Detención preventiva ratificada en Oruro por tentativa de feminicidio

El Ministerio Público de Bolivia ratificó la detención preventiva del agresor involucrado en un caso de tentativa de feminicidio ocurrido en marzo pasado. Esta decisión, comunicada por el fiscal Oscar Arraya, se tomó durante una audiencia de revisión de medidas cautelares efectuada el miércoles 24 de junio.

Detalles del caso y justificación de la medida

El juzgado determinó mantener la privación de libertad del acusado, fundamentando esta medida en la existencia del hecho, la probabilidad de participación del ciudadano y los persistentes riesgos procesales de fuga y obstaculización. Según el fiscal, las investigaciones revelan que la agresión fue motivada presuntamente por escenas de celos, resultando en graves lesiones corporales para la víctima.

La intervención familiar y las acciones judiciales

De acuerdo con el reporte fiscal, el investigado rompió una puerta de vidrio para utilizar los fragmentos como arma, intentando atentar contra la integridad física de la mujer. La intervención oportuna de los familiares fue crucial para evitar un desenlace fatal, permitiendo que las autoridades tomaran control del caso.

Próximos pasos en el proceso judicial

El fiscal Arraya informó que el Ministerio Público ya presentó el pliego acusatorio correspondiente. El proceso será remitido al juzgado de turno para dar inicio a la etapa de juicio oral. Respecto a la duración de la medida cautelar, la autoridad judicial precisó que no existe un plazo determinado; esta cesará únicamente si el acusado logra desvirtuar los riesgos procesales mencionados.

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Condena histórica por abuso sexual en Tarija

En un caso que conmocionó a la sociedad tarijeña, el Fiscal Departamental de Tarija, José Ernesto Mogro Palacios, informó sobre la condena de tres hombres por abuso sexual y violación con agravante. Los implicados, Iver R. G. M., Juan J. T. R., y Mario L. T., tienen entre 37 y 38 años y cometieron estos delitos contra dos adolescentes de 12 años, otra de 16 y una joven de 19 años en diferentes hechos ocurridos en los municipios de Tarija y Yacuiba.

Sentencias impuestas por la justicia

Las autoridades jurisdiccionales impusieron las siguientes sentencias:

• Iver R. G. M.: 25 años de privación de libertad en el penal de Morros Blancos.
• Juan J. T. R.: 20 años de privación de libertad, también en el penal de Morros Blancos.
• Mario L. T.: 11 años de prisión en el Centro de Readaptación Productiva El Palmar.

Mogro destacó que durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas contundentes como entrevistas informativas realizadas a las víctimas en Cámara Gesell, informes psicológicos y médicos forenses que evidenciaron los delitos cometidos.

Detalles de los casos

El primer caso se registró entre 2021 y 2022 en un barrio de Tarija, donde Iver R. G. M. aprovechó momentos a solas con una niña de 12 años para realizarle toques impúdicos y agredirla sexualmente. La madre denunció el hecho, lo que activó las investigaciones correspondientes.

El segundo caso ocurrió en marzo de 2025 cuando una joven de 19 años ofreció servicios como niñera a través de Facebook. Juan J. T. R., tras contactarla mediante diferentes números telefónicos, amenazó con difundir fotografías íntimas si no accedía a sus exigencias sexuales.

Finalmente, el tercer caso involucró a Mario L. T., quien realizó toques impúdicos a una adolescente de 16 años durante 2024 y 2025 mientras ella se encontraba sola en su hogar.

Compromiso con la justicia

El Fiscal asignado al tercer caso, Héctor Acuña, resaltó que se realizaron investigaciones exhaustivas para lograr las sentencias correspondientes, reafirmando el compromiso del sistema judicial con la protección de las víctimas y la lucha contra el abuso sexual en Bolivia.

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Condena de 15 años por violación en Oruro

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, anunció una sentencia condenatoria de 15 años de prisión para un individuo culpable de violación contra su prima. Este caso, que ocurrió hace más de una década, finalmente recibió una resolución judicial que busca hacer justicia.

Detalles del caso de abuso sexual

Según los informes de la fiscalía, las agresiones comenzaron hace aproximadamente 11 años, cuando la víctima era solo una niña. El agresor, primo y vecino de la familia, ingresó al domicilio para cometer el delito. Dos meses después, volvió a vejar sexualmente a la menor.

El silencio roto por el miedo

La víctima no realizó la denuncia en su momento debido a constantes amenazas proferidas por el agresor, dirigidas tanto hacia ella como hacia sus hermanos y padres. Sin embargo, al notar comportamientos inusuales en otras primas, quienes mostraban signos de enojo y cambios drásticos en su forma de vestir, decidió romper el silencio para evitar que otros familiares sufrieran el mismo destino.

Proceso judicial y apelación

Tras la denuncia formal, se procedió a la aprehensión del sujeto y su posterior enjuiciamiento. A pesar de la condena de 15 años que deberá cumplir en el Penal de San Pedro de Oruro, el Ministerio Público anunció que presentará un recurso de apelación.

“El Ministerio Público ha apelado dicha resolución porque, conforme dice la víctima, el primer hecho ocurrió cuando ella tenía tan solo 8 años. Bajo nuestra legislación actual, esto amerita una pena de 30 años sin derecho a indulto”, afirmó el Dr. Morales. La fiscalía busca que la justicia actúe con todo el rigor de la ley, solicitando la ampliación de la condena debido a la gravedad de los hechos y la edad de la víctima al momento del primer incidente.

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Tras conocerse la sentencia de 25 años de cárcel en Estados Unidos para el exjefe antidrogas de Bolivia, Maximiliano Dávila, legisladores pidieron este viernes 20 de marzo que se investigue a todas las exautoridades. En particular, solicitaron indagar al expresidente Evo Morales para corroborar posibles nexos con el narcotráfico.

Reacciones de los legisladores

El diputado Macedonio Vargas manifestó que esta sentencia demuestra nuevamente la efectividad de la justicia en Estados Unidos. Sin embargo, recordó que el caso Dávila evidencia que desde hace años, exautoridades del Gobierno estuvieron involucradas con el narcotráfico. Con la reciente captura de Sebastián Marset, anticipó que muchas otras exautoridades serán citadas a declarar y se descubrirán nuevos vínculos con el narcotráfico.

Por su parte, la diputada Claudia Bilbao recalcó que Dávila era conocido como el “Zar antidrogas” de Evo Morales y ocupaba un cargo importante durante su presidencia. Por lo tanto, pidió que el líder cocalero sea investigado con la misma rigurosidad, ya que existen altas probabilidades de que también esté involucrado en este ilícito.

Implicaciones para el entorno de Morales

Bilbao afirmó: “No solo él, exministros de Gobierno, excancilleres y todos los involucrados deben ser investigados. (Dávila) va a cantar; por alguna compensación lo hará y ahí va a involucrar a mucha gente. Pienso que así se descubrirán varias cosas que han girado en nuestro país durante estos 20 años”. Según su criterio, todo el entorno de Morales está asustado por lo que pueda revelar Dávila.

Un precedente negativo para Bolivia

El diputado Mauricio Taboada afirmó que la sentencia de Dávila marca un precedente negativo para Bolivia. Esto se debe a que se trata de una exautoridad condenada por narcotráfico cuando su función era precisamente luchar contra este ilícito. En ese sentido, manifestó que ahora el Gobierno debe trabajar para eliminar realmente el narcotráfico en Bolivia.

La condena y los cargos contra Dávila

Un tribunal de Nueva York condenó a Maximiliano Dávila Pérez, exjefe antidrogas de Bolivia, a 25 años de prisión. La sentencia se dictó tras hallarlo culpable de delitos relacionados con el tráfico internacional de cocaína y el uso de armas de fuego en actividades ilícitas. Los cargos que enfrentó Dávila incluyen la importación de drogas hacia territorio estadounidense y la posesión de armamento con fines vinculados al narcotráfico.

Las investigaciones revelaron que Dávila facilitó envíos de cocaína hacia Estados Unidos y participó en redes criminales dedicadas al tráfico internacional.

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La Fiscalía Departamental de Chuquisaca obtuvo tres sentencias de condena por delitos sexuales en Sucre, con penas que oscilan entre 11 y 12 años. Estas condenas se cumplirán en la cárcel de San Roque, según informó el fiscal departamental, Mauricio Nava Morales.

El Ministerio Público presentó medios de prueba documentales, periciales y testimoniales que comprobaron la culpabilidad de los acusados en tres casos distintos que conmovieron a la población de Sucre.

Detalles de las condenas

• Héctor A. A. R.: Sentenciado a 12 años tras ocho años de rebeldía por abusar de la hija de su concubina entre 2012 y 2014. Este sujeto tomó fotografías de la menor y la amenazó de muerte. Fue apresado en Santa Cruz después de casi 10 años prófugo.
• Jesús F. T.: De 61 años, recibió una pena de 12 años de prisión efectiva por realizar toques impúdicos a sus sobrinas nietas durante las fiestas de Navidad de 2021, cuando la madre de las niñas las dejó bajo su cuidado temporal.
• Luis: Condenado a 11 años por un hecho ocurrido a mediados de 2025, donde interceptó a una menor de 11 años en la ciclovía de Aranjuez, obligándola a visualizar contenido pornográfico y realizando actos de abuso hasta que la víctima logró escapar.

Compromiso del Ministerio Público

El fiscal Nava Morales subrayó que estas sentencias se basan en un “desfile probatorio contundente” que generó convicciones en los magistrados. Además, manifestó que tales fallos “reafirman la lucha del Ministerio Público contra los delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes”.

“Son tres condenas que dan cuenta del resguardo de sectores vulnerables y de la lucha contra delitos sexuales”, remarcó la autoridad fiscal.

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Este trágico hecho ocurrió en junio de 2024, cuando un efectivo policial, en lugar de proceder con una denuncia por agresión sexual, indujo a la joven a buscar “venganza”. El policía le proporcionó la ubicación de la víctima en la zona de Achachicala, en la ciudad de La Paz.

La sentencia fue emitida el lunes 2 de febrero y también incluyó a una amiga de Alejandra, quien fue condenada a 15 años de cárcel en rebeldía por complicidad. Además, dos policías que presenciaron el crimen recibieron penas de 2 años de privación de libertad por encubrimiento. Uno de ellos envió el mensaje “Ven, venganza, está aquí”, mientras que el segundo omitió denunciar el asesinato a pesar de conocer la cercanía de los retenes policiales.

El origen del conflicto

El conflicto se inició el 10 de junio, cuando Alejandra denunció haber sido violada y estrangulada por Jhonatan tras una fiesta. Según el relato de su madre, la valoración médico-legal fue deficiente, ya que se realizó 12 días después del incidente. Los forenses solo registraron hematomas en el cuello, ignorando la agresión sexual.

El fiscal del caso, Fabio Maldonado, indicó que dicha agresión nunca fue formalizada como denuncia, por lo que no fue considerada como evidencia durante el juicio.

El desenlace fatal

El desenlace trágico ocurrió 6 días después de la presunta violación, cuando el policía amigo de Alejandra le reveló que Jhonatan se encontraba bebiendo. Alejandra acudió al lugar y, según la acusación fiscal, atacó al hombre con un arma blanca, lo que provocó su muerte por shock hipovolémico.

La víctima falleció mientras era trasladada a un hospital por un familiar, ya que los presentes, incluidos los uniformados, no prestaron el auxilio correspondiente ni reportaron el suceso.

La defensa de Alejandra

A pesar de la condena, la familia de Alejandra sostiene su inocencia respecto al asesinato. Argumentan que ella solo golpeó al sujeto y que existen graves contradicciones en el proceso judicial.

Denuncian que el arma nunca fue hallada y que tres testigos clave no fueron llamados a declarar. Ante estas presuntas irregularidades y la falta de valoración de la agresión sexual previa, la defensa de la joven ha anunciado que apelará la determinación judicial.

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El cuerpo fue encontrado en la mañana del 1 de febrero de 2026. Según el informe oficial, la víctima, identificada como Alain Maisha Salazar, perdió la vida tras un presunto enfrentamiento entre “jukus” que tuvo lugar el 31 de enero de 2026.

Lesiones y causas de muerte

De acuerdo con el reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el joven presentaba lesiones traumáticas graves que provocaron un shock hipovolémico. Ante esta situación, los familiares del joven decidieron realizar la denuncia correspondiente.

Investigación en curso

Tras la denuncia, el personal de la División Homicidios de la Felcc, junto con el Ministerio Público, la médico forense y efectivos de la Brigada Especial de Rescate y Salvamento en Altura, llevaron a cabo el levantamiento legal del cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Daniel Bracamonte para realizar la autopsia pertinente.

Demandas de la familia

Los padres del joven, Pastor Maisha Michaga y Andrea Primitiva Salazar Gómez, han solicitado que se dé celeridad a las investigaciones y han exigido que el caso no quede impune. “Queremos justicia para nuestro hijo”, expresaron en declaraciones a Radio Kollasuyo.

Acciones del Ministerio Público

El Ministerio Público y la Felcc han iniciado las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y dar con los responsables de esta tragedia. La comunidad espera respuestas rápidas y justas en este lamentable caso.

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El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó sobre este caso el martes 28 de enero durante una rueda de prensa. Indicó que “el Ministerio Público ha sido informado de un delito de violación contra una menor de 14 años con discapacidad”.

Según lo que explicó Nava Morales, los hechos ocurrieron entre 2021 y 2026. La situación salió a la luz cuando el hermano de la víctima reveló a su tía las vejaciones que su padre estaba cometiendo contra la niña.

Confirmación de los abusos

Al hablar con su sobrina para verificar lo que le había contado su hijo, la tía no solo confirmó las agresiones sexuales por parte del padre, sino que también la menor señaló a su hermano como otro responsable de los abusos.

Con esta información, la tía presentó la queja correspondiente en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de Villa Vaca Guzmán. La fiscal a cargo del caso, Irma Ávalos, llevó a los presuntos agresores ante un juez, quien decidió la detención preventiva por 3 meses para el padre en la carcelaría de Monteagudo.

Situación del hermano

Por su parte, el hermano adolescente está a la espera de una audiencia que definirá su situación. “Hemos indicado a la fiscal de Villa Vaca Guzmán que, siguiendo la política y las directrices estratégicas de nuestro Fiscal General, cuando se trata de menores de edad, es necesario actuar con celeridad y darle prioridad al caso”, afirmó el fiscal departamental.

Además, agregó que, debido a los numerosos elementos probatorios disponibles, se busca avanzar rápidamente hacia un juicio oral, público y con participación de ambas partes. El objetivo es “conseguir la pena máxima de 25 años de prisión para el padre, quien es uno de los responsables”.

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El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, confirmó que el suceso ocurrió en la carretera que conecta los departamentos de La Paz y Oruro, dentro de la jurisdicción de El Alto. Esta información fue proporcionada por el medio televisivo Unitel.

“Se ha registrado un hecho de sangre en el que se encuentra involucrada una menor de 7 años que, lamentablemente, perdió la vida. Ella se encontraba junto a su madre y, de acuerdo con el informe preliminar, ambas fueron atacadas con un arma de fuego”, señaló Tórrez.

Las circunstancias del ataque

Según los primeros reportes, la madre y su hija caminaban hacia su hogar cuando fueron interceptadas por un individuo que tenía el rostro cubierto con un barbijo. El sujeto las saludó y, de inmediato, sacó un arma de fuego, disparando varias veces antes de huir del lugar.

Como resultado del ataque, la niña recibió 2 impactos de bala, mientras que su madre fue herida en 3 ocasiones. A pesar de sus lesiones, la mujer logró llegar hasta su vivienda, donde recibió ayuda de uno de sus hijos y posteriormente alertó a la Policía.

Investigación en curso

Los efectivos policiales llegaron al lugar y comenzaron a recolectar evidencia, encontrando 7 casquillos y un proyectil como parte de las primeras diligencias investigativas.

De acuerdo con Unitel, la madre de la menor permanece internada en un centro de salud, donde se encuentra estable y se espera que brinde su declaración testimonial ante las autoridades.

Delitos investigados

El Ministerio Público ha iniciado una investigación por los presuntos delitos de infanticidio y asesinato en grado de tentativa, en relación con este lamentable suceso.

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El trágico suceso ocurrió la noche del 16 de diciembre, cerca de la rotonda de Villa Celina, en La Matanza. Félix, de 28 años, fue apuñalado por una vendedora de comida en un puesto callejero. Esto sucedió después de que su auto bloqueó el paso del puesto por unos minutos, mientras él se detuvo para comprar alimentos, de acuerdo con la investigación.

Según el medio TN Noticias y el portal Zonales, Félix trabajaba como remisero desde hacía cinco años en una agencia de la zona. Su hermana, Cinthia, compartió que él solía irse de vacaciones y que tenía planes de viajar nuevamente al lago Titicaca. Tenía un vuelo programado con su novia para el 29 de enero de 2026. “Es muy triste, para la familia es muy triste”, expresó Cinthia al canal de noticias TN.

Reacciones de la familia

La hermana de la víctima también comentó: “Mi hermano solo quería comprar comida. La comisaría de Villa Celina trabajó muy mal”. La familia ha enfrentado dificultades para conseguir un abogado y avanzar en las investigaciones. Actualmente, la principal acusada, Mayerlin Flores, tiene una orden de captura a nivel nacional e internacional y se sospecha que ha escapado a Bolivia, según lo declarado por la hermana de Félix.

Últimos momentos de Félix

De acuerdo con la Fiscalía, Félix terminó su jornada laboral y condujo su camioneta en su último viaje. Se dirigió a la calle Olavarría para comprar comida y envió un mensaje a su novia alrededor de las 21:27 horas, pero nunca más respondió.

El joven tenía planes de pasar la noche con su novia, pero decidió detenerse a comprar comida en un paseo gastronómico de Villa Celina. Testigos indicaron que estacionó de manera incorrecta, bloqueando varios puestos de la feria. Esto provocó que una de las vendedoras comenzara a agredirlo, primero con golpes y luego con un cuchillo, apuñalándolo.

Detalles del ataque

El abogado de la familia de Félix reveló que la mujer incluso solicitó un cuchillo a su hijo de 12 años y pinchó una de las cubiertas traseras del vehículo de la víctima. La autopsia indicó que Félix recibió 3 heridas de arma blanca, una de las cuales estaba cerca de su corazón. Fue trasladado al hospital Balestrini, pero llegó sin vida.

El abogado también mencionó que la Comisaría se llevó a la vendedora, pero luego la liberaron, lo que ha generado más frustración en la familia de Félix.

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Después de ser capturado, el sospechoso fue enviado a la cárcel de San Pedro, donde permanecerá bajo detención preventiva. Las autoridades no descartan ampliar la investigación para incluir a familiares del principal acusado.

Detalles de la captación

La víctima llegó a la ciudad de Oruro el 4 de enero. Tras una discusión con su hermana mayor, decidió buscar un lugar donde quedarse. Fue entonces cuando el agresor se ofreció a darle alojamiento el 7 de enero.

Karina Gutiérrez, titular de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), informó que desde el 7 hasta el 16 de enero, la menor estuvo retenida en la vivienda del sospechoso. Durante esos días, fue víctima de abuso sexual entre 2 y 3 veces al día.

Según la valoración psicológica realizada a la menor, el agresor la obligó a llamar a su hermana para decirle que había escapado a Llallagua, con el fin de evitar que la buscara.

Rescate de la víctima

El rescate de la menor se logró gracias a un descuido del sospechoso, quien envió su ubicación al profesor de la víctima. Esto llevó a un operativo conjunto con la Policía, que resultó en la aprehensión del agresor y el rescate de la adolescente.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, mencionó que los familiares del acusado intentaron sobornar a los parientes de la víctima, ofreciéndoles dinero para que desistieran de la denuncia.

Decisión judicial

En la audiencia cautelar, la justicia determinó que el implicado deberá cumplir una detención preventiva de 3 meses en el penal de San Pedro, mientras se lleva a cabo la investigación del caso.

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El ataque ocurrió el domingo 18 de enero de 2026, en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La víctima, de 22 años, se encontraba en camino para rendir el examen de ingreso a la Escuela Superior de Formación de Maestros.

Detalles del ataque

Según el informe de la fiscal de materia, Alejandra Avalos Soliz, el incidente tuvo lugar alrededor de las 07:30 horas en la intersección de las calles Independencia y Lemoine.

El agresor, identificado como Denar C. R., de 24 años, interceptó a la joven, la sujetó del cuello y la llevó a un lugar apartado donde consumó el delito. Tras la agresión, el sujeto robó el celular y la cartera de la víctima, además de amenazarla. La joven logró escapar gracias a la intervención de una mujer que se encontraba en el lugar.

Operativo de captura

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) inició un operativo inmediato tras recibir la denuncia. Con el apoyo de cámaras de seguridad y patrullajes en la zona, el sospechoso fue capturado en la calle 21 de Mayo.

La víctima pudo reconocer al agresor por la vestimenta que llevaba puesta, la cual coincidía con la utilizada durante el ataque.

Antecedentes del agresor

Las autoridades confirmaron que Denar C. R. es un exreo con antecedentes de violación y robo agravado. En la audiencia de medidas cautelares, el acusado aceptó su culpabilidad y se sometió a un procedimiento abreviado.

Esto resultó en la condena de 20 años de prisión en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz – Palmasola.

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El fallo se conoció el martes 20 de enero de 2026 y corresponde al delito de violación a infante, niño, niña y adolescente. Este caso tiene agravantes debido a la relación de parentesco y la reiteración de los hechos delictivos.

Denuncia de la madre

Según el informe del Ministerio Público, el caso salió a la luz el 15 de enero de 2026, cuando la madre de las víctimas presentó una denuncia. En su declaración, la madre indicó que sus hijas, que estaban bajo el cuidado de su padre biológico, habían sido agredidas sexualmente en diferentes ocasiones. Las menores habían guardado silencio por miedo a las amenazas de su agresor.

Acciones de las autoridades

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, comentó que, tras recibir el reporte del caso, el Ministerio Público actuó de inmediato en coordinación con la Policía Boliviana y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Las autoridades realizaron inspecciones en el domicilio donde ocurrieron los abusos y procedieron a la aprehensión del sujeto, identificado como Carlos M. H. C., de 34 años. Posteriormente, el acusado declaró ser culpable de los cargos en su contra.

Investigación y pruebas

La investigación se basó en la declaración testifical de la madre, así como en entrevistas y valoraciones psicológicas a las menores. También se incluyeron valoraciones médico forenses y otros elementos recolectados en el lugar de los hechos. Zeballos explicó que las pruebas reunidas fueron fundamentales para establecer la responsabilidad del acusado en los delitos denunciados.

Acuerdo de procedimiento abreviado

Durante la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público firmó un acuerdo de procedimiento abreviado con el imputado, el cual fue homologado por la autoridad judicial. En aplicación del principio del interés superior del niño, se impuso la pena máxima de 25 años de prisión, que el condenado deberá cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz – Palmasola.

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La decisión fue tomada tras la audiencia de medidas cautelares que se llevó a cabo en el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, según lo informado por Unitel.

El acusado fue aprehendido en la mañana del 15 de enero de 2026 en la ciudad de Santa Cruz. Esto ocurrió cuando Milton A. M. intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, Argentina.

Traslado a Cochabamba

Después de su aprehensión, el tiktoker fue trasladado a Cochabamba, donde se presentó la denuncia y se están llevando a cabo las actuaciones judiciales pertinentes. La autoridad judicial ha dispuesto que Milton cumpla su detención preventiva en el penal de San Antonio.

Reacción de los seguidores

Durante la audiencia cautelar, un grupo de seguidores del creador de contenido se congregó en las inmediaciones del Tribunal Departamental de Justicia, exigiendo justicia en relación con el caso.

Detalles del incidente

Según el informe policial, el hecho que dio origen a la denuncia ocurrió en la madrugada del 23 de noviembre de 2025. La presunta víctima había acudido a un local cercano a la plaza Colón para ayudar a un amigo que estaba consumiendo bebidas alcohólicas. En ese lugar, también se encontraba el tiktoker.

Debido al horario de cierre del establecimiento, un grupo de personas se trasladó a un inmueble en las cercanías de El Prado. Posteriormente, cuatro personas, entre ellas la denunciante, su amigo, el tiktoker y un guardaespaldas, se dirigieron a un departamento. Según la denuncia de la mujer, en ese lugar recibió una bebida y fue llevada a una habitación para descansar, donde se quedó dormida.

Denuncia y declaración

De acuerdo con el reporte policial, al despertar, la denunciante encontró al tiktoker en la habitación sin prendas inferiores y manifestó que sentía dolores en sus zonas íntimas. Esto la llevó a presentar la denuncia ante la Policía al día siguiente, el 24 de noviembre de 2025.

La Fiscalía ha informado que Milton A. M. se acogió a su derecho al silencio durante su declaración informativa. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

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Arce recordó que hace 6 meses se presentó una denuncia contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira por la adquisición de un penthouse en la zona sur de La Paz. Este inmueble tiene un valor superior a 500 mil dólares. Además, se mencionó la compra de vehículos de alta gama que superarían los 200 mil dólares. Sin embargo, el exdiputado señaló que el allanamiento al inmueble y la formalización de la imputación solo se llevaron a cabo la semana pasada.

Denuncia por el predio Adán y Eva

El exdiputado también hizo referencia a un caso relacionado con el predio Adán y Eva, cuyo valor supera los 5 millones de dólares. Sin embargo, la documentación de la transacción indicaba un monto de solo 3,3 millones, lo que podría constituir un presunto fraude fiscal. Arce subrayó que la imputación formal en este caso también se realizó de manera tardía.

Falta de avances en contrabando

Además, Arce cuestionó la falta de progreso en la denuncia sobre la venta de maíz y trigo de contrabando a Emapa por parte de Rafael Arce Mosqueira. Esta operación alcanzaría un total de 24 millones de bolivianos.

El exdiputado dirigió críticas directas al fiscal Roger Mariaca, acusándolo de “negligencia” y sugiriendo la posibilidad de que existan acuerdos de complicidad con el entorno del presidente. “No quisiera pensar que usted está actuando en complicidad o bajo acuerdos con Lucho Arce”, afirmó Arce.

Solicitudes de agilización de investigaciones

Arce solicitó que se aceleren las investigaciones y que se amplíen las denuncias a otros involucrados, incluyendo a la hermana de Rafael, Daniela Camila, y al vendedor del predio Adán y Eva. Según el exdiputado, Rafael Ernesto Arce Mosqueira posee más de 12 cuentas bancarias, más de 10 inmuebles en diferentes ciudades y terrenos agrícolas en el oriente boliviano.

Además, se indicó que cuenta con créditos millonarios y ha realizado cerca de 30 viajes al exterior durante la presidencia de su padre. Arce advirtió que si las denuncias no se amplían ni se avanza en las investigaciones, podrían iniciarse acciones legales contra el fiscal Mariaca y otros fiscales responsables por “incumplimiento de deberes y negligencia”.

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“En las próximas movilizaciones, quien recurra a cachorros de dinamita y arriesgue la vida de un boliviano, enfrentará la justicia y terminará en prisión”, afirmó el mandatario en La Paz, durante un acto conmemorativo por la masacre de la calle Harrington del 15 de enero de 1981.

Derecho a manifestarse

Paz reconoció que toda persona tiene derecho a manifestarse y expresar sus reclamos, ya que eso lo garantiza la Constitución. Sin embargo, enfatizó que esto nunca debe implicar poner en riesgo a otros ciudadanos.

“Puedes pensar distinto, pero si eso te lleva a usar dinamita para intimidar a la sociedad, eso no está bien. Tienes derecho a protestar, pero no a dañar a la gente”, aseguró.

Uso de cachorros de dinamita

En la reciente movilización liderada por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el abrogado Decreto Supremo 5503, se registró el uso de cachorros de dinamita en varias ciudades y carreteras.

El presidente fue categórico: “Esto no volverá a ocurrir. Quien utilice dinamita en protestas, y lo digo con total claridad, irá a la cárcel”.

Medidas en el Legislativo

Por otro lado, en el Legislativo se impulsan medidas para prohibir los bloqueos que, de manera reiterada, provocan pérdidas económicas millonarias.

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El caso de la desaparición de la niña Yuvinca ha tenido un desenlace trágico. Tras el hallazgo de su cadáver, se confirmó que la víctima fue abusada sexualmente, golpeada y asfixiada con un cinturón. Esta información fue proporcionada por el fiscal Rolando Díaz, quien habló sobre los resultados de la autopsia legal.

El cuerpo de Yuvinca, una niña de 8 años que había sido reportada como desaparecida hace 3 días, fue encontrado en medio de matorrales en el municipio de La Guardia. El hallazgo se realizó aproximadamente a las 18:00 horas del viernes, 9 de enero, cerca del kilómetro 15 de la misma localidad, a solo 500 metros de la zona donde vivía la menor.

Detalles de la autopsia

El fiscal Díaz explicó que la forense determinó que Yuvinca presentaba lesiones por contacto sexual, un golpe en la cabeza y que había sido asfixiada con un cinturón en el cuello. “El cuerpo ya estaba necrosado. Pero lo que se ha podido determinar es que sí, efectivamente murió por asfixia mecánica”, indicó el fiscal.

Además, Díaz mencionó que la data de la muerte es de 72 horas, lo que coincide con la versión que dio la madre de la pequeña tras su desaparición. “También se descarta que haya sido quemada o que le hayan sacado los órganos, como comentan en las redes sociales”, aclaró el representante del Ministerio Público.

Hipótesis del crimen

Según el fiscal, se maneja la hipótesis de que la pequeña fue víctima de estos vejámenes y agresiones en otro lugar. Se presume que su cuerpo fue depositado en los matorrales donde fue encontrado. “Se presume que haya estado en algún inmueble donde se procedieron a realizar los vejámenes y posteriormente fue abandonada en ese lugar que encontramos nosotros”, apuntó.

Investigación en curso

En este momento, tanto la Policía como la Fiscalía están trabajando para identificar y capturar a los autores de este crimen. La comunidad se encuentra consternada por la tragedia y espera que se haga justicia por la pequeña Yuvinca.

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Detalles de las aprehensiones

Según el informe, un total de 12 personas fueron aprehendidas tras los enfrentamientos que ocurrieron durante la protesta. Luego de las audiencias cautelares, la autoridad judicial determinó que 11 de los detenidos enfrentarán el proceso en libertad, bajo medidas restrictivas. Una persona, en cambio, recibió la medida de detención domiciliaria.

Las decisiones se tomaron de manera progresiva a medida que se desarrollaron las audiencias. En un primer momento, tres mujeres recuperaron su libertad. Posteriormente, se resolvió la situación jurídica del resto de los aprehendidos. Hasta la tarde de ese mismo día, 9 de los 12 detenidos ya habían salido de las celdas policiales, mientras se esperaban los trámites administrativos para los otros 3, incluyendo a la persona con detención domiciliaria.

Objetivo de las medidas sustitutivas

Las medidas sustitutivas que se dispusieron buscan asegurar la presencia de los investigados durante el proceso penal. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las investigaciones relacionadas con los presuntos delitos vinculados a los destrozos y hechos de violencia que se registraron durante la movilización.

Condiciones para el diálogo

La liberación de los aprehendidos fue uno de los puntos planteados por la COB como condición para retomar el diálogo con el Gobierno. En este contexto, la reunión programada para este miércoles se mantuvo en suspenso hasta que se confirmó la situación jurídica de todos los detenidos.

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A pesar de que este anuncio debería ser un avance hacia la justicia, la parte querellante ha cuestionado la situación, señalando un estancamiento burocrático que ha durado meses. El abogado de la familia de la víctima, Juan David González, indicó en una conversación con El Deber que la acusación formal fue presentada por una comisión de fiscales mucho antes, entre septiembre y octubre de 2024.

González atribuyó el anuncio reciente a una notable “falta de coordinación” y “desinformación” entre la Comisión de Fiscales y la Fiscalía Departamental. Según el jurista, el retraso no se debió a la falta de pruebas, sino a deficiencias en el control jurisdiccional. El Juzgado Noveno de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer no envió el caso a un tribunal de sentencia en los plazos establecidos debido a la complejidad del expediente.

El caso requería una revisión minuciosa de miles de fojas, corroborar cuerpos de prueba y subsanar detalles técnicos de apelaciones y memoriales que se habían acumulado durante meses de investigación. La acusación del Ministerio Público, que coincide con la acusación particular de la familia, establece una jerarquía de responsabilidades en relación con lo ocurrido en el tramo Yolosita-Coroico.

Para Joel Pérez, como autor principal del delito de feminicidio, se solicita una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Los padres de Joel también son imputados en grado de complicidad, y la parte querellante pide para ellos 15 años de cárcel, argumentando que colaboraron activamente con el autor.

Además, el teniente Alanes y una amiga íntima están acusados de encubrimiento por haber prestado auxilio o silencio para ocultar el crimen y el paradero de la víctima. Otro factor que ha dilatado el proceso es la actividad procesal de la defensa del principal acusado. Según González, el abogado de Joel Pérez intentó recursos para separar las causas o llevar el proceso bajo una sola línea particular.

Estas maniobras provocaron que la jueza de la causa considerara apartarse del caso. La constante rotación de fiscales dentro de la comisión investigadora también generó un vacío de información que la familia Vaquiata denuncia como un “descuido” del Ministerio Público.

A pesar de los obstáculos, la investigación ha logrado recolectar más de 130 pruebas documentales. Este conjunto de pruebas incluye informes de criminalística, el cruce de llamadas telefónicas, chats en redes sociales, el “congelamiento” de imágenes de seguridad y la reconstrucción detallada del lugar de los hechos.

Con la acusación finalmente en camino hacia un juzgado de sentencia, la defensa técnica de la familia proyecta que la apertura del juicio oral y contradictorio se realice entre enero y febrero de 2026. Se espera que este sea el capítulo final de un caso que ha mantenido en vilo al país durante casi 2 años y que busca, además de la condena, establecer con certeza qué ocurrió con los restos de Odalys, cuyo paradero sigue siendo el eje central del dolor de su familia.

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El accidente ocurrió en la zona Sur de la urbe paceña durante el feriado de Navidad, un día que terminó en luto para la familia Mita. A pesar de los esfuerzos médicos, el niño no pudo sobrevivir a la severidad de los traumatismos que sufrió tras el impacto.

Indignación familiar

La indignación de los familiares estalló al enterarse de que el conductor del vehículo involucrado, quien fue arrestado inicialmente por la Policía, fue liberado horas después por decisión del Ministerio Público. Leandro Mita, padre de la víctima, declaró que un fiscal autorizó la salida del sospechoso bajo un régimen de garantías que la familia considera insuficiente y ofensivo, dado el dolor por la pérdida de su hijo.

Desconfianza en la investigación

La familia Mita ha expresado una profunda desconfianza hacia el proceso de investigación. El padre relató que, al revisar la documentación elaborada por los investigadores de Tránsito, encontraron anomalías sospechosas. En los documentos oficiales figuraban dos números de placa distintos para referirse al mismo vehículo de color rojo que causó el accidente.

Esta inconsistencia ha levantado sospechas sobre un posible intento de obstaculizar la identificación real del vehículo o de favorecer al conductor implicado en el siniestro.

Demandas de justicia

En medio del dolor, Leandro Mita ofreció declaraciones, señalando que el conductor no ha mostrado ningún gesto de auxilio o responsabilidad tras el accidente. “Ni siquiera vienen, no se acercan; me lo han dejado a mi hijo así, como a un perro muerto”, manifestó.

La familia exige que la justicia actúe de oficio y que el conductor sea aprehendido nuevamente bajo cargos de homicidio en accidente de tránsito, considerando que el deceso del niño cambia drásticamente la figura jurídica del caso.

Situación del conductor

Por su parte, la Unidad de Tránsito confirmó que el chofer ya no se encuentra bajo custodia policial. Las autoridades aclararon que, una vez que el caso fue remitido al Ministerio Público, la potestad de mantener la aprehensión recae exclusivamente en el fiscal asignado.

Según informaron a medios locales, la Policía está a la espera de una nueva directriz de la Fiscalía para proceder, si corresponde, con una orden de aprehensión formal, una vez que se valoren las nuevas pruebas y el certificado de defunción del menor.

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La detención de Luis Alberto Arce Catacora, ocurrida el 10 de diciembre de 2025 en la ciudad de La Paz, no constituye una sorpresa histórica ni un quiebre institucional inesperado. Es, más bien, el desenlace previsible de un ciclo vicioso que se ha normalizado en la política boliviana: la judicialización del adversario político y el uso del sistema penal como instrumento de revancha entre élites que se alternan en el poder. En Bolivia, los expresidentes ya no escriben memorias en retiro discreto; comparecen ante fiscales, jueces y cárceles, atrapados en una rueda de persecuciones cruzadas. Arce no es una excepción: es el último eslabón de una cadena que desnuda la fragilidad del Estado de derecho.

El patrón es conocido y debe describirse sin eufemismos. Jeanine Áñez, durante su presidencia interina, impulsó procesos contra Evo Morales y su entorno, obligándolo al exilio y empujando a varios de sus exfuncionarios a refugiarse en embajadas o enfrentar prisión preventiva. Con el retorno del MAS al poder en 2020, Arce utilizó ese mismo aparato judicial para encarcelar a Áñez y a Luis Fernando Camacho. El mensaje fue contundente: quien se opone con firmeza al poder terminar en la cárcel. Hoy, bajo el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, Arce recibe la misma medicina que aplicó. La justicia, lejos de ser un árbitro imparcial, ha operado como un apéndice del Ejecutivo de turno, convertida en arquitectura deliberada de dominación política.

Para comprender la caída de Arce es necesario revisar su biografía intelectual y política. Economista formado en la Universidad Mayor de San Andrés y con estudios de posgrado en la Universidad de Warwick, defendió en 1989 una tesis titulada El papel de la política cambiaria en la Nueva Política Económica (1985–1989), en pleno auge del neoliberalismo. Su formación fue técnica, ortodoxa en lo monetario, y nunca ocultó su inclinación ideológica de izquierda en lo distributivo. Su temprana incorporación al Banco Central de Bolivia, desde 1987, moldeó su identidad como tecnócrata estatal: un hombre de cifras, no de multitudes. A diferencia de Evo Morales, Arce carecía de carisma; su poder residía en la tecnocracia y en la creencia de que la administración podía reemplazar a la política.

El año 2006 marcó su ascenso definitivo. Designado ministro de Economía por Morales, gestionó la economía durante el auge de los precios de las materias primas. Los logros macroeconómicos fueron reales: crecimiento sostenido, acumulación de reservas internacionales que alcanzaron los 15.000 millones de dólares en 2014 y una reducción significativa de la pobreza. Sin embargo, esos resultados descansaron más en la bonanza externa que en reformas estructurales profundas. El modelo siguió siendo primario-exportador, dependiente del gas y vulnerable a los ciclos internacionales. Arce administró riqueza circunstancial; no transformó la economía.

El quiebre llegó en diciembre de 2010 con el llamado “gasolinazo”. El intento de eliminar la subvención a los hidrocarburos mediante un incremento abrupto de precios desató una reacción social demoledora. El gobierno retrocedió y Arce quedó marcado por la derrota política. Desde entonces, optó por congelar el tipo de cambio, profundizar subsidios y postergar ajustes estructurales. Esa decisión, políticamente comprensible, fue económicamente costosa: distorsionó precios, erosionó reservas y sembró las bases de la crisis posterior. El tecnócrata entendió entonces que la política podía derrotar a la técnica, y quedó atrapado en esa contradicción.

Con el tiempo, Arce comprendió el poder que concentraba. El Banco Central fue subordinado al Ministerio de Economía, perdiendo su independencia efectiva. La política fiscal y monetaria se fusionaron en un esquema discrecional que financió déficits crecientes y debilitó los contrapesos institucionales. Paralelamente, el Estado expandió su aparato empresarial: empresas públicas convertidas en elefantes blancos, con sobreprecios, baja eficiencia y escaso retorno social. El voluntarismo burocrático, sin frenos, derivó en autoritarismo.

El caso del Fondo Indígena simboliza el costado más oscuro de ese Estado sin contrapesos. Millones destinados a comunidades originarias fueron desviados a proyectos fantasmas y cuentas particulares durante los años en que Arce presidía su directorio. Marco Antonio Aramayo, exdirector y denunciante, fue sometido a más de 250 procesos judiciales y murió en 2022 tras años de detención preventiva. Otros implicados afines al poder gozaron de libertad. La asimetría fue evidente: la justicia castigó selectivamente según criterios políticos.

Como presidente entre 2020 y 2025, Arce no corrigió el rumbo. Persistió en un modelo estatista agotado, inspirado en la industrialización por sustitución de importaciones, que derivó en más gasto público, más empresas deficitarias y ninguna reforma institucional. El autoritarismo se hizo explícito: detenciones de opositores, disciplinamiento judicial y control político de las instituciones. En el plano político, se apropió de la sigla del MAS, profundizando la ruptura con Evo Morales. En el plano ético, su gestión quedó marcada por escándalos como Botrading, la compra de inmuebles por parte de sus hijos y denuncias de conflictos de interés.

Su ocaso fue acelerado. Sospechas de un posible autogolpe en junio de 2024, aislamiento político, crisis familiar y abandono de su propio partido erosionaron su autoridad. La detención de diciembre de 2025 cierra el círculo.

Luis Arce Catacora es, en última instancia, víctima del sistema que ayudó a consolidar: un Estado donde la ley se subordina al poder y la institucionalidad se desvanece. Su caída no es poética ni redentora; es el reflejo de un espejo roto. Bolivia no produce estadistas para la historia, sino expresidentes para los tribunales. Romper este ciclo no implica absolver a Arce ni exculparlo de sus responsabilidades reales. Implica reconstruir una justicia independiente que deje de ser instrumento de venganza política y se convierta, por fin, en pilar de la democracia. De lo contrario, el próximo presidente también terminará escribiendo su historia desde una celda.

Miguel Angel Amonzabel Gonzales es investigador y analista socioeconómico.

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La detención de Ronald se llevó a cabo en diciembre de 2024, después de que permaneciera prófugo durante 3 años. Su captura ocurrió cuando intentaba renovar su carnet de identidad.

Detalles del feminicidio

Carminia B.P. fue hallada la mañana del miércoles 17 de noviembre de 2021, envuelta en un par de frazadas y atada con una cuerda. Su cuerpo presentaba un olor nauseabundo y estaba en estado de descomposición.

Las investigaciones realizadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup) revelaron que la víctima fue arrastrada aproximadamente 7 metros desde una casa cercana al lugar donde fue encontrada.

La autopsia determinó que Carminia falleció debido a un hematoma subdural y un traumatismo encefálico cerrado, resultado de un golpe en la cabeza, tras haber consumido bebidas alcohólicas. Se constató que su cuerpo había estado varios días dentro de la casa, lo que llevó a su descomposición, encontrándose incluso larvas en el mismo. Se estimó que la muerte ocurrió 15 días antes del hallazgo.

Los familiares de Carminia habían reportado su desaparición en octubre de 2021. Después de encontrarla muerta, proporcionaron información relevante sobre Ronald Emilio N.G., quien era el principal sospechoso y se encontraba prófugo en ese momento.

El fiscal especializado en delitos contra la vida, Luis Antezana, explicó que Ronald había mostrado conductas violentas. Según testigos, en una ocasión golpeó a Carminia, dejándole el cuerpo amoratado, pero ella no quiso presentar una denuncia en su contra.

Las investigaciones también revelaron que Ronald era celoso, controlador y machista. Su expareja, quien fue aprehendida e investigada por complicidad, describió su comportamiento como “violento” y “sistemático”, lo que finalmente llevó al feminicidio de Carminia. Ella también había sido víctima de golpes por parte de Ronald.

Fuga de la justicia

Después del crimen, Ronald se dio a la fuga y no presentó ningún requerimiento de su domicilio, que fue precintado durante la investigación. Sin embargo, fue detenido el 13 de diciembre de 2024, alrededor de las 11:45 horas, cuando intentaba tramitar su carnet de identidad en el Servicio General de Identificación Personal (Segip) de la zona Norte.

Al tener una notificación roja de búsqueda internacional emitida por Interpol, el funcionario de Segip alertó a la Policía Internacional. Esta organización revisó los datos y antecedentes del caso y procedió a la aprehensión de Ronald.

Juicio oral y condena

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas que demostraron la conducta violenta de Ronald, su fuga durante más de 3 años y otros elementos recolectados en la investigación. “El Ministerio Público ha demostrado, con suficientes elementos de juicio, que efectivamente esta persona es responsable del hecho”, afirmó Antezana.

El Tribunal de Sentencia en lo Penal dictó una sentencia condenatoria para Ronald Emilio N.G., imponiéndole una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto, que deberá cumplir en el penal de San Pedro.

En el transcurso de la sentencia, se absolvió a una mujer de 41 años, expareja de Ronald, ya que los jueces no encontraron culpabilidad en su participación en el crimen.

Actualmente, Ronald Emilio se encuentra en detención preventiva en el recinto carcelario de San Pedro de Oruro.

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Este viernes por la mañana, en la plaza Principal 10 de Febrero, Waldo Arango, hermano del médico fallecido, hizo un llamado a las autoridades para que agilicen las investigaciones y logren atrapar a los prófugos. Arango enfatizó que los implicados en la muerte de su hermano deben ser juzgados por asesinato, debido a la alevosía y violencia que mostraron durante el crimen.

Waldo también solicitó que el Ministerio Público acelere la investigación y presente la acusación formal para que los responsables enfrenten un juicio y se imponga la máxima pena. “Las autoridades que deben proteger a la población no pueden permitir que estos delincuentes regresen a las calles”, afirmó mientras pedía la captura de Nicolay C., Franco L. L. A. y Álvaro J. V. J., quienes tienen entre 17 y 21 años y siguen en fuga.

Recuerdos del médico fallecido

“Exigimos la captura de los tres jóvenes y un rápido procesamiento, ya que hay suficientes elementos que los incriminan en el delito”, aseguró Waldo. Además, recordó a su hermano como una persona solidaria, bondadosa y noble, muy querido por sus compañeros y amigos. “Mi hermano era médico con muchos años de trayectoria en Oruro, un ciudadano ejemplar, sin antecedentes legales”, sostuvo.

Apoyo para joven atacado

Por otro lado, el cuñado de un joven de 21 años que fue brutalmente agredido antes de llegar a su casa ha solicitado la colaboración de la comunidad para cubrir los gastos de su internación en la Clínica San Agustín. Pidió a la gente que se una a una kermés que se organizará en los próximos días, donde podrán comprar platillos para ayudar. Las personas interesadas pueden comunicarse a los números 604-09177 y 723-03831.

En cuanto a la salud de la víctima, se informó que ya ha dejado el hospital y se encuentra en reposo absoluto en su hogar, bajo la supervisión de un médico especialista.

Detalles del crimen

La investigación se originó a partir de los hechos ocurridos el domingo 7 de diciembre. Aproximadamente a las 03:15 horas, un joven de 21 años fue interceptado en la puerta de su casa, ubicada en las calles Potosí entre Junín y Adolfo Mier. Las cámaras de seguridad capturaron el momento en que, tras robarle, lo golpearon brutalmente.

El joven fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal (TEC), contusión hemorrágica frontal, lesiones múltiples y un edema cerebral difuso. El otro incidente ocurrió cerca de las 05:00 horas en las calles La Paz y 1 de Noviembre, donde un médico de 50 años fue atacado y golpeado hasta morir por los cuatro implicados. La causa de su muerte fue determinada como hipertensión endocraniana y traumatismo cráneo-facial cerrado por un objeto contuso.

En la actualidad, Daril Iván C.C., de 18 años, ha sido recluido en el penal de San Pedro con detención preventiva por un período de seis meses.

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Defensa del subteniente Castellón

La defensa institucional del subteniente Castellón argumenta que utilizó su arma en legítima defensa. Esto ocurrió en el contexto de una situación que consideraron de “amenaza letal”, donde comunarios rodearon y agredieron a la patrulla policial.

El general Johnny Troncoso, quien representa a los generales en servicio pasivo, junto a la familia de Castellón, están organizando la defensa del uniformado en dos frentes. Troncoso ha declarado públicamente que Castellón “salvó la vida de sus camaradas” ante las amenazas de los manifestantes, quienes supuestamente intentaron quemarlos vivos.

Reacciones de las autoridades

Por otro lado, los oficiales retirados han expresado su condena hacia las declaraciones del vicepresidente Edmand Lara. Este solicitó públicamente una sanción penal y la baja del subteniente, exigiendo que las investigaciones se realicen con celeridad y probidad.

Campaña de recolección de firmas

La apertura de libros de firmas en mercados y otros puntos céntricos busca reunir un amplio apoyo ciudadano. El objetivo es que Castellón pueda continuar con su carrera en la policía y garantizar una equidad en el proceso judicial que enfrenta.

Detalles de la confrontación

El subteniente Castellón ha proporcionado a los investigadores un extenso relato que detalla la cronología de la confrontación. En su testimonio, busca justificar su acción como inevitable.

Castellón y un grupo de policías fueron enviados a la colina Sur siguiendo órdenes superiores. A las 09:30 horas, acudieron para socorrer a efectivos de la UTOP que estaban siendo acorralados por manifestantes.

Durante el repliegue, el grupo de policías quedó rodeado por aproximadamente 30 manifestantes que comenzaron a atacarlos con piedras, petardos y dinamitas. A pesar de que el subteniente intentó dialogar, el número de manifestantes creció rápidamente, superando las 100 personas, muchas de las cuales estaban armadas con explosivos y palos.

Castellón testificó que la agresión se volvió violenta, resultando en una funcionaria policial golpeada y varios efectivos heridos por impactos de bala en la pierna, pie y rostro. Ante esta “amenaza letal”, Castellón disparó de manera disuasiva al piso y, posteriormente, disparó contra un individuo que representaba un peligro inmediato para él y sus compañeros.

Situación actual del caso

A pesar del apoyo público y de la versión detallada que presenta como legítima defensa, el Ministerio Público ha mantenido la imputación por homicidio. El apoyo policial tardó cerca de 30 minutos en llegar, tiempo durante el cual los efectivos pudieron ser evacuados. La tensión persiste entre las organizaciones movilizadas, las autoridades municipales y la cúpula policial.

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Alarcón ha exigido al canciller que active mecanismos diplomáticos para lograr la expulsión de Dorgathen, quien violó la ley de arraigo al salir de Bolivia tras su renuncia como presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Además, el diputado propuso tres medidas urgentes para combatir la corrupción en el país. Estas incluyen la creación de una ley de acceso a la información y penas más severas para delitos graves relacionados con la corrupción.

Críticas a la inacción fiscal

El legislador destacó que si los fiscales hubieran detenido a Dorgathen el 23 de septiembre de 2025, “en este momento hubiera estado preso en San Pedro y no hubiera estado fugado en Brasil”. También cuestionó por qué no se actuó con la misma rapidez que con Félix Cruz, exgerente de YPFB logística, quien sí fue objeto de prisión preventiva. Alarcón mencionó que “Félix Cruz ha tenido una intervención mucho menor, comparada con la de Armin Dorgathen”.

Propuestas para la captura

Alarcón enfatizó la necesidad de activar un sello rojo de Interpol para facilitar la captura del exfuncionario. Aclaró que no se ha solicitado extradición debido a las demoras que implica este proceso y sugirió que lo más adecuado sería pedir su expulsión. “Él ha burlado y violado la ley de Arraigo 1352”, afirmó Alarcón, refiriéndose a la normativa que obligaba a Dorgathen a permanecer en Bolivia hasta tres meses después de su renuncia.

Reformas necesarias

En cuanto a las reformas necesarias, Alarcón propuso una transformación integral del Ministerio Público y del sistema judicial. Mencionó que “tanto la sociedad civil como ustedes, estamos convencidos de que estamos hartos de tanta corrupción”. En este sentido, planteó tres medidas concretas: ley de acceso a la información, 30 años de cárcel sin derecho a indulto por casos graves de corrupción e inhabilitación perpetua.

Alarcón argumentó que “casos gravísimos” deberían ser castigados con 30 años sin derecho a indulto y decomiso total del patrimonio del funcionario involucrado en corrupción. Resaltó que es fundamental establecer un marco legal más riguroso para enfrentar estos problemas estructurales en Bolivia.

Medidas urgentes contra la corrupción

Finalmente, reiteró que estas son medidas urgentes necesarias para contrarrestar hechos corruptos que ya son comunes en el país.

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En una carta, Zúñiga describió a Arce como un “verdugo” que encarceló a militares sin seguir el debido proceso. Además, solicitó que sus colaboradores también enfrenten la justicia por sus acciones.

Zúñiga afirmó que Arce, al estar detenido, “empieza a sentir una mínima parte del sufrimiento que él mismo sembró en la patria”. En su misiva, expresó: “Bienvenido a las cárceles del pueblo, señor Luis Arce Catacora. Aquí, donde no existe poder que lo proteja. Aquí, donde no hay discurso que lo salve. Aquí, donde uno se enfrenta consigo mismo, sin escoltas, sin poder, sin privilegios”.

Reflexiones sobre la cárcel

El exgeneral también mencionó: “Aquí, donde la noche no cubre culpas y el amanecer obliga a mirar la verdad de frente. Y es aquí, señor Arce Catacora, donde empiezan las cuentas que la vida inevitablemente cobra”.

Zúñiga hizo un llamado para que los colaboradores de Arce, como los exministros Eduardo Del Castillo, María Nela Prada, Jhonny Aguilera, Edmundo Novillo, Armin Dorgathen, así como los asesores Hugo Moldiz y Fernando Rodríguez, también respondan ante la justicia, según reporta Erbol.

Motivación de Zúñiga

El exgeneral aclaró que su lucha no es personal, sino que se trata de una defensa de la patria y de cada familia que ha llorado por un soldado encarcelado de manera injusta. Zúñiga fue un cercano colaborador de Arce, con quien incluso solía jugar baloncesto. Sin embargo, lideró un movimiento militar y fue acusado de haber intentado un golpe de Estado el 26 de junio de 2024.

Denuncias recientes

Recientemente, Zúñiga denunció que los eventos de 2024 fueron en realidad una “trampa” de Arce y sus colaboradores, diseñada para provocar un enfrentamiento entre la policía y los militares.

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Mientras la justicia avanza en este caso, el Gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, ha lanzado denuncias sobre la organización de los bloqueadores. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que los comunarios que se enfrentaron a la Policía estaban “organizados” y contaban con financiamiento, drones y aparatos explosivos, lo que demuestra una “evidente planificación”.

Las autoridades gubernamentales sostienen que el conflicto se intensificó debido a la preparación de los movilizados. El viceministro René Calla denunció que se utilizaron petardos con dinamita, los cuales fueron calificados como “morteros artesanales”. Además, mencionó que los policías fueron disparados, perseguidos por kilómetros y despojados de equipos, armamento y teléfonos celulares.

Equipamiento de los comunarios

El ministro Oviedo señaló que estos grupos contaban con “drones, explosivos, vehículos y dinero”, lo que indica que no fue un hecho “casual”. Calla no descartó la posibilidad de que los grupos organizados en torno a la toma de tierras por el vertedero tengan vínculos con organizaciones afines al expresidente Evo Morales.

Investigaciones en curso

La Fiscalía de Cochabamba ha abierto tres investigaciones principales relacionadas con el enfrentamiento. Este conflicto ocurrió cuando un contingente policial intervino en el bloqueo que los comunarios mantenían por 12 días debido a un conflicto de límites.

En la actualidad, hay nueve personas aprehendidas, de las cuales ocho son comunarios y un es un policía. Las investigaciones se centran en homicidio, debido a las dos muertes, así como en lesiones graves y gravísimas, e instigación a delinquir.

Delitos en investigación

El fiscal Osvaldo Tejerina añadió que también se están investigando los delitos de porte y portación de armas, asociación delictuosa y asociación criminal. El efectivo policial aprehendido está siendo investigado por presunto homicidio, mientras que los comunarios son sindicados por los otros delitos mencionados.

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Cada 10 de diciembre, la comunidad internacional conmemora el Día de los Derechos Humanos, fecha en la que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde entonces, el sistema universal ha construido una sólida arquitectura normativa, que incluye nueve tratados vinculantes que obligan a los Estados a garantizar derechos en ámbitos específicos.

Este día nos recuerda que los principios que celebramos no son simples abstracciones jurídicas: son herramientas concretas para enfrentar los desafíos más complejos de nuestras sociedades. Allí donde existen tensiones políticas, crisis de confianza institucional o heridas abiertas por episodios de violencia, los derechos humanos ofrecen un camino basado en la verdad, la justicia y la rendición de cuentas. Sin estos pilares, ninguna democracia puede renovar su legitimidad ni reconstruir la cohesión social.

En América Latina, la necesidad de fortalecer los sistemas de justicia sigue siendo una constante. En muchos países, los procesos por graves violaciones de derechos humanos permanecen frágiles o interrumpidos, enviando un mensaje equivocado a las víctimas y a la sociedad. Apostar por instituciones judiciales independientes, capaces de actuar sin presiones y con total transparencia, es indispensable para cerrar ciclos de impunidad que erosionan la confianza pública.

Otro desafío común en la región es la situación de las personas privadas de libertad. El hacinamiento estructural, el uso excesivo de la prisión preventiva y los servicios penitenciarios desbordados generan vulneraciones profundas. Humanizar las políticas penitenciarias no es un acto de benevolencia: es una obligación jurídica y una condición básica para fortalecer el Estado de derecho. Las tendencias hiper-punitivas perpetúan la crueldad y, además, no funcionan. Las cárceles con condiciones inhumanas no cumplen su rol de rehabilitación ni reducen la reincidencia. Quien pierde es la sociedad en su conjunto.

En toda América Latina, la igualdad y la no discriminación exigen políticas que respondan a las necesidades y aspiraciones de los Pueblos Indígenas. La protección de sus territorios, culturas y formas de vida es inherente al bienestar colectivo. Estas obligaciones se vuelven más urgentes ante retos ambientales graves, como la contaminación por sustancias peligrosas o la explotación de recursos estratégicos sin procesos adecuados de consulta. En este sentido, la defensa del medio ambiente debe asumirse como requisito para garantizar derechos hoy y para las generaciones futuras, apostando por un desarrollo más democrático, inclusivo y sostenible.

Bolivia no está ajena a estos desafíos. La respuesta a todos ellos no está en restringir derechos, sino en avanzar hacia más democracia y un mayor respeto por los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación. Las normas internacionales -y su matriz, la Declaración Universal- son un faro que puede guiarnos hacia sociedades más justas, cohesionadas y en paz. Este 10 de diciembre, renovemos nuestro compromiso con los derechos humanos.

Anna Marttinen-Pont, es Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Bolivia.

Jan Jarab, es Representante Regional del ONU Derechos Humanos para América del Sur.

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“El oficial de la Policía Boliviana que actualmente está destinado en el grupo Delta de la ciudad de Cochabamba debe ser aprehendido, ya ha sido plenamente identificado por los testigos presenciales como el autor material que le cobró la vida a 2 ciudadanos”, manifestó Lara a través de un video en sus redes sociales.

El mandatario afirmó que este caso no puede quedar en la impunidad, por lo cual ha “ordenado al Departamento Jurídico de la Vicepresidencia que realice todas las acciones legales para que este oficial sea sancionado penalmente con la pena máxima y sea dado de baja de la institución policial”.

Uso de arma injustificado

Lara señaló que no hay justificativo para haber utilizado su arma de fuego y que, si hubiera sido necesario este accionar, el efectivo tendría que haber informado en su momento este hecho.

“Que no vengan acá a querer argumentar que hizo uso de su arma de fuego en defensa propia o en legítima defensa como se quiere hacer creer. Si el oficial realmente hubiese hecho lo correcto, si hubiese aplicado el procedimiento adecuado”, agregó.

Prohibición de armas en manifestaciones

El vicepresidente también recordó que está prohibido llevar y hacer uso de armas de fuego en manifestaciones sociales, por lo que exige una sanción para el oficial a cargo de este operativo.

“También hay responsables de mando superiores, el jefe que estaba a cargo del operativo debió haber verificado que ningún oficial lleve su arma de fuego; proceso también para ese jefe policial”, declaró.

Investigación en curso

En las imágenes que fueron divulgadas, se observa a un policía portando un arma de fuego en la zona de los hechos. Las fotografías han sido verificadas por autoridades y peritos de la Fiscalía.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, afirmó que un subteniente de policía quedó bajo arresto y será investigado por presunto homicidio.

El uniformado, que se encuentra internado en un centro médico por heridas de esquirlas de escopeta, declaró ante la Fiscalía que sacó su arma para prevención y que hizo disparos al suelo cuando los comunarios pretendían quemarlo junto a sus compañeros.

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“Yo no amputé nada. Solo realizamos curaciones. La cirugía fue hecha en otro lugar”, afirmó Chi, negando haber causado la mutilación de la paciente que lo denunció. Además, rechazó haber cobrado montos elevados por atenciones médicas. El médico aseguró que se someterá a la investigación para “esclarecer todos los extremos” del caso.

Acción de libertad reparadora

Minutos antes de su liberación, el abogado del médico, Jorge Domínguez, presentó una acción de libertad reparadora. Argumentó que la aprehensión fue ilegal, ya que Chi había declarado en octubre de 2023 durante la etapa preparatoria.

Según el jurista, el caso había sido desestimado inicialmente y luego reactivado. “La orden de aprehensión del 12 de mayo no tenía razón de ser. Informamos reiteradamente que mi defendido ya había cumplido con la declaración correspondiente”, señaló Domínguez. Además, aseguró que la denuncia tiene un “tinte extorsivo”. Explicó que el cuadro clínico de la denunciante se debe a diabetes y no a una intervención atribuida al médico.

La defensa ahora espera que un juez de garantías anule formalmente la orden de aprehensión. Mientras tanto, Chi continuará el proceso en libertad, según lo informado por El Deber.

Agradecimiento y aclaraciones

Tras quedar en libertad, Chi agradeció el apoyo recibido y brindó detalles sobre su ausencia a una citación fiscal anterior. Este hecho contribuyó a activar la orden de aprehensión. Relató que en mayo viajó a La Paz, justo el mismo día en que tenía una citación fiscal para aclarar otro caso: el de un paciente diabético que terminó con la amputación de una pierna en un hospital público.

Chi afirmó que en ese caso ya había declarado voluntariamente. Detalló que el paciente llegó en estado crítico a la clínica Ucebol y fue estabilizado antes de ser derivado nuevamente al sistema público, donde finalmente se decidió la amputación.

Confianza en la justicia

“Era un paciente en un estado pésimo, pero gracias a Dios lo regularizamos. Yo tenía que aclarar esa situación. Hubo una confusión, parece, de mi abogado o de la Fiscalía; esos detalles no podría precisarlos”, indicó.

El médico insistió en que siempre estuvo dispuesto a colaborar con la justicia y confía en que ambos procesos concluirán a su favor.

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En una declaración realizada al medio Unitel, Patty negó de manera contundente las acusaciones que la señalan por desviar fondos de los proyectos que estaban bajo su gestión. Además, expresó su disposición para defenderse ante la justicia boliviana.

Detalles de la investigación

“Sí, he escuchado que el fiscal ha emitido una orden de aprehensión, pero no he sido notificada. Estoy dispuesta a defenderme, yo soy boliviana, estoy en mi país y me voy a defender de las acusaciones”, afirmó Patty.

La orden de aprehensión se origina a raíz de una investigación que ha revelado irregularidades en varios proyectos que estaban a cargo de la exdiputada. Según el fiscal Miguel Cardozo, uno de los proyectos requería una inversión superior a 1.000.000 Bs, de los cuales se habrían transferido 700.000 Bs directamente a la cuenta personal de Patty.

Compromiso con la justicia

A pesar de la seriedad de la orden de aprehensión, Patty, quien fue parte del Movimiento Al Socialismo (MAS), rechazó cualquier insinuación de que intentaría eludir o obstaculizar las investigaciones. “Nunca he pensado (huir), si no, no hubiera retornado de Argentina. Yo me voy a presentar (en la Fiscalía) en cualquier momento”, indicó, reafirmando su intención de permanecer en el país.

Patty decidió no entrar en detalles sobre los proyectos específicos que están siendo investigados, pero se autodenomina una “víctima” en el escándalo del Fondo Indígena.

Denuncia de corrupción

“Por denunciar la corrupción, por eso estoy pagando en este momento sufriendo esto”, concluyó Patty. Con esta afirmación, insinuó que la persecución en su contra podría estar relacionada con su papel como denunciante o crítica de la corrupción dentro de la entidad.

En este momento, la exdiputada espera recibir una notificación formal. Mientras tanto, reitera su compromiso de colaborar con la justicia para aclarar su situación y demostrar la legalidad en el manejo de los recursos que estaban a su cargo.

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El sospechoso, identificado como Iván G. C. U., se encuentra en celdas policiales a la espera de su imputación formal, tras haber confesado que trasladó el cuerpo de la víctima desde La Paz hasta un terreno baldío en el área rural para enterrarlo.

Según el reporte del fiscal Favio Maldonado, el feminicidio ocurrió alrededor de las 03:00 de la madrugada del 28 de noviembre en el departamento de la víctima, ubicado en la zona Chamoco Chico del Cementerio General, en la ciudad de La Paz. La pareja, que mantenía una relación desde 2018, habría tenido una discusión.

Se presume que Iván asfixió a Yesica y, al constatar su muerte, inició el plan para deshacerse del cadáver. El hombre introdujo el cuerpo en una bolsa de yute y lo trasladó en un taxi hasta la Terminal Interprovincial de El Alto.

Posteriormente, cerca de las 05:30 horas, abordó un minibús para llegar hasta el cantón Lacaya, en el municipio rural de Pucarani, donde intentó ocultar el cuerpo en un pastizal. En su declaración, el joven indicó que tomó esta decisión al ver que su pareja no reaccionaba.

El acto fue descubierto gracias a la rápida acción de una comunaria de Challawari, en el cantón Lacaya. La vecina vio a un joven “removiendo tierra en los pastizales” e informó a las autoridades indígenas.

Estas indagaron con el padre del sospechoso, quien indicó que su hijo estaba nervioso e incluso había intentado quitarse la vida, lo que derivó en la denuncia a la Policía Rural y Fronteriza.

Un equipo multidisciplinario de la Fiscalía y personal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) se trasladó al lugar. Junto al aprehendido, quien se acogió al derecho al silencio, pero se ubicó el punto del entierro. Se procedió al desentierro y levantamiento legal del cadáver para su traslado a la morgue.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó el acta de autopsia, la cual confirmó la naturaleza violenta del deceso. La causa de muerte determinada fue asfixia mecánica mixta por sofocación y estrangulamiento.

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Entre los imputados por este nuevo cargo se encuentran el exministro de Justicia, César Siles, los exvocales Claudia Castro e Yván Córdona y el magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Iván Campero.

La denuncia original, presentada a mediados de año, señala que estas personas actuaron de manera coordinada para presionar a un juez de provincia. El objetivo era direccionar una Acción de Cumplimiento para suspender la credencial de la magistrada titular Fanny Coaquira y, de esa forma, tomar control del cargo.

El fiscal Fernando Espinoza explicó la razón de la ampliación, determinando que hubo una coordinación entre los implicados y una división de roles específica para cometer el presunto ilícito.

El exministro Siles fue implicado en el caso tras conocerse el audio de una llamada donde presuntamente ofrecía protección al juez presionado, Fernando Lea Plaza, a cambio de que este emitiera el fallo instruido por el consorcio. El juez Lea Plaza colaboró con la investigación y reveló los vínculos del esquema. Sin embargo, en octubre, el magistrado perdió la vida en un suceso que las autoridades calificaron como suicidio.

Cuando el caso estalló en junio, provocó las renuncias de Siles como Ministro, así como de los exvocales Córdova y Castro, quienes también figuraban como parte del esquema.

Anteriormente, la investigación se centraba en los delitos de consorcio y tráfico de influencias, pero la ampliación a organización criminal ha extendido el plazo de investigación. Todos los implicados han sido convocados nuevamente a declarar y, en su totalidad, se acogieron al silencio.

Actualmente, solo la exvocal Castro cumple prisión preventiva en el penal de Obrajes. El exministro Siles y el resto de los implicados tienen detención domiciliaria. La única excepción es el abogado Antonio De la Fuente, quien se encuentra prófugo de la justicia.

El fiscal anunció que, dada la gravedad de la nueva imputación, se analizará si corresponde solicitar nuevas medidas cautelares más severas contra los imputados.

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Según el informe preliminar, el hallazgo se desarrolló el martes 18 de noviembre. La víctima fue identificada como Tanya Rosy C. M., cuya desaparición movilizó a familiares, comunarios y a la Policía.

De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad revisadas durante la investigación, la menor salió de su domicilio y posteriormente abordó una camioneta blanca cuyo destino se desconocía.

Tras varios días de búsqueda, se localizó el vehículo y al presunto autor, quien fue retenido y golpeado por pobladores antes de ser obligado a revelar el sitio donde aparentemente abandonó el cuerpo.

El lugar señalado se encontraba en una zona de barrancos conocida como Calabatea, caracterizada por su difícil acceso. En el operativo participaron familiares, comunarios y efectivos policiales, quienes lograron recuperar el cuerpo que fue envuelto y dejado en la pendiente.

Un familiar de la víctima señaló que el detenido guió sin dificultad hasta el lugar, lo que genera sospechas de que puede estar involucrado en otros hechos similares. “Él mismo indicó que ahí la ha botado (el cuerpo)”, afirmó.

En tanto, en la plaza principal de Chulumani, pobladores enfurecidos quemaron la camioneta utilizada para trasladar a la menor y exigieron justicia.

Se aguardan los informes oficiales de la Policía y del médico forense que permitan establecer las causas de la muerte y avanzar con la investigación del caso.

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Diana V. Z. D. de 33 años, fue encontrada culpable de agredir sexualmente a una adolescente de 14 años, y deberá cumplir su pena en el penal de Villa Busch, en Cobija.

El fiscal departamental de Pando, Freddy Durán Montero, informó que el Tribunal de Sentencia Nº2 emitió el fallo condenatorio tras la presentación de pruebas contundentes por parte del Ministerio Público.

Según la fiscal asignada al caso, Patricia Romero, la denuncia fue formalizada inicialmente por el padre de la víctima en 2013. El informe indica que la adolescente de 14 años fue llevada con engaños hasta el domicilio de la acusada, lugar donde se cometió la agresión sexual.

Tras la denuncia, Diana se encontraba en situación de rebeldía, evadiendo la justicia durante un largo periodo. La aprehensión solo se logró recientemente, el 17 de agosto de 2025, lo que permitió dar continuidad al proceso judicial.

El fiscal departamental Durán subrayó que, durante el juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas que permitieron a los miembros del Tribunal comprobar la autoría de la acusada.

“El Ministerio Público presentó pruebas contundentes como el certificado médico forense, informe psicológico, informes policiales, entre otros documentos que fueron valorados por los miembros del Tribunal para comprobar la autoría de la acusada”, expresó Durán.

La entrada Pando: Condenan a 15 años de prisión a mujer por violación a una adolescente se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público demostró la autoría del hecho durante la audiencia de juicio oral ante el Tribunal 1º de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de El Alto.

El violento suceso ocurrió la noche del 31 de enero de 2025, alrededor de las 21:00 horas, en la zona San Felipe de Seque de la ciudad de El Alto.

Humberto ingresó a la vivienda de su expareja y comenzó a agredirla físicamente con un martillo en todo el cuerpo. La víctima intentó protegerse, pero el sujeto continuó golpeándola.

El agresor también golpeó a sus propios hijos, de seis y 11 años de edad, y amenazó con quitarles la vida a todos.

La mujer logró escapar para denunciar el hecho en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de El Alto, lo que permitió que efectivos policiales se dirigieran a la vivienda y arrestaran al sujeto en flagrancia.

El fiscal Torrez destacó que la sentencia de 20 años se logró gracias a la solidez de las pruebas presentadas en el juicio, incluyendo el certificado médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que confirmó las lesiones graves sufridas por la víctima.

Otras pruebas valoradas por el Tribunal incluyeron el acta de acción directa, la declaración de la víctima, el registro del lugar del hecho y el informe psicológico de los hijos de la pareja. Humberto deberá cumplir su condena en el penal de San Pedro.

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El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que los Tribunales 1º y 4º de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de El Alto dictaron los fallos.

El caso que generó mayor consternación fue el de Jhonny N. F. B. de 48 años, quien recibió una sentencia de 16 años de cárcel por el delito de violación.

El hecho se remonta a la mañana del 15 de marzo de 2024. Tras compartir bebidas alcohólicas en un acontecimiento social, el padre se aprovechó del estado de inconsciencia de su hija de 24 años para agredirla sexualmente.

La agresión fue presenciada por la hermana menor, de nueve años, quien corrió a dar aviso a la hermana mayor, permitiendo la denuncia inmediata y la aprehensión del agresor.

En el segundo caso, tres jóvenes: Dany T. H. H. de 33 años, Luis F. Q. H. de 24 años y Brayan C. M. de 21, fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente.

Estos sujetos, quienes se aprovecharon de la amistad que tenían con la víctima, agredieron sexualmente a una menor de 13 años en diferentes ocasiones durante febrero de 2020, en la zona Villa Ingenio de la ciudad de El Alto. La madre de la menor descubrió la situación y procedió a denunciar a la Policía.

El fiscal Torrez destacó que, en ambos juicios orales, las pruebas científicas y técnicas recolectadas en el Ecosistema ROMA (registro del lugar de los hechos, informes psicológicos y médicos forenses, y la entrevista en Cámara Gesell) fueron cruciales para que los tribunales ratificaran la culpabilidad de los agresores, quienes deberán cumplir sus penas en el penal de San Pedro de La Paz.

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La información sobre la decisión del juez fue proporcionada por Alejandra Sivila, la denunciante en este caso. Sivila confirmó que el juez evaluó los argumentos que presentó la defensa de López y, tras esta valoración, optó por mantener la medida cautelar que implica la detención del exconcejal.

Próximos pasos en el proceso

Sivila también indicó que, tras haber concluido la fase de investigación, el Ministerio Público ahora se encuentra en la etapa de preparar la imputación formal contra Henry López. Esto es un paso crucial para iniciar el juicio oral en su contra.

De acuerdo con los plazos procesales establecidos, la parte denunciante tiene la intención de presentar una acusación formal. Este procedimiento es fundamental para asegurar la continuidad del proceso judicial en el que se encuentra involucrado el exconcejal.

Cargos en contra de López

Henry López enfrenta cargos por desobediencia a resoluciones constitucionales que fueron dictadas en el marco de una acción de defensa. La situación legal del exconcejal sigue siendo un tema de interés en la comunidad y en el ámbito judicial.

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Los condenados, Ali W. C. G. y Cristóbal R. D., deberán cumplir su pena en el penal de San Roque.

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que el Ministerio Público presentó pruebas que permitieron a los tribunales de Sentencia Penal Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Nº 1 y 2 dictar las penas máximas, demostrando la autoría del delito.

En el primer caso, el sentenciado Ali W. C. G. (27), fue condenado a 20 años por la violación de una adolescente de 15 años.

Los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre de 2024, cuando el sujeto aprovechó que la menor estaba sola en su puesto de venta al regresar del colegio en una comunidad de la carretera Sucre-Cochabamba.

Tras percatarse de que la víctima quedó embarazada, el agresor continuó el contacto a través de redes sociales y, en febrero de 2025, le proporcionó pastillas abortivas. Esta situación fue advertida por la madre y la hermana de la adolescente, quienes la llevaron al hospital, donde se confirmó el aborto provocado.

El segundo condenado, Cristóbal R. D. (68), también recibió una pena de 20 años por violar a una joven de 19 años que presentaba una discapacidad múltiple con grado grave (50%).

El agresor se aprovechó de un parentesco lejano para invitar a la víctima a comer y, con excusas, la sacaba de su cuarto para llevarla a distintos alojamientos cerca del Mercado Campesino de Sucre, donde procedía a ultrajarla entre agosto y noviembre de 2024.

A consecuencia de la violación, la víctima quedó en estado de gestación. Debido a su condición de salud, tuvo que someterse a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), conforme a la normativa vigente.

Para lograr estas sentencias, la Fiscalía presentó un “desfile probatorio” sólido, que incluyó elementos cruciales como el Formulario Único de Denuncias (FUD), informes psicológico y social, el certificado médico forense, el anticipo de prueba en Cámara Gesell, un informe sobre la exhumación del feto en el primer caso, y declaraciones testificales, los cuales resultaron fundamentales para demostrar la culpabilidad de ambos sujetos.

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Controversia por ascenso

El General Russo explicó que la controversia se originó por la denuncia de un mayor de la Policía al que se le impidió el ascenso. Sin embargo, el Comandante justificó su acción revelando un delicado antecedente del oficial: el denunciante tenía una investigación por narcotráfico.

“El oficial observado tenía observaciones en el cumplimiento de los requisitos, no tenía la cantidad de años para ser convocado a este postgrado porque había sido retirado por un proceso aparentemente por tráfico de drogas”, sostuvo Russo.

Decisión de la justicia

El Comandante afirmó que se cumplió con la determinación de la Sala Constitucional del Beni y que la Justicia, al dar por cumplida esta acción, subsanó la observación que pesaba sobre él.

Reacción de Edmand Lara

A pesar de la aclaración de Russo, Lara insistió en que “Russo ya no puede ser más comandante” por incumplir una orden constitucional. Además, afirmó que el General debería ser procesado por la vía penal.

Acusaciones de protección

Lara elevó el tono de la acusación al señalar que el Comandante cuenta con un “paraguas de protección” dentro de la institución. También mencionó que supuestamente cuenta con el apoyo del expresidente Luis Arce, lo que explicaría su permanencia en el cargo.

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Lara desestimó categóricamente las afirmaciones que vinculan a Vidovic con la fuga de Belaunde, presentando un certificado que asegura que el ministro no tiene antecedentes penales. “Nunca le han iniciado un proceso, nunca le han instalado una audiencia de medidas cautelares, nunca ha ido a un juicio. Vidovic fue secuestrado y torturado injustamente por el caso Belaunde, pero en realidad no tenía nada que ver”, sostuvo Lara.

El vicepresidente reconoció que fue él quien sugirió a Vidovic para el cargo, argumentando que es “el hombre indicado para cambiar el sistema de justicia” y coordinar el combate a la corrupción. “Pongo las manos al fuego por él, lo voy a defender”, manifestó Lara, recordando que Vidovic le brindó patrocinio legal en un momento en que no tenía recursos económicos.

Lara atribuyó las acusaciones a “grupos de poder de Santa Cruz” que buscarían desestabilizar el Ministerio de Justicia con la intención de colocar a Martín Camacho como titular de la cartera. En un mensaje directo al Presidente Rodrigo Paz, Lara afirmó que, aunque el jefe de Estado tiene la potestad de destituir a Vidovic, no existen pruebas en su contra y cuenta con su respaldo total.

Además, el vicepresidente dejó claras sus intenciones respecto a su rol en el gobierno. Paz le habría sugerido que se enfocara en la Vicepresidencia y podría no tener tiempo para las reuniones de gabinete. A esto, Lara respondió: “Yo quiero participar de las reuniones de gabinete como manda la Constitución y lo voy a hacer, y voy a exigir. No voy a permitir que me anulen”.

Lara concluyó su intervención con un mensaje sobre unidad en la lucha anticorrupción y advirtió: “Les vamos a dar la oportunidad de trabajar, pero al primer ministro que cruce de la línea del bien a la línea del mal, que se atenga a las consecuencias, porque corrupción no vamos a permitir”.

Reportes de prensa indican que Freddy Vidovic estuvo implicado en un proceso judicial por encubrir la fuga de Belaunde hace diez años. Según estas informaciones, se habría sometido a un juicio abreviado y recibió una sentencia de tres años antes de acogerse al perdón judicial.

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El Ministerio Público ha solicitado la detención preventiva del agresor, que fue aprehendido en Potosí y trasladado a Sucre.

El fiscal departamental, Mauricio Nava Morales, informó que se investiga el violento incidente ocurrido el 2 de noviembre en la ciudad de Sucre, en inmediaciones del mercado Tomás Katari.

El incidente tuvo lugar cerca de las 19:00 horas, en la calle Ottawa de la zona de Villa Armonía. Un grupo de niños se encontraba jugando cuando N. B. Q., un vecino del barrio que se encontraba en estado de ebriedad, salió de su domicilio.

El sujeto ofreció bebidas alcohólicas a los menores de edad. Tras ser ignorado por los niños, se dirigió a la víctima de 10 años, lo agarró del cuello con una mano, lo levantó y lo lanzó al piso.

El menor sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó un desmayo, recuperando la conciencia recién en el hospital.

El hecho generó una fuerte indignación social luego de que las grabaciones de las cámaras de seguridad de viviendas cercanas, que mostraban la brutal agresión, se viralizaran.

Nava Morales justificó la imputación y la solicitud de detención preventiva, argumentando que la agresión se produjo “sin motivo aparente” durante el feriado.

La determinación judicial se sustenta en sólidos elementos de convicción recabados: Formulario Único de Denuncia, informes psicológico y social, informe policial y declaraciones testificales, historial de antecedentes, grabaciones de las cámaras de seguridad y certificado médico legal de la víctima.

“El Ministerio Público ha resuelto imputar y solicitar la detención preventiva de este sujeto que agredió a un menor de edad sin motivo aparente,” enfatizó el fiscal departamental.

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“Promulgamos la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos cometidas en rupturas del orden constitucional, reafirmando nuestro compromiso con la justicia y la dignidad de quienes han sufrido estas injusticias”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

Beneficiarios de la ley

La ley está diseñada para beneficiar a las personas que fueron víctimas directas o indirectas de violaciones a sus derechos humanos entre el 1 de septiembre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020. Este periodo corresponde a la administración transitoria de Jeanine Áñez.

Mecanismos de reparación

Con la promulgación de esta ley, se establece que el Estado deberá implementar mecanismos de reparación integral para las víctimas de los hechos de violencia que se registraron en diversas partes del país. Entre los lugares más destacados se encuentran Sacaba y Senkata, donde organismos tanto nacionales como internacionales han catalogado los eventos como graves violaciones a los derechos humanos.

Medidas de reparación

La normativa incluye varias medidas de reparación que abarcan compensaciones económicas, atención médica y psicológica, acceso a la educación, reconocimiento público y programas de reintegración social. Además, se establecen garantías de no repetición, con el objetivo de prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro.

Compromiso del Estado

El Presidente Arce ha afirmado que la promulgación de esta ley simboliza un compromiso del Estado con los valores democráticos y la protección de los derechos fundamentales. Destacó que su aplicación busca cerrar una etapa de dolor y avanzar hacia la reconciliación nacional.

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El Ministerio Público cuestionó la resolución y exigió explicaciones al juez por no haber sido notificados, así lo reportó El Deber.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, denunció públicamente que ni la Fiscalía ni la parte denunciante fueron notificadas para ejercer oposición en la audiencia constitucional, lo que califica como una grave omisión procesal.

“Hemos tomado conocimiento de manera extraoficial de un fallo de acción de libertad dictada por el juez de Sentencia en lo Penal, mediante la cual se habría dispuesto la libertad del imputado. Llama la atención que, tras activar todos los mecanismos judiciales para su extradición, ahora se lo deje en libertad”, manifestó Zeballos.

La Fiscalía ya presentó un memorial ante el juez Herbert Zeballos Domínguez, del Juzgado de Sentencia Penal de la capital, solicitando que explique, complemente y aclare su decisión, así como las razones por las que se omitió notificar al Ministerio Público, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y a la parte civil.

El Fiscal General Róger Mariaca se sumó a las observaciones, instruyendo a la comisión de fiscales a revisar a detalle el fallo y coordinar con la víctima para definir los pasos a seguir. La Fiscalía también exigirá al Tribunal de Sentencia la pronta instalación del juicio oral, ya que el caso se encuentra en esta etapa por los delitos de violación a infante, niña, niño o adolescente y corrupción de menores.

La decisión del juez Zeballos, emitida el 1 de noviembre, revierte la detención preventiva que pesaba sobre Sebastián D. V. desde el 3 de abril, un día después de su llegada al país.

Sebastián D. V. había huido de Bolivia en 2023 para evadir la investigación tras la denuncia ocurrida en junio de 2023, un caso que conmocionó a Santa Cruz. Fue capturado en España en agosto de 2024 y su extradición a Bolivia fue un proceso legal complejo y costoso para el Estado.

La presunta agresión sexual involucra a un estudiante de 12 años que fue víctima de violación durante dos meses, presuntamente a manos de al menos cinco compañeros que utilizaban máscaras para cometer los abusos.

Mientras la Fiscalía insiste en continuar el proceso hasta una sentencia definitiva, el fallo que ordena su libertad desata gran preocupación entre la parte denunciante y la sociedad cruceña.

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Se trata de Leo C. V. quien tras su declaración fue trasladado hasta celdas policiales del departamento. La víctima por su parte, fue identificada como Wilder V. M., de 33 años.

El fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, indicó que durante el juicio el Ministerio Público presentó pruebas determinantes, entre ellas actas de denuncia, informes policiales, el acta de levantamiento legal del cadáver, declaraciones de testigos, un muestrario fotográfico y el secuestro de indicios materiales.

“La Fiscalía presentó pruebas contundentes que permitieron demostrar la autoría del acusado, por lo que el juez dictó 30 años de cárcel sin derecho a indulto”, señaló Mendoza, según una nota institucional de la Fiscalía General difundida este martes 4 de noviembre.

Según el fiscal a cargo del caso, Reinaldo Romero, el hecho se conoció luego de que la esposa de la víctima denunciara ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de San Borja que su concubino fue hallado sin vida en la comunidad Tsimane 08. La Fiscalía no precisó la fecha exacta del suceso.

Además, indicó que la motocicleta del fallecido se encontraba en poder del ahora condenado, quien era transportista. Ante la denuncia y las pericias, el hombre fue aprehendido y posteriormente procesado.

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Marinkovic, quien es un exlíder cívico, compartió esta iniciativa legislativa a través de sus redes sociales. En su mensaje, destacó que esta propuesta es parte de su compromiso esencial para restaurar la institucionalidad que, según él, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha “pisoteado”. Además, busca “rescatar a la justicia de la pobredumbre” en el país.

Este anuncio se produce pocos días después de que Marinkovic generara controversia dentro de su propia alianza. Cuestionó la elección directa de los jefes de bancada de Libre, exigiendo mayor transparencia y el ejercicio pleno de la democracia, de acuerdo con un informe de Erbol.

Postura firme sobre la política

En esta ocasión, el senador reafirmó su postura, indicando que los actores políticos deben dejar atrás “las mañas de la vieja política, del peguismo y de la transacción oculta, a espaldas del pueblo”.

Democracia y lucha nacional

Marinkovic vinculó directamente la lucha por la democracia interna con la lucha a nivel nacional. Afirmó: “Pedir democracia en todos los ámbitos no es otra cosa que defender principios. Si no actuamos democráticamente en todos los ámbitos, nuestra lucha de las 2 décadas pasadas, la persecución, el exilio y la cárcel de los nuestros habrá sido en vano”.

El senador agregó que, de no actuar de manera democrática, el autoritarismo y el abuso seguirán imperando en el país.

Optimismo por el nuevo gobierno

A pesar de las fricciones internas, Marinkovic expresó su optimismo sobre el futuro del nuevo gobierno del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Afirmó que, “por lo visto hasta ahora, tiene las cosas claras”.

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La mujer se sometió a una audiencia de procedimiento abreviado desarrollada en el Juzgado Civil y Familia e Instrucción Penal 1, donde admitió ser autora del crimen. El proceso que enfrenta es por el delito de infanticidio.

El informe de inicio de investigación, la valoración médico forense de la víctima cuando fue ingresada al hospital por múltiples golpes, entre otras pruebas, fueron valoradas por los miembros del juzgado en la audiencia, informó el fiscal departamental de Santa de Cruz, Alberto Zeballos.

De acuerdo con los antecedentes, el 29 de octubre personal médico de la Caja Petrolera de Santa Cruz (CPS) reportó a la Policía que dos niños de cinco y seis años, se encontraban en terapia intensiva con lesiones de consideración en la cabeza y cuerpo, según reportoó Erbol.

Después de haber batallado por su vida, la niña de cinco años perdió la vida por traumatismo craneoencefálico grave con edema cerebral y fractura de base de cráneo, mientras que su hermano de seis años continúa internado.

Dentro de este caso, la pareja de la ahora sentenciada también es investigada por los delitos de infanticidio en grado de tentativa e infanticidio.

/KMMN

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El hecho, registrado en el municipio de La Guardia, Santa Cruz, es el resultado de una venganza familiar que escaló desde una discusión hasta la violencia extrema.

Según la información recopilada por El Deber, los menores se encuentran internados en terapia intensiva. Ambos niños presentan fracturas en el cuerpo, con especial gravedad en la cabeza.

El fiscal Rolando Díaz indicó que la niña de seis años sufrió fracturas craneales “como si la hubieran golpeado con una cacha”, dejándola en un estado crítico con peligro de muerte.

Los médicos también reportaron que se extrajo un líquido oscuro del estómago de los menores, sugiriendo que habrían sido obligados a ingerir alguna sustancia, posiblemente aceite, según explicó el fiscal.

El ataque se desencadenó tras una fuerte discusión entre el papá de los niños y sus tíos. La tía, que se encontraba en estado de gestación, advirtió a su familiar que si perdía a su bebé, se vengaría.

“Hijo por hijo”, fue la amenaza que la tía le lanzó al padre de los pequeños.

Días después de la confrontación, la mujer perdió a su bebé, lo que la motivó, junto a su pareja, a planificar la venganza. Los agresores aprovecharon la ausencia de la abuela, que estaba a cargo de los menores, para entrar a la casa y someter a los niños a la tortura.

Tras el hallazgo y auxilio de los menores, las autoridades iniciaron la búsqueda de la pareja. Ambos fueron ubicados y aprehendidos en inmediaciones del cuarto anillo de la capital cruceña y puestos a disposición de la justicia.

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Felipe Hurtado, abogado de la acusada, indicó que la terapia será proporcionada por profesionales estatales y que su duración dependerá de la evaluación de los especialistas. Además, la mujer deberá presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público como parte de las medidas de seguimiento.

El abogado explicó que no se justificó la detención preventiva porque el menor afectado no presentó días de impedimento, requisito legal necesario para que alguien permanezca en prisión mientras se investiga. Por esta razón, la agresora continúa libre cumpliendo únicamente las medidas ordenadas por la juez.

Por su parte, la mujer ofreció disculpas al niño, a su familia y a la comunidad, asegurando que su conducta no volverá a repetirse. La madre del menor aceptó las disculpas, pero recalcó que no justifica la agresión, recordando que ella también es madre soltera y cuida a cuatro hijos.

“Uno no va golpeando por ahí a los hijos ajenos. Ella debió avisarme a mí lo que pasó, pero cuando yo le reclamé también me quiso agredir y estaba violenta”, relató la madre.

Sin embargo, el menor aún no perdona a la agresora, ya que recibió amenazas de la familia de la mujer

“Yo la perdono, pero no puedo ponerme en contra de mi hijo, tengo que apoyarlo. Él está con miedo porque lo han amenazado que si va a la plaza, le van a golpear”, afirmó la mujer.

El incidente ocurrió el sábado 18 de octubre en un micromercado de la zona Este de Santa Cruz, aunque las imágenes de la cámara de seguridad que mostraban el momento de la agresión se viralizaron recién tres días después en redes sociales.

En el video se observa cómo la mujer ingresa al local visiblemente alterada y golpea al niño, tras acusarlo de insultar a su hija de 10 años. El menor negó la acusación y explicó que solo le pidió a la niña que no sacara productos de la tienda sin pagarlos.

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El informe revela debilidades persistentes en áreas críticas como la independencia judicial, la corrupción y la protección de derechos fundamentales. Esto coloca a Bolivia entre los países más rezagados de América Latina.

Según el estudio, Bolivia presenta resultados bajos en los ocho factores que se utilizan para la evaluación. Estos factores son: limitaciones al poder gubernamental, ausencia de corrupción, orden y seguridad, derechos fundamentales, gobierno abierto, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En todos estos aspectos, el país se sitúa por debajo del promedio tanto regional como mundial.

Corrupción y sus efectos

El indicador más preocupante es la ausencia de corrupción, donde Bolivia se encuentra entre los últimos lugares del ranking global, con un puntaje de alrededor de 0,23. El informe advierte que los actos de corrupción impactan diferentes niveles del Estado, afectando a instituciones judiciales, policiales y administrativas.

Además, el deterioro de la independencia judicial y la débil fiscalización del poder político son otras de las principales preocupaciones que se destacan. Según el documento, las entidades que deberían controlar y sancionar los abusos de poder enfrentan limitaciones estructurales que disminuyen su eficacia.

Acceso a la justicia

El acceso limitado a la justicia y las demoras en los procesos judiciales siguen afectando la confianza de la ciudadanía en los tribunales. El informe señala que tanto el sistema penal como el civil presentan fallas en su eficiencia y en la garantía de derechos.

En la región, Bolivia se encuentra por debajo del promedio latinoamericano. En contraste, países como Uruguay, Chile y Costa Rica mantienen los niveles más altos en cuanto a Estado de Derecho.

Recomendaciones del informe

El estudio del WJP subraya la necesidad de fortalecer las instituciones públicas y de recuperar la confianza social. Estos son pasos fundamentales que se deben tomar para mejorar la situación jurídica e institucional del país.

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Este hecho, ocurrido el 28 de octubre de 2021, es considerado por las asociaciones de periodistas como un símbolo de la impunidad estructural que afecta el ejercicio del periodismo en Bolivia.

En un comunicado emitido conjuntamente, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC), citando el informe Las Londras, recuerdan que la impunidad en este caso debilita la democracia.

“Cuando los agresores de periodistas no son sancionados, se consolida un efecto de censura y autocensura que debilita la democracia”, sostiene el comunicado.

El informe detalla que la caravana de comunicadores, policías y trabajadores agrícolas fue emboscada por un grupo armado y encapuchado. Los periodistas fueron retenidos por más de ocho horas, donde fueron golpeados, torturados y amenazados de muerte, además de sufrir la destrucción de sus equipos.

Cuatro años después, el proceso judicial está paralizado. Las organizaciones detallan la situación de los imputados: Tres de ellos se encuentran en rebeldía y otros dos enfrentan el juicio en libertad.

La causa fue suspendida tras un recurso que busca llevar el caso a la jurisdicción indígena, una acción que, según las víctimas, es una maniobra para revictimizar e intentar evadir la justicia ordinaria.

NOTA DE PRENSA CASO LAS LONDRAS (1)Descarga

La ANPB y la APSC advierten que las dilaciones en el caso, los cambios “arbitrarios” de fiscales y la falta de debida diligencia demuestran una falla estructural del sistema judicial boliviano para garantizar justicia y protección a la prensa.

El comunicado subraya que esta impunidad “no solo afecta a las víctimas directas, sino que envía un mensaje de intimidación al conjunto del periodismo nacional”.

Finalmente, el informe insta al Estado boliviano a cumplir con sus obligaciones internacionales y adoptar medidas urgentes, entre ellas la reanudación inmediata del juicio oral, la creación de un Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas como Defensores de Derechos Humanos y la implementación de políticas efectivas de reparación y no repetición.

El periodista Percy Suárez, víctima del ataque, reitera la exigencia de las víctimas: “Callar no es una opción cuando está en juego la libertad de prensa”.

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El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, confirmó que el Ministerio Público demostró con pruebas la culpabilidad del agresor ante el Tribunal 5º Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer.

Según el informe de la fiscal litigante, Dubravka Jordán, el hecho ocurrió el 13 de noviembre de 2024, cerca de las 23:00 horas, en la zona Vino Tinto de la ciudad de La Paz.

La víctima, estaba subiendo las gradas de su casa cuando fue interceptada por su expareja. El agresor la abordó para reclamarle y exigirle que regresaran.

“Ante la negativa, el sujeto sacó un cuchillo y apuñaló a la joven madre,” detalló la fiscal.

Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos y a su hermana, quienes intervinieron, auxiliaron a Giovanna y lograron aprehender al sujeto en el lugar. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de La Merced, donde se recuperó de las heridas que le provocaron 45 días de incapacidad médica, según el certificado forense.

El fiscal Luis Carlos Torrez explicó que las pruebas cruciales presentadas en el juicio, muchas de ellas registradas en el Ecosistema ROMA, incluyeron: Registro del lugar de los hechos, declaraciones testificales clave y la valoración psicológica de la víctima.

Además del acta de evidencias que confirmaba el hallazgo de dos armas punzocortantes entre las pertenencias del sentenciado.

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La familia y amigos de Paúl Nina velan sus restos este domingo, recordándolo como una persona talentosa y de gran calidad humana. Paúl cursaba el sexto semestre de la carrera de Agronomía y era reconocido por su dedicación académica y por su pasión por el arte.

Jheison Tellez Flores, hermano de la víctima, expresó a Unitel el profundo dolor de la familia: “Mi hermano era una persona muy valiosa para nosotros. Era un artista al cual amábamos, queríamos, porque él con su presencia siempre alegraba ya sea en familia, amistades, universidades como sus mismos compañeros lo dicen”.

Además de sus estudios en prácticas de cultivo, el joven se destacaba como músico, tocando instrumentos de viento. Sus allegados lo describen como una persona alegre y caritativa, cuya pérdida deja un vacío inmenso.

El cuerpo de Paúl Nina está previsto para ser sepultado el lunes en el cementerio general de Cochabamba.

La investigación policial ha arrojado un primer avance significativo. Según fuentes cercanas al cuadernillo de investigación, un hombre fue aprehendido y es señalado como el presunto autor material del crimen.

Los familiares de la víctima han señalado que tienen entendido que el aprehendido ya habría confesado la autoría del asesinato. “La verdad quisiera que se haga justicia, porque ya lo tienen al culpable. Tenemos entendido que ya ha confesado, solamente pedimos como familia doliente que se haga justicia”, agregó Tellez.

Mientras la Fiscalía y la Policía continúan trabajando para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este trágico hecho en la Facultad de Agronomía, la familia y la universidad aguardan la presentación de un informe oficial que detalle los móviles y la cronología del asesinato de Paúl Ricardo Nina Flores.

La comunidad exige celeridad a las autoridades para que se aplique todo el peso de la ley al responsable y se garantice la seguridad en los predios universitarios.

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El crimen ocurrió en septiembre de 2024 en la zona de Coña Coña, en Cochabamba. Los dos acusados, identificados como Fabio y Darío, admitieron el delito y se sometieron a un procedimiento abreviado, siendo declarados culpables por el delito de lesiones graves seguido de muerte.

Según información publicada por Unitel, la víctima, salió de su vivienda en horas de la noche para comprar comida, cuando fue falsamente acusado por vecinos de intentar ingresar a un domicilio.

Al asustarse y tratar de escapar, el joven, que tenía capacidades especiales, fue alcanzado por los dos condenados. Ambos lo arrastraron y comenzaron a propinarle una brutal golpiza, concentrando los ataques en la cabeza. Los golpes severos le provocaron la pérdida del conocimiento y, posteriormente, la muerte, según el informe forense.

El violento hecho fue capturado por cámaras de seguridad de la zona, lo que resultó crucial para que la Policía lograra identificar y aprehender a los responsables.

La hermana de la víctima, visiblemente afectada, relató la versión de los hechos: “Él (Richard) me dijo que iba a comprarse comida (…) luego los vecinos me han llamado diciendo que mi hermano estaba muerto, botado ahí en un rincón. Fabio y don Darío lo han matado a mi hermano. Se ve videos donde lo han matado.”

Richard Flores González, pese a su discapacidad mental, trabajaba como albañil. Era padre y mantenía a su hija de 10 años.

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El abogado de la familia de la víctima, Giovani Gónzales, confirmó la decisión y señaló que el juicio oral por la desaparición de Odalys se iniciará en el mes de noviembre, reportó Unitel.

“Estamos pidiendo 30 años de cárcel sin derecho a indulto para Joel”, declaró Gónzales.

Las acciones legales de la familia de Odalys también se extienden a los padres de Joel, quienes se encuentran con detención preventiva y serán convocados a juicio oral, acusados por su presunta participación en el hecho.

15 años de cárcel para los padres de Joel P. por el delito de feminicidio en grado de complicidad. El delito de encubrimiento para José A. y para una amiga de Odalys.

El abogado recordó que, en abril de este año, un amigo de Joel ya fue sentenciado a dos años de prisión por el delito de encubrimiento. Sin embargo, esta persona quedó en libertad tras acogerse al “perdón judicial”.

Odalys Vaquiata desapareció, mientras realizaba un viaje a Tocaña, en los Yungas de La Paz, en compañía de su entonces novio, desde entonces, la joven madre no ha sido hallada.

Desde el día de su desaparición, se han realizado múltiples operativos policiales y rastrillajes en los Yungas, con despliegue de personal especializado, pero hasta la fecha, no existen rastros de Odalys.

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La justicia determinó que ambos sean detenidos en el penal de San Pedro por cuatro meses mientras avanzan las investigaciones.

ROBOS AGRAVADOS EN ORURO

Investigaciones por el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía permitieron relacionar a los dos implicados en tres robos agravados que se denunciaron en la zona Sur de la urbe orureña.

El director de la Felcc, coronel Martin Arequipa, explicó que el peruano y el boliviano están involucrados en el robo de 100 mil bolivianos que se reportó el pasado 27 de junio, a las 10:45 horas, cuando ingresaron a una vivienda en las calles Capitán Barriga entre 12 y avenida de Circunvalación.

Los antisociales ingresaron portando un arma de fuego para robar el botín. Al darse a la fuga se toparon con el dueño, a quien rociaron con gas pimienta.

El otro ilícito ocurrió la tarde del martes 9 de septiembre cuando ingresaron a una vivienda de la avenida Circunvalación y pasaje Uruguay. Los autores robaron 50 mil dólares y 270 mil bolivianos de un comerciante del mercado Kantuta.

“Es así que se inician también las investigaciones. Todavía no se tenía una relación con el primer caso. Pero el tercer caso nos hace relacionar plenamente con la actividad delictiva de estas personas”, sostuvo el jefe policial.

El tercer hecho delictivo ocurrió la mañana del 16 de septiembre en la urbanización Santa Ana. Mientras la víctima fue a dejar a su hija a la guardería, al regresar lamenta que sus canes fueron envenenados y se robaron una cámara profesional valuada en 25.000 bolivianos y una laptop.

“Lo curioso del caso es que esta persona tenía un préstamo de 350.000 bolivianos que los sacó para hacer un depósito. Los ladrones no encontraban el dinero en el sector. Ellos ya tenían la información de que había un monto elevado de dinero al interior de dicha vivienda”, expuso.

IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES

El jefe policial detalló que la colecta de evidencias, la declaración de las víctimas y de testigos permitió relacionar los casos y poder capturarlos el viernes 17 de octubre tras interceptar un vehículo en el que viajaban.

La Policía identificó que los delincuentes se trasladaban en un automóvil Renault y en un automóvil Suzuki que tenían la misma placa, pero diferentes colores.

En el allanamiento a su domicilio se halló una serie de elementos e indicios que utilizaban para perpetrar los robos. El coronel informó el hallazgo de diferentes equipos celulares, una tablet, un chaleco que es la vestimenta, cortafríos, radios handy con manos libres, una llave maestra y dinero.

También hallaron ladrillos prefabricados con orificios especiales para introducir cámaras de vigilancia. “Estos sujetos no se quedaban en el lugar a observar y vigilar el domicilio donde iban a ingresar. Ellos dejaban estos ladrillos en el sector y hacían una verificación o un control remoto desde otro lugar para tener la certeza de que estas personas podían ingresar sin ningún tipo de problema”, explicó.

Por una cámara de video vigilancia también se determinó que los antisociales ingresaban en tiempo extra a los domicilios gracias a una llave maestra.

CÁRCEL

El domingo, durante el balotaje, la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva de ambos implicados en el recinto carcelario de San Pedro por un tiempo de cuatro meses. Se estima que en próximos días se desarrollarán las audiencias del caso del robo de 100 mil bolivianos y de la sustracción de la cámara profesional.

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El primer caso se registró en el municipio de San Ignacio de Moxos, en junio el 2023, cuando Celso agredió sexualmente a una menor de 11 años, aprovechando que las niñas le ayudaban a cargar leña, una de ellas le avisó a su madre lo que vio; posteriormente se denunció a la Policía el hecho y fue aprehendido, según lo informado por la Fiscalía General del Estado.

En el segundo caso, Antonio C. L, de 40 años, cometió el mismo delito contra su hijastra desde los seis hasta los 19 años en el municipio en la ciudad de Trinidad.

“Durante las audiencias de juicio oral, se presentaron las pruebas recolectadas en la investigación como el informe de acción directa, actas de denuncia, certificados médicos forenses, valoraciones psicológicas, registros del lugar, declaraciones en Cámara Gesell y otras que fueron valoradas por los miembros de los Tribunales para sentenciar a los agresores sexuales”, señaló Mendoza a través del fiscal departamental de Beni.

/KMMN

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Una comisión, compuesta por miembros de Control, Fiscalización y Transparencia, se ha presentado en varios despachos judiciales, incluyendo el Juzgado Décimo. Su labor consiste en realizar una revisión exhaustiva de memoriales y expedientes, según lo informado por Unitel.

Declaraciones del consejero

El consejero Carlos Spencer ha confirmado la intervención y ha advertido que serán “implacables en sancionar” a las autoridades jurisdiccionales responsables si se confirman las irregularidades. “Estamos aquí para verificar si existe retardación de justicia en el juzgado décimo, atendiendo las denuncias que han llegado a Sucre y a mi persona”, declaró Spencer.

El consejero añadió que, en caso de confirmarse las irregularidades, se aplicarán sanciones que pueden ser leves, graves o incluso penales a los responsables.

Autorización para intervenir

Según Spencer, la intervención se llevó a cabo con la autorización del juez y la secretaria de los juzgados involucrados. Esta acción forma parte de una estrategia más amplia para garantizar la celeridad procesal en el sistema judicial.

Resultados de la intervención

La intervención permitió constatar que, mientras algunos juzgados mantienen sus procesos al día, otros muestran indicios claros de mora procesal. En los casos donde se encontraron estos indicios de retraso, la comisión procedió a retener memoriales y expedientes.

Esto se realiza con el fin de llevar a cabo un levantamiento técnico que permita determinar responsabilidades específicas en cada caso. La acción del Consejo de la Magistratura busca mejorar la eficiencia del sistema judicial y garantizar el derecho a una justicia oportuna.

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Nina fue recibida con una banda de música y guirnaldas por dirigentes del llamado “evismo” en Cochabamba. Al salir, la exdirigente expresó que su encarcelamiento solo sirvió para fortalecer su convicción, según informó Unitel.

Declaraciones de Ruth Nina

“Me han encarcelado y amordazado, pero hemos resistido. Lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Salimos más fortalecidos para luchar por todas las mujeres”, declaró Nina al ser liberada.

Cargos en su contra

Ruth Nina fue aprehendida el 24 de julio y enfrentaba cargos por presuntos delitos de instigación pública a delinquir, amenazas y obstrucción al proceso electoral. Estos cargos surgieron a raíz de sus polémicas declaraciones en un ampliado realizado en Lauca Ñ.

Durante ese evento, Nina advirtió que en las elecciones del 17 de agosto “el TSE en vez de contar votos, va a contar muertos”. La liberación de Nina se concretó luego de que la justicia le otorgara medidas sustitutivas a la detención preventiva.

Planes a futuro

Sobre su futuro inmediato, la exdirigente comentó que desconoce lo que ha ocurrido en el país durante su encierro. Aseguró que primero se reunirá con su familia y sectores sociales antes de tomar cualquier decisión política.

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Uno de los implicados es el propio padre de la menor de edad, un ciudadano boliviano de 38 años de edad.

El hombre presuntamente usó sustancias psicoactivas para cometer la agresión sexual que descubrió la madre al volver a casa de su trabajo, reportó el diario El Mundo.

La Policía Nacional ejecutó el arresto el sábado pasado 4 de octubre luego de la denuncia de la madre, que se percató de la agresión sexual cuando llegó a su casa y llamó a la Policía, informaron fuentes vinculadas con las investigaciones.

Notablemente afectada, la mujer denunció los hechos y comunicó que temía que no fuera la primera vez que las violaciones habían tenido lugar, según Telemadrid.

El personal del Servicio de Atención Municipal de Urgencias y Rescate (Samur) confirmó la agresión sexual que sufrió la menor de edad.

El veredicto selló el arresto de los tres hombres que se encontraban en el domicilio y fueron puestos a disposición de los operadores de la justicia española, mientras que la niña fue trasladada a un hospital.

Los arrestados son el padre de la niña y otros dos hombres de 33 y 24 años que convivían en el mismo domicilio.

Asimismo, en una de las habitaciones de la vivienda, los policías encontraron restos de sustancias estupefacientes, añadió el reporte de Telemadrid.

/KMMN

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De acuerdo con los testigos, la mujer de 80 años fue interceptada por dos sujetos, quienes la tomaron por la fuerza y procedieron a agredirla sexualmente.

“A las 12:15 justamente que la señora salió de su casa a recoger algunos pastos, es de 80 años, tercera edad, ahí dos jóvenes la interceptaron, le han sorprendido (…), los albañiles que estaban trabajando en el techo de al lado han visto y justamente lo han agarrado”, contó un vecino a Unitel.

Según informaron, fueron los gritos de la víctima los que alertaron a unos trabajadores y posteriormente a los vecinos, quienes rápidamente salieron de sus casas para intervenir.

Sin embargo, se conoce que eran dos los presuntos agresores, pero solo uno pudo ser capturado, mientras que el otro logró darse a la fuga.

Por su parte, la mujer fue auxiliada y llevada a un centro médico para que sea valorado, donde se conoció que se encuentra estable. Sus hijas piden justicia y que no se deje en libertad al agresor.

“¿Cómo le van a hacer así a mi mamá? Ese chico es conocido, a media cuadra de la vuelta de la casa de mi mamá vive. Queremos justicia por mi madre”, manifestó acongojada una de las hijas de la víctima.

El acusado fue entregado a efectivos de la Policía, quienes lo ingresaron a celdas de una de sus unidades a la espera de que el Ministerio Público lo impute.

Asimismo, dirigentes de la zona piden mayor seguridad, debido a que el hecho se habría registrado cerca de una unidad educativa, además de que se cierren las licorerías que, según ellos, atraen malvivientes.

“De todas maneras pedimos los cierres de las licorerías y el domingo, que tenemos reunión, vamos a tomar las acciones igual como OTB”, agregó un vecino a Unitel.

Se espera conocer un informe oficial por parte de las autoridades correspondientes con relación a este hecho de violencia que se registró en contra de esta adulta mayor.

/KMMN

La entrada Sujeto violó a su vecina de 80 años en Cochabamba se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El comandante departamental de Policía de Oruro, general Helsner Torrico, explicó que el implicado, tras cometer el crimen, trató de eliminar evidencia y los objetos con los que victimó a Blanca e incluso robó algunas pertenencias de la mujer.
El ruteo de cámaras y las pesquisas por el Departamento de Inteligencia Criminal (DIC) de la Felcv permitieron establecer el lugar en el que tomó un taxi para huir y a qué vivienda ingresó. El viernes 10 de octubre, aproximadamente a las 14:00 horas, el implicado fue aprehendido en inmediaciones de la plaza Sebastián Pagador.
Blanca fue encontrada semidesnuda, oculta en un armazón de madera y entre cartones dentro la vivienda. Fue asfixiada y golpeada violentamente.
Nelson Antonio tiene antecedentes policiales y penales. Cuenta con una causa por tráfico de sustancias controladas de fecha 15 de febrero del 2012 y de violencia familiar y doméstica de la gestión 2024.

/ LA PATRIA

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Agustín fue absuelto de un crimen que no cometió gracias a una prueba de ADN que demostró su inocencia, y ahora su única meta es volver a su natal Achacachi para recuperar su vida en el agro.

“Me han acusado con mentiras. Yo soy inocente. No cometí ningún delito”, afirmó Agustín en aymara tras recuperar su libertad este viernes. Fue recibido por activistas y abogados que lucharon incansablemente por su caso, según reporte de Unitel.

Agustín fue aprehendido en marzo de 2024 por una supuesta violación que, según la denuncia, ocurrió en 2022. La persona que lo acusó aseguró que Agustín embarazó a la presunta víctima, cuyo bebé falleció seis meses después.

El abogado de Agustín, Rodolfo Riveros, explicó que una prueba de ADN fue la clave que probó la inocencia del adulto mayor. “La justicia ha determinado libertad pura y simple, inocencia y acusación de denuncia falsa”, afirmó Riveros.

Un factor agravante en el proceso fue la barrera idiomática: Agustín habla aymara y no castellano. Esta situación impidió su participación adecuada en muchos actos investigativos, obligándolo a firmar documentos sin plena comprensión.

El abogado Riveros anunció que buscarán que se resarza el daño sufrido, tanto por parte de la persona que impulsó la falsa denuncia, como de los funcionarios que no cumplieron con su deber en la investigación.

Además, se descubrió graves antecedentes de la denunciante: La mujer que inició la falsa acusación está supuestamente vinculada a otros dos casos de violación en Achacachi, utilizando a la misma víctima.

También existen datos de que esta persona tiene vínculos con un caso de trata y tráfico en El Alto, además de tener familiares acusados de presuntos delitos de falsificación de documentos.

Virginia Ugarte, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto, aseguró que brindarán ayuda temporal a Agustín, ya que no tiene dónde quedarse ni dormir.

Por otro lado, la APDH también pedirá la sanción de todos los fiscales, funcionarios y trabajadores que no atendieron al acusado en su idioma nativo, vulnerando sus derechos.

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El diputado Alberto Astorga advirtió que un próximo gobierno opositor activará la detención de forma inmediata. Por otro lado, la diputada Gladys Quispe sostuvo que el proceso tiene fundamentos débiles y no hay víctimas identificadas. El viceministro Gustavo Torrico reconoció que la aprehensión debe cumplirse, pero advirtió que su ejecución debe ser cuidadosamente planificada para evitar una escalada de violencia.

Astorga, parlamentario de Alianza Libre, señaló que Evo Morales ha sido protegido por el actual Gobierno de Luis Arce, al que calificó como “pusilánime y mediocre”. Afirmó que Morales se encuentra “autoexiliado” en el Chapare, resguardado por “narcotraficantes y gente armada”. Para el legislador, la inacción del Ejecutivo es una muestra de privilegio político y aseguró que, si Jorge Tuto Quiroga gana la presidencia, la orden de aprehensión se ejecutaría “a los 10 minutos”, enviando a Morales al penal de Chonchocoro por los delitos de estupro, trata y tráfico.

Defensa de Morales

Desde la vereda opuesta, la diputada Gladys Quispe, del ala evista del MAS, defendió a Morales, negando la legitimidad del proceso judicial. Afirmó que se trata de un caso “armado” y de “persecución política”, sin que exista una víctima reconocida en el expediente. Esto contrasta con el caso que involucra al presidente Luis Arce, donde, según dijo, sí hay un denunciante.

Para Quispe, la no ejecución de la orden responde a un proceso judicial sin sustento real. Reiteró que Evo Morales no es candidato y criticó que continúe siendo el eje de los ataques opositores.

La postura del gobierno

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, asumió una postura intermedia. Reconoció que la orden de aprehensión debe cumplirse porque es un mandato judicial, pero advirtió sobre el riesgo de una respuesta social violenta, especialmente en el Trópico de Cochabamba.

“Hay que medir todas las consecuencias. No se trata solo de enviar soldados y lanzar gases”, afirmó. Torrico señaló que una detención inmediata podría derivar en movilizaciones que busquen victimizar a Morales, presentándolo como perseguido por su condición indígena. Aun así, insistió en que no se puede permitir la impunidad y calificó de “vergüenza” que se intente aplicar justicia comunitaria para delitos comunes.

Investigación electoral y posibles estrategias

Respecto al intento de algunos sectores parlamentarios de conformar una comisión especial para investigar los resultados electorales y justificar una eventual anulación del proceso, Astorga alertó que se trataría de una estrategia para frenar la segunda vuelta y prolongar mandatos en la Asamblea.

Para el diputado, el objetivo de estos sectores, incluidos algunos evistas y opositores “comprados”, es evitar que un nuevo gobierno haga cumplir las órdenes de aprehensión. Quispe, por su parte, defendió la creación de la comisión, señalando que su propósito es dar transparencia al proceso electoral.

Torrico, en cambio, consideró que la narrativa del fraude electoral busca instalar un “golpe blando” para habilitar nuevamente a Morales, quien ya se pronunció asegurando que fue víctima de manipulación y que habría ganado la primera vuelta.

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La historia política de América Latina está marcada por una constante tensión entre el poder y la justicia. Desde los años 70 hasta hoy, decenas de expresidentes han enfrentado procesos judiciales por delitos que van desde corrupción y fraude hasta violaciones de derechos humanos. Esta realidad no solo refleja una debilidad institucional crónica, sino también una cultura política que ha normalizado el abuso de poder.

Veinticinco expresidentes latinoamericanos han sido sometidos a procesos judiciales entre 1970 y 2025 categorizados como corrupción, lavado de dinero, conspiración, entre otros. La tabla que registra estos incidentes es un testimonio contundente del problema.

Hay nombres como Evo Morales (Bolivia), Álvaro Uribe (Colombia), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Rafael Correa (Ecuador) y Ricardo Martinelli (Panamá). Todos estuvieron involucrados en procesos judiciales que sacudieron sus países. Algunos fueron condenados, otros investigados, y unos pocos absueltos. Pero el patrón es claro: el poder presidencial en América Latina ha sido, con demasiada frecuencia, una plataforma para el enriquecimiento personal, la manipulación institucional y la impunidad.

La justicia llega tarde, pero llega

Uno de los aspectos más llamativos de esta lista es que muchos de los procesos judiciales se inician una vez que los mandatarios dejan el poder. Esto revela una justicia que parece débil durante el ejercicio presidencial pero que se activa cuando el poder político se desvanece. Es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por administración fraudulenta, y de Álvaro Uribe, quien enfrenta prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno. En otros casos, como el de Lula da Silva, la condena fue anulada por irregularidades procesales, lo que plantea dudas sobre la independencia judicial.

Este fenómeno tiene consecuencias profundas. Por un lado, muestra que la justicia puede funcionar, aunque con lentitud. Por otro, evidencia que los sistemas judiciales están expuestos a presiones políticas, lo que mina la confianza ciudadana en las instituciones. La percepción de que los poderosos solo enfrentan consecuencias cuando ya no tienen poder es corrosiva para la democracia.

¿Más de lo mismo?

En 2025, América Latina sigue enfrentando escándalos de corrupción y crisis institucionales. Por ejemplo, en Guatemala, el Ministerio Público es acusado de perseguir a jueces y fiscales independientes. En Perú, la inestabilidad política ha llevado a la sucesión de varios presidentes en pocos años, muchos de ellos investigados por corrupción. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por el uso político de la fiscalía general. Y en Ecuador, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 dejó al descubierto los vínculos entre política y crimen organizado.

Estos hechos actuales confirman que la relación entre política y justicia sigue siendo conflictiva. La impunidad, la manipulación judicial y la falta de transparencia continúan siendo obstáculos para el fortalecimiento democrático. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, reclama cambios profundos que permitan construir instituciones sólidas y confiables.

¿Cómo enfrentar el problema?

La producción de recetas para luchar contra la fragilidad institucional latinoamericana no es cosa nueva. En la región, han proliferado procesos de reforma estatal y se han firmado cientos de convenios con agencias internacionales y otros gobiernos para mejorar las capacidades de los estados. Sin embargo, es evidente que las tareas pendientes son muchas.

Es necesario fortalecer la independencia judicial y garantizar que los jueces y fiscales puedan actuar sin presiones políticas. Esto implica reformas en la selección de magistrados, mecanismos de control ciudadano y protección para los administradores de justicia. La independencia judicial no es solo un principio democrático, sino una condición necesaria para combatir la corrupción.

La opacidad es aliada de la impunidad. Por eso los gobiernos deben implementar políticas de transparencia activa, facilitar el acceso a la información pública y promover el periodismo de investigación. La ciudadanía debe tener herramientas para fiscalizar a sus representantes y exigir rendición de cuentas.

La lucha contra la corrupción no se gana solo en los tribunales, sino también con educación cívica. Es necesario fomentar una cultura democrática que valore la ética pública, el respeto a la ley y la participación ciudadana. La educación cívica debe ser parte central de las políticas públicas y no un accesorio nostálgico.

Estas recomendaciones, que reúnen las bases indispensables de la democracia occidental liberal, no están escritas en piedra. Requieren una actualización constante. A medida que el mundo avanza, crecen también las tareas para resolver. Así, las leyes que sirvieron en el pasado para garantizar la independencia de poderes y evitar la corrupción, hoy pueden estar obsoletas.

Oportunidad para cambiar

La relación entre política y justicia en América Latina ha sido históricamente difícil, pero no está condenada al fracaso. Los procesos judiciales contra expresidentes, aunque tardíos, son señales de que la impunidad puede ser enfrentada. Sin embargo, para que estos casos no sean excepcionales, se requiere un compromiso firme con la institucionalidad, la transparencia y la participación ciudadana.

América Latina tiene la oportunidad de transformar su cultura política. Sorprendentemente, a pesar de la creciente presencia del crimen organizado y de la violencia, sigue siendo una región de paz y mayoritariamente democrática. Ese valor es un diferencial ante otras regiones que, por paradójico que parezca, tienen mayor influencia en la agenda internacional.

La ciudadanía está más alerta, los medios más activos, y las redes sociales han democratizado la información. Si se logra fortalecer la justicia, educar en valores democráticos y exigir transparencia, la consecuencia esperable es la de sociedades en las que el poder no sea sinónimo de impunidad, sino de responsabilidad.

/ Texto publicado originalmente en Diálogo Político

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La determinación fue asumida este sábado 27 de septiembre tras una audiencia de apelación, en la que el juez concluyó que la medida domiciliaria otorgada previamente no correspondía, debido a que había superado el tiempo máximo establecido por la normativa.

“La juez ha revocado esta detención domiciliaria ya que no aplicaba la temporalidad que ellos alegaban. Ya había transcurrido el tiempo que debería estar detenido”, explicó Mauricio Montaño, padre de la víctima identificado como Youssef Montaño.

El caso, que comenzó en la etapa de recolección de pruebas, se encuentra ahora en una fase más avanzada. Sin embargo, según explicó Montaño, aún existe riesgo de obstaculización de la investigación, ya que varios testigos todavía no prestaron sus declaraciones ante el Ministerio Público.

El pasado 12 de septiembre, un tribunal había dispuesto el cese de la detención preventiva de Alejandro Z. y autorizado su traslado a un régimen de arresto domiciliario. No obstante, el acusado no llegó a abandonar el penal debido a que su defensa continuaba con los trámites legales.

Con la nueva decisión judicial, el principal acusado del caso “Joker” deberá permanecer privado de libertad en el penal de San Pedro hasta que concluya la investigación y se defina su situación jurídica.

SOBRE EL CASO

El hecho ocurrió la madrugada del 13 de abril en la zona de Sopocachi, La Paz. Cuando el principal acusado apuñaló a tres jóvenes durante una fiesta, uno de los cuales falleció.

El hecho llamó la atención porque, según testigos y videos, el detenido estaba disfrazado como el personaje Joker al momento de la agresión. Además, algunos señalaron que el incidente fue en defensa propia.

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La víctima dentro del penal fue identificada como Idel Brandon Rodríguez Da Silva, un ciudadano brasileño de 36 años acusado de asesinato. Rodríguez Da Silva fue apuñalado el martes, tan solo dos días después de haber sido trasladado desde el penal de Mocoví, Trinidad, hasta El Abra por motivos de “seguridad”.

Según los informes de la Fiscalía, Rodríguez Da Silva fue asesinado, recibiendo 25 puñaladas. Las investigaciones preliminares sugieren que el crimen se debió a rencillas personales con otro interno, Marco Antonio Flores Paucara, también recluido por asesinato.

La esposa del reo, al recibir la información del asesinato de su pareja, sufrió un paro cardíaco fulminante y falleció. Actualmente, el cuerpo de la mujer está siendo velado por sus familiares en Trinidad. La doble tragedia ha dejado a sus tres hijos en completa orfandad.

Familiares, claman por justicia y ayuda para los menores. “No solo ha fallecido él, asesinado aquí, sino que su esposa, al recibir la noticia, tuvo un ataque cardíaco y falleció también. Ahora la están velando en Trinidad”, declaró una pariente.

La prioridad de la familia es lograr el traslado de ambos cuerpos a Beni para darles cristiana sepultura juntos. Además, ante la vulnerabilidad en la que se encuentran los niños, se hace un llamado urgente a las autoridades y la sociedad para obtener apoyo psicológico y emocional que les permita lidiar con este trágico desenlace.

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Cáceres fue detenido después de que un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) encontrara un laboratorio en la zona donde se lleva a cabo un proyecto de explotación de áridos.

Negación de vínculos

La exautoridad negó tener cualquier conexión con la fábrica de cocaína y aseguró que esta no se encontraba dentro de su terreno. “Estoy en dos hectáreas a la orilla de un río, donde con un socio amigo implementamos una chancadora y ahí estábamos trabajando. Realmente yo en este tema, pues, nada tengo que ver”, declaró Cáceres.

Confianza en la justicia

Felipe Cáceres pidió que el caso no sea politizado y expresó su confianza en que la justicia esclarecerá los hechos. Además, cuestionó el trato que ha recibido en redes sociales, donde afirmó haber sido “sentenciado” sin pruebas suficientes.

Impacto en su familia

“No miden consecuencias, porque detrás de mí tengo mi familia, tengo hijos y eso destruye. Que estén contentos, que se rían”, señaló Cáceres en una entrevista con Kawsachun Coca.

Detención domiciliaria

Cáceres cumplirá la medida de detención domiciliaria mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

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Fuentes de la Fiscalía informaron que el Juzgado de Instrucción en lo Penal N° 4 de la capital orureña, dispuso la detención preventiva por seis meses en San Pedro, zona Norte de la urbe orureña.

El crimen sexual salió a la luz en febrero de este año cuando la abuela de la víctima llevó al niño al Hospital General San Juan de Dios por un dolor de muela. Durante la revisión médica, el personal sanitario descubrió que el menor presentaba desgarros anales.

La gravedad de la lesión llevó a una entrevista psicológica, donde el niño develó que fue agredido física y sexualmente por su propio padre en repetidas ocasiones, según informó la fiscal de materia, Patricia Landaeta.

A raíz de esta denuncia, la Fiscalía emitió la imputación formal por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; el implicado fue declarado en rebeldía durante una audiencia cautelar, por lo que, el juez emitió la orden de aprehensión contra el padre.

La captura del sujeto se dio de manera inesperada. Fue detenido por la Policía por una denuncia de violencia familiar presentada por su nueva pareja en la localidad de Sabaya. Al ser trasladado a dependencias de la Felcv, las autoridades descubrieron que el hombre contaba con una orden de aprehensión pendiente por el caso de violación contra su hijo.

El menor, quien vivía con su abuela, ha sido acogido a un centro de protección junto a su hermano menor. Esta medida se tomó debido a la incapacidad económica de la abuela para sustentarlos. Se sabe que la madre del menor está en Chile, pero se desconoce su paradero exacto.

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El fiscal a cargo del caso, Hernán Kieffer, confirmó la decisión judicial. “El domingo se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares y se admitió la solicitud de detención preventiva para estas tres personas en el penal de Chonchocoro, por un periodo de seis meses”, declaró.

Según el reporte fiscal, los tres sujetos aprovecharon la situación de vulnerabilidad de la víctima para cometer la agresión sexual dentro del vehículo de servicio público.

“Se investiga la presunta comisión del delito de violación. El vehículo fue identificado y, al momento del secuestro del motorizado, se aprehendió a dos sujetos y al conductor. Se los acusa por los delitos de violación, robo y robo agravado”, detalló el fiscal.

La víctima presentó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), la cual actuó rápidamente para dar con el paradero de los acusados. La intervención permitió la identificación y secuestro del motorizado, así como la aprehensión de los tres involucrados.

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El reconocimiento de este vínculo personal fue uno de los argumentos que Ávila presentó en su solicitud de excusa, con la intención de proteger la imparcialidad del proceso judicial. Sin embargo, su solicitud fue desestimada, permitiéndole continuar presidiendo el juicio oral.

“La jueza asignada al caso de mi hermana reconoció que el abogado de la parte contraria es su abogado de confianza (…). No obstante, dicha excusa fue rechazada”, comentó Alejandro Vaquiata, hermano de la joven desaparecida, en una publicación en redes sociales. A pesar de su inquietud, Alejandro reafirmó su esperanza en que el sistema judicial actúe con justicia.

Recusación de la familia

La defensa de la familia Vaquiata, liderada por el abogado Giovanni Gonzales, también presentó una recusación contra la magistrada, la cual fue igualmente rechazada. “Ni la presidenta ni nosotros estamos de acuerdo con que ella sea quien atienda este proceso, considerando que ella misma ha reconocido su falta de parcialidad”, declaró Gonzales en una entrevista con el canal Red Uno.

Detalles del caso

Este caso ha captado la atención pública debido a sus implicaciones en la transparencia judicial. Joel Pérez es el principal acusado de feminicidio en grado de autoría, mientras que sus padres están imputados por complicidad, y otras dos personas están siendo investigadas por encubrimiento.

Odalys Vaquiata desapareció el 30 de marzo de 2024, después de asistir a una fiesta en Tocaña, una localidad situada al norte del departamento de La Paz. Según la declaración de Pérez, quien era su pareja, la joven se bajó del vehículo durante una discusión. Desde ese momento, no se ha tenido noticias sobre su paradero.

Pruebas y acusaciones

Las supuestas contradicciones en la versión del acusado llevaron a su detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. La Fiscalía ha presentado un pliego acusatorio que incluye más de 130 pruebas documentales y 33 testigos de cargo, con el objetivo de buscar una condena de 30 años de prisión para Pérez y 15 años para sus padres.

“Vamos a proponer nuestras pruebas, testigos y pericias que amerita. Lo que pedimos es una sentencia ejemplar por feminicidio”, afirmó el abogado Gonzales, reiterando su compromiso con el proceso judicial.

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La condena fue emitida por el Tribunal de Sentencia Penal No. 2 después de que la madre de la víctima descubriera los hechos a través del diario de la niña.

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que el Ministerio Público logró que se emita una condena máxima para Jorge. El Tribunal analizó el informe psicológico y social, los informes del investigador y las declaraciones testificales, entre otros elementos que permitieron emitir la condena máxima por el delito.

De acuerdo con el fiscal asignado al caso, Alejandro Aparicio, las agresiones ocurrieron desde el 2018 hasta el 2023, cuando la víctima tenía entre cinco y diez años. Su padrastro aprovechaba que la niña vivía en su casa y tras cometer los delitos le advertía que no debía contar lo sucedido porque él iría a la cárcel y su madre tendría que trabajar.

La madre se enteró del hecho cuando estaba forrando los cuadernos de la niña y encontró su diario, donde relataba las agresiones y sus temores sobre avisarle a su progenitora.

De esta manera la mamá y su hijo mayor confrontaron al padrastro, quien terminó aceptando los hechos. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público, que abrió el proceso penal.

Durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral, se generó certeza ante los jueces técnicos sobre la participación y autoría del acusado.

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El individuo, un adulto mayor, tuvo este lunes su audiencia de medidas cautelares, tras la que el juez ordenó el encarcelamiento de esta persona mientras duren sus procesos con la justicia.

“Ella habría sufrido toques impúdicos y manoseos por parte del imputado. De acuerdo a los informes psicológicos esa sería la causa de estos trastornos que tiene”, señaló el fiscal Juan Rivero.

La autoridad del Ministerio Público también confirmó que, en este caso de abusos, hay dos víctimas menores de edad.

Rivero también corroboró que durante su audiencia el imputado hizo uso de su derecho constitucional al silencio.

El hecho que desencadenó la aprehensión del tío abuelo ocurrió la pasada semana cuando una estudiante de un colegio en el municipio cruceño de Cotoca apuñaló a otra joven en la unidad educativa con un estilete.

La agresora declaró que fue víctima de abuso sexual y que su compañera divulgó la noticia con el resto de la comunidad estudiantil del colegio y por eso decidió atacarla.

La abogada de la estudiante solicitó al juez se le otorgue a su defendida libertad condicional, alegando que la menor precisa tratamiento psicológico.

Sin embargo, la justicia ordenó el viernes pasado su detención preventiva por 45 días en el Centro de Orientación y Reintegración Social Nueva Vida Santa Cruz.

/KMMN

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Las cámaras de seguridad captaron parte de la agresión, mientras que las autoridades confirmaron que el exfuncionario llegó a suplicar que no lo denuncien y luego logró escapar, presuntamente con ayuda de funcionarios que habrían filtrado información.
Sin embargo, horas después, el hombre terminó entregándose a la Policía en Sacaba, donde brindó su declaración y fue imputado formalmente.

La víctima y su hija reciben atención multidisciplinaria, mientras la sociedad exige que este caso no quede impune y que se garantice la seguridad de la mujer y sus hijos.

Cleiton Z. fue detenido y enviado a la cárcel de El Abra por la agresión que infligió a su expareja, quien además es la madre de su hija de nueve años. La justicia lo imputó por violencia familiar doméstica y abuso sexual.

Lo que hace este caso particularmente resonante es que no se trata de un incidente privado. Las cámaras de seguridad captaron parte de la agresión, exponiendo la brutalidad del ataque. Aunque el agresor intentó escapar, incluso con la supuesta ayuda de funcionarios que le habrían filtrado información, terminó entregándose a la Policía en Sacaba.
Mientras la mujer agredida y su hija reciben atención psicológica y legal, la sociedad boliviana exige que este caso no quede en el olvido.

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En su discurso, el Papa destacó que “donde no hay justicia no puede haber tampoco un Derecho. Lo que se hace según Derecho se hace con justicia”. También afirmó: “Pero lo que se hace injustamente es imposible que sea según Derecho. Donde no hay justicia no hay Estado”, haciendo referencia a las reflexiones de San Agustín.

La justicia concreta

León XIV subrayó que “la justicia se hace concreta cuando se orienta hacia los demás, cuando a cada uno se le da lo que le corresponde, hasta alcanzar la igualdad en la dignidad y en las oportunidades entre los seres humanos”. Lamentó que existen crecientes discriminaciones cuyo primer efecto es precisamente la falta de acceso a la justicia.

Valores olvidados

El Papa instó a las personas implicadas en la Justicia a “la búsqueda o la recuperación de los valores olvidados en la convivencia, su cuidado y su respeto”. Citó “la expansión de conductas y estrategias que muestran desprecio por la vida humana desde su inicio, que niegan derechos fundamentales para la existencia personal y no respetan la conciencia de la que nacen las libertades”.

Reflexión sobre la justicia

Finalmente, pidió reflexionar sobre “tantos países y pueblos que tienen hambre y sed de justicia, porque sus condiciones de vida son tan injustas e inhumanas que resultan inaceptables”. En este contexto, enfatizó la importancia del respeto pleno por la justicia, el derecho y la dignidad de las personas.

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La víctima se encuentra hospitalizada y bajo observación médica, mientras su familia expresó gran preocupación por la gravedad del hecho. La madre contó que su hija alcanzó a decirle que sintió un golpe por la espalda antes de percatarse del corte. En ese instante, un compañero reaccionó y empujó a la agresora, lo que evitó que la herida en el cuello fuera más profunda.

La madre relató que su hija reaccionó de manera instintiva para protegerse durante el ataque. Explicó que la herida en el brazo se produjo porque lo colocó frente a su cabeza cuando la agresora intentó golpearla en esa zona, mientras que la lesión en el cuello fue la primera que recibió. Además indicó que la recuperación avanza de forma estable, aunque recalcó que la situación pudo haber tenido un desenlace mucho más grave.

“Mi pedido es que se haga justicia, porque hoy estoy en una sala, pero podría estar recogiendo a mi hija de la morgue. Pudo haber sido peor”, manifestó con visible preocupación.

El hecho causó sorpresa porque la presunta autora, también de 17 años, mantenía una relación cercana con la víctima. Ambas eran amigas desde la infancia y compartían aulas desde kínder. Además, existía un lazo familiar, ya que la agresora es prima del padre de la afectada.

La investigación continúa en curso y está a cargo de la Policía junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Los padres de la adolescente acusada ya prestaron declaraciones en dependencias policiales, aunque hasta ahora no tuvieron ningún acercamiento con la familia de la víctima. Por el momento, el caso permanece abierto y las autoridades buscan esclarecer las causas de un hecho que causó gran conmoción en la comunidad educativa de Cotoca.

LDVY

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El diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, expresó que la aprehensión de Sánchez es una “vergüenza extrema”. Acusó a los directivos de YPFB de ejercer presión e intimidación en lugar de responder ante la justicia.

“Aquí los que denuncian la grosera corrupción resultan detenidos y los involucrados con indicios claros de malos manejos siguen libres. Es el mundo al revés”, afirmó Alarcón. Recordó que un informe aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados encontró indicios de irregularidades en la empresa Botrading, que es subsidiaria de YPFB. Esto obliga al Ministerio Público a abrir procesos formales.

Indefensión de los denunciantes

En la misma línea, el senador de Creemos, Henrry Montero, lamentó que quienes denuncian casos de corrupción queden en una situación de indefensión. “Eso demuestra que la justicia no ha cambiado. Se necesita que actúe de acuerdo a derecho, con objetividad y debido proceso”, manifestó Montero.

Detalles del caso Botrading

El caso Botrading, que fue revelado a inicios de 2025, es uno de los escándalos más grandes de la estatal petrolera. Botrading S.A., constituida en Paraguay como intermediaria en la importación de combustibles, firmó contratos por 661 millones de dólares. Sin embargo, YPFB terminó pagando 828 millones, lo que representa un sobreprecio de 166 millones de dólares.

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó este caso identificó posibles delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, falsedad ideológica y tratos privilegiados.

Aprehensión de Ludwig Sánchez

Sánchez había denunciado el caso en varias ocasiones. Fue aprehendido el martes 16 de septiembre en Cochabamba. Según YPFB, el denunciante no era funcionario ni ingeniero, sino un estudiante que supuestamente usó logotipos oficiales para ofrecer cargos falsos.

Además, Sánchez tenía una orden de captura desde junio por presunta estafa. Sin embargo, su detención en presencia de su hija menor generó cuestionamientos sobre el procedimiento policial y reforzó las acusaciones de que se trata de una represalia.

Investigaciones en curso

En la actualidad, el Ministerio Público investiga a al menos 10 personas vinculadas a YPFB y a la representación legal de Botrading en Paraguay. Desde la oposición, también se ha propuesto la apertura de un juicio de responsabilidades contra el Presidente Luis Arce por presunta complicidad o negligencia.

Los legisladores coincidieron en que el caso evidencia un sistema judicial debilitado que, en lugar de garantizar procesos contra los responsables de corrupción, termina sancionando a quienes se atreven a denunciar.

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Grover H.R.A., de 34 años, fue hallado culpable tras un juicio en el que se presentaron pruebas contundentes que demostraron que asesinó a Elizabeth C.C., de 35 años. Este trágico suceso se produjo después de que la víctima iniciara un proceso de divorcio, lo que llevó al agresor a amenazarla.

Declaraciones del fiscal

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, comunicó que el Ministerio Público logró demostrar en la audiencia del juicio oral que Grover es el autor del delito de feminicidio. El Tribunal 3ª Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer dictó una sentencia de 30 años de prisión, que deberá cumplir en el penal de Chonchocoro.

Pruebas presentadas

La Fiscal del caso presentó diversas pruebas recolectadas durante la investigación. Entre ellas se incluyó un informe de intervención policial y un acta de denuncia por abandono de hogar, que fue presentada en la jefatura policial de Taraco. En este documento, la víctima había informado que había sido amenazada de muerte por Grover.

Además, se presentó un informe psicológico de un menor de 13 años y el protocolo de autopsia realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Este último determinó que la causa de muerte de Elizabeth fue un traumatismo cráneo encefálico y facial cerrado.

El crimen y su desenlace

La Fiscal Julieta Segales, encargada del caso, reveló que Grover, al enterarse de que la víctima había comenzado otra relación, la golpeó hasta causarle la muerte. Posteriormente, trasladó su cuerpo en un automóvil y lo quemó en el lugar donde fue encontrado.

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La menor fue reportada como desaparecida la noche del 7 de septiembre, durante la festividad en honor a la Virgen de Guadalupe en Senda VI. Tras 5 días de incertidumbre, su cuerpo fue hallado el 12 de septiembre, alrededor de las 11:30 horas, en un canal de drenaje por una vecina que alertó a las autoridades.

Detalles de la autopsia

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, explicó que la autopsia determinó como causa de muerte anoxia anóxica, obstrucción de vías aéreas, asfixia mecánica y politraumatismo. Por esta razón, el caso fue tipificado como infanticidio.

Además, el fiscal recordó que se llevaron a cabo las diligencias principales para avanzar en la investigación. Estas incluyeron el levantamiento del cuerpo, la inspección del lugar del hecho y la toma de declaraciones. Aseguró que las pesquisas continúan para identificar a los responsables.

Reacciones de las autoridades

Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, lamentó lo sucedido y confirmó que la menor fue estrangulada. También indicó que se realizarán análisis complementarios para determinar si hubo otro tipo de violencia antes del deceso, lo que ayudará a aclarar las circunstancias del crimen.

Investigaciones en curso

En el marco de las investigaciones, una comisión especial de fiscales e investigadores se trasladó al trópico cochabambino. Este equipo multidisciplinario trabajará para reforzar las investigaciones y esclarecer el hecho, además de identificar a los autores de este suceso que ha conmocionado a la población.

Expectativas de la comunidad

La población se mantiene atenta a los avances del caso y exige resultados. Mientras tanto, las autoridades intensifican los esfuerzos para evitar que el crimen quede en la impunidad y garantizar que se haga justicia por la muerte de la niña.

LDVY

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Mauricio Montaño, quien es el padre del joven fallecido y de uno de los heridos en el incidente, expresó su rechazo a la decisión tomada por la justicia. “Ver que la juez haya determinado una libertad domiciliaria es un riesgo tremendo para nosotros, porque mi hijo no está en posibilidades de defenderse todavía. Estoy cuidando a mi hijo que ha sobrevivido”, manifestó Montaño.

Apelación de la decisión judicial

Ante esta situación, los familiares de las víctimas están buscando revertir la medida a través de una resolución de apelación. Ellos creen que no se está actuando de acuerdo con las leyes. “Ya hemos apelado y llamamos a la reflexión al juzgado precisamente para que puedan observar esta peligrosidad”, afirmó Montaño.

Clamor de la abuela

En medio de lágrimas, Adelaida Limachi, la abuela de las víctimas, hizo un llamado por justicia, lamentando profundamente el fallecimiento de su nieto. Durante los enfrentamientos, otros 2 jóvenes resultaron heridos. Sin embargo, los familiares de las víctimas continúan rechazando la determinación judicial.

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El cuerpo fue encontrado a orillas de un canal de drenaje, lo que llevó a padres de familia y vecinos a exigir justicia ante la Defensoría del Pueblo, la Policía y la Fiscalía.

El cuerpo fue descubierto el 12 de septiembre de 2025, cerca del mediodía, alrededor de las 11:30 horas. Según declaraciones del presidente de la Junta Escolar de la Unidad Educativa Técnico Humanístico Hernando Siles, una vecina que pasaba por el lugar sintió un mal olor y, al acercarse, encontró el cuerpo de la niña, sin ropa y con la boca tapada por su propia vestimenta.

Desaparición durante una festividad

La desaparición de Adriana ocurrió durante una festividad en honor a la Virgen de Guadalupe, que se celebró en la plaza principal de su comunidad. Testigos indicaron que fue vista por última vez cerca de las 22:00 horas, jugando en los trampolines, mientras su madre trabajaba vendiendo anticuchos en el evento y su padre estaba en una reunión del colegio.

La ausencia de la menor fue notada entre las 22:30 y las 23:00 horas, al finalizar la jornada de venta. Desde ese momento, se activó una búsqueda que involucró a familiares, vecinos y autoridades locales. El hallazgo del cuerpo puso fin a cinco días de incertidumbre.

Investigación en curso

El caso está siendo investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Ivirgarzama, que ha tomado control de la escena y del proceso correspondiente. Actualmente, se encuentran a la espera de la revisión de las cámaras de seguridad del colegio donde Adriana fue vista por última vez.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre las causas del fallecimiento ni sobre posibles responsables. Tras conocerse el hallazgo, padres de familia, vecinos y pobladores del trópico se movilizaron con el ataúd de la niña hasta las puertas de la Defensoría del Pueblo, exigiendo que el caso se esclarezca y se haga justicia.

Impacto en la comunidad

La situación ha generado un impacto significativo en los habitantes del área, quienes expresan su preocupación por la seguridad infantil en eventos públicos. La falta de información oficial ha alimentado aún más la angustia entre los familiares y amigos cercanos a Adriana.

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Preocupación por la anulación

Ambas organizaciones han expresado su inquietud respecto a la anulación de estos procesos judiciales. Advirtieron que las decisiones tomadas por los tribunales en Bolivia podrían dificultar la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Este pronunciamiento surge tras la confirmación de la Resolución Nº 211/2025, que ratificó la nulidad de los procesos relacionados con el caso de Senkata.

A finales de agosto, los jueces de El Alto y Sacaba decidieron anular los expedientes alegando supuesta incompetencia. Esta situación ha generado alarma en entidades como la Defensoría del Pueblo de Bolivia, que advierte sobre el riesgo de impunidad y la posible vulneración del derecho de las víctimas a acceder rápidamente a la justicia.

Advertencias de la CIDH y ONU

La CIDH y la ONU Derechos Humanos han señalado que la anulación de los procedimientos judiciales podría representar un retroceso en la búsqueda de una justicia que sea oportuna y adecuada. Este tipo de decisiones pueden tener un impacto negativo en el proceso de justicia para las víctimas.

Los organismos internacionales recordaron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia) y la propia ONU han recomendado que se realicen investigaciones que sean prontas, independientes, imparciales y efectivas. Esto es fundamental para esclarecer los hechos que resultaron en al menos 20 muertes y decenas de heridos debido al uso excesivo de la fuerza en 2019.

Instan a evitar la impunidad

Finalmente, la CIDH y la ONU instaron a las instituciones bolivianas a prevenir demoras que puedan favorecer la impunidad. También hicieron un llamado a adoptar medidas que aseguren verdad, justicia y reparación para las víctimas de estos trágicos eventos.

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El Fiscal Departamental de Beni, Reinaldo Romero, informó que el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer 3° dictó sentencia condenatoria sin derecho a indulto.

La Fiscalía presentó pruebas como el informe del investigador asignado, el acta de levantamiento legal de cadáver, el registro del lugar de los hechos y las declaraciones testificales. “Las pruebas demostraron que el acusado fue quien provocó la muerte de la víctima y trató de ocultar su responsabilidad”, sostuvo el Fiscal departamental.

El crimen ocurrió el 29 de marzo de 2019, cuando el sentenciado se encontraba con la víctima, identificad como Pamela Viviana Mamani Cala, dentro del camión Volvo en la carretera Riberalta – Santa Rosa. Le provocó una herida punzo cortante en el tórax derecho, lesión que le causó la muerte.

Posteriormente, intentó encubrir el crimen simulando un atraco e incluso se autolesionó en el brazo izquierdo para sostener su versión. El hecho dejó en la orfandad a dos hijos menores de edad.

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Analy Zurita tenía 32 años y habitaba en una vivienda alquilada en Aramasi, Punata, en el valle alto de Cochabamba, junto a sus cinco hijos de 17, 13, ocho, seis y dos años. Ella se dedicaba a preparar huevos pasados con papa y fideo para venderlos en las calles.

El 16 de julio de 2025, en medio de una discusión con Analy, su pareja, el albañil Eloy J. H., de 57 años, mandó a los niños a comprar comida.

Mientras ellos no estaban, de acuerdo con el informe policial, el hombre golpeó a la víctima con el mango de una picota en la cabeza hasta destrozarle el cráneo y parte del rostro.

Después tomó un cuchillo y la hirió en el abdomen, brazos y en el pecho. Cuando los hijos volvieron, en el piso había sangre, pero también agua y señales de que el agresor había limpiado el lugar.

Al fondo de la vivienda había una obra en construcción. Los niños vieron que su madre estaba tendida en una carretilla, inconsciente, pero respirando aún.

De acuerdo con sus declaraciones, Eloy pretendía enterrarla en un espacio de la obra en construcción.

A Analy la auxiliaron mientras aún tenía un cuchillo incrustado en el pecho. Fue trasladada al hospital de Punata y de allí la derivaron al hospital Viedma.

Sus lesiones fueron tan graves que Analy permaneció varias semanas en una sala de terapia intensiva, a la espera de que su cerebro desinflame. Fue sometida a una cirugía y a transfusiones de sangre.

Sin embargo, la madre no despertó más y los estudios revelaron que los golpes recibidos en la cabeza fueron tan contundentes que los médicos informaron a la familia que Analy tenía muerte cerebral y que sus órganos vitales solo seguirían funcionando por un tiempo más, pero ya no podría recuperarse.

Con relación al proceso penal, la abogada del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, Dayana Sevilla, explicó que el caso había sido tipificado como un delito de tentativa de feminicidio, pero ahora, el caso debe ser recalificado como feminicidio.

¨Vamos a pedir la recalificación del delito a feminicidio contra Eloy J. H., el hombre con el que Analy compartía su vida. El daño es muy grande. Cinco hijos han quedado en la orfandad. La familia de Analy no tiene recursos y ahora debe hacerse cargo de estos niños y adolescentes por el egoísmo, los celos sin fundamento y la violencia de este hombre¨, lamentó Sevilla.

El Área Social de la Fundación Voces Libres se encargará de apoyar a la familia de Analy con el velorio y entierro, después de que la autopsia a los restos mortales de Analy concluya en Punata.

/KMMN

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La audiencia se llevó a cabo el día de ayer, donde Freddy Castillo acusó a Moya de haber falsificado su firma en un documento de renuncia. Este documento, según la denuncia, fue utilizado para sancionarlo por transfugio político. Castillo sostiene que este papel fue el aval que permitió que se le sentenciara y se exigiera la devolución de su curul, el cual debería haber sido entregado a Shirley Molina.

Defensa de Ever Moya

En su defensa, Ever Moya aseguró que la denuncia que enfrenta es una “revancha” por parte de la autoridad departamental. Además, Moya denunció que Freddy Castillo lo está acusando injustamente.

Moya explicó que, conforme a la normativa vigente, el partido solicitó la devolución del curul. Sin embargo, este procedimiento nunca se concretó a favor de Molina, a pesar de las acusaciones de transfugio político contra Castillo.

Irregularidades en el proceso

El líder de Participación Popular afirmó que la acción legal en su contra busca ocultar irregularidades. Según Moya, Freddy Castillo debería devolver los salarios que ha percibido desde 2024 y entregar formalmente su curul. Moya también reafirmó que cumplirá con la resolución judicial y que el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro debe instruir la devolución del cargo, una medida que, hasta la fecha, no se ha ejecutado.

Medidas cautelares

La decisión del juez implica que Ever Moya permanecerá bajo detención domiciliaria mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes. Las autoridades han señalado que esta medida cautelar tiene como objetivo asegurar la presencia del imputado durante el proceso y garantizar el normal desarrollo de las diligencias judiciales.

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El parlamentario destacó que es el sistema judicial el que debe tomar una decisión en este caso. “Nosotros no podemos opinar mucho, lo dejamos a criterio de las autoridades. Si se ajustan a la normativa vigente, no debería haber ningún problema”, declaró Burgos al ser consultado sobre la posibilidad de que Zúñiga reciba una detención domiciliaria.

Burgos también mencionó que la situación legal de su colega está en manos de la justicia local, que deberá evaluar el cumplimiento de la normativa vigente y actuar conforme a la Constitución Política del Estado. “Si lo hacen en libertad o donde está, eso ya depende de los jueces y vocales”, sostuvo el legislador.

Tratamiento de la ley electoral

En relación con el tratamiento de la ley para la convocatoria, elección y designación de vocales electorales, el diputado indicó que este proyecto no fue incluido en la agenda debido a que llegó tarde desde la comisión respectiva. No obstante, aseguró que será tratado en una próxima sesión. “Con seguridad, en la siguiente estará en agenda”, afirmó.

Tensiones políticas actuales

Consultado sobre las tensiones políticas entre fuerzas opositoras, Burgos minimizó las acusaciones cruzadas sobre una supuesta guerra sucia. “Eso es política”, sentenció, refiriéndose a los señalamientos entre candidatos que están en carrera electoral.

Encuentro político en Santa Cruz

Finalmente, respecto al encuentro previsto entre actores políticos en Santa Cruz, convocado por el Tribunal Constitucional Electoral, Burgos expresó que la importancia de este evento dependerá de que los participantes cumplan con los acuerdos que se definan en la mesa.

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El incidente tuvo lugar en la esquina de la calle Ravelo y Aniceto Arce, en pleno centro de Sucre. Las víctimas del robo lograron identificar a los acusados, que son un hombre y una mujer. Sin embargo, un tercer implicado logró escapar antes de que las autoridades pudieran detenerlo.

Audiencia de medidas cautelares

Durante la audiencia de medidas cautelares, se presentaron pruebas que evidencian el delito. Además, se informó que los detenidos amenazaron al personal de la Felcc durante el proceso. A pesar de estas evidencias, la justicia decidió que los acusados cumplieran con detención domiciliaria, una decisión que ahora será objeto de revisión mediante apelación.

Intentos de negociación

El coronel Díaz también mencionó que, antes de la audiencia, los acusados intentaron negociar con las víctimas para evitar que estas declararan en su contra. En un caso anterior, los sospechosos habían llegado a un acuerdo con las víctimas, lo que les permitió obtener su libertad total.

Apelación en curso

“Se está presentando una apelación para que se vuelva a revisar el fondo de la decisión de la autoridad jurisdiccional”, afirmó Díaz. Enfatizó que tanto la Policía como la Fiscalía buscan que la autoridad jurisdiccional reevalúe la resolución y se asegure de que se haga justicia en este caso.

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Las solicitudes realizadas por los internos serán evaluadas por fiscales de materia. Esto se enmarca en las “Jornadas de Socialización de Salidas Alternativas”, una iniciativa organizada por el Ministerio Público, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y Régimen Penitenciario.

Objetivo de la iniciativa

El objetivo principal de esta iniciativa es descongestionar los centros carcelarios. Tórrez explicó que, para poder llevar a cabo una conciliación por única vez en casos de violencia, es necesario requerir a la Unidad de Protección de Víctimas, testigos y miembros del Ministerio Público. Esto permitirá verificar el cumplimiento de las medidas de protección impuestas a los involucrados, garantizando así la seguridad de la víctima en estado de violencia.

Condiciones para la conciliación

El fiscal subrayó que existen otras medidas que deben cumplirse. Por ejemplo, la víctima de violencia debe estar bien y haber superado emocionalmente el hecho para poder conciliar, en caso de que el imputado tenga un proceso por única vez.

Participación de fiscales especializados

Durante esta actividad, participaron cinco coordinadores de las Fiscalías Especializadas de Género y Patrimoniales. Ellos explicaron a los privados de libertad las diferentes salidas alternativas que están previstas en la legislación penal.

Opciones de salida alternativa

Las opciones que se presentan incluyen la suspensión condicional de la pena, el procedimiento abreviado, la conciliación, los acuerdos reparatorios y el criterio de oportunidad. Las listas con las solicitudes recogidas en Patacamaya serán revisadas en los próximos días para definir cuáles de estas opciones podrán ser aplicadas.

/KMMN

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Desde la Asamblea Legislativa, la diputada Quispe dirigió sus críticas hacia el magistrado Rómer Saucedo, quien es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Quispe lo considera responsable de la decisión que favorece a la expresidente Áñez, a quien describió como una “delincuente confesa” y culpable, junto con otros actores, de los eventos ocurridos en 2019. “La justicia, bajo la dirección del señor Rómer Saucedo, actúa de manera irregular al liberarla, a pesar de que se le acusa de un delito que se inició por el tema de genocidio”, expresó.

Posible liberación de otros implicados

La diputada también alertó sobre la posibilidad de que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, sea liberado. Quispe lo acusó de disfrutar de privilegios y advirtió: “Lo van a declarar loco, demente, incapaz, y seguramente se beneficiará de alguna situación”.

Quispe subrayó que las decisiones del sistema judicial muestran un trato desigual hacia otros detenidos que enfrentan una prolongada detención preventiva. Además, responsabilizó al presidente Luis Arce por haber llegado a acuerdos con sectores opositores. “El pueblo está observando cómo actúa la justicia. Los sectores sociales no olvidan a los hermanos fallecidos en 2019 y 2020”, afirmó.

Rechazo a reabrir el caso

Frente a los llamados de la oposición para reabrir el caso relacionado con un supuesto fraude electoral, Quispe recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) descartó esa posibilidad y respaldó la idea del golpe de Estado. “No hubo fraude. Hubo golpe de Estado en 2019”, enfatizó, añadiendo que la liberación de los implicados solo fomenta la reorganización de grupos irregulares.

Diferencias en los procesos judiciales

Respecto a Murillo, Quispe indicó que existen diferencias con otros procesados, ya que el exministro tiene 2 sentencias y debe permanecer en prisión. Además, anunció que se solicitará una auditoría a los procesos judiciales de los liberados para identificar las responsabilidades de las autoridades y los operadores de justicia.

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El proceso investigaba presuntos delitos de falsedad ideológica y usurpación de funciones. Sin embargo, después de analizar la documentación y las pruebas recopiladas, la fiscal de materia determinó que no existían elementos suficientes para presentar una acusación formal contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Esto significa que no era posible avanzar hacia un juicio.

Conclusiones de la fiscal

La resolución de la fiscal explica que la investigación no aportó pruebas contundentes sobre la responsabilidad penal del gobernador. Por esta razón, Aguilera decidió cerrar el caso y exonerar a la autoridad departamental. Esta decisión se basa en el principio de no continuar con un proceso que carece de sustento legal, respetando así la presunción de inocencia de Camacho.

Impacto de la decisión

Con esta decisión, el proceso legal concluye definitivamente, sin que un juez deba emitir una sentencia sobre el fondo del asunto. De esta manera, Luis Fernando Camacho queda liberado de los cargos que se le imputaban. Además, puede retomar sus funciones como gobernador sin restricciones derivadas de esta investigación.

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Freddy López, quien es diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y se alinea con Andrónico Rodríguez, sostuvo que la orden de liberación de Añez no responde a un proceso judicial transparente, sino a intereses políticos que surgieron tras el balotaje del 17 de agosto. “Lamento mucho que operadores de justicia hagan una movida política luego de una segunda vuelta. ¿Por qué no lo hicieron antes?”, cuestionó el legislador.

Según López, el proceso judicial relacionado con los hechos de 2019 está siendo desvirtuado, y lo que ocurrió “queda en saco roto”. Denunció que el “golpe de Estado”, las muertes y las violaciones a derechos humanos han quedado impunes. “Parece que cualquier persona podrá dar un golpe de Estado y no pasará nada”, afirmó.

Denuncias sobre liberaciones

En este contexto, López también mencionó la reciente liberación de Yassir Molina, señalando que más de 100 personas implicadas como autores intelectuales y materiales de los hechos de 2019 podrían quedar en libertad. “Utilizaron armas letales contra ciudadanos que pedían respeto a la democracia”, dijo, y criticó el silencio del Gobierno y de algunos dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS).

López apuntó directamente a la responsabilidad del presidente Luis Arce y de líderes que, según él, han priorizado pactos políticos antes que justicia. También acusó a algunos abogados de “favorecer a delincuentes”, refiriéndose a Arturo Murillo, exministro de Gobierno. “Murillo debe asumir sus delitos por corrupción y malversación; no puede quedar libre”, advirtió.

Cuestionamientos al rol legislativo

Sobre el rol legislativo, López cuestionó a sus colegas que no asisten a las sesiones y continúan cobrando sueldos sin justificación. Pidió que se apliquen sanciones y se habilite a suplentes: “No podemos seguir manteniendo a diputados ausentes; si no quieren trabajar, que den paso a otros”.

Desgaste del Gobierno actual

También se refirió al desgaste del actual Gobierno, señalando que varias autoridades han renunciado “como ratas que saltan del barco”, anticipando una posible huida del país. Acusó directamente a exministros, viceministros y directores de ser responsables del deterioro económico, mencionando irregularidades en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos en Bolivia (Emapa) y en la Gestora Pública.

Planes para el futuro político

Finalmente, López confirmó que su organización está en proceso de conformar un nuevo partido político con miras a las elecciones de 2030. Considera que actualmente no existen propuestas serias ni programas reales. “Algunos políticos están de bajada. Nosotros vamos a construir una opción desde la juventud y la clase popular”, concluyó.

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Murillo, quien formó parte del gabinete de Jeanine Áñez en 2019, tiene en Bolivia dos sentencias ejecutoriadas. La primera sentencia es de 8 años y corresponde al caso de compra irregular de gases lacrimógenos a un precio superior al normal. La segunda sentencia es de 5 años y 4 meses, relacionada con el caso denominado “Gases Ecuador”, que trata sobre el ingreso no autorizado de agentes químicos y armamento desde ese país. Ambas sentencias son firmes y cuentan con mandamientos de aprehensión vigentes.

Seguimiento del proceso

La ministra Sosa explicó que la Cancillería boliviana, a través de su embajada en Estados Unidos, realizó un seguimiento constante del proceso judicial de Murillo en territorio estadounidense. También se supervisó el trámite de deportación, con el objetivo de que el exministro enfrente la justicia boliviana por los casos en los que está condenado y aquellos en los que sigue siendo investigado.

Según detalló la ministra Sarabia, Murillo fue procesado en rebeldía en uno de los casos. Se garantizó el respeto a los principios del debido proceso. Además de las dos sentencias mencionadas, enfrenta otras investigaciones abiertas por legitimación de ganancias ilícitas y contratación irregular de servicios durante su gestión, incluyendo un contrato de cáterin.

Operativo de traslado

Una vez que el vuelo con Murillo llegue al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, funcionarios de Migración, Interpol y la Policía Boliviana llevarán a cabo la verificación de identidad, registro y validación legal. Posteriormente, será trasladado bajo escolta al aeropuerto de El Alto, donde se activará un dispositivo de seguridad para conducirlo a dependencias policiales.

Inicio del procedimiento judicial

La ministra de Justicia precisó que el Ministerio Público recibirá al exministro y comenzará el procedimiento para ejecutar las sentencias, remitiendo el caso ante un juez competente. Desde ese punto, se espera que se disponga su traslado al penal de San Pedro para el cumplimiento efectivo de ambas condenas.

Reacciones y contexto

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, afirmó que el operativo de traslado contará con medidas especiales de seguridad y coordinación interinstitucional. Recalcó que el caso ha generado un fuerte rechazo en la población debido al daño económico al Estado, que se estima en al menos 16 millones de bolivianos en el caso de los gases lacrimógenos. Además, hay implicaciones en hechos violentos ocurridos durante 2019.

Murillo también está implicado en el caso Senkata, por el cual ya se encuentra acusado formalmente. Las autoridades han señalado que este proceso seguirá su curso en el marco de la independencia judicial, buscando evitar que los hechos registrados en 2019 queden en la impunidad.

Gestiones para la deportación

Las gestiones para lograr la deportación incluyeron acciones de la Cancillería, la Procuraduría y el consulado boliviano en Estados Unidos. Aunque el Estado boliviano también había iniciado un trámite de extradición, fue finalmente el Departamento de Estado estadounidense el que decidió aplicar la vía de deportación tras la condena de Murillo en ese país.

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No obstante, la defensa legal de la familia de Odalis ha descartado que Joel Pérez y sus padres, quienes están siendo investigados por feminicidio, puedan beneficiarse de la revisión de detenciones preventivas. La situación jurídica de Pérez se encuentra en una fase avanzada, ya que existe una acusación formal en su contra y se han presentado más de 200 pruebas por parte de la Fiscalía.

Declaraciones del abogado

El abogado de la familia Vaquiata, Franklin Chacalluca, explicó que “estamos a puertas de un juicio público, oral y contradictorio. Joel tiene ya una acusación formal con más de 200 pruebas presentadas por la Fiscalía, que incluyen pruebas periciales, testificales y documentales. Por lo tanto, no corre peligro su detención”.

A pesar de que el TSJ ha emitido un instructivo que ordena la revisión de los plazos de la detención preventiva, esta medida no afectará a Joel Pérez debido a la proximidad del juicio. “Estamos seguros de que no va a lograr su libertad. Las pruebas son contundentes y la acusación está debidamente fundamentada”, enfatizó Chacalluca.

Detalles del caso

Odalis Vaquiata, de 28 años, desapareció el 30 de marzo de 2024. Su pareja, Joel Pérez, declaró que la mujer se bajó del vehículo en el que viajaban tras una discusión. Sin embargo, las investigaciones encontraron contradicciones en su versión, lo que llevó a su detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, en La Paz.

Las autoridades están investigando a Pérez por el delito de feminicidio mientras se lleva a cabo el proceso judicial para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Sus padres enfrentan medidas cautelares por su presunta participación en el encubrimiento del crimen.

Exigencia de justicia

La familia de Odalis exige justicia y ha cuestionado en varias ocasiones el comportamiento de los acusados y su defensa, advirtiendo sobre posibles intentos de dilatar el proceso judicial.

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La familia de Gonzalo recibió información de un taxista, quien les comentó que había visto a un hombre atropellado en la zona. “Mi hermano le comentó al taxista sobre la desaparición y él le dijo que habían recogido a un hombre ese día (el 28 de agosto) y le mostró un video de alguien botado lleno de sangre; incluso había salido en la tele; mi otro hermano fue a la morgue y había sido él (Gonzalo)”, relató una de las hermanas.

Detalles del atropello

Según los datos proporcionados por las autoridades, Gonzalo Adhemar fue víctima de un atropello y el conductor responsable lo dejó abandonado, huyendo sin ofrecer ningún tipo de auxilio. La denuncia indica que el hombre salió de su domicilio el 28 de agosto para encontrarse con un grupo de amigos y jugar billar; sin embargo, su familia no supo más de su paradero.

La búsqueda de Gonzalo

Los allegados presentaron una denuncia ante la Policía y desde entonces comenzaron a buscarlo, pero no tuvieron éxito. Finalmente, lograron obtener información sobre el cuerpo sin vida de Gonzalo en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), hasta donde su familia llegó para identificarlo.

Exigen justicia

Las hermanas y la madre de Gonzalo exigen justicia y que el responsable del atropello sea aprehendido. “Pido justicia porque mi hermano era bueno, no hacía daño a nada, tenía 36 años”, manifestó entre lágrimas una de sus hermanas.

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“Gonzalo Sánchez de Lozada dejó más de 70 muertos en El Alto y hasta ahora no hay justicia. Si quiere volver, que vuelva directo a la cárcel. Lo mismo aplica para todos los que huyeron y ahora pretenden retornar como si nada”, declaró Flores.

En este contexto, el parlamentario ratificó que el MAS ha solicitado un juicio de responsabilidades ante el Tribunal Supremo de Justicia por los eventos de 2019. Según sus palabras, “más de 36 personas fallecieron, más de 800 siguen con procesos, y más de 1.500 fueron detenidos”. Flores enfatizó que ni Luis Fernando Camacho ni Marco Pumari, quienes fueron recientemente liberados, pueden quedar al margen de la justicia.

El pueblo no olvida

“El pueblo boliviano no ha olvidado. Detrás de esos hechos hay niños huérfanos, viudas y familias destruidas. No se puede lavar las manos con pactos políticos”, advirtió el diputado. También incluyó en su crítica a expresidentes como Carlos Mesa y Tuto Quiroga.

Sobre el caso específico de Luis Revilla, Flores afirmó que su situación no está directamente relacionada con el conflicto poselectoral. Sin embargo, enfatizó que, si decide regresar, la justicia debe actuar de inmediato por las denuncias de corrupción en la compra de buses PumaKatari.

Pactos y juicios de responsabilidades

Respecto a los cuestionamientos sobre la falta de avance en los juicios de responsabilidades durante el periodo en que el MAS tenía dos tercios en la Asamblea Legislativa, Flores reconoció que “hubo pactos con la oposición” que impidieron el tratamiento de al menos 20 procesos contra exministros y autoridades de gobiernos anteriores. “No se avanzó porque hubo acuerdos bajo la mesa. Así de claro”, sentenció.

Crisis de abastecimiento de combustible

En relación con la actual crisis de abastecimiento de combustible, el legislador vinculó directamente el problema con la falta de aprobación de créditos internacionales. “El país no está exportando, no hay ingresos. La única solución inmediata es la aprobación de créditos. No hay otra forma”, aseguró.

Flores criticó duramente a la directiva de la Cámara de Diputados por no convocar a sesión en más de 3 semanas y exigió que se prioricen los temas económicos. “Los créditos no los va a ejecutar este gobierno, los va a ejecutar el siguiente. Pero si no se aprueban ahora, la crisis se va a agravar”, advirtió.

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La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos calificó esta medida como un “nuevo intento de impunidad”. Además, advirtieron que forma parte de una estrategia sistemática para obstaculizar la justicia. Wilder Flores, presidente de la comunidad, explicó que esta acción responde a maniobras premeditadas de la orden religiosa, diseñadas para evadir responsabilidades legales y prolongar el sufrimiento de las víctimas.

Flores también mencionó que estas acciones generan frustración y desconfianza en el sistema judicial. “Es un recurso de cinismo y burla al dolor de centenares de víctimas y sobrevivientes que, tras años de oscuridad, esperan un poco de luz y esperanza para encontrar justicia”, afirmó. Enfatizó que esta maniobra se enmarca dentro de los llamados “protocolos de impunidad secular” aplicados por la institución para proteger a los responsables y dificultar que se cumpla la ley.

Cuestionamientos a la prescripción

Edwin Alvarado, secretario de Relaciones Internacionales de la Comunidad, cuestionó la intención de cerrar el caso amparándose en la prescripción. Señaló que los acusados continúan negando conocimiento de los abusos y no realizaron las denuncias correspondientes, lo que constituye un delito de ejecución permanente. Por esta razón, aseguró que no debería prescribir mientras persista la omisión y que la justicia debe actuar sin dilaciones para garantizar responsabilidad y reparación.

Advertencias de un exjesuita

El exjesuita y denunciante Pedro Lima advirtió que, si este recurso prospera, se establecería “un precedente funesto para la justicia boliviana”. Además, criticó el uso de recursos dilatorios durante el juicio, como certificados médicos y alegatos de salud, que buscan retrasar la sentencia y evitar que se asuman responsabilidades concretas por los hechos.

Expectativas de la audiencia

La audiencia de este viernes definirá si la acción penal contra Alaix y Recolons puede extinguirse. Mientras tanto, las víctimas y sus representantes han anunciado que permanecerán vigilantes. No descartan nuevas movilizaciones en caso de que se intente bloquear el proceso judicial, con el objetivo de garantizar justicia y visibilidad a sus denuncias.

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Celebraciones en Santa Cruz

Las celebraciones no se limitaron a la plaza. Calles y avenidas cercanas fueron ocupadas por ciudadanos que interrumpieron el tráfico vehicular para festejar la liberación del gobernador. En el lugar, se elevaron oraciones colectivas en agradecimiento. “Estamos felices, han sido más de 1.000 días de lucha y finalmente Camacho podrá defenderse en libertad”, comentó una señora que se encontraba presente.

Antecedentes judiciales

Según los antecedentes judiciales, el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha iniciado siete procesos contra el gobernador cruceño. En tres de estos casos se le ha fijado una fianza que, en total, suma 450.000 bolivianos. “Son siete procesos que el Gobierno del MAS, a través del Ministro de Gobierno, ha iniciado en contra del gobernador. Por los únicos que se encontraba privado de libertad era por el caso Golpe I y el paro de los 36 días”, explicó Martín Camacho, abogado de la autoridad departamental.

Victorias judiciales recientes

La primera victoria judicial del gobernador ocurrió el martes 26 de agosto de 2025, cuando se levantó la detención preventiva por el caso Golpe de Estado I. Tras esta decisión, quedó con arraigo y el pago de una fianza de 100.000 bolivianos.

Este miércoles, también se le otorgó la cesación de la detención preventiva por el caso del paro de los 36 días, con arraigo y una fianza de 50.000 bolivianos. Además, en Santa Cruz, se le sigue un proceso por el caso “Carro bombero”, que tiene una fianza de 300.000 bolivianos.

Colaboración familiar

La defensa del gobernador ha informado que su familia colaborará en el pago de las fianzas. Se prevé que Camacho salga del penal de Chonchocoro hasta el viernes, para luego trasladarse a Santa Cruz y retomar sus funciones al frente de la Gobernación.

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“Esa decisión no la compartimos, porque en realidad el derecho y la justicia también deben resguardar los derechos vulnerados. En 2019 hubo una masacre, personas que perdieron a sus seres queridos y que seguirán llorando porque no habrá justicia”, expresó el legislador.

Jáuregui indicó que, aunque existe la posibilidad legal de procesar a algunos de los implicados, como la expresidente Jeanine Áñez, a través de un juicio de responsabilidades, las condiciones jurídicas y políticas actuales dificultan avanzar en esa dirección. Mencionó que uno de los requisitos técnicos es la existencia de una doble instancia en el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual, según una sentencia constitucional, no está garantizado en este momento.

Condiciones políticas actuales

A nivel político, el diputado explicó que antes de iniciar un juicio de responsabilidades, la Asamblea Legislativa debe autorizarlo mediante una votación calificada, lo que considera inviable. “¿Ustedes creen que, con la actual composición de la Asamblea, ese contubernio entre la derecha y la nueva derecha va a garantizar dos tercios para autorizar responsabilidades? No”, afirmó con firmeza.

Además, añadió que la futura composición legislativa después del 8 de noviembre de 2025 podría ser aún más adversa. “Si no hay dos tercios, se archiva el caso. No hay juicio. Eso es impunidad”, advirtió el parlamentario.

Otros actores involucrados

El legislador también se refirió a otros actores que estuvieron involucrados en los hechos de 2019, como militares y exdiputados que enfrentan procesos judiciales. Aunque admitió no conocer los detalles de sus defensas, anticipó que algunos podrían solicitar resarcimientos económicos.

Efectos de la jurisprudencia

Al ser consultado sobre los efectos de esta jurisprudencia más allá del caso Camacho-Pumari, Jáuregui reconoció que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia podría beneficiar a otros detenidos preventivos. “Esperemos que sí. En unos 2 meses dejaré de ser diputado y volveré a litigar desde mi bufete. Espero que esta aplicación también permita revisar la situación jurídica de miles de personas detenidas preventivamente por denuncias falsas o por excesos de tiempo procesal”, afirmó.

Defensa de casos similares

El legislador concluyó señalando que apelará a esta nueva línea jurídica en defensa de casos similares. “Esperemos que todos los tribunales actúen de esa manera”, finalizó.

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“Esto no es una determinación judicial, es una acción netamente política”, afirmó Loza. Recordó que durante la campaña electoral, Rodríguez y una de sus candidatas prometieron que liberarían a Luis Fernando Camacho. “Se cumplió eso, se consumó eso”, subrayó, insistiendo en que quienes son responsables de las muertes ocurridas en 2019 no pueden quedar impunes.

Movilizaciones y acciones legales

Loza aseguró que el movimiento indígena no se rendirá en su búsqueda de justicia. Anunció que este fin de semana se llevarán a cabo ampliados en diferentes departamentos para definir posibles acciones legales y movilizaciones sociales. “Aunque la justicia siempre nos pisoteó, seguimos vivos y vamos a seguir luchando”, manifestó con determinación.

El legislador también dirigió sus críticas al presidente Arce, al vicepresidente, al ministro de Justicia y a otros actores políticos, señalándolos como responsables de los recientes acontecimientos. “El Gobierno se está lavando las manos ante la derecha para que, cuando esta asuma el mandato, no haga nada ante los hechos de corrupción que generó el presidente”, denunció.

Desmentido sobre apoyo electoral

Al ser consultado sobre un supuesto respaldo del evismo a Edmand Lara en la segunda vuelta de las elecciones generales, Loza lo negó de manera contundente. “No escuché eso, debe ser falso. En el último ampliado nacional se determinó que no formaremos parte de ninguno de los frentes en segunda vuelta. Vamos a organizarnos para las elecciones subnacionales”, sostuvo.

Reiteró que Evo Morales, como líder del movimiento indígena originario campesino, no ha dado ninguna instrucción para votar por Lara y desestimó la circulación de audios o videos que supuestamente contenían esa declaración. “Nosotros no jugamos ni calculamos, una vez definida la línea política, se mantiene”, puntualizó.

Proceso de selección electoral

En relación a la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral, Loza confirmó que el Senado aprobó una ley transitoria que cuenta con más de 40 artículos para facilitar el proceso de selección. Esta norma ya ha sido remitida a la Cámara de Diputados para su revisión.

Cuestionamientos a reuniones políticas

Sobre la reunión entre el presidente Arce y el candidato Rodrigo Paz, Loza expresó su desconcierto y cuestionó el encuentro. “No hay un presidente electo todavía. No entiendo esa reunión ni qué traman. No tiene sentido reunirse con quien dividió y arruinó al país”, dijo, insinuando que el Gobierno busca encubrir actos de corrupción mediante acuerdos anticipados con posibles ganadores.

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El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público presentó pruebas contundentes que demostraron la culpabilidad de los acusados.

Pruebas presentadas en el juicio

Durante las audiencias de juicio, el fiscal a cargo presentó diversas evidencias, incluyendo un informe médico forense, una valoración psicológica de las menores, declaraciones de testigos y un registro detallado de los hechos. “Con ello, el Ministerio Público logró obtener la sentencia”, explicó Torrez.

Detalles del primer caso

En el primer caso, Raúl, de 23 años, agredió sexualmente a una niña de 12 años el 22 de noviembre de 2021. El ataque ocurrió en un campamento minero del municipio de Mapiri, mientras la víctima se bañaba. Ante los gritos de la menor, fue detenido por cooperativistas que lo entregaron a la Policía y posteriormente fue remitido al fiscal del municipio.

El segundo caso de abuso

El segundo caso salió a la luz en junio de 2020, tras una denuncia presentada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Esta denuncia involucraba a Sandro F.A., de 37 años, quien agredía a sus tres hijas, de 8, 10 y 12 años, durante la ausencia de la madre.

Se indicó que la conducta de Sandro era reiterativa, especialmente cuando se encontraba en estado de ebriedad. Posteriormente, fue derivado a la Policía y al Ministerio Público para que se tomen las acciones correspondientes.

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