Oruro lanza plan contra la violencia intrafamiliar

La mañana del lunes 1 de junio, el Ministerio Público de Oruro presentó un plan estratégico destinado a frenar los alarmantes índices de violencia intrafamiliar y sexual. Esta iniciativa surge tras una reunión crucial entre la senadora María Alarcón, promotoras comunitarias y autoridades fiscales.

Acciones inmediatas para proteger a las víctimas

Durante el encuentro, se delinearon acciones inmediatas que buscan optimizar la protección a víctimas. El eje central de esta estrategia radica en una campaña masiva de capacitación sobre la Ley 348, conocida como Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Las autoridades enfatizaron la necesidad de que la población conozca los canales de denuncia y el funcionamiento de las casas de acogida.

Compromiso con la comunidad

“Es un proyecto grande en el que se va a trabajar de manera conjunta. Se necesita el apoyo de todos, especialmente de los medios de comunicación para socializar estos aspectos”, afirmaron desde la vocería oficial, resaltando la importancia de romper el silencio frente a estos delitos.

Reconocimiento de falencias en la Ley 348

Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue el reconocimiento de que la Ley 348 presenta falencias en su aplicación práctica. Esto ha abierto un debate sobre posibles reformas legales que fortalezcan los procesos de protección.

Herramientas de emergencia activas en Oruro

• Línea gratuita de ayuda: Se habilitará un número telefónico sin costo para recibir denuncias y ofrecer orientación en crisis.
• Unidad móvil de rescate: Un vehículo del Ministerio Público operará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para recoger a víctimas en situaciones de riesgo inminente.
• Red de respuesta integrada: Este servicio colaborará directamente con la Alcaldía de Oruro, la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).

  

Resultados esperados para finales del mes

Se prevé que los primeros resultados evaluativos del despliegue interinstitucional se den a conocer a finales del presente mes. Este avance marcará una hoja de ruta crítica para garantizar la seguridad de mujeres y familias en el departamento. El fiscal departamental Aldo Morales Alconini estuvo presente durante el anuncio.

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Aprehendido por delitos de estupro y violencia familiar en Oruro

El 20 de mayo, en la ciudad de Oruro, se llevó a cabo una intervención rápida y coordinada entre el Ministerio Público y el Departamento de Inteligencia Criminal (DIC) de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv). Esta acción resultó en la aprehensión de un sujeto imputado por los delitos de estupro y violencia familiar.

Detalles del caso

Actualmente, el individuo se encuentra en celdas judiciales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde las autoridades solicitarán su detención preventiva. Los hechos se remontan al inicio de la relación entre el agresor y la víctima, quien tenía 17 años al momento del presunto delito. Ahora, con 19 años, la joven tiene un hijo de dos años con el agresor.

Hostigamiento constante

Tras una separación motivada por conflictos y agresiones reiteradas, el sujeto continuó hostigando a la víctima. De acuerdo con el informe oficial de las autoridades judiciales, el último incidente ocurrió en plena vía pública cuando la víctima caminaba acompañada de su padre y su hijo menor. En ese momento, la expareja, en evidente estado de ebriedad, los interceptó violentamente.

Intervención vecinal

El denunciado comenzó a jalonear al niño con la intención de quitárselo a su madre. Ante esta situación, la mujer protegió al menor mientras que el abuelo intercedió para frenar al agresor. Durante este altercado, el sujeto intentó también agredir al adulto mayor, lo que llevó a que su esposa interviniera. En medio del forcejeo, el agresor mordió a esta mujer en la mano.

Acción rápida de las autoridades

La oportuna reacción de vecinos y transeúntes obligó al atacante a darse a la fuga. Tras formalizarse la denuncia, se activaron inmediatamente los mecanismos de inteligencia policial. La Fiscalía Departamental de Oruro destacó el arduo trabajo realizado sin interrupciones durante las últimas horas por parte de los fiscales asignados y los efectivos de la Felcv.

Captura en tiempo récord

Estas labores permitieron capturar al denunciado en un tiempo récord. El Ministerio Público confirmó que ya se ha elaborado la imputación formal. Además, ante los antecedentes de violencia y el riesgo latente para la víctima y su entorno familiar, la Fiscalía pedirá su detención preventiva bajo el marco de la Ley 348.

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FELCV Oruro conmemora 13 años de lucha contra la violencia

La mañana del 23 de abril de 2026, se realizó un emotivo acto en el Patio de Honor del Comando Departamental de Policía Oruro. Durante esta ceremonia, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) celebró su decimotercer aniversario, un evento que reunió a las principales autoridades policiales de la región, invitados especiales y personal de la institución.

Reconocimientos a quienes luchan contra la violencia

En esta jornada significativa, se entregaron reconocimientos y galardones a personalidades del ámbito público y privado que colaboran diariamente con la labor de la Felcv. Además, se distinguió a oficiales destacados por su compromiso y eficiencia en la atención de casos, resaltando su vocación de servicio en la protección de los sectores más vulnerables.

Crecimiento institucional y despliegue territorial

La capitán Fabiana Mercado, directora de la Felcv Oruro, destacó el crecimiento institucional y el despliegue territorial que ha tenido la unidad. “Estamos celebrando nuestro decimotercer aniversario, conmemorando también la creación de la Ley 348. Estamos trabajando día a día para evitar casos de violencia, abarcando colegios, instituciones y centros comerciales no solo en el municipio de Oruro, sino en todas las provincias”, señaló.

Prevención como eje central

Mercado informó que actualmente la institución cuenta con 119 servidores públicos policiales distribuidos estratégicamente. Además de su oficina central en la calle Tarapacá, la Felcv ha logrado desconcentrarse en los seis distritos de Oruro y mantiene presencia en municipios clave como Challapata, Caracollo, Huanuni, Huari y Sabaya.

Uno de los puntos centrales de su gestión es la prevención. La directora enfatizó que cuentan con personal especializado dedicado exclusivamente a capacitar y difundir derechos para romper el ciclo del silencio. “La ley prevé la informalidad y celeridad en los procesos. Muchas veces la gente no denuncia por miedo o por pensar que el proceso será largo, pero nosotros estamos obligados a brindar un servicio eficiente y eficaz”, aseguró Mercado.

Llamado a la acción para combatir la violencia

Para finalizar, hizo un llamado a la población orureña para que no sea cómplice de la violencia y utilice los canales oficiales para reportar cualquier hecho de agresión:

• Línea gratuita de emergencia: 110
• Línea de atención directa Felcv: 800-14-03-48

Con este aniversario, la Felcv reafirma su compromiso de seguir trabajando bajo los principios de celeridad y protección, buscando reducir los índices de violencia en todo el departamento de Oruro.

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La violencia de género en Bolivia según la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de alarmante la situación de la violencia de género en Bolivia, según su Informe Anual correspondiente a 2025. En este documento, el organismo también resaltó la reciente aprobación de una ley que prohíbe los matrimonios y uniones entre menores de 18 años.

Datos sobre feminicidios y tentativas

En el análisis sobre Bolivia, incluido en el capítulo sobre “Desarrollo de los derechos humanos en la región”, la CIDH sostuvo que “la situación de violencia de género continúa siendo alarmante” en este país. Entre enero y septiembre, se reportaron:

• 62 feminicidios
• 127 tentativas de feminicidio

Agresiones a periodistas y legislación vigente

El informe también recordó que el año pasado se registraron casos de agresión física contra periodistas, incluso violencia sexual. Desde 2013, rige en Bolivia la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, conocida como ley 348, que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto. Esta es la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Avances legislativos y protección infantil

Por otro lado, el informe destacó algunos avances logrados por Bolivia, como la adopción de leyes destinadas a proteger a niñas, niños y adolescentes contra uniones forzadas. En concreto, en septiembre se promulgó una ley que prohíbe los matrimonios y uniones libres entre menores de 18 años o con adultos. Esta medida busca proteger a esta población de vulneraciones como abusos sexuales, embarazos no deseados y trata.

Desafíos persistentes en derechos humanos

La CIDH también mencionó “los esfuerzos interinstitucionales y sociales que permitieron concluir con éxito las elecciones generales” realizadas en agosto pasado “en un contexto marcado por la polarización política”. Sin embargo, también identificó desafíos relacionados con:

• La falta de independencia judicial
• La situación de las personas privadas de libertad
• Los riesgos enfrentados por personas defensoras de derechos humanos

Impunidad estructural y feminicidios en aumento

A pesar de contar con una legislación severa como la Ley 348, Bolivia sigue enfrentando una impunidad estructural donde apenas una fracción mínima de los casos llega a sentencia condenatoria. Esta brecha entre la norma y la realidad condena a las mujeres a un ciclo continuo de violencia, donde el Estado reconoce el delito solo en papel pero falla en proteger sus vidas. Como resultado, el país mantiene tasas de feminicidio entre las más altas de Sudamérica, convirtiendo el hogar en el lugar más peligroso para miles de bolivianas.

Cifras alarmantes para 2025

En total, durante 2025 se reportaron:

• 81 feminicidios y hasta ahora este año se registran 28 casos adicionales.

La CIDH también señaló: “Además, según información pública disponible, algunas candidatas habrían enfrentado expresiones de violencia, amenazas y acoso tanto en espacios físicos como en plataformas digitales”. Asimismo, indicó que se dieron los primeros pasos hacia una urgente reforma judicial y el fortalecimiento del acceso a la justicia mediante “la instalación del Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial”.

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La ineficacia del sistema judicial en violencia de género

Un exhaustivo informe defensorial sobre el cumplimiento de la Ley 348 (Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia) reveló la ineficacia del sistema estatal para sancionar los delitos de género. Según el documento, solo el 5,7% de las denuncias presentadas alcanza una sentencia ejecutoriada. Esta situación deja a la gran mayoría de las víctimas en un estado de total desprotección e impunidad.

Cifras alarmantes y brechas profundas

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que estas cifras no son meras estadísticas, sino un reflejo de una “brecha profunda y alarmante” entre el acto de denunciar y la capacidad del Estado para ofrecer una respuesta efectiva. El informe subraya que el sistema judicial actúa como un embudo donde la mayoría de los procesos se pierden en el camino.

Rechazo de denuncias y falta de fallos judiciales

De hecho, el 61% de las denuncias son rechazadas antes de avanzar. En aquellos casos donde el Ministerio Público logra presentar una acusación formal, el 58% aún no ha recibido un fallo judicial. Este contexto genera un círculo vicioso que perpetúa la violencia.

Falta de inversión en prevención

El análisis realizado por la Defensoría identifica la falta de inversión en prevención como uno de los pilares del problema. Actualmente, los recursos destinados a evitar que la violencia ocurra representan solo el 8% del presupuesto total asignado a la lucha contra la violencia de género. Esta desproporción contribuye al colapso del sistema penal, que se ve sobrecargado con una demanda que no puede gestionar.

Deficiencias en salud y coordinación interinstitucional

Aparte de las fallas judiciales, el informe denuncia “grandes deficiencias” en el sector salud y en la coordinación interinstitucional. Se han detectado irregularidades graves como la aplicación deficiente de protocolos en casos de violencia sexual, servicios de atención psicológica extremadamente limitados y demoras burocráticas en la emisión de certificados forenses, indispensables para sostener cualquier proceso legal.

Desatención coordinada y revictimización

Finalmente, Callisaya señaló que la falta de articulación entre el Ministerio Público, la Policía y el sector salud impide una ruta crítica de atención fluida. Esta desatención coordinada no solo retrasa los procesos, sino que revictimiza a las mujeres. Ellas enfrentan un aparato estatal lento y fragmentado que, en muchos casos, termina por abandonar las causas, perpetuando así el ciclo de violencia en el país.

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Modificación de la Ley 348 y su impacto en Oruro

El presidente del Concejo Municipal de Oruro, Samuel Mendizábal, junto al diputado nacional Humberto López, propuso una modificación a la Ley 348. Esta iniciativa surge tras una visita al penal de San Pedro, donde socializaron la propuesta y recogieron inquietudes de personas privadas de libertad.

Vacíos legales y sobrepoblación penitenciaria

Ambas autoridades señalaron que la ley presenta vacíos legales que pueden llevar a detenciones consideradas injustas. Esto contribuye a la sobrepoblación penitenciaria y al hacinamiento en los centros penitenciarios. Mendizábal explicó que esta visita responde a denuncias ciudadanas y a la preocupación de varias familias que sienten que no se ha garantizado plenamente la justicia en ciertos procesos.

Análisis integral de la problemática

El concejal enfatizó que es crucial analizar esta problemática de manera integral. Para ello, se requiere la participación activa de autoridades nacionales, departamentales y municipales. El objetivo principal es revisar cómo se aplica la norma y evitar posibles irregularidades en los procesos judiciales.

Llamado a la transparencia judicial

Mendizábal hizo un llamado a jueces, fiscales y efectivos policiales para actuar con transparencia y apego a la ley. La búsqueda de justicia debe ser un esfuerzo conjunto, asegurando claridad en los procesos judiciales relacionados con la Ley 348.

Compromiso legislativo para el cambio

Por su parte, el diputado López informó que esta visita forma parte de un recorrido por distintos centros penitenciarios del país. “El compromiso es para toda la población que se encuentra encerrada aquí en Oruro y no solamente acá, sino en todo el país”, afirmó. Además, mencionó que ha mantenido reuniones con otros parlamentarios dispuestos a visitar cárceles y formar mesas de trabajo con organizaciones sociales.

Debate sobre la Ley 348

La Ley 348, promulgada para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, establece mecanismos de prevención, protección y sanción. Sin embargo, sectores críticos han planteado observaciones sobre su implementación y sugieren ajustes necesarios.

Próximos pasos hacia el diálogo

Las autoridades indicaron que el siguiente paso será impulsar espacios de diálogo y coordinación. Esto permitirá canalizar propuestas concretas de modificación ante la Asamblea Legislativa. Este debate vuelve a poner en agenda la situación de los recintos penitenciarios y el uso de la detención preventiva en el país.

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Ante esta alarmante realidad, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha anunciado la realización del IV Congreso Internacional Contra la Violencia Sexual. Este evento se llevará a cabo en la ciudad de Cochabamba del 3 al 5 de octubre de 2025. La actividad es organizada en colaboración con la Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE) y reunirá a especialistas e instituciones con el fin de promover acciones conjuntas de prevención y atención.

“Estos datos nos deben llamar la atención como sociedad. La violencia de género no se detiene y solo con una respuesta firme, coordinada e integral podremos garantizar a las víctimas un acceso real a la justicia, protección efectiva y reparación al daño”, expresó Mariaca.

Tipos de delitos más frecuentes

Según el reporte, el tipo de delito más común sigue siendo la violencia familiar o doméstica, con un total de 25.716 casos en todo el país. También se han registrado incidentes relacionados con abuso sexual (2.423), violación (2.240), agresiones contra menores (1.721), estupro (1.366) y otras situaciones previstas en la Ley 348 (946).

Preocupación por feminicidios

Un aspecto que genera gran preocupación entre las autoridades es el número de intentos de feminicidio, que ascienden a 127 a nivel nacional. La mayor cantidad de estos casos se concentra en La Paz, seguida por Cochabamba y Santa Cruz.

Fortalecimiento de la articulación

En este contexto, el Ministerio Público ha reiterado su llamado a fortalecer la colaboración entre las instituciones del Estado y la sociedad civil. Esto es fundamental para enfrentar este problema de manera estructural, garantizando mecanismos eficaces de prevención, atención oportuna y justicia para las víctimas.

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“¡Tú eres mi mujer y te voy a hacer donde yo quiera…! ¡Eres una %$@#!”, exclamó con vehemencia Carlos, el esposo de María, en las primeras horas de la mañana de aquel 28 de julio de 2025. Él la violó luego de llegar ebrio a su casa de la zona Noreste de la ciudad de Oruro.

En otro caso, cinco meses antes, en febrero de este mismo año, Rosa salió a trabajar como chofer de un vehículo para la manutención de su pequeño hijo y ella. En el mismo motorizado, la acompañaba su exconcubino. Luego de una jornada extenuante, debido a la hora y por seguridad, ambos fueron a pasar la noche a la vivienda del varón, al Sudeste de la ciudad de Oruro.

Rosa al acostarse, lo hizo con sus enaguas, para evitar cualquier insinuación de carácter sexual a su expareja. Pero, él al advertir esa situación, hirvió en cólera y consumado por los celos decidió increparla.

“¡Por qué no te sacas las enaguas…! ¡Para quién te estás guardando…!”, gritó sin ni siquiera considerar que el hijo de Rosa dormía en la habitación contigua. Tras unos instantes, aprovechando su fuerza, forcejeo, y la violó. Luego del hecho, Rosa no volvió más a la casa de su agresor. Diez días después, al salir de la vivienda de su hermana fue interceptada por él; la arrastró de sus polleras y la llevó hacia los rieles del tren para abusarla sexualmente.

Al escuchar los gritos desesperados de la víctima, unos policías que circunstancialmente pasaban por el sector, asistieron a Rosa y lograron capturar al sujeto para que sea sometido ante la ley.

Ahora, las víctimas de estos dos casos tienen la esperanza de justicia, sus casos son investigados por el personal de la Fiscalía Departamental de Oruro.

Para muchas mujeres en Oruro, la vida matrimonial o de concubinato puede convertirse en una pesadilla al no tener orientación o dinero para denunciar debido al desconocimiento de las leyes o vergüenza ante la sociedad a ser juzgadas. Por ello, muchas soportan años de violencia en silencio.

El artículo 310 del Código Penal boliviano refiere las agravantes en caso de un hecho de violación de manera general, sin embargo, también hace referencia a los conyugues o convivientes.

El 2013, cuando se promulgó la Ley 348, que es la norma Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia se estableció de manera genérica la sanción por violación sexual, sea esta dentro o fuera del matrimonio.

TRAUMAS QUE DEJAN UNA HUELLA INDELEBLE

La presidente del Colegio de Psicólogos de Bolivia, Verónica Alfaro explicó que las mujeres víctimas de violación en el matrimonio experimentan traumas como el estrés de trastorno postraumático que en muchos casos es complejo porque tienen hiperactivación, levitación, intrusiones referente a todo el recuerdo del hecho traumático.

La víctima se siente humillada, pierde su autoestima y tiene síntomas crónicos como la depresión, según la experta. Respecto a cómo pueden superar este tipo de traumas, Alfaro indicó que la recuperación es un proceso individual donde una de las urgencias es salir de la situación de violencia y poner en resguardo a la víctima de su agresor.

“Tiene que haber un proceso psicoterapéutico especializado que vaya enfocado en reducir todos esas sintomatologías relacionadas a este trauma focalizado, que es el tema de la violación”, aseguró al añadir que debe haber también un apoyo afectivo y en caso de daño físico, atención médica. Además, añadió, se debe poner límites legales para el proceso de recuperación y resarcir el daño causado.

Con relación a la atención de las víctimas de violación sexual en el matrimonio, indicó que se requiere seguridad inmediata, evaluación del riesgo que es realizada por un psicólogo forense, así como tomar medidas para evitar agresiones posteriores y represalias en mayor grado de violencia.

Asimismo, debe someterse a una valoración médica para evitar que sea infectada con alguna enfermedad de transmisión sexual o sufra un embarazo no deseado.

También la víctima debe tener un apoyo socioeconómico, ya que muchas de ellas son dependientes.

Alfaro manifestó que las víctimas que no denuncian las agresiones por este tipo de violencia, es porque consideran que serán estigmatizadas o culpabilizadas.

“La sociedad es cruel, va a existir la culpabilización a esta víctima de por qué estaba vestida de esta manera, por qué influyó en esta actitud su comportamiento, siempre hay diversos factores por lo cual esta víctima va a tener una sanción, una estigma social que la culpabilizan”, resaltó.

Otro factor es el miedo a la represalia por ser persona dependiente económicamente y esta dependencia marca, dificulta romper los vínculos de violencia.

Otra limitación está en los recursos económicos para seguir con la denuncia o que esta no tenga un efecto de resguardo para la víctima. Las características culturales o la religión también son obstáculos, que van desde la creencia de la deshonra hasta la compra de la mujer para víctima debe callar.

FUERA DE LAS PAREDES DE LA LEY

Fuera de las paredes de las entidades que velan por los derechos de los sectores vulnerables, como el Servicio Legal Integral Municipal de la Mujer de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) o el Ministerio Público, existen decenas de casos que quedan en la impunidad.

Las mujeres que sufren este tipo de violencia no se atreven a denunciar por desconocimiento de las leyes, ser señaladas en la sociedad o por el resguardo de sus hijos para evitar la desintegración de su núcleo familiar. Ante estos hechos muchas mujeres guardan silencio, que a su vez se convierte en un arma, porque las mata en vida.

Durante la investigación, recurrimos a varias ciudadanas de a pie mediante un sondeo de opinión, para conocer sus experiencias en este tipo de situaciones y nos encontramos con historias guardadas en el cofre de sus recuerdos convertidas en pesadilla.

La consulta radicaba en saber si en su vida matrimonial sufrieron algún tipo de violencia, psicológica, física o sexual; asimismo, si denunciaron ante alguna entidad encargada en la atención de este tipo de casos como el Ministerio Público, el SLIM o la Policía. Y si no denunciaron el motivo por el cual tomaron esa decisión. Las respuestas fueron contundentes ante las preguntas.

“Sí he sufrido violencia psicológica, violencia familiar. Recurrí a la Policía, pero no me hicieron caso, lo detenían pero era un rato y luego me decían que era mi esposo y que lo tenía que aguantar. He quedado traumada y por eso me he separado, he llegado hasta el juzgado, pero igual ha sido en vano, el juez ha tratado de conciliar, ha sido en vano y lo he dejado. Tenía miedo a los varones, ha sido feo vivir así, incluso a mis hijitos los he traumado. A veces (mi esposo) llegaba mareado, me agredía físicamente y a veces quería abusarme sexualmente, y todo eso te trauma. Lo he superado, pero no ha sido fácil”, dijo una de las consultadas.

“He sufrido violencia física, psicológica pero no sexual. Nunca denuncié porque me daba vergüenza, porque hay mujeres que somos independientes, luchonas, trabajadoras y nos limitamos por eso, para que la gente no nos vea débiles”, afirmó otra ciudadana.

“Nunca fui víctima, pero conozco a una persona que sufrió violencia psicológica, llegó hasta la DIO, pero la señora retrocedió y retornó con su pareja”, señaló una de las entrevistadas.

“Sufrí violencia psicológica. A veces no se llega a conocer bien a la pareja, primero nos enamoramos y al vivir es donde conoces a la persona. En el matrimonio recién llegas a conocer y también depende de conversar. El hombre a veces cambia por los malos amigos, las bebidas alcohólicas. Nunca lo denuncié porque pienso en mi hijo”, respondió otra mujer a la consulta.

“Alguna vez sufrí violencia psicológica, pero nunca lo denuncié por falta de tiempo, además cuando se va a denunciar, te mandan de un lado para otro, te dicen vuelva y hay mucha burocracia. Una vez intenté pero me dijeron que vuelva, no hay apoyo de estas entidades. Sí conozco un caso de una amiga que sufrió violación sexual, pero se aisló cuando intentamos ayudarla, ahora no la vemos, la llamamos y no contesta, debe ser un año que sufrió esta violación”, dijo otra de las ciudadanas entrevistadas.

LEY DE PROTECCIÓN

La Ley 348, fue promovida por las autoridades del Poder Ejecutivo en el 2013 y la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aceleró su tratamiento el mismo año, luego de conocer el violento asesinato de la periodista Analí Huaycho, por su expareja, el entonces teniente de Policía, Jorge Raúl Clavijo Ovando, vinculado al caso del Hotel Las Américas.

Esta norma brinda, en términos legales, una atención integral a las víctimas de violencia, desde psicológica, social, legal, gratuita y hasta especializada. También contempla prevención, atención, protección, reparación, persecución y sanción de la violencia.

Asimismo, reconoce el feminicidio como delito penal con 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Al mismo tiempo, crea juzgados especializados que atiendan 24 horas al día. Prohíbe la conciliación de la violencia; inhabilita a los agresores a acceder a cargos públicos; establece la obligación de investigación de oficio independientemente de la voluntad de la mujer.

Crea fiscales de materia móviles para que lleguen al área rural; establece que las mujeres puedan acceder a un certificado médico gratuito otorgado por cualquier profesional de salud, en caso de sufrir violencia.

Para el fiscal de materia del Ministerio Público de Oruro, Mauricio Rodrigo Ramírez, la Ley 348 es eficaz, porque contiene muchas herramientas para sancionar los delitos.

“La Ley 348 y su Reglamento se puede ver lo que es el tema de la debida diligencia, acortamiento de plazos procesales. (…) Entiendo que en nuestro contexto está existiendo un mal uso de esta ley”, afirmó.

De acuerdo al artículo 83 de la Ley 348 se modifican los Artículos 246, 254, 256, 267 bis, 270, 271, 272, 308, 308 bis, 310, 312 y 313 del Código Penal, que comprenden el siguiente detalle en el cuadro:

En lo referente a violaciones de carácter sexual, el 308 establece que se sancionará con cárcel de 15 a 20 años a los sujetos que mediante intimidación, violencia física o psicológica realicen con persona de uno u otro sexo, actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal.

“Mediante la penetración del miembro viril, o de cualquier otra parte del cuerpo, o de un objeto cualquiera, por vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos; y quien, bajo las mismas circunstancias, aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistir”, señala un fragmento del mencionado artículo.

VIOLACIONES EN EL MATRIMONIO

Según el Ministerio Público en el departamento de Oruro, para este 2025 se registraron seis hechos en la vida matrimonial, como los dos descritos al principio de esta nota.

El fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, dijo que puede ocurrir violaciones dentro del matrimonio, situación investigada, para determinar responsabilidades en función a los peritajes y acusar según las normas vigentes en el país. Durante este año, se procedió a la imputación de los presuntos autores.

La  autoridad manifestó que dos casos de presunta violación en el matrimonio fueron rechazados.

“Lo que llama la atención es que las denuncias son de años anteriores. En una de las denuncias se hace referencia que hace 20 años su esposo habría llegado en estado de ebriedad y le habría obligado a tener relaciones sexuales”, afirmó.

En otro hecho, dijo que se hizo otra denuncia por violación, pero, de hace 25 años. Realizada la investigación, se estableció que la denuncia fue efectuada porque su pareja le fue infiel.

En la situación de que haya víctimas de este delito, el Ministerio Público tiene personal especializado entre psicólogas y visitadoras sociales para brindarles ayuda y superen los traumas, no repercutan en su vida como madre y esposas.

De acuerdo a datos del Ministerio Público de Oruro, en lo que va del año se registraron en total 2.228 casos de violencia contra grupos vulnerables, bajo el siguiente detalle:

Para esta investigación se recurrió en seis ocasiones a la DIO dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), sin embargo, no se tuvo la ayuda necesaria para visibilizar los datos de esta entidad respecto a este delito.

Por otro lado, la Felcv del Comando Departamental de Policía de Oruro, tiene datos de violaciones en el matrimonio o concubinato que no fueron compartidos.

De acuerdo a la investigación, grupos de activistas de defensa de los derechos de la mujer establecieron que en plena era tecnológica y a pesar de la existencia de leyes que van a favor de este sector vulnerable, continúan callando muchas de las víctimas, para evitar ser cuestionadas. Otro factor del silencio es lo económico o simplemente evitar la desintegración familiar para sus hijos, olvidando por completo su salud emocional, física e incluso la autoestima.

Añadieron que estas historias revelan el silencioso sufrir de muchas mujeres que deben llevar en sus espaldas un castigo no merecido, pagar por el machismo imperante en nuestra sociedad que minimiza su existencia, sin saber que también son seres humanos con los mismos deberes y derechos que cualquier otro individuo.

Finalmente, resaltaron que un factor importante para cambiar esta perspectiva en el futuro, depende de la educación que las nuevas generaciones reciban dentro del entorno familiar y escolar, y las políticas de Estado puedan establecer mecanismos para una convivencia con menor violencia en el país.

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Rocha explicó que los datos son extraídos del Ecosistema ROMA, que recopila las denuncias presentadas en todas las Fiscalías Departamentales. En el caso de Santa Cruz, se reportaron 7,844 casos, seguido de La Paz con 5,759, Cochabamba con 3,652, Tarija con 1,547, Potosí con 1,397, Chuquisaca con 1,069, Beni con 714, Oruro con 629 y Pando con 295.

Delitos más comunes

Según el registro del Ecosistema ROMA, el delito más frecuente es la Violencia Familiar o Doméstica, con 17,238 casos. Le siguen el Abuso Sexual con 1,590, la Violación con 1,455, la Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente con 1,123, el Estupro con 890 y otros delitos que suman un total de 610.

Feminicidio en grado de tentativa

En cuanto a los casos de Feminicidio en grado de Tentativa, el Ministerio Público ha registrado a nivel nacional 78 casos. De estos, 29 corresponden al departamento de La Paz, 21 a Cochabamba, 10 a Santa Cruz, 6 a Tarija, 5 a Chuquisaca, 3 a Oruro, 2 a Beni, y uno cada uno a Potosí y Pando.

Atención a víctimas

La Fiscal Superior también aseguró que, en el marco de las políticas institucionales y el Nuevo Modelo de Gestión Fiscal implementado por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, la institución se enfoca en brindar atención prioritaria e integral a las víctimas de estos delitos. Esto es especialmente importante para las personas en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Comparación con gestiones anteriores

En comparación con el año anterior, se está observando una disminución en los casos ingresados bajo la Ley Nº 348. Esta información indica un contexto en el que las instituciones están trabajando para mejorar su respuesta ante situaciones que afectan gravemente a sectores vulnerables dentro de la sociedad boliviana.

/KMMN

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“Dicen que los hombres no deben llorar”, reza una conocida canción. Pero es solo una ligera canción y la dura realidad es otra. Vemos éstos días en noticieros y redes sociales a un joven con el rostro lloroso y compungido siendo liberado luego de nueve años de injusta detención por algo que nunca cometió. Y ver esas lagrimas nos duele a todos. Nos duele, nos apena y nos indigna.
Sabemos que la justicia humana es imperfecta; acaso solo el rey Salomon, muy sabio por designio de Dios, supo administrar buena justicia. Pero la justicia boliviana debe estar entre las peores del planeta y siempre con visos de corrupción, además.
Resulta indignante que quienes debian administrar justicia no lo hayan hecho. ¿Que pasó con los policias investigadores?, no supieron investigar nada, ¿supieron realizar minucioso trabajo Científico, Técnico y Forense ?, ¿Quiénes investigaronn?, ¿los subalternos suboficiales o los oficiales?, o ¿no estan preparados para esas rutinas?.
Y ¿los abogados?, aquellos que defienden de oficio, ¿supieron hacer su trabajo?, o ¿solo cobraronn por labor inexistente?. Y ¿los jueces?, ¿qué elementos analizaron?, ¿qué indicios valoraron?, ¿tenían sentido comun?, que esto parece ser el menos común de los sentidos entre ellos.
Me estremece y aterra pensar la clase de gente compone los Tribunales de provincias. Fue un Tribunal de sentencia de la provincia Nor Cinti que condeno al joven Richard Mamani. Tal vez si su caso era llevado a un Tribunal de ciudad capital, ¿ la suerte hubiera sido otra?. Tengo mis dudas porque como “ en todo lado se cuecen habas”, el vivir en una ciudad capital tampoco garantiza probidad, en consecuencia la justicia es asi nomas en el país del desastre.
LEY 348
Esta ley parece ser la causa de tanta injusticia, porque lo de Richard Mamani solo es una muestra. ¿Cuántos casos similares existiran?. ¿Cuántos hombres estarán languideciendo en las cárceles siendo inocentes? .Menudo trabajo le aguarda al Defensor del Pueblo, don Pedro Calizaya.
Es una ley sin sentido común o con muy poco de el. Supuestamente es para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, pero… ¿ no es violencia sicológica, emocional y social lo hecho al joven Richard?. La injusta condena tuvo un impacto social a la integridad física y psiquica del joven. Cómo es posible condenar a simple denuncia verbal, sin careos, sin investigación profunda, sin investigacion científica, sin valoraciones forenses, sin colectar pruebas fehacientes y solo basandose en conjeturas? . Draconiana ley por donde se la mire o lea.
RESARCIMIENTO
Si éste hecho hubiera ocurrido en el país del norte, por ejemplo, la victima sería indemnizada con millonaria suma por el error de los jueces. En Bolivia, acaso el asunto se quede ahí.
Richard tiene derecho al pago de daños y perjuicios. El Articulo 113, numeral 1 de la Constitución establece el derecho. El Articulo 95 del Código Penal establece indemnización para personas inocentes. ¿Ocurrirá?, por el bien de Richard, ojalá. Pero ¿por qué complicados vericuetos juridicos tendrá que recorrer previamente?. ¿el proceso será corto o demandará años luz?. Dada nuestra justicia, el pesimismo nos embarga, pero por Richard Mamani seamos optimistas.
CONFIANZA NI EN MI CAMISA
Lo dijo don Mariano Melgarejo, y acaso fue un acierto del ex presidente.
Llama la atención que la denunciante haya sido la hermana menor de Richard, aleccionada y presionada por la hermana mayor. Un remordimiento conciencial hizo que luego de más de ocho años (siendo ahora mayor) la hermana reconozca la mentira. ¿Habrá alguna sanción a la hermana mayor?. Pues es ella la autora intelectual de la mentirosa acusación que sumió al hermano a nueve años de cárcel.
Esta sería la oportunidad para que nuestra alicaída justicia se reivindique, por lo menos medianamente. Aguardemos.

   (*) Comunicador Social

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Galindo ha cuestionado la participación de Prado debido a su conexión con un caso de feminicidio, argumentando que la exministra brindó apoyo al acusado en dicho caso.

Vínculo con un caso de feminicidio

Mariana Prado fue pareja de William Kushner, quien fue condenado por el feminicidio de Andrea Aramayo. En 2018, mientras ocupaba el cargo de Ministra de Planificación, Prado se presentó a declarar ante un juzgado en defensa del acusado. Para Galindo, este hecho es una clara señal de complicidad.

Advertencia a Andrónico Rodríguez

Desde su programa radial, Galindo se dirigió directamente a Rodríguez, advirtiéndole que si continúa presentando a Prado como candidata, le hará “la vida a cuadros” todos los días. La activista enfatizó que no permitirá que una mujer que defendió a un feminicida tenga un lugar en el escenario electoral.

Vigilancia sobre la Ley 348

Además, Galindo expresó que estará atenta a cualquier intento de Rodríguez por modificar la Ley 348, que es una norma que protege a las mujeres contra la violencia.

El senador ya había manifestado anteriormente su crítica hacia esta ley, argumentando que presume la culpabilidad de los acusados y que puede ser utilizada como una forma de chantaje.

Defensa de los derechos de las mujeres

Galindo respondió a las críticas de Rodríguez, afirmando que, aunque la ley no es perfecta, representa una herramienta fundamental para enfrentar la violencia machista. Por ello, reiteró que no permitirá retrocesos en los derechos que han sido conquistados por las mujeres bolivianas.

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La periodista registraba incidentes entre vecinos que retuvieron camiones de recojo de basura y bloqueaban la vía principal de este municipio en protesta por el transporte de deshechos provenientes de Cochabamba, la capital del departamento del mismo nombre.

El camarógrafo que la acompañaba, Dahan Joaquín Vedia, también recibió golpes y terminó con lesiones en el cuerpo, informó Mamani a la Unidad de Monitoreo de los diarios representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Los enviados de prensa realizaban la cobertura informativa en las puertas del cuartel militar de Cotapachi, en el municipio de Quillacollo, cerca de las 13:15 horas.

Transportados en ocho vehículos, un grupo de choque conformado por unas 30 personas llegó al lugar y atacó inicialmente a vecinos del municipio de Quillacollo que retenían seis camiones de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) de Cochabamba.

Una mujer tomó violentamente por los cabellos a la periodista y rompió su chaleco de trabajo, y cuando el grupo de hombres se aproximó amenazante, Mamani reconoció al líder de los atacantes, un dirigente del distrito 6 del municipio de Quilla,ollo.

Mamani alertó al dirigente que estaba cumpliendo su trabajo como periodista y esperaba que, al ser reconocida, tuvieran consideración porque estaban al margen de la disputa.

Pero el cabecilla, en lugar de impedir la agresión, alentó a sus seguidores a continuar con la golpiza a la reportera, al camarógrafo y a los vecinos.

Mientras un integrante del Control Social era arrastrado por varias personas, “un hombre me da una patada” y otro me golpea con un objeto que tenía una punta afilada y me provoca una herida en la pierna izquierda, relató.

Al camarógrafo lo derribaron y atacaron a patadas en el piso, según el testimonio de Mamani. La reportera fue asaltada y despojada de un micrófono inalámbrico, una billetera con dinero en efectivo y un teléfono móvil.

Además de los golpes en la espalda y la pierna, el camarógrafo perdió una cámara de fotografía y de video. “Pido justicia y sanción a los agresores. Ellos piensan que agrediéndonos nos van a callar”, expresó Mamani que dirige el programa Voces Regionales desde hace más de 15 años.

La ANP recordó que está vigente la Ley 348 que sanciona la violencia física y psicológica contra la mujer, mientras el Código Penal sanciona con penas de privación de libertad hasta por 12 años a los responsables de provocar lesiones gravísimas.

Ante este cuadro de violencia contra las mujeres periodistas, la ANP reiteró su pedido a la Fiscalía para una actuación de oficio en la investigación de los casos reportados, en aplicación del artículo 59 de la Ley 348. La organización de diarios independientes también reclamó un pronunciamiento y acciones del Defensor del Pueblo en favor de las mujeres periodistas afectadas en los últimos conflictos.

La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reporta agresiones a periodistas y medios desde hace 17 años, y sus noticias están destinadas a la difusión en medios informativos. La organización desaprueba toda forma de apropiación de datos e imágenes destinada a informes de ONG y fundaciones en Bolivia, sin autorización previa.

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Ciudades con más casos

Las ciudades de Cercado, Bermejo y Yacuiba son las que destacan por tener el mayor número de denuncias en este periodo. Esta situación ha generado preocupación entre las autoridades locales y la comunidad en general.

Datos de atención de casos

El director de la Felcv, Luis Céspedes, informó que entre enero y marzo se atendieron 669 casos de violencia. “La mayoría de las agresiones ocurren cuando el varón se encuentra en estado de ebriedad”, comentó Céspedes. Por su parte, Ricardo Jerez, responsable del Programa de Violencia del Sedes, indicó que su entidad atendió 469 casos, que incluyen violencia física, sexual, acoso y peleas. La violencia intrafamiliar sigue siendo la más común en estos reportes.

Reforzar campañas de sensibilización

Ante el aumento de casos, las autoridades consideran que es necesario reforzar las campañas de capacitación y sensibilización. También se debe garantizar el cumplimiento de la Ley 348, que protege a las mujeres contra toda forma de violencia.

Índice de violencia en Bolivia

Con estos datos, Tarija se posiciona como el segundo departamento con el mayor índice de violencia en Bolivia, solo superado por Santa Cruz. Esta situación requiere atención urgente y acciones efectivas para combatir la violencia en todas sus formas.

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Mercedes Cortez, coordinadora nacional de Voces Libres, declaró a los medios locales: “Hoy vamos a tomar acciones más concretas, vamos a exigirle al Presidente del Estado enviando estas cartas de mujeres que han sufrido violencia (…) que nos dé una respuesta sobre la reincorporación del presupuesto que ha sido reducido”.

En la plaza 14 de Septiembre, en la ciudad de Cochabamba, decenas de mujeres se reunieron para mostrar las cartas que las víctimas de violencia han escrito a mano dirigidas al mandatario.

Objetivo de la estrategia

Cortez explicó que el propósito de esta estrategia es que “cada día le llegue una carta” al Presidente para “denunciar” que la Ley 348, que garantiza a la mujer una vida libre de violencia, “nunca fue aplicada por falta de estrategias y políticas públicas”.

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Distintos colectivos feministas, organizaciones sociales y autoridades del Gobierno conmemoraron el fin de semana el Día Internacional de la Mujer. Durante estas actividades, se llevaron a cabo manifestaciones y actos en varias regiones del país, donde se exigieron acciones contundentes por parte del Estado para combatir la violencia hacia las mujeres.

Índices de violencia en Bolivia

Bolivia se encuentra entre los países de la región con los índices más altos de violencia hacia las mujeres. Según datos de la Fiscalía boliviana, desde el 1 de enero hasta el 7 de marzo se registraron 8.477 casos de delitos relacionados con la violencia contra la mujer.

De este total, 6.518 fueron denuncias por violencia familiar o doméstica. Además, se registraron 11 feminicidios, 554 casos de abuso sexual y 515 de violación.

La Ley 348 y sus desafíos

La Ley 348 establece que el feminicidio se castiga con 30 años de prisión sin derecho a indulto, que es la pena máxima en la legislación boliviana. Sin embargo, las organizaciones feministas han denunciado durante años que esta norma no se cumple plenamente debido a carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos casos de violencia.

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“Las comisiones de los turnos permanentes en el departamento de Chuquisaca, como el Ministerio Público, atendieron 91 casos: 77 en la capital y 14 en provincias. Llama la atención nuevamente que el porcentaje mayor, 23, corresponde a los delitos establecidos en la Ley 348”, expresó.

Además, se registraron 15 casos por lesiones graves y leves, diez hurtos, ocho robos, cuatro delitos de accidentes de tránsito, dos homicidios culposos y una violación, entre otros delitos que suman los 91 casos en el departamento durante el feriado largo por las festividades de carnaval.

Investigaciones en curso

El Ministerio Público tiene en investigación cuatro casos de personas fallecidas. Uno de ellos se refiere al atropello de una persona en la carretera Padilla a Monteagudo; otro es el caso de un infante de dos años que fue encontrado ahogado en un turril. También está el embarrancamiento de una movilidad a 100 metros en K’atalla, camino a las Siete Cascadas, donde una mujer falleció.

El último caso involucra a una pareja que cayó al retornar a su vivienda en construcción; la mujer perdió la vida y el hombre se encuentra delicado de salud. Se ha informado que estos habrían llegado desde una fiesta en Santa Cruz.

Coordinación con la Policía

La atención de todos los reportes y denuncias se realiza en coordinación con la Policía Boliviana y las investigaciones del Ministerio Público. Actualmente, se tienen imputados a los posibles actores de homicidios culposos y se determinará su responsabilidad.

Aumento de casos en carnaval

Nava señaló que, en estos seis días de Carnaval en Chuquisaca, se registró la mayor cantidad de casos en Sucre, la ciudad capital. La mayoría de estos casos están relacionados con transgresiones a la Ley 348, promulgada en 2013. Esta norma busca establecer mecanismos para prevenir, atender y proteger a las mujeres en situación de violencia y garantiza atención médica y psicológica de emergencia en todos los centros de salud.

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Capítulo 1: El suplicio de un hombre ante la justicia

Juan Laura Mayta nunca imaginó que una simple relación sentimental lo llevaría a vivir el peor episodio de su vida. Todo comenzó el 16 de enero de 2025, cuando la policía lo detuvo como principal sospechoso de la desaparición de su pareja, Reyna Huallpa, y sus dos hijos. No importó que se haya presentado a declarar voluntariamente ni que insistiera en su inocencia. Desde el primer momento, fue tratado como un criminal.

El caso generó alarma pública: Reyna y sus hijos fueron vistos por última vez subiendo al vehículo de Juan. La presión mediática y el señalamiento de la familia de la mujer convirtieron a Juan en el objetivo inmediato de las autoridades. Sin evidencia concreta, fue acusado de trata y tráfico de personas. Las autoridades ignoraron su versión de los hechos, y en lugar de investigar a fondo, directamente fue sometido a un infierno de torturas.

LAS HORAS MÁS LARGAS

Juan relató con detalles cómo fue golpeado, asfixiado con una bolsa negra y amenazado para que confesara un crimen que no cometió. “Tenía miedo (…) Desde el primer momento en que me presente (a la Policía) me dijeron: ‘Esto es caso Odalis*.  Me preguntaban una y otra vez: ‘Dónde está ella, dónde está el cuerpo’, refiriéndose a mi ex pareja. Yo no podía decir nada porque no sabía nada. Me golpeaban hasta no poder más (…) Por los golpes me desmaye más de cuatro veces”, contó. En un momento de desesperación, con tal de que las torturas cesaran, Juan les dijo lo que querían escuchar: “Sí, la maté”. Pero cuando las autoridades lo llevaron a su casa para buscar el supuesto cadáver, no encontraron nada.

*Frase utilizada por los policías para referirse a un proceso penal por el delito de feminicidio que se investiga en Bolivia. Hasta la fecha, las autoridades no encuentran el cuerpo de la víctima, identificada como Odalis Vaquiata.*

Los abusos continuaron. A pesar de que no existía prueba alguna en su contra, la justicia dictó detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Permaneció ahí sin un proceso justo, con su familia desesperada y la etiqueta de presunto “feminicida” e “infanticida” estampada en los titulares de algunos medios de comunicación.

LA VERDAD SALE A LA LUZ

El 21 de enero, cinco días después de su detención, la verdad salió a la luz con un giro inesperado. Reyna Huallpa y sus hijos fueron encontrados con vida en un alojamiento en La Paz; de acuerdo al informe de las autoridades, Reyna fue encontrada en posesión de bebidas alcohólicas. La mujer “fingió” su desaparición y se encontraba a salvo junto a sus hijos.

Al ser encontrada, Reyna se mostró sorprendida y alegó que no sabía que la estaban buscando, afirmando que no tenía acceso a su celular. La mujer fue arrestada por simulación de delito, abandono de menor y violencia familiar doméstica, pero fue liberada poco después por falta de pruebas suficientes.

Su caso despertó la indignación de activistas que argumentaron que Reyna fue criminalizada por su pobreza. Sin embargo, estas mismas voces estuvieron ausentes cuando Juan era torturado y acusado de feminicidio injustamente.

Posteriormente, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento del caso y, finalmente, Juan fue liberado. Pero la libertad no le devolvió lo que perdió. “Me juzgaron sin conocerme, me dijeron que yo era un asesino. Me torturaron de diferentes maneras”, declaró al salir de la cárcel.

La experiencia lo dejó marcado para siempre. Sin dinero, sin apoyo legal y con su reputación destruida, Juan tuvo que enfrentar una nueva realidad donde, pese a haber sido víctima, seguía siendo tratado como sospechoso.

LAS HERIDAS NO SANAN

Mientras Reyna era liberada, las denuncias de tortura presentadas por Juan no recibían la misma atención. A pesar de sus heridas visibles, la policía se negó a hacerle pruebas médicas, minimizando sus acusaciones. La justicia no solo le falló una vez, sino dos: primero, al encarcelarlo sin pruebas, y luego, al ignorar su sufrimiento Cuando se le pregunto si alguien le ofreció una disculpa, tras conocerse la verdad, respondió: “En ningún momento vino algún familiar (de Reyna), ni la policía, ni el fiscal… nadie. Directamente todo ha sido así, se han perdido directamente”.

Según Juan, antes de desaparecer, Reyna lo amenazó y le araño el cuello. Ella tenía antecedentes de consumo excesivo de alcohol y abandono frecuente de sus hijos, cabe aclarar que ninguno de los dos es de Juan. Sin embargo, para Juan, lo más doloroso fue escuchar que desde las altas esferas del poder querían “tapar” su caso.

“A mí me han llegado a desanimar (para no denunciar las torturas). No se mueve la policía, no quiere tomarme declaraciones, tanto el médico forense cuando me hizo la prueba de los golpes como traumatología me dijeron que no querían saber nada. Hay muchas pautas que realmente están muy mal en Bolivia”, afirmó.

UN NUEVO GOLPE

Despues de recuperar su libertad, Juan recibió una nueva orden de aprehensión el 12 de febrero, esta vez por violencia intrafamiliar bajo la Ley 348, interpuesta por Reyna. La justicia, luego de ignorar las denuncias de tortura y la falta de pruebas en contra de Juan, rápidamente procesooo  la acusación de violencia en su contra.

“Estaba (Reyna) viviendo 15 días conmigo, desde el 30 hasta el 14 de enero, (…) en ningún momento hubo violación, no le agarraba, no le golpeaba. Yo quiero ser sincero, y el niño está viendo, ha visto, en ningún momento yo le he tratado de golpear, nada, pero con el tiempo se va a saber la verdad, si hay justicia en Bolivia”, afirmó.

Según el abogado de Reyna, el hijo de la mujer afirmo ser testigo de la amenaza de Juan contra su madre, declaración que fue tomada en cuenta sin mayores investigaciones, estudios psicológicos ni considerar que los niños pueden ser manipulables.

“Ni siquiera le he tocado nada, más bien ella me ha golpeado, me ha rascado (…) No había pruebas en ningún momento (de la supuesta violencia contra Reyna), pero lamentablemente los fiscales la apoyan”, dijo.

Juan insistió en que la justicia y las autoridades no actúan de la misma manera en caso de varones y mujeres; hay un marcado favoritismo hacia las mujeres.

“Tienes que echarte la culpa, porque te obligan ahí adentro, los policías te obligan a confesar ‘sí, yo le he golpeado…’. ¡No hay justicia!”, agregó.

Capítulo 2: Contexto de la Ley 348

El 9 de marzo de 2013, Bolivia dio un paso significativo en la lucha contra la violencia de género con la promulgación de la Ley N° 348, denominada “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”. Esta normativa surgió como respuesta a la creciente preocupación por la situación de violencia que enfrentaban las mujeres en el país y se estableció como una de las leyes más avanzadas en la región en materia de protección de los derechos de las mujeres.

La Ley se promulgó 24 horas después del Día Internacional de la Mujer, destacando su carácter revolucionario y su compromiso con la equidad de género. Desde su entrada en vigor, fue considerada un hito jurídico que busca erradicar la violencia machista en todas sus formas y garantizar un acceso efectivo a la justicia para las víctimas.

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

La violencia contra las mujeres en Bolivia era un problema arraigado y sistemáticamente invisibilizado. Según datos oficiales, 7 de cada 10 mujeres sufrían algún tipo de violencia en sus hogares, y el país ocupaba el primer lugar en violencia física y el segundo en violencia sexual en la región. La falta de normativas efectivas y la impunidad con la que operaban los agresores generaban un clima de desprotección y desconfianza hacia el sistema judicial.

La Ley 348 cambió este panorama al declarar la erradicación de la violencia contra las mujeres como una prioridad nacional. Además, estableció medidas de prevención, atención, protección y reparación para las víctimas, así como sanciones más severas para los agresores.

LOS PILARES DE LA LEY

Uno de los aspectos más innovadores es la tipificación de la violencia contra las mujeres como un delito de interés público, eliminando la posibilidad de conciliación en casos de agresiones graves. Además, reconoce 16 tipos de violencia, incluyendo la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, mediática y política.

Otro de los aportes clave de la Ley es la creación de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), una unidad policial especializada en la investigación de estos delitos. Asimismo, se estableció que todas las instituciones del Estado deben asignar recursos para la prevención y atención de la violencia de género.

IMPACTO Y CONTROVERSIAS

A pesar de su gran importancia en la sociedad, la aplicación de la Ley 348 fue objeto de críticas y debates. Si bien permitió visibilizar y sancionar casos de violencia contra las mujeres, también generó preocupaciones sobre su implementación y posibles abusos en su aplicación. Algunos sectores denunciaron que, en ciertos casos, la ley fue utilizada de manera arbitraria, afectando los derechos de los acusados sin garantizar el debido proceso.

CAPÍTULO 3: LA LEY EN DEBATE

Desde su promulgación, la normativa fue defendida como una herramienta fundamental para la protección de las mujeres contra la violencia de género. Sin embargo, también fue criticada por sectores que consideran que su aplicación generó injusticias y vulneraciones a los derechos de los varones.

ARGUMENTOS A FAVOR

Los defensores de la Ley destacan que fue una conquista de los derechos de las mujeres en Bolivia. Según la representante legal del Foro Ciudadano Articulación de Mujeres por la Equidad de Género e Igualdad (Foro Amupei), Carmen Miranda, la normativa responde a la necesidad de garantizar la protección de las mujeres en un país con altos índices de violencia de género.

Miranda sostuvo que antes de la Ley, la violencia contra las mujeres no se consideraba un problema estructural. Esta normativa cambia el enfoque y lo convierte en una prioridad nacional. Asimismo, destacó que es fruto de años de lucha y no una simple copia de legislaciones extranjeras. Afirmó que la violencia contra la mujer históricamente fue minimizada. Los feminicidios eran registrados como accidentes domésticos. “Con la Ley 348, la violencia de género se reconoce como un delito grave”, destacó.

Miranda enfatizó que el desconocimiento es el mayor problema en torno al debate sobre la Ley. “Muchas críticas surgen de la desinformación y de la tergiversación en redes sociales. (…) La violencia contra la mujer es real, estructural y cultural, y esta Ley ha permitido que muchas mujeres rompan el silencio y denuncien”, señaló.

Asimismo, sostuvo que la normativa ayudó a prevenir muchos casos de violencia. Detalló que, actualmente varios sujetos tienen “miedo” a la norma, por lo cual evitan acercarse o hacer algún daño a las mujeres y eso de alguna manera mejora la situación del género femenino.

Sin embargo, aún la violencia hacia las mujeres esta presente en el país, tal es el caso de A. M. B. quien el 2 de enero fue agredida por su pareja, un exsargento de la policía, en plena vía pública. Hecho que fue captado en un video y difundido en las redes sociales.

Días después del ataque, la Felcv aprehendió al agresor por violencia de género y fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva. Asimismo, fue dado de baja definitiva, sin derecho a reincorporación.

CRÍTICAS Y DENUNCIAS DE ABUSOS

Diversos grupos, entre ellos la Casa del Hombre, denunciaron que la Ley 348 fue utilizada para presentar denuncias falsas contra hombres, llevando a la criminalización de varones inocentes. La activista Melania Torrico, quien encabeza un colectivo de defensa de varones acusados injustamente, sostuvo que la Ley fue mal aplicada y que “en Bolivia parecería que los derechos de una mujer pesan más que los derechos de un varón”.

Según Torrico, muchos hombres fueron encarcelados sin pruebas contundentes debido a que la normativa establece que el testimonio de la víctima es una prueba fundamental. “Existen casos donde las mujeres han utilizado la Ley 348 para venganzas personales o chantajes. Aunque es un porcentaje bajo, el impacto en la vida de los acusados es devastador”, agregó al matutino La Razón.

Anteriormente, la senadora Patricia Arce propuso modificaciones a la ley, planteando que se incorpore la obligatoriedad de verificar la veracidad del testimonio de las denunciantes a través de peritajes especializados y cámaras Gesell. Esta propuesta fue rechazada por el Ministerio de Justicia, argumento que “pretender corroborar la veracidad del testimonio de las víctimas de violencia sexual atenta contra sus derechos y podría derivar en la revictimización”.

La abogada Catherine Pérez Lazarte, especialista en derecho familia, niñez y adolescencia, admitió que hay fallas en la implementación de la Ley, pero sostuvo que el espíritu de la normativa es proteger a las víctimas. “La Ley no criminaliza a los hombres por el simple hecho de serlo; su objetivo es garantizar que las mujeres puedan acceder a la justicia sin enfrentar barreras institucionales y culturales que históricamente las desprotegieron”, afirmó.

Sin embargo, Pérez también reconoció que la mala utilización de la ley afectó a varones inocentes. “Lamentablemente, hay casos en los que se ha usado la Ley de manera injusta. (…) Existen situaciones en las que personas se autolesionan para incriminar a sus parejas. Como los protocolos se activan de inmediato, los varones pueden ser detenidos sin una investigación exhaustiva”, señaló.

La abogada agregó: “… los varones que fueron condenados injustamente tienen problemas para acceder a empleos en el sector público y privado porque estos procesos quedan registrados”. Reiteró que la Ley 348 necesita ajustes para evitar abusos y garantizar una verdadera equidad.

IMPACTO EN LA JUSTICIA Y LA SOCIEDAD

Más allá del debate legal, la aplicación de la Ley 348 expuso falencias en el sistema judicial boliviano. La abogada Jessica Echeverría señaló a Chequea Bolivia que el problema no es la Ley en sí, sino la ineficiencia de los operadores de justicia.

“El sistema judicial está colapsado, no hay suficientes fiscales, jueces ni forenses para atender los casos de violencia de género de manera eficiente. Esto provoca demoras y decisiones apresuradas que pueden derivar en injusticias tanto para las víctimas como para los denunciados”, explicó.

La desinformación también jugó un papel clave en la polarización del debate. Informes de Bolivia Verifica identificaron que en redes sociales se promueve la idea de que “basta con un mal gesto para que un hombre sea procesado” y que “la Ley 348 es inconstitucional”. Sin embargo, según la abogada Miranda, el problema no es la Ley, sino su aplicación errónea por parte de jueces y fiscales, así como la falta de capacitación y recursos.

PROPUESTAS DE REFORMA Y EL FUTURO DE LA LEY

El debate sobre posibles reformas sigue en curso. Mientras algunos sectores piden su eliminación o modificaciones profundas, otros sostienen que el foco debe estar en mejorar su aplicación, sin debilitar sus principios fundamentales. En mayo de 2024, la Defensoría del Pueblo anunció que realizará una investigación defensorial sobre la implementación de la Ley 348, para evaluar objetivamente su impacto y detectar sus falencias.

Para la abogada Miranda, la discusión no debe centrarse en enfrentar a hombres y mujeres, sino en fortalecer el sistema de justicia. Aseguró que la Ley 348 fue un avance, pero si se quiere que funcione mejor, se necesita capacitar a los operadores de justicia, mejorar la recolección de pruebas y garantizar que las víctimas sean atendidas sin revictimizar a los denunciados.

Capítulo 4: Los números no mienten

Las cifras sobre violencia de género y delitos en Bolivia revelan una realidad alarmante. Desde la promulgación de la Ley 348, las denuncias de violencia familiar y de género aumentaron de manera considerable, lo que plantea interrogantes sobre la aplicación de la ley y su impacto real en la sociedad.

EVOLUCIÓN DE LOS DELITOS DE GÉNERO EN ORURO (2020-2024)

Las estadísticas del Ecosistema Justicia Libre JL en Oruro muestran un aumento significativo en los delitos de género y violencia intrafamiliar en los últimos años. En 2020, se registraron 1.094 delitos de género, mientras que en 2022 esta cifra ascendió a 1.626. Si bien en 2023 hubo una leve disminución con 1.481 casos, en 2024 se contabilizaron 1.380.

El delito más recurrente dentro de esta categoría fue la violencia familiar o doméstica, con un pico de 1.152 casos en 2022 y una reducción a 872 en 2024. Sin embargo, otros delitos como la violación y el abuso sexual siguieron un comportamiento variable, alcanzando 156 casos de violación en 2024 y 121 de abuso sexual.

TENDENCIAS EN DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR

El análisis de los datos indica que la violencia familiar o doméstica fue el delito más denunciado en Oruro. En 2024, el Ministerio Público registró 872 casos de violencia familiar en este departamento, mostrando una disminución en comparación con los años anteriores.

Según datos nacionales de la Coordinadora de la Mujer, entre 2013 y 2023 las denuncias de violencia familiar se triplicaron, alcanzando un incremento del 193%. Esta tendencia podría estar relacionada tanto con un aumento real de la violencia como con una mayor información y conciencia sobre los derechos de las mujeres.

A nivel nacional, el Ministerio Público reportó 50.325 denuncias de delitos contemplados en la Ley 348 durante 2024, de las cuales 37.601 correspondieron a violencia familiar. Este delito representó el 66% de las denuncias en los últimos años, afectando principalmente a mujeres entre los 18 y 39 años.

IMPACTO EN LA POBLACIÓN MASCULINA

A pesar de que las cifras de violencia de género se centran en la afectación a mujeres, existen denuncias sobre la falta de información estadística sobre los varones que también son víctimas de violencia. Según la activista Melania Torrico, aproximadamente 10.000 varones presentan denuncias de violencia cada año a nivel nacional, aunque muchas de ellas no son procesadas con la misma seriedad que las denuncias presentadas por mujeres.

Los varones que buscan denunciar violencia se enfrentan a múltiples obstáculos, como la falta de recepción de sus denuncias en instituciones como los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y la necesidad de presentar informes psicológicos y pruebas de vulnerabilidad para que su caso sea tomado en cuenta.

Un caso emblemático fue el del ex Míster Bolivia, Miguel Michel, quien logró que la justicia boliviana dictara medidas de protección a su favor tras denunciar violencia de parte de su expareja. Según Torrico, este es un precedente importante, ya que rara vez los varones acceden a este tipo de protección legal.

COMPARACIÓN ENTRE GESTIONES (2020-2024) EN ORURO

Entre 2020 y 2021, los casos de violencia familiar o doméstica aumentaron un 20,19%, mientras que los de lesiones graves y leves crecieron un 91,98%.

De 2021 a 2022, los delitos de violencia familiar crecieron un 14,51%, con un aumento del 39,69% en lesiones graves y leves.

Entre 2022 y 2023, hubo una reducción del 13,80% en los casos de violencia familiar, mientras que los delitos de lesiones graves y leves aumentaron un 15,65%.

En 2024, los casos de violencia familiar cayeron un 12,19%, pero los delitos de lesiones graves y leves subieron un 1,98%.

ANÁLISIS DE LOS DATOS EN ORURO

Las cifras muestran que la violencia familiar o doméstica en Oruro tuvo un incremento hasta 2022, seguido de una disminución en 2023 y 2024. Esta reducción puede atribuirse a diversos factores, como un mayor acceso a información, medidas de prevención o cambios en la denuncia de los casos. Sin embargo, los delitos de lesiones graves y leves han mantenido un crecimiento constante, lo que indica que la violencia en el hogar sigue siendo un problema latente.

En el ámbito nacional, las denuncias de violencia familiar en Bolivia se triplicaron en la última década, pasando de 13.314 casos en 2013 a 39.096 en 2023. Se estima que el 89% de las víctimas son mujeres, con una mayor incidencia en jóvenes de entre 18 y 39 años.

Las estadísticas muestran que la violencia de género sigue siendo un problema estructural en Bolivia y en regiones como Oruro. Si bien la Ley 348 permitió visibilizar y sancionar estos delitos, también se identificaron falencias en su aplicación, especialmente en la falta de atención a las denuncias de varones víctimas de violencia.

El aumento en el número de denuncias puede ser una señal de que las víctimas están confiando más en el sistema de justicia. Sin embargo, la falta de medidas equitativas para todos los afectados sigue siendo un desafío pendiente en la lucha contra la violencia en Bolivia.

Capítulo 5: Hacia una justicia con equidad absoluta

La historia de Juan Laura Mayta nos muestra un caso de varios que existe en el país que refleja falencias en la aplicación de la Ley 348. Mientras el sistema judicial continúe funcionando de esta manera, puede convertirse en una nueva forma de violencia

Según diversos analistas, la Ley no presenta fallas estructurales significativas, los principales problemas radican en cómo los operadores de justicia la aplican.

Si bien esta normativa protege los derechos de las mujeres, en algunos casos puede generar controversias respecto al equilibrio con los derechos de los hombres. La ley es discutible; Sin embargo, es altamente recomendable que las autoridades competentes trabajen en mejorar la reglamentación, para su correcta aplicación. Se sugiere una mayor socialización de la Ley entre funcionarios públicos y operadores de justicia, para evitar la vulneración de derechos.

Se plantea la necesidad de evaluaciones psicológicas a los denunciantes para garantizar que se encuentren en condiciones adecuadas para presentar una denuncia. Esto responde a la preocupación sobre casos en los que se presentan denuncias motivadas por factores ajenos a la violencia, como celos o venganza. Dichas evaluaciones podrían contribuir a un proceso más justo y equitativo.

La Ley necesita contemplar procedimientos para determinar si el denunciado es o no víctima de una denuncia falsa. Esta medida permitiría reforzar el principio de presunción de inocencia y evitar injusticias derivadas de acusación infundada.

El camino hacia la equidad no está en eliminar la Ley, sino en perfeccionarla. Bolivia necesita una legislación que proteja a las víctimas sin distinción de género y que garantice justicia para todos. Como señalaron los expertos: No se trata de enfrentar a hombres y mujeres, sino de construir un sistema donde el acceso a la justicia sea un derecho real y no un privilegio condicionado por el género.

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En La Paz, se llevó a cabo una feria organizada por el estatal Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud), junto con la Policía. En este evento participaron diversas organizaciones afines al Gobierno que clamaron por “justicia” para las víctimas. Una de las movilizaciones más concurridas se registró en Cochabamba, donde mujeres y hombres respondieron al llamado de la Fundación Voces Libres, que se dedica a la lucha contra la violencia hacia mujeres y menores de edad.

Movilización en Cochabamba

La movilización en Cochabamba comenzó en la plaza principal de la ciudad y se dirigió hacia una calle cercana. Allí, las jóvenes del Proyecto Justicieras, quienes son sobrevivientes de la violencia machista y están estudiando para convertirse en abogadas, trabajadoras sociales o psicólogas, pintaron un mural en homenaje a las víctimas de feminicidios y a sus hijos. Este mural incluye los nombres de las víctimas y muestra a un niño que llora, sosteniendo la mano de una silueta de mujer marcada con tiza.

Exigencias de justicia

“Estamos cansados de ver cómo se ha naturalizado la violencia, cómo los márgenes de impunidad, en lugar de decrecer, siguen sumando; las mujeres víctimas de feminicidio no solo son cifras, sino familias enteras con niños huérfanos que nadie cuida”, expresó la coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez. También lamentó que el 99% de los casos de violencia machista en el país sean “abandonados, rechazados, conciliados o sobreseídos”.

La Ley 348

Cortez exigió el cumplimiento pleno de la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que está en vigor en el país desde 2013. Esta ley castiga el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Hasta el 20 de noviembre, la Fiscalía boliviana había registrado 78 feminicidios ocurridos desde enero en el país; sin embargo, en los últimos cinco días se sumaron otros dos casos.

Uno de estos casos fue reportado el 21 de noviembre en el municipio de La Asunta, donde una mujer fue degollada por su expareja frente a su hija. El otro suceso se registró en Oruro, donde una joven fue encontrada muerta con signos de violencia y posiblemente abuso sexual. Un informe elaborado por el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres indica que 90 niños y adolescentes han quedado huérfanos como resultado de los feminicidios registrados hasta ahora.

Denuncias y críticas

El Ministerio Público informó que desde enero hasta el 24 de noviembre recibió 45,396 denuncias relacionadas con delitos enmarcados en la Ley 348. De estas denuncias, 33,907 corresponden a casos de violencia familiar o doméstica. La Defensoría del Pueblo criticó la normalización de la violencia con frases como “siempre ha sido así”, lo que perpetúa “estereotipos de género” y reproduce formas de maltrato.

Además, la Defensoría alertó que la violencia se intensifica “en momentos de crisis económica y política” como los que actualmente enfrenta el país. Por esta razón, hizo un llamado al Estado para garantizar a las mujeres el acceso a educación y servicios esenciales, así como para proteger a las víctimas.

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Violencia contra mujeres y niñas

Sánchez destacó que se registran más de 140 denuncias que se presentan cada día por violencia contra las mujeres. De estas denuncias, alrededor de 30 son por violencia sexual contra niñas y adolescentes.

Exigencias a la Asamblea Nacional

Ante esta alarmante situación, Sánchez exigió a la Asamblea Nacional y a los asambleístas de todo el país que cumplan con su trabajo. En primer lugar, pidió la implementación de la Ley 348 en lugar de proponer medidas que retroceden en el ejercicio de derechos. También exigió que se realicen mayores esfuerzos para aprobar las normas presentadas que abordan los delitos de violencia sexual.

Protección a huérfanos de feminicidios

Además, solicitó una protección integral para los hijos e hijas huérfanos de feminicidios, para que reciban la atención y el apoyo necesario del Estado. También pidió que se elimine la excepción a la edad mínima para el matrimonio, con el objetivo de combatir esta práctica nociva que aún persiste en el país.

Prevención de la violencia

Sánchez manifestó que es fundamental desarrollar acciones enfocadas en la prevención de la violencia. También enfatizó que el trabajo de los legisladores y todos los servidores públicos debe cumplir efectivamente con su función.

Importancia de la Ley 348

Finalmente, recordó que la Ley 348 establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación para las mujeres en situación de violencia. Esta ley también contempla la persecución y sanción a los agresores.

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Según Cortez, la emisión de “discursos de odio” por parte de altas autoridades de Estado en relación a la Ley 348 y su modificación ha tenido un impacto significativo. En tan solo dos meses, se han registrado 24 casos de feminicidio, aunque no existe un respaldo en forma de estudio que respalde la afirmación de que estos discursos hayan legitimado la violencia.

Trágicas cifras en Cochabamba

En un lapso de tan solo 16 días, cuatro mujeres jóvenes y madres menores de 32 años han sido asesinadas en Cochabamba por sus esposos, parejas o exparejas. Estos crímenes han dejado a 12 niños, niñas y adolescentes huérfanos, víctimas de los feminicidas.

Razones detrás del recrudecimiento de la violencia

La Fundación Voces Libres, encargada de monitorear estos crímenes y brindar asistencia legal y apoyo psicológico a las víctimas, busca comprender por qué la violencia contra las mujeres ha aumentado en esta región. Desde la perspectiva de Mercedes Cortez, coordinadora nacional de la organización, existen cinco motivos principales.

Normalización de la violencia en todos los ámbitos

Cortez destaca la existencia de una “normalización” de la violencia en diferentes contextos, como las calles, los mercados, las escuelas, las universidades, el trabajo, los espacios culturales y deportivos, así como en los medios de comunicación y las redes sociales. Esta normalización se extiende incluso a las familias, donde los parientes del agresor a veces justifican sus acciones culpando a las víctimas y presionándolas para que den una “segunda oportunidad”, que en muchos casos se convierte en la última oportunidad de sus vidas.

Falta de políticas de educación y concienciación

Otro motivo identificado por Cortez es la falta de políticas integrales que concienticen y eduquen a la población boliviana de todas las edades. La ausencia de programas de educación para padres, terapia de parejas y una educación que enseñe a las mujeres a reconocer las señales de alerta para denunciar a tiempo contribuye a que solo se tomen medidas cuando la violencia ya es extrema y el feminicidio es inminente.

Impunidad y sanciones irrisorias

La impunidad también es un factor determinante. El 70% de la carga procesal penal corresponde a delitos de violencia contemplados en la Ley 348. Sin embargo, el 99,3% de los casos de violencia intrafamiliar no llega a una sentencia y, en los pocos casos en los que se obtiene una, las sanciones suelen ser alternativas, como multas o trabajos comunitarios insignificantes. Estas sanciones irrisorias legitiman la violencia y reflejan una tolerancia tanto por parte del sistema judicial como de la sociedad en general.

Dependencia económica y falta de oportunidades

La dependencia económica de las mujeres respecto a sus agresores es otro motivo alarmante. Muchas mujeres no tienen la oportunidad de estudiar ni adquirir habilidades laborales, lo que las deja atrapadas en situaciones de violencia. La falta de recursos económicos y la falta de opciones laborales hacen que separarse de sus agresores sea un desafío, ya que no tienen los medios para pagar un alquiler o cuidar de sus hijos mientras buscan una nueva vida.

La necesidad de políticas efectivas y aplicación de la Ley 348

La falta de una aplicación efectiva de la Ley 348 también contribuye al problema. A pesar de ser una ley diseñada para combatir la violencia de género, su implementación ha sido deficiente. La falta de una estrategia económica y una política integral ha limitado su efectividad y ha dejado a las mujeres en una situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con las cifras actualizadas de la Fiscalía General del Estado (FGE), La Paz y Cochabamba encabezan la lista de departamentos con mayor número de feminicidios en 2024, con 10 casos cada uno hasta el 20 de junio. Además, se reportan 3 casos en Santa Cruz, 4 en Tarija, 3 en Potosí, 3 en Oruro, 2 en Sucre y 2 en Beni.

El último caso conocido ocurrió en la comunidad de Sorata, municipio de Sipe Sipe, donde José R. V. confesó haber estrangulado a su concubina durante una discusión, dejando a tres menores en la orfandad.

/ APC

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El presidente del Senado afirmó que sus palabras fueron responsables y que, efectivamente, la Ley 348 presenta cada vez más deficiencias en su implementación, especialmente por parte de los operadores de justicia, a quienes acusó de abuso excesivo contra los hombres.

Aunque Rodríguez calificó la Ley 348 como “antihombres”, ratificó que sus palabras fueron malinterpretadas intencionalmente, ya que su compromiso es con la defensa de los derechos de las mujeres. Aclaró que la lucha no es contra los hombres, sino a favor de los derechos y contra la violencia.

La necesidad de una revisión integral de la ley

El presidente del Senado destacó la importancia de una revisión completa de la Ley 348, ya que, si bien fue un gran logro en un principio, ahora es evidente la necesidad de realizar cambios para mejorarla. Criticó el uso de la presunción de culpabilidad, que vulnera principios básicos de la Constitución.

Construyendo una sociedad más justa

Finalmente, Rodríguez enfatizó que una sociedad mejor se construirá cuando hombres y mujeres sean iguales ante la ley. Destacó la importancia de garantizar la igualdad de género y la protección de los derechos de todas las personas.

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El gobierno presentó en 2023 el proyecto de la Ley 372 para combatir la impunidad en delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Esta norma, surgida de denuncias de violaciones de menores por parte de sacerdotes, propone la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores.

Modificaciones a la Ley 348

Las modificaciones a la Ley 348 buscan fortalecer los mecanismos para asegurar una vida libre de violencia para las mujeres. Ninfa Cayo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia destacó que la marcha es una reivindicación de los derechos de las mujeres.

Cayo expresó la preocupación por la falta de avance en la aprobación de las leyes que buscan prevenir feminicidios e infanticidios, instando a los legisladores a reflexionar y aprobar las modificaciones a la Ley 348 y la ley que impide la prescripción de delitos sexuales contra menores.

Exigencia de aprobación de proyectos

Janeth Murillo, de la organización Mujeres del Alba, presente en la movilización, señaló que, a pesar de que el Día Internacional de la Mujer debería ser de celebración, las circunstancias actuales llevan a protestar y exigir a la Asamblea Legislativa la aprobación de los proyectos pendientes.

En la marcha participaron mujeres de diversas organizaciones, colectivos feministas y sectores sociales, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Marchas similares se llevaron a cabo en varias ciudades bolivianas.

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Informe sobre casos contemplados en la Ley 348

El defensor, junto al fiscal departamental de La Paz, William Alave, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, presentaron este informe que hace seguimiento a los casos contemplados en la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Torres indicó que desde enero hasta la fecha se han contabilizado 88 feminicidios y 24 infanticidios, lo cual representa una menor cantidad respecto al año pasado cuando se registraron 94 muertes por violencia machista.

Violencia ejercida por hombres contra mujeres dentro de sus hogares

Por su parte, Alave señaló que del total de casos recibidos a nivel nacional, el 76.83%, es decir unos 39.501 casos corresponden a violencia ejercida por hombres contra mujeres dentro de sus hogares calificados como “delitos de violencia familiar y doméstica”.

Necesidad de fortalecer las acciones judiciales

Callisaya destacó los esfuerzos realizados por el sistema judicial para llevar a cabo su trabajo pero indicó que aún no son suficientes y que es necesario fortalecer las acciones. Además resaltó la importancia de mejorar la atención en las nueve fiscalías departamentales, priorizar estos casos y asignar presupuestos para las fiscalías y el órgano judicial.

Carga procesal excesiva para jueces y fiscales encargados de tratar estos casos

Una de las mayores preocupaciones del defensor es la carga procesal que recae sobre los jueces y fiscales encargados de tratar estos casos de violencia machista. Según el informe, en promedio, un juez está a cargo de resolver 737 procesos anualmente, lo cual supera los estándares en tramitación por juzgado. “Los jueces no deben tener una carga procesal superior a 500 o 700 casos al año”, señaló Callisaya. Además, mencionó que en cuatro departamentos hay jueces con más de 600 casos y en la región oriental de Santa Cruz superan los 1.000 anualmente.

Carga procesal excesiva para jueces y fiscales encargados de tratar estos casos

En cuanto a los fiscales, se cuenta con 559 fiscales de materia, de los cuales el 51% (288) están encargados de investigar delitos enmarcados en la ley 348. En las fiscalías especializadas se atiende un promedio anual de 677 casos. “Todavía preocupa el hecho de que haya una necesidad de fortalecer estas fiscalías especializadas”, enfatizó el defensor.

Observatorio Defensorial Judicial monitorea los procesos contemplados en la Ley 348

El Observatorio Defensorial Judicial es una iniciativa conjunta entre la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General del Estado con el objetivo de monitorear los procesos contemplados en la Ley 348.
La Ley 348, vigente desde 2013, sanciona el feminicidio con una pena máxima de treinta años sin derecho a indulto, siendo esta la máxima pena establecida por la legislación boliviana.

Necesidad de reformar y fortalecer la ley

Diversas organizaciones feministas han reclamado durante años que esta norma no se cumple plenamente debido a las demoras judiciales, la falta de recursos económicos y personal capacitado para atender las denuncias de violencia machista, entre otros aspectos. Hasta el momento, el Parlamento aún no ha tratado una reforma presentada en julio del año pasado por el Gobierno de Luis Arce para fortalecer dicha ley.

Fuente EFE

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Detrás de esta iniciativa está la Asociación “Nayrar Sarapxañani”, cuyo nombre significa “vamos adelante” en aimara. Esta asociación es dirigida por Silva y presidida por el sacerdote español Diego Plá. Su objetivo es implementar programas educativos, nutricionales y de salud en las comunidades aimaras y quechuas del municipio boliviano de Mocomoco, ubicado a unos 218 kilómetros de La Paz.

Trabajo conjunto con el apoyo del sacerdote

Plá fue párroco en Mocomoco durante 14 años. Cuando fue llamado a La Paz en 2019 para una nueva misión en la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Silva quedó prácticamente a cargo del proyecto, aunque siempre con el apoyo del sacerdote.

Iniciativas para combatir la violencia hacia las mujeres

Con esta asociación han puesto en marcha iniciativas como comedores escolares para las comunidades de Pacobamba e Ingas, proyectos de forestación y reciclaje; y ahora un programa dirigido a mujeres porque sus derechos son vulnerados. Así lo explicó Silva a EFE.

Desafíos en las comunidades de Mocomoco

Las comunidades de Mocomoco están situadas entre valles y montañas, a altitudes que oscilan entre los 3.200 y 4.000 metros. Sus habitantes se dedican a la producción de papas, maíz y a la crianza de alpacas y ovejas.

Promoviendo el cambio generacional

Silva, nacida en Mocomoco y de origen aimara, pudo constatar en su trabajo que las peleas en los hogares tienen su origen en la desconfianza, problemas económicos y el consumo de alcohol. “Y como han crecido en una sociedad violenta, ellos repiten la historia”, lamentó.

Empoderamiento femenino mediante habilidades laborales

Fue precisamente un feminicidio ocurrido hace unos seis años en Mocomoco lo que motivó a Silva a “hacer algo” para romper estos ciclos con las nuevas generaciones. Además, vio la necesidad de promover el empoderamiento en las comunidades para que las mujeres aprendan un oficio y puedan generar ingresos para ayudar en sus hogares.

Aprendizaje integral para liderazgo comunitario

Así surgió el programa donde enseña a coser polleras y enaguas, preparar bollería y también sobre la ley contra la violencia machista o ley 348. “No solo quiero generar ingresos en sus hogares, sino empoderarlas en muchos aspectos. Quiero que sean líderes en sus comunidades, que puedan hablar y pedir permiso con respeto para poder participar en reuniones comunitarias”, explicó Silva.

Utilizando la pastelería como herramienta educativa

Flora Silva utiliza la pastelería como herramienta para explicarles a las indígenas sobre la ley 348, ya que el proceso para hacer un bizcocho “es delicado” en comparación con la dureza con la que se amasan las marraquetas, los panes típicos de La Paz. “Cuando les enseñaba el proceso de elaborar un pastel o un bizcocho, les decía que debían tocar la masa despacito, no torpemente. Así es como quiero que ustedes traten a sus hijos y cómo deben ser tratadas por su pareja también”, comentó.

Resultados positivos y aspiraciones futuras

Silva es optimista respecto a los resultados de sus programas, ya que ahora muchos esposos alientan a las participantes para que no dejen de asistir. Esto puede deberse tanto a que tendrán alguna delicia asegurada para la hora del té como al hecho de que les gusta ver cómo sus mujeres aprenden sobre sus derechos.

Nora Choconapi, una joven integrante del grupo más nuevo creado en Mocomoco en agosto, expresó su deseo de aprender sobre la ley y adquirir habilidades para generar ingresos propios. “En todo el país hay mucha violencia, no solo hacia las mujeres sino también hacia los hombres. Tenemos que aprender sobre las diferentes formas de violencia. Hay muchos feminicidios y nos están enseñando cómo evitar esa violencia”, expresó.

Lourdes Cinchero pertenece al grupo de Ingas y destaca los beneficios de la pastelería y la costura para sus hogares y su progreso personal. “Aquí no tenemos economía y Flora nos está ayudando mucho. Ella nos proporciona telas, agujas y todos los materiales necesarios para coser”, explicó a EFE.

La asociación cuenta con el apoyo de organizaciones como Amigos en Marcha, que financia los comedores, y Hermandad Alemania, que apoya la difusión de la ley 348.

Fuente: EFE

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Arma punzocortante utilizada para cometer el crimen

De acuerdo con el reporte preliminar del Ministerio Público, el agresor utilizó un arma punzocortante para cometer el crimen. Los cuerpos fueron encontrados junto a un cuchillo y un machete en la parte posterior de una vivienda ubicada en la calle Ovidio Cuellar.

Investigaciones reforzadas por fiscales y médico forense

Ante la gravedad del hecho, Balderas instruyó que dos fiscales y un médico forense lleguen desde Trinidad hasta Santa Ana para reforzar las investigaciones y conocer la verdad histórica del suceso.

Lucha contra los feminicidios en Bolivia

Cabe destacar que este caso se suma a los más de 30 feminicidios reportados en Bolivia durante el 2023.

En este sentido, diversas organizaciones luchan por mejorar y actualizar la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, diez años después de su puesta en vigencia.

Impacto emocional profundo generado por los feminicidios

“Los feminicidios no solo implican la brutal muerte de las mujeres, sus sueños y proyectos; sino también generan orfandad en sus hijos. Se trata de generaciones profundamente afectadas por la violencia”, declararon representantes de Voces Libres.

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El último suceso ocurrió en la madrugada de este martes en el municipio de Pailón, provincia Chiquitos de Santa Cruz. La víctima fue identificada como Arminda Vallejos, de 39 años.

Detalles del crimen

Arminda Vallejos fue agredida con un arma punzocortante por su concubino German Herrera, de 44 años. Los vecinos encontraron a la mujer tendida en el suelo y alertaron a la policía. El hecho ocurrió a las 01:00 am en el barrio Ovidio Barbery y dejó en orfandad a cuatro niños.

Fuga del agresor

El autor del crimen se dio a la fuga después del ataque. Uno de los hijos relató que intentó salir del cuarto donde dormían él y sus hermanos, pero no pudo porque su padre los encerró colocando un candado en la puerta. Logró ver cómo éste salió rápidamente subiendo a una moto para huir.

Incidencia en departamentos

Los departamentos con mayor incidencia del delito contra las mujeres son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

Cabe destacar que aunque la ley 348 castiga el feminicidio con 30 años sin derecho a indulto, organizaciones feministas han reclamado varias veces que esta norma no se cumple plenamente debido a factores como demoras judiciales o falta recursos económicos y de personal capacitado para atender las denuncias de violencia.

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Según los datos proporcionados por la Fiscalía, hasta esa fecha se registraron 25 feminicidios y se atendieron 16.178 denuncias de delitos enmarcados en la Ley 348, siendo 12.467 casos de violencia doméstica.

Sin embargo, según el Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, la cifra exacta es de 33 muertes violentas contra mujeres hasta la fecha. Santa Cruz registra el índice más elevado con once feminicidios; le siguen Cochabamba con seis, La Paz y Potosí con cinco, Tarija con dos; y Beni, Sucre, Pando y Oruro con un caso cada uno.

La entidad manifestó su preocupación por esta situación: “A pesar de los esfuerzos por erradicar la violencia de género, los feminicidios suman y no solo implica la brutal muerte de las mujeres, sino también la orfandad de sus hijos. Se trata de generaciones profundamente afectadas por la violencia”.

Cabe destacar que en abril se cumplieron diez años desde que entró en vigencia la Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Esta ley establece una pena máxima para los feminicidas: treinta años sin derecho a indulto.

No obstante, varios sectores y activistas han reclamado varias veces que se actualice esta normativa debido al aumento anual del número casos relacionados con la violencia de género. Además, se han identificado deficiencias en cuanto a justicia para las víctimas y ayuda integral, entre otros aspectos.

/LMPT

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“El registro que se tiene es del 1 de enero al 31 de marzo, son 24 feminicidios. Entonces, serían ocho en Santa Cruz, cinco en La Paz, cuatro en Potosí y Cochabamba; dos en Tarija y uno en Beni. Ese es el reporte preliminar que estamos manejando”, declaró la fundadora de Mujeres de Fuego, Ángela Nogales, a la Agencia de Noticias Fides.

Ante este escenario, la activista manifestó su esperanza de que las políticas públicas mejoren, por medio de un trabajo conjunto entre las autoridades y los colectivos, también que se escuchen las voces de las víctimas y sus necesidades para ayudar de alguna forma.

Por su parte, la abogada conocida por atender este tipo de casos, Paola Barriga, lamentó que en diez años desde que se puso en vigencia la Ley 348: Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia, solo se lograron 150 sentencias a feminicidas.

“Lamentablemente existe una impunidad flagrante en nuestra sociedad, entendamos que la Ley 348 debiera ser un dique frente a estos hechos, pero la ley que data de 2013, ya vamos a diez años, y lamentablemente tenemos 150 sentencias, entonces qué ha fallado, ha fallado el sistema”, manifestó la jurista.

Según su criterio, la solución al problema está en radicalizar las normas y que el Gobierno despliegue una política clara, que incluya un compromiso de los ministerios para prevenir la violencia contra las mujeres y niños, y luego hacer énfasis en el asesinato de mujeres.

Además de esa deficiencia en la justicia, Nogales señaló que las campañas y las políticas públicas tampoco están funcionando, por lo que sugirió comenzar a trabajar con los varones desde la niñez, por medio de la educación elemental.

/ LMPT

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La abogada Paola Barriga, aseguró que la Ley 348 no es aplicada con inmediatez y que no es efectiva, en el contexto del país.

“Ha quedado obsoleta, los crímenes son más violentos, necesitamos leyes más efectivas y que además, tengan tiempos exactos para su solución”, dijo a LA PATRIA, desde las manifestaciones que realizan las familias de las víctimas de feminicidio en la Sede de Gobierno.

Respecto a la formación de una Comisión Mixta para investigar casos de feminicidio en el país, Barriga catalogó la medida como un insulto, por la falta de apoyo a las familias de las víctimas.

Asimismo, lamentó que estos casos sean tratados como cifras y no como seres humanos. Al mismo tiempo, recalcó que una minoría de los feminicidas, en todo el país, son sentenciados por la justicia.

El proyecto de ley, presentado por Barriga, sugiere la cadena perpetua y la sumatoria de delitos en los que incurra un sujeto en contra de la mujer. Como ejemplo, explicó que si el acusado es sentenciado a 25 años de cárcel por el delito de violación, seguido de feminicidio, con una pena que alcanza los 30 años, le correspondería una condena de 55 años.

Además, contempla como responsabilidad del Estado, el resarcimiento de daños a los hijos de víctimas de feminicidio que quedan huérfanos y en situación de vulnerabilidad.

En contraparte, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gloria Callizaya, se negó a hablar sobre un nuevo proyecto de ley, pero observó que desde la aprobación de la Ley 348, en 2013, no ha sido socializada.

Alegó que, antes de proponer una modificación a la Ley o aprobar otras normativas para prevenir la violencia contra la mujer, ésta debe ser socializada de forma correcta, para beneficio de las mujeres.

El proyecto de ley fue presentado hace tres años y el Estado hizo caso omiso, a pesar de que cada gestión se registra, aproximadamente, 200 asesinatos de mujeres, en manos de sus parejas, según Barriga.

/ALSL

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Según informa el miembro de la Comisión de Ética, diputado Pacífico Choque, la última modificación del reglamento se hizo el 21 de noviembre de 2010. Motivo por el que habrían encontrado vacíos legales, por ello, consideraron la implementación de la Ley 348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida libre de violencia” y la Ley 243 “Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres”, además de la implementación de mecanismos de conciliación o retiro de denuncia en casos de menor relevancia.

También se observa la modificación en la sanción a faltas gravísimas con suspensión definitiva, faltas graves con suspensión de dos a seis meses, faltas leves con descuento de haberes del uno al 20 por ciento, según detalla Choque a LA PATRIA.

La Comisión de Ética espera que la presidencia de la Cámara de Diputados, luego de una revisión, apruebe el reglamento modificado para que entre en vigencia.

Durante conferencia de prensa, Choque informó que la comisión recibió más de 60 denuncias contra diputados, pero tras valoraciones individuales 46 denuncias fueron rechazadas.

Sin embargo, cuatro denuncias se encuentran con sustanciación inicial, en proceso de investigación.

Otras 16 denuncias en requerimiento conclusivo, es decir, que se aplicarán mediaciones alternativas. Y otras fueron calificadas como improcedentes.

Tres denuncias fueron estimadas como procedentes debido a actos indisciplinarios agresivos, violentos y ofensivos, mismos que serán resueltos en el plenario de la Cámara de Diputados, para recibir sanciones correspondientes.

DIPUTADAS DEL MAS EN APARENTE ESTADO DE EBRIEDAD

Por otra parte, la Comisión de Ética informó que no recibieron ninguna denuncia por el caso de las diputadas que, en aparente estado de ebriedad, habrían asistido a desarrollar sus funciones.

El diputado Choque se negó a dar información del caso, mientras no se presente una denuncia a la comisión.

/ALSL

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La representante del Centro de Capacitación en Tarija, Deisy Rivera, se pronunció en horas recientes con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Lucha Contra la Violencia, resaltando que en Bolivia se presentan 30 denuncias de agresión sexual por día.

Asimismo, aseveró que el incremento de la violencia sexual tiene sesgo de género hacia las mujeres; siendo la mayoría de las víctimas niñas entre siete y 13 años.

Mencionó que en el caso de Tarija, en lo que va del año, se tienen 511 denuncias, reportó la red Erbol.

Indicó que el nivel de violencia sexual creció alarmantemente y afectó principalmente en un 51 por ciento a la sociedad, superando casos de violencia intrafamiliar.

Resaltó que la Ley 348 tipifica 16 tipos de violencia y entre ellas la agresión sexual es el delito más denunciado en instancias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv); además de 100 casos, 99 son de mujeres.

/JDLF/

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Los datos presentados por la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres, se registraron entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.

“Al 31 de agosto de 2021 se registraron 30.125 casos y en la gestión 2022 tenemos 33.453 casos ingresados, existiendo un incremento de 3.328 casos, es decir un 11,05% más en comparación con la pasada gestión”, afirmó Cáceres, citada en la nota.

Los más de 33.000 casos reportados en los ocho primeros meses del año se enmarcan en los delitos señalados en la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, vigente en el país desde 2013.

La Fiscalía detalló que la mayoría de los sucesos denunciados fueron delitos de violencia familiar o doméstica con 25.959 casos, seguidos por abuso sexual con 2.240, violación a niños o adolescentes con 1.833, violación con 1.884 y estupro con 1.076, entre otros.

Las regiones que reportaron más denuncias fueron Santa Cruz con 12.364; La Paz con 7.059; Cochabamba 5.388; Tarija 2.469, y Potosí 2.029.

Cáceres consideró que la gente “se está animando a denunciar” estos sucesos por la información que genera el trabajo en la “cadena de atención a las víctimas”.

El 35 % de toda la carga procesal que entra al Ministerio Público se concentra en la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, mientras que los delitos patrimoniales representan el 27%, los relacionados con personas el 22%, los sucesos anticorrupción el 4% y el narcotráfico el 2%, entre otros, agrega el comunicado.

En días precedentes, el Ministerio Público informó que entre enero y agosto se registraron 62 feminicidios y 28 infanticidios en el país.

La Ley 348 castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana, sin embargo, las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.

/HNF/

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El director de la Felcv, Mario Medina, informó que los casos de feminicidio ya suman 28 en lo que va del año, el 50 por ciento de los ilícitos en La Paz. Los recientes tres casos se reportaron antes de culminar la semana anterior en la sede de Gobierno.

De acuerdo con el estudio denominado “Los rostros de la violencia de género”, publicado a mediados de 2021, Bolivia ocupa el tercer lugar entre los países de América Latina y el Caribe con las tasas más altas de feminicidio: 2.3 por cada 100 mil mujeres, solo precedido por El Salvador y Trinidad y Tobago.

“Esto nos muestra que Bolivia está en un tercer lugar al nivel de los países centroamericanos, considerados los de mayor violencia contra las mujeres, a gran distancia de México o Brasil, que son más cercanos y que si bien presentan un número elevado de feminicidios, tienen tasas más reducidas (1,4 y 1,1, respectivamente)”, declaró la investigadora a cargo del estudio, Marlene Choque.

En relación al victimario, la investigación confirma que los feminicidios son cometidos por personas con vinculación íntima y sentimental, es decir, esposo, concubino, novio y expareja, al menos en el 65 por ciento de los casos.

“Como organizaciones de mujeres, seguimos esperando la propuesta de modificación de la Ley 348 que, si bien no resolverá las problemáticas estructurales de la violencia en Bolivia, sí mostraría una verdadera voluntad política de lucha contra la violencia, dando respuestas inmediatas a esta problemática y de acceso a la justicia para las mujeres que sufren violencia”, señaló la directora ejecutiva de un grupo de activistas por los derechos de la mujer, la coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo.

De acuerdo a esa red, en 2015 se registraron 110 feminicidios; en 2016, 111 feminicidios; en 2017, 109 feminicidios; en 2018, 128; en 2019, 117 feminicidios; en 2020, 113 y en 2021, 108 feminicidios haciendo un total de 796, según reporte del portal Innovapress.

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), realizada desde 1979, ya identificó la necesidad de modificar los roles tradicionales de los hombres y las mujeres en la sociedad y la familia y establece la responsabilidad de los Estados por la discriminación que sufren las mujeres, en consecuencia, los feminicidios.

Asimismo, la Comisión Legislativa para Casos de Feminicidio indicó que el 37,8 por ciento de los casos, es decir, solo en cuatro de cada diez, se determinó una sentencia contra los criminales.

Estas cifras fueron tema de crítica del relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García Sayán, quien fijó que entre el 2013 y el 2021 se suscitaron 869 feminicidios, un promedio de uno cada tres días y medio, y de los que sólo un 31 por ciento llegó a sentencia.

Recientemente, el Gobierno estructuró la Comisión de Revisión de casos de Violación y Feminicidio que, si bien develó a todo un consorcio de jueces, fiscales y abogados que operaban cooperando con los criminales, no logró “frenar” la agresión a las mujeres.

“Se busca evitar que las personas que cometieron delitos de violación e infanticidio salgan libres”, señaló entonces la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

Dicha autoridad anunció la creación de un Observatorio de Justicia y Género que comenzó a implementarse con instancias técnicas que genera y analiza información recogida por el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que permitirá a las instituciones involucradas en la lucha contra la violencia hacia la mujer intercambiar información alertas y espacios de diálogo, pero hasta ahora poco o nada se conoce de ello.

Finalmente, el feminicidio es la forma de violencia más extrema ejercida por los varones sobre las mujeres y en la mayoría de los casos es acompañado o precedido de otras formas de violencia.

En Bolivia, este delito es tipificado en el artículo 252 del Código Penal, incorporado mediante la Ley 348.

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El incremento de 810 casos respecto al 2021, equivale a un aumento del siete por ciento en las denuncias registradas por violencia hacia la mujer, reportó la red Erbol.

Según la Fiscalía, el incremento se debe a que hay, supuestamente, mayor confianza de la población para presentar las denuncias.

La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres, resaltó que el Ministerio Público abre una nueva instancia de recepción de denuncias.

“Como Ministerio Público hemos hecho incidencia en ayudar a desenvolver a las personas para que puedan denunciar todo tipo de violencia y tenemos en cada Fiscalía Departamental nuestra Sala de Recepción de Denuncias Verbales donde permite a la población acercarse a nuestra institución y poder realizar esta denuncia, creando así, en nuestro sistema informático Justicia Libre (JL1), una causa nueva”, recalcó.

Detalle de datos

El principal delito denunciado en esta gestión es Violencia Familiar o Doméstica con 9.527 casos, seguido de Abuso Sexual 682, Violación 661, Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente 611, Estupro 364, entre otros.

En el 2021 en el primer trimestre se registraron por Violencia Familiar o Doméstica 9.111 casos, seguido de Abuso Sexual 528, Violación 542, Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente 436, Estupro 375.

El departamento con mayor índice de casos denunciados es Santa Cruz con 4.536, seguido de La Paz con 2.417, Cochabamba 1.835, Tarija 980, Potosí 759, Chuquisaca 627, Beni 349, Oruro 345 y Pando 115.

Por otro lado, existe un incremento en los delitos de Tentativa de Feminicidio, pues en 2021 se denunciaron 35 casos al 31 de marzo y este año desde enero al 31 de marzo se denunciaron 50 casos.

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Una clara muestra son las muertes de dos mujeres que generaron dudas en sus familiares y el cuestionamiento a los procesos de investigación que no los tipificaron como feminicidios pese a algunos indicios.

Patricia Pérez falleció a los 39 años en enero 2020 y la vida de Diana Porcel se apagó a sus 23 años en febrero de 2022.

Sus muertes tienen algo en común: sus familiares sospechan que fueron víctimas de feminicidios y, aunque en primera instancia fueron calificadas como muerte accidental y suicidio, las investigaciones han sido cuestionadas e impugnadas.

Patricia Pérez fue una víctima más de feminicidio en nuestro país, quien falleció tras un suceso confuso en la habitación de un alojamiento del Plan Tres Mil, donde estaba con su expareja, con quien tuvo tres hijos.

En las imágenes de la cámara de seguridad se ve que el padre de sus hijos sale del alojamiento y que los trabajadores tienen que forzar la puerta para auxiliar a la mujer, llevada a un centro asistencial donde finalmente falleció.

Pero las dudas de la familia se hacen presentes en el procedimiento de la investigación.

Jhoel Barao Pérez, sobrino de la víctima, señaló que ella fue víctima durante muchos años de la violencia de su pareja, y que como antecedente se tiene una agresión que ella denunció, tuvo 22 días de impedimento debido a que quedó con el rostro desfigurado.

“Ella era una mujer que se dedicaba a sus hijos, por eso estaba por graduarse de la carrera de Derecho”, contó Jhoel.

Por otro lado, su abogada, Helen Vargas, aseguró que no los dejaron ingresar en la autopsia y sospechan que hubo alteraciones en los informes.

“El cuerpo tenía signos de violencia, eso nos dijeron en la morgue, pero luego no nos dejaron entrar a la autopsia”, señaló.

Los familiares peregrinaron por más de dos años, hasta lograr que se realice la necropsia que, aunque señala que no es concluyente sobre la causa de la muerte, genera la duda de la familia al revelar un golpe en la cabeza.

El abogado de la familia, Amaral Pestañas, cuestionó que no se tomará en cuenta ese detalle para investigar un posible feminicidio. El caso tiene rechazo de denuncia para ser indagado como feminicidio, pero la familia insiste.
Ahora la decisión está en manos de la Fiscalía.

Sin embargo, el fiscal departamental, Roger Mariaca, señaló que cuando el caso llegue a su despacho se analizará si hay indicios de un investigación objetiva o si se abre un nuevo caso.

La familia afirmó que el caso salió a la luz nuevamente con las investigaciones que se dan en el país por la liberación de feminicidas y violadores de forma irregular.

Estas descoordinaciones y sus resultados también las vivieron familiares de Diana Porcel, una joven locutora radial que falleció el 5 de febrero de este año.

Su cuerpo fue hallado en su cuarto y la situación tras la autopsia fue similar al caso de Patricia. Sus familiares notaron lesiones físicas que no estaban consignadas en la autopsia.

Sin embargo, en este caso, las acciones de la familia tuvieron resultados a tiempo, pues después de un mes y diez días, la pareja de Diana, principal sospechoso en el caso fue aprehendida.

Pero ante estos casos se abre la interrogante ¿cómo es que casos de sospecha de feminicidios pueden ser descartados en las primeras investigaciones y pese a indicios que cuando menos siembran duda?

Al respecto el Fiscal Departamental de Santa Cruz, señaló que se revisará el caso de Patricia y en el de Diana manifestó los primeros resultados con la aprehensión de su pareja.

Para algunos expertos, el hecho de que las exparejas de las víctimas tengan antecedentes de violencia, los convierte en sospechosos que deben ser investigados.

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“Hay un grupo de parlamentarios de oficialismo y oposición que está trabajando en terminar de recoger todos los insumos de la sociedad civil para presentar el proyecto de ley ante la Asamblea”, indicó Lima.

El Ministro de Justicia explicó que la comisión legislativa se incorporó al trabajo desarrollado por esta cartera de Estado con el fin de continuar con el proceso participativo de modificación de la Ley 348.

“Esta es una Ley y por tanto la Asamblea Legislativa debe liderar ese proceso, estamos apoyándonos en ellos, para tener nueve mesas de trabajo en las próximas semanas y en todos los departamentos”, agregó.

Asimismo, la autoridad informó que existe un avance significativo y que en las próximas semanas el proyecto deberá ser presentado.

El Ministerio de Justicia señaló mediante un comunicado que el trabajo se está realizando en el marco del proceso de la reforma judicial anunciada en noviembre 2020 por el ministro Lima.

Entre diciembre del 2020 y enero de 2021 se procedió a la recolección de propuestas y observaciones a la norma, las mismas que fueron sistematizadas y al momento son analizadas por la comisión parlamentaria.

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La Directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Pilar Díaz Berríos, informó este martes que el Ministerio Público registró a nivel nacional 14.160 casos de delitos relacionados a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia Nº 348. Del total de casos 11.631 corresponden al delito de Violencia Familiar o Doméstica.

“Lamentablemente seguimos teniendo un incremento en cuanto a las denuncias de violencia familiar ya que de los 14.160 casos, 11.631 corresponden al delito de Violencia Familiar o Doméstica, 685 Violación, 656 Abuso Sexual, 561 Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, 453 casos de Estupro y 174 casos atendidos por otros delitos inmersos en la Ley Nº 348”, indicó la autoridad, según un comunicado de prensa de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo a los datos registrados en el Sistema Informático JL.1 del Ministerio Público, el departamento con mayor incidencia es Santa Cruz con 5.376 casos, seguido de La Paz con 2.611, Cochabamba 2.102, Tarija 1.273, Potosí 1.008, Chuquisaca 744, Beni 519, Oruro 399 y Pando con 128 casos.

“Con los nuevos instructivos que ha emitido el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, se está cambiando la forma de investigar estos hechos a efectos de obtener mejores resultados y obtener la resolución de estas causas con prontitud bajo el principio de celeridad”, sostuvo Díaz.

TRATA Y TRÁFICO

Respecto a los delitos de Trata y Tráfico de personas, Díaz que, del 01 de enero al 25 de abril del presente año, el Ministerio Público atendió 1.856 casos de Trata y Tráfico y delitos conexos, además, recomendó a los padres de familia velar por la seguridad por sus hijos en redes sociales para que eviten interactuar con extraños que estarían usando estos medios con el objetivo de captar a sus víctimas.

“La Fiscalía Especializada de Trata y Tráfico de Personas investiga estos hechos en permanente coordinación con la policía. Pedimos a los padres de familia que eviten que sus hijos tengan interacción con extraños, no les envíen fotografías ni datos personales por medio de las redes sociales”, manifestó.

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El coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz, Sergio Bustillos señaló que si bien se puede pedir ampliaciones a la detención preventiva y la investigación, se podría pedir a los miembros de la Asamblea Legislativa definir una detención preventiva para los denunciados sin plazos, o dar espacios de tiempo más amplios en investigaciones complejas y de gravedad.

Asimismo, indicó que el motivo de esta solicitud tiene que ver con la burocracia en otras instancias que se relacionan con la valoración de las víctimas y su protección, así como la carga procesal que tiene cada uno de los fiscales.

Puso como ejemplo que las valoraciones psicológicas que se realizan a las víctimas están a cargo del personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y las unidades especializadas de las alcaldías. Dichas instancias demoran en la emisión de los diagnósticos por los mismos motivos, el número significativo de denuncias.

Bustillos señaló que, durante la pandemia a causa del Covid-19 por las restricciones y el aislamiento en los domicilios, se notó un incremento significativo en los casos de violencia psicológica y socioeconómica.

Señaló, también que los actuales tiempos fijados por la Ley de Abreviación Procesal limitan el trabajo, no sólo de los fiscales, sino de los profesionales que deben valorar el estado psicológico y socioeconómico de las víctimas. Esto provoca que las mujeres, en su mayoría, sean expuestas a la revictimización y el contacto con los agresores.

Añadió que en el caso de la Ley 348, se solicitó a las diferentes entidades y grupos de activistas por los derechos de las mujeres y niños, enviar sugerencias para mejorar la aplicación de esta norma, que busca prevenir el número de los feminicidios, que suman en lo que va del año más de 30

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La representante del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara (Cdima), Alicia Canaviri, indicó que en la reunión que mantuvieron se concluyó que la infidelidad es una raíz de la violencia doméstica y de los feminicidios, por lo cual se planteó penalizarla.

“Haciendo un análisis en ese encuentro vemos que el problema del feminicidio y la violencia doméstica se debe a la infidelidad que existe en el hogar, ya sea de parte de la mujer o del hombre”, indicó Canaviri.

Explicó también que ya desarrollaron un proyecto de norma para que la infidelidad sea introducida en la Ley 348, para su penalización.

“Así como se penaliza cuando una mujer es agredida física, psicológica y sexualmente, debe ser lo mismo, castigado lo mismo (para la infidelidad)”, enfatizó la representante del Cdima.

Agregó que la propuesta ya se presentó ante el Ministerio de Justicia y se lo hará también ante la Asamblea Legislativa para que se tome en cuenta.

PAÍSES DONDE SE INFIEL ES UN DELITO

Existen algunos países donde el adulterio es ilegal y también hay varios países que en los últimos años han despenalizado el crimen, como Corea del Sur y Sudáfrica, pero otros donde se sostiene la ley.

Dentro de esta lista de países se destacan:

Irán

En Irán el adulterio se castiga lapidando a quienes los culpables. Los hombres son enterrados hasta la cintura y las mujeres hasta el pecho. Para condenar a un hombre se requiere que cuatro testigos, también hombres, den un testimonio en su contra; para el caso de una mujer, basta con que esté embarazada y no se haya casado.

Somalia

En Somalia se aplica la sharia, que es la ley islámica que dictamina el código penal. Según esta se indica que el adulterio también se castiga con la lapidación, es decir, con el acto de arrojarle piedras a quien ha cometido la infracción. Existe un polémico caso donde condenaron a una chica de 13 años, lo cual causó la indignación de la comunidad internacional. No obstante, se sigue practicando la sanción.

Egipto

En Egipto, ser infiel es ilegal. Se considera adulterio cuando un hombre es infiel dentro de las instalaciones de su hogar; en la mujer se considera delito sin importar dónde lo haga. En el caso de los hombres, estos pueden enfrentar un máximo de seis meses si cometen el crimen; para la mujer, la pena puede ser hasta de dos años. La comunidad internacional ha tratado de intervenir, pero la discusión no ha sido ni siquiera abierta.

Bangladesh

Aquí sólo los hombres pueden ser acusados de adulterio y pagar hasta cinco años de prisión por el crimen. Las mujeres no pueden ser acusadas de este delito, pero tampoco acusar a sus maridos; sólo puede ser un tercero el que lo haga.

Nigeria

En 12 estados de este país aplica la sharia, al igual que en Somalia.

Brunei

En este reino, ser infiel es ilegal. Las leyes se hicieron más rígidas frente al adulterio en el 2019. Ahora la sharia rige sobre la población musulmana permitiendo la lapidación de quienes cometan el crimen de adulterio.

La medida ha sido ampliamente criticada por haber hecho más fuertes las leyes contra el adulterio en pleno siglo XXI. No obstante así se dictaminó y actualmente funciona de esa manera.

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La norma aprobada en el gobierno de Evo Morales, tenía como objetivo de disminuir la violencia contra las mujeres en el país, en su mayoría agredidas por sus concubinos o esposos, pero la situación fue diferente.

El Observatorio de Justicia de la Fundación “Voces Libres” convocó a las autoridades y a las instituciones de la sociedad a realizar las modificaciones necesarias a la norma, y fiscalizar el cumplimiento para evitar que más mujeres sigan siendo asesinadas.

De acuerdo a los registros oficiales, en el 2013 hubo 26 feminicidios calificados como tales; en el 2014 hubo 71; en el 2015 se registraron 110; en el 2016 hubo 111; en el 2017 se registraron 109; en el 2018 hubieron 130; en el 2019 se reportaron 117 casos y en 2020, año en que se vivió en medio de cuarentenas y restricciones debido a la pandemia a causa del Covid-19, hubieron 113 casos.

La Ley 348, garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, norma aprobada el 9 de marzo de 2013 y entró en vigencia un mes después.

Desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2020, se registraron 787 feminicidios. Cifra inexacta debido a que durante el 2013 y 2014, los operadores de justicia aún no calificaban la muerte violenta de una mujer como feminicidio y procesaron decenas de casos con otros tipos penales.

La abogada del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, dijo que la Ley 348 ayudó a visibilizar el flagelo de la violencia machista en estos años, sin embargo “son 787 mujeres las que han perdido la vida de las maneras más crueles y en manos de quienes decían amarlas”.

Consideró que estas cifras pueden parecer frías, pero significan que al menos 800 hogares quedaron destruidos, que al menos 2.000 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos y que, aunque no se puede medir, se ha generado mucho dolor en las familias de las víctimas, pero también en las de los feminicidas, quienes van a la cárcel, se dan a la fuga o se quitan la vida.

Dado el caso de feminicidio, las familias de las víctimas comienzan un peregrinaje en busca de justicia que puede durar más de seis o siete años, precisamente porque la aplicación de la Ley 348, que en teoría debería priorizar estos casos en el sistema judicial, los procesos se han vuelto burocráticos, desgastantes y más dolorosos.

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Según la norma, se establece que los acusados deban cumplir una sentencia de 30 años en la cárcel sin derecho a indulto en los casos de feminicidio, sin embargo, se permitió la liberación de los individuos.

“Las víctimas solas tienen que perseguir todos los días justicia, mientras que los feminicidas son beneficiados, ya que tienen abogado gratuito, psicólogo y toda la protección de la misma coyuntura estatal”, señaló.

Barriga lamentó que durante los años de aplicación de la Ley 348 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia se tengan 700 feminicidios y en lo que va del año 28 casos.

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