Tras oficializarse el fin de las contrataciones directas mediante el Decreto Supremo 5600, parlamentarios pidieron que se agilicen las investigaciones contra los beneficiarios de estos contratos y las autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) que autorizaban esta forma de contrataciones.

Eliminación de decretos y necesidad de investigación

La diputada Catherine Pinto recordó que se eliminaron 161 decretos que facilitaban la corrupción. Ahora, todo se deberá hacer por licitación pública; sin embargo, pidió que se investigue a todas las empresas favorecidas con las licitaciones directas otorgadas por los gobiernos del MAS.

Transparencia en el gobierno

Por su parte, el diputado Alejandro Reyes ponderó la determinación del Gobierno. Afirmó que en un Estado transparente no puede haber contrataciones directas, que además, no solo se implementaban en el plano nacional, sino que también se replicaban en alcaldías y gobernaciones.

Según su criterio, ahora le toca al gobierno presentar con nombre y apellido a quienes se han beneficiado con estas contrataciones, así como a quienes autorizaban estas operaciones durante las gestiones tanto de Luis Arce como de Evo Morales. En ese sentido, consideró que lo primero que se debería auditar es el programa Evo Cumple, porque ahí se generaron los “elefantes blancos más grandes de este país y pérdidas económicas gigantescas”.

Decreto Supremo 5600

La pasada jornada, el gobierno presentó el Decreto Supremo 5600, con la finalidad de transparentar todas las contrataciones directas, eliminar los mecanismos que permitían esta práctica y auditar todas las contrataciones realizadas en el pasado para identificar a los responsables.

Denuncias sobre contratos millonarios

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que las contrataciones directas fueron un mecanismo que permitió adjudicar contratos millonarios sin licitación, sin competencia y sin control efectivo. Denunció que varios de esos contratos terminaron en obras inconclusas o que no se utilizan. Mencionó algunos casos destacados como el Aeropuerto de San Ignacio de Velasco, que no tiene vuelos comerciales y costó Bs 215.885.169. Otro caso fueron contratos por “eventos de movimientos sociales” que suman un valor de Bs 29.480.503.

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Nuevo esquema de abastecimiento

Este plan tiene como objetivo transferir la responsabilidad operativa a empresas adjudicatarias, tanto nacionales como internacionales, así como a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esto se llevará a cabo bajo un sistema de licitaciones públicas que asegurará la provisión de gasolina y diésel en todo el territorio nacional.

El ministro de la cartera, Mauricio Medinaceli, indicó que áreas estratégicas como el departamento de La Paz y el Norte de Potosí funcionarán bajo este nuevo formato durante un periodo de 5 años. Esta medida busca romper con el estancamiento histórico de inversión privada en el sector, que se atribuía a la falta de incentivos claros.

Responsabilidades de las empresas

Con este modelo, las empresas que resulten ganadoras no solo se encargarán del suministro de combustibles, sino que también deberán modernizar las instalaciones y ofrecer servicios complementarios que mejoren la experiencia del usuario final.

Uno de los aspectos fundamentales de esta reforma es el fortalecimiento de la fiscalización. Medinaceli advirtió que el control estatal ha sido superado por la magnitud de la operación actual, donde ingresan más de 500 cisternas diarias al país. Esto ha permitido que actores inescrupulosos adulteren el combustible en la cadena de comercialización.

Control y sanciones

Bajo el nuevo régimen de concesiones, la sanción será inmediata: “Si no cumplen con la calidad, se les retira la licencia”. El Gobierno confía en que el control sobre un operador privado será más riguroso y efectivo que los mecanismos de supervisión anteriores.

Para facilitar este cambio, el Ejecutivo ya está trabajando en la reglamentación de normativas que eliminan barreras económicas. Entre los incentivos más destacados se encuentra el establecimiento de un Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) de tasa cero para los importadores directos.

Eliminación de barreras burocráticas

Además, se están eliminando restricciones burocráticas y técnicas que antes dificultaban la compra externa de combustibles por parte de actores distintos al Estado. Esto permitirá un flujo de energía más dinámico y acorde a la demanda del mercado local.

Finalmente, la autoridad aclaró que esta medida no implica una privatización total ni una desregulación absoluta. El modelo será mixto: mientras que en zonas de alta demanda como Santa Cruz ya existe un mercado más liberalizado, el Estado mantendrá los bloques mayoristas regulados para asegurar que las regiones menos rentables o alejadas no queden desabastecidas.

Objetivo de soberanía energética

“El mercado no puede liberalizarse completamente porque las empresas se concentrarían solo en el eje central”, concluyó Medinaceli. Reafirmó que el objetivo final es lograr una soberanía energética equilibrada en todo el país.

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