“Estando ahí los autoprorrogados se corre el riesgo serio de que empiecen a llover los amparos constitucionales”, afirmó Ticona.

El legislador recordó que “los autoprorrogados en las elecciones presidenciales han actuado a través de terceras personas; no eran ellos los que planteaban los amparos, sino ciudadanos de a pie, y esto puede reiterarse”.

Ticona también indicó que hasta el último momento insistieron en que se debía brindar la ley de las elecciones subnacionales por un tema central.

Trabajo arduo en la Cámara

Por otro lado, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, explicó que el trabajo fue arduo para lograr consensos entre las bancadas durante los últimos 2 días para aprobar la ley de las elecciones subnacionales.

“Para darle certidumbre al pueblo boliviano, que es lo que estaban pidiendo, que no haya más prorrogados en nuestro país de ningún tipo, menos gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales”, apuntó Cabrera.

Posibles amparos constitucionales

Ante la posibilidad de que se presenten amparos constitucionales que frenen la ley, la diputada aclaró que no corresponde ya que no se está vulnerando ningún tipo de derecho.

Por su parte, el presidente del Senado, Diego Ávila, destacó que respeta todos los requerimientos constitucionales establecidos en la normativa vigente.

“Da la certeza, el camino a recuperar la institucionalidad democrática, garantizando que los procesos fundamentales de nuestro país se desarrollen en el marco de institucionalidad, legalidad y participación ciudadana”, manifestó Ávila.

Convocatoria oficial inminente

La convocatoria oficial será emitida en las próximas horas, cumpliendo con el plazo límite fijado por el propio Órgano Electoral. Las elecciones subnacionales están previstas para el 22 de marzo de 2026.

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El proyecto, que consta de seis artículos, ha sido enviado a la Cámara de Diputados para su sanción. Esta ley prohíbe la realización de elecciones parciales en los departamentos y establece el principio de preclusión en todas las etapas del proceso electoral.

Decisión del Tribunal Constitucional

La aprobación de esta ley responde a la reciente decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que frenó parcialmente las elecciones judiciales. El objetivo es mantener la elección de nuevas autoridades dentro del calendario electoral que fue aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El artículo 3 de la nueva normativa especifica que el proceso electoral debe ser único y no debe dividirse por departamentos, lo que busca garantizar la uniformidad en la elección de magistrados y magistradas.

Controversia sobre candidatos

En un contexto reciente, la Sala Constitucional Cuarta otorgó una tutela a Hugo Vargas Palenque, quien impugnó la lista final de candidatos. Vargas argumentó que esta lista incluía postulantes que habían sido reprobados en fases de evaluación. Según él, el TSE ignoró esta controversia al recibir la nómina de la Asamblea Legislativa.

Como resultado de esta situación, la Sala Constitucional decidió declarar desierta la convocatoria a magistradas y magistrados para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija. Además, se ordenó repetir la convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia en Beni y Pando.

Argumentos del TSE

A pesar de esta controversia, el TSE argumentó que el principio de preclusión impide retroceder en las etapas del proceso electoral. Esta medida se implementa con la intención de evitar que continúen en sus funciones autoridades prorrogadas dentro del sistema judicial.

La nueva ley enfatiza en su artículo 4 que todas las fases que ya han sido resueltas en la Asamblea Legislativa han precluido y no pueden ser revertidas. Por lo tanto, las elecciones deben llevarse a cabo con las listas que ya han sido aprobadas.

Derechos del votante

Además, la normativa exige que el TSE garantice el derecho al voto de los ciudadanos. Se prohíbe cualquier suspensión, anulación o modificación del proceso electoral, asegurando así la integridad del mismo.

Prioridad en la justicia

Finalmente, en su artículo 6, la ley exhorta al TCP a garantizar el desarrollo de las elecciones judiciales. Se enfatiza la importancia de priorizar la continuidad de la justicia en Bolivia, evitando cualquier decisión que pueda poner en riesgo la elección de nuevas autoridades.

La entrada Senado aprueba ley para asegurar elecciones judiciales el 15 de diciembre se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El proyecto, que consta de seis artículos, ha sido enviado a la Cámara de Diputados para su sanción. Esta ley prohíbe la realización de elecciones parciales en los departamentos y establece el principio de preclusión en todas las etapas del proceso electoral.

Decisión del Tribunal Constitucional

La aprobación de esta ley responde a la reciente decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que frenó parcialmente las elecciones judiciales. El objetivo es mantener la elección de nuevas autoridades dentro del calendario electoral que fue aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El artículo 3 de la nueva normativa especifica que el proceso electoral debe ser único y no debe dividirse por departamentos, lo que busca garantizar la uniformidad en la elección de magistrados y magistradas.

Controversia sobre candidatos

En un contexto reciente, la Sala Constitucional Cuarta otorgó una tutela a Hugo Vargas Palenque, quien impugnó la lista final de candidatos. Vargas argumentó que esta lista incluía postulantes que habían sido reprobados en fases de evaluación. Según él, el TSE ignoró esta controversia al recibir la nómina de la Asamblea Legislativa.

Como resultado de esta situación, la Sala Constitucional decidió declarar desierta la convocatoria a magistradas y magistrados para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija. Además, se ordenó repetir la convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia en Beni y Pando.

Argumentos del TSE

A pesar de esta controversia, el TSE argumentó que el principio de preclusión impide retroceder en las etapas del proceso electoral. Esta medida se implementa con la intención de evitar que continúen en sus funciones autoridades prorrogadas dentro del sistema judicial.

La nueva ley enfatiza en su artículo 4 que todas las fases que ya han sido resueltas en la Asamblea Legislativa han precluido y no pueden ser revertidas. Por lo tanto, las elecciones deben llevarse a cabo con las listas que ya han sido aprobadas.

Derechos del votante

Además, la normativa exige que el TSE garantice el derecho al voto de los ciudadanos. Se prohíbe cualquier suspensión, anulación o modificación del proceso electoral, asegurando así la integridad del mismo.

Prioridad en la justicia

Finalmente, en su artículo 6, la ley exhorta al TCP a garantizar el desarrollo de las elecciones judiciales. Se enfatiza la importancia de priorizar la continuidad de la justicia en Bolivia, evitando cualquier decisión que pueda poner en riesgo la elección de nuevas autoridades.

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La normativa establece que no se llevarán a cabo las Elecciones Primarias de candidaturas del binomio presidencial para las elecciones generales de 2025. La promulgación contó con la firma de autoridades como el presidente de la Cámara de Senadores Adrónico Rodríguez y el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytaria.

Objetivo de la Ley y garantía de Elecciones Judiciales

La presente Ley tiene por objeto disponer de forma excepcional que, para las elecciones generales de 2025, no se llevarán a cabo las Elecciones Primarias de candidaturas del binomio presidencial. En consecuencia, no se aplicará el artículo 29 (elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial) y los párrafos I y II del artículo 51 (solicitud de la alianza) de la Ley N° 1096, Organizaciones Políticas.

En este marco, el Gobierno garantiza los recursos necesarios para la realización de las Elecciones Judiciales el 1 de diciembre de 2024, asegurando que las autoridades del Órgano Judicial serán elegidas por voto directo del pueblo boliviano, en concordancia con la Constitución Política del Estado.

Cambio significativo en el proceso electoral boliviano

La decisión tomada implica un cambio significativo en el proceso electoral boliviano, eliminando las Elecciones Primarias para el binomio presidencial en las elecciones generales venideras. Esta medida excepcional busca ajustar el sistema electoral a las necesidades actuales y garantizar la transparencia en la elección de autoridades judiciales.

Remisión de la Ley al órgano Ejecutivo

El texto original menciona que la Ley fue remitida al órgano Ejecutivo para fines constitucionales y fue firmada por diversas autoridades legislativas. Además, destaca que esta normativa se promulgó como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

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