“¡Tú eres mi mujer y te voy a hacer donde yo quiera…! ¡Eres una %$@#!”, exclamó con vehemencia Carlos, el esposo de María, en las primeras horas de la mañana de aquel 28 de julio de 2025. Él la violó luego de llegar ebrio a su casa de la zona Noreste de la ciudad de Oruro.

En otro caso, cinco meses antes, en febrero de este mismo año, Rosa salió a trabajar como chofer de un vehículo para la manutención de su pequeño hijo y ella. En el mismo motorizado, la acompañaba su exconcubino. Luego de una jornada extenuante, debido a la hora y por seguridad, ambos fueron a pasar la noche a la vivienda del varón, al Sudeste de la ciudad de Oruro.

Rosa al acostarse, lo hizo con sus enaguas, para evitar cualquier insinuación de carácter sexual a su expareja. Pero, él al advertir esa situación, hirvió en cólera y consumado por los celos decidió increparla.

“¡Por qué no te sacas las enaguas…! ¡Para quién te estás guardando…!”, gritó sin ni siquiera considerar que el hijo de Rosa dormía en la habitación contigua. Tras unos instantes, aprovechando su fuerza, forcejeo, y la violó. Luego del hecho, Rosa no volvió más a la casa de su agresor. Diez días después, al salir de la vivienda de su hermana fue interceptada por él; la arrastró de sus polleras y la llevó hacia los rieles del tren para abusarla sexualmente.

Al escuchar los gritos desesperados de la víctima, unos policías que circunstancialmente pasaban por el sector, asistieron a Rosa y lograron capturar al sujeto para que sea sometido ante la ley.

Ahora, las víctimas de estos dos casos tienen la esperanza de justicia, sus casos son investigados por el personal de la Fiscalía Departamental de Oruro.

Para muchas mujeres en Oruro, la vida matrimonial o de concubinato puede convertirse en una pesadilla al no tener orientación o dinero para denunciar debido al desconocimiento de las leyes o vergüenza ante la sociedad a ser juzgadas. Por ello, muchas soportan años de violencia en silencio.

El artículo 310 del Código Penal boliviano refiere las agravantes en caso de un hecho de violación de manera general, sin embargo, también hace referencia a los conyugues o convivientes.

El 2013, cuando se promulgó la Ley 348, que es la norma Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia se estableció de manera genérica la sanción por violación sexual, sea esta dentro o fuera del matrimonio.

TRAUMAS QUE DEJAN UNA HUELLA INDELEBLE

La presidente del Colegio de Psicólogos de Bolivia, Verónica Alfaro explicó que las mujeres víctimas de violación en el matrimonio experimentan traumas como el estrés de trastorno postraumático que en muchos casos es complejo porque tienen hiperactivación, levitación, intrusiones referente a todo el recuerdo del hecho traumático.

La víctima se siente humillada, pierde su autoestima y tiene síntomas crónicos como la depresión, según la experta. Respecto a cómo pueden superar este tipo de traumas, Alfaro indicó que la recuperación es un proceso individual donde una de las urgencias es salir de la situación de violencia y poner en resguardo a la víctima de su agresor.

“Tiene que haber un proceso psicoterapéutico especializado que vaya enfocado en reducir todos esas sintomatologías relacionadas a este trauma focalizado, que es el tema de la violación”, aseguró al añadir que debe haber también un apoyo afectivo y en caso de daño físico, atención médica. Además, añadió, se debe poner límites legales para el proceso de recuperación y resarcir el daño causado.

Con relación a la atención de las víctimas de violación sexual en el matrimonio, indicó que se requiere seguridad inmediata, evaluación del riesgo que es realizada por un psicólogo forense, así como tomar medidas para evitar agresiones posteriores y represalias en mayor grado de violencia.

Asimismo, debe someterse a una valoración médica para evitar que sea infectada con alguna enfermedad de transmisión sexual o sufra un embarazo no deseado.

También la víctima debe tener un apoyo socioeconómico, ya que muchas de ellas son dependientes.

Alfaro manifestó que las víctimas que no denuncian las agresiones por este tipo de violencia, es porque consideran que serán estigmatizadas o culpabilizadas.

“La sociedad es cruel, va a existir la culpabilización a esta víctima de por qué estaba vestida de esta manera, por qué influyó en esta actitud su comportamiento, siempre hay diversos factores por lo cual esta víctima va a tener una sanción, una estigma social que la culpabilizan”, resaltó.

Otro factor es el miedo a la represalia por ser persona dependiente económicamente y esta dependencia marca, dificulta romper los vínculos de violencia.

Otra limitación está en los recursos económicos para seguir con la denuncia o que esta no tenga un efecto de resguardo para la víctima. Las características culturales o la religión también son obstáculos, que van desde la creencia de la deshonra hasta la compra de la mujer para víctima debe callar.

FUERA DE LAS PAREDES DE LA LEY

Fuera de las paredes de las entidades que velan por los derechos de los sectores vulnerables, como el Servicio Legal Integral Municipal de la Mujer de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) o el Ministerio Público, existen decenas de casos que quedan en la impunidad.

Las mujeres que sufren este tipo de violencia no se atreven a denunciar por desconocimiento de las leyes, ser señaladas en la sociedad o por el resguardo de sus hijos para evitar la desintegración de su núcleo familiar. Ante estos hechos muchas mujeres guardan silencio, que a su vez se convierte en un arma, porque las mata en vida.

Durante la investigación, recurrimos a varias ciudadanas de a pie mediante un sondeo de opinión, para conocer sus experiencias en este tipo de situaciones y nos encontramos con historias guardadas en el cofre de sus recuerdos convertidas en pesadilla.

La consulta radicaba en saber si en su vida matrimonial sufrieron algún tipo de violencia, psicológica, física o sexual; asimismo, si denunciaron ante alguna entidad encargada en la atención de este tipo de casos como el Ministerio Público, el SLIM o la Policía. Y si no denunciaron el motivo por el cual tomaron esa decisión. Las respuestas fueron contundentes ante las preguntas.

“Sí he sufrido violencia psicológica, violencia familiar. Recurrí a la Policía, pero no me hicieron caso, lo detenían pero era un rato y luego me decían que era mi esposo y que lo tenía que aguantar. He quedado traumada y por eso me he separado, he llegado hasta el juzgado, pero igual ha sido en vano, el juez ha tratado de conciliar, ha sido en vano y lo he dejado. Tenía miedo a los varones, ha sido feo vivir así, incluso a mis hijitos los he traumado. A veces (mi esposo) llegaba mareado, me agredía físicamente y a veces quería abusarme sexualmente, y todo eso te trauma. Lo he superado, pero no ha sido fácil”, dijo una de las consultadas.

“He sufrido violencia física, psicológica pero no sexual. Nunca denuncié porque me daba vergüenza, porque hay mujeres que somos independientes, luchonas, trabajadoras y nos limitamos por eso, para que la gente no nos vea débiles”, afirmó otra ciudadana.

“Nunca fui víctima, pero conozco a una persona que sufrió violencia psicológica, llegó hasta la DIO, pero la señora retrocedió y retornó con su pareja”, señaló una de las entrevistadas.

“Sufrí violencia psicológica. A veces no se llega a conocer bien a la pareja, primero nos enamoramos y al vivir es donde conoces a la persona. En el matrimonio recién llegas a conocer y también depende de conversar. El hombre a veces cambia por los malos amigos, las bebidas alcohólicas. Nunca lo denuncié porque pienso en mi hijo”, respondió otra mujer a la consulta.

“Alguna vez sufrí violencia psicológica, pero nunca lo denuncié por falta de tiempo, además cuando se va a denunciar, te mandan de un lado para otro, te dicen vuelva y hay mucha burocracia. Una vez intenté pero me dijeron que vuelva, no hay apoyo de estas entidades. Sí conozco un caso de una amiga que sufrió violación sexual, pero se aisló cuando intentamos ayudarla, ahora no la vemos, la llamamos y no contesta, debe ser un año que sufrió esta violación”, dijo otra de las ciudadanas entrevistadas.

LEY DE PROTECCIÓN

La Ley 348, fue promovida por las autoridades del Poder Ejecutivo en el 2013 y la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aceleró su tratamiento el mismo año, luego de conocer el violento asesinato de la periodista Analí Huaycho, por su expareja, el entonces teniente de Policía, Jorge Raúl Clavijo Ovando, vinculado al caso del Hotel Las Américas.

Esta norma brinda, en términos legales, una atención integral a las víctimas de violencia, desde psicológica, social, legal, gratuita y hasta especializada. También contempla prevención, atención, protección, reparación, persecución y sanción de la violencia.

Asimismo, reconoce el feminicidio como delito penal con 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Al mismo tiempo, crea juzgados especializados que atiendan 24 horas al día. Prohíbe la conciliación de la violencia; inhabilita a los agresores a acceder a cargos públicos; establece la obligación de investigación de oficio independientemente de la voluntad de la mujer.

Crea fiscales de materia móviles para que lleguen al área rural; establece que las mujeres puedan acceder a un certificado médico gratuito otorgado por cualquier profesional de salud, en caso de sufrir violencia.

Para el fiscal de materia del Ministerio Público de Oruro, Mauricio Rodrigo Ramírez, la Ley 348 es eficaz, porque contiene muchas herramientas para sancionar los delitos.

“La Ley 348 y su Reglamento se puede ver lo que es el tema de la debida diligencia, acortamiento de plazos procesales. (…) Entiendo que en nuestro contexto está existiendo un mal uso de esta ley”, afirmó.

De acuerdo al artículo 83 de la Ley 348 se modifican los Artículos 246, 254, 256, 267 bis, 270, 271, 272, 308, 308 bis, 310, 312 y 313 del Código Penal, que comprenden el siguiente detalle en el cuadro:

En lo referente a violaciones de carácter sexual, el 308 establece que se sancionará con cárcel de 15 a 20 años a los sujetos que mediante intimidación, violencia física o psicológica realicen con persona de uno u otro sexo, actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal.

“Mediante la penetración del miembro viril, o de cualquier otra parte del cuerpo, o de un objeto cualquiera, por vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos; y quien, bajo las mismas circunstancias, aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistir”, señala un fragmento del mencionado artículo.

VIOLACIONES EN EL MATRIMONIO

Según el Ministerio Público en el departamento de Oruro, para este 2025 se registraron seis hechos en la vida matrimonial, como los dos descritos al principio de esta nota.

El fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, dijo que puede ocurrir violaciones dentro del matrimonio, situación investigada, para determinar responsabilidades en función a los peritajes y acusar según las normas vigentes en el país. Durante este año, se procedió a la imputación de los presuntos autores.

La  autoridad manifestó que dos casos de presunta violación en el matrimonio fueron rechazados.

“Lo que llama la atención es que las denuncias son de años anteriores. En una de las denuncias se hace referencia que hace 20 años su esposo habría llegado en estado de ebriedad y le habría obligado a tener relaciones sexuales”, afirmó.

En otro hecho, dijo que se hizo otra denuncia por violación, pero, de hace 25 años. Realizada la investigación, se estableció que la denuncia fue efectuada porque su pareja le fue infiel.

En la situación de que haya víctimas de este delito, el Ministerio Público tiene personal especializado entre psicólogas y visitadoras sociales para brindarles ayuda y superen los traumas, no repercutan en su vida como madre y esposas.

De acuerdo a datos del Ministerio Público de Oruro, en lo que va del año se registraron en total 2.228 casos de violencia contra grupos vulnerables, bajo el siguiente detalle:

Para esta investigación se recurrió en seis ocasiones a la DIO dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), sin embargo, no se tuvo la ayuda necesaria para visibilizar los datos de esta entidad respecto a este delito.

Por otro lado, la Felcv del Comando Departamental de Policía de Oruro, tiene datos de violaciones en el matrimonio o concubinato que no fueron compartidos.

De acuerdo a la investigación, grupos de activistas de defensa de los derechos de la mujer establecieron que en plena era tecnológica y a pesar de la existencia de leyes que van a favor de este sector vulnerable, continúan callando muchas de las víctimas, para evitar ser cuestionadas. Otro factor del silencio es lo económico o simplemente evitar la desintegración familiar para sus hijos, olvidando por completo su salud emocional, física e incluso la autoestima.

Añadieron que estas historias revelan el silencioso sufrir de muchas mujeres que deben llevar en sus espaldas un castigo no merecido, pagar por el machismo imperante en nuestra sociedad que minimiza su existencia, sin saber que también son seres humanos con los mismos deberes y derechos que cualquier otro individuo.

Finalmente, resaltaron que un factor importante para cambiar esta perspectiva en el futuro, depende de la educación que las nuevas generaciones reciban dentro del entorno familiar y escolar, y las políticas de Estado puedan establecer mecanismos para una convivencia con menor violencia en el país.

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Propuestas para el sistema judicial

Durante el foro, se presentaron diversas propuestas para abordar problemas estructurales del sistema judicial. Entre estos problemas se mencionaron la falta de independencia, los recortes presupuestarios y la atención insuficiente a las víctimas. También se destacó la necesidad de romper las barreras de acceso, transparencia y cobertura en el sistema judicial.

Intervenciones de los candidatos

Jimena Villalta, quien es candidata a senadora por la Alianza Popular, propuso una transformación del sistema judicial con el fin de erradicar el patriarcado. Además, sugirió promover una alta especialización de los profesionales que trabajan en este ámbito, junto con un presupuesto público destinado a los servicios que atienden casos de violencia.

Por otro lado, Saúl Huayta, candidato a diputado uninominal por Acción Democrática Nacionalista (ADN), señaló que algunos artículos de la Ley 348 están siendo mal utilizados. Huayta reclamó también que se debe ofrecer una defensa para los hombres ante situaciones como las denuncias falsas.

Creación de juzgados especializados

Pablo Arizaga, representante de APB-Súmate, planteó la creación de juzgados especializados en violencia de género. Su idea es que el tratamiento judicial tenga un enfoque diferenciado y profesional. Observó que, en la actualidad, los juzgados en áreas rurales no comprenden adecuadamente la temática de violencia.

Tomasa Yarhui, de la alianza Libre, centró su propuesta en la recuperación de la institucionalidad judicial. Considera que esta es la base para construir una justicia con equidad.

Críticas a la elección de jueces

Coraima Torrez, candidata a diputada uninominal por el Movimiento Al Socialismo (MAS), lamentó que la elección de jueces no haya sido suficiente para garantizar una justicia con perspectiva de género. Enfatizó que es necesario reforzar la institucionalidad del sistema judicial.

Jaime Hurtado, candidato a senador por la alianza Unidad, criticó que el Estado se haya limitado a penalizar la violencia sin invertir en políticas de prevención. Esto, según él, es un aspecto fundamental que se debe abordar.

El cambio desde las bases

El movimiento Juntas Hacemos Historia dejó claro que el cambio no vendrá solo desde el poder. Aseguraron que las propuestas deben surgir desde los territorios y las organizaciones de las mujeres bolivianas, resaltando la importancia de la participación activa de la sociedad civil en la búsqueda de justicia.

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Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en Bolivia siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia. A pesar de contar con una importante legislación en la materia, los hechos de violencia contra las mujeres persisten con impunidad y sin justicia.

Objetivo del concurso: dar voz a las víctimas y visibilizar obstáculos en el sistema judicial

El objetivo central del concurso es recoger testimonios que narren cómo las mujeres afrontan diferentes formas de violencia, identifiquen los motivos por los cuales no son denunciados y visibilicen los obstáculos en el sistema judicial. También se busca destacar testimonios de mujeres que han obtenido justicia y reparación tras levantar la voz contra sus agresores.

La importancia de contar estas historias

“Esas historias de violencia contra las mujeres deben ser contadas para mostrar su gravedad y las secuelas que dejan en las víctimas y en la sociedad”, detalla la Fundación Friedrich Ebert en Bolivia. El concurso busca visibilizar desde la experiencia de las víctimas cómo viven la violencia, por qué muchos hechos no se denuncian y qué sucede en el sistema judicial cuando se denuncian actos violentos.

Desafíos en la lucha contra la violencia de género en América Latina

Según un informe de la CEPAL, entre el 63% y el 76% de mujeres y niñas en América Latina han experimentado violencia por razón de género. La Ley 348 “Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” ha sido clave en la lucha contra este flagelo, pero aún persisten desafíos estructurales e institucionales que perpetúan esta situación.

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Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en Bolivia siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia. A pesar de contar con una importante legislación en la materia, los hechos de violencia contra las mujeres persisten con impunidad y sin justicia.

Objetivo del concurso: dar voz a las víctimas y visibilizar obstáculos en el sistema judicial

El objetivo central del concurso es recoger testimonios que narren cómo las mujeres afrontan diferentes formas de violencia, identifiquen los motivos por los cuales no son denunciados y visibilicen los obstáculos en el sistema judicial. También se busca destacar testimonios de mujeres que han obtenido justicia y reparación tras levantar la voz contra sus agresores.

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“Esas historias de violencia contra las mujeres deben ser contadas para mostrar su gravedad y las secuelas que dejan en las víctimas y en la sociedad”, detalla la Fundación Friedrich Ebert en Bolivia. El concurso busca visibilizar desde la experiencia de las víctimas cómo viven la violencia, por qué muchos hechos no se denuncian y qué sucede en el sistema judicial cuando se denuncian actos violentos.

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Según un informe de la CEPAL, entre el 63% y el 76% de mujeres y niñas en América Latina han experimentado violencia por razón de género. La Ley 348 “Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” ha sido clave en la lucha contra este flagelo, pero aún persisten desafíos estructurales e institucionales que perpetúan esta situación.

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