Según un familiar, Felicia era una mujer de fe y asistía todos los días a la iglesia San Andrés. El accidente ocurrió cuando ella se agachó a recoger su monedero; en ese momento, el conductor del micro no la vio y la atropelló. Tras el hecho, el conductor permaneció en el lugar y esperó a la Policía, mientras los testigos del hecho pedían ayuda para la adulta mayor.
El subdirector de Tránsito, Edson Rojas, informó que Luis Alberto C. F., conductor del micro de servicio público de la línea 105, se encontraba sobrio y contaba con licencia categoría B. De acuerdo con su versión, estaba detenido en el semáforo a la espera de la luz verde. “La señora estaba pasando por este punto ciego que no ha sido percibido por el conductor”, explicó Rojas.

Vecinos y testigos señalaron que la zona es peligrosa por la gran circulación de micros, muchos de los cuales conducen a alta velocidad y no tienen orden para dejar a los pasajeros en las vías públicas.

Felicia era una mujer de fe católica, madre de dos hijos, y comerciante en el Mercado Mutualista. Era parte de la Asociación 29 de Abril. Todos los días vendía comida y, asimismo, iba hasta la iglesia San Andrés, donde profesaba su fe.

Su hija pidió justicia. “Jamás pensamos que iba a pasar esto”, lamentó.

“La víctima estaba yendo a la misa en la Iglesia San Andrés, en las circunstancias que ella tumba su monedero y al agacharse a recoger, la embistió el motorizado. Ella es una persona que vendía comida y se sustentaba de la venta de comida. Todos los días, para que le vaya bien en su ventita, para llevar el pan a su familia, le oraba a Dios en su fe católica”, relató el abogado de la familia, Romel Ipalmo.

/KMMN

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Ante esta situación, el Procurador General del Estado, Ricardo Condori, manifestó su preocupación y apoyó la propuesta del Tribunal para llevar a cabo audiencias en modalidad virtual o mixta. Las nuevas fechas para la continuación del juicio están programadas para el 27 y 28 de agosto de 2025.

Detalles de la audiencia

La audiencia debía realizarse en el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Nº 4 de Cochabamba. Condori expresó que, aunque se entienden los problemas de salud, existen diversas modalidades de audiencia que pueden ser utilizadas: presencial, virtual y mixta.

Derechos de las víctimas

El Procurador subrayó que se trata de niños y adolescentes que han sido víctimas de vulneraciones a sus derechos humanos. “Estos niños (víctimas de pederastia) merecen justicia, pues son menores que han sufrido vulneración a sus derechos humanos”, enfatizó.

Castigo a los delitos

Condori insistió en que los delitos cometidos en contra de estos niños deben ser castigados con rigurosidad. La importancia de garantizar justicia para las víctimas es fundamental en este proceso judicial.

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Las víctimas relataron haber sufrido ultrajes durante aproximadamente dos años antes de denunciar al agresor. La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) han atendido a 4 estudiantes, que fueron sometidas a entrevistas con psicólogos forenses.

Solicitud de detención preventiva por pruebas contundentes

A través de pruebas periciales, testimoniales y documentales, ayer el fiscal Felipe Rojas Alberti solicitó la detención preventiva del rector en la cárcel, considerando que las pruebas en su contra son contundentes. Además, se teme que puedan aparecer más afectadas.

Relatos de las víctimas

“Yo estaba organizando los archivos cuando, de repente, el rector entró a mi oficina de trabajo. Cerró la puerta, me agarró de la cintura, intentó besarme y me decía que era muy bonita. En ese momento, alguien tocó la puerta. Me callé porque él tiene control sobre todos los funcionarios, que suman más de 100 entre docentes y administrativos. Yo estudio en la universidad, también trabajo y me enteré de que otras compañeras habían sufrido lo mismo. Seguí las denuncias y me uní a ellas en busca de justicia”, dijo una de las denunciantes.

Otra afectada relató: “El 9 de julio, a las 13:45 horas, el rector ingresó a mi oficina, abrió la puerta y la cerró. Se acercó por detrás, me mordió la oreja y agarró mi cara intentando besarme. Me sentí mal, bajé la cabeza para evitar que me besara y luego se alejó riéndose, diciendo que era muy bonita.”

Más víctimas y denuncias adicionales

La Fiscalía afirma que no se trata solo de 4 víctimas, sino de muchas jóvenes estudiantes que han sufrido ultrajes. También se ha registrado que el rector ha despojado de sus prendas de vestir a otras alumnas.

Según las investigaciones de la Fiscalía, los abusos, el acoso y los intentos de violación se vienen produciendo desde el 2022. Además, se registra que las jóvenes llegan a esta universidad desde diferentes partes del país, como los Yungas de La Paz, Beni y diversas comunidades indígenas.

Presencia del Ministerio de Educación solicitada

La directora de la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil, Jessica Echeverría, llegó a Camiri para asumir la defensa de 4 de las víctimas. Informó que ha identificado a otras 2 y que otras han callado por miedo.

El rector imputado manifestó sentirse mal debido a la presión y se suspendió la audiencia. Las víctimas y la abogada Jessica Echeverría solicitaron la presencia del Ministerio de Educación para garantizar el proceso, ya que las afectadas sienten temor.

Además, señalaron que anteriormente un padre de una de las víctimas, el 18 de julio, envió una carta al ministro de Educación, Omar Veliz Ramos, pidiendo que se haga justicia.

/ APC

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De acuerdo con la versión policial, los seis implicados habrían mantenido una reunión con las dos adolescentes en una vivienda para consumir alcohol. Tras varias horas, las menores fueron víctimas de violación. Los progenitores presentaron una denuncia y después de una exhaustiva investigación, la Policía logró capturar a los sospechosos.

Sospechosos bajo arresto y pruebas forenses

En este momento, los seis hombres se encuentran bajo arresto y han sido trasladados a la ciudad de Oruro. Se les realizarán pruebas forenses para determinar su grado de participación en el abuso sexual perpetrado contra las adolescentes. Posteriormente, el fiscal decidirá si serán liberados o imputados.

Declaraciones y certificados médicos obtenidos

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia ha tomado declaraciones a las víctimas y ha obtenido certificados médicos forenses. La policía continúa vigilando el desarrollo del caso y exige justicia para las víctimas y esclarecimiento total de los hechos.

/EHCI

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La víctima ya había presentado denuncias previas respaldadas por pruebas como fotografías y videos, debido a las constantes agresiones sufridas. La defensa afirma que el acusado, quien tiene 10 años de servicio en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), habría intimidado a su pareja advirtiéndole que le colocaría un kilo de drogas tanto a ella como a su familia si no retiraba la denuncia.

Amenazas e Intimidación con arma reglamentaria

“Él amenazó con meterle un kilo de droga tanto a ella como a toda su familia para mandarlos presos. Ella tiene mucho miedo porque él trabajó 10 años en la Felcn”, declaró la abogada de la víctima. Además, se ha revelado que el oficial incluso utilizó su arma reglamentaria para amenazar y disuadir a la víctima de presentar una nueva denuncia. Ante esta situación, la decisión de hacer público el caso surge del temor que siente la víctima por su vida.

Preocupación en la Comunidad y Necesidad de Abordar la Violencia Doméstica

Este caso ha generado gran preocupación en la comunidad, resaltando así la necesidad urgente de abordar adecuadamente los casos de violencia doméstica, incluso cuando involucran a miembros de las fuerzas de seguridad.

La abogada de la víctima y otros defensores de derechos humanos están siguiendo de cerca el desarrollo del caso para garantizar que se haga justicia y se brinde protección a la víctima y su familia.

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El activista David Inca denunció que políticamente el oficialismo y la oposición decidieron por las víctimas tras el aparente pacto. Pidió que se aclare el alcance de los acuerdos, especialmente en relación con la situación de Jeanine Añez, considerada como la principal artífice de los hechos ocurridos en 2019.

Víctimas exigen justicia para responsables

“No nos interesa debatir si hubo golpe o fraude. Para nosotros hubo ejecuciones sumarias, masacres, torturas, delitos; y sobre eso tiene que responder la señora Añez, sus ministros, coroneles y militares. Pero al parecer ya decidieron que será un juicio de responsabilidades”, manifestó el activista.

Piden acta firmada para garantizar justicia

Aseguraron que pedirán a los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) un acta firmada para las víctimas con el compromiso de brindarles justicia. En caso contrario, lo tomarán como una traición hacia quienes permitieron el ascenso del actual gobierno.

Reclaman reunión con Rodríguez

“Ya no estamos para mendigar. Tres años estuvimos rogando una audiencia con Andrónico Rodríguez; ahora queremos que nos reciba como hizo con la derecha. En la Cámara de Senadores deben garantizar los dos tercios, de lo contrario Añez quedará libre de responsabilidades. ¿Ese es el acuerdo?”, cuestionó Inca.

Piden ley de reparación integral y justicia

Precisaron que pedirán que se incluya en la agenda legislativa la ley de reparación integral para las víctimas y se garantice los dos tercios en caso de un juicio de responsabilidades contra Añez. Según él, la agenda firmada dejó indefensas a las víctimas y le dio esperanzas a la exmandataria de salir libre de prisión.

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Después de casi tres meses de intensa investigación, los agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lograron identificar y capturar al principal responsable del brutal asesinato de la pareja anciana en la localidad de Coacani – Umavillque, perteneciente al municipio de Challapata. El detenido es Ricardo Alejandro R. B., un hombre de 24 años que se encuentra bajo custodia.

Resultado exitoso gracias a las investigaciones

El director departamental de la Felcc, coronel Lionel Valenzuela, informó que esta captura fue resultado de las intensas investigaciones para dar con el autor del crimen atroz.

Vínculos y pruebas encontradas

Durante el operativo se interceptó un camión robado a la pareja asesinada. En su interior se encontraban tres personas que afirmaron haber adquirido el vehículo al principal sospechoso. Las autoridades cuentan con documentos que respaldan esta relación.

Además, se rastreó al autor del crimen hasta Santa Cruz, donde estaba acompañado por dos personas: un hombre y una mujer. Esta última es pareja del acusado y está embarazada, según detalló Valenzuela.

Espera de audiencia de medidas cautelares

El principal responsable actualmente está bajo custodia del Ministerio Público a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde se solicitará su detención preventiva.

Presunto ajuste de cuentas como móvil

Las autoridades sostienen que el secuestro del hijo de la pareja, el asesinato de sus padres y el robo de una vagoneta y un camión podrían estar relacionados con un presunto ajuste de cuentas. Al parecer, los fallecidos tenían una deuda pendiente de aproximadamente 50 mil dólares por la compra del camión, que no habían cancelado, lo que habría desencadenado este trágico episodio.

Rescate exitoso del niño secuestrado

El niño de cinco años, secuestrado tras el asesinato de sus padres, fue encontrado en la localidad Konani, en la carretera hacia La Paz, la mañana del domingo 16 de julio. Los secuestradores entregaron al menor a dos autoridades originarias.

Búsqueda incansable para lograr justicia

El caso del doble asesinato ocurrido en Challapata ha avanzado significativamente en busca de justicia para las víctimas: Primitiva Lobo Gutiérrez (56) y Vicente Mayorga Mamani (75). La pareja fue apuñalada más de 20 veces, lo cual les costó la vida.

Investigaciones minuciosas para identificar al responsable

Desde el momento del crimen, los agentes del DACI han llevado a cabo minuciosas investigaciones para identificar al responsable de este acto violento extremo.

Las investigaciones continuarán junto con las acciones legales necesarias para lograr justicia en nombre de la pareja asesinada. Sus vecinos, amigos y la comunidad en general se han conmovido profundamente por el macabro hallazgo de los cuerpos de Primitiva y Vicente. Ambos presentaban múltiples heridas causadas por arma blanca y estaban atados con cinta de embalaje.

Este trágico suceso tuvo lugar en las inmediaciones de la carretera Panamericana, en el tramo Challapata-Potosí. Los cuerpos sin vida fueron descubiertos al aire libre por un habitante local, quien inmediatamente dio aviso a las autoridades policiales.

Incesante trabajo para esclarecer los detalles

Las autoridades continúan trabajando incansablemente para esclarecer los detalles de este caso y garantizar que se haga justicia en nombre de las víctimas.

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Aseveró que los aspectos fundamentales del proyecto de Ley de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra infantes, niños, y adolescentes, son mayores sanciones e imprescriptibilidad, lo cual trabaja el Gobierno y se pretende subir a ocho años de cárcel por el encubrimiento de estos crímenes.

“El encubrimiento es un delito y lo que estamos haciendo en el proyecto es modificar el Código Penal ampliando las sanciones que se tenían de seis meses hasta dos años, para pasar de cuatro a ocho años para este tipo de delitos”, explicó el ministro de Justicia, Iván Lima, según una nota institucional.

El anteproyecto de ley fue redactado por el Gobierno ante los hechos “aberrantes” cometidos por el jesuita español fallecido Alfonso Pedrajas en contra de más de 85 menores de edad que estudiaban en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba.

Lima señaló que en esta norma se está declarando que los delitos sexuales contra infantes, adolescentes son imprescriptibles, el termino que se utilizó en el artículo 2 del proyecto de ley, por tanto la regla de imprescriptibilidad protege la investigación de todos estos hechos.  

Además de la conformación de una “Comisión de la Verdad” para investigar los casos de pederastia y sancionar a los responsables, según refleja La Razón.

Remarcó que con esta Comisión las víctimas tendrán derecho a que lo ocurrido sea investigado y no quede en la impunidad, previsto en el artículo cuatro del anteproyecto de ley, ya sea por la vía penal o mediante esta comisión.

“El derecho a la verdad siempre tiene que estar en estos casos (…) Nadie se va quedar sin conocer la verdad, pero ese tiene que ser un derecho de las víctimas, si la víctima no desea no podemos obligarte a llevar el caso”, indicó.

El ministro lamentó que los delitos más cometidos en el país son de violencia en contra de la mujer e intrafamiliar. En tanto, el delito de violación contra niños, niñas y adolescentes ocupa el cuarto lugar y es cometido en ámbitos dónde deberían ser protegidos.

“El proyecto de ley y la posibilidad de investigar los delitos de violación de niño y adolescentes, no es para la iglesia, no está pensado para una categoría de víctimas, está pensada para todas las víctimas”, enfatizó.

LEY

El derecho de esclarecimiento va a ser imprescriptible e inalienable; y se está estableciendo que ese derecho a la verdad tiene reglas para aplicar en la vía penal y por la vía de la Comisión de la Verdad para el establecimiento del daño causado y la reparación a la víctima.

“El proyecto fue puesto a consideración de los legisladores nacionales para su análisis y eventual aprobación. La ley está presentada por el presidente Luis Arce ante la Asamblea Legislativa y esperamos que pueda considerarla a la brevedad posible, para darle seguridad y justicia a las víctimas de estos graves hechos”, afirmó el ministro.

La necesidad de modificar las normas en cuanto a delitos sexuales contra menores de edad fue reclamada con mayor urgencia tras conocerse una serie de abusos sexuales cometidos entre las décadas de los 60 y 90 por el sacerdote jesuita español Alfonso Pedrajas; quien admitió los vejámenes en su diario, en su paso por centros educativos de Bolivia, Perú y Ecuador.

/NMCC

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“Me siento asqueado, decepcionado, me solidarizo con mis compañeros que sufrieron estos abusos. Que la justicia se haga cargo, que la Iglesia investigue”, indicó al alcalde Arias.

La autoridad municipal destacó el trabajo que efectuaron los jesuitas en Bolivia y de manera particular en el internado Juan XXIII, ya que albergó a centenares de niños de familias pobres que provenían de los distritos mineros, del área rural y de barrios periféricos.

Según una nota de prensa de la Alcaldía, señala que la educación y la formación integral que impartieron los jesuitas permitieron que los niños progresen.

“Estoy agradecido a la obra, agradecido a Juan XXII, pero muy dolido, asqueado, decepcionado de la acción de un padre que aprovechando su situación de poder cometió esos abusos”, sostuvo Arias.

Sin embargo, pidió no invalidar toda la obra del Juan XXIII debido a que acogieron a familias de bajos recursos.

“Vuelvo a reiterar, eso no invalida la gran labor que hicieron los jesuitas en este colegio que nos permitió formarnos a familias muy pobres”, manifestó.

En la nota de prensa se agrega que, los abusos cometidos por Pedrajas fueron comparados por Arias con la traición que Jesús sufrió de uno de sus apóstoles, Judas Iscariote.

“Entre los apóstoles hubo un traidor, un hombre que velando sus propios intereses vendió a Cristo y no por eso la labor de Cristo ha sido manchada”, aseguró el burgomaestre.

El jesuita Pedrajas, más conocido como padre Pica, abusó de al menos a 85 niños en el país, la mayor parte en el internado Juan XXIII de la ciudad de Cochabamba.

Pica escribió un diario de 383 páginas donde confesó sus delitos y reveló que la Iglesia y particularmente La Compañía de Jesús, de la que era miembro, lo encubrió, según reporte del diario español El País.

/NVY

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Anoticiado del deceso, Arce transmitió sus condolencias a la familia del dirigente de las víctimas de la llamada masacre de Sacaba a través de una publicación en Twitter.

“Nuestras sentidas condolencias a la familia del hermano Roberto Jukumari, Pdte. de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Huayllani-Sacaba. Destacamos su lucha en defensa de la democracia y búsqueda de justicia para víctimas de las masacres de 2019”, destacó el Presidente a través de un mensaje en su cuenta en Twitter.

Jukumari, fue una de las víctimas de los conflictos de noviembre de 2019 en Huayllani, durante el gobierno de Jeanine Áñez. Recibió un disparo de arma de fuego y, pese a la gravedad, fue detenido.

En reiteradas oportunidades, relató que aquella vez fue baleado y pese a su estado fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde vio que unos policías baldearon con agua fría a las mujeres de pollera que también fueron arrestadas en las manifestaciones.

Luego de que se recuperó, Roberto asumió el rol de representante de las víctimas de Sacaba, quienes denunciaban que sus derechos fueron vulnerados por el gobierno y exigían justicia a las autoridades.

“Queremos ver en la cárcel a Fernando Camacho y Carlos Mesa. Mientras ellos están libres, nosotros estamos llorando por justicia. Duele recordar, pero mientras tengamos vida vamos a pedir justicia, justicia por las mujeres que quedaron viudas, por los niños que quedaron huérfanos y por los heridos que tienen secuelas. Fuimos defensores de la democracia”, expresaba en ese entonces Jukumari.

/ABH

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El activista pidió a los políticos y medios de comunicación que no confundan los juicios golpe de Estado I y II como mecanismos de búsqueda de justicia para las víctimas de la sociedad civil, porque este último grupo aún no se beneficia en ningún proceso judicial y son utilizados en discursos políticos que reducen los hechos del 2019 a “fraude” o “golpe”.

“Estos dos procesos denominados mediáticamente golpe I y II, no contempla a las víctimas de las masacres porque, no son las víctimas importantes, las víctimas importantes son presidentes del Estado, de la Asamblea Legislativa, del Senado y de Diputados, las sentencias de estos casos sólo beneficiarán a esas cuatro víctimas y a la dicotomía interesada”, afirmó Inca.

El caso “golpe de Estado I”, impulsado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, juzga los delitos de terrorismo, sedición y conspiración; las víctimas en ese proceso son Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Ezequiel Borda.

Respecto al caso “golpe de Estado II”, el proceso fue iniciado por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes. Las víctimas en esta causa son Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Ezequiel Borda.

En ninguno de los dos procesos contra las autoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez se contempla como víctimas a los civiles heridos, torturados y fallecidos en la crisis política de 2019.

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó en días precedentes a la expresidente de Bolivia, Jeanine Añez a 10 años de prisión por los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución” e “incumplimiento de deberes”, en uno de los varios procesos que la justicia boliviana sigue a la exmandataria, que se encuentra en prisión desde hace más de un año.

El juicio se refirió a la actuación de Añez tras la renuncia de Evo Morales en 2019 y su posterior proclamación como Presidente, acciones que la acusación consideró como un “golpe de Estado”.

/HNF/

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El Observatorio detalló que “La Lucha Sigue”, tiene el fin de exigir la sanción para jueces, fiscales, personeros del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y policías que incumplen la aplicación las leyes.

Asimismo, para quienes resguardan a los feminicidas violentos y limitan la búsqueda de justicia para las víctimas de feminicidios y violencia, de acuerdo a un boletín institucional.

Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres

El espacio se realizará el 9 de junio, a horas 09:00 en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés, edificio René Zabaleta en la ciudad de La Paz.

El Tribunal es promovido por el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, organización amparada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado referidos a la Participación y Control Social.

También realiza el seguimiento y acompañamiento a familiares víctimas de feminicidio que buscan justicia.

El mensaje es denominado “La Lucha Sigue”, debido a que la búsqueda de justicia implica enfrentarse a operadores y administradores de justicia que no cumplen los procedimientos y “no bajar la guardia”.

El Cuarto Tribunal de la Mujer estará compuesto por jueces, abogados de las víctimas de feminicidios, familiares, autoridades que tienen relación con garantizar “una vida libre de violencia”.

También estará integrado de veedores que denunciarán la vulneración de derechos de las mujeres y el peregrinaje para el acceso a la justicia.

/JDLF/

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Entre tanto, el Gobierno también tiene preparado para esta jornada el anuncio de cambios en la Ley del Órgano Judicial, además de sanciones para los malos jueces; la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio presentará este martes un informe con sus avances respecto al trabajo de fiscalización de casos.

El Día Internacional de la Mujer se recuerda cada 8 de marzo en honor a la constante lucha de las mujeres en pro de la igualdad y respeto de sus derechos, también en aspectos como el acceso a la justicia y la educación.

La pasada jornada se desarrolló la manifestación denominada: “Marcha de las mujeres por la justicia” convocada por la activista María Galindo, al menos 13 delegaciones de todo el país y activistas recorrieron las calles de La Paz exhibiendo fotografías de feminicidas, violadores y autoridades corruptas.

“Estamos en crisis porque hoy es peligroso pedir asistencia familiar, divorciarse de un hombre violento. Fiscalías e investigadores policiales no tienen formación y se creen pequeños reyes a los que hay que estarles pagando plata. Tenemos que hablar de nuestro dolor, porque esta rebelión de las mujeres bolivianas está siendo sancionada con dolor”, manifestó Galindo.

Este martes también hay manifestaciones programadas, la Red contra la Violencia convocó a las 08:30 horas a una movilización que partirá desde la plaza San Sebastián en Cochabamba, se pedirá que el sistema de justicia no olvide a las mujeres víctimas, y llegará hasta el “muro de los feminicidios”, ubicado en la calle 25 de Mayo y Jordán.

Los familiares de las mujeres víctimas llenaron el muro con los nombres de sus seres queridos, y se dejó un espacio libre para que las personas escriban mensajes de apoyo o de repudio.

En El Alto también hay manifestaciones anunciadas, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa y la Alianza de Organizaciones de Mujeres por la Revolución Democrática, Cultural y Unidad convocó a una marcha en contra de la violencia a las 7:00 horas desde la Ceja.

/ LMPT

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Amaru señaló que el pedido se lo hizo tras la presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que ratifica las masacres en noviembre de 2019.

“Ella no tuvo compasión y se está victimizando, haciendo un show mediático, queremos justicia”, manifestó.

Aclaró que no se trata de una venganza política, sino justicia para los familiares de las víctimas de los fallecidos, heridos y torturados en el régimen de Áñez.

“Nosotros no estamos pidiendo venganza política, sino justicia. Respecto a la situación de la señora Añez, aclaramos que no es presa política, está encarcelada porque ha cometido actos criminales, se ha impuesto a la fuerza, ha robado nuestro dinero, ha humillado al pueblo”, expresó.

Asimismo pidió  al Ministerio Público iniciar los procesos correspondientes en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, entre otros.

Las masacres de Sacaba y Senkata fueron hechos sucedidos durante las intervenciones militares ante las protestas sociales emergidas luego de la asunción de Jeanine Añez a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, en el marco de la crisis política del 2019.

/AAC/

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La carta está dirigida al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, con esta solicitud el diputado del CC pretende demostrar el supuesto daño económico que Evo Morales efectuó al Estado.

“Con esta petición de informe queremos demostrar que Evo Morales no solamente ha vulnerado la Constitución Política del Estado (CPE), no solamente ha desconocido el 21F, sino que también le ha hecho un daño económico al Estado”, señaló Astorga.

El asambleísta afirmó que el dinero utilizado en los tres procesos electorales “podría” haber sido invertido en hospitales o equipamiento médico “que tanto hace falta en tiempos de pandemia”.

“Evo Morales ha forzado el referéndum del 2016 y posteriormente lo ha desconocido. En las primarias de 2019 ha sido el único candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) y él ha impulsado también esas primarias. Y el 2019 ha participado de la elección nacional de forma ilegal”, sostuvo el diputado.

Astorga aseveró que con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y esa solicitud se puede realizar un juicio a Morales por supuesto daño económico al Estado.

“Realizándole un juicio Morales con una justicia transparente, como aconseja la GIEI, el exmandatario tendría que devolver el dinero de estos tres procesos electorales”, dijo el asambleísta.

Justicia para las víctimas de Vila Vila

En tanto, la diputada de CC por el departamento de Potosí, Lissa Claros solicitó un informe escrito por parte de la Fiscalía General del Estado sobre los sucesos en Vila Vila, reportó el diario Página Siete.

Lissa explicó que en el documento presentado el martes 17 de agosto por el GIEI, indica que se cometieron graves delitos en el lugar.

“(Hemos pedido) un informe al Fiscal General del Estado para que pueda informar por qué se han vulnerado los derechos de los emboscados en Vila Vila y en Playa Verde”, expresó la legisladora.

El documento presentado por el GIEI concluye que los integrantes de las “Caravanas del Sur”, universitarios y cívicos de Chuquisaca y Potosí y la caravana minera fueron víctimas de “serias violaciones de los derechos humanos”, teniendo como consecuencia que cinco personas fueron gravemente heridas con armas de fuego y otras 15 fueron tomadas como rehenes durante horas en Vila Vila.

“Hombres y mujeres fueron víctimas de tortura y sufrieron agresiones de contenido sexual. Las víctimas de esos sucesos necesitan y exigen justicia. Como potosinos exigimos a la justicia boliviana que dé respuesta a las víctimas”, señaló Lissa.

/RXVCH/

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Los bloqueadores claman justicia para el feminicidio de Erika Condori, hecho que ocurrió el 25 de abril de 2021 en la comunidad de Los Negros municipio de Pampa Grande del departamento de Santa Cruz.

Quintana informó que el bloqueo es un perjuicio para el centro sanitario ya que los tubos de oxígenos comprados en Santa Cruz no logran pasar el punto de bloqueo. Por el momento, han resuelto la escasez gracias al aporte de una clínica local, reportó El Deber.

Asimismo, el galeno expresó su preocupación ya que este fin de semana debe llegar un “buster” (compresora) que se ha comprado para la planta de oxígeno medicinal y alimentar la red interna que abastece el hospital.

El administrador pide la cooperación de las autoridades para intermediar en el tema a fin de que los bloqueadores dejen pasar el oxígeno, las vacunas y otros productos que se necesitan para atender a los enfermos con coronavirus.

Desde el martes, los pobladores de Los Negros impiden la transitabilidad de los vehículos y exigen la presencia del autor del feminicidio, pese a que está aprehendido. También pidieron que sea procesado por infanticidio ya que la fallecida estaba en estado de gestación.

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El estudiante de 19 años, era uno de los heridos que cayó más de 16 metros, del quinto piso de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la UPEA. Luchaba por su vida, sin embargo, a consecuencia de las heridas graves no pudo resistir, según informó Radio San Gabriel.

De acuerdo al diagnóstico médico, Lucana presentaba Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) severo y lesiones graves.

Los familiares de la víctima pidieron justicia y se dé con los responsables de la convocatoria a la asamblea general estudiantil, convocada para el martes 2 de marzo, día que ocurrió la tragedia a consecuencia de empujones por la pugna entre los universitarios.

Hasta la noche del martes, la Policía Bolivia confirmó el deceso de seis universitarios, con Lucana, la cifra asciende a siete fallecimientos de la tragedia de la UPEA.

/DEA/

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Barriga dijo que la demanda por la tercera víctima, de cuya familia es patrocinante, no se sumará a las del Gobierno para evitar politizar el caso y porque el presunto delito es violación, y no estupro, detalló en la entrevista.

La jurista explicó que la mamá, en este tercer caso, se animó a denunciar al ver las repercusiones sobre el caso de Noemí.

“Una mamá asume la decisión de pedir justicia y busca cuál es la mejor manera para denunciar lo que vivía. Es una mamá que tuvo que entregar a su niña, es algo que no lo perdona. Un daño de violación es irreparable”, afirmó Barriga al diario.

Presumiblemente en este caso, la menor tenía 13 años cuando tuvo que ser “entregada” a Morales tras ser obligada su familia por dirigentes de una comunidad.

Barriga anunció que la demanda será presentada el miércoles y es posible que más familias se unan ya que habrían otras nueve víctimas.

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