La norma obligará a la permanencia por tres meses, tras concluir su gestión, para presidente, vicepresidente, ministros, gobernadores, alcaldes, asambleístas nacionales, departamentales, concejales municipales y máximas autoridades ejecutivas de las empresas e instituciones públicas y privadas, que administran recursos fiscales.

Según señaló la diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, la Ley de Arraigo vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), atenta contra la presunción de inocencia, contra la libre locomoción y vulnera tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano. Acusó al Movimiento al Socialismo (MAS) de aprobar la norma con fines político -partidarios.

“Nosotros vemos que MAS ha decidido aprobar una ley con fines esencialmente político -partidarios vulnerando derechos y garantías constitucionales”, señaló en un contacto con Bolivia TV.

El 11 de agosto, la Cámara de Senadores, aprobó la Ley y pasó a la Cámara de Diputados para su consideración, donde este miércoles fue sancionada.

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