Tras rumores de suspensión, además de cambios de sede y modalidad, legisladores consideraron este martes 22 de julio que la Cumbre Nacional Minera 2026 fracasará, debido a la improvisación del gobierno y el incumplimiento de acuerdos con el sector.

Improvisaciones y ley minera

La diputada Lissa Claros auguró el fracaso del evento, argumentando que previamente ya se hicieron acuerdos con algunos sectores que no benefician a otros. Según su criterio, lo que se necesita con urgencia es la ley minera cuanto antes y no solo “parches” o medidas improvisadas.

“No es por tener la intención de que fracase, pero cuando el gobierno y sus ministros hacen improvisación continua, tienes fracaso continuo. Lamentablemente esta cumbre no va a ir adelante porque no están los actores importantes. El gobierno en la política minera está improvisando”, declaró la legisladora.

Incumplimiento de acuerdos

Por su parte, la diputada Sonia Siñani lamentó la especulación previa al evento y la decisión de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) de no participar. Ella señaló que esto se debe al incumplimiento del gobierno respecto a aspectos previamente coordinados que fueron modificados a última hora.

La importancia del diálogo

Siñani instó al gobierno a ser honesto, advirtiendo que, de lo contrario, los sectores involucrados y la población en general se molestarán, lo que dificultará cualquier mesa técnica o espacio de diálogo.

En contraste, la diputada Catherine Pinto criticó a la oposición por desear el fracaso del gobierno, enfatizando que es crucial que el evento avance para establecer las bases de una nueva ley minera.

Aspectos a considerar en la cumbre

Pinto subrayó la necesidad de aclarar el tema de regalías que se quedarán en cada departamento, especialmente en La Paz. Aseguró que los mineros cooperativistas están dispuestos a realizar este pago, quedando pendiente fijar todos los detalles medioambientales.

Cambios inesperados en la cumbre

A pesar de que la inauguración de la Cumbre Nacional Minera debía llevarse a cabo hoy en el campus de la Universidad Privada Boliviana (UPB), horas antes, el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, anunció un cambio de sede. Además, se instalarían reuniones separadas con cada sector debido a las tensiones existentes entre ellos.

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Mientras se espera que el gobierno envíe a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) las leyes estructurales prometidas, legisladores manifestaron que el gobierno busca aprobarlas solo con diputados y senadores afines. Por esta razón, los proyectos de ley en Bolivia no han sido enviados hasta ahora.

Críticas a la falta de transparencia

La senadora Ana María Crispín criticó que es una táctica política dar a conocer las leyes con horas de anticipación, como ocurrió recientemente con la declaración de estado de excepción. A pesar de diversos anuncios, las leyes prometidas por el gobierno no han llegado a la Asamblea Legislativa.

Crispín declaró: “Sin embargo, hemos podido ver que cada ley se va a trabajar con aquellos legisladores levanta manos, que no cuestionan y no dicen nada. Muchos de nosotros hemos cuestionado algunas leyes y eso ha ocasionado que solo trabajen con los levanta manos, no así con quienes quieren debatir”.

Secretismo en las leyes estructurales

Según su análisis, las leyes estructurales prometidas por el gobierno están regidas por el secretismo y buscan ser aprobadas inmediatamente sin observaciones. La senadora aseguró que, una vez lleguen los proyectos, fiscalizará cada artículo.

Reuniones limitadas y falta de información

Por su parte, la diputada Sandra Hinojosa también criticó que los proyectos de ley no se presenten hasta ahora, a pesar de los numerosos anuncios del gobierno. Además, cuestionó que en la reunión sostenida la semana pasada entre Legislativo y Ejecutivo solo se invitara a algunos parlamentarios.

“Han invitado a ser partícipes de una reunión, no a todos los asambleístas, sí a una gran mayoría. Sin embargo, no han dado el paquete de leyes; solo han anunciado y así vamos casi dos meses con anuncios y anuncios, pero hasta la fecha no nos ha llegado oficialmente”, declaró Hinojosa.

Encuentro presidencial con legisladores

El jueves pasado, el Presidente Rodrigo Paz se reunió con un grupo de legisladores para coordinar la presentación del paquete de leyes estructurales en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, destacó que en este encuentro participaron legisladores de distintas bancadas para coordinar las tareas sobre el tratamiento que tendrán los anteproyectos de ley.

No obstante, algunos legisladores aseguraron que la invitación no incluyó a todos los diputados y senadores, sino solo a aquellos afines al gobierno.

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Se aprueba receso parlamentario en Bolivia

Durante la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional del viernes 3 de julio, se aprobó la creación de una comisión especial y se confirmó el receso parlamentario, que comenzará el 6 de julio. A pesar de que varios legisladores expresaron su disconformidad con esta pausa, la decisión se mantuvo.

Composición de la comisión especial

Al reinstalarse la sesión tras un cuarto intermedio, el secretario senador, Julio Romaña, dio lectura al proyecto de resolución legislativa que nombró a los legisladores que formarán parte de la comisión especial durante el receso legislativo.

• Senadores:
  • Titular Eliana Acosta, suplente Sichard Soraide
  • Titular Soledad Chapetón, suplente Nilton Condori
  • Titular Rosa Añez, suplente Lorgio Pareja
  • Titular María Alcón, suplente Edwin López
  • Titular Ana María Crispín, suplente Víctor Quispe
  • Titular Judith García, suplente Roger Mamani
  • Titular José Ormachea, suplente María Pachacute
  • Titular José Sánchez, suplente Cinthya Gutiérrez
  • Titular Julio Romaña, suplente Carolina Giese
• Diputados:
  • Titular Oscar Bustamente, suplente José Luis Porcel
  • Titular Marlene Aguilera, suplente José Maldonado
  • Titular Lissa Claros, suplente Armin Lluta
  • Titular Rodrigo Loma, suplente Willam Solíz
  • Titular Patricia Arancibia, suplente Juana Mendoza
  • Titular Anahí Roca, suplente Roberto Rodrigo
  • Titular Nataly Chuquimia, suplente Idelberto Marca
  • Titular Rori Terrazas, suplente Verónica Lafuente
  • Titular Marlene Miranda, suplente Gabriel Justiniano
  • Titular Liliana Villena, suplente Ramiro Alanoca
  • Titular Ruben Callisaya, suplente Ruddy Pantaleón
  • Titular Marlene Gonzales, suplente Dionisia Chura
  • Titular David Montaño, suplente Diego Brañez
  • Titular Carlos Alarcón, suplente Francisco Aramayo
  • Titular Ernesto Ávila, suplente Mauricio Taboada
  • Titular Clotilde Padilla, suplente Julieta Jiménez
  • Titular Marina Cachambi, suplente María René Peñaloza
  • Titular Sandra Hinojosa, suplente Juan Carlos Poma

Disconformidad con el receso parlamentario

Antes de la votación, el diputado Alejandro Reyes y la diputada Cecilia Requena solicitaron mover el receso parlamentario al 20 de julio. Argumentaron que esto permitiría mantener activo el trabajo legislativo durante las Fiestas Julias en La Paz y trabajar en proyectos de ley para su conmemoración. Sin embargo, la fecha del receso fue ratificada para comenzar el 6 de julio y concluir el 20 de julio.

El diputado Diego Brañez también expresó su disconformidad con el receso. Consideró que era innecesario; sin embargo, aclaró que respetarían las normativas establecidas en el reglamento y la Constitución. Explicó que si surgía alguna opción para continuar trabajando durante la sesión anterior a la votación, la respaldarían. No obstante, no se presentó ninguna alternativa y el receso fue aprobado sin cuestionamientos.

Marco legal del receso parlamentario

La Constitución Política del Estado (CPE) establece que las sesiones de la ALP serán permanentes y contarán con dos recesos anuales de 15 días cada uno. Durante este periodo debe funcionar una comisión especial y solo por motivos urgentes puede convocarse al pleno por parte del presidente del Parlamento.

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Legisladores criticaron este miércoles 24 de junio algunas de las condiciones de la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar el país tras 50 días de bloqueos. Exigencias como la de no acceder a financiamiento de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), o consultar todas las leyes con el ente “cobista” fueron catalogadas como “descabelladas”.

Opiniones de los legisladores

La diputada Catherine Pinto recordó que todas las leyes deben ser socializadas con la gente y no solo con la COB. Además, consideró que si desde el ente “cobista” no quieren que el gobierno recurra a créditos internacionales, deberían ellos solventar los gastos del país.

“Tendría que ser él (Mario Argollo) quien nos financie, porque él y esta institución ha sido cómplice de todo el desfalco que se ha hecho durante muchos años”, declaró la legisladora.

Asimismo, afirmó que el gobierno debe recurrir sí o sí a financiamiento internacional, aunque la COB lo rechace, debido a la economía quebrada que recibió del anterior gobierno. Enfatizó que cada crédito tiene un fin específico y no son de disposición libre, por lo que el ente “cobista” no debería estar susceptible.

Crisis económica y bloqueos

Por su parte, la diputada Adriana Jiménez consideró que algunas peticiones de la COB “no tienen ni pies ni cabeza”. Enfatizó en que es imposible salir adelante sin créditos internacionales porque no hay dinero en el país. Además, destacó que el bloqueo de 50 días impulsado por el ente cobista empeoró la situación económica del país.

Consultas legislativas y poder

En cuanto a consultar todas las leyes con la Central Obrera, consideró la petición “descabellada”, ya que sería como entregarles al poder, tanto el Legislativo como el Ejecutivo. La legisladora opinó que la consulta que pide la COB retrasaría la aprobación de una ley al menos tres años, lo que sería inadmisible.

“Esto creo que ya es un capricho de la Central Obrera Boliviana y no están pensando en el país”, declaró.

Representación ciudadana

Finalmente, la senadora Marcela Guerrero recordó que los legisladores fueron elegidos por el voto de los ciudadanos para representarlos y, por eso, tienen la facultad de aprobar las leyes. Además, recalcó que gran parte de la crisis económica en Bolivia es precisamente por culpa de la COB.

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Legisladores criticaron este martes 9 de junio al expresidente Evo Morales y a sectores del trópico de Cochabamba por llamar a la desobediencia civil y a la “toma pacífica de cuarteles”. Consideraron que se deberían iniciar acciones legales contra el expresidente por sedición y promover la confrontación.

Declaraciones de los legisladores

El diputado Ruddy Pantaleón manifestó que tras sus declaraciones, Morales reveló lo que era un secreto a voces: él está detrás de las manifestaciones que piden la renuncia del Presidente Rodrigo Paz. Según su criterio, el expresidente debería ser considerado el “enemigo número uno de la democracia”.

Pantaleón añadió que ni Morales ni sus seguidores tienen solvencia moral para llamar a la desobediencia civil. Por lo tanto, propuso iniciar acciones legales en contra del exmandatario, ya que sus declaraciones pueden traducirse como “terrorismo de estado” por incitar a la violencia.

Calificaciones sobre las acciones de Morales

Por su parte, el diputado Alejandro Reyes calificó las acciones del expresidente como sediciosas y que buscan desafiar al Estado. Según su criterio, lo que busca Morales es confrontación entre civiles, derramamiento de sangre e incluso una guerra civil.

Reyes criticó que desde el trópico de Cochabamba se haya llamado a la “toma pacífica de cuarteles” y consideró que la respuesta debería ser contundente y con armas de fuego. En su opinión, no se puede permitir que civiles se den las atribuciones de “inspeccionar” estos espacios e incluso tomar armamento.

Reacciones desde Alianza Popular

Finalmente, la diputada Claudia Herbas negó que la bancada de Alianza Popular (AP) respalde a Evo Morales. En su lugar, criticó que desde el trópico de Cochabamba siga llamando a la confrontación en medio de un momento tan complicado para el país.

Llamado a la desobediencia civil

Sectores afines a Evo Morales llamaron a la desobediencia civil en caso de que se decrete un estado de excepción e iniciaron este martes con la “toma pacífica de cuarteles” en el trópico de Cochabamba.

Confirmación de Evo Morales sobre movilizaciones

Sectores afines a Evo Morales llamaron a la “desobediencia civil” en caso de que se decrete un estado de excepción e iniciaron este martes con la “toma pacífica de cuarteles” en el trópico de Cochabamba.

Por su parte, el expresidente confirmó el domingo que participa en la articulación de las movilizaciones que se desarrollan en distintas regiones del país. Además, reveló la realización de una reunión de planificación para definir acciones de resistencia frente a los operativos de desbloqueo impulsados por el Gobierno.

“Atentos compañeros de Yapacaní, Ichilo, hoy tenemos una reunión de planificación; vamos a resistir porque ya es exagerada provocación, una agresión directa”, afirmó.

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Tras 13 días de huelga de hambre, diputados y senadores levantaron este lunes 8 de junio la medida de presión que llevaban a cabo. Reconocieron no haber logrado su objetivo de que el Gobierno y los sectores movilizados dialogaran. Además, manifestaron su total rechazo a un estado de excepción y denunciaron un supuesto “uso excesivo de la fuerza” por parte de la Policía.

Reacciones de los legisladores

La senadora Ana María Crispín expresó que, aunque no lograron su meta, los huelguistas demostraron que con una protesta pacífica en Bolivia el Gobierno tampoco escucha. Afirmó que ninguna autoridad se acercó a ellos, a pesar de que enviaron notas ofreciendo su ayuda para solucionar el conflicto social en Bolivia.

“Hemos arriesgado nuestras vidas para decirles que escuchen y recojan las solicitudes. ¿Lo han hecho? No, todo lo contrario, intervinieron en San Julián y en Lipari”, declaró la senadora Crispín.

Falta de diálogo y problemas no atendidos

Por su parte, la senadora Sonia Siñani recordó que la huelga de hambre buscaba establecer un diálogo y evitar enfrentamientos. Aseguró que todos los intentos fracasaron porque nunca se instaló un diálogo verdadero y porque no se atendieron oportunamente problemas graves como la gasolina basura, que afectó a miles de vehículos en el país.

Siñani manifestó que ya no se puede continuar con la huelga, pero aseguró que “no permitirán que se reprima a sus hermanos”. Afirmó que la violencia no puede combatirse con más violencia y que militares y policías no deberían enfrentarse contra sus propias familias.

Denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza

Finalmente, la diputada Patricia Patiño denunció que la Policía está “torturando a los manifestantes”, capturando a dirigentes con efectivos encapuchados y gasificando adentro de vehículos para hacerlos salir. Criticó los operativos tan “torpes” y destacó la participación de organizaciones de Derechos Humanos en esa situación.

Conclusiones sobre la huelga

A pesar de que la huelga de hambre, desarrollada en ambientes de la Asamblea Legislativa, culminó sin lograr su objetivo, los legisladores anticiparon que seguirían respaldando a los movilizados y rechazaron un posible estado de excepción en el país.

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El 4 de noviembre los nuevos parlamentarios tendrán su primera sesión preparatoria en la Cámara de Diputados para la elección de su directiva, la misma presidirá por un año y posteriormente harán otra elección.

Durante los últimos cinco años, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados estuvo conformada por tres fuerzas políticas, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que tuvo la mayoría de los legisladores, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, pero en varias ocasiones se observó la división en estás bancadas.

El MAS terminó dividido en tres bloques, los denominados “evistas o radicales” que son los seguidores del expresidente Evo Morales, los “arcistas o renovadores” fueron los que acompañaron al Presidente Luis Arce, y los “androniquistas” fueron los que dieron el apoyo a la candidatura del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

Las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos también tuvieron una ruptura e incluso se acusaron de transfugio político por apoyar a leyes que venían desde el Órgano Ejecutivo, ya que cuando eran debatidas tenían el apoyo mayoritario para su aprobación.

Otro aspecto resaltante fue que, durante semanas, en las sesiones de la Cámara de Diputados no prosperaba la aprobación de créditos, ya que el bloque evista, junto con la oposición, lograban la mayoría de votos para que las normas no fueran aprobadas, incluso existían peleas al interior de la Cámara Baja, jalones de cabello, puñetazos, empujones.

La senadora arcista, Virgina Velazco, manifestó que la gestión de la Cámara de Diputados fue bochornosa, vergonzosa y que la gestión “mala” por los acontecimientos que marcaron las sesiones con peleas.

Velazco expresó que fueron los apetitos personales los que perjudicaron a la población, y que al final de la legislatura sus colegas aprobaron más de $us 500 millones.

En contraposición, el legislador evista, William Torres, manifestó que en el caso de la Cámara Alta tuvieron una gestión “buena” a diferencia de la Cámara de Diputados y que en la instancia no existen leyes pendientes.

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En redes sociales ha circulado un video en el que, presuntamente, Marset lanza amenazas y habla de una “guerra”. El director nacional de Interpol Bolivia, coronel Juan Carlos Bazoalto, ha informado que el video será sometido a una pericia técnica para verificar su autenticidad.

Solicitudes de los legisladores

En este contexto, el senador “evista” Luis Adolfo Flores ha afirmado que la versión sobre la presencia de Marset en el país es creíble. Por ello, ha solicitado al ministro de Gobierno, Roberto Ríos, que aclare la situación en un plazo de 10 días.

Flores ha indicado que, si se confirma que el prófugo se encuentra en territorio boliviano, se deberá investigar a las autoridades policiales y al Ministerio de Gobierno por posibles redes de protección. El legislador también ha pedido que se detenga a quienes hayan facilitado el ingreso y la permanencia de “personeros” extranjeros acusados de delitos graves.

Riesgos para la seguridad

De manera similar, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, ha sostenido que la filtración del video y las imágenes que muestran a Marset con personas armadas generan un riesgo para la seguridad interna y dañan la imagen internacional del país.

Astorga ha asegurado que existen indicios de que el narcotraficante no ha salido del territorio boliviano y ha acusado al gobierno saliente de tolerar o encubrir la presencia de “peces gordos” del narcotráfico.

Cooperación internacional necesaria

El legislador ha pedido a las autoridades que activen todos los mecanismos institucionales para la localización y captura del prófugo. Además, ha enfatizado la necesidad de cooperación internacional, incluyendo la posibilidad de coordinar operativos con agencias extranjeras especializadas como la DEA.

Diligencias oficiales en curso

Los pedidos de los parlamentarios se producen en paralelo a las diligencias oficiales. Interpol Bolivia ha informado que ha contactado a sus pares en Paraguay, Colombia y Brasil para verificar la autenticidad del video y recabar elementos que permitan ubicar a Marset, quien tiene una notificación roja en la red internacional.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha señalado que solicitará a su par en Paraguay la documentación que respalde la afirmación sobre la presencia del narcotraficante. Además, ha reiterado que las versiones deben ser verificadas antes de emitir conclusiones públicas.

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Este martes 7 de octubre, los diputados Fredy Mamani y Hernán Hinojosa expresaron su descontento por la falta de voluntad política para avanzar en este proceso crucial, especialmente ahora que la actual legislatura está por concluir.

Desde el Legislativo, el diputado Mamani criticó a la directiva de la Cámara Baja por no reanudar la sesión en la que se debía tratar este tema, a pesar de los reiterados llamados de varios asambleístas. “No entendemos qué está pasando en la directiva. Nosotros dijimos: avancemos por tiempo y materia, porque son funciones que nos competen como órgano legislativo”, reclamó.

Demora preocupante

Por su parte, Hinojosa calificó de “preocupante” la demora en el proceso, señalando que los plazos son cada vez más ajustados. Si esta inacción persiste, podría darse un escenario en el que los actuales vocales del TSE se prorroguen en sus funciones. “Los tiempos ya nos están pisando. Si no hay solución, va a quedar como autoprorrogado también el Tribunal Electoral. Eso sería muy grave”, advirtió.

Ambos parlamentarios coincidieron en que, aunque el proceso electoral general ya está en marcha, el retraso en la renovación de los vocales podría afectar la credibilidad del órgano electoral y el desarrollo de los comicios subnacionales previstos para el próximo año. Hinojosa alertó que, incluso, podría quedar en manos de autoridades prorrogadas la atención de denuncias o recursos relacionados con un eventual fraude, lo que agravaría la crisis de legitimidad institucional.

Necesidad de avanzar

Mamani insistió en la necesidad de avanzar en la elección, aunque reconoció que la actual legislatura tiene los días contados. Es posible que el proceso de selección de los nuevos vocales deba continuar en la siguiente gestión parlamentaria. “El avance tiene que continuar con las nuevas autoridades. Pero al menos debemos dejar encaminado el proceso”, señaló.

Los diputados también coincidieron en que la elección de vocales, así como la de magistrados del Órgano Judicial, debe ser tratada de manera técnica y sin cálculos políticos. “No es un tema de colores. Se trata de fortalecer la democracia”, enfatizó Mamani.

Suspensión de la sesión

La sesión en la que se debía tratar la designación de nuevos vocales fue suspendida y no se ha definido una nueva fecha. Mientras tanto, los parlamentarios han llamado a la presidencia de la Cámara de Diputados a incluir de manera urgente este punto en el orden del día para evitar una nueva crisis institucional.

LA PATRIA.

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El diputado Freddy López, junto a los senadores Pedro Benjamín Vargas y Félix Ajpi, coincidieron en la necesidad de esclarecer las acusaciones formuladas por un ciudadano que afirma tener evidencias periciales sobre irregularidades en al menos 3.600 actas electorales.

López destacó que estas denuncias no son nuevas. Él mismo, junto a otros legisladores, había solicitado informes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) semanas atrás, pero no recibió respuesta. Aseguró que su bancada no busca una prórroga electoral, sino transparencia. “Lo que hemos pedido es que se conforme una comisión especial, como se hizo en el caso ‘coima verde’, y que se emita una resolución camaral para que el fiscal general investigue”, afirmó.

Legitimidad del balotaje

El legislador insistió en que las denuncias deben ser atendidas. Advirtió que, de no hacerlo, podría verse afectada la legitimidad del balotaje previsto para el 19 de octubre. “No se puede dejar pasar estas acusaciones como si nada. Hay 2 testigos que deben ser protegidos, y el Ministerio Público tiene que actuar de oficio”, dijo.

Apoyo desde el Senado

Desde el Senado, Pedro Benjamín Vargas respaldó la necesidad de investigar. Informó que su proyecto de ley para la cesación temporal de vocales del OEP sigue en la Comisión de Constitución y consideró que las denuncias merecen atención. “Solicitamos al fiscal general que analice y admita esta denuncia. Si se comprueba, hay razones para pensar que algunos candidatos podrían haber tenido otro porcentaje de votos”, declaró.

Precauciones ante las acusaciones

Félix Ajpi, también senador, se mostró más cauto. Indicó que el caso debe ser evaluado por las autoridades correspondientes antes de emitir juicios. Sin embargo, cuestionó que quienes impulsan la denuncia provengan del ala radical del MAS. “Estos evistas están queriendo abrir paraguas antes de que venga la tormenta. Si hubo fraude, nosotros también seríamos víctimas”, sostuvo.

Ajpi pidió esperar una posición oficial del Ministerio Público y recordó que el sistema electoral digital fue implementado durante el gobierno de Evo Morales. “Las máquinas no se distorsionan de la noche a la mañana”, agregó.

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La senadora Barrientos señaló que “la inflación ya está. Tenemos 5% acumulado en lo que va del año, lo que es una inflación altísima. Pero se va a disparar la inflación porque van a crecer los desempleos”. Además, indicó que el índice de desempleo se verá afectado y que la pobreza multidimensional también podría aumentar. También mencionó que “vamos a entrar en un proceso donde la informalidad tiene más cabida”.

Propuestas de reducción salarial

Por su parte, el legislador Mamani expresó: “realmente ya no se le entiende a este gobierno qué es lo que realmente está haciendo para nuestro país”. En su intervención, propuso que el aumento salarial sea inversamente proporcional, sugiriendo que quienes ganan menos de 10.000 bolivianos deberían recibir incrementos, mientras que aquellos con salarios más altos deberían tener cero incremento salarial. Destacó que muchos trabajadores reciben salarios nominales bajos, como 1.000 o 1.500 bolivianos.

Impacto en microempresarios

Mamani también alertó sobre las preocupaciones que tienen los microempresarios respecto al incremento salarial y cómo esto podría resultar en despidos. Resaltó que “los que van a sufrir mucho más van a ser aquellos que viven tal vez con el salario mínimo”.

Desacuerdo dentro de la bancada

En este contexto, Andrés Flores expresó su desacuerdo con el aumento salarial y afirmó: “yo estoy rechazando definitivamente, es más, debían reducirnos”. Flores concluyó su intervención diciendo: “yo voy a renunciar porque obviamente no queremos el incremento”, refiriéndose al descontento que existe dentro de su bancada respecto al aumento salarial.

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El senador Rodrigo Paz de Comunidad Ciudadana (CC) calificó la medida como ilegal e inaceptable, argumentando que el Gobierno no debería tener acceso a las tarjetas de crédito de los ciudadanos. Por su parte, la directora de la ASFI, Ivette Espinoza, explicó que las restricciones se implementaron para evitar la especulación con dólares en el mercado paralelo.

Críticas a las limitaciones impuestas por la ASFI

La senadora Andrea Barrientos criticó las limitaciones impuestas por la ASFI, argumentando que afectan el acceso a divisas y restringen el uso de las tarjetas en el extranjero. Por otro lado, la senadora Lucy Escobar del Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestionó las medidas gubernamentales que impactan en el flujo de ingreso de dólares al país. El diputado Alejandro Reyes también consideró ilegal la acción de la ASFI al regular el gasto económico individual.

Debate sobre la injerencia estatal en las finanzas personales

Esta situación ha generado un debate sobre la injerencia estatal en las finanzas personales y la necesidad de proteger los derechos económicos de los ciudadanos frente a posibles abusos regulatorios por parte del Gobierno. La controversia continúa generando tensiones entre los legisladores y las autoridades financieras en Bolivia.

Preocupación por el control gubernamental

Además, se destaca la preocupación generalizada sobre el control gubernamental excesivo en asuntos financieros individuales y sus posibles repercusiones negativas en la economía nacional. Los ciudadanos temen que estas medidas restrinjan su libertad económica y limiten su acceso a divisas en el extranjero.

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El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, hizo hincapié en que la institución legislativa debe ser siempre respetada y lamentó que las riñas entre parlamentarios se hayan vuelto una costumbre.

En respuesta a la nueva pelea ocurrida ayer, Loza instó a los diputados a debatir sus diferencias en lugar de recurrir a la violencia. Durante la sesión, el conflicto escaló hasta el punto en que el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, fue abofeteado.

Sin embargo, el senador del MAS señaló que Huaytari demoró semanas en convocar a sesión, lo que ha minado su autoridad. Según Loza, esta agresión demuestra que el presidente de la Cámara ha perdido el respeto de todos, sumado a los escándalos de corrupción y otros asuntos en los que está involucrado.

Reclamo y sanciones: Legisladores piden medidas

Por su parte, la senadora del MAS, Virginia Velasco, calificó lo ocurrido ayer como una vergüenza, ya que no es el comportamiento esperado de una autoridad. Manifestó que los involucrados en la pelea han mostrado su verdadera imagen ante todo el país.

Velasco enfatizó que, si existe algún inconveniente, siempre se puede hacer un reclamo, pero desde el curul y con respeto. En ese sentido, solicitó que los legisladores que actuaron de manera violenta sean sancionados a través de la Comisión de Ética.

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Gustavo Vega, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), destacó la rápida aprobación del proyecto de ley por parte de la Comisión de Constitución y anunció que el informe ya fue enviado a la presidencia de la Cámara de Diputados. Se espera que esta semana se convoque al pleno para su tratamiento.

Por su parte, Félix Ajpi, senador del MAS, expresó su descontento con el desarrollo de las primarias en 2019, señalando que prácticamente no arrojaron resultados. Por ello, anunció su apoyo al proyecto de ley una vez que sea tratado en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado.

Comunidad Ciudadana también respalda la iniciativa

Enrique Urquidi, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), manifestó su opinión de que Huaytari debería convocar a sesión plenaria en las próximas horas. Confirmó que CC votará a favor de la aprobación de esta iniciativa una vez que se oficialice la convocatoria.

Es importante mencionar que los miembros de CC solicitaron que se trate primero el proyecto de ley presentado por su partido para unas elecciones primarias abiertas. Sin embargo, Urquidi explicó que, aunque esa propuesta sigue en pie, por ahora se está priorizando la anulación de los comicios de este año sin cuestionamientos, considerando el bien mayor.

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El diputado “arcista”, Juan José Jáuregui, resaltó la notable participación de los postulantes, a pesar de los recursos constitucionales y los retrasos. Además, manifestó que estas evaluaciones demuestran la confianza que los abogados aún tienen en el proceso llevado a cabo por las comisiones mixtas.

Jáuregui aseguró que la etapa de evaluaciones orales culminará de manera satisfactoria, garantizando así las elecciones judiciales. También afirmó que no habrá problemas adicionales debido a la falta de mujeres candidatas o personas autoidentificadas como indígenas originarias.

Avances en la evaluación de los postulantes

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, informó que se ha concluido la evaluación de los postulantes para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y ya se ha comenzado con el examen de los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Rejas enfatizó que durante los tres días de trabajo no se presentaron inconvenientes, por lo que se espera concluir el miércoles y enviar el informe final a más tardar el lunes de la siguiente semana.

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En 2016, a pesar de los informes desfavorables de una consultora internacional, el gobierno de Evo Morales inició la perforación del pozo Lliquimuni. YPFB-Petroandina, una empresa conformada por YPFB-Bolivia y PDVSA-Venezuela, fue la encargada de llevar a cabo este trabajo de exploración.

Abandono y desaparición de maquinaria

Actualmente, el terreno donde se encuentra el pozo Lliquimuni está cubierto de arbustos y solo cuenta con una placa identificatoria como testimonio de la perforación. Los comunarios han revelado que la maquinaria utilizada en el proyecto desapareció “en una sola noche” antes del estallido social de 2019 que derivó en la renuncia de Morales a la presidencia.

Gasto insulso y falta de resultados

El senador Andrés Flores ha denunciado que se realizó un “gasto insulso” en la perforación del pozo Lliquimuni, ya que no se encontró ni siquiera agua. “El pozo, que tiene una medida de un metro y medio por dos metros, está abandonado, no hay absolutamente nada”, insistió Velasco.

Contraste con el proyecto en Mayaya X1

Es importante destacar que el pozo Lliquimuni fue un proyecto hidrocarburífero impulsado por Morales durante su gestión en el norte de La Paz. Los legisladores han cuestionado que ahora Morales pretenda apropiarse del descubrimiento impulsado en el gobierno del presidente Luis Arce en Mayaya X1.

En la placa de ingreso al campo, cubierto de pastizales y rodeado de alambre tejido, se encuentra la inscripción “Petroandina S.A.M, Lliquimuni LQC-X1, La Paz – marzo 2016”.

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La Comisión, encargada de la fiscalización, se trasladó hasta el Cerro Rico tras recibir denuncias alarmantes sobre hundimientos cada vez más frecuentes en este importante patrimonio histórico. Sin embargo, al llegar al lugar, los legisladores se encontraron con una situación tensa generada por los mineros cooperativistas, quienes les impidieron continuar con su recorrido.

Tensión y amenazas en el Cerro Rico

El diputado de Creemos, Erwin Bazán, relató que los mineros amenazaron con agredir físicamente a los legisladores e incluso detonaron dinamitas como muestra de intimidación. Exigieron que se retiraran del lugar, impidiendo así que la Comisión pudiera llevar a cabo su labor de verificación del estado del Cerro Rico.

Esta situación no solo pone en riesgo el patrimonio histórico y cultural del Cerro Rico, sino también la seguridad de aquellos que intentan velar por su conservación.

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El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Santos Mamani, manifestó que esta nueva paralización es una prueba de que el Gobierno está llevando a cabo su plan para mantener a las actuales autoridades judiciales. En su opinión, si esto continúa, las elecciones judiciales fracasarán por completo.

Mamani aseguró que las autoridades del Ejecutivo están mintiendo al afirmar que desean llevar a cabo estos comicios, ya que son ellos los responsables de todas las paralizaciones. Además, señaló que los amparos presentados forman parte de este plan y demuestran que el país está siendo gobernado por un Estado Judicial.

Criticas a la paralización del proceso y acusaciones hacia el Ejecutivo

Por su parte, el presidente de la comisión mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, criticó la paralización del proceso debido a la falta de resolución de un amparo. Sin embargo, consideró que esto es ilógico, ya que el Tribunal Constitucional ordenó detener todas las acciones, lo que no dio tiempo a los legisladores para analizar las quejas presentadas por los postulantes.

Padilla también señaló que el entorpecimiento de las elecciones judiciales proviene principalmente del Ejecutivo, especialmente del Ministerio de Justicia. Ante esta situación, aseguró que responderán tanto jurídica como políticamente, ya que los legisladores están cansados de enfrentar tantos obstáculos en su trabajo.

El amparo de un candidato genera la paralización del proceso

El diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, explicó que el amparo presentado por el candidato Fernando Mejía fue el motivo de la paralización del proceso, debido a la falta de coordinación entre las comisiones mixtas. Mientras la Comisión de Constitución retomó su trabajo una semana antes, la de Justicia Plural no lo hizo.

Gutiérrez afirmó que este problema tiene una solución sencilla y que hoy se reunirán para debatirlo. Sin embargo, hizo un llamado a sus colegas legisladores para que dejen de lado los cálculos políticos y prioricen el diálogo, ya que la preselección de candidatos es un mandato constitucional que debe cumplirse.

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El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, manifestó que no tenía conocimiento previo de esta petición de Morales. Sin embargo, por responsabilidad política, sugirió que el exmandatario debería renunciar a esa indemnización, lo cual sería un punto a favor en una posible futura campaña política.

Ajpi señaló que esto es una muestra de lo mal asesorado que está Morales por sus abogados, y destacó que durante los últimos diez años de su gobierno se evidenció un deficiente acompañamiento jurídico. No obstante, aclaró que este es un problema exclusivo del exmandatario, ya que uno debe saber con quién aliarse.

Por su parte, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, afirmó que este pedido es una total falta de vergüenza por parte de Morales. Después de ser acusado de fraude electoral, ahora pretende victimizarse y obtener una indemnización.

Compensación a los bolivianos y falta de dignidad

En cambio, Urquidi sostuvo que es el expresidente quien debería compensar a todos los bolivianos por los fraudes cometidos durante el referendo del 21F y las elecciones generales de 2019.

Finalmente, Urquidi recalcó que si Morales tiene algo de dignidad, debería renunciar a esta solicitud de indemnización, aunque expresó que esto es muy difícil. Además, enfatizó que el Estado no debe desembolsar ni un centavo al exmandatario, y que desde la Asamblea Legislativa harán lo necesario para evitarlo.

Argumento jurídico y exigencia de pago

En un reciente documento publicado por el equipo jurídico de Morales, se argumenta que si se hubiera actuado de acuerdo a las normas, esta pérdida económica no habría ocurrido, asumiendo que Morales habría ganado el puesto de senador en las elecciones. Por lo tanto, exigen el pago de 1.912.933 bolivianos por sueldos, aguinaldos, vacaciones y otros gastos.

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El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, afirmó que el Gobierno está haciendo todo lo posible para frustrar definitivamente las elecciones judiciales. La negativa de Choquehuanca a convocar al pleno de la Asamblea Legislativa para solucionar el conflicto es vista como una estrategia para proteger los intereses del Ejecutivo y los magistrados prorrogados. Esta postura ha generado críticas y descontento entre los legisladores.

Choquehuanca es acusado de perder el tiempo

El diputado Astorga criticó la actitud de Choquehuanca, afirmando que reunirse con él es como perder el tiempo. Además, cuestionó que el presidente de la Asamblea Legislativa pidiera permiso a los magistrados autoprorrogados para actuar. Según Astorga, lo correcto hubiera sido convocar al Parlamento y utilizar su poder para restaurar el proceso de elecciones judiciales.

Choquehuanca será responsable de las consecuencias

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Fredy López, responsabilizó a Choquehuanca de las posibles consecuencias negativas que puedan surgir a raíz de su negativa a convocar al pleno de la Asamblea Legislativa. López advirtió que esta situación podría desencadenar problemas sociales y políticos aún más graves. El legislador “evista” expresó su preocupación por el futuro del país.

Elogios a la gestión de Andrónico Rodríguez

El senador del MAS, Félix Ajpi, elogió el trabajo del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, por su esfuerzo en hacer posible la reunión. Sin embargo, lamentó que el debate se haya roto debido a la actitud de algunas personas. Ajpi destacó que Choquehuanca no tuvo otra opción que recurrir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para continuar el proceso de selección, aunque se trate de autoridades prorrogadas. Sugirió la necesidad de trabajar en una ley para ampliar los plazos.

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La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, hizo hincapié en que cualquier ampliación del proceso debe ser analizada minuciosamente. Su mayor preocupación es evitar que el Órgano Judicial utilice un proyecto de ley de la Asamblea para invalidar el proceso. Aunque considera que es prácticamente imposible reanudar el proceso el sábado debido a los numerosos amparos presentados, enfatizó la importancia de tomar medidas cuidadosas para evitar que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) invalide nuevamente la preselección.

Rechazo de la ley transitoria y medidas cautelares

El senador de Creemos, Erick Morón, confirmó que la ley transitoria fue rechazada debido a su inconstitucionalidad. Explicó que los amparos constitucionales tienen medidas cautelares, pero se pretendía suspender esas medidas, lo cual llevó al rechazo de la ley. Actualmente existen tres amparos y medidas cautelares que han paralizado el proceso, y se espera que otros 20 puedan generar nuevas paralizaciones.

Debate y consenso

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adolfo Flores, aseguró que las tres bancadas estaban de acuerdo con el proyecto de ley, pero no se logró su aprobación debido a diferentes interpretaciones. Sin embargo, manifestó que el debate debe continuar para aclarar dudas y alcanzar un consenso. Se sugiere esperar el informe de los presidentes de comisión, quienes están participando en las audiencias por los amparos en todo el país, antes de tomar decisiones en la Asamblea.

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Reyes afirmó que Morales deberá armar su defensa legal y enfrentar no solo este caso, sino también otros como Chaparina, Porvenir y todas las masacres que se le atribuyen. Además, señaló que el expresidente debe ser juzgado tanto por explicar estos hechos como por devolver los recursos correspondientes.

Por otro lado, la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Virginia Velasco, mencionó que el Legislativo no tiene jurisdicción en este caso por el momento, por lo que es necesario esperar las acciones del Ministerio Público para conocer cómo se desarrollarán las investigaciones sobre el incidente en el Hotel Las Américas en 2009.

Sin embargo, Velasco enfatizó que cualquier ciudadano citado a declarar debe responder ante la justicia. Por lo tanto, al negarse a acudir a las citaciones, Morales está insinuando que no tiene intenciones de cumplir con las normativas establecidas.

En su programa de radio, Morales afirmó que no asistiría a las citaciones judiciales y que preferiría ser encarcelado antes de responder por el caso de terrorismo. Aseguró que su objetivo principal era promover la unidad nacional frente a las divisiones impulsadas por la denominada media luna.

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El diputado de Creemos, Fabián Ayala, informó que hasta el jueves se recibieron 35 carpetas de impugnaciones en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), las cuales serán revisadas desde hoy. Posteriormente, se iniciará el mismo trabajo en el Tribunal Supremo de Justicia.

Con la gran cantidad de carpetas presentadas en la primera etapa, es comprensible que las comisiones hayan cometido algunos errores en la revisión. Sin embargo, el período de impugnaciones está destinado a subsanar esos errores y garantizar una segunda etapa totalmente transparente gracias a la obligatoriedad de los dos tercios.

Posibilidad de apartar a candidatos habilitados durante las impugnaciones

Es importante destacar que los candidatos habilitados también pueden ser apartados durante las impugnaciones si, por ejemplo, tienen procesos judiciales que no fueron considerados en su postulación, pero que salen a la luz mediante denuncias de la opinión pública u otros mecanismos.

Compromiso de trabajar durante días feriados para cumplir con el plazo

La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricia Arce, aseguró que incluso se trabajará los días jueves y viernes, aunque sean feriados, para cumplir con el plazo de cinco días establecido. El objetivo es revisar las más de 500 impugnaciones presentadas, tanto por aquellos que no cumplieron con los requisitos como por cuestiones éticas y de compromiso.

La legisladora expresó su esperanza en este proceso para evitar que los candidatos que se han autoprorrogado en su cargo continúen en él.

Responsabilidad y transparencia en el proceso de verificación

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Pablo Arizaga, manifestó que se abordará este proceso con mucha responsabilidad y transparencia. En ese sentido, hizo un llamado a los postulantes para que no utilicen los medios de comunicación para desprestigiar el trabajo de las comisiones, especialmente si sus carpetas no cumplían con todos los requisitos.

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Ante esta situación, el diputado Marcelo Pedraza, representante de Comunidad Ciudadana (CC), expresó su preocupación y manifestó que la población no tolerará acciones que puedan interferir en el proceso de selección de candidatos. En este sentido, Pedraza sugirió que Miguel Rejas debería retirarse y permitir que otra persona asuma el cargo correspondiente.

Por su parte, el senador del MAS, Leonardo Loza, exigió una investigación exhaustiva sobre este tema y señaló que existen intereses desde el Gobierno para sabotear el proceso de selección. Además, Loza resaltó la falta de interés por parte del Presidente Luis Arce en llevar adelante las elecciones judiciales de manera imparcial.

Respuestas y llamado a la transparencia en el proceso de selección

Ante las acusaciones, Miguel Rejas, presidente de la comisión mixta, negó tener conocimiento de los audios filtrados y denunció un intento político por desacreditar la selección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial. Rejas afirmó que se trata de una estrategia para socavar la legitimidad del proceso.

El diputado Marcelo Pedraza reiteró la importancia de mantener la transparencia en el proceso de selección de candidatos para garantizar la legitimidad del sistema judicial. En este sentido, destacó la necesidad de que se realice una investigación exhaustiva y se tomen las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad y la confianza en el proceso.

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Lamentó que, a pesar de que hoy El Alto podría celebrar su aniversario con obras de impacto, un cálculo político impidió la aprobación del proyecto para la ampliación de ocho carriles en la ciudad y otros pendientes.

Jáuregui afirmó que los créditos aprobados en diputados fueron enviados al Senado el 4 de marzo, lo que debería haber sido suficiente para agendar su tratamiento en la sesión actual.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Daly Santa María, indicó que hasta ayer solo había llegado el primer proyecto aprobado al Senado, sugiriendo que los demás no llegaron a tiempo para su revisión.

Créditos no Tratados en el Senado

El diputado “arcista” del MAS criticó la omisión del tratamiento de los créditos en el Senado, señalando la falta de responsabilidad de los legisladores.

Proyecto de Ampliación en El Alto

Se lamentó que, a pesar de la posible celebración del aniversario de El Alto, la aprobación de la ampliación de carriles y otros proyectos esté en espera.

Envío de Créditos al Senado

Jáuregui destacó que los créditos aprobados en diputados fueron remitidos al Senado el 4 de marzo, esperando su pronta consideración.

Retraso en la Revisión de Proyectos

La senadora Daly Santa María mencionó que solo un proyecto llegó a tiempo al Senado, insinuando retrasos en la revisión de los demás.

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El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, dejó claro que su alianza política no permitirá ninguna prórroga inconstitucional para los actuales magistrados. Sin embargo, están dispuestos a allanar el camino para una nueva convocatoria electoral.

Análisis riguroso y propuestas constitucionales

Urquidi enfatizó que todas las propuestas presentadas y futuras serán analizadas rigurosamente. La condición indispensable es que sean constitucionales; de lo contrario, serán descartadas.

“Debemos sentarnos y dialogar para encontrar la mejor alternativa”, declaró Urquidi. Manifestó su disposición política y espera encontrarla también en el Movimiento Al Socialismo (MAS).

No extensión del mandato bajo ninguna circunstancia

Hilarión Mamani, senador del MAS, reafirmó que los actuales magistrados deben concluir su mandato el 31 de diciembre sin posibilidad alguna de extenderlo.

Mamani destacó la importancia de que las autoridades judiciales presenten su informe de fin de gestión. Durante la reunión, se escucharán todas las propuestas para evitar el vacío de poder.

Trabajo conjunto a pesar de diferencias ideológicas

“Las tres fuerzas políticas deben trabajar al servicio del pueblo, a pesar de nuestras diferencias ideológicas”, afirmó Mamani. La prioridad es cumplir con las expectativas ciudadanas y garantizar nuevas autoridades.

Juan José Jáuregui, diputado oficialista, instó a que prevalezcan las razones jurídicas en busca de una solución. Destacó la complejidad del escenario y la necesidad de mostrar voluntad para trabajar conjuntamente.

Continuar tratamiento del proyecto ley 144

Jáuregui considera que la mejor solución es dar continuidad al tratamiento del proyecto ley 144, pese a sus observaciones constitucionales. Para ello, se requiere un pronunciamiento urgente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

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El senador de Creemos, Erick Morón, manifestó que solo en épocas de dictaduras se veían amenazas como estas, con posibles levantamientos armados contra un sector productivo del país como los empresarios privados. “Me pregunto qué pasaría si los dueños de los predios o los empresarios privados amenazaran con desalojar a quienes avasallan sus tierras. Me pregunto qué pasaría si un político de oposición dijera que defenderá sus tierras con armas. En este momento ya estaría detenido por sedición y terrorismo”, declaró el legislador.

Gobierno indiferente ante las amenazas

Sin embargo, lamentó que ahora el gobierno haga la vista gorda porque se trata de un sector que lo respalda. Según su criterio, las amenazas no solo atentan contra la propiedad privada sino también contra la democracia. En ese sentido, pidió precautelar la seguridad jurídica del sector productivo; sin embargo, también aseguró que los cruceños no se dejarán amenazar por sectores que pretenden tener inmunidad.

Diputada exige acciones al ministro

Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, conminó al ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo a cumplir con su trabajo y desarrollar las acciones correspondientes para aprehender a estas personas y evitar que cumplan sus amenazas. “Es inadmisible que surjan este tipo de amenazas y que la Policía boliviana o el Ministerio Público no tomen acciones al respecto. Con esto se entiende que los interculturales fueron dotados con facultades por parte del gobierno, actúan en complicidad con quienes están en la Casa Grande del Pueblo”, declaró.

Regulación de portación de armas

Finalmente, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Daysi Choque, recordó que la portación de armas está regulada en el país, por lo que no debería haber excepciones para nadie. En ese sentido, manifestó su esperanza de que la amenaza de esa persona sea a título personal y no a nombre de un sector. “No creo que esa postura haya emanado de un ampliado o un congreso para que él esté haciendo vocería para todos. El caso de Las Londras viene desde hace años, por eso ahora esperemos se tomen cartas en el asunto y este escenario no se repita”, declaró la legisladora oficialista.

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El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Freddy López, manifestó que es lamentable que un narcotraficante siga hablando mal del país, diciendo que los políticos y la Policía están involucrados en el narcotráfico y la corrupción; sin embargo, aclaró que los “radicales” del partido denunciaron eso desde un principio.

Pedido para destituir a autoridades ineficientes

En ese sentido, reiteró el pedido de destituir a todas las autoridades que no están cumpliendo con su trabajo y están causando esta mala imagen al país. Según su criterio, el Presidente Luis Arce debería empezar apartando de su cargo al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

Critican actuación del ministro

“Lo único que hizo fue montar un show; en su momento dijo que Marset ya estaba acorralado, pero él se ríe, indicando que lo que habla el ministro de Gobierno no es verdad. Lo único que se puede hacer para evitar estas burlas hacia el país es alejar a Del Castillo”, declaró el legislador.

Señalan ineficiencia del ministro

Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, coincidió en que el principal problema es Eduardo Del Castillo, quien incluso aseguró que Sebastián Marset se entregaría en pocos días cuando es evidente que eso no ocurrirá.

“Tenemos un pez gordo del narcotráfico prófugo que revela cada vez más detalles sobre la ineficiencia del ministro de Gobierno, quien no pudo encontrarlo y ahora sabemos que no se entregará a ninguna autoridad”, finalizó el legislador.

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Además, señalaron que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, no muestra resultados del supuesto trabajo que realiza respecto a la captura de Marset.

Filtración de audio revela alerta a narcotraficante para escapar tras orden de captura.

Durante el fin de semana, se filtró un audio en las redes sociales donde presuntamente un policía alerta al narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset para que escape después de haberse dado la orden de su captura.

Segundo audio evidencia conexión entre policías y narcotraficante.

El diputado Alberto Astorga, perteneciente a Comunidad Ciudadana (CC), recordó que este audio es el segundo en filtrarse donde se evidencia la conexión entre policías y el narcotraficante Marset; ya que el primero implicaba al director de la Felcn.

Legisladores exigen destitución inmediata y acciones legales contra los involucrados.

En ese contexto, Astorga indicó que solicitará una minuta de comunicación al ministro de Gobierno para exigir la destitución tanto del director Villca como de todos los policías involucrados con Marset. Además, exigió que posterior a la destitución, la Fiscalía realice investigaciones inmediatas a los agentes policiales.

Críticas hacia el ministro por falta de resultados y gasto innecesario.

Por su parte, Freddy López, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló haber denunciado estos audios hace tiempo y afirmó que Del Castillo no realiza el trabajo necesario, no presenta informes concretos y actualmente solo gasta dinero del país en operativos, pero no se logra capturar al narcotraficante uruguayo. Al contrario, están haciendo un espectáculo.

Necesidad de investigación para determinar autenticidad del audio.

La senadora Virginia Velasco, también del MAS, considera que el audio difundido debe ser investigado para determinar si pertenece a un policía o si son solo especulaciones.

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Asimismo, legisladores consideran improbable el proceso electoral con los cronogramas establecidos. Este 1 de agosto, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) denunció que el TCP no notificó su resolución que anula la convocatoria y el reglamento del proceso de preselección para las elecciones judiciales.

Presidente de Comisión Mixta anuncia juicio contra autoridades del TCP

Incluso, la presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senadora Patricia Arce, anunció que iniciaría un juicio de responsabilidades contra las autoridades del TCP por intentar dilatar el proceso electoral. Mediante un comunicado oficial, el TCP aseguró haber remitido la información a los correos electrónicos señalados por las partes. Además, el 31 de julio el TCP brindó una conferencia de prensa.

Jefe nacional del MAS propone modificar cronograma electoral

En cuanto al tema, el jefe nacional del MAS en bancada parlamentaria, Andrés Flores, afirmó que es necesario aplicar una sentencia normativa respecto al proceso electoral judicial con mayoría de los 2/3. También agregó que será necesario modificar tanto el cronograma como los plazos establecidos para este proceso.

Diputado del MAS acusa a magistrados de conspiración

Para el diputado del MAS, Héctor Arce, la comisión y los magistrados encargados del proceso electoral judicial tuvieron 45 días para llevar a cabo este proceso después de que un legislador de Creemos presentara un fallo para detener el proceso electivo judicial, pero no lo hicieron. En cambio, en esos 45 días conspiraron y planificaron realizar un golpe judicial.

Senador de Comunidad Ciudadana pide recuperar independencia judicial

Por su parte, el senador de Comunidad Ciudadana (CC), Santiago Ticona, señaló que lo primero que debe hacer el presidente de la ALP, David Choquehuanca, es convocar a las jefaturas de todas las bancadas e instituciones vinculadas al área para recuperar la independencia judicial.

Senador Paz Pereira afirma falta de interés en reforma judicial

Asimismo, el senador Paz Pereira expresó que no habrá elecciones judiciales porque no hay interés por parte del MAS en una reforma judicial. Indicó que dentro del MAS existe una pelea entre “evistas” y “arcistas” por quedarse con el poder del Órgano Judicial; por eso es que el parlamento no define un proceso transparente para llevar a cabo las elecciones.

Llamado a formular proyecto sobre reforma judicial

El legislativo llamó al vicepresidente Choquehuanca a formular un proyecto de escenario de debate sobre la reforma con una nueva visión del sistema judicial. “Eligiendo de forma transparente o no, jueces (y) juristas que sean dispuestos a estas instituciones serán absorbidos por este Estado centralista, que a su vez pervierte la justicia y (…) corrompe a hombres y mujeres”, agregó a LA PATRIA.

Mientras las elecciones judiciales continúan en limbo, las actuales autoridades judiciales terminan su gestión el 3 de enero de 2024.

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La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricia Arce, aseguró que los asambleístas están plenamente comprometidos a realizar las elecciones judiciales este año según lo previsto. No obstante, destacó que no pueden hacer nada si el Tribunal no se pronuncia.

El TCP tiene hasta el 2 de agosto para emitir su fallo, lo cual permitirá a la Asamblea Legislativa retomar el trabajo de preselección de los candidatos.

Según Arce, extraoficialmente conoció que el organismo emitirá su resolución el viernes; por lo tanto, afirmó que están preparados para retomar sus funciones.

No obstante, también solicitó al Ministro de Justicia, Iván Lima, intervenir para agilizar la resolución y brindar certeza a la población sobre la realización de los comicios.

En cuanto a posibles alternativas en caso de incumplimiento del proceso por el TCP u otra instancia, Arce precisó que ya se pidió a los técnicos y miembros de la Comisión Mixta de Constitución disponer tiempo para analizar distintas estrategias anticipadamente.

El objetivo es evitar quedarse sin hacer nada cuando sean notificados. Agradeció y reconoció a aquellos asambleístas comprometidos que desean efectuar las elecciones judiciales, y realizó un llamado general para hacer efectiva esta solicitud del pueblo de Bolivia.

Por su parte, el diputado oficialista, Hernán Durán explicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional cumplió con su trabajo al aprobar la Ley Corta. Coincidió en que ahora es responsabilidad del Tribunal Constitucional emitir su fallo lo antes posible, incluso antes de que se cumpla el plazo establecido el 2 de agosto.

“Aún estamos dentro de los plazos correspondientes. Por eso promulgamos esa ley. Como Asamblea Legislativa ya hemos cumplido y ahora le corresponde al Tribunal, que también tiene plazos para pronunciarse”.

Diputado del MAS Hernán Durán

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Aclararon que este tratamiento se hizo a petición de la Oficialía Mayor del Senado con la presencia de legisladores de las tres fuerzas políticas, y no en una sesión reservada como se difundió anteriormente.

El senador Félix Ajpi del Movimiento Al Socialismo (MAS), manifestó que los legisladores suplentes fueron quienes solicitaron el aumento salarial argumentando que sus ingresos no alcanzaban para cubrir sus necesidades.

“Se les consideró eso en el mismo presupuesto de la Cámara de Senadores. No estamos pidiendo ningún aumento al Tesoro General de la Nación (TGN). Estamos reduciendo ítems como fotocopiadoras o café; todo eso lo estamos recaudando para financiar (el aumento salarial)”, declaró Ajpi a LA PATRIA en la sede gubernamental.

Sin embargo, pese al comunicado emitido por la Cámara de Senadores, Ajpi afirmó que los titulares no recibieron ningún aumento e incluso criticó a los medios por difundir información falsa.

Por su parte, el exdiputado Rafael Quispe manifestó que dicho incremento es un insulto a la población cuando la mayoría trabaja arduamente para salir adelante en medio de una crisis económica.

“Los senadores trabajan diez días al mes y pagarles más de 20.000 bolivianos es un insulto a la población. Ganan por fiscalizar, pero vemos que no existe fiscalización a este Gobierno”, declaró Quispe.

Los senadores titulares ganan al menos 22.600 bolivianos al mes, mientras que los suplentes perciben un sueldo de 7.544 bolivianos; con el incremento del 3%, ahora ganarán 7.770 bolivianos.

El salario mínimo nacional es de 2.362 bolivianos, lo que significa que estos legisladores ganan tres veces más que el trabajador promedio del país.

/LPT

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En primer lugar, los legisladores tuvieron que esperar aproximadamente media hora para ser atendidos por el Administrador de Aduana Interior, Cristian Salinas Ríos. Luego les informaron que existía un comunicado indicando que la directiva de la Brigada Parlamentaria estaba siendo observada y que no contaban con ningún instructivo para realizar la fiscalización.

En segundo lugar, las autoridades fiscales explicaron al administrador que habían enviado notas con anticipación a la gerente regional Patricia Trujillo y que ella había emitido una respuesta insatisfactoria para los legisladores. Este fue el motivo principal de su visita.

Después de una hora de explicaciones sobre la legalidad de su visita fundamentada en la Constitución Política del Estado (CPE) y el reglamento de la Brigada Parlamentaria, el administrador finalmente asintió y se comunicó con el Jefe de Operaciones Concesionaria, José Villavicencio.

Sin embargo, transcurrió otra media hora antes del registro oficial de los legisladores y los medios acompañantes para registrar la fiscalización. En ese momento, el jefe de operaciones negó el ingreso a los periodistas argumentando “órdenes superiores”.

Los legisladores consultaron al funcionario sobre las razones detrás del rechazo a los medios y qué ley lo amparaba. Pero solo recibieron como respuesta que eran órdenes superiores. Después de otra hora de justificaciones, el jefe de operaciones finalmente permitió el ingreso de los medios.

Sin embargo, los legisladores indignados por lo sucedido decidieron retirarse sin realizar la inspección. Román Mollo expresó sus dudas sobre las restricciones impuestas por la Aduana y afirmó que “por algo será que no nos dejan entrar”.

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Esta posición surgió luego de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) señalara que, el predio de Santagro correspondería a tierras fiscales no disponibles.

“Nadie (ni empresarios ni interculturales) termina cumpliendo la norma y esto se da porque, más que seguro, al interior del INRA hay personas que no cumplen con la ley; o sea, que les dan a los empresarios alguna posibilidad (de) que siembren”, indicó la diputada de la agrupación política Creemos, María René Álvarez a la Agencia de Noticias Fides.

El director del INRA, Eulogio Núnez explicó la mañana de este viernes que, Santagro se encuentra en tierras fiscales no disponibles debido a que el 100% de esas tierras está dentro de una reserva forestal.

Sin embargo, la empresa agrícola compró esos terrenos antes de que se declaren como reserva. Ante la resolución de la institución de tierras, los propietarios decidieron impugnar y el caso pasó al TA.

El reciente miércoles, la empresa envió a sus cosechadores a recoger la producción, pero los avasalladores comenzaron a disparar con armas de fuego. Producto de ese ataque murieron dos personas y otras tres resultaron heridas.

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En conferencia de prensa, Arispe expresó un pronunciamiento en el que lamentan que aparentemente por una decisión política el Censo se suspendió, cuando en una interpelación efectuada al ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, éste afirmara que todo estaría listo para este año.

Asimismo, cuestionó que tras la elección del presidente de la Cámara de Diputados se produzca una supuesta alianza, la cual derivó en un posible debate para el proyecto de ley por el Censo.

“Lamentamos que la presidencia de la Cámara de Diputados producto de una designación irregular con votos de la derecha golpista, ahora se preste al juego de sus aliados y acepte debatir una ley de convocatoria al Censo”, aseveró.

Resaltó que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la realización de la encuesta nacional es atribución privativa del Presidente, por lo que pidieron al vicepresidente David Choquehuanca hacer respetar la legitimidad constitucional del mandatario Luis Arce.

“Plantear una propuesta como lo han hecho nuestros colegas traidores, es una propuesta descabellada, ya adelantándose a los resultados cuando todavía el Censo no se está llevando adelante”, añadió.

Supuesta alianza con la oposición

Cuestionó la supuesta alianza entre legisladores del MAS con miembros de Comunidad Ciudadana y Creemos, subrayando que la propuesta censal es una prueba de ello.

“Ese abrazo, ese beso que se dieron para elegir al presidente de la Cámara de Diputados de manera irregular (…) cada día se visibiliza más, cuando aceptan una propuesta cuando en realizad ni siquiera debería hablarse de aquello”, concluyó.

Por su parte, el diputado Arce mostró una fotografía de la legisladora Deisy Choque junto a Andrés Flores presuntamente materializa el proyecto de ley para el Censo, resaltando que no tienen conocimiento de su contenido, debido a que no fue socializado en la asamblea.

“Esta fotografía es la máxima expresión en la búsqueda de la derechización de nuestra organización política, esta fotografía es producto del pacto del acuerdo, de los besos, abrazos y picos de la hipocresía que se dieron a la cabeza de Andrés Flores con la bancada del MAS, CC y Creemos”, manifestó.

Según su criterio, apoyar esa ley es quitarle autoridad al mandatario, además de supuestamente dar la razón a quienes se movilizaron, para afirmar a la población que no perdieron.

Cuestionado respecto a cómo plantea solucionar el conflicto sostuvo que ya existe un Decreto Supremo que establece las condiciones, metodología y el procedimiento del Censo.

“No vamos a entrar en el juego y el capricho de Rómulo Calvo, de (Fernando) Camacho, de (Vicente) Cuellar, ese es un capricho de ellos y una salida política para justificar su fracaso político”, sostuvo.

/JDLF/

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Velasco señaló durante una entrevista con el medio estatal, Bolivia Tv, que el administrar justicia no es un lucro, es un servicio al pueblo boliviano y eso es lo que tienen que entender.

Explicó además, que en la propuesta se plantea que el delito de prevaricato, contemplado en el Código Penal, sea sancionado desde ocho a 20 años de cárcel cuando se cometa en casos de feminicidio y violación. También explicó que, se endurecerá las penas en el caso de consorcio.

“Ya en esta o la siguiente semana la comisión de la Cámara de Diputados va a sesionar; posteriormente, va a remitir al pleno para que se pueda tratar esta modificación al Código Penal y no solamente está el tema de prevaricato, también se amplió con relación a los consorcios porque reina en la administración de justicia y a aquellos malos operadores se tiene que sancionar”, aseveró la senadora.

Asimismo indicó que, cuando los proyectos de ley pasen a la Cámara de Senadores, se viabilizará su tratamiento y aprobación inmediata para que sea promulgada por el Presidente del Estado, Luis Arce.

Velasco también destacó que al mes de creación de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidios se haya recapturado a diez delincuentes liberados de manera irregular y que hasta el momento nueve jueces sean procesados.

El Código Penal establece en su Artículo Nº 173 que el Juez o la Jueza que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la Ley, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años; sin embargo, los legisladores proponen que se amplié de ocho a 20 años en casos de feminicidio, violación o infanticidio.

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De esa manera, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) responsabilizó a la oposición de no ponerse de acuerdo para la estructuración de la dicha comisión y de los actos bochornosos en la sesión del reciente jueves, en la cual hubo amagues de enfrentamiento entre oficialistas y opositores.

El conflicto se originó porque nuevamente el presidente de Diputados, Freddy Mamani, intentó poner a consideración la “autopostulación” de la diputada disidente de CC, Keyla Ortiz, a la Comisión de Ética; cuando la bancada opositora presentó su lista de manera oficial, según reporte de la agencia ANF.

Asimismo, el jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón protestó que el MAS acepte una postulación de “dos diputados sueltos”, que incluso fueron expulsados de su organización política acusados de “tránsfugas”, por autopostularse para la directiva de Diputados en un acuerdo con el oficialismo.

A inicios de este 2022, el MAS mencionando el reglamento, eligió a Edwin Rosas (autopostulado) como miembro de la directiva, mientras que a Keyla Ortiz, quien no fue elegida le “debían una factura” y se la querían pagar apoyando su postulación a la Comisión de Ética, según denuncia de Alarcón.

El MAS tiene la mayoría en Diputados, por lo cual tiene la “última palabra“.

“Analizaremos cuáles de ellos nos caen mejor para poder llevar a la Comisión de Ética”, manifestó la legisladora durante una entrevista con radio Compañera.

El Reglamento establece que la comisión estará compuesta por seis diputados, tres del MAS y tres del bloque opositor, dos le corresponden a CC y uno a Creemos. Alarcón afirmó que el reglamento es claro, que las postulaciones responden a las bancadas.

La diputada Choque añadió que es evidente que hay quienes atacan al MAS de manera permanente, mientras que hay otros que les atacan menos. Señaló que para elegir se analiza quién es como persona.

“Necesitamos personas con ética, que transmitan el buen comportamiento y cada persona es libre de apoyar”, finalizó Choque.

Luego del desorden y de los amagues de enfrentamiento se declaró cuarto intermedio en la sesión de la jornada anterior sin que se organice la comisión.

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El incumplimiento fue revelado pese a los decretos 4640 y 4641 los cuales obligan a la portabilidad del carnet de vacunación y al llamado de las autoridades a la población para que se inmunice contra el coronavirus.

“Nosotros tenemos centralizado (los datos) de quiénes no se han vacunado y quienes no tengan la vacuna seguramente decidirán asistir virtualmente (a las sesiones). Si quieren participar de manera presencial tendrán que presentar su prueba PCR”, manifestó anteriormente el presidente de diputados, Freddy Mamani, quien afirmó que la cantidad de legisladores no vacunados alcanzaba al dos por ciento.

Debido al cruce de información del portal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el banco de datos del Ministerio de Salud sobre las personas que recibieron las vacunas e ingresados los datos de los 350 legisladores, se encontró que 24 de ellos no recibieron las vacunas. Esta cantidad representa el 6.8% del total de senadores y diputados, según reporte del diario El Deber.

Son 72 senadores, entre titulares y suplentes, de quienes se ingresaron datos al banco del Ministerio de Salud. En el caso de los diputados, se revisaron 260 nombres y 18 de los parlamentarios supraestatales.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), es el partido que más legisladores tiene sin vacunar o cuyos nombres no aparecen en la búsqueda de vacunados en el portal de Salud.
Asimismo, Cochabamba es el departamento que más parlamentarios “rebeldes” tiene, son nueve los que no se vacunaron. Le sigue Santa Cruz, con cinco; La Paz cuatro; Oruro y Beni dos cada uno.

Finalmente, Chuquisaca y Potosí con un caso encada región. Todos los legisladores de Pando y Tarija se vacunaron, porque sus nombres están en el portal del Ministerio de Salud.

Senadores

A su vez, son tres senadores los que no se vacunaron, todos del MAS, uno de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, y los otros dos son de Oruro y Beni.
Asimismo, en el caso de los diputados, son 21 los no inmunizados y en el MAS, con 15, está la mayoría; 12 uninominales y tres plurinominales; de los 15 dos son titulares y 13 suplentes.

En relación a Comunidad Ciudadana (CC), son tres diputados plurinominales que evitaron la vacuna. En todos los casos son suplentes de La Paz, Oruro y Beni, respectivamente.
De la misma manera, en la bancada de Creemos también se tiene diputados que no se vacunaron, son dos plurinominales y un uninominal, en los tres casos son parlamentarios suplentes.

Mujeres

La mayoría de los 24 parlamentarios no vacunados son mujeres, 13 en total y los otros 11 son varones. En todos los casos, el presidente de los diputados les ofreció sesionar de manera virtual, una facilidad que no tiene ningún funcionario público del parlamento, pues todos deben acudir a sus oficinas a trabajar.

Finalmente, el diputado Beto Astorga de CC, emitió la acusación contra el presidente de los diputados, ya que en, su criterio, las autoridades deberían dar el ejemplo en la vacunación y consideró una ventaja innecesaria para los que no quieren vacunarse.

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