Cuestionamientos a la SIB

El director de Gobernabilidad de la Alcaldía paceña, Gonzalo Barrientos, ha insinuado que existen vínculos entre algunos dirigentes de la SIB y la empresa implicada en el caso. Barrientos también ha responsabilizado a Kantutani por los movimientos de tierra que causaron la mazamorra tras las lluvias del 23 de noviembre de 2024.

Este evento provocó varios daños en Bajo Llojeta y resultó en la muerte de una niña. La SIB ha observado que no debieron permitirse plataformas construidas mediante rellenos sin un diseño adecuado ni supervisión correspondiente.

Declaraciones de Gonzalo Barrientos

Gonzalo Barrientos ha afirmado que la SIB “no tiene ninguna competencia y ninguna jurisdicción, porque ellos no son jueces, no son fiscales, no son árbitros designados”. Además, insinuó que algunos dirigentes de la SIB parecen estar “lavándole la cara” a la empresa Kantutani. “Obviamente estos dirigentes tendrán que aclarar de dónde han conseguido el financiamiento”, sugirió Barrientos.

Asimismo, el director de Gobernabilidad mencionó que se puede observar a algunos dirigentes de la SIB en redes sociales como “muy buenos amigos de Kantutani”. En este contexto, Barrientos ha expresado su reclamo porque el empresario Luis Iturralde, quien salió del país después del incidente, aún no ha sido puesto ante las autoridades. Se le dictó detención domiciliaria en Perú con fines de extradición.

Problemas de cumplimiento normativo

La Sociedad de Ingenieros ha destacado que se debió evitar la construcción de viviendas en áreas inadecuadas y sin los estudios necesarios para garantizar la seguridad estructural. Esta situación pone en evidencia problemas relacionados con el cumplimiento normativo en proyectos urbanísticos en zonas vulnerables.

La entrada Caso Bajo Llojeta: Alcaldía de La Paz cuestiona informe de la SIB y su financiamiento se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Cuestionamientos a la SIB

El director de Gobernabilidad de la Alcaldía paceña, Gonzalo Barrientos, ha insinuado que existen vínculos entre algunos dirigentes de la SIB y la empresa implicada en el caso. Barrientos también ha responsabilizado a Kantutani por los movimientos de tierra que causaron la mazamorra tras las lluvias del 23 de noviembre de 2024.

Este evento provocó varios daños en Bajo Llojeta y resultó en la muerte de una niña. La SIB ha observado que no debieron permitirse plataformas construidas mediante rellenos sin un diseño adecuado ni supervisión correspondiente.

Declaraciones de Gonzalo Barrientos

Gonzalo Barrientos ha afirmado que la SIB “no tiene ninguna competencia y ninguna jurisdicción, porque ellos no son jueces, no son fiscales, no son árbitros designados”. Además, insinuó que algunos dirigentes de la SIB parecen estar “lavándole la cara” a la empresa Kantutani. “Obviamente estos dirigentes tendrán que aclarar de dónde han conseguido el financiamiento”, sugirió Barrientos.

Asimismo, el director de Gobernabilidad mencionó que se puede observar a algunos dirigentes de la SIB en redes sociales como “muy buenos amigos de Kantutani”. En este contexto, Barrientos ha expresado su reclamo porque el empresario Luis Iturralde, quien salió del país después del incidente, aún no ha sido puesto ante las autoridades. Se le dictó detención domiciliaria en Perú con fines de extradición.

Problemas de cumplimiento normativo

La Sociedad de Ingenieros ha destacado que se debió evitar la construcción de viviendas en áreas inadecuadas y sin los estudios necesarios para garantizar la seguridad estructural. Esta situación pone en evidencia problemas relacionados con el cumplimiento normativo en proyectos urbanísticos en zonas vulnerables.

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Según Kantutani, estas acusaciones tienen como objetivo desviar la atención de las responsabilidades que tiene la Alcaldía en el desastre ocurrido en Bajo Llojeta en noviembre de 2024.

Informe técnico presentado

En un comunicado oficial, Kantutani destacó que las observaciones realizadas por la Alcaldía, como cárcavas y grietas, son fenómenos naturales que se presentan en terrenos arcillosos y no representan riesgos estructurales.

La empresa presentó el Informe Técnico Nro. 03/2025, elaborado por especialistas, que concluye que estas manifestaciones no corresponden a movimientos recientes ni a negligencias en la gestión del área.

Críticas a la Alcaldía

Kantutani también criticó la falta de estudios geotécnicos y de campo en la denuncia municipal, señalando que esta se basa únicamente en observaciones visuales y fotografías descontextualizadas.

Además, la empresa subrayó la colaboración del Gobierno Municipal de Achocalla, que realizó una inspección conjunta y verificó que las condiciones del terreno no representan riesgos nuevos ni estructurales. Este respaldo técnico contrasta con la actitud de la Alcaldía de La Paz, a la que Kantutani acusó de emitir juicios apresurados y técnicamente infundados.

Causas del deslizamiento

Kantutani argumentó que el deslizamiento de noviembre de 2024, que cobró la vida de una niña y causó graves daños materiales, tuvo como principal causa la falta de mantenimiento del embovedado Pasajahuira-Choqueyapu, una responsabilidad directa del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp).

Asimismo, recordó que un fallo del Tribunal Constitucional obliga al Gamlp a ejecutar medidas inmediatas de mitigación y recuperación en Bajo Llojeta, pero afirmó que hasta la fecha, la Alcaldía ha incumplido estas disposiciones.

Plan de contingencia en ejecución

El plan de contingencia para la zona, que Kantutani asegura estar ejecutando con un avance del 95%, incluye la estabilización de taludes, manejo de drenaje y monitoreo constante, a pesar de la ausencia de supervisión municipal.

La empresa instó a la Alcaldía a actuar con mayor responsabilidad y rigor técnico para evitar generar alarma innecesaria entre la población.

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Según Kantutani, estas acusaciones tienen como objetivo desviar la atención de las responsabilidades que tiene la Alcaldía en el desastre ocurrido en Bajo Llojeta en noviembre de 2024.

Informe técnico presentado

En un comunicado oficial, Kantutani destacó que las observaciones realizadas por la Alcaldía, como cárcavas y grietas, son fenómenos naturales que se presentan en terrenos arcillosos y no representan riesgos estructurales.

La empresa presentó el Informe Técnico Nro. 03/2025, elaborado por especialistas, que concluye que estas manifestaciones no corresponden a movimientos recientes ni a negligencias en la gestión del área.

Críticas a la Alcaldía

Kantutani también criticó la falta de estudios geotécnicos y de campo en la denuncia municipal, señalando que esta se basa únicamente en observaciones visuales y fotografías descontextualizadas.

Además, la empresa subrayó la colaboración del Gobierno Municipal de Achocalla, que realizó una inspección conjunta y verificó que las condiciones del terreno no representan riesgos nuevos ni estructurales. Este respaldo técnico contrasta con la actitud de la Alcaldía de La Paz, a la que Kantutani acusó de emitir juicios apresurados y técnicamente infundados.

Causas del deslizamiento

Kantutani argumentó que el deslizamiento de noviembre de 2024, que cobró la vida de una niña y causó graves daños materiales, tuvo como principal causa la falta de mantenimiento del embovedado Pasajahuira-Choqueyapu, una responsabilidad directa del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp).

Asimismo, recordó que un fallo del Tribunal Constitucional obliga al Gamlp a ejecutar medidas inmediatas de mitigación y recuperación en Bajo Llojeta, pero afirmó que hasta la fecha, la Alcaldía ha incumplido estas disposiciones.

Plan de contingencia en ejecución

El plan de contingencia para la zona, que Kantutani asegura estar ejecutando con un avance del 95%, incluye la estabilización de taludes, manejo de drenaje y monitoreo constante, a pesar de la ausencia de supervisión municipal.

La empresa instó a la Alcaldía a actuar con mayor responsabilidad y rigor técnico para evitar generar alarma innecesaria entre la población.

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Solicitud de auditoría técnica

Kantutani ha solicitado una auditoría técnica independiente para determinar las responsabilidades en este lamentable incidente. En sus comunicaciones dirigidas a las alcaldías, la inmobiliaria ha dejado claro que no asume culpa ni responsabilidad por lo sucedido. La empresa reafirma su posición de que el deslizamiento no se originó en su predio y que sus actividades estaban bajo la supervisión de los técnicos del Gobierno Municipal de Achocalla.

Preparativos para la mitigación

La inmobiliaria ha informado que está a la espera de la autorización de las autoridades locales para comenzar las tareas de mitigación de riesgos. Kantutani asegura que cuenta con un centro de operaciones, maquinaria y personal especializado para llevar a cabo estas labores. La empresa espera que las autoridades locales tramiten la autorización lo más pronto posible, especialmente debido a las intensas lluvias que han afectado la zona.

Impacto del deslizamiento

El deslizamiento ha dejado como saldo la muerte de una niña de 5 años, además de graves daños en viviendas y vehículos. La situación ha generado una gran preocupación en la comunidad, y la inmobiliaria ha reiterado su pedido para realizar una auditoría técnica independiente. Esta auditoría tiene como objetivo determinar de manera objetiva las responsabilidades tanto públicas como privadas en el caso de la mazamorra.

Situación legal del gerente

El gerente de la empresa, Luis Iturralde, enfrenta una orden de aprehensión en su contra. Actualmente, se encuentra con detención domiciliaria en Perú mientras espera el trámite de extradición. Esta situación legal añade una capa de complejidad a la crisis que enfrenta la inmobiliaria Kantutani tras el deslizamiento.

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