Enrique Cuellar, miembro del bloque “renovador” del MAS, calificó la sugerencia de Astorga como un acto discriminatorio y sugirió a Patty iniciar una demanda penal. Cuellar afirmó que la exdiputada merecía estar como cónsul en Puno, pero debido a acciones de la “derecha” boliviana y peruana tuvo que retornar al país.

Diputado oficialista del MAS defiende a Patty

Asimismo, Zacarías Laura, diputado oficialista del MAS, calificó el rechazo peruano hacia Patty como un hecho discriminatorio. Aseveró que aunque no tenga formación diplomática tiene toda la capacidad para sobrellevar el cargo debido a su experiencia parlamentaria previa. Cuestionó el racismo presente en Perú y afirmó que se realizarán las respectivas representaciones ante instancias internacionales para denunciar el presunto hecho de discriminación contra Patty.

Cancillería instruye a cónsul en Puno que se repliegue a La Paz

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores instruyó a la cónsul en Puno que se repliegue a La Paz después de que la Cancillería peruana comunicara a la Embajada de Bolivia que su nombramiento debía ser dejado sin efecto debido a una infracción del artículo 12 de la Convención de Viena.

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Además, otros dos ex vicecancilleres denunciaron que, la exdiputada del oficialismo está operando sin credencial oficial para misiones diplomáticas.

La semana pasada se dio a conocer que Patty fue nombrada como cónsul de Bolivia en Perú. La oposición calificó el nombramiento como un premio consuelo, por ser la denunciante de los juicios golpe de Estado I y II.

Gonzales declaró a RPP Noticias: “El Gobierno debió negar ese nombramiento desde el primer día que llegó, ya que es una insolencia y una falta de respeto al Perú. La señora que ha sido nombrada es una agitadora política del Gobierno anterior liderado por Evo Morales; ella es la persona que denunció por sedición y terrorismo a la expresidente Jeanine Añez y pidió su encarcelamiento, lo cual finalmente ocurrió”.

Por su parte, los exvicecancilleres del Perú Eduardo Ponce y Hugo de Zela declararon a Perú21 que, Patty tenía que esperar a que la Cancillería peruana le otorgara la credencial diplomática para comenzar a trabajar, en cumplimiento del artículo 12 de la Convención de Viena.

Patty llegó a su despacho el 1 de junio; el martes 6 se envió la solicitud para credencial y posteriormente ingresó el trámite para su evaluación el jueves 8. En esta etapa no existe un tiempo determinado para que le entreguen el documento.

Una funcionaria del consulado de Bolivia en Puno declaró también a Perú21 que, la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) estaba revisando documentos en el Consulado y tiene otras tareas autorizadas.

Todos los excancilleres indicaron que el Gobierno del Perú debería rechazar la solicitud de la credencial diplomática, ya que representa un acto de provocación política.

Patty aún no se pronunció al respecto; sin embargo, cuando corrían los rumores de que sería nombrada como embajadora en Paraguay, desestimó su falta de experiencia y aseguró que es un trabajo sencillo que cualquiera podría realizar.

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El Testimonio Notarial fue realizado en fecha 15 de mayo, donde señala que faculta a la apoderada a realizar todo acto no previsto en forma específica respecto a diferentes entidades, autoridades y oficinas en sus diferentes instancias, nacional departamental y/o regiones que sean requeridas para su materialización respecto al proceso.

Representación indígena originaria

Este lunes 5 de junio, Patty afirmó que viajó representando a los pueblos indígenas originario campesinos y que se deben aplicar los tratados y normas referidas al tema de relaciones internacionales, como el Convenio de Viena. Asimismo, agradeció al presidente Luis Arce Catacora por mandar una representante indígena originaria como Cónsul.

Sobrina presenta apersonamiento ante Fiscalía

El apersonamiento de la sobrina fue presentado el 01 de junio ante la Fiscalía bajo el patrocinio del abogado Jorge Nina, quien representa también a la exdiputada en el caso “Golpe l”. Nina señaló que la ley no impide dejar como apoderada a un familiar y enfatizó que la joven es mayor de edad. De tal modo, el abogado de Jeanine Añez, Luis Guillen consideró que la familia de Patty solamente será dirigida o utilizada en este proceso.

Lidia Patty ya no puede seguir adelante con el proceso

Patty comenzó el proceso contra Luis Fernando Camacho y otros implicados por el delito de terrorismo a finales del año pasado. Desde entonces se realizó la aprehensión de Jeanine Añez, dos exministros, exjefes militares y el Gobernador de Santa Cruz. Sin embargo, a partir de junio, Lidia Patty es Cónsul de Bolivia en Puno, por lo que ya no podrá seguir adelante con el proceso de manera presencial en el país.

La entrada Lidia Patty deja como apoderada a su sobrina de 19 años para seguir el caso “Golpe l” se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“Considero que cumplo con todos los requisitos: nunca he tenido militancia política, lo cual puede certificar el Órgano Electoral, y también cumplo con la situación ético-moral”, manifestó.

Según Valdez, si bien hay requisitos legales considerados un poco exagerados, los cumplirá para ser candidato a magistrado y presentar su postulación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Indicó que el TSJ está en una total decadencia y que necesita en este momento de un orden y normas ético-morales, según informó Erbol.

“He visto en la práctica profesional, en el ejercicio de la profesión libre como jueces, vocales, fiscales, emiten resoluciones aberrantes, benefician a autoridades que son impunes. Vemos como la justicia está en su peor momento y consideramos que nosotros, siendo gente nueva, podemos aportar en grande”, dijo.

Reveló que a lo largo de su trayectoria, fue autoridad de la Universidad Pública de El Alto; vocal del Tribunal Electoral Departamental de La Paz y el Tribunal Supremo Electoral; docente; asesor de Derechos Humanos; además de abogado patrocinante de procesos de interés y connotación nacional, como el caso golpe de Estado I y el de terrorismo donde estaba incluido Evo Morales y Faustino Yucra.

Sobre los conflictos del 2019, Valdez sostuvo que la expresidente, Jeanine Añez, en ningún momento tuvo la credencial de primera mandataria, por lo tanto jurídicamente ella no fue Presidente.

“Desde un punto de vista jurídico es el rompimiento del hilo constitucional, por tanto ese es un golpe de Estado”, ratificó.

/NVY

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“Estoy a predisposición, pero se equivocan cuando hablan de testigos; en el caso mío soy una víctima directa, en tal calidad veré jurídicamente lo que corresponde”, refirió.

Sin embargo, Romero, explicó que, respecto al exmandatario Evo Morales y Álvaro García, no les corresponde a que sean convocados a declarar como testigo de Camacho, porque es un despropósito.

Posteriormente, señaló, que es una falta de respeto para Morales ponerlo de testigo de Camacho.

El exministro de Gobierno, afirmó ser una víctima, sobre el caso de Golpe de Estado l, al igual que Evo Morales, él ha tenido que salvar su vida y evitar un baño de sangre saliéndose del país.

“No somos testigos, somos víctimas”, reiteró.

Por otro lado, Romero, evitó opinar de Juan Quintana, quien también fue convocado a declarar por Patty, explicó, que no habla con él, hace dos años.

Este caso de Golpe de Estado aún continua en investigación, por los hechos que llevaron a la renuncia de Evo Morales en 2019. Los supuestos involucrados serian Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez que actualmente están detenidos preventivamente, en la cárcel de Chonchocoro y de Miraflores, respectivamente.

En ese entonces, Romero era Ministro de Gobierno en el Gobierno de Morales, cuando la Policía se amotinó y solicitó la renuncia del mandatario, que derivaría en conflictos sociales a consecuencia del fraude electoral de ese año.

/NMCC

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Fue el abogado de la exlegisladora, Jorge Nina, quien señaló que la declaración de García Linera, es de mucha importancia para esclarecer los hechos de 2019.

Según el jurista, en caso de no presentarse el expresidente, se solicitó la aplicación del artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, el cual está referido a la aprehensión.

Nina aclaró que la solicitud se presentó de manera virtual en esta jornada y que se espera la respuesta del Ministerio Público.

NO PIDE CITAR A EVO

Si bien en la denuncia de este caso figuran las exautoridades, Evo Morales y García Linera, como víctimas, el abogado de Lidia Patty indicó que aún no se está pidiendo la toma de declaración del expresidente.

Explicó que no se pidió citar a Morales por estrategia jurídica y aseveró que se está esperando los resultados de los actos investigativos, para analizar la pertinencia, sin embargo, la decisión para convocar a declarar es del Ministerio Público.

En este caso, se investigan los hechos que llevaron a la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera en 2019.

En este proceso, están detenidos Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho, entre otras autoridades.

/NVY

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En diciembre de la gestión 2022, la comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores propuso el nombre de Lidia Patty, para asumir el cargo de embajadora en la República del Paraguay, puesto que en 2021 dejó Mario Cronenbold.

Esta posibilidad, fue bastante criticada por la oposición en el país, porque entienden que para ocupar este tipo de cargos, deben tener una carrera diplomática, inclusive asegurando que el parlamento del Paraguay rechazaría esta designación.

Por su lado, la exdiputada remarcó que es tuición del Gobierno de Luis Arce su posible designación, reconociendo además que existen leyes y normas para ejercer la función diplomática como cónsules o embajadores.

“Siempre debemos estar todos listos (para) cuando nos puede llegar el momento de ejercer”, remarcó Patty.

Recordemos que en abril de 2021, Lidia Patty postuló a la Defensoría del Pueblo, pero en esa oportunidad no cumplió con los requisitos establecidos, porque tiene militancia política, además fue candidata en las elecciones anteriores.

El tema de la designación del nuevo embajador en Paraguay se debe tratar en total reserva, pero una posible designación de Patty podría oficializarse en próximos días.

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En el proceso impulsado por Patty, Morales y García Linera figuran como víctimas, argumentando que supuestamente fueron obligados a renunciar en 2019; y desde el inicio del caso aún no fueron convocados, reportó la red Erbol.

“Que vengan las víctimas, nuestro hermano Evo Morales y García Linera. Es para agilizar, nos tienen que ayudar, no pueden obstaculizar”, manifestó Patty.

Los acusados en este caso, son investigados por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales y la asunción de la expresidente Jeanine Añez al cargo; por lo que fueron implicados: la exmandataria, exjefes militares, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, entre otros.

“Siempre han dicho que han sido torturados, que solos se han quedado, por eso han renunciado, todo eso tienen que declarar (Evo y Álvaro)”, sostuvo.

Asimismo, instó a que las exautoridades deben presentarse sin necesidad de una notificación, afirmando que tienen las garantías necesarias.

“Que vengan a declarar a esta Fiscalía, nadie no va decir nada, tienen la mayor garantías para venir a declarar (…) Tienen que venir ellos, creo que nunca puedan traicionar, por eso sí o sí tienen que venir a declarar”, concluyó.

/JDLF/

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/ LMPT

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Patty mencionó como involucrados a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge “Tuto” Quiroga; y al empresario Samuel Doria Medina, afirmando que en estos momentos supuestamente deben estar correteando. 

“Tiene que ir la justicia detrás de esas personas que han desestabilizado el Gobierno, que han financiado para desestabilizar”, manifestó en contacto con LA PATRIA en La Paz. 

Asimismo, uso como ejemplo el caso del alcalde paceño, Iván Arias, indicando que supuestamente saqueó el yacimiento de los bolivianos y ahora es autoridad. 

“Todos los que han hecho daño económicamente al país tienen que pagar”, subrayó. 

En lo que respecta al gobernador cruceño afirmó que enviaron un memorial pidiendo su detención preventiva en el penal de Chonchocoro, argumentando que tienen miedo a que se escape.

/JDLF/

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El representante del Conade, también reclamó que Patty confirmó recibir recursos económicos por los juicios Golpe de Estado I y II, y presumió que debe seguir recibiendo esos ingresos por sustentar esas acciones judiciales.

De igual forma, el activista manifestó que sería un mal antecedente para el país enviar a Patty como representante a Paraguay, ya que Bolivia tiene un mal episodio con el exembajador, Mario Cronenbold, quien recibió fuertes críticas por publicar un video polémico en redes sociales.

En su lugar, Morales sugirió que se envíe al país vecino un representante con carrera diplomática, debido a que Patty será rechazada por el Parlamento paraguayo por unanimidad, según informó la Agencia de Noticias Fides.

La propuesta de nombrar a Patty como embajadora, debe ser analizada y abordada en una sesión de comisión y posteriormente será remitida a la Cámara de Senadores, donde se prevé que será tratada de forma reservada. Por ahora, solo se conoce que esta posibilidad está siendo evaluada por la bancada oficialista.

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“El sindicado Luis Fernando Camacho actualmente está de nuevo realizando los mismos actos que ha realizado el 2019 en la ciudad de Santa Cruz. Todos estos actos podrían ser frenados por el Ministerio Público si este actuará con objetividad, si es que habría cumplir el Código Penal y este sindicado estuviera recluido en un centro penitenciario”, señaló Nina.

El jurista anunció que en una próxima audiencia pedirá al juez de la causa que conmine al Ministerio Público a actuar contra Camacho, según informó Erbol.

El caso Golpe I lleva casi dos años de investigación y la Fiscalía aún no logró tomar la declaración del principal denunciado, Luis Fernando Camacho.

Nina consideró que la Fiscalía realiza un trabajo muy lento, puesto que aún no tomaron la declaración de Camacho y no imputaron a José Luis Camacho, padre del Gobernador, quien también está denunciado en el caso Golpe I.

Pidió públicamente al Fiscal General que se cite al gobernador y que se emita una resolución conclusiva de la investigación.

DETENIDOS POR EL CASO

En el casi denominado Golpe l, están con detención preventiva la expresidente Jeanine Añez, dos de sus exministros y exjefes militares.

Recientemente, la justicia amplió hasta enero de 2023 la detención preventiva del almirante Flavio Arce, quien era jefe del Estado Mayor en 2019, mientras que el 16 de noviembre se debe tratar si se prolonga la prisión de Jeanine Añez.

Se investiga el delito de terrorismo, por los hechos de noviembre de 2019, que llevaron a la renuncia del expresidente, Evo Morales, a la presidencia.

/NVY

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“Mi cliente va a volver a presentar un memorial solicitando a la Fiscalía tomar las declaraciones a Luis Fernando Camacho en calidad de sindicado en la ciudad de La Paz. Todos los bolivianos somos iguales ante la ley y el gobernador debe ser tratado igual que una persona humilde, en este sentido tiene la obligación de declarar ante el director funcional de las investigaciones y en este caso es La Paz“, señaló el abogado en contacto con la ANF.

Además, manifestó que existe un decreto supremo que fue promulgado en el Gobierno de Evo Morales y que establece que los delitos de terrorismo deben ser investigados en la ciudad de La Paz, por lo tanto el jurista considera, que el gobernador de Santa Cruz debe llegar a prestar su declaración.

El pasado 11 de julio una comisión de fiscales viajó de La Paz a Santa Cruz para tomar las declaraciones al gobernador de ese departamento por el caso “golpe de Estado I”, pero el acto fue suspendido debido a unas supuestas amenazas de muerte que recibieron los funcionarios del Ministerio Público. Desde esa fecha no se volvió a reprogramar las declaraciones de Camacho y tampoco se iniciaron las investigaciones sobre las amenazas.

Para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la suspensión de su audiencia por el caso denominado “golpe de Estado I” es una “chicanería”.

Mediante su cuenta en Twitter, Camacho afirmó que “es el típico recurso de la justicia masista: La dilación, la chicanería y el jugar al desgaste”.

La expresidente, Jeanine Añez también está incluida en este proceso, junto a otras exautoridades y excomandantes. La exmandataria ya tiene una sentencia a diez años de cárcel por el caso “golpe de Estado II”.

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La principal impulsora de los juicios por el supuesto golpe de Estado informó sobre esta determinación en declaraciones a la Agencia de Noticias Fides.

“Las víctimas somos mi persona, el expresidente Evo Morales y García Linera, exvicepresidente. Ellos tienen que ser convocados (a declarar), seguro ya van a ser convocados cuando esté la acusación formal, está en manos de la Fiscalía, eso se va a hacer si o sí. Así está planteado, como víctimas tienen que venir a declarar”, declaró.

La exparlamentaria recordó que hace más de una año y medio presentó la denuncia ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración. En el proceso penal figuraban la expresidente Jeanine Áñez, así como el gobernador Luis Fernando Camacho y otros políticos opositores.

“Hemos presentado para que convoquen a los testigos y para que convoquen a las víctimas. Nosotros después hemos mandado los memoriales, hemos empezado a trabajar, pero la Fiscalía lo ha dejado hasta el momento no sé, eso ellos nomás saben cómo manejan la justicia. Yo no decido, no soy juez, no soy fiscal”, manifestó Patty.

En el transcurso de esta semana declararon en calidad de testigos ante el Ministerio Público, el exlíder del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari; el empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina; el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga; y el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Carlos Alarcón.

La semana pasada declaró el exasesor de Carlos Mesa, Ricardo Paz Ballivián y para los próximos días están previstas las declaraciones del exlíder cívico cruceño y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, además de su padre, José Luis Camacho.

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El secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, resaltó que actúan “a la luz de evidencias”, por lo que explicó que se basan en elementos materiales para ampliar o comenzar las investigaciones.

“La esfera política no la queremos mezclar con la esfera jurídica. Es decir, mucho se puede decir en el ámbito mediático, en el ámbito político, pero nosotros, insisto y reitero, y que por favor quisiera que quede claro para nuestra población, nosotros actuamos a la luz de las evidencias, a la luz de los elementos de convicción, a la luz de los elementos materiales que empezamos a captar dentro de los diferentes procesos de investigación que vamos realizando”, manifestó.

Respecto a la posibilidad de ampliar la investigación contra Rivero y Salvatierra, indicó que la estrategia de los fiscales dará luces para cumplir con todas las acciones que sean necesarias, reportó la red Erbol.

Pedido de Patty

Patty instó a que se investigue a las exasambleístas por reunirse con opositores en noviembre de 2019 en la Universidad Católica de La Paz, donde se trató el tema de la sucesión constitucional.

Pese a su solicitud, descartó presentar denuncia y dejó en criterio de la Fiscalía definir si ampliaba la investigación.

Postura de Rivero

Por su parte, Rivero se pronunció en redes sociales y aseveró que está lista para asumir defensa, resaltando que cumplió con su deber constitucional en 2019.

En tanto, Salvatierra no dio declaraciones públicas al respecto, siendo su último post, la noticia de la llegada de su hijo.

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La citación tiene fecha de emisión del pasado 28 de junio. El documento señala que el Gobernador debe presentarse el 12 de julio a las 10:00 horas en dependencias de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.

El pasado 7 de julio el fiscal de La Paz, Willam Alave, solicitó una cooperación directa al Ministerio Público cruceño para notificar con la citación a Luis Fernando Camacho y su padre, José Luis Camacho.

El Gobernador y su padre son los principales denunciados dentro de este caso, que se inició hace casi dos años por denuncia de la exdiputada Lidia Patty.

Anteriormente, Camacho ya fue citado a declarar en octubre de 2021 en La Paz, sin embargo, entonces se registraron amenazas a la integridad física del Gobernador. La Fiscalía había suspendido la comparecencia, bajo el argumento de que falta la declaración de José Luis Camacho.

El caso “Golpe I” se desarrolla por el delito de terrorismo, debido a los hechos que llevaron a la renuncia del expresidente Evo Morales y la asunción de Jeanine Añez en 2019.

La semana pasada la comisión de fiscales que investiga el denominado caso “golpe I” observó la ampliación de denuncia que presentó Patty contra los líderes y políticos de oposición como Carlos Mesa, Jorge “Tuto” Quiroga, Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina, exministros del gobierno de Jeanine Añez, Waldo Albarracín y otros, por los delitos de seducción de tropas, instigación pública a delinquir y alzamiento armado.

El abogado de la exdiputada Lidia Patty, Víctor Nina, informó en pasadas horas que se presentarán nuevas pruebas como fotografías y documentos, así como testigos para subsanar la ampliación de denuncia en el caso “golpe I”.

Por este caso, Jeanine Añez, dos exministros y exjefes militares cumplen detención preventiva.

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La autoridad señaló que las exasambleístas presuntamente participaron de los diálogos de pacificación tras la renuncia de Evo Morales y según su criterio actuaron de forma correcta y apegada a la norma, durante las reuniones en instalaciones de la Universidad Católica de Bolivia (UCB) en La Paz.

“No (deberían ser parte de la investigación). Ellas han actuado de manera correcta, constitucional, y no hay ninguna posibilidad que ellas sean involucradas en una investigación penal, cosa diferente es que acudan a declarar como testigos, como ya lo han hecho”, indicó.

Solicitud de Lidia Patty

La pasada jornada, fue la exdiputada del partido de Gobierno, Lidia Patty, quien pidió ampliar el proceso contra Rivero y Salvatierra por “traición” al haberse sentado con el supuesto “enemigo” (oposición) en medio de la convulsión social que vivía el país, reportó el diario El Deber.

Al respecto, Lima pidió “prudencia” frente a algunas declaraciones que no tienen respaldo legal, además resaltó que Patty no toma las decisiones en el proceso por el caso denominado “golpe I”.

“Lidia Patty no decide quién va declarar, quien define es el Ministerio Público, que es la autoridad que está llevando adelante el proceso”, aseveró.

Asimismo, explicó que el pedido de la exlegisladora del MAS fue observado por la Fiscalía y que la mayoría de los convocados a declarar en esta semana dentro de esa causa, tienen el carácter de “testigos”.

“La mayoría de los que fueron a declarar son testigos, se los convocó para confirmar o dar la versión sobre los hechos, y solo dos son convocados a declarar como sindicados, Luis Fernando Camacho y su padre, en su caso, el Ministerio Público ya está habilitado para emitir una imputación formal”, explicó la autoridad en contacto con radio Fides.

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Patty consideró que Rivero y Salvatierra cometieron traición al reunirse en noviembre de 2019 con opositores, durante los diálogos realizados en la Universidad Católica donde se trató el tema de la sucesión presidencial. También les reprochó sus renuncias presentadas en ese periodo.

Montaño aseveró, mediante su cuenta de Twitter, que Rivero y Salvatierra “pusieron y ponen el pecho a las balas en los más duros momentos”.

Le recordó a la vez en la que defendieron a Patty de una agresión física en la Asamblea Legislativa Plurinacional (CPE), sin dudar ni un minuto en hacerlo.

“Recuerdo perfectamente el momento en que Susana Rivero se enfrentó al bravucón de la derecha que agredió físicamente a Lidia Patty cuando éramos diputadas”, sostuvo.

Montaño manifestó que se equivocan quienes pretenden enfrentar y dividir a las exparlamentarias.

“Para mí lo central es que quienes asesinaron a Bolivia durante el golpe de estado vayan a la cárcel, quienes tomaron el poder por asalto para robar y abusar no sean impunes. Memoria, verdad y justicia. Eso no se construye golpeando a otras víctimas con acusaciones absurdas”, finalizó.

/SVL

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“Hay un cronograma de citaciones y entiendo que están programadas para la siguiente semana la prestación de las declaraciones del señor Camacho (…) Entiendo que ya está programado para la siguiente semana tanto del señor Camacho padre y del señor Camacho hijo”, manifestó el Fiscal General.

Luis Fernando Camacho es el principal denunciado en el caso “Golpe de Estado I”, sin embargo a casi dos años de la presentación de la querella, la Fiscalía no tomo su respectiva declaración.

Por su parte la Fiscalía había citado a Camacho en 2021 para declarar en La Paz, pero en octubre la comparecencia fue suspendida bajo el argumento que aún no había prestado su testimonio el padre del gobernador.

Por otro lado la denunciante del caso “Golpe I”, Lidia Patty, criticó en reiteradas oportunidades que la Fiscalía no tomó la declaración a Camacho, tomando en cuenta que la querella fue presentada ya en noviembre de 2020.

Por este caso, Jeanine Añez, dos exministros y exjefes militares cumplen detención preventiva.

El caso “Golpe I” se desarrolla por el delito de terrorismo, debido a los hechos que ocasionaron la renuncia del exmandatario Evo Morales y la asunción de Añez en 2019.

/ABH

La entrada Camacho presentará su declaración la siguiente semana según la Fiscalía se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El jurista además, espera que el Ministerio Público admita ampliar los tres delitos contra los líderes políticos de oposición.

“Dando cumplimiento a cabalidad con lo señalado por la Fiscalía el día de mañana (jueves) se presentará el memorial de corrección y aclaración en tiempo, moda y forma. Se van a presentar nuevos elementos de convicción que generen que hay materia justiciable como declaraciones testificales, documentales y pruebas fotográficas”, detalló Nina en contacto con la ANF.

La semana pasada la comisión de fiscales que investiga el denominado caso “golpe I” observó la ampliación de denuncia que presentó Patty contra los líderes y políticos de oposición como Carlos Mesa, Jorge “Tuto” Quiroga, Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina, exministros del gobierno de Jeanine Añez, Waldo Albarracín y otros, por los delitos de seducción de tropas, instigación pública a delinquir y alzamiento armado.

El abogado también aclaró que se logró individualizar la participación de cada sindicado y que se adjuntarán nuevas pruebas como fotografías donde se ven a los denunciados en diferentes reuniones que sostuvieron los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 y se presentará una lista de testigos para que sean convocados a declarar.

“No se puede develar a cuantos testigos presentaremos porque tememos miedo que puedan ser amedrentados, pero si podemos asegurar que estuvieron en los días de conflictos. Y ellos van a reafirmar la teoría del caso y las fotografías están también relacionadas con el hecho”, señaló la defensa legal de Lidia Patty.

/HNF/

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Patty considera que en noviembre de 2019 ambas exparlamentarias se reunieron con los líderes de oposición en la Universidad Católica para definir la asunción a la presidencia de Jeanine Áñez.

“Deben ser procesadas ellas también, hemos jurado encima de la Constitución a defender a nuestra patria, ellas por qué tenían que renunciar, tienen que ser juzgadas. No nos podemos traicionar entre nosotras. Si con Jorge ‘Tuto’ Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina se han sentado tomando tecito, eso es pues una traición. No se puede sentar con un enemigo”, señaló la exlegisladora.

Además consideró que el exvicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, debería haber asumido la presidencia del país en 2019, por sucesión constitucional, después de la renuncia de Evo Morales; pero si ambos renunciaban, estaba Salvatierra, en ese entonces presidente de la Cámara de Senadores.

Según Patty, ambas personas deben ser procesadas por ir a la Universidad Católica Boliviana para participar de reuniones con políticos de la oposición y del oficialismo, además de organismos internacionales.

“El caso está en manos de la Fiscalía y de acuerdo a sus normas, que manejan jurídicamente, tienen que hacer su trabajo porque es de interés del pueblo boliviano, no me pueden mirar a mi nomás que haga todo. Pero, vamos a hablar con mi abogado”, señaló la exdiputada a la consulta de que si ampliará la denuncia en el caso “golpe I” contra Salvatierra y Rivera.

SALVATIERRA

En 2019, la exparlamentaria, renunció a la presidencia del Senado tras la dimisión de Morales a la presidencia, el 10 de noviembre de ese mismo año. La exsenadora participó en las reuniones convocadas por la Iglesia Católica, para el proceso de transición y pacificación del país, junto a Rivero.
El 28 de junio de 2021, Salvatierra se presentó voluntariamente a declarar ante el Ministerio Público por el caso “golpe de Estado I” y calificó de ilegal la posesión de la exmandataria Jeanine Áñez.

RIVERO

El 18 de junio de 2021, la exdiputada del MAS, Susana Rivero, también se presentó de forma voluntaria a declarar en el mismo caso y en la oportunidad mostró pruebas de que nunca hubo “vacío de poder” en 2019 porque ella habría renunciado a la Cámara Baja dos días después de la asunción de Áñez.

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En junio reciente, Jorge Nina, abogado de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, informó que presentó ante la Fiscalía un memorial de denuncia ampliatoria contra Albarracín y otros políticos de la oposición por el caso “Golpe de Estado I”.

El jurista afirmó que se advirtió la participación de otras personas que acompañaron a Áñez en el “golpe” y ejecutaron varios delitos como instigación pública a delinquir, atribuirse los derechos del pueblo o la seducción de tropas, entre otros.

“El supuesto abandono de mujer embarazada, nunca me ha preocupado porque estaba consciente y seguro de los resultados que iban a dar las pruebas de ADN, lo que sí me preocupa es el quererme involucrar en hechos de un supuesto golpe de Estado, que jamás he participado y que sí hay la decisión política de encarcelarme, ese es el motivo por el que yo me mantengo a buen recaudo”, manifestó Albarracín.

Asimismo, señaló que desde la denuncia en su contra por el caso “Golpe de Estado I”, estuvo a buen recaudo, ya que hay interés del partido de Gobierno de meterlo preso, según informó Erbol.

“Entonces, hay una posibilidad permanente de provocar una acción penal en mi contra, (esta vez) sobre los supuestos hechos de golpe, en los cuales jamás he participado. Por tanto soy un perseguido político”, apuntó Albarracín durante una entrevista con la red Unitel.

En la crisis de 2019, que terminó con la renuncia de Evo Morales y la sucesión de Jeanine Áñez mediante un cuestionado proceso de transición, Albarracín fue uno de los personajes que impulsó las movilizaciones cívicas.

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La querella que presentó la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, fue observada porque los nuevos acusados no están individualizados en cuanto a los supuestos delitos que cometieron. Sin embargo, la Fiscalía otorgó un plazo de 48 horas para que estas observaciones sean subsanadas.

“Se tiene presente el memorial de denuncia formulada por la señora Lidia Patty Mullisaca. Sin embargo, con carácter previo a considerarla, deberá individualizar la conducta de todas y cada una de las personas contra las cuales se solicita se amplíe la investigación, además de subsumirlas a los tipos penales que señala”, se lee en una parte conclusiva del memorial de la Fiscalía.

El pasado 28 de junio el abogado de la exdiputada Lidia Patty, Jorge Nina, informó que se presentó ante la Fiscalía un memorial de denuncia ampliatoria sobre el caso golpe I.

“Por la gravedad de los hechos denunciados para que los mencionados sean habidos y comparezcan por los actos descritos ante su autoridad y con la finalidad de cumplir con los requisitos formales solicito ordene su aprehensión directa”, se lee en el memorial de ampliación de la parte demandante.

En la ampliación se solicitaba incluir dentro de la investigación al exmandatario Jorge Quiroga; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el exrector de la UMSA, Waldo Albarracín; y el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina; y el exviceministro de Coordinación Gubernamental del gobierno de Jeanine Añez, Israel Alanoca y el expresidente Carlos Mesa.

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La citación se da horas después de que la exdiputada Lidia Patty del Movimiento Al Socialismo (MAS), se sumara a los familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata para ampliar la denuncias por este caso en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Waldo Albarracín, según informó Erbol.

Ante este hecho, los nuevos acusados solicitaron incluir en el proceso a la expresidente del Senado Adriana Salvatierra y la segunda vicepresidente de Diputados Susana Rivero, ambas del MAS, que renunciaron a sus funciones en noviembre de 2019, tras la dimisión de Evo Morales y de Álvaro García Linera.

El memorial enviado por la Fiscalía para ampliar la acusación contra los líderes de la oposición señala que con el fin de esclarecer y sancionar a los responsables de los hechos ilícitos, solicitó la ampliación de la denuncia por los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía, atribuirse derechos del pueblo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir en el grado de autores, en contra de los mencionados anteriormente.

Entre tanto, la Fiscalía General comunicó oficialmente a los medios nacionales que la ampliación de la investigación en contra de los opositores está “en análisis”, pero los fiscales Omar Mejillones y Carmelo Laura, en base al caso Golpe I (terrorismo, sedición y conspiración) citaron a Ricardo Paz, a declarar como testigo, según informó Erbol.

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“Solicito se ordene la aprehensión directa, conforme el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, en contra de: Carlos Mesa Gisbert; Jorge Quiroga Ramírez; Waldo Albarracín; Israel Alanoca y Luis Fernando Camacho, y la misma sea emitida con facultades de allanamiento y habilitación de horas extraordinarias para que puedan comparecer ante su autoridad”, señaló el requerimiento solicitado por Paty a la Fiscalía, documento publicado por Bolivia TV.

También en el documento está suscrito que se pueda citar en calidad de testigo a Rubén Aldo Ramos Machaca, supuesto “amigo leal” de los ahora sindicados.

Ademas pidió a la Dirección General de Migración que disponga “de inmediato” la alerta migratoria contra Jeanine Añez, Samuel Doria Medina y los políticos antes citados.

A mediados de este mes, Patty impulsó el proceso penal contra la expresidente Añez y ahora anunció que quiere presos a los seis políticos por el caso “golpe de Estado I”.

La exdiputada del MAS manifestó que estará a diario “detrás de los fiscales” asignados al caso para que emitan los mandamientos de aprehensión y la citación a los testigos, entre otros requerimientos judiciales con el fin de activar el proceso en contra de los políticos.

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El jurista señaló que para el exministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Álvaro Coimbra, también se amplió la medida preventiva.

“El juez ha acogido el pedido presentado por el Ministerio Público y se ha ampliado la detención preventiva e investigativa por el término de tres meses para la señora (Jeanine) Añez y también para el señor (Álvaro) Coimbra”, aseveró.

Asimismo, reveló que la Fiscalía cambió sus representantes, indicó que el fiscal Omar Mejillones ya no está en el caso, por lo que otro asumió la investigación.

“Lo que extraña y llama la atención es el cambio de fiscal, del director funcional de la investigación, porque es un cambio repentino que no ayuda al proceso, tomando en cuenta que son 20 cuerpos de la etapa investigativa en el ‘golpe I’ y seguramente el nuevo fiscal tendrá que invertir mucho tiempo para entender qué es el proceso, en ese sentido nos llama la atención”, aseveró en contacto con la agencia de noticias ABI.

Caso “golpe I”

Nina afirmó en contacto con radio Metropolitana que el tiempo prolongado, también será usado para investigar y convocar a declarar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Añez enfrenta dos procesos en la justicia ordinaria, los casos ‘golpe I’ y ‘golpe II’, el primero es por la denuncia que presentó Patty y el segundo es por la denuncia del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

El caso “golpe I”, está paralizado por falta de un pronunciamiento del TCP sobre la constitucionalidad de los delitos de sedición y terrorismo; el segundo, espera un pronunciamiento del ente constitucional, pero por acción de la defensa de Añez, reportó el diario El Deber.

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La entrada Caso Golpe I: Según abogado de Patty, amplían detención de Añez por tres meses se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El caso “Golpe I” se inició bajo los tipos penales de terrorismo, sedición y conspiración, debido a los hechos que provocaron la salida de Evo Morales del poder y la posterior asunción de Añez en 2019; la denuncia fue realizada por la exdiputada Lidia Patty en noviembre de 2020.

No obstante, la defensa legal de la exmandataria consideró que los tipos penales del caso ya fueron desvirtuados, por lo que correspondería un sobreseimiento.

El abogado de la exautoridad, Luis Guillén, explicó que el tipo penal de sedición ya fue excluido de la normativa mediante una decisión del Tribunal Constitucional; consecuentemente, también se descartaría el criterio de conspiración, pues ambos delitos están “atados”.

El jurista también señaló que durante el tiempo en el que se desarrollaron las investigaciones, el Ministerio Público no consiguió los elementos necesarios para sustentar su argumento de un hecho de terrorismo. Además, la última actuación investigativa fue hace al menos tres meses, lo que significa que el proceso permanece estancado.

“Entonces, para qué seguir teniendo un proceso abierto, en el cual no se hacen actos investigativos, el cual no corresponde al día de hoy (y no) sustenta una acusación”, manifestó.

De igual forma, explicó que la Fiscalía tiene tres días para responder a la solicitud de sobreseimiento presentada, y en caso de no hacerlo, acudirán al juez de garantías para que conmine al Ministerio Público a pronunciarse al respecto, según informó la red de noticas Erbol.

Por el caso “Golpe de Estado I”, Añez cumple detención preventiva desde marzo de 2021; sin embargo, la Fiscalía no presentó una acusación formal. Respecto al caso “Golpe de Estado II”, el cual fue iniciado posteriormente, la expresidente ya está acusada y el juicio aún se desarrolla.

/ LMPT

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La exasambleista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, se mostró molesta. Ya que entiende que el trabajo de la Comisión Mixta de Constitución que se encarga de llevar adelante el proceso de selección del próximo Defensor del Pueblo no es bueno.

Ante esta situación, levantó dudas sobre la comisión, afirmando que un exdiputado del oficialismo (Luis Gallego) sí fue habilitado, mientras que a ella la descartaron de la carrera.

”Ahora, un hermano, Luis, estaba en mi gestión, en la misma. Y aparece habilitado, en la misma gestión estábamos, mismo instrumento, pero aparece habilitado. La Comisión no está trabajando bien, no ha evaluado los documentos bien. Pareciera que ha dejado a los técnicos, a su manera. Puede que sea suspendida esta convocatoria que está haciendo esa Comisión porque no han cumplido muchas cosas ellos mismos. Las normas que han puesto no han cumplido“, argumentó Patty.

Patty fue inhabilitada, luego que la comisión que analiza las postulaciones concluyera que no cumple con los 18 requisitos solicitados.

El 5 de abril del mes pasado, la diputada Gabriela Ferrel informó que la exasambleísta resultó apartada del proceso por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 8, que señala a la militancia política como principal elemento observado.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Cámara de Senadores, cinco de las impugnaciones se presentaron el lunes, mientras que las restantes seis fueron entregadas ayer por ciudadanos o candidatos que fueron inhabilitados en primera fase.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador Rubén Gutiérrez, explicó que en el caso de las objeciones presentadas por los aspirantes inhabilitados, éstas solo serán consideradas en las situaciones que algún documento acredite el cumplimiento de los 18 requisitos exigidos en la convocatoria y no haya sido valorada en la revisión de los papeles.

Asimismo, indicó que los postulantes inhabilitados no podrán adjuntar documentos que no hayan presentado en primera instancia, ni tampoco reemplazarlos.

El legislador manifestó que las impugnaciones pueden ser presentadas por cualquier ciudadano que conozca inconsistencias o falta de idoneidad moral contra alguno de los 72 aspirantes habilitados.

Las objeciones serán resueltas en un plazo de 48 horas, reiteró Gutiérrez, es decir, que hoy se conocerán las respuestas a las primeras cinco impugnaciones presentadas el lunes.

El último día para exponer las objeciones será el jueves 14 de abril. Luego del feriado de Semana Santa, el lunes 18 comenzará la fase de revisión de méritos, hasta el 22. Después, del 23 al 27 de abril, tendrá lugar la fase de las entrevistas.

DATOS

Gutiérrez recordó que los requisitos número 16 y 17 para ser candidato habilitado son: No haber sido dirigente de organizaciones políticas, ni candidato y no tener militancia alguna. Son los obstáculos hasta ahora para algunos impugnantes.

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“La misma (Lidia Patty) ha sido inhabilitada pues no ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 8, tiene militancia política y habría sido candidata en las elecciones pasadas”, informó la diputada Gabriela Ferrel, integrante de la comisión que revisó los documentos.

Ferrel indicó que Patty tampoco firmó su currículum, como indica el requisito 12 establecido en el reglamento.
La información fue confirmado por Iván Melendrez, integrante de Otra Bolivia es Posible, quien participó como veedor del proceso.

“La señora Lidia Patty también ha sido anulada, porque hemos visto que ha sido ligada al Movimiento al Socialismo (MAS), ha sido diputada y por esa razón ha sido en esta jornada anulada”, afirmó Melendrez.

Respecto a Manuel Morales, la diputada Ferrel explicó que tampoco firmó su currículum como señala la convocatoria.

El activista Melendrez consideró incorrecta la inhabilitación de Manuel Morales. Dijo que es una de las irregularidades que se darán a conocer ante la Comisión.

Otros Postulantes

Jesús Vera

En el caso del dirigente Jesús Vera, presentó su certificación de que no es militante ni fue candidato, sin embargo, opositores observaron que en 2019 sí apareció como postulante a diputado por el MAS.

Si bien las elecciones de 2019 fueron anuladas, se decidió solicitar esa aclaración respeto a la situación de la candidatura de Vera antes de definir su habilitación o no, según reveló una fuente del legislativo.

Idelfonso Mamani

Según la misma fuente, el exvocal del Tribunal Supremo Electoral, Idelfonso Mamani, fue inhabilitado por tener observaciones en sus documentos.

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“Me voy a presentar a la elección, me falta uno de los requisitos, estoy recabando. Me voy a presentar, no puedo rechazar a mis hermanos, a mis hermanas que han nominado mi nombre”, aseveró la exdiputada a la ANF.

La exdiputada del MAS aun no precisó qué documento tiene pendiente por cumplir, sólo informó que le falta una declaración jurada en notaría. Sin embargo, son ocho los requisitos que exige una declaración en notaría; uno de ellos es “contar con probada integridad personal y ética”.

En el artículo 8 del Reglamento para Elección de Defensor del Pueblo del Legislativo, se exige como requisito una certificación del Tribunal Supremo Electoral que acredite: “No tener militancia en alguna organización política al menos ocho años, antes del momento de la postulación”.

Según datos del portal “Yo participo” del TSE, Patty figura como militante activa del MAS, desde el 6 de octubre de 2018. Ella fue diputada por el partido azul en el periodo 2015-2020.

Patty admitió que es militante del partido del MAS y aseveró que eso no será un impedimento para postular a Defensor del Pueblo, ya que, según ella, es un “instrumento político que tiene intención de trabajar por el pueblo, ayudar el pueblo boliviano para mejorar la visión del país; esa es la visión de un instrumento político a diferencia del interés personal de partidos tradicionales”.

“Continuó vigente como militante del Movimiento Al Socialismo, nunca voy a negar porque es un instrumento para llegar a lugares donde podemos ser electas”, complementó Patty, quien además promovió juicios contra la expresidente Jeanine Añez, por el supuesto Golpe de Estado de 2019.

Hasta la fecha son nueve los aspirantes registrados en la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, La comunicadora Delma Alcón es la novena candidata a la Defensoría del Pueblo. El proceso de candidaturas cierra el viernes y no habrá ampliación.

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Asimismo, explicó que la militancia política no debería ser un impedimento para asumir el cargo en la Defensoría del Pueblo, también dijo que con cargo o sin cargo, ella siempre estará con su gente.

“Eso (la militancia) no tienen que tomar (en consideración), el trabajo que realiza la persona, el hermano que se va a presentar, en eso tienen que basarse. Por eso digo que ese requisito de políticas es colonial lo que ha venido para que nosotros nunca más podamos participar (…) No debe ser así”, recalcó.

Tras más de tres años de interinato por parte de Nadia Cruz, la Asamblea Legislativa (ALP) inició el proceso para elegir a un nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, según reportó el diario Página Siete.

En la sesión del miércoles precedente estaba previsto el tratamiento y aprobación del proyecto de reglamento de selección y designación del Defensor del Pueblo, pero la misma quedó suspendida debido a una gresca originada por el rechazo de la mayoría del MAS a que se apliquen los dos tercios a todo el proceso de designación.

El proyecto de ley presentando por el oficialismo establece 18 requisitos para asumir al cargo. Entre ellos, se menciona que los postulantes no deben tener militancia política en los últimos ocho años.

Patty ganó notoriedad pública en el último tiempo al presentarse como principal querellante en el denominado caso “golpe de Estado”, el cual acusa a la expresidente Jeanine Añez y a otras autoridades de presunta sedición, terrorismo y conspiración.

Entre otros de los nombres que se barajan para el puesto, están el exprocurador General del Estado, José María Cabrera; el dirigente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales; y la integrante de Mujeres Creando, María Galindo.

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“No es una política, pero nosotros, como una institución nueva hemos pensado que puede ser (defensora) Lidia Patty o la hermana María Galindo porque ha dicho la verdad de la justicia. Esas personas sí pueden trabajar, defender al pueblo”, indicó el presidente del ente cívico alteño, Gregorio Gómez.

Asimismo, destacó la labor de ambas y señaló que en el caso de Patty es conocida en las provincias ya que “está de gira a nivel Bolivia”; y sobre la activista de Mujeres Creando afirmó que “baja a las instituciones” a defender a distintos sectores de la sociedad civil.

“Lidia Patty conoce las provincias, está girando a nivel Bolivia, por eso la hermana Lidia Patty. María igual está haciendo un buen trabajo, está bajando a las instituciones para defender a diferentes sectores, a las familias más humildes, la familia media, la familia alta, todas las clases sin discriminación a nadie, por la unidad y la igualdad del pueblo boliviano”, agregó Gómez.

Patty fue diputada por el MAS durante la gestión gubernamental de Jeanine Añez; a quien ahora le sigue el proceso por el caso del supuesto “golpe de Estado”, acusándola de presunta sedición, terrorismo y conspiración, junto a dos de sus exministros.

En el caso de Galindo es líder del colectivo Mujeres Creando y se destacó por poner en evidencia la administración corrupta del sistema judicial en casos referidos a la violencia de género, según reportó el diario Página Siete.

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Patty afirmó que las víctimas de los conflictos de 2019 se encuentran en estado de emergencia, esto debido a la predisposición judicial para que la expresidente sea atendida en una clínica fuera del penal de Miraflores.

“Ellos mienten diciendo que están enfermos (…) podría entrarse (Jeanine Áñez) a una embajada, o de la clínica puede no querer salir”, indicó la exautoridad. También manifestó que por ese mismo motivo “el pueblo está alerta”.

La jornada del pasado lunes la Justicia amplió el periodo de detención preventiva de la exmandataria por tres meses más, se dispuso lo mismo para los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, todos por el caso denominado “Golpe de Estado I”. Esta es la tercera vez que se toma esta determinación para la exmandataria, quien es acusada por los delitos de conspiración, sedición y terrorismo

La Fiscalía, que pidió cuatro meses, se respaldó en la complejidad del caso y en las investigaciones que requieren más tiempo y toma de declaraciones. El Gobierno pidió cinco meses más, pues expuso que aún falta la toma de declaraciones a las exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La jornada de este martes la expresidente cumple 13 días de huelga de hambre, Áñez reiteró su inocencia y se declaró “víctima de tortura”. Todo se desarrolla en medio de pedidos por la deteriorada salud de la exmandataria debido a su medida de protesta, y denuncias de abusos contra su familia y allegados.

/ LMPT

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La exdiputada instó al Ministerio Público que por Navidad encarcele a partícipes de un supuesto “golpe de Estado”.

“Eso pediría al fiscal, al Ministerio Público, que nos dé un regalo de Navidad con la detención del Camacho, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, (Samuel) Doria Medina, (Iván) Arias, alcalde de la Paz, otros que han participado en el golpe de Estado. Ojalá uno de ellos que haya (como) un regalo de Navidad”, expresó en contacto con la red Erbol.

Patty es la querellante en el caso del supuesto “golpe de Estado” de 2019, el cual lleva más de un año y fue dividido en dos procesos penales distintos.

Señaló que la detención de Camacho, o la convocatoria a declarar, “sería un “regalo para esta Navidad”, manifestando su pesimismo contra las autoridades de la justicia.

“Si pudieran detener al Camacho, podía ser una alegría para todos los hermanos y hermanas. Como un regalo de Navidad hubiera sido, pero creo que no va a ser, con estas autoridades que administran la justicia no lo vamos a lograr. Ojalá en Año Nuevo también pueda ser”, manifestó.

Caso supuesto “golpe de Estado”

El caso se abrió en noviembre de 2020 a denuncia de Patty por los tipos penales de terrorismo, sedición y conspiración, debido a ello, la expresidente, Jeanine Añez y exautoridades, fueron detenidos preventivamente.

Posteriormente, la Procuraduría y el Senado ampliaron la denuncia por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, por el procedimiento supuestamente irregular que Añez usó para asumir la presidencia.

En estos dos procesos se investigan hechos previos a la asunción de Añez a la Presidencia, además de los posteriores como “Senkata y Sacaba”, los cuales ingresaron en la jurisdicción de juicio de responsabilidades, que requiere autorización de la Asamblea.

/JDLF/

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“Nosotros el día de hoy (jueves) estamos presentando (…) un memorial solicitando que se emita una resolución fundamentada de aprehensión al señor Luis Fernando Camacho”, señaló el jurista, reportó la agencia de noticias ABI.

Indicó que el Gobernador de Santa Cruz con su conducta y reciente visita a Tarija está “provocando un problema social” en la población de ese departamento y buscar dividir al país.

El 7 de octubre Camacho debía presentar su declaración informativa en la Fiscalía de La Paz, pero el Ministerio Público suspendió la declaración porque necesitaba la declaración previa de su padre, quien pidió prestar su declaración en Santa Cruz y no en La Paz, argumentando problemas de salud.

Hace dos años, Luis Fernando Camacho era presidente del Comité Pro Santa Cruz. Fue uno de los líderes que encabezó el paro de 21 días, que derivo en la renuncia de Evo Morales, luego de que la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) develara irregularidades en el proceso electoral.

/GFS/

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Patty se presentó en la Fiscalía con un memorial al cual adjuntó una copia de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ente que puso en duda la legitimación de la presidencia de Añez.

“Si no notifican a Camacho, no hacen sentencia Añez, el lunes me declaro en huelga de hambre en puertas de la Fiscalía”, aseveró la exparlamentaria en contacto con los medios de comunicación.

Asimismo, señaló que el 28 de noviembre se cumple un año de la presentación de la querella y considera que los fiscales no cumplieron con las normas durante este tiempo.

La exasambleista fue quien puso la denuncia ante la Fiscalía por el presunto “golpe de Estado” de 2019.

Por mencionado caso, Jeanine Añez cumple detención preventiva en el penal de Miraflores desde hace más de siete meses.

Además, semanas anteriores la Fiscalía citó a declarar a Camacho en La Paz, pero luego suspendió la citación debido a que consideró importante para la investigación primero tomar la declaración de su padre sobre los hechos del 2019.

/GFS/

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La exdiputada del MAS advirtió con procesos contra Carvajal y exigió su salida del país, reportó radio Fides.

“Ella no es boliviana, ella es española y tiene que irse a su país (…) ¿ella quién es para ordenarnos? Se ha beneficiado con nuestro país”, señaló.

Por su parte, desde la oposición cuestionaron las declaraciones de la exlegisladora y calificaron de “incoherentes” sus aseveraciones. Asimismo, indicaron que está siendo “manipulada” por su partido.

“Detrás de ella está Evo Morales y por eso cada vez habla incoherencias”, sostuvo el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga.

AMPARO CARVAJAL

Carvajal, remitió al fiscal general Juan Lanchipa una lista de 45 “presos políticos” para pedir que se defiendan en libertad, reportó la red Erbol.

“Mandamos la siguiente lista de detenidos (presos políticos) y le solicitamos poder coordinar algún tipo de acciones para poder encontrar la forma de que estos detenidos puedan defenderse en libertad”, señala una nota enviada por la activista.

La lista es encabezada por Jeanine Añez, exministros y exfuncionarios del Gobierno transitorio, Yassir Molina y otros integrantes de la Resistencia Cochala, además de militares y policías acusados por el caso de Sacaba y Senkata.

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“Ya conocemos a la derecha, se victimiza; ellos mismos pueden hacer todo; por eso, han colgado esos muñecos”, aseveró la exditutada del MAS refiriéndose a los muñecos que aparecieron en las pasarelas y puentes de la ciudad de La Paz.

“Han colgado muñecos, es una estrategia para culparnos, han colgado y con eso dicen (que) la gente se está movilizando; nuestros hermanos, son tranquilos, son humildes”, señaló.

En esa línea, el fiscal Omar Mejillones informó esta jornada que la declaración de Camacho en el caso “golpe” se suspendió.

Asimismo, indicó que la decisión fue asumida debido a que aún no se conoce la versión del padre de la autoridad cruceña, José Luis Camacho Parada.

Por su parte, Patty aseguró que, la Fiscalía determinó la reprogramación y ella esperará a que el cruceño llegue a La Paz.

La demandante del caso afirmó que la declaración de Camacho ayudarán a esclarecer las investigaciones del supuesto “golpe de Estado”, además de identificar a otros implicados y explicar quiénes financiaron el mismo.

La pasada jornada, Camacho Parada solicitó que su declaración se realice en Santa Cruz. Asimismo, aseguró tener problemas de salud que le impiden viajar a La Paz y presentó certificados médicos que están aprobados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

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El expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, es uno de los principales sindicados en la demanda del caso “golpe de Estado” presentado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty el 28 de noviembre de 2020.

La semana anterior, Camacho desafió al MAS a detenerlo y aseguró que no huirá del país.

“Quiero decirles algo, esto sí les va a gustar a los masistas, para que tomen atención, esto sí les va a gustar: como es su sueño encarcelarme, sepan que yo no voy a huir, yo no soy ningún cobarde”, expresó en los actos protocolares por la efeméride cruceña.

CITACIÓN
“Deberá comparecer ante el suscrito representante del Ministerio Público, a objeto de que se preste su declaración informativa en calidad de denunciado, con relación a las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público”, señala el documento publicado por La Razón.

Asimismo, la citación indica que Camacho debe estar acompañado de su abogado defensor y munido de su cédula de identidad u otro documento que le identifique y si no tiene un abogado defensor se le designará uno de Defensa Pública.

Finalmente, la misiva establece que en caso de incumplimiento se expedirá el respectivo mandamiento de aprehensión, de acuerdo a la previsión legal contemplada en el Artículo 224 del Código de Procesamiento Penal.

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Patty dijo esas afirmaciones durante su participación en el acto de desagravio a la Whiphala, que se desarrolló este lunes en plaza Murillo de la ciudad de La Paz.

“Le pido al Fiscal General y al Fiscal Departamental que no se vendan, que defiendan a su patria, a sus símbolos, a su presidente electo, a quien le cuartaron sus derechos porque es del pueblo. Esperamos que las autoridades actúen, que procesen a Luis Fernando Camacho, que no les tiemble las manos”, señaló la exdiputada.

La exlegisladora reprochó a las autoridades de justicia que permiten actos vandálicos, silbidos y gritos contra indígenas y autoridades de Estado y, además, que dejen que se pisotee un emblema nacional.

Recordó que la Wiphala es un símbolo patrio y que su “ultraje” está penado, por lo que Camacho al ser abogado conoce de esas normas, reportó el diario Ahora el Pueblo.

“Con este agravio ya son dos veces que Camacho falta a la Wiphala, pero el pueblo no lo va permitir. Ellos dicen ‘no somos dictadores, racistas’ y sus actitudes demuestran lo contrario, no son de Bolivia y si no les gusta el país que se vayan a Estados Unidos (EE.UU)”, reclamó Patty.

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La autoridad aseveró que no tiene nada que esconder y que es de carácter político el proceso que se le sigue.

“Lo hemos dicho muchas veces y lo reiteramos, cuando me citen vamos a estar presentes en la declaración, no tengo nada que esconder y creo que todos los cruceños y bolivianos tienen que tener tranquilidad”, manifestó Camacho en contacto con Radio Fides.

Por otro lado, lamentó que la Fiscalía decida ampliar por seis meses más la detención preventiva de la exmandataria, Jeanine Añez, por un nuevo caso, señalando que en este medio año la justicia no logró demostrar responsabilidad de la exautoridad en los delitos que se le atribuyen.

Patty insta a que Camacho declare

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, presentó la denuncia contra Camacho, su padre, exjefes militares y de la Policía en noviembre de 2020 por los supuestos delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

Luego de cuatro meses, en marzo de 2021, comenzaron las aprehensiones de varias exautoridades, lo que fue calificado por algunos políticos como “persecución política”.

En días precedentes, Patty sostuvo que la Fiscalía “se aplazó” en la investigación del caso, puesto que todavía no dictó una sentencia.

En tanto, su abogado Marcelo Valdez, planteó sancionar a los fiscales a cargo de la investigación por incumplimiento de deberes, ya que no convocaron a Camacho, de acuerdo al reporte de la red Erbol.

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Patty presentó la denuncia contra Camacho, su padre, exjefes militares y de la Policía en noviembre de 2020 por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Luego de cuatro meses, en marzo de 2021, comenzaron las aprehensiones de varias exautoridades.

En esa línea, el abogado de Patty señaló que es una “barbaridad” que a estas alturas de la investigación, la Fiscalía no haya convocado a declarar al principal sindicado Luis Fernando Camacho.

El jurista consideró hasta “chistoso” que la Fiscalía observara la solicitud de Patty de citar a Camacho con argumentos como el desconocimiento de su domicilio.

Sostuvo que en el cuaderno de investigaciones se encuentra la tarjeta del Servicio de Investigación Personal (Segip) que acredita el domicilio del excívico y que, además, es de conocimiento público su fuente laboral que es la Gobernación de Santa Cruz.

Valdez afirmó que se trata de un incumplimiento de deberes por parte de la comisión de fiscales y una negligencia que impide recolectar mayores elementos de convicción.

“La comisión de fiscales omite, incumple deberes, debiendo en este caso sancionarse en la vía disciplinaria de oficio y ser remitidos a la vía penal por incumplimiento de deberes en este caso tan importante y emblemático como es el caso golpe de Estado”, manifestó el abogado de Patty.

Por su parte, Patty consideró que la Fiscalía no ha cumplido su trabajo en este tiempo de investigación, reportó la red Erbol.

“Se han aplazado, no han podido juzgar a quien ha cometido un gran delito de desestabilizar a nuestro país que estaba constitucionalmente con voto popular un Presidente, lo han hecho renunciar, han entrado por la ventana”, sostuvo Patty.

Este martes, el abogado Valdez corroboró que se cumple seis meses del plazo de detención preventiva que tiene Añez por el caso del supuesto “golpe de Estado”, sin embargo, recordó que la exmandataria tiene otro proceso por el cual estará seis meses más privada de libertad.

La entrada Según Patty, fiscales se “aplazaron” en el caso “golpe” y su abogado plantea sancionarlos por no citar a Camacho se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“No le compete un juicio de responsabilidades porque ella no fue presidente electa, ¡por qué tienen que hacer juicio de responsabilidades! están equivocados, en el Ministerio de Justicia están muy equivocados”, afirmó la exlegisladora en rueda de prensa.

La exautoridad cumple hoy seis meses de detención preventiva en la cárcel de Miraflores de la ciudad de La Paz por los hechos ocurridos el 2019.

Por su parte, el abogado de la exdiputada, Marcelo Valdez, manifestó que lo correcto es que Añez sea procesada por la vía ordinaria y no por juicio de responsabilidades tras no ser reconocida como la Presidente del Estado por la falta de su acreditación correspondiente por el Tribunal Supremo Electoral.

“Mi criterio legal es que a ella (Jeanine Añez) no le corresponde juicios de responsabilidades porque no tiene legitimación activa, no tiene credencial (como Presidente), por tanto, a ella le corresponde ser procesada en la justicia ordinaria como cualquier ciudadano”, aseguró el jurista.

Acotó que el Ministerio Público debe convocar a declarar en primera instancia como testigos a quienes fungieron como vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante la no legitimación de Añez como mandataria.

“Tienen que declarar en calidad de testigos por qué motivos no se ha entregado la credencial, por qué motivos no se ha pedido que la señora (Añez) acredite su legitimación que es importante”, agregó Valdez, según reportó el portal digital InnovaPress.

Asimismo, señaló que esas declaraciones deben comenzar por la comparecencia de Salvador Romero porque fue el vocal designado por la exmandataria.

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“Salvador Romero tiene más responsabilidad, porque fue el primer vocal nombrado por Jeanine Añez y después sucedieron los siguientes y tendrían responsabilidad. Ellos deberían haber pedido en su momento cuentas, deberían haber acreditado, y haber hecho el análisis y si es que no correspondía (a Jeanine Añez ser Presidente), indicar que al que le correspondía era a un asambleísta del MAS, el que debería ser Presidente”, afirmó Valdez.

De la misma manera, señaló que se debe aclarar por qué motivos el TSE no pidió que Añez acredite su “legitimación”.“Hasta una universidad cuando falsifican un título se vuelve en parte civil y es víctima; en ese caso el Órgano Electoral es víctima, porque esa instancia es la única que acredita a las autoridades nacionales, departamentales, municipales, regionales”, manifestó.

La pasada jornada, la delegada presidencial ante el TSE, Dina Chuquimia, señaló que el ente electoral otorga credenciales a las autoridades que fueron elegidas mediante voto popular y no así a quienes asumen el mando en una crisis como la de 2019.

“En el caso específico de doña Jeanine Añez se hizo la entrega de la credencial, pero como senadora por el departamento de Beni. En ningún caso hubo la entrega oficial de credencial de presidenta del Estado (…). Añez era senadora, ése era su cargo, y luego ya en la Asamblea Legislativa vieron la otra situación que se generó a raíz de una crisis política que vivimos los bolivianos en 2019”, señaló Chuquimia en contacto con el canal de televisión Btv.

El 25 de agosto la Fiscalía emitió un requerimiento para que TSE informe si Añez fue acreditada por ese órgano del Estado como Presidente, reportó el diario Página Siete.

Evo Morales, antes de su renuncia el 10 de noviembre de 2019, instruyó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a nombrar nuevos vocales para realizar una nueva elección. Ese mismo día la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra todos los vocales del TSE.

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“Ellos deben declarar en la Fiscalía, con eso van a apoyar a su amiga (Jeanine Añez), no tienen que estar mirando y saliendo con comunicados, diciendo que estamos apoyando, eso no es un apoyo”, indicó la exlegisladora a los medios de comunicación nacional.

Cuestionó la ausencia de políticos y otras exautoridades del Gobierno transitorio, quienes en su momento respaldaron las acciones de Añez durante su gestión en 2019 y 2020.

“Dónde están sus exministros, los que han actuado en su momento, todos ellos tienen que estar, que se presenten, eso yo pido. Es más sano, para que marche el proceso que hemos instaurado por el golpe de Estado”, indicó.

Asimismo, señaló que supuestamente lo único que hacen Mesa y Quiroga, es “amenazar y hablar contra el Gobierno” nacional, cuando lo que deben hacer es declarar ante el Ministerio Público por su participación en el caso del supuesto “golpe de Estado”.

“Voy a reiterar mi pedido a la Fiscalía, para que convoque a estos señores (Mesa, Quiroga) a declarar y que no los deje así y sigan amenazando a nuestras hermanas y hermanos”, finalizó.

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“Tiene que alimentarse pues, porque a veces mucho depende de cada uno, porque si no nos alimentamos, estamos dejando de alimentarnos, podemos adelgazar, mucha dieta haya hecho, por eso está adelgazando, porque ella también tiene que alimentarse, alimentos naturales tiene que comer”, declaró Patty a radio Éxito.

Asimismo, señaló que los transgénicos hacen daño al cuerpo y le recomendó a la exmandataria que se alimente y sea responsable con su salud.

“A veces comemos transgénicos, nos hace daño eso también, yo le recomendaría que se alimente, cada uno es responsable de su salud”, indicó.

La hija de la exmandataria, Carolina Ribera, denunció que su madre fue llevada al Hospital del Tórax con el fin de ser sometida a varios exámenes de corazón, sin embargo, no le habrían realizado los estudios correspondientes.

El miércoles a mediodía Añez fue trasladada de forma sorpresiva al Hospital del Tórax, donde le hicieron una valoración rutinaria sin conocer la historia clínica de la paciente, denunció su defensa. La exmandataria permaneció en el lugar menos de dos horas.

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“Sí, tengo (guardaespaldas) me hado (el Ministerio de Gobierno) unito es, ni alcanza. A mí deberían dotarme de chalecos antibalas, no tengo, ni una pistola tengo, deberían darme esas cosas. Todo debería darme el Gobierno”, señaló Patty.

La exlegisladora explicó que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, los expresidentes “Tuto” Quiroga y Carlos Mesa tienen más protección, entre policías y guardaespaldas, reportó el diario La Prensa.

“Los implementos que solicitó deberían darme por las personas con las que me estoy enfrentando y a las que estoy procesando”, manifestó.

Patty impulsó el proceso por los hechos suscitados entre octubre y noviembre de 2019 y ratificó que continuará con los juicios.

La exlegisladora justifica protección

La exdiputada sostuvo que si estuviera en diligencias de interés personal, pagaría por ese servicio, pero que como ella impulsa un caso de “interés de nuestro país”, los gastos los cubre el Estado.

“Si yo trabajaría por mi interés personal, yo tengo que pagarme, ¿no? Éste es interés de nuestro país, en esa parte (la seguridad), está haciéndose cargo el Ministerio de Gobierno, ellos me están dando, porque es interés del pueblo boliviano esto que han matado en Senkata y Sacaba, que estoy llevando adelante, por eso es que ellos (pagan)”, manifestó Patty.

/RXVCH/

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“No es que se movilizaron en ese momento, sino que todo fue planificado con tiempo”, aseveró Patty en contacto con periodistas.

La exlegisladora señaló que asistió a la audiencia judicial en la que se dispuso la detención preventiva de los exmilitares, Jorge Terceros y Palmiro Jarjuri, manifestando su satisfacción por la determinación.

Sin embargo, anunció que apelará la decisión para que el periodo de privación de libertad se amplíe a seis meses, supuestamente para que los fiscales tengan “el tiempo suficiente” para investigar los hechos.

Asimismo, Patty reiteró la “necesidad” de convocar al Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, porque según ella supuestamente “desestabilizó” al país, al “derrocar” un Gobierno “legalmente constituido”.

La exdiputada fue quien presentó una querella penal para la apertura del caso del supuesto “golpe de Estado”, por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

Debido a su denuncia, la expresidente Jeanine Añez se encuentra recluida, al igual que los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, así como cuatro exjefes militares.

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“Siempre voy a defender hasta el final a nuestro pueblo boliviano (…) ya estamos ampliando, ya estamos viendo cómo. Primero la (ampliación) será contra Carlos Mesa, no voy a permitir que se escape como el Murillo”, aseveró Patty al portal Urgente.bo.

Este jueves, Mesa acudió a declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía, sin embargo, se acogió al derecho al silencio.

“No voy a contestar porque me puedo incriminar”, dijo el expresidente.

Son diez argumentos que el exmandatario presentó ante el Ministerio Público para alegar su silencio, en el documento señaló que cualquier declaración testifical será utilizada para “manipular e incriminar” a los actores de los hechos de 2019.

La exdiputada aseveró que el silencio de Mesa durante su declaración es una estrategia para supuestamente “escapar”, por lo cual pidió que lo vuelvan a convocar a declarar.

“Ojalá que no sea una estrategia de Carlos Mesa, tal vez ya está alistando su maleta, todo para escapar, pero tienen que actuar los fiscales y jueces”, concluyó.

/JDLF/

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Gutiérrez afirmó durante una conferencia que la Fiscalía le está dando la razón a su denuncia, ya que no la investigarán, pues el ente judicial considera que el Gobierno de transición de Jeanine Añez fue totalmente constitucional y no hubo “golpe de Estado”, entonces, categóricamente desde la Fiscalía aceptan que no hubo dicho “golpe” dijo el legislador.

De esa manera, Gutiérrez indicó que aún no fueron notificados con el rechazo, por lo que el próximo lunes se apersonarán a la Fiscalía de La Paz, para conocer los motivos, según reporta El Diario.

El 30 de marzo, diez diputados de oposición firmaron una denuncia y pidieron a la Fiscalía investigar a la exdiputada Patty, ya que esa misma instancia con anterioridad, dio curso a investigar el supuesto “golpe de Estado”.

Gutiérrez aseguró que Patty en su calidad de parlamentaria, de ese entonces, no dijo nada cuando se aprobó la prórroga de mandato de la expresidente Jeanine Añez, al contrario, “se mantuvo en su cargo para cobrar recursos del Estado”, por eso habría incurrido en el delito de incumplimiento de deberes, prolongación de funciones y otros delitos.

Al respecto, Lidia Patty afirmó también la jornada pasada que “pondrá en su lugar a los diputados” de Creemos y anunció un proceso en su contra por difamación, luego que la Fiscalía desestimó la denuncia interpuesta contra la exlegisladora.

Lidia Patty en 2020 realizó denuncias contra al exlíder cívico Luis Fernando Camacho, jefes militares y de la Policía, entre otros, por presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración contra el exmandatario Evo Morales.

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“Nuestro Gobierno es democrático, nuestro Presidente (Luis Arce) es electo (…) las mujeres de pollera no vamos a ser víctimas nuevamente de estos señores diputados. Que se corrijan, que aprendan, los voy a poner en su lugar porque no me pueden hacer (daño) a mí”, señaló Patty.

Asimismo, Patty aseveró que los denunciantes no pidieron informes de instituciones como la Contraloría y el Ministerio de Economía.

“Ellos son parlamentarios y tienen que saber, ¿por qué no han hecho peticiones de informes a la Contraloría, al Ministerio de Economía si he hecho daño económico? Ellos me han difamado y ahora yo los voy a procesar también porque no se puede hacer (daño) a las mujeres”, sostuvo la exlegisladora a Los Tiempos.

La exdiputada del MAS informó que aún no tiene una fecha para presentar la demanda, pero en las próximas horas se reunirá con su abogado para iniciar los papeleos y presentar la querella por difamación.

El 30 de marzo un grupo de parlamentarios de la alianza opositora Creemos presentó una denuncia contra Patty por los delitos de incumplimiento de deberes, prolongación de funciones, beneficios en razón del cargo y conducta antieconómica.

La Fiscalía desestimó el caso porque se observó varios aspectos del planteamiento de la querella que no fueron subsanados en un tiempo de 24 horas.

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“Vamos a formar, a la cabeza de la hermana Lidia Patty, esta comisión de la justicia para que no quede en impunidad, para que haya cárcel para todos los responsables que hicieron la masacre en 2019 y también se castigue la corrupción que hubo en el Gobierno de transición de Janine Añez”, dijo Gómez a Página Siete.

Asimismo, señaló que este ampliado es para “darle fuerzas” a Lidia Patty, quien es cuestionada y presionada para levantar la demanda del caso “golpe de Estado”.

Mientras que los dirigentes de la Federación Única de Vecinos Autoconvocados de la ciudad de El Alto (Foveca), Jaime Quiñones y Dago Limachi realizaron un pronunciamiento en respuesta a las manifestaciones que piden la liberación de la expresidente transitoria Jeanine Añez por parte de grupos opositores al partido oficialista.

“Nos declaramos en estado de emergencia, de alerta, sabemos que está viniendo algo, que están gestionando un golpe de Estado por eso pedimos al pueblo de Bolivia estar en alerta… por eso estamos convocando el sábado a un ampliado de emergencia de todas las organizaciones sociales”, concluyeron.

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Se busca que la exdiputada Patty se retracte de sostener que hubo un “golpe de Estado” y que la Fiscalía reoriente la investigación respectiva.

Gutiérrez señaló que la denuncia surge con el objetivo de cuestionar a la exdiputada, porque actualmente es denunciante del supuesto “golpe de Estado”, que en su momento aprobó una ley que prorrogaba el mandato de Jeanine Añez que además cobro sueldo respectivo.

Asimismo, indicó que si Patty pensaba que era un “golpe de Estado”, ¿por qué en enero de 2020 aprobó la ley que prorrogó el mandato de la presidenta Añez, los asambleístas, además de alcaldes y los gobernadores?

Indicó también que en el periodo referido, la exdiputada se benefició de los alcances de la Ley de prórroga de manera “artificiosa”, cobrando salarios que suman más de 200 mil bolivianos.

Se pidió al Ministerio Público que tenga la misma celeridad, rapidez e inmediatez, que tuvo con el proceso de la denuncia del supuesto “golpe de estado”. Asimismo, se exigió la recepción de la declaración informativa de Patty.

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En días precedentes, el diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, anunció iniciar una demanda penal contra la exdiputada, Lidia Patty para que explique el por qué cobró el sueldo de parlamentaria en un mandato prorrogado, cuando ella consideró que hubo “golpe de Estado”.

En ese sentido, Patty manifestó que “parece que la ‘derecha’ no comprende la Constitución”, asimismo descartó devolver el sueldo ya que lo cobró por un trabajo que realizó en el marco de la “legalidad”.

Por otro lado, la exdiputada explicó que el supuesto “golpe de Estado” habría sido ejecutado en contra del poder Ejecutivo, y se buscaba lo mismo en el Poder Legislativo, pero, según Patty, no se logró porque el parlamento en ese entonces inició una vigilia.

Por otro lado, Patty enfrenta un denuncia presentada por la legisladora de Creemos, Khaline Moreno, ante el presidente de la Cámara de Diputados y dirigido al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, con la finalidad de conocer la participación de la exdiputada del MAS en dos proyectos inconclusos del Fondo de Desarrollo Indígena, Originario y Campesino (Fondioc).

Sobre esta denuncia, Patty respondió: “He entregado informes, he descargado; envíe a Transparencia, no tengo nada que ver”, señaló Patty según Correo del Sur.

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La denunciante del presunto caso “Golpe de Estado”, admitió que no se concluyeron esos proyectos, sin embargo, acusa a los exdirectores del Fondioc como responsables.

La información se encuentra en el listado de “proyectos con observaciones parciales que generan posible daño económico al Estado (transferidos al régimen de liquidación para evaluación técnica, análisis de descargos e inicio de acciones legales que correspondan)” disponibles en Internet, reportó el diario Opinión.

El documento refleja que, Patty figura como representante legal para ambos proyectos, junto a Javier Ángel Chávez Mendieta, como representante administrativo, por la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa.

El caso denominado Fondioc “estalló” el 14 de febrero de 2015 después que la Contraloría General del Estado detectó 153 obras que no fueron realizadas y causaron un gran daño económico al país de 71 millones de bolivianos, reportó el portal Brújula Digital.

Por otra parte la exdiputada Lidia Patty, al ser consultada sobre estos dos proyectos expresó su sorpresa por las denuncias en su contra y se declaró víctima. Indicó que hasta sus familiares son investigados.

No obstante, admitió que estos proyectos “no han sido ejecutados ni financiados en su totalidad”, pero aseguró que, en su caso, entregó todos los descargos.

“Cómo a otras hermanas les han metido (a la cárcel), no han podido (demostrar su inocencia), ese es el problema, cuando te trazas el objetivo y no cumples, cómo nos van a juzgar porque no hemos podido hacer (los proyectos), es que es difícil. ¿Quién tiene la culpa?, son los directores”, sostuvo Patty.

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“Fernando Camacho tiene orden de aprehensión”, dijo la exlegisladora a Periodistas Sin Fronteras, de Radio Doble 8.

Asimismo, señaló que se está utilizando a los dirigentes del Comité Cívico, quienes se encuentran en vigilia en puertas de la casa de Camacho en Santa Cruz.

“Él está utilizando a los hermanos del Comité Cívico, que le están cuidando. Él tiene que venir a rendir cuenta a la justicia, debe apersonarse personalmente a la Fiscalía. Ya se emitió su orden para este viernes“, indicó.

También se refirió al estado de salud de la expresidente Jeanine Añez y afirmó que “cada uno es responsable de su salud” y debería preocuparse de presentar pruebas para su defensa.

”A Jeanine Añez le han dado atención médica, ningún momento le han coartado su salud, ella había estado sana, por eso no la han llevado a ningún hospital o clínica. También cada uno es responsable de su salud, no puede declararse en huelga de hambre, estamos en etapa de investigación, tiene que preocuparse en presentar sus pruebas, sus justificaciones“, manifestó.

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Quiroga explicó la constitucionalidad del Gobierno de Jeanine Añez en 2019, para elo mostró documentos con las firmas de Lidia Patty y legisladores del Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que en su mayoría eran del Movimiento al Socialismo (MAS) afirmando que nunca hubo un fraude y se aceptó el Gobierno de transición en el sentido de sucesión constitucional.

Quiroga afirmó que el Presidente, Luis Arce dejó de lado el discurso “de paz y armonía”, y puso a su Gobierno al servicio de Evo Morales. Destacó que históricamente en Bolivia se está buscando “criminalizar una sucesión constitucional”.
“Luis Arce ha decidido algo inédito en la historia de América latina, criminalizar una sucesión constitucional”, expresó.

El exmandatario explicó que la Sucesión Constitucional de Áñez estaba avalada por la Carta Magna y por un fallo de Tribunal Constitucional, y explica que ahí se arma “la paradoja” del actual Gobierno, ya que la misma Lidia Patty que fue parte de la ALP en 2019 firmó la aprobación unánime de la Ley 1266 del 24 de noviembre del 2019.

La Ley 1266 expresa que “se anula el fraude, se hace un proceso acelerado para designar nuevos vocales electorales, se ratifica la vigencia del 21F y dice que Evo Morales ya no puede postular”, expuso Quiroga a momento de exponer el documento.

A modo de reflexión el expresidente preguntó, cómo pudo haber un “golpe” si la ALP en 2019 era “dominada” por el MAS, había que ejercer una sucesión y aprobaron una ley que fue promulgada por la entonces Presidente, Jeanine Áñez.

“¿Cómo es posible que se pretenda que había un Gobierno golpista, con Congreso (ALP) con el MAS manejándolo, funcionando?, con el Tribunal Constitucional, con los masistas asignados avalando”, reprochó Quiroga.

Finalmente, Quiroga mostró un documento del 15 de enero del 2020 que extiende el mandato “no solamente reconoce el mandato constitucional de la presidente Áñez, le extiende el mandato a ella como Presidente y a la senadora Eva Copa y todos los congresistas del MAS que han cobrado su sueldo de enero hasta que juró Arce, todo ese año incluyendo la diputada Patty”, manifestó.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional no solo reconoció el mandato, sino que extendió el mandato, entrando en vigencia la Ley 1270 del 20 de enero de 2020 que designa vocales y llama a las elecciones, elecciones en las que Luis Arce se presenta y gana los comicios nacionales.

Para Quiroga este hecho denota que Arce “está negando su propia legitimidad” ya que asume la Presidencia ganando unas elecciones de un proceso electoral convocado por una ley promulgada por la entonces mandataria, Jeanine Áñez.

ÓRDENES DE APREHENSIÓN
Las órdenes de aprehensión parten de la denuncia que hizo en diciembre de 2020 la exdiputada del MAS, Lidia Patty ante el Ministerio Público en contra del exlíder cívico Luis Fernando Camacho, su padre, José Luis Camacho, y excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.

En tanto el expresidente Quiroga señaló que “hubo hechos dolosos en Senkata, Sacaba, respiradores, investiguen”, que para todo esto corresponde un juicio por responsabilidades y se deben determinar los culpables.

APREHENDIDOS
Áñez fue aprehendida la madrugada de este sábado en el Beni y fue trasladada en un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB) hasta la ciudad de La Paz.

El viernes fueron aprehendidos el exministro de Energía Álvaro Rodrigo Guzmán y el exministro de Justicia Álvaro Coímbra, quienes también se encuentran en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La exmandataria y los exministros son acusados de “sedición y terrorismo” durante la crisis de 2019 tras las Elecciones Generales fallidas que derivaron en la renuncia de Evo Morales.

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“Siendo él, yo lo aprehendo de un canto”, dijo Patty, a la red Erbol, a tiempo de señalar que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo no está cooperando con el proceso que lleva adelante por el presunto “golpe”.

En ese marco, indicó que Del Castillo parece no haber vivido la crisis y desestabilización de 2019, por lo cual actúa como si no sintiera lo ocurrido.

Aseveró que si ella fuera ministra de Gobierno “ya estarían adentro”, los políticos que según considera fueron parte del “golpe”, pero igual fueron candidatos en las Elecciones Subnacionales, entre los que mencionó a Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho, Iván Arias, Waldo Albarracín y Luyas Larrea.

“Yo digo: quisiera estar en un lugar, en un espacio del gobierno, yo los metería a todos. De un canto puedo perseguir, no sería persecución, (estaría) buscando justicia, trabajar por el pueblo, el pueblo quiere justicia”, apuntó la exdiputada.

Asimismo, reprochó que se haya permitido la salida del país del general Sergio Orellana, quien está denunciado en el caso del presunto “golpe”.

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“Están analizando la pertinencia de ampliar contra el expresidente Carlos Mesa Gisbert y otras personas más para no perjudicar la investigación y no huyan el país, asuman esta responsabilidad, pero estas personas gozan de una garantía de la presunción de inocencia”, afirmó el abogado de la exlegisladora, Víctor Nina.

El jurista evitó mencionar otras personas que podrían ser incluidas dentro de la investigación para “garantizar” que cuando vayan a ser convocados no salgan del país.

En la pasada jornada se dio la orden de aprehensión contra el excomandante de la Policía, general Yuri Calderón, así como la aprehensión del excomandante de la Armada, almirante Arce San Martín tras brindar su declaración ante la Fiscalía.

“La doctora Lidia Patty va a ampliar contra otras personalidades para que respondan respecto a estos hechos ilícitos que han causado conmoción social en el año 2019 con una persecución, genocidio, una matanza por tan solo pensar diferente en la instauración de un gobierno de facto en 2020”, añadió Nina.

En la denuncia inicial se encuentra todo el Alto Mando Militar que acompañó al general Williams Kaliman, quien tiene una orden de aprehensión; así como el excívico Luis Fernando Camacho, quien lideró al Comité Cívico Pro Santa Cruz en las movilizaciones contra los resultados de las elecciones anuladas de 2019, entre otros.

Presionado por los 21 días de movilizaciones, marchas y protestas, un motín policial y la sugerencia de renuncia por parte del general Kaliman, Morales renunció el 10 de noviembre de 2019.

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“Nosotros cuando estábamos 14 años (en el Gobierno) estaban aquí los médicos cubanos, estábamos más tranquilos, más sanos, no nos faltaban los médicos, ellos siempre trabajaban, también puedo sugerir que (el Presidente Luis Arce) invite a nuestros médicos cubanos, que vengan también (acá)”, afirmó Patty.

Los médicos del país activaron protestas en diferentes partes del país demandando la abrogación a la Ley de Emergencia Sanitaria que consideran inconstitucional porque vulneraría varias normas.

La exlegisladora del MAS cuestionó las movilizaciones y el paro de los galenos, sin embargo, señaló que no son todos los profesionales en salud y destacó a los que continúan cumpliendo sus funciones.

El 16 de noviembre de 2019, durante el Gobierno de la expresidente Jeanine Añez, y en medio de una tensa relación entre Bolivia y Cuba, más 700 miembros de la Brigada Médica Cubana abandonaron el país, algunos de ellos se fueron con procesos pendientes ante la justicia, por su mala práctica en la salud de sus pacientes.

Dos meses después, la administración de Añez tomó la decisión de suspender las relaciones diplomáticas con Cuba ante denuncias de “agravios” del canciller cubano, Bruno Rodríguez.

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“Lo amenazó (al Presidente Arce) cuando dijo cuidado estés saliendo como lo hizo Evo (…). La denuncia que estamos haciendo es porque no puede ocurrir como en 2019, para que no se repita presentaré esta denuncia”, señaló la exdiputada a Página Siete Digital.

La exparlamentaria señaló que el proceso contra Camacho se estaría realizando por los supuestos delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

“Los fiscales tienen que actuar, no queremos que se desestabilice nuestro país económicamente, políticamente, ni socialmente, es nuestro Presidente Arce, quien fue electo democráticamente y con voto popular”, manifestó Patty.

El candidato a la Gobernación cruceña indicó el lunes reciente que el Presidente del Estado debe recordar como salió Evo Morales del Gobierno, finalizando su comentario mencionó que le hace falta aprender a respetar a las instituciones y a los trabajadores del país.

“Algo le voy a decir al señor Arce, no se olvide cómo salió Evo Morales (renunció en 2019), que aprenda a respetar lo que significa nuestras instituciones, nuestros médicos, nuestro pueblo, la salud; empiece a respetar y haga lo que corresponde”, manifestó Camacho.

Patty mencionó que los dichos de Camacho no solo son una amenaza a Arce, sino al pueblo, por lo cual pidió que el excívico sea encarcelado.

Afirmó que en 2019 se dejó a Camacho que cumpla su amenaza contra Evo Morales, quien terminó renunciando a la Presidencia, pero ahora pretende alertar a la justicia para que no ocurra lo mismo.

Sostuvo que Camacho cree estar defendiendo la democracia, pero en realidad está atentando contra ella. También mencionó al candidato que no se meta en el conflicto de médicos y la Ley de Emergencia Sanitaria por cuya abrogación se movilizan galenos, cocaleros y maestros.

El excívico cruceño ya enfrenta un proceso por el caso “golpe de Estado”, en el cual los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera se declararon víctimas.

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“Es pitita (Del Castillo) por eso no está activando (la alerta migratoria) y tiene que ser destituido y solicito que sea destituido ese Ministro”, manifestó este jueves la exdiputada, según informó Erbol.

La exparlamentaria del partido azul afirmó que continuará con el proceso penal contra el líder de la agrupación Creemos, Luis Fernando Camacho; su padre, José Luis Camacho Parada; el excomandantes de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman; y el excomandante de la Policía, general Yuri Calderón por el caso “golpe de Estado” de 2019.

Patty manifestó que “le duele” que durante el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, “se encarceló a personas pobres de manera acelerada y sin pruebas” y sin embargo, la justicia no actúa con la misma actitud dentro del caso de Camacho.

NEPOTISMO

Ante las denuncias de presunto nepotismo, el diputado del MAS Vicente Condori, señaló día atrás que el ministro de Gobierno debe dar un paso al costado por ética y “se debe medir con la misma vara”.

Del Castillo es observado por la presunta comisión del delito de nepotismo, debido a que su pareja, Adriana Omonte, según una declaración jurada registrada en la Contraloría General del Estado, trabaja en la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

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El anuncio se dio en respuesta a la denuncia presentada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, contra Luis Fernando Camacho y exjefes policiales.

La investigación, iniciada por Ministerio Público, comenzó con la denuncia que presentó la exdiputada del MAS, Lidia Patty, quien el 4 de este mes, presentó una querella por terrorismo, sedición y conspiración contra Luis Fernando Camacho; su padre, José Luis Camacho; el exjefe de la Armada, Flavio Castro Arce San Martín; además del excomandante de la Policía Yuri Calderón.

En respuesta a la denuncia, el fiscal, Omar Mejillones declaró en conferencia de prensa: “Dentro del inicio de investigaciones consignan el señor Evo Morales y el señor Álvaro García Linera como víctimas. En todo caso, el Ministerio Público, como corresponde en todos los casos, también necesita la versión de la víctima y, en ese marco, también se va a tener que contar con la declaración de estas personas”. 

El fiscal sostuvo que se procederá a acumular elementos para establecer la existencia o no del hecho, también señaló que el procedimiento de investigación será el mismo.

“Se comunicó a la autoridad jurisdiccional el inicio de las investigaciones para realizar el control jurisdiccional, emitimos las directivas de investigación preliminar y se va a proceder en los 20 días a acumular todos los elementos para establecer la existencia o no del hecho”, añadió.

En una primera instancia, la acción legal había sido rechazada porque Patty no individualizó las pruebas sobre los delitos en contra de los demandados, especifica que las acusaciones son: “Por los hechos ilícitos de terrorismo (artículo 133 del Código Penal), sedición (artículo 123) y conspiración (artículo 126), que han causado conmoción social en nuestro país”, dijo la exdiputada a Página Siete.

El fiscal precisó que el periodo de tiempo de investigación abarcará del 19 de octubre de 2019, un día después de las elecciones generales, hasta el día en que Morales desistió al cargo, el domingo 10 de noviembre.

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A fines de noviembre, Patty interpuso la denuncia penal y el 4 de diciembre, el Ministerio Público la admitió.

En ese momento, la exlegisladora del MAS, explicó que las personas afectadas por el supuesto “golpe” de Estado serían Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera, la expresidenta de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra y el expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

La denuncia también incluye al excomandante de la Policía, general Yuri Calderón, al Jefe de Operaciones de las FFAA en 2019; Sergio Carlos Orellana Centellas y al Jefe del estado Mayor en 2019, Flavio Gustavo Arce San Martín, acusados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

De activarse la alerta migratoria, los denunciados se verían impedidos de salir el país de forma legal, puesto que se generaría un reporte en el momento que se presenten en un puesto de Migración.

Según Patty, la solicitud para activar la alerta migratoria, es para evitar que ocurra lo mismo con el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien salió del país a pesar de que ella había pedido con anterioridad al Ministerio Público que lo detenga.

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“Estamos elaborando el memorial por incumpliendo de deberes. (…) no nos ha notificado si ha elaborado un plan, no toma en cuenta a los accionantes, presentó un documento complementario nada más hasta ahora no le ha remitido a TC de la Paz no le ha remitido ningún plan de como iniciarán las clases si serán virtuales presenciales o a distancia”, dijo la parlamentaria, mediante un comunidad de la Unidad de Prensa de la Cámara de Diputados.

El 2 de agosto, el Gobierno determinó, mediante una resolución ministerial, la clausura del año escolar. La diputada Lidia Patty presentó una Acción Popular considerando que se vulneraba el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.

Bajo esas consideraciones, la Sala Constitucional primera de La Paz dejó hoy sin efecto la clausura del año escolar y determinó que el Ministerio de Educación presente una propuesta para el reinicio de las clases.

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“El proyecto de ley que estamos presentando es para que no se escape ninguna autoridad, ya sea del legislativo como del ejecutivo, porque ya hemos visto que hubo mucha corrupción y existe el temor que se escapen. Esperemos que se coloque en agenda el tratamiento de este proyecto de ley para la próxima sesión en plenaria”, señaló en La Paz, la proyectista ante los medios de comunicación nacional. 

La diputada manifestó que ante los hechos de corrupción que son investigados y para evitar el daño económico al Estado, es necesario que se tenga una ley de esa naturaleza.

“Se pueden escapar, quienes están involucrados en todos estos actos, ministros, viceministros e incluso la presidente transitoria, entre otros”, indicó.

La diputada del Movimiento Al Socialismo, añadió que en el proyecto se explica que las autoridades no podrán viajar ni salir del país durante seis meses una vez promulgada. “Nosotros no tenemos miedo, por eso lo estamos presentando”.

/DEA/

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