Detención preventiva en caso de trata de personas

La justicia boliviana determinó la detención preventiva para la madre de una niña de cuatro años y para una pareja acusada de estar implicada en un presunto delito de trata y tráfico de personas con fines de adopción o guarda ilegal. Esto ocurrió tras desbaratarse el intento de trasladar a la menor hacia Chile.

Acciones judiciales y arrestos

Esta decisión judicial se emitió luego de que las autoridades de la Fiscalía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) presentaran los elementos de convicción correspondientes sobre el caso. En la ciudad de Santa Cruz, la progenitora fue descubierta e interceptada en las instalaciones de la Terminal Bimodal mientras se disponía a abordar un bus con destino a La Paz, acompañada de otros tres hijos menores.

Tras llevarse a cabo su audiencia de medidas cautelares, el juez Esteban Loza dispuso su encarcelamiento en el penal de Palmasola por un lapso de 90 días, imputada formalmente por el delito mencionado. De manera paralela, en La Paz, efectivos policiales aprehendieron a un hombre y a una mujer en cuyo poder se encontraba la niña.

Detalles del caso

Al hallarse suficientes elementos de prueba que los vinculan con el hecho, la autoridad judicial ordenó la remisión de la pareja al penal de San Pedro por un periodo de 180 días. Respecto a la tipificación y al desarrollo de los hechos, el fiscal Mijael Cavero explicó: “Se recibió una denuncia en contra de una ciudadana mayor de edad. Presumiblemente esta señora comercializó a su hija menor en La Paz.”

Intervención institucional y rescate

El procedimiento que permitió desmantelar este ilícito se activó a partir de una llamada telefónica anónima recibida por la Dirección de Asuntos Generacionales de la Alcaldía de Santa Cruz, a cargo de Lola Terrazas. Tras recibir el aviso, personal se desplegó inmediatamente en la terminal terrestre, donde identificó a la mujer junto a sus tres hijos.

A pesar de que la madre contaba con la documentación legal requerida para realizar el viaje, los funcionarios procedieron a realizarle una entrevista psicológica. Durante esta evaluación, los niños revelaron espontáneamente que tenían una hermanita que se había ido a La Paz con la niñera, Indicó El Deber.

Acciones posteriores al rescate

A raíz de los testimonios infantiles, se coordinó una acción inmediata con las autoridades en La Paz, lo que permitió identificar el paradero y aprehender a la pareja que mantenía en su poder a la niña. La Directora confirmó que se detectó que la madre habría realizado una transacción económica por Bs 1.000 para enviar a la niña a Chile.

Compromiso familiar y seguimiento del caso

Tras el rescate, se presentó en La Paz el hermano materno de la menor. En estricto apego al vínculo familiar y velando por la integridad y seguridad de la víctima, las autoridades procedieron a entregar legalmente a la niña a su pariente. Esta medida busca garantizar el retorno al seno familiar como opción idónea antes de recurrir a otro tipo de protecciones.

El tío materno completó los trámites legales para retornar a Santa Cruz, comprometiéndose formalmente a brindarle todos los cuidados necesarios. Por su parte, en sus declaraciones iniciales, la madre argumentó que dejó a la niña con su madrina debido a severas dificultades económicas.

Investigaciones continuas

Las indagaciones establecieron que tenía planificado viajar a Chile para reunirse con parientes y buscar mejores oportunidades laborales. Durante el plazo fijado por la justicia, la Fiscalía continuará con las declaraciones, pericias y recolección de pruebas para esclarecer completamente las circunstancias en las que fue entregada la menor.

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Detención domiciliaria para David Quispe Machaca

El 20 de julio, en el departamento de La Paz, la justicia boliviana otorgó detención domiciliaria a David Quispe Machaca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Quispe está siendo investigado por presuntamente promover los bloqueos de carreteras en Bolivia, que paralizaron diversos puntos del país durante más de 50 días entre mayo y junio.

Medidas cautelares impuestas

El juez del caso dispuso una serie de medidas cautelares de carácter estricto que Quispe deberá cumplir mientras avanzan las investigaciones en su contra:

• Sin derecho a salida laboral: Queda estrictamente prohibido que el imputado abandone su residencia para realizar actividades de trabajo.
• Arraigo nacional: Se activaron las alertas migratorias para impedir su salida del país.
• Garantes personales: Deberá presentar cuatro garantes solventes ante el tribunal.
• Prohibición de contacto: No podrá comunicarse por ningún medio con los demás investigados e implicados en la causa.
• Control ante el Ministerio Público: Deberá apersonarse una vez por semana a la Fiscalía para la firma obligatoria del libro de actas.

Defensa y situación actual

Hasta el momento, la representación legal de Quispe no ha confirmado si interpondrá un recurso de apelación. Sin embargo, su abogado defensor, Rodrigo Gutiérrez, remarcó que el dirigente prestó su declaración informativa de manera voluntaria para colaborar con la investigación. “Él es inocente y, en ese sentido, ha decidido declarar; no se va a abstener al derecho al silencio. Va a dar los detalles que van a poder aportar a su defensa y demostrar su inocencia dentro de este injusto proceso”, aseveró Gutiérrez.

Cargos enfrentados por Quispe

De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio Público, Quispe enfrenta cargos por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos. A pesar de la resolución, el dirigente campesino, quien fue aprehendido la noche del viernes, permanece de momento en celdas policiales a la espera de completar los requisitos y acreditaciones impuestas por el juez para formalizar su traslado al domicilio, según informó Red Uno.

Continuación del proceso judicial

Por su parte, la Fiscalía anunció que continuará con la colecta y acumulación de elementos probatorios en la etapa preparatoria de esta causa.

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Detención preventiva en Bolivia por caso reclutadores

En un giro decisivo para la investigación del denominado “Caso Reclutadores”, la justicia boliviana determinó la detención preventiva para tres ciudadanos. Estos sospechosos están siendo investigados por el delito de trata y tráfico de personas, tras ser señalados como parte de una red criminal en Bolivia que captaba bolivianos mediante engaños para enviarlos a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Detalles del caso

La detención se realizó el 18 de julio en Santa Cruz, Bolivia. Los tres ciudadanos aprehendidos ya fueron enviados a prisión, mientras que el panorama respecto al cerebro de la organización es distinto. Amador Méndez, señalado como el principal sospechoso, continúa con paradero desconocido.

Operativos y alertas migratorias

Ante esta situación, las fuerzas del orden han intensificado los operativos de búsqueda a nivel nacional y mantienen activadas las alertas migratorias en Bolivia, según informó Red Uno. A pesar de los esfuerzos de la defensa técnica, que insistió en la inocencia de sus patrocinados bajo el argumento de que solo eran parientes del principal sospechoso y que desconocían las evidencias ocultas en el inmueble, el juez cautelar respaldó plenamente los indicios del Ministerio Público.

Riesgos procesales y coordinación internacional

La Fiscalía logró demostrar la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización, además de los elementos de convicción que vinculan de manera preliminar a los tres detenidos con este ilícito, el cual es severamente penado por la legislación boliviana. Debido a la fuerte sospecha de que esta red operaba a nivel regional, la Defensoría del Pueblo coordina acciones con las Cancillerías y Defensorías de Perú y Colombia para profundizar en el alcance de las investigaciones y dar con más víctimas en Sudamérica.

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Detención preventiva de Yesenia Vargas en La Paz

La justicia boliviana determinó enviar a la cárcel con detención preventiva a Yesenia V., exdirigente de la Federación Carrasco del trópico cochabambino, ligada al sector “evismo”. Esta decisión se tomó tras identificarla como una de las figuras clave que presuntamente coordinaba y vinculaba las protestas y movilizaciones en el departamento paceño.

Detalles de la medida cautelar

La medida cautelar establece que la implicada cumplirá un lapso de seis meses de reclusión en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, ubicado en la ciudad de La Paz. Durante este tiempo, el Ministerio Público llevará adelante las investigaciones correspondientes para esclarecer su grado de participación en los disturbios.

Aprehensión y contexto

La aprehensión de la dirigente se ejecutó el pasado miércoles en plena sede de Gobierno. Esto ocurrió días después de haber sido captada en la ciudad de El Alto, donde participó activamente en las movilizaciones y exigió públicamente la salida del actual Gobierno.

Otros implicados y proceso judicial

En la misma audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva de otros dos implicados: Carlos G. P. y Roy R.R. Ambos deberán cumplir el mismo periodo de seis meses en el penal de San Pedro, también ubicado en La Paz.

Implicaciones legales

Con esta determinación, el sistema judicial busca que la Fiscalía acumule los elementos probatorios necesarios durante esta etapa preliminar. Sin embargo, se aclaró que la resolución emitida no es definitiva y puede ser apelada por la defensa dentro del plazo establecido por la ley.

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Aprehenden a sospechoso de microtráfico de cocaína en Oruro

El pasado jueves 28 de mayo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizó una aprehensión significativa en la zona Sur de la ciudad de Oruro. Durante un operativo rutinario, los efectivos detuvieron a un individuo que portaba sobres con cocaína listos para su comercialización.

Detalles del operativo policial

El sospechoso intentó evadir el control policial refugiándose en una tienda de barrio. Sin embargo, fue interceptado al salir por los uniformados. Las autoridades informaron que el Ministerio Público tomó conocimiento del caso, imputando al individuo por el delito de tráfico de sustancias controladas.

Según el informe brindado por la Fiscalía Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, el personal de la Felcn observó la conducta sospechosa del ciudadano. A continuación, se detallan los momentos clave del operativo:

• 1. El sujeto ingresó apresuradamente a un comercio para ocultarse.
• 2. Los efectivos policiales aguardaron fuera del establecimiento.
• 3. Al salir, intentó avanzar en dirección opuesta a los uniformados.
• 4. Fue interceptado para una revisión de rutina.
• 5. Durante la requisa, se halló una caja de fósforos con tres sobres que contenían una sustancia blanquecina.
• 6. La prueba de campo (narcotest) dio positivo para cocaína, con un peso total de 10 gramos.

Implicaciones del caso

Debido a la forma en que se encontraba dosificada la droga, la Fiscalía presume que estaba destinada a la venta al raleo en la capital orureña. Por este motivo, el sujeto fue aprehendido y será imputado formalmente por tráfico de sustancias controladas. Además, se solicitará su detención preventiva mientras avanzan los actuados judiciales.

Las autoridades señalaron que la investigación se mantendrá abierta para determinar el origen de la sustancia ilícita e identificar a otras posibles personas involucradas en esta red de microtráfico en la zona.

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Detención preventiva de Henry Nina en caso El Sillar III

En una audiencia cautelar celebrada el 27 de mayo de 2026, las autoridades judiciales determinaron la aplicación de detención preventiva por un periodo de seis meses contra el expresidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina.

Causas de la detención

La medida se dictó en el marco de las investigaciones correspondientes al caso denominado “El Sillar III”, por la presunta comisión de delitos como incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. La información oficial provino del capitán Fabio Gonzales, representante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), quien precisó que el dictamen judicial ordena el traslado y permanencia de Nina en el penal de San Pedro, ubicado en La Paz.

Implicados en el caso

En este mismo centro penitenciario se encuentra actualmente recluido el exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien también figura como implicado dentro del mismo proceso penal. De acuerdo con los elementos contenidos en la imputación formal, la base de la investigación gira en torno a las modificaciones estructurales realizadas en el trayecto de la carretera El Sillar por parte de la empresa constructora china Sinohydro.

Fallas técnicas y auditoría

Dichas alteraciones se habrían efectuado sin contar con el respaldo técnico suficiente. Ante esta situación, Henry Nina, en su condición de presidente de la institución estatal de caminos, omitió ejecutar las correspondientes labores de fiscalización y control del proyecto. La auditoría técnica incorporada a la causa penal detalla que la obra vial fue formalmente recibida por la administración de la ABC a pesar de que los registros e informes documentaban explícitamente un total de 719 fallas técnicas y estructurales en su ejecución.

Consecuencias legales

Este elemento constituye la principal prueba material que sustenta los cargos penales que atribuye el Ministerio Público por el presunto daño al patrimonio público. Los antecedentes institucionales de Henry Nina dan cuenta de una trayectoria vinculada a la dirigencia de organizaciones sociales y la administración pública.

Trayectoria política

Inicialmente, se desempeñó como ejecutivo de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia durante la gestión gubernamental de Evo Morales. Posteriormente, ejerció liderazgo en movilizaciones y bloqueos viales organizados contra la administración transitoria de Jeanine Áñez. En 2020, tras la asunción al mandato presidencial de Luis Arce, Nina fue posesionado oficialmente como presidente ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras.

Renuncia y situación actual

Nina ejerció dichas funciones públicas hasta presentar su renuncia al cargo, efectiva durante 2023, periodo previo a las actuales determinaciones del Órgano Judicial boliviano.

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El 6 de abril de 2026, tras la propuesta de un dirigente cocalero para que Evo Morales solicite asilo político en otro país, varios parlamentarios analizaron la situación actual del expresidente. Consideraron que las bases del Chapare están cansadas y que Morales enfrenta un posible juicio ante la justicia boliviana.

Opiniones de los legisladores

La diputada Claudia Bilbao expresó que esta situación evidencia el agotamiento de quienes resguardan a Morales. Según ella, “la gente que lo cuidaba no lo hacía por convicción sino por interés”. Además, afirmó que el regreso del Estado a la zona del Chapare está muy cerca.

Por su parte, la diputada Julieta Jiménez subrayó que Evo Morales debe rendir cuentas ante la justicia y dejar de disfrutar los privilegios en el Chapare. Jiménez mencionó que la población está cansada de protegerlo mientras sus verdaderas necesidades son trabajar y generar recursos.

El futuro de Morales

El diputado Alejandro Reyes opinó que Morales “tiene los días contados” y que su intento por movilizar gente o recuperar capital político es evidente. Ante la posibilidad de que solicite asilo político, Reyes consideró que nadie estaría “tan mal de la cabeza” para recibir a alguien que destruye la democracia.

Reyes también destacó el desgaste de las bases del Chapare, afirmando que lo único que ha logrado el expresidente es cansar a su propia gente. “Más temprano que tarde vamos a tenerlo aprehendido y extraditado”, aseguró.

Propuesta de asilo político

Durante el fin de semana, Elmer Lizarazu, dirigente cocalero, propuso que Evo Morales busque asilo político debido a su imposibilidad de movilizarse libremente en Bolivia. Lizarazu reclamó que la vigilia en Lauca Ñ, donde se protege al expresidente desde hace más de un año, provoca un desgaste económico y que los pobladores están cansados, aunque no lo expresan.

Evo Morales no ha salido en más de un año de Lauca Ñ debido a una orden de aprehensión en su contra.

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Extradición de Sebastián Marset y casos penales en Bolivia

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que la extradición de Sebastián Marset hacia los Estados Unidos no implica el cierre de sus cuentas pendientes con la justicia boliviana.

En este sentido, el Ministerio Público mantiene activos seis procesos penales en Bolivia con acusación formal en diferentes departamentos del país.

Responsabilidad penal y nuevos casos

La autoridad judicial aseguró que el traslado del imputado no extingue su responsabilidad penal ni detiene las investigaciones en curso. Además, anunció la apertura de un nuevo caso penal contra el uruguayo por los delitos de tráfico de armas, organización criminal y asociación delictuosa.

Aprehensión y detenciones

Esta nueva causa surge tras un operativo realizado este viernes en la zona de Las Palmas, en la ciudad de Santa Cruz. Durante este operativo, se logró la aprehensión de Marset y cuatro personas de nacionalidad venezolana y colombiana.

Entre los detenidos se encuentra Tatiana Marset Alba, presunta familiar del capturado, quienes fueron hallados en posesión de armas de grueso calibre.

Comisión especial de fiscales

Para gestionar la complejidad del caso, el Ministerio Público ha conformado una comisión especial de fiscales encabezada por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores. Este equipo tiene la misión urgente de revisar el estado de los seis procesos existentes, que abarcan delitos de narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad material e ideológica, y delitos patrimoniales.

Coordinación interinstitucional

Asimismo, la comisión evaluará el cumplimiento de las medidas sustitutivas de otros imputados vinculados al entorno de Marset, incluyendo a su esposa. En el ámbito operativo, Mariaca destacó que el trabajo se realiza de manera coordinada con la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno.

Colaboración internacional

Además, se extienden los requerimientos de información no solo a nivel local, sino también a las justicias de Paraguay, Uruguay, Argentina y Estados Unidos. El Fiscal General recordó que estas diligencias son fundamentales para desarticular las estructuras del crimen organizado transnacional que operaban en la región.

Mecanismos de cooperación judicial

Finalmente, se aclaró que el traslado de Sebastián Marset a territorio estadounidense se efectuó bajo los estrictos mecanismos de cooperación judicial internacional y la Ley Nº 370 de Migración. Este procedimiento responde a una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en ingles) y a una solicitud formal vinculada a delitos de tráfico internacional de sustancias controladas.

Con esto, se reafirma el compromiso de Bolivia con los convenios internacionales en la lucha contra el narcotráfico.

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La justicia determinó este domingo el envío a la cárcel, con detención preventiva de 180 días, para la madre y el padrastro de un bebé de un año y cuatro meses, acusados por el delito de infanticidio en el municipio de Cotoca, ubicado en Santa Cruz.

La medida fue dictada en audiencia cautelar luego de presentarse pruebas que confirmaron que el menor presentaba múltiples signos de violencia física al momento de su fallecimiento, según información publicada por la Fiscalía General del Estado.

Informe forense clave

El informe del certificado médico forense resultó determinante para la decisión judicial. Según el fiscal del caso, el estudio estableció como causas del deceso un traumatismo craneoencefálico, hematoma subaracnoideo y lesiones en los nervios de la cabeza. Estos hallazgos científicos indicaron que el infante recibió golpes de alta intensidad antes de morir.

El menor llegó sin signos vitales al Centro de Salud “El Carmen”, donde el personal médico, al detectar las lesiones, dio aviso inmediato a la Policía Boliviana para iniciar el proceso de investigación.

Evidencias presentadas

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó el acta de autopsia, registros fotográficos y declaraciones testificales que ratificaron el entorno de violencia que sufría la víctima. Las autoridades ahora investigan si el niño era objeto de maltrato infantil sistemático en ocasiones anteriores a este desenlace fatal.

Situación actual de los imputados

Los imputados ya fueron trasladados al centro penitenciario de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz, donde permanecerán recluidos mientras concluye la etapa investigativa.

Cifra de infanticidios en Bolivia

Este suceso eleva a 12 la cifra de infanticidios registrados en Bolivia en lo que va del año 2026. El fiscal informó que el padre biológico del menor ya ha sido notificado y se espera su arribo a la capital cruceña para realizar el seguimiento correspondiente del proceso penal.

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La justicia boliviana determinó declarar en rebeldía a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo. Esta decisión surgió ante la inasistencia injustificada de la exautoridad, quien debía responder por las acusaciones de legitimación de ganancias ilícitas. Como consecuencia inmediata, se emitió una orden de aprehensión a nivel nacional para asegurar su comparecencia ante el tribunal.

Investigación sobre el patrimonio de Achacollo

La investigación, liderada por la fiscal Rocío Feraudi, reveló un incremento patrimonial que supera el millón de bolivianos. Esta cifra no coincide con los ingresos percibidos por Achacollo en su calidad de servidora pública. Según el informe del Ministerio Público, se identificaron más de 100 depósitos bancarios realizados en las cuentas personales de la exministra durante el periodo en que ejerció funciones jerárquicas en el Estado.

Movimientos financieros y bienes inmuebles

Además de los movimientos en efectivo, la Fiscalía centró su atención en el patrimonio inmobiliario de la investigada. Se reportó la adquisición de dos bienes inmuebles en el departamento de Santa Cruz.

Según la fiscalía, estas transacciones carecen de un respaldo financiero claro que justifique la procedencia de los fondos utilizados para dichas compras. “El origen de estos dineros se desconoce”, sentenció Feraudi.

Diferencias con el caso Fondo Indígena

Esta investigación por legitimación de ganancias ilícitas se maneja de manera separada a las investigaciones troncales del caso Fondo Indígena, según información publicada por Erbol. Mientras que el caso del Fondo Indígena se centra en el manejo de recursos destinados a proyectos sociales, este nuevo proceso apunta directamente al enriquecimiento personal de la exautoridad y a la posible introducción de dinero de origen ilícito en el sistema financiero.

Situación jurídica actual de Nemesia Achacollo

Nemesia Achacollo, quien fue una figura clave en el gabinete ministerial de Evo Morales, ya conoce el régimen de reclusión. Anteriormente, cumplió detención preventiva en el marco de las irregularidades detectadas en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).

Aunque había logrado salir de la cárcel para defenderse en libertad, este nuevo hallazgo sobre su patrimonio personal complica su situación jurídica. Actualmente, la Policía busca dar con su paradero para cumplir con la orden de captura, mientras la Fiscalía continúa recolectando pruebas sobre el flujo de caja de la exministra durante su gestión.

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La justicia boliviana dictó la pena máxima para Osmar Negretty Quiruchi, de 29 años, tras hallarlo culpable del feminicidio de su concubina, Nelly V. H. El Tribunal de Sentencia N.º 1 de Sacaba impuso una condena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, pena que deberá cumplir en el penal de El Abra.

Detalles del crimen

El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2024 en el municipio de Sacaba. Según las investigaciones dirigidas por el fiscal Marcelo Villarroel, Negretty asfixió a la joven de 27 años dentro de su domicilio. Después de cometer el crimen, el ahora sentenciado intentó encubrir el asesinato asegurando a los familiares de la víctima que ella había abandonado el país con rumbo a Chile.

Para dar credibilidad a su versión, utilizó el teléfono celular de Nelly para enviar mensajes falsos, simulando que ella se encontraba fuera de Bolivia. Sin embargo, la falta de contacto real alertó a la familia, que inició una búsqueda desesperada.

Descubrimiento del cuerpo

El hallazgo de los restos de Nelly se produjo el 24 de marzo de 2024 a orillas del lago en la zona de San Isidro. Durante el juicio oral, el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, destacó que la condena se logró gracias a pruebas científicas.

Pruebas contundentes

La triangulación de llamadas telefónicas ubicó a Negretty exactamente en la escena del crimen y en el lugar donde hallaron el cuerpo. Otra prueba clave fue que las características físicas y objetos personales confirmaron la identidad de la víctima tras el levantamiento de los restos por parte de la Felcc.

“El Ministerio Público presentó pruebas suficientes que acreditaron la autoría del acusado. Como resultado, el Tribunal dictó la pena máxima”, enfatizó Tejerina, subrayando el compromiso de la fiscalía en la lucha contra la violencia hacia la mujer.

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En una audiencia cautelar celebrada el jueves 12 de febrero de 2026, la justicia boliviana impuso medidas sustitutivas para el expresidente Luis Arce Catacora, quien enfrenta una acusación por el delito de abandono de mujer embarazada.

El juez a cargo del caso dictó el arraigo nacional y el pago de una fianza económica de Bs 10.000. Sin embargo, a pesar de esta resolución, Arce no recuperará su libertad, ya que actualmente se encuentra en detención preventiva en el penal de San Pedro debido a otro caso relacionado con el desfalco al Fondo Indígena.

Desarrollo del proceso judicial

La audiencia se realizó de manera virtual, conectando el juzgado con el recinto penitenciario. Según informes judiciales, las medidas (fianza y arraigo) solo entrarían en vigor si el exmandatario logra cesar su detención por la causa del Fondo Indígena.

Durante la investigación, se reveló que Arce se negó a someterse a una prueba de ADN, alegando que padece de esterilidad debido a una intervención quirúrgica renal anterior. Esta justificación fue rechazada por la parte querellante.

La denuncia de Brenda Lafuente

La denuncia provino de Brenda Lafuente, exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Ella sostiene que Arce la abandonó durante su embarazo, que comunicó en 2024. Lafuente afirmó haber enfrentado un “abandono absoluto” tanto moral como económico, lo que le causó complicaciones de salud y amenazas de aborto sin apoyo del exmandatario.

Consecuencias legales y posibles condenas

Estos hechos podrían constituir un agravante en el caso, ya que pusieron en riesgo la salud del menor. De acuerdo con el Código Penal boliviano, el abandono de una mujer embarazada puede acarrear penas de seis meses a tres años de reclusión. La fiscalía utiliza la declaración de Lafuente como base para la imputación mientras el proceso avanza hacia la etapa del juicio oral.

Situación actual de Luis Arce

Luis Arce cumple actualmente cinco meses de detención preventiva en La Paz. Su ingreso al penal San Pedro ocurrió en diciembre de 2025, tras ser vinculado a irregularidades financieras durante su gestión como ministro de Economía. Este nuevo proceso familiar añade una carga jurídica adicional al exmandatario, quien ha calificado ambas investigaciones como “persecución política”.

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La sentencia fue emitida en un juicio abreviado, lo que significa que se llegó a un acuerdo sin la necesidad de un juicio completo. Cristhian G. R. deberá cumplir su condena en el Centro de Readaptación Productiva de Montero, conocido como Cerprom.

Detalles del crimen

El crimen fue descubierto el 28 de enero en el barrio 24 de Septiembre, en el municipio de Montero. Esto ocurrió después de que la víctima estuviera desaparecida durante 3 días. Según el informe forense presentado por la Fiscalía, Mario Paco murió debido a asfixia por estrangulamiento. Además, presentaba graves heridas en la cabeza, causadas por golpes con un palo y un objeto punzocortante.

Investigaciones y agresión

Las investigaciones revelaron que el ataque ocurrió el 25 de enero, mientras Mario Paco consumía bebidas alcohólicas con Cristhian G. R. y un familiar. Durante esta reunión, el ahora condenado agredió brutalmente a la víctima y luego huyó del lugar, dejando el cuerpo y la motocicleta de Mario abandonados.

Indignación en la comunidad

Este caso ha generado una fuerte indignación en la comunidad y ha suscitado duras críticas hacia la Policía. Los familiares de la víctima denunciaron públicamente que las autoridades no actuaron con la rapidez necesaria cuando se reportó la desaparición de Mario. Entre lágrimas, los allegados expresaron que, si se hubieran activado los protocolos de búsqueda de inmediato, quizás habrían podido encontrar a la víctima con vida.

Reacción de las autoridades

Finalmente, tras el último adiós a Mario Paco Mamani en el cementerio Alemán, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, afirmó que con esta sentencia firme se busca ofrecer una respuesta ejemplar ante hechos violentos que generan alarma social en la región.

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Erwin N. T. ha sido condenado a 20 años de prisión, mientras que Sandro Q. A. deberá cumplir una pena de diez años. Ambos hombres han sido trasladados al Centro de Readaptación Productiva El Palmar para cumplir con sus respectivas condenas.

Pruebas presentadas por la Fiscalía

Para alcanzar este resultado, la Fiscalía de Tarija presentó un conjunto de pruebas contundentes. Estas incluyeron certificados médicos, informes psicológicos de las víctimas y peritajes informáticos. Según el Fiscal Departamental José Ernesto Mogro, estos elementos fueron cruciales para que los jueces no tuvieran dudas sobre la autoría de los crímenes durante las audiencias de juicio oral.

Detalles del primer caso

El primer caso, que resultó en la condena más severa, ocurrió en una comunidad de Yacuiba. El agresor, Erwin, aprovechó la tranquilidad de la noche para ingresar a la habitación de una mujer de 31 años que sufre de una discapacidad intelectual grave. Después de abusar sexualmente de ella, el sujeto huyó del lugar, pero fue denunciado por el hermano de la víctima, lo que dio inicio al proceso legal que hoy lo deja tras las rejas por 20 años.

Descripción del segundo hecho

El segundo incidente se registró cuando Sandro utilizó un engaño para vulnerar la intimidad de una mujer de 39 años. Este hombre simuló que su vehículo tenía problemas mecánicos y pidió ayuda a la víctima, quien caminaba junto a su pareja. Bajo la excusa de revisar los controles del auto, logró que ella se sentara en el vehículo. En ese momento, la mujer descubrió un celular oculto en la guantera que grababa sus partes íntimas con el flash encendido.

Denuncia y pruebas digitales

Gracias a la denuncia inmediata y a las investigaciones digitales, se logró probar el delito de pornografía. Este caso resalta la importancia de la denuncia y la eficacia de las pruebas digitales en la lucha contra la violencia de género.

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La resolución fue tomada tras una audiencia que se llevó a cabo de manera virtual. Rojas deberá cumplir con esta medida en el penal de Palmasola, ubicado en Santa Cruz, una vez que reciba el alta médica correspondiente.

Investigación por delitos graves

Laura Rojas está siendo investigada por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. Este proceso judicial indaga sobre el ingreso irregular de más de 30 maletas que llegaron desde Estados Unidos, así como la posterior incautación de más de 70 kilos de marihuana.

La audiencia cautelar se desarrolló mientras la exlegisladora se encontraba internada en una clínica privada. Esto se debió a una descompensación de salud que sufrió tras su aprehensión en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Detención de otros implicados

Desde el Ministerio Público han informado que la detención preventiva ya ha sido dispuesta. Una vez que la salud de Rojas mejore, se tomarán las medidas necesarias para su traslado al recinto penitenciario.

Con esta decisión judicial, Rojas se convierte en la tercera persona que es enviada a la cárcel por este caso. Anteriormente, un juez llamado Herbert Zeballos y el cuidador del galpón donde se encontraron las sustancias controladas también fueron detenidos de manera preventiva.

Detalles del caso narcomaletas

Según las investigaciones, Zeballos es socio de la empresa de seguridad que operaba en el inmueble donde se trasladaron las maletas. Los antecedentes del caso indican que el 29 de noviembre de 2025, un jet privado llegó al aeropuerto internacional de Viru Viru con más de 30 maletas provenientes de Estados Unidos.

Este equipaje aparentemente no pasó por los controles aduaneros habituales y fue llevado a un galpón situado en el octavo anillo de la capital cruceña. Durante los allanamientos en este lugar, se encontraron más de 70 kilos de marihuana y otras sustancias controladas.

Uso indebido de pasaporte diplomático

Las investigaciones sugieren que para evitar la requisa del equipaje, los implicados habrían utilizado un pasaporte diplomático que fue asignado a Rojas durante su tiempo como representante nacional.

En la actualidad, se desconoce el paradero de las maletas y el contenido total que transportaban. Esta situación ha sido reconocida por la Fiscalía General del Estado, que ha indicado que los implicados han optado por guardar silencio.

Acciones de la Aduana Nacional

Paralelamente, la Aduana Nacional ha iniciado procesos administrativos y legales contra ex y actuales funcionarios que trabajaron en Viru Viru los días 29 y 30 de noviembre. Esto se debe al presunto incumplimiento de los procedimientos de control y requisa frente al inusual volumen de equipaje que ingresó al país.

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Ante esta situación, la Justicia procederá a emitir un mandamiento de aprehensión. Además, el Ministerio Público solicitará la activación del sello rojo de Interpol para localizar su paradero fuera del país, según informó el fiscal del caso, Miguel Cardozo.

El representante del Ministerio Público indicó que Arce Mosqueira no asistió a la audiencia y tampoco presentó ningún justificativo. Solo estuvo presente un abogado que representa a su padre, el expresidente Arce, quien devolvió el cedulón de notificación. Este documento señalaba que la notificación se realizó en un domicilio donde el acusado no reside.

Notificación y alerta migratoria

No obstante, el fiscal aclaró que la notificación se llevó a cabo en el inmueble que Arce Mosqueira había indicado como su dirección. Además, recordó que desde octubre de 2025 pesa sobre él una alerta migratoria. Por lo tanto, si ha salido del país, lo habría hecho de manera irregular.

Investigación por enriquecimiento ilícito

Rafael Ernesto Arce Mosqueira está siendo investigado por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta investigación se inició tras detectar depósitos de dinero realizados por diversas personas, así como la compra de bienes inmuebles y vehículos. Estos hechos no tendrían un respaldo o justificación acorde a sus ingresos declarados.

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Según el abogado acusador, Kurmi Rocha, Dorgathen había enviado un memorial en el que alegaba que se encontraba en Brasil como refugiado. Sin embargo, este documento no fue considerado válido porque no contaba con la documentación oficial de la Cancillería.

Apariciones previas de Dorgathen

Dorgathen ya había sido visto en Brasil semanas atrás, lo que hacía previsible su ausencia en la audiencia. Su falta de comparecencia ha generado preocupación entre las autoridades judiciales.

Investigación del caso Botrading

El caso Botrading investiga irregularidades relacionadas con esta empresa, que fue creada en Paraguay como subsidiaria de YPFB y se dedica a la intermediación en la compra de combustibles. Actualmente, Dorgathen tiene un sello azul de Interpol y se está gestionando la notificación roja para su captura.

Otros involucrados en la investigación

Además de Dorgathen, otros exejecutivos de YPFB también están bajo investigación por su participación en la creación, transferencia y contratos de Botrading. Este caso ha puesto en el centro de atención la gestión de recursos en el sector energético del país.

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El fiscal del caso, Johan Muñoz, comunicó que durante la audiencia para revocar las medidas cautelares, el juez optó por enviar a Flores a detención preventiva. Esto ocurre mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones y se define la situación legal de otros coimputados en el caso.

Delitos imputados

Según la información proporcionada por la autoridad, el juez ha considerado que hay suficientes indicios que apuntan a la presunta responsabilidad de Flores en delitos como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. Estos delitos están relacionados con la construcción de una planta industrializadora de papa en la ciudad de El Alto.

Además, el Ministerio Público ha logrado demostrar que existen riesgos procesales, como la posibilidad de fuga y la obstaculización de la investigación, lo que llevó a la decisión de imponer esta medida extrema de detención.

Antecedentes del caso

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, ha informado que Franklin Flores enfrenta al menos 7 procesos en curso por presuntos actos de corrupción. En estos procesos también estarían implicadas personas de su entorno familiar y laboral.

Uno de los casos más destacados está relacionado con la construcción de la planta procesadora de papa en El Alto. Esta obra requirió una inversión que supera los 162 millones de bolivianos, dentro del marco del caso Emapa.

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Los vocales judiciales determinaron que la defensa del exmandatario no logró desvirtuar los riesgos de fuga ni de obstaculización en el proceso. Arce deberá permanecer recluido en el penal de San Pedro mientras concluye la etapa de investigación. Desde el pasado viernes, Arce guarda prisión en la sección Posta del recinto carcelario.

Intento de anulación del proceso

El equipo legal de Luis Arce intentó anular el proceso penal ordinario mediante un recurso que solicitaba el traslado del caso a la Asamblea Legislativa para un juicio de responsabilidades. Argumentaron su investidura como expresidente de Bolivia. Sin embargo, el Ministerio Público y el Tribunal ratificaron que los hechos investigados ocurrieron entre 2010 y 2015, periodo en el que Arce ejercía funciones como ministro de Economía y Finanzas.

Al no tratarse de actos realizados durante su ejercicio presidencial, la justicia determinó que debe ser procesado como cualquier ciudadano común ante un juez ordinario. La investigación fiscal se centra en el rol de Arce como miembro del Directorio del Fondo Indígena (Fondioc).

Desembolsos irregulares

El Ministerio Público sostiene que el exministro autorizó el desembolso de recursos públicos directamente a cuentas bancarias personales de dirigentes sindicales y sociales vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS). Se ha detectado un patrón de cerca de 4.000 desembolsos similares autorizados bajo la gestión de Arce, lo que sugiere un daño económico millonario al Estado boliviano.

En este proceso también se encuentra detenida la exdiputada Lidia Patty, acusada de apropiarse de aproximadamente Bs 3 millones destinados a proyectos agrícolas fantasma en 8 comunidades de La Paz.

Fase de expansión de la investigación

El fiscal del caso, Miguel Cardozo, anunció que la investigación entrará en una fase de expansión agresiva. Se han emitido 5 nuevas órdenes de aprehensión contra excolaboradores cercanos y se ha programado la citación de 20 exfuncionarios y dirigentes, entre ellos figuras clave como la exministra Nemesia Achacollo y dirigentes como Julia Ramos, Ever Choque Huanca y Juanita Ancieta.

Un hito en el caso

La ratificación de la cárcel para Arce marca un hito en el caso Fondo Indígena, que busca desentramar la red de protección política que permitió que recursos destinados al desarrollo rural terminaran en cuentas particulares durante más de 10 años.

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Audiencia cautelar

Durante la audiencia cautelar, el abogado de Arce, Jaime Tapia, solicitó la libertad pura y simple del exmandatario. Tapia argumentó que Arce padece cáncer y necesita atención médica constante. Además, invocó la Ley del Adulto Mayor para asegurar su salud integral. Sin embargo, el juez anticorrupción Elmer Laura no aceptó esta solicitud y decidió mantener la detención.

Reacción del gobernador

La decisión del juez generó una respuesta inmediata del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, quien se pronunció en sus redes sociales. Camacho afirmó que esta detención representa un punto de inflexión en la justicia boliviana. “La justicia boliviana ha empezado a recuperar su independencia y está dando señales claras de que se termina la impunidad”, escribió Camacho.

El gobernador también destacó que el proceso contra Arce, que se creía olvidado, ha sido reactivado por el Ministerio Público.

Informe médico

El abogado Tapia presentó un informe médico que indica que Arce sufre de cáncer y presenta un “hipermetabolismo glucótico sugestivo de procesos secundarios y un linfoma”. La defensa invocó el artículo 68 de la Ley 369 para solicitar atención médica prioritaria para el expresidente.

Principio de presunción de inocencia

La defensa aseguró que Arce se presentaría a todos los actos de investigación, basándose en el principio de presunción de inocencia. A pesar de estos argumentos, el juez mantuvo su decisión de detención preventiva.

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La Fiscalía, en su imputación formal, solicitó su detención preventiva por un periodo de 3 meses en el centro de rehabilitación de Qalahuma, ubicado en Viacha. Arce es acusado de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso del extinto Fondo Indígena (Fondioc).

El Ministerio Público sostiene que existen riesgos de fuga y de obstaculización. Además, afirma que Arce, en su rol dentro del directorio del Fondioc, autorizó transferencias a cuentas particulares. Uno de los puntos más cuestionados es una reunión del directorio en Tarija, en noviembre de 2009, donde Arce habría indicado que los proyectos no incluidos en la Ley Financial podían ejecutarse posteriormente. Este criterio, según la imputación, permitió desviar recursos y vulneró la normativa del fondo.

Proyectos cuestionados

Entre los casos mencionados está la aprobación del proyecto de la exdirigente Lidia Patty, quien recibió Bs 669.876 en su cuenta personal para construir invernaderos, a pesar de tener documentación incompleta y beneficiarios observados. Según la Fiscalía, Arce no habría supervisado el avance de este y otros proyectos.

Declaraciones del TSJ

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, destacó que no habrá presiones políticas y que el juez del caso actuará únicamente en función de los antecedentes presentados. Recalcó que la justicia “no responde a intereses de derecha ni de izquierda” y pidió a los actores políticos permitir que el sistema judicial trabaje. Confirmó, además, que la audiencia de medidas cautelares está programada para las 13:00 horas de este viernes.

Nuevas órdenes de aprehensión

El fiscal Miguel Cardozo informó que, tras la captura de Arce, se emitieron 5 nuevas órdenes de aprehensión. En total, ya son 7 los investigados con alerta migratoria. Según Unitel, entre ellos figuran Elvira Parra Villca, Daniel Zapata Pérez, Braulio Yucra Duarte (exalcalde de Yamparaez), Lidia Patty Mullisaca, Ángel Chávez Mendieta y Ana Paredes Yana.

Convocatorias y declaraciones

La Fiscalía también anunció que convocará a declarar a 24 personas consideradas clave, entre ellas las exministras Nemesia Achacollo y Felipa Huanca. Además, se realizarán inspecciones en los lugares donde debían ejecutarse las obras.

La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, visitó al exmandatario en las celdas de la Felcc y afirmó que Arce está “firme y convencido de su inocencia”. Señaló que se está preparando toda la estrategia legal y aseguró que él no tiene intención de huir. La defensa espera presentar los elementos que eviten su detención preventiva.

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Detalles de la acusación

El fiscal Anticorrupción, Johan Muñoz, señaló que “evidentemente existe la posibilidad de autoría con referencia al delito de favorecimiento al enriquecimiento lícito”. Esto implica que Contreras podría haber estado involucrada en actividades ilegales relacionadas con el dinero que recibió.

Muñoz añadió que Contreras retiraba los montos depositados por su esposo, pero que luego los devolvía, haciendo que parecieran legales. Según el fiscal, “devolvía 7.000 bolivianos, 9,000 bolivianos, pero estos dineros iban de nuevo a cuentas también de personas que trabajaban en Emapa en ese tiempo”.

Investigación sobre bienes

Además, se está investigando la compra inusual de un departamento por un monto de 130,000 bolivianos. Esta información fue proporcionada por El Deber. Muñoz explicó que “Franklin Flores, de manera, podríamos decir, antelada, realiza su declaración jurada en la Contraloría General del Estado, refiriendo que él habría adquirido el 2 de julio de 2020 un departamento de los padres de su señora esposa por el precio de 130.000 bolivianos”.

Sin embargo, los informes de derechos reales que han llegado a la fiscalía evidencian que él habría sido propietario posterior de este bien inmueble. Por lo tanto, no se descarta investigar y convocar a los padres de Contreras para que declaren al respecto.

Convocatoria a los padres

Muñoz anunció que “van a ser convocados por los investigadores para una declaración informativa, como también la investigación de todos los bienes que han declarado”. Esto sugiere que la investigación se está ampliando y que se están revisando todos los aspectos relacionados con el caso.

Búsqueda de Franklin Flores

La Policía continúa con la búsqueda de Franklin Flores, quien desobedeció una detención domiciliaria que le fue impuesta tras su aprehensión en septiembre de 2025. Esta detención está relacionada con una investigación sobre la construcción de la planta procesadora de papa.

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Inicio del enfrentamiento

El enfrentamiento comenzó la semana pasada, cuando el vocal Charles Mejía denunció públicamente que Romer Saucedo lo estaba presionando y amenazando para que renunciara a su cargo como presidente del TDJ del Beni. Según Mejía, las tácticas de presión no se limitaron a llamadas telefónicas, sino que también incluyeron el allanamiento de su oficina durante una audiencia que se estaba llevando a cabo.

Mejía había acusado a Saucedo de intentar hacer lo que “le dé la gana” y de ser un “dictador de la justicia boliviana”. Además, el vocal del Beni lanzó una grave imputación personal contra Saucedo, asegurando que el actual presidente del TSJ “estuvo detenido en Palmasola 1.5 años por tentativa de asesinato” y que existían registros públicos que lo demostraban.

La respuesta de Saucedo

Este lunes, Romer Saucedo no se quedó atrás y devolvió los insultos. Apuntó a la supuesta influencia política de Mejía y le recordó su papel en la reciente postergación de las elecciones judiciales, llamándolo “carnicero de la democracia”. Saucedo aseveró que Mejía es un “esbirro” del exmagistrado autoprorrogado Gonzalo Hurtado, quien es originario del Beni.

El titular del TSJ negó que su accionar esté motivado por la persecución, afirmando que su intención es defender la institucionalidad judicial. “No me encuentro en afán de persecución a nadie, sino que pretendo hacer que se respete en todo momento la institucionalidad”, declaró Saucedo.

Las acusaciones de Mejía

Cuando se le consultó directamente sobre las serias acusaciones de Mejía acerca de su supuesta detención en Palmasola por tentativa de asesinato, Romer Saucedo evadió dar una respuesta directa. En su lugar, se limitó a usar un dicho popular: “Cuando la lengua es larga, la mente se acorta, y con eso quiero responderle contundentemente al presidente del Tribunal Departamental de Justicia”.

Crisis institucional en Bolivia

Este conflicto refleja la profunda crisis institucional que atraviesa el Órgano Judicial boliviano. Las principales figuras del sistema judicial están enfrascadas en una disputa verbal que incluye denuncias de corrupción, presiones políticas y antecedentes penales. La situación actual pone en evidencia la fragilidad de la justicia en el país y la falta de confianza en sus líderes.

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Según información publicada por El Deber, el caso continúa conmocionando a la población y a las autoridades debido a la fuga de los principales implicados.

Según informes de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, el sentenciado y su padre, Ch. C. R., quien también está implicado en el mismo delito, se fugaron en la madrugada del 23 de octubre.

Ambos lograron escapar de la carceleta de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) tras forzar las rejas de su celda.

Horas después, la Policía logró la recaptura del joven de 19 años en el distrito de Santa Fe. Sin embargo, su padre continúa prófugo, por lo que la Policía ha intensificado los operativos de búsqueda en coordinación con unidades especiales.

El escándalo se agrava con la detención de la madrastra de la víctima, quien fue aprehendida y acusada de haber facilitado la fuga del padre y el hijo.

Adicionalmente, las autoridades han enfocado su atención en el recinto policial. La Fiscalía y la Felcv reforzaron las acciones para dar con el paradero del fugitivo y determinar posibles responsabilidades por negligencia o encubrimiento dentro de la carceleta donde se produjo la evasión.

Mientras avanzan las investigaciones y la búsqueda, la menor de 12 años y sus dos hermanos, de 14 y siete años, han sido puestos bajo la protección de la Defensoría de la Niñez, en un lugar reservado y seguro.

La población de Yapacaní ha expresado su indignación y exige un mayor control en las celdas de detención, así como una protección efectiva para las víctimas de violencia sexual. Un tercer implicado en el caso permanece con detención preventiva en el penal de Palmasola.

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El sujeto estaba prófugo desde 2023, cuando fue denunciado por abusar de una estudiante menor de edad en una unidad educativa del área rural de Oruro. La detención fue confirmada este viernes por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), según reportó Erbol.

El director de Interpol Bolivia, coronel Juan Carlos Bazoalto, informó que la captura se concretó después de que se activara una Notificación Roja para la búsqueda internacional del profesor.

El hombre era maestro de un colegio en Oruro cuando fue denunciado por cometer estupro contra su estudiante de 17 años. Tras el delito, el sujeto se dio a la fuga, evadiendo la acción de la justicia boliviana.

La Policía peruana logró identificar al profesor durante tareas de patrullaje, procediendo a corroborar su identidad y a ejecutar la aprehensión.

Con la detención confirmada, el coronel Bazoalto anunció que las autoridades bolivianas ya están iniciando el trámite de extradición del detenido.

El objetivo es que el profesor sea entregado a la justicia boliviana para que rinda cuentas por el delito cometido en Oruro y enfrente el proceso legal correspondiente.

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La mujer fue sentenciada a tres años de cárcel por mantener una relación y convivir con un adolescente de 17 años, pero la justicia le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena, por lo que no ingresará a prisión, según informó el fiscal Rolando Sánchez.

El caso salió a la luz el pasado domingo, cuando la pareja fue trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) tras una denuncia de violencia familiar.

Fue en ese contexto que las autoridades descubrieron que el joven denunciado era menor de edad y que convivía con la mujer en el barrio García Linera.

“La propia denunciante, que inicialmente se presentó como víctima de violencia, terminó siendo imputada como agresora por el delito de estupro al comprobarse que mantenía una relación con un menor de edad”, explicó el fiscal Sánchez al canal SPC 15.

La mujer de 26 años se sometió a un procedimiento abreviado y admitió su responsabilidad en el delito de estupro. La sentencia de tres años fue dictada por el juez cautelar N.º 1, Valencia Guaita.

Debido a que no tenía antecedentes penales, se le concedió la suspensión condicional de la pena, aunque deberá cumplir un año de reglas de conducta bajo supervisión judicial.

“Al no tener antecedentes, se le concedió la suspensión condicional de la pena. Si incumple las condiciones, la sanción se revocará y deberá cumplir los tres años de privación de libertad”, advirtió el fiscal Sánchez.

Mientras la mujer fue condenada por estupro, el proceso por violencia familiar contra el adolescente de 17 años continúa en investigación. Por orden del juez del menor, el joven fue enviado con detención preventiva al Centro de Reintegración Villa Rojas.

El fiscal Sánchez fue enfático en recordar la legislación boliviana: “No se debe naturalizar este tipo de vínculos; la ley es clara y sanciona estas conductas”, recalcando que las relaciones sexuales entre un adulto y un menor de 18 años son tipificadas como delito, aun si existe consentimiento.

El caso ha generado cuestionamientos y debate en Cobija, tanto por el doble proceso legal que enfrentan los implicados, como por la leve pena que recibió la mujer en redes sociales.

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La audiencia de medidas cautelares en el caso Saracho Fest concluyó con la determinación de que los dos imputados, la directora del establecimiento educativo y el cantante, deberán presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público y el Juzgado Cautelar, pagar una fianza de Bs 5.000 y cumplir con arraigo. Además, la directora recibió detención domiciliaria con derecho a salida laboral.

En una audiencia de medidas cautelares, se determinó que el cantante no permanecería detenido mientras continúan las investigaciones. La decisión fue tomada por el juez que llevó adelante la audiencia.

Las autoridades están revisando los protocolos de seguridad en eventos masivos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

El caso ha generado un amplio debate en la comunidad sobre la responsabilidad en la organización de eventos y la seguridad del público asistente. Se espera que las investigaciones arrojen más información sobre las circunstancias que llevaron a la avalancha humana.

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La resolución se dio a conocer durante una audiencia que tuvo lugar el jueves 11 de septiembre de 2025. En esta ocasión, Camacho señaló que la prolongación del proceso se debió a la inacción de diversas instancias estatales.

La audiencia comenzó a las 08:30 horas y concluyó cuando el tribunal constató que se había sobrepasado el tiempo máximo de tres años que la legislación boliviana establece para un juicio penal.

Declaraciones de Luis Fernando Camacho

“Se determinó la extinción del proceso por duración máxima del tiempo previsto, que son 3 años. (…) Yo asistí a todas las audiencias virtuales desde Chonchocoro. Esto fue atribuible al Viceministerio de Transparencia, a la Procuraduría y al Ministerio de Gobierno que nunca quisieron trasladarme”, declaró Camacho tras conocer la resolución.

Origen del caso

Este caso se originó a partir del Decreto 373, que fue firmado en marzo de 2022, cuando Camacho viajó a Brasil y dejó el mando en manos de Miguel Navarro, quien era el secretario de Gestión Institucional, en lugar de Aguilera. Durante la audiencia, el vicegobernador estuvo presente como testigo y comentó que cumplía con la citación judicial: “Yo he sido citado hoy día como testigo, estamos aquí presentes cumpliendo como reza la norma”.

Aspectos legales de la extinción

Según informó el diario El Deber, el abogado de Camacho, Martín Camacho, explicó que la extinción del caso se basa en la legislación nacional y en convenios internacionales que previenen la “persecución penal indefinida” y aseguran la presunción de inocencia. Con esta decisión, Camacho queda libre de cargos en el Caso Decretazo.

Otros procesos pendientes

A pesar de esta resolución, el gobernador enfrenta 5 procesos adicionales, entre los cuales se encuentran el denominado Paro de 36 Días, el Carro Bombero y el Golpe I. Camacho también recordó que otro juicio en su contra, el Caso Notaria, fue extinguido recientemente: “Ya van dos procesos que se van cayendo. Hay una tranquilidad en el sentido de que la justicia está haciendo su trabajo”.

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Murillo ya se encuentra cumpliendo una medida similar por el caso Gases Brasil. En total, enfrenta 15 procesos ordinarios que están vinculados a su gestión durante el gobierno de Jeanine Añez.

A pesar de haber sido condenado a cinco años de prisión, al no contar con una sentencia ejecutoriada, deberá esperar el veredicto mediante esta medida. En el caso Gases Brasil, también está a la espera de una sentencia ejecutoriada y ha sido sentenciado a ocho años de cárcel.

Detalles de los procesos

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha informado que los procesos que enfrenta Murillo están relacionados con hechos ocurridos durante su tiempo como ministro. La causa de Gases Ecuador investiga la presunta compra irregular de material antidisturbios.

Murillo ya tiene dos sentencias ejecutoriadas en Bolivia. La primera condena es por el caso de gases lacrimógenos, donde fue sentenciado a ocho años de prisión por la compra con “sobreprecio” de material antidisturbios en medio de la crisis de 2019.

Detención en Estados Unidos

Por este caso, Murillo fue detenido y encarcelado en Estados Unidos, donde enfrenta cargos penales relacionados con su supuesta participación en un esquema de soborno y lavado de dinero.

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Este es el cuarto cambio de fecha en menos de siete días, resultado de las solicitudes de su defensa y la falta de notificación al penal de San Pedro, donde Murillo se encuentra recluido. Actualmente, enfrenta 15 procesos ordinarios por acciones realizadas durante su gestión en el Gobierno de Jeanine Áñez.

Detalles del caso Gases Ecuador

La causa Gases Ecuador investiga la supuesta compra irregular de material antidisturbios. La Fiscalía General del Estado (FGE) ha indicado que los hechos en cuestión sucedieron durante el periodo en que Murillo ocupó su cargo.

La reprogramación de la audiencia ha suscitado inquietud entre los observadores del proceso judicial. Estos destacan la importancia de avanzar en estos casos para garantizar la justicia.

Contexto del caso Senkata

Por otro lado, el caso Senkata se centra en los eventos que ocurrieron durante las protestas relacionadas con la crisis política en Bolivia.

La ciudadanía permanece atenta al desarrollo de estos procesos judiciales, que podrían tener repercusiones significativas en el ámbito político y social boliviano.

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El abogado Diego Espinoza, quien es el representante legal en el caso y miembro de la Fundación Rescata, Protege y Cambia (RPC), destacó la importancia del fallo emitido por el Juzgado Segundo de Sentencia de El Alto, bajo la dirección de la jueza Nadia Soria Galvarro.

“Esta es una sentencia histórica porque se le aplica la pena máxima a un biocida”, afirmó el jurista.

Definición de biocida

El término biocida, utilizado por los activistas, se refiere a personas que cometen actos de extrema crueldad contra los animales.

Detalles del caso

El caso, que se remonta a febrero de 2024, culminó tras un proceso judicial de un año y seis meses, marcado por intentos de dilación por parte de la defensa.

El crimen que conmocionó a la población fue protagonizado por el dueño de una tienda de venta de llantas en la avenida 6 de Marzo. Este individuo golpeó al perro con una gata mecánica en tres ocasiones y posteriormente lo ahorcó, causándole una muerte lenta y dolorosa que se prolongó por más de cuatro horas.

Según la investigación, el perro de raza mestiza, tipo chapi, de estatura pequeña, era propiedad del cuñado del agresor y se encontraba descansando bajo el sol cuando fue atacado sin motivo alguno.

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🔴 La justicia condenó a cinco años de prisión a un biocida que torturó por cuatro horas a un perro, que se encontraba descansando bajo el sol, hasta causarle la muerte. 👉 El abogado Diego Espinoza informó que el proceso judicial se extendió por un año y seis meses. Además, adelantó que se solicitará que el implicado, D.P., cumpla la totalidad de su pena en el penal de San Pedro en #LaPaz.

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Argumentos de la defensa

La defensa intentó alegar que el animal había atacado a los hijos del imputado, un argumento que fue desmentido por las pruebas en video.

Próximos pasos legales

La sentencia aún debe atravesar una fase de recursos antes de ser ejecutada, pero la parte acusadora exigirá su cumplimiento íntegro.

“Nosotros vamos a pedir que se cumpla en el penal de San Pedro los 5 años completos porque tampoco se prevé una salida alternativa para quienes cometen este tipo de delitos”, precisó el jurista.

Colaboración para el fallo

El fallo fue posible gracias a la coordinación entre fiscales, investigadores y activistas de protección animal.

“Gracias a Dios ha habido un video que ha podido ser presentado como prueba para que podamos procesarlo. (…) A todos aquellos que lastimen a los animalitos, ya saben que se les va a juzgar con las penas máximas, aunque estas sean muy pequeñas, algo que vamos a tener que cambiar a futuro”, enfatizó.

/KMMN

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“Lo hemos tomado bien, es lo que queda, someterse a la justicia. El tribunal ha establecido la concurrencia de dos riesgos: falta de domicilio y trabajo. No hemos apelado el fallo porque no estamos disconformes. En el tribunal confesamos que ciertamente Arturo Murillo ha llegado a Bolivia en circunstancias muy difíciles: no tiene un domicilio, su vivienda fue incautada, precintada y saqueada, por lo que su único lugar de residencia ahora son las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)”, declaró Tapia.

Imposibilidad de demostrar situación

El abogado añadió que en un plazo de dos días era imposible demostrar que su cliente tiene una fuente laboral o un lugar donde residir. “No podíamos inventarnos un trabajo ni un contrato de alquiler, y menos aún falsificar documentos, porque Murillo no tiene siquiera una cédula de identidad”, sostuvo.

Otros procesos en curso

Arturo Murillo enfrenta en Bolivia múltiples procesos legales, entre ellos el caso “gases Brasil”, por el cual ya tiene una sentencia de 8 años de cárcel. Además, está involucrado en el caso “gases Ecuador”, que le ha acarreado una condena de 5 años y 4 meses. Su defensa también fue notificada con al menos 4 órdenes de aprehensión adicionales, lo que anticipa nuevas audiencias en los próximos días.

Situación actual de Murillo

Con esta decisión judicial, Murillo permanecerá detenido en el penal de San Pedro. Mientras tanto, su defensa ha anunciado que solicitará la cesación de la detención preventiva en el marco del proceso legal en curso.

/KMMN

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El procurador General del Estado, Ricardo Condori, junto con el fiscal Omar Yujra, informaron que apelarán la decisión para que Murillo sea trasladado al penal de máxima seguridad Chonchocoro. Argumentan que existen riesgos procesales que justifican este cambio.

La detención preventiva de Murillo no tiene un plazo definido, ya que se encuentra en la etapa de ejecutoria de sentencia. El exministro fue deportado de Estados Unidos y actualmente enfrenta 15 procesos penales activos en Bolivia, según lo confirmado por el fiscal general del Estado, Róger Mariaca.

De estos 15 procesos, 10 están en juicio, 2 en etapa preparatoria y 3 en etapa preliminar. “Es importante mencionar que, dentro de estos procesos penales, esta persona tiene 2 sentencias condenatorias”, destacó Mariaca durante una conferencia de prensa en Sucre.

Detención preventiva sin plazo

La justicia decidió, en la mañana de este sábado, recluir de manera preventiva a Murillo en el caso conocido como ‘Gases Brasil’. Esta información fue confirmada por Condori al finalizar la audiencia.

Condori explicó que la medida de detención es por tiempo indeterminado y que se apelará esta decisión. Los denunciantes están solicitando que Murillo sea recluido en el penal de Chonchocoro debido a los riesgos procesales. “Va a ser trasladado al penal de San Pedro. Nosotros hemos apelado, estábamos pidiendo Chonchocoro, al igual que el Ministerio Público; sin embargo, el tribunal ha tomado otra decisión”, afirmó la autoridad.

Audiencia programada para otro caso

El exministro tenía programada una audiencia para las 10:30 horas relacionada con el caso ‘Gases Ecuador’, pero esta ha sido reprogramada para este domingo de manera presencial. La defensa de Murillo ha calificado el proceso como “contenido político” y sostiene que el exministro tiene el derecho de enfrentar los procesos en libertad.

Se anticipa que habrá un total de 15 procesos contra Murillo, con al menos 4 notificaciones nuevas recibidas durante la mañana del viernes. Aún se está evaluando la documentación recibida. El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer ha determinado la detención preventiva del exministro por 6 meses en el penal de San Pedro.

Regreso a Bolivia y antecedentes

Esta decisión fue tomada tras la audiencia realizada en La Paz, luego del regreso de Murillo a Bolivia tras ser deportado desde Estados Unidos. En mayo de 2021, fue detenido en Estados Unidos, donde fue acusado y condenado por lavado de dinero y sobornos relacionados con la compra irregular de material antidisturbios.

El caso “Gases Brasil” está vinculado a la adquisición con sobreprecio de agentes químicos por un total de 5,6 millones de dólares a través de Bravo Tactical Solutions. Las investigaciones revelaron un sobreprecio de 2,3 millones de dólares, cuyos fondos fueron transferidos al sistema financiero estadounidense, lo que activó alertas internacionales y llevó a su captura y proceso penal en el extranjero.

Riesgos procesales y reclusión

La Procuraduría General del Estado y el Ministerio Público sostienen que Murillo representa un riesgo para el proceso judicial. Por lo tanto, consideran que su reclusión en un penal de mayor seguridad es necesaria para garantizar el desarrollo del juicio.

/KMMN

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Ríos mencionó que Murillo fue notificado sobre su aprehensión tan pronto como llegó al país. Además, recordó que durante su detención en Estados Unidos, el exministro admitió haber cometido delitos. Sin embargo, enfatizó que ahora es responsabilidad de la justicia boliviana continuar con el proceso de forma independiente, respetando los procedimientos legales establecidos.

Traslado a La Paz

El vuelo que llevará a Murillo a la sede de Gobierno está programado para las 11:00 horas y se espera que llegue al mediodía. Una vez que aterrice, será conducido a dependencias policiales para seguir con el procedimiento antes de ser presentado ante un juez. Esto asegurará que se cumplan todas las etapas del proceso judicial.

Procesos judiciales en curso

Entre los procesos judiciales que enfrenta Murillo, hay varios casos abiertos y dos sentencias ya ejecutadas. En el caso de Gases Lacrimógenos, recibió una condena de 8 años de prisión por la compra con sobreprecio de material antidisturbios. Por otro lado, en el caso Gases Ecuador, fue sentenciado a 5 años y 4 meses de cárcel por el ingreso irregular de armamento desde ese país.

Condiciones de salud de Murillo

El ministro de Gobierno también informó que Murillo presenta hipertensión arterial y un cuadro de ansiedad. Por esta razón, está recibiendo tratamiento médico mientras permanece bajo custodia, lo que garantiza su atención durante todo el tiempo que dure su detención.

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Detalles del crimen

Los condenados fueron sentenciados sin derecho a indulto por los delitos de asesinato e infanticidio. La investigación reveló que la familia salió de su hogar con Bs 120.000, dinero que Limberth Medina les había ofrecido para la compra de un terreno. Sin embargo, durante el trayecto, fueron desviados hacia una zona boscosa, donde Crespo obligó a Gregorio a descender del vehículo y le disparó en la cabeza y en la espalda.

El objetivo del crimen fue apoderarse del dinero y de la camioneta Toyota Hilux en la que se trasladaban. La autopsia realizada a los cuerpos de los niños Brayan V. A., de 11 años, y Eric V. A., de ocho años, así como de su madre Griselda, reveló que fueron golpeados y rematados con disparos de arma de fuego.

Descubrimiento de los cuerpos

Los cuerpos fueron hallados en estado de descomposición el 27 de agosto de 2025. Tras este descubrimiento, la Policía logró capturar a Medina y Crespo, quienes confesaron su participación en el crimen.

Procedimiento abreviado

Los sindicados optaron por someterse a un procedimiento abreviado, eludiendo así un juicio oral. Aceptaron ser condenados a 30 años de prisión, pena que cumplirán en la cárcel de máxima seguridad del Abra de Cochabamba.

Búsqueda de un tercer implicado

Mientras tanto, la Policía del trópico de Cochabamba continúa la búsqueda de un tercer implicado, ya identificado, quien es sindicado como responsable directo de la muerte de Griselda y los dos niños.

Este caso ha generado una gran consternación en Cochabamba, y los familiares de las víctimas exigen que se capture a todos los implicados en este horrendo crimen.

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Detalles de la audiencia

El Juzgado Primero de Anticorrupción fue el encargado de conceder la cesación de la detención preventiva de Luis Fernando Camacho. Además, ordenó que el gobernador cumpla con la detención domiciliaria en el marco del proceso penal que se abrió por el paro de 36 días en demanda de adelantar el censo.

La decisión se tomó durante una audiencia virtual de revisión de medidas cautelares, que comenzó alrededor de las 12:30 horas. Esta acción fue una respuesta al instructivo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien solicitó revisar los plazos legales de la detención preventiva de Camacho, Marco Pumari y Jeanine Áñez.

En la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz, tras escucharse la nueva resolución judicial mediante una audiencia virtual, se desató la alegría de los seguidores del Gobernador, que se encontraban en vigilia. 

Declaraciones del abogado

Martín Camacho, abogado del gobernador, informó al concluir la audiencia que “la autoridad judicial ha considerado el vencimiento del plazo de la última ampliación de la detención preventiva. Ha considerado que nos encontramos en etapa preparatoria (…) ha ordenado la cesación a la detención preventiva del gobernador Fernando Camacho”.

El jurista explicó que el juez decidió sustituir la detención preventiva por la detención domiciliaria, además de imponer una fianza económica, la prohibición de contacto con otros involucrados en el proceso y el arraigo.

Otras resoluciones judiciales

Camacho ha acumulado dos resoluciones judiciales favorables, ya que el martes anterior se resolvió su detención domiciliaria y se le impuso una fianza de Bs 100,000 por el caso conocido como Golpe I. Sin embargo, sigue detenido en Chonchocoro, a la espera de que los jueces notifiquen formalmente a Régimen Penitenciario para que se hagan efectivas las nuevas medidas cautelares.

Historia de la detención

El gobernador Luis Fernando Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022, en relación con el caso Golpe de Estado I, y desde entonces ha estado cumpliendo su detención preventiva en Chonchocoro. Tras la audiencia del miércoles, su equipo jurídico ha señalado los pasos a seguir para su regreso a Santa Cruz.

“Inmediatamente vamos a trasladarnos hasta el Juzgado para solicitar se nos libre el oficio para el arraigo del gobernador en (Dirección de) Migración y además se nos disponga el pago de la fianza que debe realizarse de manera inmediata”, sostuvo Martín Camacho.

Próximos pasos

El abogado también explicó que se han cumplido todos los procedimientos necesarios respecto al caso de la crisis política de 2019, para que Camacho pueda regresar a Santa Cruz. “Se definió el cese de la detención preventiva, la modificación por una medida cautelar menos gravosa, en este caso, la detención domiciliaria, y además, una fianza de Bs 50,000 bolivianos y el arraigo”, precisó.

Una vez que se cumplan estos requisitos, se solicitará que se emita un mandamiento correspondiente. “Una vez pise suelo cruceño, el gobernador Luis Fernando Camacho reasume en su cargo con total ejercicio de sus funciones”, remarcó Martín Camacho.

Se espera que Camacho regrese a Santa Cruz este viernes.

/KMMN

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Nina enfrenta serias acusaciones que incluyen instigación pública a delinquir, amenazas y delitos electorales. Estas acusaciones surgieron después de que el pasado 17 de agosto advirtiera que “el gobierno contará muertos y no votos”, justo a pocos días de las elecciones generales. Según el Ministerio Público, sus declaraciones representan un riesgo para la estabilidad social del país.

Detalles de su encarcelamiento

La dirigente fue encarcelada el 26 de julio de 2025, y su caso ha recibido una amplia cobertura mediática debido a la gravedad de las amenazas que se le atribuyen. Durante la audiencia, miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) expresaron una satisfacción parcial con el fallo. Ellos habían solicitado que la reclusión fuera de seis meses, pero consideran que los tres meses dispuestos son “un paso importante” para proteger la jornada electoral programada para el próximo domingo.

Seguimiento del proceso

El proceso judicial continuará bajo la supervisión de las autoridades correspondientes y de organizaciones de la sociedad civil. Estas entidades advierten sobre la necesidad de mantener medidas firmes ante cualquier acción que pueda afectar el desarrollo pacífico de los comicios. La situación de Ruth Nina sigue siendo un tema de gran interés y preocupación en el contexto electoral actual.

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Detalles de la detención

La información sobre la detención domiciliaria fue proporcionada por su abogado, Alberto Morales. Esta decisión se produce tras la aprehensión de Siles el 21 de junio de 2025. En este caso, también están implicados otros 7 individuos, entre ellos jueces y abogados, quienes enfrentan diversas medidas cautelares.

La detención domiciliaria impone varias condiciones, incluyendo el pago de una fianza de 50.000 bolivianos. Además, Siles debe cumplir con el arraigo, lo que significa que no puede salir del país, y tiene la obligación de presentarse cada 15 días al biométrico de la Fiscalía. La investigación en su contra se centra en su presunta participación en un consorcio que involucra a jueces, fiscales y abogados.

La conversación comprometedora

El exministro ha sido señalado debido a un supuesto audio en el que mantuvo una conversación con Fernando Marcelo Lea Plaza, quien es un exjuez de Coroico. Se alega que este consorcio tenía como objetivo la destitución de Fanny Coaquira, magistrada del TSJ, y que su suplente, Iván Campero, debía asumir su puesto.

Se presume que Lea Plaza emitió una resolución para destituir a Coaquira bajo instrucciones del ahora exministro de Justicia. Actualmente, el exjuez de Caranavi se encuentra encarcelado en la prisión de Patacamaya y ha declarado que fue presionado por Siles para actuar de esa manera.

Investigaciones en curso

El caso también involucra a Claudia Castro Dorado, exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, así como al expresidente del TDJ y otros abogados que están siendo investigados. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, ha declarado que esta red intentaba dar un golpe a la justicia y cooptar el poder judicial.

Además, Siles ha accedido al beneficio de “salud y vida”, dado que actualmente se encuentra internado en una clínica de La Paz. El 21 de junio de 2025, durante el feriado de Corpus Christi, el exministro fue aprehendido y un juez ordenó su detención preventiva por cinco meses en el penal de Patacamaya.

Sin embargo, tras conocer esta decisión, Siles sufrió una descompensación que requirió su traslado a un centro médico. Hasta la fecha, hay 8 personas que están siendo investigadas en este caso: César Siles, exministro de Justicia; Claudia Castro, exvocal del Tribunal Departamental de Justicia; Fernando Lea Plaza, juez de Coroico; Yván Córdova, expresidente del TDJ; Iván Campero, exmagistrado suplente; José Ramiro Uriarte, abogado; Sergio Sarmiento, funcionario del juzgado; y Óscar Antonio de la Fuente.

/KMMN

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Ambos religiosos, de nacionalidad española, ocuparon altos cargos dentro de la congregación. Según la acusación, durante su gestión optaron por encubrir a Pedrajas, a pesar de conocer las denuncias de abuso en su contra. En el caso de Recolons, se destaca que llegó a ocupar el segundo cargo más importante de la Compañía de Jesús a nivel mundial, lo que refuerza la gravedad del presunto encubrimiento.

Relevancia del caso

El caso tomó relevancia en 2023, cuando se hizo público el diario personal del sacerdote Pedrajas, quien falleció en 2009. En ese documento, el jesuita admitía haber abusado de al menos 85 menores entre 1972 y los primeros años del nuevo milenio. Estas agresiones ocurrieron mientras ejercía funciones como misionero y profesor en distintos establecimientos del país, entre ellos el colegio Juan XXIII de Cochabamba.

Esta causa marca un precedente para la justicia boliviana, ya que por primera vez se lleva a juicio a dos exautoridades de la Compañía de Jesús por presuntamente encubrir a un miembro de su orden acusado de pederastia. Actualmente, 18 víctimas se han constituido como parte denunciante y participan del proceso judicial.

Acciones del Ministerio Público

El Ministerio Público inició el caso de oficio. Con el paso del tiempo, se sumaron otras acciones legales impulsadas por la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Educación, el actual provincial jesuita Bernardo Mercado Vargas y el Servicio Plurinacional de Apoyo a las Víctimas (Sepdavi).

Aunque existen otras denuncias relacionadas con los mismos hechos, esta es la única que ha avanzado hasta la etapa de juicio oral. Esta situación refleja las dificultades que aún enfrentan muchas víctimas para acceder a la justicia en casos de abusos dentro de instituciones religiosas.

Declaraciones de las víctimas

Durante la audiencia estuvo presente Pedro Lima, vocero de la organización de víctimas, quien sostuvo que lo ocurrido con el “padre Pica” no corresponde a una conducta aislada. A su criterio, se trata de un patrón sistemático de encubrimiento institucional que también se habría repetido en otros casos similares.

En ese contexto, Lima mencionó a otros sacerdotes españoles señalados por abusos sexuales en Bolivia. Entre ellos destacó a Luis Tó, quien fue enviado al país a pesar de contar con una condena por pederastia en España. También mencionó a Antonio Gausste Capdevila, conocido como “Tuco”.

LDVY

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Ambos enfrentan acusaciones por el presunto delito de encubrimiento en el caso que investiga a Alfonso Pedrajas Moreno. Este último está acusado de violación a niños, niñas y adolescentes, así como de abuso sexual, además de otros autores y encubridores que también están siendo investigados.

El caso de pederastia en Bolivia

El diario del padre Pedrajas Moreno reveló múltiples casos de pederastia en Bolivia. Este proceso judicial fue iniciado de oficio por el Ministerio Público y también incluye los casos acumulados que fueron presentados por la Procuraduría General, el Provincial Jesuita Bernardo Mercado Vargas, el Ministerio de Educación y la ampliación solicitada por el Servicio Plurinacional de Apoyo a las Víctimas.

Expectativas de justicia

Wilder Flores, presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, expresó su esperanza de que la justicia boliviana envíe señales claras tanto al país como al mundo. Afirmó que, aunque las instituciones eclesiales implicadas en estos delitos sean multinacionales, en Bolivia no quedarán impunes los crímenes de lesa humanidad.

Modus operandi de los jesuitas

Pedro Lima, vocero de la organización de sobrevivientes, destacó que el modus operandi de los provinciales jesuitas consistía en reubicar a los perpetradores y ocultar los escándalos generados por las repetidas denuncias. Esto permitió que los abusadores continuaran afectando a cientos de niños.

Detalles del juicio

El juicio contará con 18 víctimas denunciantes y 50 pruebas documentales diversas. Además, se presentarán 18 informes psicológicos, 33 otros elementos y múltiples declaraciones. Habrá más de 50 pruebas testificales, 25 evidencias materiales y una prueba psicológica a una víctima denunciante, así como una pericia antropológica con perspectiva de género.

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Audiencia de apelación

Durante la audiencia de apelación, el exministro no logró desvirtuar los riesgos procesales que habían sido identificados anteriormente. Por esta razón, se decidió mantener la medida cautelar que había sido dictada por el juzgado correspondiente.

Condición médica de Siles

Respecto a la situación médica de Siles, Cárdenas indicó que es responsabilidad del Ministerio Público verificar su estado de salud mediante evaluaciones forenses mientras él permanezca hospitalizado.

Detención de Claudia Castro

De manera paralela, la justicia también confirmó la detención preventiva de la exvocal Claudia Castro. Ella fue trasladada a un centro médico después de presentar complicaciones de salud durante su tiempo en el penal de Obrajes.

Investigación del caso “consorcio”

El caso, conocido como “consorcio”, investiga una supuesta red que habría operado para influir en decisiones judiciales. Según las investigaciones, el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, emitió un fallo que buscaba destituir a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia que había sido elegida por voto popular.

LDVY

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“Dicen que los hombres no deben llorar”, reza una conocida canción. Pero es solo una ligera canción y la dura realidad es otra. Vemos éstos días en noticieros y redes sociales a un joven con el rostro lloroso y compungido siendo liberado luego de nueve años de injusta detención por algo que nunca cometió. Y ver esas lagrimas nos duele a todos. Nos duele, nos apena y nos indigna.
Sabemos que la justicia humana es imperfecta; acaso solo el rey Salomon, muy sabio por designio de Dios, supo administrar buena justicia. Pero la justicia boliviana debe estar entre las peores del planeta y siempre con visos de corrupción, además.
Resulta indignante que quienes debian administrar justicia no lo hayan hecho. ¿Que pasó con los policias investigadores?, no supieron investigar nada, ¿supieron realizar minucioso trabajo Científico, Técnico y Forense ?, ¿Quiénes investigaronn?, ¿los subalternos suboficiales o los oficiales?, o ¿no estan preparados para esas rutinas?.
Y ¿los abogados?, aquellos que defienden de oficio, ¿supieron hacer su trabajo?, o ¿solo cobraronn por labor inexistente?. Y ¿los jueces?, ¿qué elementos analizaron?, ¿qué indicios valoraron?, ¿tenían sentido comun?, que esto parece ser el menos común de los sentidos entre ellos.
Me estremece y aterra pensar la clase de gente compone los Tribunales de provincias. Fue un Tribunal de sentencia de la provincia Nor Cinti que condeno al joven Richard Mamani. Tal vez si su caso era llevado a un Tribunal de ciudad capital, ¿ la suerte hubiera sido otra?. Tengo mis dudas porque como “ en todo lado se cuecen habas”, el vivir en una ciudad capital tampoco garantiza probidad, en consecuencia la justicia es asi nomas en el país del desastre.
LEY 348
Esta ley parece ser la causa de tanta injusticia, porque lo de Richard Mamani solo es una muestra. ¿Cuántos casos similares existiran?. ¿Cuántos hombres estarán languideciendo en las cárceles siendo inocentes? .Menudo trabajo le aguarda al Defensor del Pueblo, don Pedro Calizaya.
Es una ley sin sentido común o con muy poco de el. Supuestamente es para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, pero… ¿ no es violencia sicológica, emocional y social lo hecho al joven Richard?. La injusta condena tuvo un impacto social a la integridad física y psiquica del joven. Cómo es posible condenar a simple denuncia verbal, sin careos, sin investigación profunda, sin investigacion científica, sin valoraciones forenses, sin colectar pruebas fehacientes y solo basandose en conjeturas? . Draconiana ley por donde se la mire o lea.
RESARCIMIENTO
Si éste hecho hubiera ocurrido en el país del norte, por ejemplo, la victima sería indemnizada con millonaria suma por el error de los jueces. En Bolivia, acaso el asunto se quede ahí.
Richard tiene derecho al pago de daños y perjuicios. El Articulo 113, numeral 1 de la Constitución establece el derecho. El Articulo 95 del Código Penal establece indemnización para personas inocentes. ¿Ocurrirá?, por el bien de Richard, ojalá. Pero ¿por qué complicados vericuetos juridicos tendrá que recorrer previamente?. ¿el proceso será corto o demandará años luz?. Dada nuestra justicia, el pesimismo nos embarga, pero por Richard Mamani seamos optimistas.
CONFIANZA NI EN MI CAMISA
Lo dijo don Mariano Melgarejo, y acaso fue un acierto del ex presidente.
Llama la atención que la denunciante haya sido la hermana menor de Richard, aleccionada y presionada por la hermana mayor. Un remordimiento conciencial hizo que luego de más de ocho años (siendo ahora mayor) la hermana reconozca la mentira. ¿Habrá alguna sanción a la hermana mayor?. Pues es ella la autora intelectual de la mentirosa acusación que sumió al hermano a nueve años de cárcel.
Esta sería la oportunidad para que nuestra alicaída justicia se reivindique, por lo menos medianamente. Aguardemos.

   (*) Comunicador Social

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La decisión fue tomada por un juzgado de La Paz después de una audiencia cautelar que duró casi 10 horas y se llevó a cabo de manera virtual. La Fiscalía ha imputado a Siles por los delitos de consorcio y tráfico de influencias. Esto se debe a que, supuestamente, se difundió un audio en el que conversaba con el juez de Coroico, Marcelo Fernando Lea Plaza, para coordinar un fallo que buscaba suspender a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.

Incidente de aprehensión

Durante la audiencia, la defensa de Siles presentó un incidente por aprehensión ilegal, el cual fue rechazado por el juez. El Ministerio Público había solicitado inicialmente que Siles fuera detenido por 6 meses en la cárcel de San Pedro, pero el juez decidió que la medida se cumpla en Patacamaya por un periodo de 5 meses.

Siles se presentó de manera voluntaria ante el Ministerio Público el jueves pasado, tras los allanamientos realizados para localizarlo. Fue aprehendido de inmediato y desde entonces se encuentra bajo investigación.

Cuestionamientos legales

El abogado de Siles, Franklin Gutiérrez, ha cuestionado la legalidad del procedimiento, argumentando que no existe el soporte original del audio presentado como prueba. Esto, según él, impediría realizar una pericia técnica adecuada.

Otros involucrados en el caso

El caso “consorcio” ya ha implicado a otras exautoridades judiciales. El juez Marcelo Lea Plaza fue enviado a detención preventiva en la cárcel de San Pedro por 180 días. La exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro, también fue enviada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes por 120 días.

Además, el vocal del TDJ paceño y actual magistrado suplente del TSJ, Iván Campero, se encuentra bajo detención domiciliaria. Por su parte, el expresidente del TDJ de La Paz, Iván Córdova, fue aprehendido recientemente y aún está a la espera de su audiencia que definirá su situación jurídica.

Continuación de las investigaciones

Las investigaciones siguen en curso con el objetivo de esclarecer el alcance de la presunta red de coordinación irregular entre jueces y autoridades, que busca influir en decisiones judiciales.

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Declaraciones de la gerente legal

Ximena Riveros, Gerente Nacional Legal de Soboce, expresó que esta decisión refuerza el respeto al Estado de Derecho y restablece las garantías constitucionales. Además, destacó que la resolución contribuye a recuperar la confianza en la justicia boliviana. Riveros también mencionó que este fallo protege miles de empleos y fomenta la inversión extranjera en un momento crítico para el país.

Impacto en las operaciones de Soboce

La gerente indicó que el fallo permitirá a Soboce continuar operando tras casi 10 años y reactivar su plan de inversiones en Bolivia. Sin embargo, aclaró que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con sede en Sucre, aún debe revisar el caso. Riveros confía en que el TCP ratificará la decisión del tribunal paceño.

Cuestionamientos a la sentencia anterior

Soboce cuestionó la validez de la sentencia anterior, señalando que hubo violaciones a las garantías constitucionales. La empresa argumentó que la multa se basó en una jurisprudencia inaplicable a casos comerciales, ya que esta normativa está destinada a delitos de lesa humanidad y genocidio. Además, alertó sobre el riesgo que esto representaba para miles de empleos y la inversión privada en el país.

Controversia sobre el concepto legal

Uno de los aspectos más polémicos fue la aplicación del concepto “daño al proyecto de vida”. Este término se utiliza normalmente en casos de derechos humanos y personas naturales, pero se aplicó en esta disputa empresarial, lo que generó críticas en sectores legales y empresariales.

Debate sobre seguridad jurídica

El caso provocó un amplio debate sobre la seguridad jurídica, la independencia judicial y las condiciones para la inversión en Bolivia. Por esta razón, diversos sectores sociales, empresariales y sindicales expresaron su preocupación. También organizaron movilizaciones en varias ciudades para defender la estabilidad laboral y el respeto al Estado de Derecho.

LDVY

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Jhon Montaño, el fiscal encargado de la investigación, informó que el hombre, quien es cuñado de la víctima, enfrenta cargos por violación en grado de autoría. Por su parte, la mujer, que es hermana de la denunciante, está siendo imputada por violación en grado de complicidad.

En una audiencia de medidas cautelares celebrada ayer por la tarde, el juez de turno decidió que ambos implicados permanezcan detenidos mientras se llevan a cabo otras diligencias investigativas en esta etapa preparatoria.

Las vejaciones sufridas

El hombre fue arrestado la mañana del martes, acusado de haber cometido constantes abusos sexuales a su cuñada desde que ella tenía 14 años, durante un periodo aproximado de 10 años. A raíz de estas violaciones, la víctima ha dado a luz a 2 hijas y ha sufrido al menos 2 abortos forzados, uno de los cuales ocurrió tras una golpiza violenta.

La aprehensión del sospechoso fue realizada por agentes del Departamento de Inteligencia Criminal (DIC) de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en la urbanización Pumas Andinos.

Complicidad de la esposa

Durante la investigación, se determinó que la esposa del principal sospechoso, que también es hermana de la víctima, estaba al tanto de las vejaciones, pero optó por ocultar el crimen sexual. El coronel David Gómez, director de la Felcv, destacó que las labores investigativas llevaron a la captura de la hermana de la víctima, quien ahora enfrenta a la justicia.

El fiscal Montaño explicó que, según los elementos probatorios, el Ministerio Público ha calificado la participación de la hermana en grado de complicidad. Esto se debe a que ella conocía las agresiones sufridas por su hermana a manos de su cónyuge y no realizó la denuncia correspondiente.

Familiares que callaron

Además, se ha señalado que otros familiares de la víctima también estaban al tanto del crimen y decidieron guardar silencio. El Ministerio Público ha dejado claro que no será tolerante ante esta situación y llevará a cabo una investigación exhaustiva contra esos familiares que, a pesar de conocer los hechos, no hicieron la denuncia pertinente.

El fiscal Montaño enfatizó que estos familiares serán llamados a declarar en el marco de la investigación.

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Desde el Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM) Tarija, se emitió un pronunciamiento exigiendo celeridad en el proceso judicial: “Convocamos a sumarse para que se lleve a cabo un juicio justo, pronto y sin impunidad. Las niñas/os no se tocan”.

Los antecedentes de este proceso se remiten a hace más de una década, cuando Aurelio sostenía una relación de amistad con la madre de la víctima que lo denunció; incluso era su padrino. Luego la amenazó para que no contara lo ocurrido a nadie y tomó ventaja del temor de la niña para continuar con las vejaciones sexuales.

Por el miedo que la menor sentía, calló el hecho durante varios años. Sin embargo, luego sentó la denuncia en 2021 y se dio inicio a la investigación en la que el Ministerio Público recolectó los suficientes elementos para acusarlo formalmente. Se conoce que existiría más víctimas.

/KMMN

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Fecha de liberación anticipada

El ministro Siles indicó que la liberación anticipada de Murillo está programada para el 21 de julio de 2025. En ese momento, se activarán los mecanismos legales necesarios para su extradición o deportación a Bolivia.

“Hemos estado haciendo el seguimiento y la coordinación respectiva”, comentó Siles sobre la situación de Murillo. Este hecho ha reavivado la exigencia de justicia por parte del Gobierno boliviano, así como de juristas y defensores de derechos humanos, quienes buscan garantizar que se lleve a cabo su juicio en Bolivia.

Proceso judicial en curso

Una vez que Murillo termine su pena en Estados Unidos, se activarán dos mecanismos legales: la extradición o la deportación directa. En relación al caso Senkata, el ministro Siles señaló que el juicio sigue en trámite y se espera que haya una resolución antes de las elecciones generales, programadas para el 17 de agosto de 2025.

“Murillo está siendo acusado en el caso Senkata, un proceso que está en curso; esperemos que termine antes incluso de las elecciones del 17 de agosto”, enfatizó Siles.

Condena en Estados Unidos

El exministro fue condenado el 4 de enero de 2023 por un tribunal estadounidense después de admitir su culpabilidad en un caso de lavado de dinero y soborno. Este caso está vinculado a la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos para el Estado boliviano. Recibió una sentencia de 70 meses de cárcel, aunque su pena fue reducida en varias ocasiones debido a su “buen comportamiento”.

Advertencia sobre su situación

Según el abogado estadounidense Thomas Becker, la liberación anticipada de Murillo está fijada para julio de 2025. “Según la oficina de prisiones federales, la fecha de liberación de Arturo Murillo es el 21 de julio de 2025. Bolivia debe hacer un seguimiento riguroso, porque podría ser enviado a otro país”, advirtió Becker durante una entrevista en el medio Bolivia Tv.

Además, Murillo figura como acusado en otros casos relacionados con los conflictos sociales que ocurrieron durante 2019. Las autoridades bolivianas han manifestado su compromiso para asegurar que se realice un juicio justo una vez que cumpla su condena actual.

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La autoridad explicó que el proceso judicial que enfrenta Morales se inició a raíz de una denuncia relacionada con una menor de edad. Esta situación llevó a que el exmandatario fuera declarado en rebeldía.

“La justicia es un órgano independiente. El Ministerio Público representa a la población boliviana y está siguiendo una acción penal en la cual se ha establecido una víctima menor de edad y además que ha engendrado a otra menor”, afirmó Aguilera.

Desmentido de guerra judicial

En relación a las versiones que sugieren una supuesta “guerra judicial”, Aguilera descartó esta posibilidad. “En este caso, pues no se está hablando de hechos de corrupción, sino se está hablando de acciones vinculadas no solamente a la libertad sexual, sino también al abuso de poder que en algún momento ha podido haber tenido esta persona”, expresó.

Planes de atentado

Aguilera también desmintió las afirmaciones de Morales sobre presuntos planes para atentar contra su vida. Según la información de la policía boliviana, no existe ningún registro que confirme tales operaciones.

“Son informes falsos que provienen indudablemente de personas que seguramente quieren ganarse algún tipo de voluntad de parte del exmandatario haciéndole conocer información que no corresponde a la realidad, lo que significa no solamente desinformación, sino también la intención de revictimizarse”, concluyó Aguilera.

LDVY

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Esta decisión se tomó durante una audiencia en la que se reconsideraron las medidas cautelares, tras el vencimiento del plazo inicial de detención de Zúñiga. Aunque tanto la Fiscalía como el Gobierno solicitaron una extensión de dos meses, argumentando que el caso es complejo y que aún quedan diligencias por realizar, el juez optó por conceder solo 30 días adicionales.

Próxima audiencia programada

El juzgado ha programado una nueva audiencia para el 11 de mayo de 2025, en la que se volverá a evaluar la situación legal de los implicados en el caso. Además de Zúñiga, la extensión de la detención también afecta al exjefe de la Armada, Juan Arnez, y a Edison Irahola, excomandante de la División Mecanizada del Ejército.

Las defensas de los involucrados han anunciado que presentarán apelaciones contra esta decisión judicial. Mientras se llevaba a cabo la audiencia, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que se emitieron cinco nuevas órdenes de aprehensión.

Nuevas órdenes de aprehensión

De estas, una fue ejecutada en Santa Cruz y dos en Cochabamba. Entre los detenidos se encuentra el abogado Jorge Valda, lo que ha generado reacciones en la oposición, que ha calificado estas acciones como una nueva arremetida de persecución política y ha exigido su liberación.

Documental sobre la asonada militar

Estos acontecimientos se desarrollan un día después de que el Gobierno difundiera un documental sobre la asonada militar. En este documental se mencionan a analistas y dirigentes como posibles integrantes de un eventual gabinete que podría ser encabezado por Zúñiga.

LDVY

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El investigado fue detenido en España y se encontraba en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Madrid II. El Tribunal Tercero de Sentencia en lo Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia declaró a Sebastián D. como rebelde. Este individuo enfrenta una imputación por el presunto delito de violación contra un niño de 12 años, ocurrido dentro del establecimiento educativo en mayo de 2023. Sin embargo, la denuncia fue presentada un mes después del hecho.

Acciones judiciales

Como parte del fallo judicial, se ordenó la publicación de los datos del acusado mediante edictos de prensa. Además, se emitió una orden de captura para que cualquier autoridad pueda proceder con su detención. También se dictó una orden de arraigo ante Migración para facilitar su aprehensión dentro del territorio boliviano. Debido a la declaración de rebeldía, el juicio oral programado fue suspendido hasta que el acusado sea extraditado al país, ya que las normas vigentes prohíben el juzgamiento en ausencia.

Investigación del caso

Las indagaciones realizadas por la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia han revelado que los padres de la víctima denunciaron el abuso que ocurrió dentro del colegio Alemán. En respuesta a esta situación, el Ministerio de Justicia, a través de su unidad de Transparencia, se adhirió a la causa. El objetivo es garantizar el debido proceso y buscar una sanción adecuada contra el imputado.

/KMMN

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La medida se implementa luego de que Revilla apareciera en un video junto a su esposa, Maricruz Ribera, expresando su respaldo al empresario Samuel Doria Medina de cara a las elecciones presidenciales. Aguilera aclaró que la investigación no está relacionada con su pronunciamiento político, sino con los procesos judiciales en su contra.

Mecanismos de rastreo

El viceministro señaló que, aunque se hayan usado direcciones IP falsas o espejo, la Policía cuenta con mecanismos para rastrear la ubicación exacta del exalcalde. Además, mencionó que ya existen presunciones sobre su paradero, gracias al cruce de información con países vecinos y la Interpol.

Contexto de la situación

Luis Revilla se declaró en la clandestinidad en 2022, denunciando persecución política. La justicia lo declaró rebelde y emitió una orden de aprehensión por presunto sobreprecio en la compra de 61 buses PumaKatari, lo que habría causado un daño económico de más de 26 millones de bolivianos.

Procesos judiciales en curso

Además, junto a su esposa, enfrenta un proceso por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Se investigan movimientos financieros irregulares entre 2019 y 2022. Tras no presentarse a una audiencia en marzo de 2025, ambos fueron declarados en rebeldía y se ordenó su captura.

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En la imagen compartida por Claure, se puede ver un cartel que incluye la foto de Evo Morales, a quien se le califica de “pedófilo” y “violador del Chapare”. Esta publicación ha suscitado reacciones en diversos sectores de la sociedad boliviana.

Claure también cuestionó si el gobierno de Luis Arce tomará acciones al respecto o si “le temblarían las piernas” al intentar arrestar al exmandatario. Actualmente, la justicia boliviana tiene abiertas investigaciones en contra de Morales, quien ha negado las acusaciones y ha denunciado que se trata de una persecución política en su contra.

Silencio del gobierno

Hasta el momento, el gobierno de Luis Arce no ha emitido una declaración oficial sobre la publicación de Claure ni sobre las investigaciones que están en curso. Sin embargo, este tema ha reavivado el debate sobre la impunidad y la independencia del sistema judicial en Bolivia.

El ofrecimiento de una recompensa por parte de Marcelo Claure representa un nuevo episodio en la polarización política que vive el país. Los sectores opositores acusan al gobierno de tener miedo de capturar a Morales, mientras que los seguidores del expresidente defienden su inocencia y consideran que se trata de una estrategia de desprestigio.

Respuesta de Evo Morales

En su programa dominical transmitido por la emisora cocalera Kawsachun Coca, Morales calificó a Claure de “loco” y “tonto”. Comparó la propuesta del empresario con acciones del “imperio” y recordó que Estados Unidos también ha solicitado la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreciendo entre 5 y 20 millones de dólares.

Morales se rió de la situación y comentó: “Estoy empezando con 1 millón (risas). Estos tipos están locos o son tontos, no entiendo”.

Situación legal de Morales

En enero, un juez declaró la rebeldía de Morales debido a su inasistencia en dos ocasiones a una audiencia que debía resolver la acusación de trata agravada de personas en su contra. Esta acusación se relaciona con una supuesta relación con una menor, con quien tuvo un hijo mientras era presidente de Bolivia en 2016.

El político ha permanecido desde octubre del año pasado en el Trópico de Cochabamba, que es su principal bastión político y sindical. Sus seguidores han establecido vigilancia en la zona ante la posibilidad de que la Policía ejecute la orden de aprehensión en su contra.

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Detalles de la sentencia

La decisión fue tomada por el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz, que declaró a los exministros culpables del delito de incumplimiento de deberes. Según la resolución, deberán cumplir su condena en los penales de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes.

En el caso relacionado con los gases lacrimógenos, Héctor Pérez Ortiz, un militar que era asistente del exministro de Defensa, recibió una condena de tres años y cuatro meses de prisión en la cárcel de San Pedro. Por otro lado, el excomandante de la Policía, Rodolfo Montero, también estaba bajo proceso; sin embargo, la autoridad judicial decidió absolverlo, ya que las pruebas presentadas “no han aportado lo suficiente” para dictar una sentencia en su contra.

Información sobre los condenados

El comunicado oficial indica que las siguientes personas fueron sentenciadas por delitos de incumplimiento de deberes, daños y perjuicios, entre otros, en el caso conocido como “Gases”: Arturo Murillo Prijic (cinco años y cuatro meses), Luis Fernando López Julio (cinco años y cuatro meses), Roxana Lizárraga (cinco años y cuatro meses) y Héctor Pérez Ortiz (tres años y cuatro meses).

Contexto del caso

La investigación reveló que el 15 de noviembre de 2019, en una reunión que incluyó a Murillo, López, Lizárraga y otros, se estableció contacto con la Policía de Ecuador. En esta reunión, se acordó la entrega de armamento no letal a Bolivia en calidad de préstamo. Solo tres días después, se produjeron trágicos eventos en Senkata, El Alto, que resultaron en la muerte de 11 personas. El Gobierno de Bolivia denunció que este armamento fue utilizado durante la represión de esos hechos.

Los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance de calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance de calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores. El procurador general del Estado, Ricardo Condori, destacó la importancia de esta sentencia, considerándola un “hito sin precedentes en la lucha contra la impunidad”.

El ministro de Gobierno también se pronunció al respecto, afirmando: “Cumplimos con el pueblo boliviano por los lamentables hechos ocurridos en el año 2019”.

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Medidas judiciales adoptadas

La determinación del juzgado incluye varias medidas importantes. Se emitió un mandamiento de aprehensión, se estableció una restricción de salida del país mediante arraigo, se realizó la anotación preventiva de bienes y se congelaron las cuentas del investigado. Estas acciones fueron tomadas después de que Morales no se presentara a dos audiencias cautelares, alegando problemas de salud.

Argumentos de la defensa

Durante la audiencia que se llevó a cabo este viernes, la defensa de Morales presentó certificados médicos que supuestamente justificaban su inasistencia. Estos documentos indicaban que el expresidente sufría de un cuadro de bronconeumonía y otras afecciones.

No obstante, el juez a cargo del caso, Nelson Rocabado, cuestionó la validez de los certificados médicos. Esto se debió a que no se presentaron exámenes realizados por especialistas dentro del plazo otorgado.

Cuestionamientos sobre la salud de Morales

El fiscal del caso también puso en duda la gravedad del estado de salud de Morales, ya que el expresidente participó recientemente en actividades públicas. Esta participación generó suspicacias sobre la veracidad de los problemas de salud que alegó.

Además, el juez desestimó la recusación presentada por el abogado defensor, Jorge Pérez, y rechazó los recursos que intentaban retrasar el proceso judicial.

Reacción de la defensa

La defensa del expresidente calificó el caso como una persecución política y anunció que apelará la decisión del juez. En paralelo, el juez designó un abogado de oficio para Morales, en caso de que no se presente en las siguientes etapas del proceso.

Contexto del caso

Este caso, que también involucra a la madre de la presunta víctima, es uno de los más polémicos en la trayectoria política y judicial de Evo Morales. El expresidente enfrenta denuncias que podrían tener importantes implicaciones legales y políticas en su futuro.

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El abogado de Fernando H., Ricardo Rodríguez, ha manifestado su desacuerdo con esta decisión. Rodríguez sostiene que los actos de investigación que aún están pendientes no tienen conexión con su cliente.

El jurista expresó su descontento, señalando que el juez Quinto de Instrucción en lo Penal ha accedido a la solicitud del Ministerio Público, bajo la premisa de que existen varios actos de investigación que aún no se han realizado.

Falta de criterio en el fallo

Rodríguez también comentó que considera que hubo una “falta de criterio” por parte del juez. Según su opinión, ninguno de los actos investigativos pendientes está vinculado a Fernando H., y debió haberse dictado una libertad pura y simple.

El abogado añadió que actualmente solo existe un riesgo procesal en contra de Fernando H., relacionado con una supuesta obstaculización. Sin embargo, él asegura que este argumento carece de fundamento.

Testimonios de militares implicados

Según los indicios presentados por la Fiscalía, hay testimonios de militares que están involucrados en el caso. Estos testimonios afirman que Fernando H., quien es miembro de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), participó en la planificación del presunto intento de golpe de Estado, con reuniones previas al 26 de junio.

Fernando H. ha afirmado que este aspecto será aclarado en el momento oportuno.

Historia de la detención

Fernando H. fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva el 8 de julio de 2024. En ese momento, se le impuso un período de 6 meses, que ya ha vencido. Ahora, su detención ha sido ampliada por 3 meses más.

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Según Ríos, la negativa de Morales a comparecer ante las autoridades judiciales implica una aceptación tácita de su culpabilidad. “La persona que no se presenta ante la justicia es un delincuente confeso, y ahora Evo Morales está ejerciendo ese papel”, declaró Ríos.

Atención pública al caso

Este caso de trata de personas ha captado una gran atención pública. El viceministro no dudó en señalar a Morales como una de las principales figuras involucradas que ha evadido su responsabilidad en este asunto.

Ríos también destacó que el expresidente se ha convertido en el primer individuo en no responder ante la justicia por las graves acusaciones que pesan sobre él, lo que ha intensificado la polémica en torno a la gestión del exmandatario.

Investigación en curso

En relación con la investigación que se está llevando a cabo, Roberto Ríos mencionó que la Policía Boliviana ha activado un plan estratégico para hacer cumplir los mandamientos de aprehensión emitidos contra Evo Morales, Juan Ramón Quintana y Ponciano Santos.

Este plan incluye operaciones de inteligencia y coordinación con las fuerzas de seguridad para ejecutar las órdenes de captura de estas figuras, quienes están bajo sospecha de estar vinculadas a delitos relacionados con la trata de personas.

Compromiso de las autoridades

El viceministro añadió que el trabajo de la Policía se desarrollará de acuerdo con los informes de inteligencia disponibles, lo que permitirá a las autoridades avanzar en la ejecución de las órdenes judiciales.

Las autoridades han reiterado su compromiso de actuar conforme a la ley y garantizar que todos los involucrados en el caso de trata de personas sean procesados de acuerdo con las normativas vigentes.

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“No nos desesperemos. Siempre hemos dado cumplimiento a lo que determina la justicia boliviana”, afirmó Del Castillo, al ser consultado sobre el tema. Además, anticipó que Morales no se presentará a su audiencia de medidas cautelares programada para el 14 de enero de 2025. Por lo tanto, estima que la justicia de Tarija lo declarará en rebeldía y emitirá un mandamiento de captura, según detalla Erbol.

Contexto de la situación

“No olvidemos que este soberbio agresor, el expresidente de nuestro país, lo que está buscando es siempre victimizarse o crecer mediante la convulsión, mediante la confrontación. No vamos a caer en este tipo de provocaciones, pero sí adelantamos que vamos a dar cumplimiento a lo que determine la justicia”, declaró Del Castillo.

Imputaciones contra Morales

Morales enfrenta una imputación formal y un mandamiento de aprehensión por el delito de trata de personas con agravante. Esto se debe a que ha sido denunciado por mantener relaciones sexuales con una adolescente a quien incluso habría embarazado mientras ejercía como mandatario. A pesar de que el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión a finales de 2024, hasta el momento la Policía no ha logrado ejecutarla.

Situación actual de Morales

Mientras tanto, Morales continúa atrincherado en el trópico de Cochabamba, participando en reuniones y actos públicos bajo el resguardo de sus seguidores. La situación sigue siendo tensa y la atención de la opinión pública está centrada en cómo se desarrollarán los próximos acontecimientos relacionados con este caso.

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“Yo soy Cindy Sarai V. P., y he sido y sigo siendo victimizada por el anterior Gobierno y por este Gobierno. Realmente he sufrido todos los efectos colaterales del poder, han hecho mucho daño a mi familia en todo este tiempo”, expresó Cindy, quien actualmente vive en la clandestinidad junto a su hija de 8 años.

El caso de Evo Morales

El caso que involucra a Morales se centra en una supuesta relación con una menor en 2015, quien formaba parte de su “Guardia Juvenil”. Morales enfrenta serios cargos por trata y tráfico de personas agravado.

La Fiscalía de Tarija emitió una imputación formal el 16 de diciembre y solicitó una alerta migratoria para evitar que el expresidente se fugue. Sin embargo, Morales ha evitado responder a las citaciones judiciales.

En este contexto, el Juzgado Quinto de Instrucción Penal ha fijado una audiencia de medidas cautelares para el 14 de enero de 2025. En respuesta a estas acciones, el exmandatario ha denunciado ser víctima de una “guerra jurídica” y ha afirmado que las acusaciones en su contra buscan desprestigiarlo políticamente.

Denuncias contra el actual gobierno

Durante la entrevista, Vargas señaló que su situación actual es resultado de una supuesta complicidad entre el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez. Según su relato, en 2019 fue forzada a salir del país junto a su hija y sus hermanos menores bajo la excusa de proteger su integridad.

Cindy detalló que ese año Del Castillo le advirtió que sus vidas corrían peligro y que la actual fiscal, quien en ese momento era representante del Consejo de la Magistratura, gestionó los permisos de viaje para llevarlos a Buenos Aires. Ahora, según ella, las autoridades la persiguen.

“Yo tengo más pruebas, fotos y charlas con Eduardo”, afirmó Cindy. “No estoy desaparecida, estoy salvaguardando la integridad de mi hija. Secuestraron a mi padre”, agregó.

Amenazas y persecución

Cindy también denunció haber sido amenazada por el ministro, quien supuestamente le exigió cambiar el apellido de su hija para cerrar el caso. Además, afirmó que las autoridades actuales han utilizado la justicia para perseguirla, incluyendo visitas de la Defensoría de la Niñez al colegio de su hija con el objetivo de suspenderla.

Aunque evitó profundizar en su relación con Morales, Cindy indicó que su familia no conocía los detalles hasta 2017. También rechazó las acusaciones contra su madre, Idelsa Pozo, quien enfrenta cargos por trata de personas.

La joven aseguró que su padre, quien se encuentra en detención preventiva por este caso, se fue de la casa hace muchos años. Ella se convirtió en el sustento de su familia al ser la mayor. “Él no me conoce, no ha vivido conmigo, tampoco conoce a mi hija, solo la vio un par de veces”, afirmó.

Vigilancia constante y revictimización

Cindy concluyó la entrevista denunciando que es vigilada de manera constante y que su familia ha sido revictimizada en múltiples ocasiones. “No pensaron en una niña que quiere crecer, en una joven que tiene sueños (…) me quitaron el derecho al trabajo”, sostuvo.

“Ellos manejan la justicia, permitieron que la Fiscal Departamental (de Tarija) persiga a mi familia. En este instante hay personas que están vigilando mi casa. Estamos siendo vigilados y perseguidos”, añadió Cindy.

En octubre, Morales calificó el proceso como una persecución política destinada a impedir su candidatura presidencial para las elecciones de 2025. A través de sus redes sociales, aseguró que enfrenta un “asesinato moral” como parte de un plan para debilitar liderazgos populares.

Mientras tanto, la justicia boliviana continúa investigando el caso que involucra al líder cocalero, lo que pone de manifiesto la polarización política y las tensiones dentro del MAS.

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Decisión judicial sobre los dirigentes

Según el fallo del juez, Humberto Claros será recluido en la cárcel de San Pedro, mientras que Ramiro Cucho será trasladado al penal de Patacamaya. A pesar de que la Fiscalía había solicitado su detención en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, el juez decidió que ambos cumplan su condena en los centros penitenciarios mencionados.

Aprehensión de los dirigentes

Los dirigentes fueron aprehendidos el miércoles. Claros fue detenido en el departamento de Cochabamba y Cucho en Potosí. Ambos son acusados de liderar los bloqueos que se extendieron por 24 días en el país. Posteriormente, fueron trasladados a La Paz para su procesamiento.

Identidades de los detenidos

Humberto Claros ocupa el cargo de secretario general y secretario de comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb). Por su parte, Ramiro Cucho es el ejecutivo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) en Potosí.

Contexto de las movilizaciones

Las movilizaciones que llevaron a la detención de estos dirigentes fueron organizadas por sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), liderados por Evo Morales. Estas protestas estuvieron marcadas por enfrentamientos violentos. Durante los operativos de desbloqueo, se reportó el uso de explosivos, palos, piedras y perdigones en contra de efectivos policiales y periodistas.

Denuncias de persecución política

El ala “evista” del MAS ha denunciado que la detención de los dirigentes es ilegal y forma parte de una persecución política en su contra. Esta situación ha generado un clima de tensión y controversia en el país.

Otros implicados en el caso

Dentro de este mismo caso, también se busca al exministro Juan Ramón Quintana y al dirigente Ponciano Santos. Ambos tienen órdenes de aprehensión por su presunta implicación en los hechos relacionados con los bloqueos.

En el caso de Juan Ramón Quintana, el Gobierno confirmó que la noche del miércoles se realizaron allanamientos en propiedades vinculadas a esta exautoridad. Entre las intervenciones se incluye una vivienda en Sopocachi, La Paz, así como otra en el municipio de Sorata.

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El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, destacó la importancia de esta sentencia como un precedente significativo en la lucha contra el contrabando. Esta decisión judicial refuerza las acciones para combatir las agresiones que afectan a las Fuerzas Armadas.

Emboscada en Patacamaya

En noviembre de 2021, durante un operativo en Patacamaya, los contrabandistas emboscaron al Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC), resultando en la trágica muerte del suboficial Jaracalla. Durante el operativo, se decomisaron fardos de ropa usada y cajas de bebidas alcohólicas, lo que desencadenó una persecución que culminó en un fatal ataque armado en Senkata.

Un triste desenlace

El suboficial Jaracalla perdió la vida a causa de un disparo en el cuello, mientras que los otros dos militares que lo acompañaban resultaron ilesos.

Los condenados cumplirán su pena en la cárcel de San Pedro, ubicada en La Paz. El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando resaltó que esta sentencia es el primer fallo contra contrabandistas y establece un precedente importante en la justicia boliviana.

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Detalles del caso

La menor, que actualmente tiene 8 años, fue víctima de estos abusos desde que tenía 3 años. Es importante destacar que ella es nieta de la pareja del sentenciado. José L.S.S., de 58 años, había residido en Santa Cruz durante 11 años, donde también se investiga la presencia de vestimenta de fuerzas de seguridad tanto de su país como de Bolivia en su hogar.

Colaboración internacional

La Fiscalía, en colaboración con entidades internacionales dedicadas a la protección de la niñez, logró rastrear y ubicar al individuo. Esto se realizó gracias a la detección de material pornográfico que este distribuía en internet. Durante el proceso judicial, José L.S.S. reconoció su culpabilidad, lo que facilitó la aceleración del juicio y permitió que se sometiera a un proceso abreviado.

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Detalles del caso

Los empleados de Naabol habrían ocultado las imágenes que podrían haber ayudado a identificar a los responsables del envío de la gran cantidad de cocaína. Este cargamento fue detectado durante un control aduanero en el aeropuerto de Barajas, lo que llevó a una investigación más profunda sobre el asunto.

Durante la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Julio César Porras expuso que los imputados enfrentan acusaciones por delitos como tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. La justicia ha señalado que su comportamiento ha obstaculizado el proceso de investigación, dificultando así la identificación de otros involucrados en el tráfico de drogas.

Investigación en curso

Desde que se inició la investigación en 2023, alrededor de 30 personas han sido investigadas. De estas, algunas se encuentran bajo detención preventiva, mientras que otras están en arresto domiciliario. Este caso comenzó en febrero del año pasado, cuando un avión de Boliviana de Aviación (BoA) aterrizó en Madrid con un cargamento de cocaína de alta pureza.

Hasta el momento, un total de 20 personas han sido procesadas en relación con este caso. Sin embargo, solo los dos funcionarios de Naabol están actualmente en detención preventiva, lo que resalta la gravedad de su implicación en el asunto.

Identificación de responsables

Tras varios meses de investigación en España, se han logrado identificar a empleados que son responsables de extraer la droga en el aeropuerto de Barajas. Estos individuos habrían aprovechado su posición laboral para facilitar el tráfico de la sustancia ilícita.

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Medidas impuestas y restricciones para Yujra

Entre las medidas impuestas por la justicia, se encuentra la prohibición para Yujra de realizar reuniones a menos de 500 metros de la refinería y surtidores. Además, deberá pagar una fianza económica y no podrá comunicarse con los testigos que declararon en su contra. Asimismo, deberá presentarse a firmar cada 60 días.

Apelación para revocar las medidas sustitutivas

El abogado defensor de Yujra, Martín Camacho, expresó su deseo de obtener la libertad irrestricta para su cliente, sin embargo, esta solicitud no fue concedida. No obstante, presentaron un recurso de apelación con el objetivo de revocar las medidas sustitutivas impuestas.

Continuidad en el trabajo del dirigente

El abogado defensor aseguró que las medidas impuestas no limitarán al dirigente en su trabajo, por lo que podrá continuar desempeñando sus funciones laborales.

Testigos presentados por el Ministerio Público

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó testigos que afirmaron haber visto a Yujra en las puertas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta evidencia fue considerada suficiente para perturbar el derecho al trabajo.

Conclusión de la audiencia y vigilia de activistas

La audiencia concluyó cerca de las 13:00 horas del jueves, y se registró una vigilia de activistas que esperaban la salida de Yujra del Palacio de Justicia.

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Esta resolución se enmarca en una revisión realizada en el TCP, luego de la paralización del proceso por parte de la Sala Constitucional de Pando. El objetivo principal es garantizar la participación equitativa de mujeres e indígenas en los órganos judiciales del país, promoviendo así la inclusión de diferentes sectores de la sociedad en el sistema de justicia boliviano.

Ajuste de plazos y culminación de la preselección

Con esta decisión, ahora corresponde a la Asamblea Legislativa emitir una ley corta para ajustar los plazos y permitir la culminación de la preselección judicial. El TCP ha exhortado a la Asamblea Legislativa a asegurar la participación equitativa de mujeres e indígenas en los órganos judiciales, así como promover la igualdad de género en el sistema de justicia.

Reactivación del proceso de preselección

La revocación de la suspensión era esperada para reactivar el proceso de preselección judicial, que se había detenido durante las entrevistas. Ahora, con la intervención del legislativo para ajustar los plazos, se espera que esta etapa concluya con éxito y se pueda proceder con la votación popular.

Importancia de la representatividad y diversidad

El Tribunal Constitucional Plurinacional ha hecho hincapié en la importancia de garantizar la representatividad y diversidad en los órganos judiciales. Esto implica promover la inclusión de diferentes sectores de la sociedad boliviana en el sistema de justicia, asegurando así una mayor legitimidad y equidad en las decisiones judiciales.

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La notificación escrita establece que el traslado debe realizarse un día antes, es decir, el 26 de mayo. La orden también indica que el director del centro penitenciario debe tomar las medidas necesarias para asegurar la presencia de Camacho en la audiencia de apertura de juicio oral, que se llevará a cabo el lunes 27 de mayo a las 08:15 horas.

Camacho enfrenta acusaciones por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, debe participar en la apertura del juicio oral por el caso decreto 373. En este caso, se le acusa de cometer el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Cabe mencionar que la audiencia fue suspendida previamente el 11 de marzo debido a la ausencia de Camacho. Inicialmente, el proceso judicial estaba programado para abril, pero se reprogramó debido a la falta de notificación a tiempo para el traslado, según lo señalado por el Régimen Penitenciario.

El Tribunal de Justicia enfatiza la necesidad de la presencia de Camacho

El Tribunal de Sentencia 8vo ha enfatizado que la audiencia debe ser presencial. En dos ocasiones anteriores, el tribunal había dispuesto el traslado de Camacho desde la cárcel de Chonchocoro en La Paz hacia la capital cruceña, pero esto no se llevó a cabo.

Con la nueva orden de traslado, se espera que Camacho esté presente en la audiencia de apertura de juicio oral el 27 de mayo, para que el proceso judicial pueda avanzar.

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“El señor Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal llegó a nuestro país en horas de la madrugada, deportado desde Estados Unidos (…). Minutos después, fue aprehendido por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas por el caso `Gases` y ahora fue puesto ante la justicia en nuestro país para que responda por sus delitos”, confirmó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, mediante sus redes sociales.

Arresto y condena en Estados Unidos

En mayo de 2021, Méndez Mendizabal fue arrestado en el marco del caso denominado “gases lacrimógenos” en Estados Unidos, por colaborar con Murillo en el lavado de dinero proveniente de la corrupción, además del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Posteriormente, en junio de 2022, fue sentenciado a 42 meses de prisión tras declararse culpable ante la justicia de EE.UU.

El caso de los gases lacrimógenos

El caso investiga el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos durante la gestión de Murillo, en el gobierno de Jeanine Añez.

De acuerdo a las investigaciones en el país, el entonces ministro de Gobierno, Murillo, compró con sobreprecio un lote de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor. Sin embargo, lo hizo a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) de EE.UU.

Las investigaciones identificaron que el gobierno de Añez desembolsó 5,6 millones de dólares para pagar por el equipamiento antidisturbios y de ese total, aproximadamente 2,3 millones de dólares se pagaron a la empresa intermediaria.

Condenas en Estados Unidos

Por el caso, Murillo actualmente se encuentra cumpliendo una condena en el centro de detención de Miami en EE.UU. Además, Bryan Berkman, Luis Berckman, Philip Lichtenfeld y Rodrigo Méndez Mendizábal también fueron condenados en EE.UU. dentro del caso por el delito de soborno internacional y lavado de dinero.

Solicitud de prisión preventiva
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, anunció que solicitaran la detención preventiva para Sergio Méndez, en el penal de San Pedro por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. La autoridad recordó que el sindicado se encuentra con acusación formal por presuntamente estar involucrado en la legitimación de recursos económicos provenientes de la presunta compra, con sobreprecio, de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana entre el año 2019 y 2020.

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Recientemente, se reveló que tanto Morales como el exvicepresidente Álvaro García fueron excluidos de la lista de testigos en este caso. Además, se denunció la pérdida de 72 discos con grabaciones de cámaras de seguridad en la casa de Gabriela Zapata, los cuales contenían información relevante para la investigación.

La necesidad de cambios en la justicia boliviana

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Froilán Mamani, ha expresado su preocupación por la calidad de la justicia en Bolivia y ha solicitado que se actúe de manera transparente, sin proteger a unos pocos. Según él, el caso Zapata es un claro ejemplo de las deficiencias en el sistema judicial y la urgencia de implementar cambios.

Ante las irregularidades presentes en el caso, Mamani no descarta la posibilidad de que las tres bancadas consideren la formación de una comisión mixta en la Asamblea Legislativa para llevar a cabo una investigación imparcial.

Investigación imparcial y consecuencias para los responsables

El diputado “arcista” Rolando Cuellar ha confirmado que ya se ha solicitado la formación de una comisión mixta para investigar el caso Zapata. Según él, los fiscales y jueces a cargo del caso le deben favores al expresidente Morales, lo que ha llevado a la exclusión de Morales y García de la lista de testigos sin tomar medidas en su contra.

Cuellar, como miembro de la Comisión de Justicia, ha asegurado que el fiscal responsable de esta decisión será sometido a procesos penales y disciplinarios. Su objetivo es evitar que los delincuentes sean beneficiados y garantizar que se cumpla el marco normativo en este caso.

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“Hay malos jueces. Si el vocal Tahuichi resulta electo, que tiemblen, porque no dudará en tomar medidas firmes para aplicar los procesos disciplinarios correspondientes. Le daremos celeridad y romperemos con esas estructuras burocráticas que tanto daño causan”, afirmó Tahuichi Tahuichi, vocal del TSE, después de presentar su candidatura al Consejo de la Magistratura.

El domingo concluyó la etapa de registro de los postulantes en la Asamblea Legislativa. Un total de 91 profesionales aspiran al Tribunal Agroambiental y 184 al Consejo de la Magistratura. Además, 175 postulan al Tribunal Constitucional Plurinacional y 265 al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Al igual que Tahuichi, Carlos Ortiz Quezada, vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Beni, presentó su postulación como magistrado al TCP. En 2021, a través de un decreto supremo, fue designado en ese cargo por el Presidente Luis Arce.

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Según explicó la autoridad, Gabriel Edmundo M.R. habría planeado el crimen desde octubre de 2023. Gabriel era inquilino de la señora Vega Jaldín y se le atribuye ser tanto el autor material como intelectual del hecho. Contó con la colaboración de dos cómplices: Wilfredo Luis S.S., un albañil cercano a Gabriel, y su hermano José Luis S.S.

Motivo del crimen: una deuda pendiente

Lindaura trabajaba como inversionista y se dedicaba al negocio inmobiliario además de ser prestamista. Tenía un contrato de anticrético con Gabriel y le había advertido que debía abandonar su propiedad debido a una deuda pendiente de USD 51 mil. El acusado residía en la vivienda desde 2014.

Estrangulamiento hasta la muerte

Castillo detalló que Gabriel había planeado inicialmente asesinar a la mujer el sábado; sin embargo, debido a compromisos sociales que tenía ella ese día, se encontraron con él al día siguiente, es decir, el domingo. Lamentablemente, tanto Gabriel como Wilfredo procedieron a quitarle la vida a la víctima.

Cuerpos enterrados y encontrados por la Policía

Ambas mujeres fueron estranguladas hasta morir. Montalvo citó a sus víctimas en su vivienda para cometer el crimen y luego trasladó sus cuerpos al distrito 3 del municipio de Viacha, donde fueron enterrados y posteriormente encontrados por la Policía Boliviana.

Justicia busca máxima pena para los asesinos

“La justicia boliviana cuenta con todos los elementos necesarios, respetando el debido proceso y la cadena de custodia, para que ningún fiscal ni juez se atreva a liberar a estos asesinos. Trabajaremos con todos los mecanismos legales disponibles y con toda la fuerza del Estado para asegurar que estos individuos reciban la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto dentro del territorio nacional”, enfatizó la autoridad.

Homenaje póstumo con flores

Tras conocerse el trágico destino de madre e hija, asesinadas por motivos económicos a manos de su anticresista, familiares, amigos y la sociedad en general lloran su partida y honran su memoria colocando rosas blancas, rojas y rosadas en el portón de su casa.

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El fiscal departamental de La Paz, William Alave, explicó que se recopilaron pruebas como informes psicológicos de las víctimas, actas del registro del lugar y desfiles identificativos, entre otros elementos considerados por el juez para determinar la detención preventiva.

Los acusados son Moisés C.L., de 23 años, y Marco P.M., de 26 años. Se les imputan los delitos de trata de personas y proxenetismo. Ambos fueron enviados al penal de San Pedro. Por otro lado, Diego M.M.T., de 38 años, es señalado como responsable del delito de violencia sexual comercial y deberá permanecer detenido en el centro penitenciario de Patacamaya.

Inicio e investigación conjunta con la Policía Boliviana

La fiscal especializada en Trata y Tráfico de Personas, Sheyla Rodríguez, reveló que este caso se inició tras la desaparición el pasado 14 de enero una adolescente de 16 años. En respuesta a esto, el Ministerio Público comenzó una investigación en colaboración con la Policía Boliviana.

Según los antecedentes del caso, las víctimas, una adolescente de 16 años junto a otra menor, habrían sido captadas por uno de los acusados en una plaza ubicada en El Alto y llevadas a un alojamiento en Villa Dolores donde fueron explotadas sexualmente.

Rodríguez mencionó en un informe institucional que se logró encontrar a las víctimas, quienes habían sido captadas y encerradas por Moisés C.L. y Marco P.M. Este último es el administrador del alojamiento donde se encontraban las menores.

Operativo conjunto para rescatar a las adolescentes

Gracias a un operativo conjunto con la Policía, se logró rescatar a dos adolescentes de 15 y 16 años, así como a otra joven de 17 años que estaba junto a Diego M.M.T. Esta última víctima fue captada al salir de un cibercafé.

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Carolina Montero denunció públicamente a Evo Morales y Carlos Romero por su presunta relación con el narcotráfico. Ante esto, el legislador presentó un requerimiento al presidente de la Comisión de Justicia, Froilán Mamani, para que se inicie un proceso ante la Asamblea Legislativa contra ambas exautoridades.

Solicitud de arraigo y garantías constitucionales

Rolando Cuéllar expresó su solicitud de que Evo Morales y Carlos Romero sean arraigados en territorio nacional para evitar su fuga del país. Además, pidió garantías constitucionales. El legislador manifestó que si algo le ocurre a Carolina Montero, ambos serán responsables.

Nuevas acusaciones afectan a los legisladores “evistas”

Según Cuéllar, las nuevas acusaciones contra Evo Morales son la razón por la cual los legisladores afines al expresidente se negaban a aprobar disposiciones adicionales sobre operaciones bancarias sospechosas y la Unidad de Información Financiera (UIF), ya que estas medidas afectarían directamente a Morales.

Vínculos con el narcotráfico y ejemplos de modus operandi

El diputado argumentó que las conexiones con el narcotráfico por parte de ambas exautoridades son evidentes, ya que utilizan el mismo modus operandi que Sebastian Marset al comprar un equipo de fútbol y utilizarlo para fines ilícitos. En este sentido, recordó que Evo Morales es dueño de Palmaflor y Carlos Romero lo fue de Sport Boys.

Denuncia pública y valentía para declarar

Carolina Montero, en días recientes, publicó un video en redes sociales donde aseguraba haber sido narcotraficante y haber trabajado junto a altas autoridades del Estado, incluyendo a Morales y Romero. Afirmó haber intentado denunciar durante seis años, pero ambos implicados siempre la persuadían para que se mantuviera callada. Sin embargo, ahora no tiene miedo de declarar ante las instancias necesarias.

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El parlamentario declaró que toda la justicia del país no puede ser manejada por una sola persona, en este caso el ministro Iván Lima, a quien acusó de manipular el Órgano Judicial, limitar competencias al Órgano Legislativo y otorgarse varias atribuciones que no le corresponden.

Lamentan falta de convocatorias para nombrar nuevos jueces y vocales

Lamentó también que desde hace un tiempo ni siquiera se habiliten convocatorias para nombrar nuevos jueces y vocales, siendo un atropello a la carrera judicial y a las normativas que establecen que un abogado debe cumplir requisitos y postular para acceder a esos puestos.

Critican trabas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para garantizar elecciones judiciales

En ese sentido, también criticó todas las trabas que se pusieron en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para garantizar las elecciones judiciales, provocando una incertidumbre persistente debido a las múltiples consultas enviadas a distintas instancias sin respuesta aún.

Recomendaciones del GIEI y la falta de independencia de los poderes

Respecto a las recomendaciones del GIEI, recordó que una de ellas hace referencia específica a la independencia de los poderes, especialmente del Órgano Judicial. Sin embargo, el escenario de las elecciones judiciales muestra lo contrario.

Falta de voluntad del Estado para mejorar la justicia

Además, al cumplirse solo dos de las 34 recomendaciones del organismo internacional, Mamani manifestó que es evidente la falta de voluntad del Estado para mejorar la justicia.

Evaluación parcial y pendiente de las recomendaciones por parte del ministro Lima

En la jornada pasada, Lima explicó que durante un año se evaluaron 15 de las 34 recomendaciones del GIEI a Bolivia. De estas, dos fueron totalmente cumplidas, tres tuvieron un cumplimiento parcial o sustancial y nueve tuvieron un cumplimiento parcial. Solo una quedó pendiente.

Bolivia comprometida con el fortalecimiento democrático y judicial

“Como país, estamos abiertos al escrutinio internacional y somos estrictos en cuanto al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones emitidas por el Sistema Interamericano y las Naciones Unidas con el objetivo de fortalecer la democracia y la justicia”, publicó la autoridad en sus redes sociales.

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La condena de diez años de cárcel impuesta a Añez fue dictada por un tribunal de sentencia y posteriormente confirmada por una Sala Penal de La Paz. En el recurso de casación, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinará si modifica o no dicha sentencia.

Último recurso dentro del sistema legal interno

“Este es el último recurso que tenemos dentro de nuestro sistema legal interno. Se trata de un recurso extraordinario que resulta pertinente interponer en el caso de la exmandataria debido a las múltiples violaciones y agravios”, afirmó el abogado Luis Guillén.

Defensa busca anular sentencia y agotará instancias nacionales e internacionales

Los abogados defensores señalaron que con este recurso buscan anular la sentencia en contra de su representada. En caso de obtener un resultado negativo, anunciaron que agotarán todas las instancias nacionales y recurrirán al sistema interamericano de derechos humanos para presentar una demanda.

Sentencia inicial y ratificación de condena

La sentencia inicial fue emitida en 2022, condenando a Añez a diez años de prisión por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. La acusación se basa en la supuesta asunción irregular a la presidencia por parte de la exmandataria en 2019.

Defensa argumenta juicio de responsabilidades y vacío de poder

La defensa de Añez sostiene que su representada debió ser procesada en un juicio de responsabilidades. Además, niegan que la asunción de la exmandataria en 2019 haya sido ilegal, argumentando que existía un vacío de poder debido a las renuncias previas de las autoridades en la línea sucesoria presidencial.

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Chapetón está siendo investigada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado. La Fiscalía presentó pruebas que la vinculan con el proceso y solicitó su detención preventiva. Sin embargo, la autoridad jurisdiccional decidió imponer medidas cautelares y le impuso una fianza económica de 70.000 bolivianos.

Esposo defiende a Chapetón y critica su aprehensión

Hugo Rodríguez, esposo de la exalcaldesa, manifestó que la Fiscalía solicitó que Chapetón sea enviada con detención preventiva a la cárcel de Obrajes. Además, agregó que considera injusta su aprehensión.

“Le han dado detención domiciliaria, una fianza, pero no le han otorgado las salidas laborales correspondientes. Es una detención injusta, eso quedó demostrado durante la audiencia (…). La Fiscalía ha pedido que sea recluida en la cárcel de Obrajes”, expresó Rodríguez.

Antecedentes previos a esta aprehensión Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Chapetón es aprehendida, ya ocurrió un hecho similar en septiembre del año pasado. A pesar de tener un bebé lactante en ese momento, fue trasladada a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

/RMP

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Según informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, el Ministerio Público colectó todos los elementos necesarios para la condena del acusado. Entre ellos se encuentran la declaración de testigos, el examen social y psicológico de la víctima, pericias psicológicas y un informe policial.

Detalles del abuso sexual

Los hechos ocurrieron en diciembre del 2021 en la ciudad boliviana de Santa Cruz. La menor se encontraba sola en su domicilio cuando el sacerdote llegó para dejar dinero y víveres. Aprovechando que la niña estaba sola, la llevó cerca del baño donde la besó en contra de su voluntad.

Relación sentimental previa entre agresor y madre

La madre confirmó que mantenía una relación sentimental con el agresor y que éste le había prometido ayuda económica para criar a sus hijos. Sin embargo, al enterarse del abuso decidió presentar una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Procedimiento legal tras denuncia formal

Una vez recibida la denuncia por parte del Ministerio Público, se procedió a la aprehensión del agresor. El caso ha sido valorado por las autoridades jurisdiccionales y finalmente se ha dictaminado una pena privativa de libertad para Juan Roca Fernández.

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Además, la justicia boliviana solicitó los antecedentes de todos los padres extranjeros acusados de abuso sexual que residen actualmente en el país.

En la misiva leída por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, Arce expresó su indignación por los hechos recientes conocidos mediante un reportaje del diario español El País, sobre los abusos sexuales cometidos por el padre Alfonso Pedrajas contra más de 85 niños. También cuestionó la impunidad que gozó durante años con complicidad eclesial en Bolivia.

Arce enfatizó que ningún sacerdote con antecedentes de abuso sexual debe estar desempeñándose como educador o  consejero espiritual en Bolivia y remitió a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley contra la impunidad de delitos sexuales contra niños.

La ley incluye el incremento de pena para encubridores y la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer delitos.

Tras conocerse el caso Pedrajas, surgieron varias denuncias contra sacerdotes en todo el país; actualmente están siendo investigadas por las autoridades judiciales aunque los casos fueron declarados en reserva.

/LMPT

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Denuncia contra Aponte se basa en venta ilegal de inmuebles

La fiscal asignada al caso, Mariela Toledo, informó que la denuncia contra Aponte se basa en la presunta venta ilegal de diferentes inmuebles que no eran de su propiedad, por un monto total de quinientos mil dólares ($us 500,000). Tres son las víctimas que han denunciado el hecho ante la fiscalía.

Defensa argumenta adquisición legal mediante contratos hipotecarios

Sin embargo, la defensa del exfuncionario argumenta que los inmuebles cuestionados fueron adquiridos legalmente mediante contratos hipotecarios y sostiene que su cliente es el propietario legítimo de los predios en disputa. Según ellos, los propietarios originales habrían perdido sus bienes lo que convirtió legalmente a Aponte en el nuevo propietario según la ley.

Daño económico ya está hecho

Jhonny Marcos Párraga denunció inicialmente nueve inmuebles objeto del caso pero cinco fueron vendidos por Aponte. La abogada del denunciante afirmó que el daño económico ya está hecho y señaló que Aponte habría obtenido los bienes inmuebles de una reconocida familia en Sucre.

Proceso y las investigaciones continúan

Mientras tanto, el proceso y las investigaciones continúan según señaló la fiscal Toledo. La defensa del expresidente argumenta vulneración a los derechos humanos y principios como el principio de presunción de inocencia.

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El juez Quinto de Instrucción Penal Anticorrupción de la ciudad de La Paz, William Presvitero Rodríguez devolvió la notificación por presuntos errores en sus datos, señaló Camacho.

El jurista lamentó dicha decisión e indicó que su cliente se encuentra delicada de salud y “no puede estar saliendo a cada momento”.

La exministra de Salud del Gobierno de Jeanine Añez sufre una enfermedad degenerativa del sistema nervioso fruto de las secuelas que le dejó el coronavirus.

Roca no puede salir del país, ya que la justicia ordenó su arraigo por el proceso que se le sigue por la supuesta compra irregular de respiradores chinos, reportó la red Erbol.

Con su acción de libertad, Roca busca autorización de la justicia para recibir atención médica en el exterior.

“No pido salvoconducto, pido desarraigo temporal para salvar mi vida. Se cumplió con las formalidades legales. No se respetan plazos. Pido justicia y reclamo mis derechos elementales a la salud y la vida. Aún no recibí respuesta oficial a mi carta dirigida al Presidente (Luis Arce)”, escribió el domingo en sus redes sociales.

La semana pasada, el Gobierno nacional, a través de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, adelantó que no pondrá trabas a la salida de Roca, siempre que la justicia así lo decida.

Roca actualmente guarda detención domiciliaria por irregularidades en la adquisición de respiradores chinos en 2020.

En una carta enviada al Presidente Luis Arce, le pide que le autorice salir del país. Roca aseguró ser inocente en el proceso de adquisición e indicó que una parte de los equipos observados llegó cuando ella recién asumía el cargo.

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Tras las elecciones anuladas en las que se vio perjudicado, el expresidente de Bolivia denunció un fraude electoral que hasta ahora sostiene, sin embargo, el titular de Justicia le pidió mostrar una sola acta falsificada para justificar su teoría, en tanto no lo haga, estaría incurriendo en acusación y denuncia falsa.

“Ya falta muy poco para que la justicia termine de investigar estos hechos y pasen, los anteriores acusadores, a ser acusados, porque lo que han hecho es dañar la democracia y buscar, mediante una teoría que nunca fue comprobada, una afectación a la democracia boliviana”, advirtió la autoridad.

Las declaraciones del Ministro se dieron en el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país, y el acto de desagravio a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el que participó el comisionado, Joel Hernández.

“Esta es una página que debe cerrarse, pero con base en este concepto: memoria, verdad y justicia. Ha habido muchos muertos, dos masacres, graves violaciones de los derechos humanos, y ese es el mandato que nos vuelve a recordar la CIDH”, señaló.

En ese sentido, manifestó que no pueden quedar impunes los responsables de estos hechos y los que fueron en contra de la Constitución Política del Estado (CPE).

/ LMPT

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“Ya sé lo que el Gobierno dicta y no me quiero desgastar en su audiencia”, manifestó Añez, durante su intervención, en la que anticipó que la justicia ratificaría la ampliación de su detención preventiva.

La justicia aceptó el pedido de la Fiscalía para ampliar, por sexta vez, la detención preventiva de la exmandataria por el caso “golpe de Estado I”.

La exmandataria ya tiene una condena de diez años de prisión, por otro caso referido a la crisis de 2019.

“Jeanine Añez se anticipa a la 6ta. ratificación de ampliación de detención preventiva, a cargo de la vocal, Claudia Castro, que desconoció su Presidencia del país y la encara: Ya sé lo que el Gobierno dicta y no me quiero desgastar en su audiencia. ¡748 días de detención ilegal!”, se lee en la cuenta de Twitter de la expresidente.

El martes reciente, Añez se reunió con la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el penal de Miraflores, y aprovechó la oportunidad para denunciar una presunta vulneración a sus derechos y exigir ser sometida a un juicio de responsabilidades en su calidad de exautoridad.

/NVY

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Durante el acto judicial el capitán se descompensó un momento antes de brindar su declaración, la juez inmediatamente instruyó que sea atendido por paramédicos.
Luego del incidente la audiencia prosiguió y se dispuso la detención preventiva, una prueba fundamental presentaron una pericia comparativa de un video, que detalla que el autor del robo tiene un tatuaje en el brazo. Ante esto la defensa del capitán Alberti se negó a mostrar su brazo.

Según datos proporcionados por el Comando de la Policía al diario Página Siete, Alberti tiene al menos 14 procesos disciplinarios registrados en su hoja de vida, desde 2009.
Siete de ellos llegaron a los tribunales disciplinarios y otras siete denuncias fueron rechazadas por diferentes causas, como conciliaciones con los demandantes y abandono.

Por su parte, el coronel Sergio Bustillos jefe nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mencionó que está dispuesto a someterse a cualquier investigación, luego de que el capitán Alberti lo mencionara al momento de ser presentado por el Ministro de Gobierno.
Bustillos no descarta tomar las acciones legales que correspondan contra Alberti, aseguró que está preparando dichas labores judiciales junto a su abogado.

/NMCC

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El diputado de Creemos, Walthy Egüez, este jueves manifestó su desacuerdo sobre la decisión de la Asamblea, indicó que este reglamento le favorece al MAS para seguir corrompiendo la justicia boliviana.

Hizo referencia al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, aseguró que el MAS no tiene más argumentos para aprehender a la autoridad cruceña, porque el caso “golpe de estado” se le está “cayendo”; y con la aprobación de este reglamento quieren asegurar, los del MAS, su detención.

Manifestó que la bancada de Creemos visitará al presidente del Comité Cívico para que convoque a una reunión con todas las autoridades y fuerzas políticas de la oposición para evitar un nuevo fracaso en las reformas del sistema judicial

“La misma justicia corrupta, van a ser caras nuevas, pero con el mismo accionar de perseguir y tapar la corrupción”, indicó el legislador de Creemos.

“No podemos admitir seis años más de una justicia podrida, por lo tanto, vamos a hacer todos los esfuerzos”, añadió.

Según la Agencia Boliviana de Información (ABI), mediante entrevistas a la red de medios estatales, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que las elecciones judiciales están en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional y ningún tribunal nacional, ni extranjero puede “reemplazar su rol”.

/WBMC

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La autoridad cruceña está presa en la cárcel de Chonchocoro por el delito de terrorismo, desde el 28 de diciembre de 2002 en el caso denominado “Golpe de Estado I”.

En una entrevista realizada por la cadena Telesur en Caracas, Venezuela, Arce dijo que incluso está dispuesto a enfrentar un proceso de revocatorio planteado por el Comité Cívico pro Santa Cruz, a fin de no acceder al chantaje del comité que planteó el dilema “libertad para Camacho o revocatorio”.

“Nosotros no vamos a caer en el chantaje, el señor Camacho tiene que explicar a la justicia, no a nosotros como Gobierno, su papel en el golpe de Estado en 2019. Cuando la justicia arresta al señor Camacho tuvimos que enfrentar quema de instituciones públicas en la misma ciudad de Santa Cruz y de eso tiene explicar el señor Camacho ante la justicia”, declaró.

El mandatario dijo que puede enfrentar el revocatorio, si los cruceños así lo quieren, pero no interferirá en nada porque cuando hizo campaña electoral, las víctimas de Sacaba y Senkata le pidieron justicia y dijo que en eso está contribuyendo.

Afirmó que las muertes durante el Gobierno de Jeanine Añez no pueden pasar desapercibidas como algo banal.

“Aquí ha habido la muerte de 36 bolivianos y alguien tiene que asumir la responsabilidad de estos hechos, porque eso no ha sucedido por obra y gracia”, declaró.

En La Paz, el vocero presidencial Jorge Richter afirmó que los 36 días de paro protagonizado por Luis Fernando Camacho ocasionó una pérdida de más de 1.200 millones de dólares equivalente a un año de subvención de los hidrocarburos.

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El abogado del exfuncionario, Manolo Rojas, confirmó la medida de presión y precisó que su cliente, la inició porque la justicia rechaza recursos que salieron a su favor, como cuatro acciones de libertad y una apelación que permitirían una medida menos pesada que la detención preventiva.

“O salgo con los pies por delante o salgo con mis propios pies, porque eso ya es una injusticia”, declaró Dávila, según dio a conocer el jurista.

Ante esta forma de protesta que asumió el exjefe antidroga, Rojas pidió a la Defensoría del Pueblo que acuda al penal de San Pedro para escuchar las denuncias de vulneraciones de derechos que estaría sufriendo, informó la red de noticias Erbol.

Maximiliano Dávila está con detención preventiva hace más de un año, acusado de realizar movimientos sospechosos de dinero. En Estados Unidos también es requerido por una investigación relacionada con el narcotráfico.

/ LMPT

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El ministro de Justicia, Iván Lima, destacó la decisión del juez cautelar de El Alto, porque en su parecer, las familias de las víctimas de los hechos acontecidos en noviembre de 2019 en Sekata, esperaban este resultado. La autoridad calcula que en tres meses se instalará el juicio oral.

“Lo que ha ocurrido ayer me parece que es un hecho histórico. La justicia boliviana, a través del juez primero cautelar penal de El Alto, ha determinado que es competente para conocer el caso de la masacre de Senkata con relación a la exsenadora Añez y ha notificado al Tribunal Supremo para que le remita todos los antecedentes del proceso del juicio de responsabilidades que se tramitaba ante la Asamblea Legislativa”, refirió el ministro Lima a ANF.

Por su lado, la defensa de la expresidente Añez, informó que diputados de Comunidad Ciudadana (CC), presentaron un recurso que recuerda al juez Amaru, que ya existe un juicio de responsabilidades planteado, por lo que no podría ir a un juicio por la vía ordinaria.

“El juez Amaru se ha declarado competente; está usurpando funciones de la Asamblea Legislativa, está usurpando funciones del Tribunal Supremo de Justicia”, refirió el abogado de Añez, Luis Guillen.

De la misma manera, la exmandataria cuestionó al juez, a quien le dijo que será juzgado por incumplimiento de deberes, por la decisión, que para ella, es por una orden política-partidaria.

“He sido traída a este circo en la jaula en la que me encerraron ilegal y abusivamente hace 682 días por un delito inexistente de terrorismo, que hasta la CIDH ha reclamado al régimen del MAS que lo expulse de la legislación por difuso e indeterminado, que solo ha servido para que yo y otros 180 presos seamos perseguidos judicialmente y encarcelados para acallar a la oposición”, expresó Añez en la audiencia.

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El vocal César Oporto, de la Sala Penal, fue quien dirigió la audiencia virtual de incidente procesal, escuchando los argumentos de la defensa, que aseguró que Camacho no asistió a declarar a la ciudad de La Paz, porque no existían las garantías necesarias para su seguridad, cuando se observaban muñecos con el rotulo de su apellido, colgados en las calles paceñas.

“Esta sala penal declara inadmisible la presentación de Luis Fernando Camacho por haber sido planteado dentro del plazo de la hora e improcedente los fundamentos expuestos y confirma la resolución 472/2022 de fecha de 23 de diciembre de 2022”, sentenció Oporto.

La defensa insistió en señalar que existían amenazas públicas contra la integridad del gobernador Camacho, por ello, la primera declaración informativa no se pudo cumplir en la ciudad de La Paz.

Para la segunda declaración informativa que se debía desarrollar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fueron los fiscales que llegaron a esta capital, quienes denunciaron que recibieron amenazas. Pero el vocal de justicia, fue tajante en sus observaciones, aseverando que fue notificado oportunamente para que declare, a lo que la autoridad cruceña no respondió oportunamente.

“Lo cierto y evidente es que ha sido notificado y tuvo conocimiento de esas notificaciones (para que se presente a declarar), se evidencia que el 28 de diciembre a las 14:15 horas, fue notificado y luego aprehendido, bajo el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal”, remarcó el vocal Camacho.

Por su lado, el abogado del gobernador cruceño, Carlos Ledezma, aseguró que Camacho fue notificado después de su detención violenta, cuando ya lo habían trasladado a Chimoré.

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Asimismo, la autoridad jurisdiccional le recordó a la Policía boliviana y al Ministerio Público que no pueden realizar ninguna acción u omisión que resulte en lesiones o ponga en peligro la vida o salud de Fernando Camacho, según informó el portal de noticias Oxígeno.bo

Esta negativa es la segunda que recibe el gobernador en las últimas horas, previamente, un juzgado de la Sede de Gobierno también rechazó su acción de libertad; por ende, deberá permanecer en el penal de máxima seguridad por el lapso de cuatro meses que estableció la justicia.

Camacho fue aprehendido el miércoles en un operativo ampliamente cuestionado por distintas instancias, posteriormente fue trasladado a La Paz y en su audiencia se acogió a su derecho al silencio, en el caso que lo investiga por el supuesto delito de terrorismo.

Un día después, el jueves, se supo la determinación de la justicia, lo que desató una serie de medidas de presión y violentos enfrentamientos que marcaron especialmente la noche del viernes.

/ LMPT

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Camacho fue aprehendido pasado el mediodía del miércoles en la capital cruceña, por el denominado caso Golpe de Estado I, después de cumplir con su habitual agenda; posteriormente fue trasladado hasta la Sede de Gobierno, acompañado de un fuerte resguardo policial.
 
“Por respeto a la memoria de nuestros hermanos asesinados en Sacaba y Senkata y la dignidad de quienes fueron perseguidos, detenidos y torturados, la justicia debería procesar también a los cómplices de Camacho para que las aventuras golpistas nunca vuelvan a repetirse”, escribió Morales.
 
El caso Golpe de Estado I, fue iniciado por la exdiputada del partido en función de Gobierno, Lida Patty, y tiene relación a los hechos que llevaron a la renuncia del exmandatario y la asunción al poder de Jeanine Añez en 2019, según informó la red de noticias Erbol.

/ LMPT

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“Quiero dejar en claro que soy orgulloso y llevo en alto haber formado parte de la lucha más grande de la historia de Bolivia por la libertad y la democracia y en defensa de nuestro voto que nos estaban robando”, manifestó ante la Fiscalía.

Ante críticas que señalaban que la aprehensión fue violenta y un secuestro, desde la Fiscalía General del Estado emitieron un comunicado rechazando esas acusaciones; además resaltaron en el escrito que se cumplió la orden de aprehensión por el caso Golpe I.

“Siempre mantuve mi posición que en mi declaración pueda contar dicha gesta (…) Asimismo, dije siempre que donde me citen a declarar asistiría porque no tengo nada que esconder”, añadió Camacho en su declaración.

El gobernador fue aprehendido la tarde de la pasada jornada cuando se dirigía a su casa; además fue trasladado desde Santa Cruz hacía La Paz, hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Camacho denunció la violenta detención que sufrió por un grupo especial de la Policía que recurrió, incluso, al uso de armas de fuego, reportó el diario El Deber.

Declaración de Camacho

Respecto al caso en el que lo implican, a criterio del gobernador, la denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) carece de coherencia, credibilidad y verdad.

Subrayó que no confía en la justicia boliviana, por lo cual no quiso dar más declaraciones, para evitar que sea distorsionado y busquen incriminar a alguien, por lo que prefiere defenderse por escrito.

“La Policía me secuestró de una manera brutal”, afirmó.

Camacho realza tres aspectos. Uno que la declaración no fue grabada, que el expediente presentado por el Ministerio Público no mostró la declaración de su padre.

Finalmente, presentó la documentación que acredita familia, trabajo y domicilio con el fin de desacreditar los posibles riesgos procesales.

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La defensa de Quelali apeló la decisión del juez tercero anticorrupción respecto a la fianza, porque consideró que es monto demasiado elevado que no podrá cubrir su defendido y esto impedirá que salga de la cárcel.

La información fue proporcionada por la denunciante, Karen Apaza, quien indicó que la defensa de Quelali pidió que la fianza se recorte a la mitad, según informó Erbol.

Álvaro Quelali de 37 años, fue ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Mayor de San Andrés,  fue aprehendido en septiembre y enviado a la cárcel de manera preventiva.

El exdirigente es acusado de haber favorecido indebidamente con viajes a su hermano como si fuese estudiante destacado, cuando tiene más de cien reprobaciones de materia.

Asimismo, la denunciante acusó a exrrectores y el Rector de la UMSA de encubrir a Quelali, puesto que la Universidad no habría entregado pruebas para establecer la responsabilidad del exdirigente estudiantil.

Reclamó que mientras Quelali ya podría retornar a sus estudios, ella y otros sancionados por las protestas del año pasado aún no pueden hacerlo.

20 AÑOS EN LA UNIVERSIDAD

Quelali fue identificado como uno de los brazos operativos de Max Mendoza, exdirigente y expresidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB).

Es catalogado como otro de los “dirigentes dinosaurio” porque lleva 20 años como universitario de la UMSA. 

Fue además reelecto supuestamente de forma irregular en tres gestiones, cada una de tres años. En su última administración ya tiene un año. De acuerdo con datos que proporcionó la universidad, Quelali ingresó el año 2002 y cumplió su plan de estudios en 2015 en la carrera de Matemáticas, pero hasta la fecha no sacó su título.

Entre 2014 y 2015, Quelali hizo una carrera paralela en ciencias químicas. Luego la dejó. En 2016 se inscribió en Informática y hasta la fecha sigue en la misma. Es decir que es universitario durante 20 años.

/NVY

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/ LMPT

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El dirigente de dicho consejo, Jorge Ramiro Cucho declaró que los únicos dueños legítimos del país son los pueblos originarios.

“El Conamaq Bolivia, con todos nuestros pueblos indígenas originarios estamos pidiendo que todo el peso de la ley tiene que caer contra estos sicarios vandálicos, quienes han orquestado la defenestración de la economía de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, Santa Cruz no es dueño de nadie, los verdaderos dueños son nuestros pueblos indígenas originarios de tierras altas y bajas”, manifestó el dirigente.

Asimismo, Cucho afirmó el apoyo de Conamaq a la realización del Censo de Población y Vivienda en 2024, para que también se conozcan a todos los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional.

Respecto al tema del federalismo propuesto por Santa Cruz, el líder indígena señaló que son actitudes separatistas con las cuales quieren dividir a Bolivia, según reporte de nuestra unidad móvil en la Sede de Gobierno.

“No vamos a permitir el federalismo, como Conamaq Bolivia, es inconstitucional, por eso como pueblos indígenas originarios rechazamos esas actitudes”, añadió Cucho.

Además, convocaron para el miércoles 16 de noviembre a un consejo nacional en el que pedirán una reunión con todo el Pacto de Unidad y organizaciones sociales para determinar las acciones correspondientes luego de la quema de instalaciones de la sede sindical campesina en Santa Cruz, durante los conflictos registrados anteriormente.

“Estamos convocando a todas nuestras organizaciones del Pacto de Unidad para determinar algunas acciones y emitir pronunciamientos en favor de la unidad de nuestro país”, finalizó el dirigente.

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En la audiencia, los vocales Henry David Sánchez y César Portocarrero ratificaron la decisión del juez Heber Torrejón, quien en octubre se declaró competente para tratar el caso EBA en jurisdicción ordinaria; sin embargo, Añez solicitó juicio de responsabilidades.

“La Sala Penal ha ratificado el fundamento, en sentido de que ella habría asumido inconstitucionalmente la presidencia y, por lo tanto, no goza de juicio de responsabilidad, algo que en todo caso ha sido muy parcializado”, detalló en contacto con la red Erbol el abogado de Añez, Alaín De Canedo.

El jurista cuestionó el criterio de los jueces, resaltando que se presentaron pruebas como la declaración jurada de bienes de la exmandataria, papeletas de pago, la declaración constitucional que amplió su mandato como Presidente, además de leyes promulgadas.

Asimismo, subrayó que en 196 años de historia de Bolivia nunca se negó un juicio de responsabilidades a un mandatario.

Juicio de responsabilidades

La exmandataria es imputada debido a que durante su Gobierno designó a una gerente de EBA, quien presuntamente, no cumplía los requisitos.

Añez pretendía ser juzgada en juicio de responsabilidades considerando que se la acusa de hechos en el ejercicio de las funciones de Presidente; pero según los jueces no existiría documento que la acredite.

Un proceso ordinario se desarrolla con acusación de un fiscal de materia y en juzgado; en cambio un juicio de responsabilidades se realiza con previa autorización de dos tercios de la Asamblea Legislativa, con acusación de la Fiscalía General y ante el Tribunal Supremo de Justicia.

De Canedo sostuvo que al agotarse las instancias ordinarias, se recurrirá a un amparo constitucional; en caso de ser rechazado reveló que se acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el caso EBA, Otra Sala Penal decidió en abril de este año que Añez sí tenía derecho a juicio de responsabilidades, debido a que la ley no diferencia a presidentes que no hayan asumido constitucionalmente; pero la decisión fue anulada tras un amparo presentado por la Fiscalía y estas dos últimas decisiones de jueces.

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“El Señor ministro no tiene conocimiento, nos lo ha demostrado. Este mismo ministro, en el mes de junio nos dijo que teníamos el 93% de avance en el proceso censal. Nos garantizó, este mismo ministro, de que el Censo era el 16 de noviembre. Entonces, este ministro es un mentiroso o un incapaz”, sostuvo Calvo.

Señaló que la aceptación al paro crece y no solo en Santa Cruz.

“Hay muchos sectores, en diferentes departamentos, que se están sumando, (al paro indefinido) que han entendido la necesidad de tener un censo para tener beneficios como regiones, para fortalecer muchos municipios y no tener la migración de los más pequeños”, dijo.

De acuerdo con el cívico, las negociaciones en torno al Censo 2023 no están en punto muerto por parte de la población y del Comité Interinstitucional.

“El punto muerto lo tiene el Gobierno que no quiere negociar, que tiene un capricho de llevar (adelante) un censo que está contra la normativa, que está contra la ley, que está contra lo que ellos mismo ofrecieron a Bolivia y firmaron. Nosotros creemos que es algo muy necesario para la región, para la población boliviana, para buscar la unidad”, expresó según El Deber.

ARRESTO TODO EL DÍA

Desde este jueves, Calvo cumple 24 horas de arresto domiciliario, después de que el juez Primo Flores así lo determinara, como consecuencia de su llegada retrasada desde Cochabamba, el lunes pasado, cuando Calvo había asistido a un cabildo en esa ciudad.

El presidente cívico cuestionó la justicia boliviana y ponderó el trabajo de su defensa.

“Podés tener una defensa especial aquí, pero, lamentablemente, como tenés una justicia que es completamente dependiente de un partido político, que está politizada, no hay argumentos válidos para ellos. Mi defensa ha hecho un buen papel, pero no ha sido valorada”, manifestó el dirigente cívico.

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El abogado de Sosa, Jerjes Justiniano, informó que el juez desvirtuó los riesgos procesales.

“El señor juez ha declarado desvirtuados los dos únicos riesgos procesales, ya no concurre ningún riesgo procesal, pero además de eso, ha indicado que el plazo de la detención preventiva ya ha vencido. Por esa razón, ha dispuesto la libertad de la arquitecta Angélica Sosa”, explicó.

El juez aplicó una fianza de 150.000 bolivianos, arraigo, además la obligatoriedad de presentarse una vez por semana a firmar ante el Ministerio Público, según informó Innovapress.

La exalcaldesa tiene prohibido aproximarse a las dependencias municipales y a los involucrados en el caso que se investiga por la presunta corrupción y desvío de dineros públicos.

CARGOS

Sosa es imputada por los presuntos delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. Ahora se le sumó el supuesto enriquecimiento ilícito, a pedido de la comisión de fiscales que investiga este caso.

La exautoridad deberá continuar en Palmasola por el caso de los 1.200 contratos irregulares al interior de la municipalidad cruceña.

No obstante, en este caso está fijada una audiencia para el 11 de octubre, cuando podrá exponer los argumentos para acceder al beneficio de libertad.

Su abogado cuestionó el aplazamiento de la audiencia y consideró que su cliente ya debería salir de Palmasola.

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Asimismo, Morales mostró su desacuerdo sobre la declaración que dio el Presidente Luis Arce en la Organización de Naciones Unidas (ONU), quién negó que haya injerencia del poder político en la justicia boliviana, informó el diario Los Tiempos.

“Hay que reconocer la intervención de Luis Arce, pero en el tema de justicia, la intromisión; por ejemplo, a mí miembros del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional quieren visitarme, hablar, pero están en problemillas al comunicarse, ni llamada telefónica”, aseveró Morales.

De acuerdo a las declaraciones del exmandatario es una tarea del Presidente y del Gobierno coordinar con todas las instancias del Estado, sin embargo, ve absurdo que le nieguen la comunicación con los integrantes de los máximos tribunales de justicia del país.

“Pero prohibir que se comuniquen con Evo. ¿Si eso andan haciendo con Evo, cómo será con la derecha?”, exclamó Morales.

Asimismo, calificó como brillante la participación del Presidente de Colombia, Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU.

Luis Arce participó el pasado martes 20 de septiembre de la Asamblea General de la ONU en donde planteó 14 puntos a la comunidad internacional. El mandatario utilizó aproximadamente el doble de tiempo de lo permitido en la Asamblea, ya que cada mandatario tiene 15 minutos para su discurso.

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Mediante una conferencia de prensa en Nueva York, en el marco del 77 Periodo de Sesiones de las Naciones Unidas, una periodista le consultó al mandatario respecto a las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Human Rights Watch sobre graves faltas de independencia en el sistema judicial.

“Hay muchos organismos internacionales que hacen declaraciones que no están suficientemente informados. En Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la justicia”, respondió el Presidente.

Además, insistió en que la realidad no es como la periodista planteaba, quien también se refirió a los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán.

Pese a los planteamientos expuestos en la entrevista, Arce manifestó que el problema de la justicia boliviana es su deuda con casos que aún no se resuelven, además de otros temas que su gestión de Gobierno trata de encarar a través del Ministerio de Justicia. También manifestó que se trabajará en una reconstrucción, y no en una reforma de justicia.

Finalmente, dijo que el objetivo de esta reconstrucción es dar mejores servicios y facilitar el acceso a la justicia para los bolivianos. En ese sentido, el Presidente admitió que el sistema judicial boliviano no funciona adecuadamente para resolver las demandas de la población.

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La audiencia de este jueves era de apelación, en la cual la defensa pidió revocar la decisión del juez de primera instancia, que el 16 de agosto dispuso ampliar la detención preventiva de los imputados por tres meses, por la complejidad de la investigación.

La defensa de argumentó que de los tres delitos de este caso (terrorismo, sedición y conspiración), dos ya quedaron fuera del ordenamiento jurídico por una sentencia constitucional y que, además, la Fiscalía solicitó ampliar el tiempo de investigación con los mismos argumentos que antes ya habían motivado otras ampliaciones.

El vocal de la Sala Penal declaró improcedentes los argumentos de la defensa y determinó ratificar la decisión judicial de ampliar la detención de los imputados.

Argumentó que la investigación es compleja, porque incluye pluralidad de sindicados, víctimas y testigos, pero además surgió la necesidad de realizar mayores actos investigativos a partir de las declaraciones y pesquisas dentro del caso.

Añez y sus exministros fueron detenidos y enviados a la cárcel con detención preventiva en marzo de 2021 por este caso. Durante ese tiempo, la expresidente ya recibió una sentencia de diez años de cárcel, pero en otro proceso denominado Golpe de Estado II.

La exmandataria está recluida en el penal de Miraflores, mientras que sus exministros están en la cárcel de San Pedro, según reportó Erbol.

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