Desde la Gobernación de Oruro, se informó que hubo vidrios rotos en algunas de sus oficinas. Según las autoridades, estos daños fueron provocados por miembros de las tres cooperativas de la mina San José, quienes el día anterior habían solicitado una actualización del proyecto de ley para renovar el plan quinquenal de bombeo de aguas ácidas.

El asesor legal de la Gobernación, Limbert Laredo, comentó: “Se está analizando los informes que se vayan a emitir por las instancias correspondientes si vamos a asumir las acciones legales que correspondan, tomando en cuenta que como Gobernación en el marco del cuidado y protección que se debe hacer a la infraestructura, a los bienes incorporados y la seguridad de los funcionarios y la ciudadanía. Contamos con cámaras de seguridad”.

Investigación en curso

Laredo aclaró que se revisarán las grabaciones de las cámaras para identificar a los responsables. Además, se denunciaron situaciones en las que se impidió la libre circulación de los funcionarios de la entidad. También se conoció que mujeres embarazadas y personas que cuidan a menores de edad no pudieron ingresar al edificio público.

Desde la Federación Departamental de Cooperativistas Mineros (Fedecomin RL), se desestimaron los presuntos casos de acoso y amedrentamiento. Sin embargo, reafirmaron su defensa del uso de dinamita como una medida de presión. “Como Fedecomin Oruro hemos tratado de dialogar, pero hemos sido negados… la ley 400 conocemos bien. Creo que si el gobernador daba la atención en su momento, nada de esto iba a suceder. El impulso de las bases es bastante… vamos a esperar el jueves el resultado bueno que sea favorable, caso contrario la Fedecomin estaría entrando en movilización”, expresó un representante de la federación.

Contexto legal

La Ley 400, promulgada el 18 de septiembre de 2013, regula el control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Esta ley prohíbe las detonaciones en el centro de la ciudad, lo que añade un contexto legal a la situación actual.

Motivos de la movilización

El lunes 7 de octubre, tres cooperativas mineras se movilizaron exigiendo la firma del gobernador de Oruro para el proyecto de ley que actualiza el convenio quinquenal para el bombeo de aguas ácidas de la mina San José. Esta propuesta se encuentra actualmente en la Cámara de Senadores para su análisis.

De acuerdo con el convenio quinquenal, el financiamiento para el bombeo y tratamiento de aguas ácidas de la mina San José se distribuye entre la Gobernación, la Municipalidad, la Fedecomin y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), cada uno aportando el 25% del total, que equivale a Bs. 1.095.000.

Posturas de las partes

Desde la Gobernación, se sostiene que los cooperativistas deben llevar a cabo la remediación ambiental, ya que ellos son los que operan en la zona, tal como lo establece la Constitución Política del Estado. Sin embargo, se espera que hasta el jueves se analicen los documentos para evaluar posibles alternativas.

Por su parte, la Fedecomin asegura que ya se cumplió con el plan quinquenal para el acuerdo y la división del presupuesto destinado al bombeo de aguas ácidas. Piden una norma nacional que respalde su posición, argumentando que existe un riesgo ambiental si no se realiza el trabajo necesario.

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El parlamentario del partido oficialista recordó que la dinamita es de uso exclusivo del sector minero para el interior de la mina y su uso para manifestaciones sociales está prohibido bajo pena de cárcel de seis meses a dos años.

Los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) orgánica de La Paz utilizaron dinamitas durante sus manifestaciones desde hace cuatro semanas en demanda del cierre del mercado considerado ilegal de coca en la zona de Villa El Carmen, impulsado por Arnold Alanez, a quien califican como aliado del MAS.

Los vecinos, juntas escolares y comerciantes de las zonas de Villa El Carmen, Villa Fátima y 3 de Mayo emiten constantes quejas, no solamente por las fuertes explosiones de las dinamitas, sino por el uso excesivo de los gases lacrimógenos.

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“Queda claro que todos aquellos caballeritos que han utilizado armas de fuego, que han utilizado dinamita, dañando el bien público y privado, todas esas personas deben ser procesadas de acuerdo a la Ley 400 y de acuerdo al Decreto 2888, lo leo, tal cual no hizo el señor Evo Morales”, sostuvo Murillo

Asimismo, recalcó que no es una Ley o un Decreto de la Presidente de Estado, Jeanine Añez, si no de Morales que será utilizado para que se haga el trabajo correspondiente, como manda la Constitución Política del Estado (CPE), exhortando al Ministerio Público y a los jueces, perseguir estos delitos.

Respecto al anteproyecto de Ley que intenta blindar a todos los dirigentes y militantes que participaron del bloqueo de caminos que por 12 días paralizaron en el país, presentando por la jefa de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), Betty Yañíquez, Murillo mandó a decir a la diputada que ella votó a favor de la Ley 400, y que “su jefe” aprobó el Decreto que permitirá procesar a quienes incurrieron en delitos, durante las protestas.

“Díganle a la señora Betty (Yañiquez) que ella ha votado por la Ley y que hay un Decreto Supremo que ha hecho su jefe en su Gobierno, que sea consecuente, nosotros no creemos en la impunidad, obviamente van a tratar de hacer todo para proteger a aquellos que han delinquido en el país, hay gente que ha muerto por falta de oxígeno, han dinamitado cerros, caminos, puentes, no podemos nosotros dejar esto en a la impunidad”, aseveró Murillo.

Asimismo, dijo que de aprobarse el nuevo proyecto de Ley no puede ser retroactiva, “estos cometieron un delito y tendrán que pagar”, añadió.

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