Por: Fernando Domínguez Sardou/Latinoamérica21 (*)

Hay una paradoja en la política de los outsiders: aquello que los hace especialmente fuertes para conquistar el poder puede convertirse, una vez alcanzado, en una fuente de vulnerabilidad. Llegan porque vienen de fuera, porque no hablan como los políticos tradicionales, porque pueden presentarse como una ruptura frente a organizaciones, procedimientos e intermediarios desacreditados. Pero gobernar exige precisamente organizaciones, procedimientos e intermediarios. El desafío entonces, empieza cuando la principal virtud de estos líderes, el hecho de ser ajenos al sistema, tiene que transformarse en capacidad política sin desaparecer en el camino.

Colombia y Argentina nos permiten ver hoy dos momentos diferentes de ese proceso. Abelardo de la Espriella acaba de comenzar el primero. Javier Milei, en cambio, ya va transitando el segundo. El nuevo presidente colombiano asumió el 7 de agosto sin haber ocupado antes un cargo público, después de construir una candidatura desde una identidad marcadamente outsider. Milei, por su parte, ya superó el ecuador de un mandato que comenzó también con una organización política incipiente y una presencia parlamentaria reducida. Son dos fotografías distintas de una misma cuestión: una cosa es llegar, y otra completamente distinta es construir las condiciones para permanecer.

De La Espriella tuvo, adicionalmente, un inicio que ningún estratega pudo diseñar. A tan solo tres días de su asunción, un terremoto de fuerte magnitud golpeó el oeste de su país, y obligó al nuevo gobierno a alterar de inmediato todas sus prioridades. Una tragedia de semejante dimensión trasciende naturalmente cualquier lectura política. Pero también nos recuerda una característica elemental de lo que es gobernar: mientras que las campañas nos permiten elegir temas, adversarios y escenarios, el poder nos obliga a administrar la realidad tal cual llega.

Y la realidad casi siempre llega intermediada. Para afrontar una emergencia no alcanza con el liderazgo presidencial. Hacen falta funcionarios, técnicos, gobiernos locales, fuerzas de seguridad, hospitales, organismos especializados, recursos presupuestarios, cooperación internacional y cadenas administrativas que funcionen cuando las cámaras no están presentes. El terremoto colombiano convirtió así las primeras horas de un gobierno outsider en una prueba inmediata de coordinación institucional. También puso arriba de la mesa cuánto importan cuestiones poco épicas en una campaña, como los procesos de traspaso entre administraciones y la capacidad de hacer funcionar burocracias heredadas.

Este es, quizá, el primer aprendizaje del outsider cuando llega al poder: descubrir que gobernar no necesariamente consiste en parecerse a quienes estaban antes, pero tampoco en prescindir de todo aquello que había antes. La política institucional tiene inercias y procedimientos porque debe resolver problemas colectivos de una escala que ninguna persona puede administrar individualmente. Aprenderlos no implica renunciar a la voluntad de cambiarlos. Muy por el contrario, quien pretende transformar al Estado necesita conseguir primero que el Estado responda.

Milei se encuentra en una etapa diferente. Llegó a la presidencia argentina en 2023 con una fuerza de construcción reciente y enormes dificultades territoriales. Durante sus primeros años, La Libertad Avanza avanzó precisamente en la creación de lo que le faltaba: partido, dirigentes, bloques legislativos y presencia en las provincias. En las legislativas de 2025 obtuvo más del 40% de los votos y mejoró su posición en el Congreso. Esa mayor fortaleza le permitió empezar 2026 con un escenario legislativo mucho más favorable que el que tenía al asumir la presidencia.

Pero esa consolidación abre una dificultad nueva. Milei ya no necesita demostrar que puede irrumpir, sino que necesita mostrar que su proyecto puede durar. Y la duración vuelve a introducir aquello que todo discurso de ruptura tiende inicialmente a mirar con desconfianza: acuerdos, aliados e intermediarios. De cara a 2027, el oficialismo argentino intensificó las conversaciones con gobernadores, y reabrió canales con el Pro de Mauricio Macri, mientras sigue fortaleciendo su propia estructura territorial. Esto no necesariamente es una contradicción, sino que es posible que se trate de una evolución.

La intermediación no es sinónimo de la vieja política, sino una tecnología de la democracia. Los partidos políticos agregan intereses, los legisladores construyen mayorías, los gobernadores y líderes locales articulan territorios, y los funcionarios convierten decisiones políticas en políticas públicas. El problema aparece cuando estas instituciones se cierran en si mismas y dejan de representar a quienes deberían servir. Es de este deterioro que los outsiders obtienen gran parte de su fuerza. Pero una cosa es combatir una intermediación agotada y otra es imaginar que sociedades complejas pueden gobernarse sin intermediación alguna.

Allí es, entonces, donde reside la prueba de madurez de estos liderazgos. El outsider exitoso no es necesariamente quien permanece siempre fuera del sistema después de haberlo conquistado, ni quien se mimetiza al instante con él, sino quien consigue conservar aquello que justificó su llegada. Cierta credibilidad, una mirada diferente y una promesa de transformación, mientras aprende las distintas capacidades que el ejercicio del poder requieren, son los requisitos básicos para sostener estos liderazgos. El desafío para ellos es institucionalizar una novedad sin burocratizarla al extremo de hacerla irreconocible.

Por eso, la discusión sobre los outsiders suele equivocarse cuando se limita a preguntar si son buenos o malos para la democracia. Son, antes que nada, una forma cada vez más frecuente de acceso al poder en las sociedades que las estructuras de toda la vida perdieron su capacidad de representación. La pregunta interesante empieza el día después de ganar las elecciones: qué hacen con aquello que los llevó hasta ese lugar.

De La Espriella tiene que convertir rápidamente la energía de la ruptura con capacidad de gobierno, en circunstancias infinitamente más difíciles de las que se preveían. Milei tendrá que comprobar si la organización y los acuerdos que necesita pueden ampliar su proyecto, sin que pierda por ello su identidad ni competitividad. Son momentos distintos, pero forman parte del mismo aprendizaje. Gobernar exige aprender desde adentro. Y perdurar consiste, probablemente, en conseguir ambas cosas sin olvidar por qué se llegó.

(*) Fernando Domínguez Sardou es Cand. a Dr. en Ciencia Política (Universidad Nacional de San Martín); Mg. en Marketing, Comunicación y Consultoría Política (ESIC Business & Marketing School, España); Mg. en Derecho Electoral, Parlamentario y Técnica Legislativa (Universidad de Castilla-La Mancha); Profesor de Ciencia Política en la Universidad del Salvador, Universidad Austral, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y Universidad Nacional de Tres de Febrero.

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Por: Bruno Fabricio Alcebino da Silva/Latinoamérica21 (*)

La visita de Javier Milei a São Paulo, el pasado 25 de julio, para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro contribuyó a desencadenar una nueva crisis diplomática entre Brasil y Argentina. Pero el episodio representa algo más amplio: la creciente articulación de las derechas latinoamericanas y la disputa por el rumbo político de la región.

Durante la convención del Partido Liberal (PL), Milei atacó directamente al presidente Lula, a quien calificó de “ladrón” y “socialista”, y también arremetió contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. Al mismo tiempo, presentó a Flávio Bolsonaro como la alternativa capaz de “parar” al socialismo. La intervención mostró hasta qué punto las disputas de las nuevas derechas latinoamericanas atraviesan las fronteras nacionales.

El episodio forma parte de un ciclo político que está modificando el equilibrio regional. En los últimos años, la derecha avanzó en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Paraguay, y en 2026 sumó las victorias de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia. Brasil se prepara ahora para una de las elecciones más importantes del año, que se celebrará en octubre. Este desplazamiento muestra que la derecha ha ganado terreno en buena parte de América del Sur, aunque sus gobiernos y proyectos políticos respondan a tradiciones y agendas diferentes.

No se trata, sin embargo, de una simple repetición de la “ola conservadora” de décadas anteriores. El propio campo de la derecha está cambiando. Partidos tradicionales incorporan discursos de seguridad, reducción del Estado y confrontación cultural, mientras movimientos más radicales buscan convertirse en fuerzas de gobierno. La frontera entre la derecha tradicional, la derecha conservadora y la extrema derecha se vuelve cada vez más difícil de establecer.

La inseguridad y el deterioro de las condiciones económicas desempeñan un papel central en este proceso. Las promesas de “mano dura” frente al crimen se combinan con un discurso que responsabiliza a las élites políticas tradicionales por la crisis. La experiencia de Nayib Bukele en El Salvador y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ofrecen referencias para estas nuevas derechas, que encuentran en la seguridad, la confrontación cultural y el rechazo a la izquierda instrumentos de movilización electoral.

Brasil es ahora uno de los principales escenarios de esta disputa. Las encuestas más recientes mantienen a Lula al frente, pero muestran una competencia estrecha con Flávio Bolsonaro. La investigación BTG/Nexus divulgada el 17 de agosto registra 41% para Lula y 36% para Flávio en el primer turno. En un eventual segundo turno, Lula obtiene 47% y Flávio 44%. La encuesta de Quaest también indicaba un escenario ajustado, con 43% para Lula y 40% para Flávio en el segundo turno.

Pero la disputa no se limita a los dos principales candidatos. Ronaldo Caiado, Romeu Zema y Renan Santos también buscan ocupar el espacio conservador, aunque todavía aparecen con porcentajes menores en las encuestas. Su presencia revela una disputa dentro de la propia derecha por definir quién será capaz de representar a este electorado y, eventualmente, superar el liderazgo político construido por Jair Bolsonaro.

La dimensión estadounidense es fundamental para comprender este escenario. El gobierno de Donald Trump dejó de ser una referencia ideológica distante para convertirse en un actor con capacidad concreta de intervenir en los conflictos políticos latinoamericanos. La presión comercial sobre Brasil, las críticas a instituciones brasileñas y el respaldo político a sectores bolsonaristas, vinculados al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, colocan nuevamente a Washington en el centro de las disputas sobre la orientación política de la región.

Aquí aparece una contradicción central. Mientras las nuevas derechas latinoamericanas utilizan el lenguaje de la soberanía nacional, muchas buscan simultáneamente una relación privilegiada con Washington y aceptan instrumentos externos de presión contra gobiernos adversarios. La soberanía parece convertirse en un principio selectivo: se invoca frente a la izquierda, pero se relativiza cuando la presión proviene de Estados Unidos y favorece al propio campo político.

Brasil es un caso particularmente evidente. Flávio Bolsonaro ha buscado estrechar sus vínculos con Trump y presentar su candidatura como parte de una alianza política internacional más amplia. Sectores del bolsonarismo, además, han celebrado las medidas adoptadas por Washington contra Brasil. La tensión entre el nacionalismo reivindicado por el bolsonarismo y su disposición a aceptar la presión de una potencia extranjera constituye una de las principales contradicciones de este proyecto político.

Para Lula, esta situación abre un espacio electoral. Frente a la presión de Washington y los ataques de Milei, el presidente brasileño ha reforzado un discurso centrado en la defensa de la soberanía y de la autonomía nacional. Mientras Flávio combina un discurso nacionalista con una estrecha aproximación a Trump, Lula busca presentar la presión externa como una amenaza a los intereses brasileños y contraponerle una política de mayor autonomía internacional.

La confrontación también tiene costos para ambos países. Brasil y Argentina poseen una relación económica y estratégica que excede las preferencias ideológicas de sus gobiernos. Comercio, inversiones, cadenas productivas, energía y el Mercosur dependen de un vínculo relativamente estable. La estrategia de confrontación de Milei puede fortalecer su posición dentro de la derecha regional, pero deteriora una relación fundamental para la economía argentina y para la integración sudamericana.

Esta conexión entre política doméstica y política exterior es uno de los rasgos centrales de la nueva derecha regional. Las disputas electorales ya no se desarrollan exclusivamente dentro de las fronteras nacionales: los liderazgos intercambian apoyos, discursos y estrategias, mientras actores externos como Estados Unidos adquieren un papel cada vez más visible en la configuración de alianzas políticas.

Por eso, la elección brasileña será más que una disputa presidencial. Será una prueba sobre la capacidad de la nueva derecha latinoamericana para transformar su crecimiento electoral en una hegemonía regional y, al mismo tiempo, sobre quién conseguirá liderar el campo conservador brasileño. Después de las victorias de la derecha en Perú y Colombia, Brasil se convierte en uno de los principales territorios en disputa entre dos proyectos distintos para el futuro político de la región.

El resultado mostrará si esta transformación consigue consolidarse o si Lula todavía puede representar un límite a la nueva configuración política regional. En octubre, Brasil no solamente elegirá un presidente: también estará en juego el equilibrio político de América Latina y el tipo de relación que la región establecerá con Estados Unidos.

(*) Bruno Fabricio Alcebino da Silva es Maestrando en Economía Política Mundial por la Universidad Federal del ABC (UFABC), en São Paulo, Brasil. Investigador del Laboratorio de Política Exterior (Lab.Pex), vinculado al Observatorio de Política Exterior e Inserción Internacional de Brasil (OPEB), y miembro del Grupo de Estudios de América Latina Contemporánea (GEALC/UFABC).

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Por: Ronald Jonathan Cañarte Siguencia/Latinoamérica21

La consulta había terminado. El diagnóstico también. Solo faltaba retirar el medicamento. “No hay”, le dijeron en la farmacia del hospital. “Tendrá que comprarlo afuera”. Para ese paciente, la atención terminó convirtiéndose en un gasto que no tenía previsto y que ahora debía asumir por su cuenta. La enfermedad era la misma. Lo que cambió fue quién terminaba pagando la factura.

Esta escena ocurre diariamente en países de América Latina. Y plantea una pregunta de política pública que va más allá del costo de un medicamento: ¿qué significa realmente hablar de salud universal cuando una parte del costo de enfermar termina trasladándose a las familias?

Durante las últimas décadas, los países de la región han ampliado la cobertura sanitaria y desarrollado diferentes mecanismos de aseguramiento. Sin embargo, estar cubierto no siempre significa estar protegido. La universalidad sanitaria también exige que recibir atención no obligue a los hogares a asumir costos que comprometan su economía.

¿QUIÉN PAGA LA SALUD EN AMÉRICA LATINA?

La protección financiera es uno de los componentes de la cobertura universal. Un sistema de salud no solo debe garantizar acceso oportuno a servicios de calidad, sino también reducir el riesgo de que las familias enfrenten dificultades económicas para financiar directamente su atención.

Para examinar esta relación, analizamos información comparable del Banco Mundial correspondiente a ocho países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, durante el período 2000-2023.

La comparación muestra diferencias importantes. México registró el mayor promedio de gasto de bolsillo, con un 47,87% del gasto corriente en salud, seguido de Ecuador, con un 45,71%. Chile alcanzó el 38,12%, y Perú el 36,08%. Brasil y Argentina registraron un 31,30% y un 28,09%, respectivamente. En el extremo inferior se ubicaron Uruguay, con el 20,54%, y Colombia, con el 16,10%.

Cuando observamos el esfuerzo público, aparece otra dimensión de la comparación. Argentina destinó, en promedio, el 5,67% de su PIB al gasto del gobierno general en salud; Uruguay, el 5,38%; Colombia, el 5,26%; Brasil, el 3,89%; Chile, el 3,82%; Ecuador, el 3,45%; Perú, el 2,96%, y México, el 2,72%.

Los datos muestran una tendencia general: los países con mayores niveles de financiamiento público tienden a registrar menores proporciones de gasto de bolsillo. Pero gastar más no garantiza, por sí solo, que las familias paguen menos. De ello se extrae una primera conclusión: el financiamiento público importa, pero no explica toda la historia.

LA PARADOJA DE AMÉRICA LATINA

Esos porcentajes revelan algo más profundo que una forma de financiamiento: muestran hasta qué punto las fallas de los sistemas de salud terminan trasladando la factura a los hogares. Detrás de esa cifra hay familias que reorganizan su presupuesto, utilizan sus ahorros, postergan otros gastos o incluso se endeudan para continuar un tratamiento. Los gastos no desaparecen. Simplemente cambian de manos.

En la comparación, México y Ecuador combinan menores niveles de gasto público con las mayores proporciones de gasto de bolsillo. Argentina muestra otra cara de la misma paradoja: aunque presenta uno de los mayores niveles de gasto del gobierno general en salud, mantiene una proporción relativamente elevada de gasto de bolsillo. Esto sugiere que el volumen de recursos no explica por sí solo el grado de protección financiera alcanzado.

Incrementar los recursos públicos es una condición necesaria para fortalecer la protección financiera de las familias, pero no es suficiente. El modo en que cada sistema organiza, distribuye y convierte esos recursos en prestaciones de salud efectivas también influye en cuánto terminan pagando los hogares.

Por eso, el debate sobre la universalidad no debería limitarse a saber cuánto dinero se destina a la salud. También debe preguntarse cómo ese dinero reduce las brechas de la atención médica de calidad, gratuita y accesible para nuestras comunidades.

Esa es la paradoja latinoamericana. Un paciente puede tener el derecho a la salud escrito en su Constitución y estar formalmente cubierto y, sin embargo, terminar pagando porque un medicamento no está disponible cuando lo necesita. Puede acceder a una consulta sin realizar un pago directo y, aun así, asumir otros costos para completar su atención.

La gratuidad, por tanto, tiene una dimensión que va más allá de no pagar al momento de recibir un servicio. También implica que el sistema sea capaz de evitar que una parte importante del costo de enfermar recaiga sobre las familias.

El desafío no consiste únicamente en aumentar el gasto público. Consiste en lograr que ese gasto se transforme en acceso oportuno, prestaciones disponibles y menor gasto de bolsillo para los hogares.

LA DEUDA PENDIENTE DE LA COBERTURA UNIVERSAL

América Latina ha avanzado en la expansión de la cobertura universal sanitaria, pero el gasto de bolsillo sigue siendo una fuente importante de financiamiento de sus sistemas de salud. La comparación entre esos ocho países muestra que la región sigue enfrentando diferencias importantes en la capacidad de proteger económicamente a sus hogares frente a la enfermedad.

Por eso, la universalidad no debería medirse solamente preguntando cuántas personas están cubiertas. También debería preguntarse cuánto deben sacrificar las familias para financiar aquello que el sistema no logra garantizar.

Cuando una familia debe comprar un medicamento, pagar por un examen o recurrir a la atención médica privada, el gasto no desaparece: cambia de manos. Sale del presupuesto público y entra al presupuesto del hogar. Y no todos los hogares tienen la misma capacidad para absorberlo. De esta manera, el gasto de bolsillo no solo expresa una brecha de protección financiera; también puede profundizar las desigualdades económicas que los sistemas de salud deberían contribuir a reducir.

Ese es el desafío para América Latina: construir sistemas de salud capaces de proteger financieramente a sus familias. El éxito no radica simplemente en cuánto gasta un Estado, sino en cuánto logra evitar que el costo de enfermar recaiga sobre los hogares.

La consulta seguirá terminando con un diagnóstico y una receta. Lo que la cobertura universal debe cambiar es lo que ocurre después. El día en que un paciente pueda retirar su medicamento en la farmacia del hospital sin tener que escuchar “No hay” o “Regrese la próxima semana”, la factura dejará de llegar a la mesa de su hogar.

Y entonces la cobertura universal habrá dejado de ser solo una promesa de acceso para convertirse, finalmente, en una verdadera protección frente al costo de enfermar.

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